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Se dejaría de producir 40% de libros, dice el presidente de la Concamin Guanajuato
León, Gto., 9 de agosto. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) en Guanajuato y empresario editorial, Adolfo Rezza Sanmartín, estimó que la reforma fiscal planteada por el gobierno federal afectará a la producción nacional de libros "y podría dejar fuera del pago de regalías a muchos escritores".
En conferencia de prensa a la que citó la Concamin Guanajuato para exponer su punto de vista respecto a los nuevos tributos, Rezza Sanmartín expresó que con el modelo fiscal que se ha planteado "se dejarían de producir 40 por ciento menos de libros lo que impactaría de manera grave a la educación en México, puesto que hoy por hoy tenemos un consumo per cápita de un libro por mexicano, al encarecer el producto, caería de manera estrepitosa".
Mencionó que el ramo editorial ocupa una importante cantidad de mano de obra en el país "el no poder deducir todos esos salarios ni las regalías que los editores pagan a los autores, así como el costo de producción para imprimir ejemplares de todo tipo, repercutiría en el costo del producto final, por ello planteamos que esa reforma afectaría a la industria editorial y a la educación del país".
Según Rezza en México se producen 28 millones de libros al año, pero "con la reforma se estarían produciendo 40 por ciento menos, los autores tendrían poca demanda y tendrían que buscar otra actividad porque serían pocos los contratados y, luego entonces, no van a generar cultura para este país".
Por separado, el presidente de la Cámara de Industriales del Calzado del estado de Guanajuato (CICEG), José Abugaber Andonié, estimó que el sólo hecho del anuncio de la reforma fiscal tal y como se ha propuesto, provocó una reducción de 15 millones de pares de calzado mexicano que se tenían previstos en las próximas semanas.
"México produce 260 millones de pares de calzado al año, pero la propuesta de la reforma fiscal ha provocado que una cuarta parte de nuestra industria esté trabajando en menor cantidad y al término del año se habrán dejado de producir entre 10 y 15 millones de calzado", dijo.
Mencionó que por ahora y dada la incertidumbre entre los empresarios sobre cómo quedarán los nuevos impuestos "se han frenado las inversiones, algunos miembros de la cámara no saben qué va a pasar, qué harán si compran, si contratan personal, no saben si van a invertir o no porque hay confusión e incertidumbre, ello ha provocado baja en la producción y, por ende se ha tenido que trabajar de manera diferida lo que ha impactado en 35 por ciento menos de ingreso para nuestros trabajadores".
La Concamin Guanajuato previó que en caso de darse la reforma fiscal como se ha planteado podrían perderse 200 mil empleos en los próximos tres años por la desventaja que se tendría en Guanajuato al pagar impuestos estatales y federales.
Y MAS SOBRE LA CONTRAREFORMA FISCAL DEL PRESIDENTE ESPURIO
Encarecerá el esquema fiscal en $300 mil millones
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Sergio F. Ruiz Olloqui Vargas, aseguró que la iniciativa para aplicar la Contribución Empresarial a Tasa Unica (CETU) "encarecerá" nuestro esquema fiscal en 300 mil millones de pesos para el 40 por ciento de la economía que está en la formalidad, y no combate seriamente al 60 por ciento de los contribuyentes que se encuentran en la ilegalidad.
"Hasta el momento no se ve con claridad que la CETU se vaya a modificar y en el IMEF consideramos sumamente urgente implementar una verdadera reforma hacendaria que permita al país ser más competitivo. El tiempo se está agotando. Confiamos en que al final de todo prevalezca la razón".
Indicó, que las inversiones se están difiriendo porque las empresas saben que el tratamiento es diferente al actual y el que se les dará a partir de enero de 2008, advirtió José Luis Fernández, integrante del Comité Nacional de Estudios Fiscales del IMEF.
En conferencia de prensa, los especialistas afirmaron que las reformas propuestas por el Ejecutivo son un retroceso en la competitividad de nuestro esquema fiscal, porque generará una doble tributación para un grupo muy importante de contribuyentes por no incluirse hasta el momento la posibilidad de que la CETU sea acreditable en el extranjero."Esto en la parte macroeconómica tendrá repercusiones en la atracción de capitales".
Adicionalmente se afectará de manera improcedente a un grupo importante de contribuyentes por la falta de proporcionalidad y equidad.
Fernández Fernández consideró que la iniciativa de reforma hacendaria no incorporar la experiencia internacional y, en su lugar, propone un esquema similar al que está vigente.
Explicó que la aplicación de la CETU es un esquema donde se mantiene el impuesto sobre la renta, acompañado de un impuesto que en la teoría es un impuesto mínimo complementario (no en la práctica, pues se trata de un impuesto máximo no complementario).
Destacó que hasta la fecha ninguno de los 34 países con los que tenemos tratados para evitar la doble tributación reconocen a la CETU como un ISR y por lo tanto no aceptan su acreditamiento, generándose con ello una doble tributación en este impuesto para todos aquellos contribuyentes que sean subsidiarias de empresas extranjeras.
Evaden pagar impuestos 80% de profesionistas
El 80 por ciento de los profesionistas evade el pago de impuestos, aseveró Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al demandar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensifique la recaudación en lugar de pretender incrementar las cargas fiscales entre los contribuyentes cautivos.
El dirigente del organismo cúpula del sector privado insistió en que por factores como el mencionado, las autoridades tienen "un margen de acción altísimo" y puede reducirse al 12 por ciento la contribución empresarial de tasa única (CETU) como han demandado los empresarios.
"Lo que no sería adecuado es que por no tener una eficiencia se quieran cargar los impuestos a los cautivos. Si bien con el 12 por ciento hay un buen nivel de recaudación y estamos cruzando cifras tratando de llegar a consensos en los números, por el otro lado Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para incrementar la recaudación", dijo.
Presionada al alza por un repunte de los precios agropecuarios, la inflación avanzó 0.42 por ciento en julio pasado, el mayor incremento para un periodo similar en los últimos siete años, informó este jueves el Banco de México.
Con el resultado de julio, la variación del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el indicador que mide la inflación, alcanzó 4.14 por ciento en los últimos 12 meses, una proporción que rebasa el tope máximo fijado en la meta oficial, y que anticipa efectos en algunas actividades económicas y financieras que se determinan a partir de esta variable, como son las tasas de interés.
La meta de inflación anual fijada por el Banco de México es de 3 por ciento, con un intervalo de variación de un punto porcentual, hacia arriba o abajo.
En el reporte, el banco central indicó que uno de los factores que impulsó la inflación en julio fue el repunte en el precio de productos agropecuarios, en especial el de la leche pasteurizada.
''El incremento de la inflación en julio superó las expectativas, pero no es un elemento de preocupación'', comentó Arturo Vieyra Fernández, analista de Banamex-Citigroup. ''Sorprendió el avance de los precios agropecuarios, de 1.67 por ciento en el mes, que fue muy arriba de nuestra estimación de uno por ciento'', apuntó. Para el analista, el dato sobre la inflación en julio puede ser considerado ''negativo'', aunque, agregó, no implica un incremento de las presiones inflacionarias, en virtud de que se prevé que se reviertan los aumentos en los bienes agropecuarios.
En su informe sobre inflación del segundo trimestre de 2007, el banco central consideró la semana pasada que las presiones inflacionarias se atenuarán en la segunda mitad del año, aunque no se alcanzará la meta de crecimiento promedio de los precios a niveles de 3 por ciento sino hasta finales de 2008.
Mientras tanto, Octavio Gutiérrez, analista de BBVA Bancomer, coincidió en que el comportamiento de la inflación de julio fue dominado por las alzas en precios de lácteos, servicios turísticos en paquete y productos agrícolas. ''Hacia adelante persiste la incertidumbre sobre el comportamiento en el precio de los alimentos'', añadió el analista. Mencionó que la Secretaría de Agricultura proyecta un alza en la producción de leche de 17 por ciento en el tercer trimestre de 2007, en comparación con el segundo trimestre de este año, ''pero los mercados internacionales de futuros continúan registrando elevadas cotizaciones''.
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jaime Yesaki, puso en duda que se hayan cumplido todos los puntos del "Acuerdo y mesa de diálogo para el fortalecimiento, el abasto y la estabilidad de precios de la cadena maíz-tortilla", que el gobierno federal firmó con los productores e industriales del ramo. "Yo recuerdo uno de ellos que era sobre una reserva estratégica de maíz y yo no sé si eso esté operando actualmente", dijo el dirigente, pero ponderó que lo más importante es que se haya estabilizado el precio de la tortilla. La primera versión del citado acuerdo-- llamado "Acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla" y que fue firmado el 18 de enero--, estaba conformado por 13 puntos, que se redujeron a 12 cuando fue ratificado el 25 de abril. Si bien la mayoría de los objetivos marcados en ambos documentos es coincidente en su mayoría -sobre todo en lo referente a los precios de venta del maíz, la harina y la tortilla en las tiendas de Diconsa, las tortillerías y los supermercados, así como el monitoreo u vigilancia de Profeco--, no ocurre lo mismo con los concernientes a la reserva estratégica de maíz y los contratos anticipados.
Con ese monto deberá cubrir la amortización de capital y pago de intereses: BdeM
Es limitado el gasto público en infraestructura, educación y combate a la pobreza, indica el banco central
Creció 118 mil millones la deuda interna bruta federal en 6 meses: Hacienda
El gobierno federal deberá erogar en 2008 un monto equivalente a 200 mil millones de pesos para cubrir la amortización de capital y pago de intereses de la deuda asumida para financiar proyectos de infraestructura, advirtió este jueves el Banco de México (BdeM), en un documento en el que llama la atención sobre el deterioro de las finanzas públicas, expresado en un estancamiento del gasto de capital y un incremento en el gasto corriente.
Las obligaciones por 200 mil millones de pesos derivadas de la contratación de deuda para construir infraestructura para las empresas estatales del sector energético, a través del esquema Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) equivalen a dos terceras partes de los 300 mil millones de pesos en que el gobierno federal espera aumentar la recaudación con la propuesta de reforma fiscal presentada en junio pasado.
El banco central asegura que el gasto público en infraestructura, educación y reducción de la pobreza es limitado, mientras el país muestra una situación fiscal que lo coloca como una de las naciones de más baja recaudación. Opinó que la creación de un impuesto de control, como el propuesto en la iniciativa de reforma hacendaria que presentó el gobierno, apunta a aumentar la carga sobre aquellos que ahora no pagan impuestos, sin afectar a las empresas por un mayor costo de sus nóminas. Incluso, dijo, la contribución especial de tasa única (CETU), planteada en la iniciativa, constituye un estímulo a la inversión privada en capital, por ser deducible.
En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la deuda interna bruta del gobierno federal, representada por la emisión de bonos en el mercado local, creció en el primer semestre de este año 118 mil millones de pesos con respecto al cierre de diciembre de 2006. De este modo, se ubicó en un billón 790 mil millones de pesos. El mayor débito fue a través de Bonos de Desarrollo (Bondes), con un total de 801 mil 391.6 millones de pesos.
La SHCP indicó que al 30 de junio pasado, el saldo de la deuda neta del gobierno federal -que incluye pasivos en el exterior y la contratada internamente- se ubicó en 2 billones 2 mil 978.3 millones de pesos. De este monto, 77.8 por ciento está constituido por deuda interna y la parte restante por deuda externa.
Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), la deuda del gobierno federal se ubicó en 19.8 por ciento, cifra menor en 1.3 puntos porcentuales a la observada al cierre del año pasado.
Los pasivos derivados de la contratación de Pidiregas, mecanismo al que recurren Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para que el sector privado construya obras para las empresas estatales, no están considerados en el saldo de la deuda neta total.
Un sistema inequitativo
El Banco de México, en un documento distribuido ayer, apuntó que en el sistema tributario de México predominan los tratamientos especiales.
Estos regímenes de excepción han conducido, entre otros factores, a una situación donde el sistema tributario tiene una baja recaudación, tanto en términos absolutos como respecto a otros países, además de que ''no conduce a la equidad, propicia la evasión y es conducente a la elusión fiscal''. También, genera ''fuertes distorsiones, es de difícil administración y es fuertemente dependiente de los ingresos petroleros''.
Con el título Consideraciones sobre la reforma integral de la hacienda pública, el documento del banco central mencionó que los gastos en infraestructura física, en combate a la pobreza y en el fomento del capital humano, como son las partidas para educación y salud ''tienen un muy elevado rendimiento social''.
Sin embargo, en México el gasto público en estos renglones ''es reducido, como resultado de la baja recaudación'', por lo que en el país se ''enfrentan dos retos principales'': incrementar el monto de los recursos destinados a proyectos con una elevada rentabilidad social, y ejercer eficientemente estos recursos, con transparencia y rendición de cuentas''.
La información ofrecida por el banco central da cuenta de que el gasto en capital apenas se ha movido en los últimos años, mientras se ha elevado el llamado ''gasto corriente'', donde se incluye el costo de la administración pública en sueldos, salarios, operaciones y el pago de pensiones.
Entre 1997 y 2000 el gasto público en inversión física fue de 2.8 puntos del producto interno bruto (PIB), porcentaje que disminuyó a 2.7 puntos del PIB entre 2001 y 2006, periodo que corresponde a la administración del ex presidente Vicente Fox (cuando se registraron ingresos petroleros históricos).
En cambio, el gasto corriente de la administración pública fue equivalente a 12.7 por ciento del PIB en promedio anual entre 1997 a 2000. Pero en el periodo que corresponde a la administración foxista, el costo del aparato de gobierno creció a 13.9 por ciento del PIB, también en promedio anual.
Es en este panorama que, además de las obligaciones derivadas del pago de las deudas externa e interna, las finanzas públicas se verán presionadas en 2008 por el hecho de que las amortizaciones e intereses de los Pidiregas son equivalentes a 2 puntos del PIB, unos 200 mil millones de pesos.
Entre 2008 y 2015, el costo total de los Pidiregas será de entre 2 y 1.5 puntos del PIB cada año. Un punto del PIB equivale a 100 mil millones de pesos.
