Acceso a información oficial pudo derivar en quebrantos al erario y tráfico de influencias
Su incorporación al HSBC es una práctica corrupta, cuestiona la fracción del PRD
A la cuestionada incorporación de Francisco Gil Díaz al HSBC, los legisladores del PRI sumaron ayer nuevas dudas sobre su relación con ISOSA en el manejo de las aduanas del país y con el cuñado del presidente Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, ya que a partir de los contratos asignados para el procesamiento electrónico de datos del gobierno federal, se abrieron las puertas para que empresas privadas tengan acceso a información que, presumiblemente, ha derivado en quebrantos al erario y tráfico de influencias.
Por lo anterior, el coordinador priísta en la Comisión Permanente, el senador Carlos Lozano de la Torre, demandó que el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA) en las aduanas de México.
Por lo que toca al sistema instalado por la empresa Hildebrando, el senador aseveró que a partir de éste tendría acceso a la información relacionada con amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda del abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, a pesar de que la información que obra en los registros de autoridades federales debe quedar a resguardo de éstas y no de particulares.
Poco antes, la fracción del PRD exigió al gobierno federal iniciar una indagatoria en contra del ex secretario de Hacienda por el delito de ejercicio abusivo de funciones en el que incurrió al incorporarse al HSBC, ya que no se trata de un simple conflicto de intereses sino que "es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte".
En la exposición de motivos del punto de acuerdo que fue enviado a comisiones para su dictamen, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, comentó además que entre las "coincidencias" que marcan el trayecto de Gil Díaz es que de 1997 a 2000 fue director de Avantel, de la cual Banamex posee 51 por ciento de sus acciones, institución a la que protegió durante su gestión como secretario de Hacienda, aseguró el perredista. "Lo anterior no es un conflicto de intereses; es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte", acusó.
En su turno, Lozano de la Torre recordó que a mediados de 1992 Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos de la SHCP, convocó a una licitación pública para autorizar la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero. En julio de ese año se otorgó el fallo en favor de una sociedad llamada Integradora de Servicios SA de CV (ISSA) de la compañía canadiense Shl System House y la empresa Gervassi Clark, SA de CV, concesionaria de la trasnacional Internacional Business Machines (IBM) y propiedad de Angel Rolando Gervassi Santiago, misma que se presume fue creada ex profeso para concursar en la licitación.
El 31 de julio de 1992, el propio Gil Díaz, en representación de la SHCP y Gervassi Santiago firmaron un contrato con el objetivo de extender la red de servicio computarizado de la Subsecretaría de Ingresos a 3 mil terminales en 350 centros de cómputo, así como asistir y asesorar al personal técnicamente calificado para operar el despacho aduanero con las más altas calificaciones de calidad y de mercado, servicio por el que se acordó pagar a ISSA 23 mil 280 millones de viejos pesos anuales, cantidad que se actualizaba semestralmente de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor.
Después de una serie de "graves conflictos" entre Gil Díaz y Geervassi Santiago, el 28 de mayo de 1993 la Secretaría de Hacienda rescindió el contrato de servicios a ISSA. El 15 de junio de 1993, y a fin de continuar prestando el servicio de procesamiento electrónico de datos, fue creada ISOSA.
La operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a 2001, 2002 y 2003, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por Derecho de Trámite Aduanero. Esos recursos, presumiblemente, han sido destinados a ISOSA.
Mencionó además que entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando SA de CV, cuyo socio principal es Diego Hildebrando Zavala, relacionados con áreas medulares del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informáticos para el SAT, al amparo del fideicomiso Aduanas I y de ISOSA. En conjunto, el importe de los contratos otorgados es de 12 millones 466 mil 747.53 pesos. Pero uno, el SL-171/01, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter.
Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 "todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y a la operación diaria".
Deberá determinar si incurrió en responsabilidad al emplearse en HSBC
En el ámbito penal enfrenta denuncias por desacatar órdenes de un tribunal laboral y una petición de arraigo para ser juzgado
Carstens también podría caer en desacato
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una ''investigación administrativa'' en contra del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para determinar si incurrió en responsabilidad al aceptar emplearse con la multinacional HSBC. La dependencia federal tomó tal determinación a partir de la denuncia presentada, el lunes, por Carlos Reyes Gámiz, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal.
Mientras se abría un frente administrativo contra el titular de Hacienda, otro en el ámbito penal también apunta a consumir tiempo de los abogados de Gil Díaz.
Una denuncia penal contra el ex secretario de Hacienda, en la que es acusado de desacatar órdenes de un tribunal laboral, será ratificada esta semana, en el marco de un caso que desde hace dos años ha expuesto al público varios expedientes de manejo poco transparente de recursos públicos, y que puede involucrar al actual titular de las finanzas públicas, Agustín Carstens.
Se trata de una denuncia interpuesta por Lilia Cortés, quien fue despedida sin justificación como directora de área en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda a mediados de la administración pasada. Cortés fue destituida por negarse a acatar órdenes sobre la asignación del presupuesto federal que iban en contra de la ley y que, en el fondo, servían para dificultar la fiscalización de los recursos públicos.
''Han empleado una violencia extrema en mi contra por pedir simplemente ser reinstalada, en ejercicio de mis derechos constitucionales y laborales'', dijo Cortés ayer a La Jornada. ''Es claro que si emplean tanta violencia es porque hay algo que no quieren que sea investigado'', comentó. Cortés dijo que desde que empezó su litigio ha sido golpeada en siete ocasiones por hombres que le ''recomiendan'' olvidarse del caso.
Lilia Cortés obtuvo en 2006 tres laudos de un tribunal laboral que ordenaban al titular de Hacienda, entonces Gil Díaz, su restitución. No fueron ejecutados y por lo tanto el funcionario se colocó en situación de desacato, similar a la que sirvió de argumento al gobierno de Vicente Fox para emplear la fuerza del Estado con el fin de evitar que el ex jefe de gobierno capitalino contendiera por la Presidencia.
Como Gil Díaz, en su calidad de titular de Hacienda, desacató la orden, Lilia Cortés reclamó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el funcionario fuera juzgado. Tres semanas antes de que concluyera el gobierno, y ante el anuncio del propio Gil de que tenía proyectado ocuparse en el extranjero, en una universidad estadunidense, Cortés solicitó su arraigo para que no se evadiera a la acción de la justicia.
Ambas denuncias, la penal por desacato y la que solicita el arraigo hasta que el funcionario sea juzgado, serán ratificadas por Cortés ante la PGR esta semana.
''La orden de reinstalación fue dada por el tribunal al titular de Hacienda'', añadió Cortés. ''Si el actual secretario (Agustín Carstens Carstens) no atiende esa resolución, también se colocaría en una situación de desacato, se echaría encima un problema que no fue generado durante su corta gestión'', dijo Cortés.
En la denuncia presentada a la PGR el 9 de noviembre pasado, Lilia Cortés asegura: ''he recibido amenazas vía telefónica por voces de varón provenientes de los números 91 58 11 00 y 91 58 46 00 manifestándome que por instrucción y a nombre del licenciado Francisco Gil Díaz, me van a matar, por ello solicito que se inicie investigación de dichas amenazas''.
Los tiempos de la Función Pública
La Secretaría de la Función Pública aseguró que, con apego a derecho, desahogará todas las denuncias que se presenten en contra del ex funcionario, mas advirtió desde ahora que mantendrá en reserva toda información vinculada con la indagatoria hasta que no haya una resolución definitiva.
Por su lado, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, salió en defensa de Gil Díaz e incluso pidió a quienes exigen que se proceda penalmente contra el ex funcionario que ''estudiaran un poquito el marco del derecho mexicano, porque para una falta administrativa hay sanciones administrativas, no penales; no corresponde a las autoridades penales investigar este asunto''.
En un comunicado emitido la tarde de ayer, la SFP aseguró que en la indagatoria contra Gil Díaz se ''allegará de información y documentación necesarias para determinar si se han violado las disposiciones establecidas en materia de conflicto de intereses''.
También prometió ejercer sus atribuciones con ''autonomía de criterio'' y responder de manera ''puntual'' a los argumentos que formulen las partes, según lo dispuesto en las leyes federales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El diputado panista todavía no conocía este último comunicado, pues al ser entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que la SFP ''ha revisado este tema y en su comunicado (de fecha 4 de enero) ha dicho que no existe falta legal''.
-¿Violó la ley Gil Díaz? se le insistió a Larios.
Hay que conocer bien, en primer lugar, cuál es el trabajo de un consejero independiente dijo en alusión al cargo que ocupa Gil Díaz en el consejo de HSBC Holdings PLC. Las sociedades anónimas están obligadas a tener consejeros que no son accionistas. Los dueños del negocio contratan a personas de prestigio para que velen por el interés de los accionistas minoritarios. Entre otros consejeros independientes que tiene este banco en Londres, está el propio ex ministro del Tesoro de Londres.
Sí señor, pero en el caso de México estamos hablando del ex secretario de Hacienda que no tardó ni un año en aceptar un cargo, que cuenta con información privilegiada, en un sistema bancario de por sí con varias aristas.
En primer lugar, (Gil) está trabajando en la matriz como consejero independiente, no en la operación, no en la toma de decisiones, sino en buscar que se respeten los derechos de los pequeños accionistas que no tiene asiento en el consejo.
Según Larios, ''en una democracia no puede juzgarse a nadie desde la perspectiva de la opinión pública'', sino que tiene que ser una autoridad jurisdiccional, en este caso la Función Pública, la que determine ''si existe alguna falla administrativa''.
Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Sergio Ruiz Olloqui Vargas, defendió al ex secretario Gil Díaz, al señalar que en México la ley no es clara sobre el tiempo que debe pasar antes de que un ex funcionario se incorpore a trabajar en la iniciativa privada. Consideró que dejar pasar un año era una ''usanza tradicional'', y que sólo se desempeña como consejero independiente en el HSBC.
Carlos Reyes Gámiz, secretario general del PRD-DF
La SPF debe investigar delitos de cuello blanco, plantea
Luego de conocer la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de iniciar una investigación en contra del ex titular de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, el secretario general del PRD capitalino, Carlos Reyes Gámiz, afirmó que esa dependencia "no tenía para donde hacerse ante un caso de evidente flagrancia".
El líder perredista, quien el pasado lunes presentó la denuncia en contra del ex funcionario por incurrir en violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al aceptar un cargo en el consejo de administración del grupo HSBC, manifestó que la resolución de la SFP "no es para aplaudir o festejar", sino que debe ser una muestra de que realmente se quiere acabar con las relaciones perniciosas que imperan entre autoridades federales y los dueños del dinero de nuestro país.
Tanto en conferencia de prensa como en entrevista posterior, Reyes Gámiz sostuvo que "Gil Díaz es la cereza del pastel que implica la corrupción y la opacidad que se ha dado durante la última década en el sistema bancario y financiero nacional".
Fue más allá al señalar que esta investigación administrativa que iniciará la SFP es la ocasión ideal para abrir la "caja de Pandora" de los delitos de cuello blanco que se denunciaron públicamente pero que han quedado impunes, y añadió que el ex titular de Hacienda "es la cabeza del grupo que al amparo del poder público incurrió en numerosas anomalías, provocando un desastre en las finanzas nacionales; ahí está la madeja del hilo".
Reyes Gámiz resaltó que incluso se han allegado de elementos constitutivos para interponer una demanda de tipo penal en contra del ex funcionario foxista, pero "iremos cuidando los pasos que demos en este caso para que no se convierta en un show o quedemos enmedio de la lucha palaciega entre el régimen entrante y el saliente".
Destacó que en los próximos días habrá de acudir ante la Secretaría de la Función Pública para ampliar su denuncia, y en ese contexto habrá de presentar elementos de prueba que consoliden la acusación.
Durante la conferencia de prensa que ofreció junto con el dirigente del PRD-DF, Ricardo Ruiz, el secretario general expresó que la respuesta que dio Gil Díaz ante la querella que presentó no implicó otra cosa más que ponerse de pechito y echarse la soga al cuello, pues aseguró que no hubo relación entre HSBC Holding y la Secretaría de Hacienda, cuando él tiene documentos que presentará y que prueban lo contrario.
Sobre el mismo tema, Ruiz comentó que el partido estará atento a la conclusión que tenga el caso del ex secretario de Hacienda, y añadió que a la par el sol azteca integrará expedientes de funcionarios y ex funcionarios que incurrieron en ilícitos y hará la respectiva denuncia ciudadana.
Citó que los primeros asuntos que expondrán ante los capitalinos sobre los servidores públicos faltos de ética son el del "cuñado incómodo" y los familiares de Martha Sahgún, que como en el caso de Gil Díaz son botones de muestra de las componendas que se hicieron desde las esferas del poder público.
