Del periodico La Jornada
Se trata de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos sin fiscalización
Detecta Auditoría Superior manejo discrecional de $675 mil millones
Esos activos al 31 de diciembre de 2004 fueron equivalentes a 8.8% del PIB de ese año
El caso más controvertido fue la disputa con ISOSA por el origen y destino de 10 mil millones
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, que manejaban activos por 675 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2004, "de los cuales no se podía fiscalizar nada", por lo que este órgano clasificó el manejo de estas figuras como la segunda área en importancia por el grado de opacidad, antecedida únicamente por la necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado.
Informes de la ASF, así como declaraciones públicas realizadas por el auditor superior, Arturo González de Aragón, indican que el monto de los recursos públicos manejados a través de fideicomisos, mandatos y contratos análogos alcanzó ese año una dimensión equivalente a 8.8 por ciento del producto interno bruto.
Como consecuencia del proceso de fiscalización realizado durante los últimos años, en los cuales estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hoy integrante del consejo de administración del multinacional banco inglés HSBC, la ASF identificó como prioritarias 11 áreas "de opacidad y riesgo, sobre las cuales resulta indispensable la instrumentación de acciones puntuales para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas".
Según el documento sobre los resultados del proceso de fiscalización, la ASF apunta que una segunda área prioritaria "que ha sido seriamente afectada por la opacidad, corresponde a la de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos, y sobre los cuales se ha señalado la apremiante necesidad de hacer transparente su operación".
Sobre esta situación, González de Aragón informó públicamente que después de cuatro años y medio de señalar la opacidad que había en los fideicomisos, "finalmente se logró abrirlos, gracias a la concurrencia de dos voluntades: El Ejecutivo aceptó que era necesario transparentarlos, hubo un acuerdo entre Hacienda y la Secretaría de la Función Pública obligando a los fideicomisos a entregar información; y segundo, la modificación de la Ley de Fiscalización Superior para reconocer expresamente la obligación de éstos de rendir cuentas y ser fiscalizados".
Pero la resistencia a transparentar el origen y uso de los recursos públicos en los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, durante la participación de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda en el gobierno anterior fue prácticamente una constante no exenta de disputas con la ASF, en las que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso más controvertido fue la disputa entre Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y la ASF, sobre el origen y destino de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos por esa empresa, creada en 1993 entre otros por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al amparo del Fideicomiso Aduanas 1.
Después de varios intentos por parte de la Auditoría Superior de la Federación para recuperar 9 mil 985 millones de pesos en Derechos de Trámite Aduanero, que cobrados por ISOSA no fueron enterados a la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Hacienda interpuso, precisamente en 2004, una controversia constitucional en la Corte para evitar la fiscalización de la controvertida compañía.
El 14 de agosto de 2006 la Corte emitió un resolutivo a favor de la dependencia gubernamental, con el cual dejó sin efecto la fiscalización realizada por la Auditoría Superior y avaló el manejo extrapresupuestal de los recursos públicos provenientes del Derecho de Trámite Aduanero, obtenidos por ISOSA.
A este respecto, González de Aragón comentó: "Estamos revisando la Cuenta Pública 2005, estamos revisando los derechos de trámite aduanero, porque una de las grandes definiciones de la Corte fue okey son privados, no puedes entrar, pero si puedes revisar el mecanismo de distribución del peso recaudado; entonces vamos a hacer esa revisión y dentro del informe que rindamos a la Cámara de Diputados el 31 de marzo, (habrá) un resumen de toda esa situación".
El auditor superior de la federación dio su versión, durante un debate público sostenido con el titular del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría: "En el año 2004, ya nuestros amigos de Hacienda interponen una controversia en contra de la Auditoría Superior, argumentando que esos recursos son privados. Entonces la Corte nos pide que suspendamos los trabajos y que los dejemos en el estado en el que se encuentran. Hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros ochocientos y tantos millones de pesos".
Puntualizó: "la suma total son 9 mil 985 millones de pesos observados por la ASF, pero además se acredita con hechos que la intervención de la Auditoría Superior de la Federación tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Primero, se hizo que este fideicomiso privado se convirtiera en público desde 2004. Segundo, se obligó a la liquidación del fideicomiso privado. Tercero, se hizo que se devolvieran 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en los meses de mayo y diciembre de 2005".
ROBO DEL FOBAPROA-IPAB convertido en deuda pùblica 120 mil millones de dòlares, no olvidar esta cifra
martes, 9 de enero de 2007
¿Que paso con este caso?
Del periòdico La Jornada
La PGR le inicia proceso de arraigo por presunto desaca
to y abuso de autoridad
Denuncia contra Gil Díaz por violar la Ley de Responsabilidades
El PRD exige a la Función Pública sancionar al ex secretario por incurrir en acciones ilegales
Foto: José Carlo González
El ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, resultó consejero asesor de una empresa ligada a la compra de cartera del IPAB, que le vendió las casas de 30 mil pesos a los hijos de Marta Sahagún
El comité directivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal emplazó al secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, a sancionar y seguir una causa penal en contra del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por violar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), al incorporarse al consejo de administración de HSBC Holdings PLC, sin dejar pasar un año, cuando menos, como establecen las normas.
Tras presentar la denuncia correspondiente ante la SFP, el secretario general del PRD-DF, Carlos Reyes Gamiz, destacó que Martínez Cázares no puede eludir su obligación de actuar ''a fondo'', más aún cuando ''es notoriamente claro que Gil Díaz ha cometido una ilegalidad, y que detrás hay intereses perniciosos''.
Destacó que a 37 días de concluir sus responsabilidades en el manejo de la hacienda pública, ''ahora trabaja con información privilegiada a favor de una institución de la banca, que ha dejado mucho que desear por su proclividad a la usura''.
En igual sentido se manifestó el diputado de Acción Nacional (PAN), Obdulio Avila Mayo, quien demandó al titular de la SFP que ''haga su tarea'' y responda a los cuestionamientos contra Gil Díaz. ''Se trata de un ataque a la ética pública y una falta de probidad de un funcionario que manejó información muy delicada sobre el país (y) que esa institución bancaria puede utilizar para sus intereses'', argumentó el panista.
Las exigencias presentadas a Martínez se dan a unos días de que la SFP eludiera el tema de Gil Díaz, mediante un comunicado de cinco párrafos donde planteó que ejercería sus atribuciones jurídicas hasta ''que cuente con elementos probatorios suficientes'' contra el ex funcionario.
Reyes Gamiz sostuvo que han reunido las pruebas necesarias para sustentar la denuncia presentada ayer ante la SFP, y en la cual se señala que Gil Díaz comete ''una flagrante violación'' al apartado 12 del artículo 8 de la LFRASP, entre otros.
Ese artículo, agregó, establece que ''todo funcionario que deje su cargo deberá observar hasta un año después de concluir sus funciones (para ocupar otro en la iniciativa privada), y no usar en su provecho propio o de terceros la información o documentación a que haya tenido acceso en su empleo y que no sea del dominio público''.
Defensa del ex funcionario
Luego de que el PRD presentó formalmente la denuncia, el ex secretario de Hacienda rechazó que su papel como consejero de HSBC se deba a que la filial de esa institución en México haya recibido alguna prebenda, trato especial o reglas favorables durante el sexenio pasado. ''Jamás según Gil Díaz, ni con HSBC ni con persona física o moral alguna he intercambiado decisiones por favor alguno''.
Gil Díaz arguyó que las funciones de consejero independiente no están relacionadas con la operación de algún intermediario financiero de HSBC, ni con operaciones en el territorio nacional, ni tendrían efectos o consecuencias en México. En caso de que se presentara un asunto relacionado con el país, sostuvo, ''yo me excusaría de participar''.
Mediante un comunicado, el ex funcionario afirmó que ''se pueden auditar e investigar las acciones de la Secretaría de Hacienda y de las comisiones a mi cargo durante los seis años anteriores respecto a HSBC México, para confirmar que no hubo ninguna decisión a su favor''.
Además, aseguró que su desempeño como consejero de HSBC ''no viola'' la LFRASP, porque ese ordenamiento ''se refiere a instituciones reguladas por las autoridades mexicanas''.
Destaca que ''en el caso de esa institución, como sociedad controladora extranjera de entidades financieras, sus funciones son supervisadas por las autoridades del país en que está constituidas. Por lo tanto están bajo la jurisdicción de leyes extranjeras''.
Pese a los argumentos de Gil Díaz, otros diputados del PRD, como el secretario de la comisión de Hacienda, Camerino Márquez Madrid, advirtieron que existe el riesgo de que el ex titular de Hacienda utilice información privilegiada. ''Hay un claro conflicto de intereses y violación a la Ley de Responsabilidades'', aseveró el perredista, que se sumó a la exigencia hecha a la SFP para que se investigue y aplique la ley en el caso.
Elizabeth Velasco, Ciro Pérez, Antonio Castellanos y Rocío González
* ''Grave conflicto de interés'' entre su cargo federal y su intervención a favor de ISOSA
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La zaga de impunidad que cubrió la actuación pública del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quedó nuevamente exhibida una vez que el banco inglés HSBC dio a conocer ayer en Londres, que el nuevo integrante de su consejo de administración es, también, consejero asesor de la empresa J.E. Roberts Cos. Inc., una compañía estrechamente ligada a negocios de compra de cartera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
¿Qué es J.E. Roberts?
J.E. Roberts es uno de los principales accionistas de Fénix señala Mario Di Costanzo, responsable de la Hacienda pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador.
''Es una administradora de cartera. Fénix le compra su cartera al IPAB y le compra activos. De hecho Fénix le vendió los bienes, las casas de 30 mil pesos, a los hijos de Marta Sahagún''.
Explica: ''Esto quiere decir que Francisco Gil Díaz también tiene graves conflictos de interés, porque él era presidente de la junta de gobierno del IPAB como secretario de Hacienda, y ahora se sabe que era consejero, miembro de la junta de gobierno de esta empresa J.E. Roberts, accionista principal de Fénix''.
HSBC Holdings Plc confirmó la designación de Gil Díaz como integrante de su consejo de directores a partir del 2 de enero pasado, mientras en México la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de arraigo en contra del ex secretario de Hacienda por presunto desacato y abuso de autoridad.
El banco inglés, del que ahora es integrante Francisco Gil, es propietario de la cuarta institución bancaria en importancia del país tras la compra de Bital durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, y es también uno de los mayores beneficiados del rescate bancario.
A su paso como titular de la Secretaría de Hacienda, Gil Díaz solicitó en dos ocasiones la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el rescate bancario, y en una tercera pidió la intervención de la Corte para frenar la fiscalización que este órgano realizaba a la empresa ISOSA, por el controvertido uso de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos al amparo del fideicomiso Aduanas 1.
Las confrontaciones con la ASF fueron prácticamente una constante durante la gestión de Gil Díaz al frente de Hacienda, e impidieron transparentar el proceso por el cual el quebranto bancario derivó en deuda pública, que asciende a más de 1.2 billones de pesos hasta el momento.
Francisco Gil Díaz dejó un largo rastro de obstáculos interpuestos a la transparencia y la rendición de cuentas. El caso más sonado, que también propició la intervención de la Corte a petición de la Secretaría de Hacienda bajo su cargo, fue el que involucró a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), una compañía creada en 1993 en cuya creación participó el ex secretario de Hacienda del ex presidente Fox, cuando se desempeñó como subsecretario de Ingresos de esa dependencia en el gobierno de Carlos Salinas.
Por tres años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones para determinar la causas por las cuales ISOSA obtenía sus ingresos del cobro de los Derechos de Trámite Aduanero, sin reportarlos a la Tesorería de la Federación. El monto de las observaciones sumaba 9 mil 985 millones de pesos hasta 2004, cuando inició la querella en la Corte, interpuesta por Hacienda con el argumento de que esos recursos eran privados.
Casi dos años después, en agosto de 2006, la Corte emitió una resolución que obligó a la ASF a suspender los trabajos que realizaba. El auditor Arturo González de Aragón, comentó: ''hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros 800 y tantos millones de pesos''.
Con todo y que la resolución de la Corte determinó que los recursos observados por la ASF son privados, en los reportes oficiales sobre el proceso de liquidación de ISOSA, iniciado antes de concluir el gobierno anterior, se informa que se realizó una devolución de 2 mil 457 millones de pesos. Di Costanzo señala que esa situación crea confusiones y levanta suspicacias: ''¿Por qué si eran privados se reintegraron a la Tesorería de la Federación?'', pregunta.
González de Aragón fijó su posición y la de la Auditoría Superior: ''Logramos recuperar 25 por ciento de toda la cantidad observada por la ASF y estoy cierto, estoy seguro de una sola cosa, si nosotros no hubiéramos intervenido, no se recupera un solo peso''.
La zaga de operaciones y manejos opacos durante la gestión de Francisco Gil Díaz al frente de Hacienda es tal, que llegó a trascender el ámbito de las posiciones políticas de los partidos y conjuntó a tirios y troyanos.
El 9 de junio de 2006, una comisión del Senado de la República, en la que participaron legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, interpuso una demanda en la Secretaría de la Función Pública, en la que acusaron a los miembros de la junta de gobierno del IPAB y a la Secretaría de Hacienda, de haber eludido un fallo de la Suprema Corte y convertir en deuda pública pagarés del rescate bancario que presentan irregularidades y significan para los contribuyentes un quebranto por 72 mil 700 millones de pesos.
La investigación continúa, comentó Mario Di Costanzo, por lo cual responsabilidad de Francisco Gil Díaz aun no concluye, pues la ley establece que debe pasar un año después de dejar el cargo público, y el ex secretario de Hacienda ''es todavía un funcionario público sujeto a investigación''.
En la presentación de la trayectoria seguida por su nuevo consejero, HSBC Holdings Plc describe cada uno de los cargos desempeñados por Gil Díaz tanto en el sector público como en el privado. Incluso destaca su afición por ''el ciclismo de montaña, el surfing y el esquí alpino'' en sus tiempos libres. Pero el proceso de arraigo abierto en su contra en la PGR permite atisbar que ''quizás se trata de la cara más delictiva del gobierno de Fox'', resume un importante funcionario que solicitó el anonimato.
MI COMENTARIO
¿FECAL realmente tendrà interès en que este asunto se aclare con tal de ganar legitimidad? Por supuesto que no si el esta metido hasta el cuello con el asunto del FOBAPROA-IPAB, desde luego que no va a prosperar dicha investigaciòn contra el exfuncionario ya que saldrìa a la luz uno de tantos casos de la gran corrupciòn del panismo y priismo para proteger a empresarios y banqueros ladrones hipotecando el presupuesto de la naciòn y pagar el gran saqueo del FOBAPROA-IPAB recuerden que el robo es de màs de 120 mil millones de dòlares.
La PGR le inicia proceso de arraigo por presunto desaca
to y abuso de autoridadDenuncia contra Gil Díaz por violar la Ley de Responsabilidades
El PRD exige a la Función Pública sancionar al ex secretario por incurrir en acciones ilegales
Foto: José Carlo González
El ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, resultó consejero asesor de una empresa ligada a la compra de cartera del IPAB, que le vendió las casas de 30 mil pesos a los hijos de Marta Sahagún
El comité directivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal emplazó al secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, a sancionar y seguir una causa penal en contra del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por violar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), al incorporarse al consejo de administración de HSBC Holdings PLC, sin dejar pasar un año, cuando menos, como establecen las normas.
Tras presentar la denuncia correspondiente ante la SFP, el secretario general del PRD-DF, Carlos Reyes Gamiz, destacó que Martínez Cázares no puede eludir su obligación de actuar ''a fondo'', más aún cuando ''es notoriamente claro que Gil Díaz ha cometido una ilegalidad, y que detrás hay intereses perniciosos''.
Destacó que a 37 días de concluir sus responsabilidades en el manejo de la hacienda pública, ''ahora trabaja con información privilegiada a favor de una institución de la banca, que ha dejado mucho que desear por su proclividad a la usura''.
En igual sentido se manifestó el diputado de Acción Nacional (PAN), Obdulio Avila Mayo, quien demandó al titular de la SFP que ''haga su tarea'' y responda a los cuestionamientos contra Gil Díaz. ''Se trata de un ataque a la ética pública y una falta de probidad de un funcionario que manejó información muy delicada sobre el país (y) que esa institución bancaria puede utilizar para sus intereses'', argumentó el panista.
Las exigencias presentadas a Martínez se dan a unos días de que la SFP eludiera el tema de Gil Díaz, mediante un comunicado de cinco párrafos donde planteó que ejercería sus atribuciones jurídicas hasta ''que cuente con elementos probatorios suficientes'' contra el ex funcionario.
Reyes Gamiz sostuvo que han reunido las pruebas necesarias para sustentar la denuncia presentada ayer ante la SFP, y en la cual se señala que Gil Díaz comete ''una flagrante violación'' al apartado 12 del artículo 8 de la LFRASP, entre otros.
Ese artículo, agregó, establece que ''todo funcionario que deje su cargo deberá observar hasta un año después de concluir sus funciones (para ocupar otro en la iniciativa privada), y no usar en su provecho propio o de terceros la información o documentación a que haya tenido acceso en su empleo y que no sea del dominio público''.
Defensa del ex funcionario
Luego de que el PRD presentó formalmente la denuncia, el ex secretario de Hacienda rechazó que su papel como consejero de HSBC se deba a que la filial de esa institución en México haya recibido alguna prebenda, trato especial o reglas favorables durante el sexenio pasado. ''Jamás según Gil Díaz, ni con HSBC ni con persona física o moral alguna he intercambiado decisiones por favor alguno''.
Gil Díaz arguyó que las funciones de consejero independiente no están relacionadas con la operación de algún intermediario financiero de HSBC, ni con operaciones en el territorio nacional, ni tendrían efectos o consecuencias en México. En caso de que se presentara un asunto relacionado con el país, sostuvo, ''yo me excusaría de participar''.
Mediante un comunicado, el ex funcionario afirmó que ''se pueden auditar e investigar las acciones de la Secretaría de Hacienda y de las comisiones a mi cargo durante los seis años anteriores respecto a HSBC México, para confirmar que no hubo ninguna decisión a su favor''.
Además, aseguró que su desempeño como consejero de HSBC ''no viola'' la LFRASP, porque ese ordenamiento ''se refiere a instituciones reguladas por las autoridades mexicanas''.
Destaca que ''en el caso de esa institución, como sociedad controladora extranjera de entidades financieras, sus funciones son supervisadas por las autoridades del país en que está constituidas. Por lo tanto están bajo la jurisdicción de leyes extranjeras''.
Pese a los argumentos de Gil Díaz, otros diputados del PRD, como el secretario de la comisión de Hacienda, Camerino Márquez Madrid, advirtieron que existe el riesgo de que el ex titular de Hacienda utilice información privilegiada. ''Hay un claro conflicto de intereses y violación a la Ley de Responsabilidades'', aseveró el perredista, que se sumó a la exigencia hecha a la SFP para que se investigue y aplique la ley en el caso.
Elizabeth Velasco, Ciro Pérez, Antonio Castellanos y Rocío González
* ''Grave conflicto de interés'' entre su cargo federal y su intervención a favor de ISOSA
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La zaga de impunidad que cubrió la actuación pública del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quedó nuevamente exhibida una vez que el banco inglés HSBC dio a conocer ayer en Londres, que el nuevo integrante de su consejo de administración es, también, consejero asesor de la empresa J.E. Roberts Cos. Inc., una compañía estrechamente ligada a negocios de compra de cartera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
¿Qué es J.E. Roberts?
J.E. Roberts es uno de los principales accionistas de Fénix señala Mario Di Costanzo, responsable de la Hacienda pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador.
''Es una administradora de cartera. Fénix le compra su cartera al IPAB y le compra activos. De hecho Fénix le vendió los bienes, las casas de 30 mil pesos, a los hijos de Marta Sahagún''.
Explica: ''Esto quiere decir que Francisco Gil Díaz también tiene graves conflictos de interés, porque él era presidente de la junta de gobierno del IPAB como secretario de Hacienda, y ahora se sabe que era consejero, miembro de la junta de gobierno de esta empresa J.E. Roberts, accionista principal de Fénix''.
HSBC Holdings Plc confirmó la designación de Gil Díaz como integrante de su consejo de directores a partir del 2 de enero pasado, mientras en México la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de arraigo en contra del ex secretario de Hacienda por presunto desacato y abuso de autoridad.
El banco inglés, del que ahora es integrante Francisco Gil, es propietario de la cuarta institución bancaria en importancia del país tras la compra de Bital durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, y es también uno de los mayores beneficiados del rescate bancario.
A su paso como titular de la Secretaría de Hacienda, Gil Díaz solicitó en dos ocasiones la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el rescate bancario, y en una tercera pidió la intervención de la Corte para frenar la fiscalización que este órgano realizaba a la empresa ISOSA, por el controvertido uso de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos al amparo del fideicomiso Aduanas 1.
Las confrontaciones con la ASF fueron prácticamente una constante durante la gestión de Gil Díaz al frente de Hacienda, e impidieron transparentar el proceso por el cual el quebranto bancario derivó en deuda pública, que asciende a más de 1.2 billones de pesos hasta el momento.
Francisco Gil Díaz dejó un largo rastro de obstáculos interpuestos a la transparencia y la rendición de cuentas. El caso más sonado, que también propició la intervención de la Corte a petición de la Secretaría de Hacienda bajo su cargo, fue el que involucró a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), una compañía creada en 1993 en cuya creación participó el ex secretario de Hacienda del ex presidente Fox, cuando se desempeñó como subsecretario de Ingresos de esa dependencia en el gobierno de Carlos Salinas.
Por tres años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones para determinar la causas por las cuales ISOSA obtenía sus ingresos del cobro de los Derechos de Trámite Aduanero, sin reportarlos a la Tesorería de la Federación. El monto de las observaciones sumaba 9 mil 985 millones de pesos hasta 2004, cuando inició la querella en la Corte, interpuesta por Hacienda con el argumento de que esos recursos eran privados.
Casi dos años después, en agosto de 2006, la Corte emitió una resolución que obligó a la ASF a suspender los trabajos que realizaba. El auditor Arturo González de Aragón, comentó: ''hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros 800 y tantos millones de pesos''.
Con todo y que la resolución de la Corte determinó que los recursos observados por la ASF son privados, en los reportes oficiales sobre el proceso de liquidación de ISOSA, iniciado antes de concluir el gobierno anterior, se informa que se realizó una devolución de 2 mil 457 millones de pesos. Di Costanzo señala que esa situación crea confusiones y levanta suspicacias: ''¿Por qué si eran privados se reintegraron a la Tesorería de la Federación?'', pregunta.
González de Aragón fijó su posición y la de la Auditoría Superior: ''Logramos recuperar 25 por ciento de toda la cantidad observada por la ASF y estoy cierto, estoy seguro de una sola cosa, si nosotros no hubiéramos intervenido, no se recupera un solo peso''.
La zaga de operaciones y manejos opacos durante la gestión de Francisco Gil Díaz al frente de Hacienda es tal, que llegó a trascender el ámbito de las posiciones políticas de los partidos y conjuntó a tirios y troyanos.
El 9 de junio de 2006, una comisión del Senado de la República, en la que participaron legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, interpuso una demanda en la Secretaría de la Función Pública, en la que acusaron a los miembros de la junta de gobierno del IPAB y a la Secretaría de Hacienda, de haber eludido un fallo de la Suprema Corte y convertir en deuda pública pagarés del rescate bancario que presentan irregularidades y significan para los contribuyentes un quebranto por 72 mil 700 millones de pesos.
La investigación continúa, comentó Mario Di Costanzo, por lo cual responsabilidad de Francisco Gil Díaz aun no concluye, pues la ley establece que debe pasar un año después de dejar el cargo público, y el ex secretario de Hacienda ''es todavía un funcionario público sujeto a investigación''.
En la presentación de la trayectoria seguida por su nuevo consejero, HSBC Holdings Plc describe cada uno de los cargos desempeñados por Gil Díaz tanto en el sector público como en el privado. Incluso destaca su afición por ''el ciclismo de montaña, el surfing y el esquí alpino'' en sus tiempos libres. Pero el proceso de arraigo abierto en su contra en la PGR permite atisbar que ''quizás se trata de la cara más delictiva del gobierno de Fox'', resume un importante funcionario que solicitó el anonimato.
MI COMENTARIO
¿FECAL realmente tendrà interès en que este asunto se aclare con tal de ganar legitimidad? Por supuesto que no si el esta metido hasta el cuello con el asunto del FOBAPROA-IPAB, desde luego que no va a prosperar dicha investigaciòn contra el exfuncionario ya que saldrìa a la luz uno de tantos casos de la gran corrupciòn del panismo y priismo para proteger a empresarios y banqueros ladrones hipotecando el presupuesto de la naciòn y pagar el gran saqueo del FOBAPROA-IPAB recuerden que el robo es de màs de 120 mil millones de dòlares.
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