En los países de la OCDE significa 40.6%, y en el conjunto de AL, 18%, afirma

Cepal: la carga fiscal en México representa sólo 10% de su PIB

Reglamentó Hacienda la condonación de créditos fiscales, medidas que entraron en vigor ayer
Los contratados antes del 1º de enero de 2003 tendrán conmutación de 80% y 100% de recargos
NOTIMEX
México registra una carga fiscal de apenas 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB), cifra mucho menor al promedio del resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 40.6 por ciento.
De acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los países de esta región registran una carga tributaria de casi 18 por ciento del PIB.
Señala que la carga fiscal en América Latina es similar a la de las naciones del sudeste asiático, con 15 por ciento en promedio en relación con su nivel de crecimiento económico.
En el documento La protección social de cara al futuro, el organismo explica que la heterogeneidad de la situación fiscal de los países de la región se manifiesta en la dispersión de los ingresos fiscales.
Expuso que las fuentes de ingreso fiscales también difieren de un país a otro, aunque a excepción de Colombia, los ingresos de capital de las naciones de la región representan un bajo porcentaje de la recaudación de gobiernos.
En varios países, los ingresos tributarios constituyen prácticamente la única fuente de recursos corrientes de los gobiernos centrales, mientras en otros se complementan con dinero proveniente de las rentas aportadas por recursos naturales, refiere.
La Cepal menciona que en América Latina los sistemas tributarios se basan principalmente en impuestos indirectos, pues la recaudación directa no es suficiente. A ello se suma la pérdida de importancia de los impuestos al comercio exterior, contra un mayor esfuerzo por recaudación de IVA, la falta de avances sustantivos en las reformas de los sistemas de tributación y el desarrollo de modalidades de tributación sobre bases extraordinarias o de emergencia.
En ese sentido, la Cepal destaca la necesidad de consolidar una presión tributaria más alta a mediano plazo en los países de la región, que exige el fortalecimiento de la administración tributaria y de un marco institucional y disposiciones acordes a sus funciones y objetivos.
Lo anterior, asegura, es indispensable para lograr la consolidación de políticas públicas que garanticen los derechos económicos y sociales a la población de los países de la región.
En vigencia, nuevas reglas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reglamentó la condonación de créditos fiscales, que consisten en contribuciones fiscales a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, y multas por incumplimiento de obligaciones fiscales federales.
En el acuerdo JG-SAT-IE-3-2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación, las reglas se emiten de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2007.
Las reglas, que entrarán en vigor el 4 de abril, precisan los requisitos para la presentación de la solicitud de condonación por parte de los contribuyentes, así como lo relativo a la resolución de las mismas que emitan las administraciones locales de recaudación, y otras disposiciones generales.
Conforme al artículo séptimo de la Ley de Ingresos de la Federación para 2007, cuando se trate de créditos fiscales contratados antes del primero de enero de 2003, la condonación será de 80 por ciento y 100 por ciento de los recargos, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos.
Para gozar de este beneficio la parte no condonada del crédito fiscal deberá ser totalmente pagada en una sola exhibición.
En el caso de los contribuyentes que hayan sido objeto de revisión de la autoridad en los ejercicios 2004, 2005 y 2006, y se hubiera determinado que cumplieron con sus obligaciones, la condonación será de 100 por ciento de los créditos.
Sobre los recargos y multas derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las que el contribuyente debió retener, trasladar o recaudar, causados entre el primero de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, la condonación será de 100 por ciento.


Diputados autorizaron proceder igual en casos de "imposibilidad práctica de cobro"

Hacienda está facultada para cancelar $161 mil millones en créditos fiscales

El monto que se da como perdido equivale a 25% de la recaudación federal de 2006
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
Con la autorización de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda está facultada para cancelar más de 161 mil millones de pesos en créditos fiscales definitivamente irrecuperables, y a proceder de la misma manera en los casos de las deudas tributarias "de imposibilidad práctica de cobro o cuando su cobro sea incosteable", indican informes oficiales de esta dependencia.
En esta última situación, la deuda de los contribuyentes que eludieron el pago de impuestos a través de los créditos fiscales "en comprobación por traslado", ascendía a 58 mil 369.5 millones de pesos al término de 2006, según la información oficial. Se trata de causantes que presentaron domicilios falsos, registros de empresas inexistentes -sobre todo de importación- o bien que aprovecharon lagunas en la legislación para incumplir en sus pagos.
En total, el monto de los recursos fiscales que definitivamente se dan como perdidos por el gobierno federal ascendería a casi 220 mil millones de pesos que no ingresarán a la hacienda pública, cantidad equiparable a 25 por ciento de la recaudación tributaria obtenida por la aplicación de impuestos federales en 2006, y que en particular representa 49 por ciento de los ingresos alcanzados a través del impuesto sobre la renta (ISR), el principal gravamen del sistema tributario mexicano.
La autorización de la Secretaría de Hacienda para proceder de esta manera, está contemplada en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2007, la cual fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados el pasado 21 de diciembre de 2006.
Perdón fiscal
Esta ley, además, "faculta a la autoridad tributaria para condonar, bajo ciertas condiciones, total o parcialmente los créditos fiscales por contribuciones federales y cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago", según un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda.
En el reporte, por ejemplo, la ASF señala que entre 2001 y 2005 tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, "y un solo banco registró 683 créditos por 24 mil 918.8 millones", además de empresas de otro tipo entre las que figuran cuatro clubes de futbol con 79 créditos fiscales que amparaban adeudos por casi 2 mil 179 millones de pesos.
La condonación de adeudos por créditos fiscales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales, anteriores al primero de enero de 2003, será de 80 por ciento, y de ciento por ciento en los "recargos, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos".
La disposición, aprobada por la Cámara de Diputados, asienta que "en el caso de los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior", que hayan sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales durante los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, y se hubiere determinado que cumplieron correctamente con sus obligaciones fiscales, o bien haya pagado las omisiones determinadas y se encuentren al corriente, entonces el perdón será de 100 por ciento.
Para gozar de esta condonación, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria exigen que previamente se presente la solicitud respectiva, y la Ley de Ingresos, por su parte, establece que"la parte no condonada del crédito fiscal deberá ser pagada totalmente en una sola exhibición."


El fideicomiso de la megabiblioteca fue el principal beneficiario, determina la ASF

Se detectó manejo irregular de donativos del CNCA en 2005

En Festival Internacional Cervantino ocupa el segundo sitio en la lista y recibió $169.7 millones
El registro y la finalidad de los recursos no son transparentes, señala el órgano fiscalizador
ALMA E. MUÑOZ , ENRIQUE MENDEZ


Vista de la megabiblioteca Vasconcelos construida en terrenos de Buenavista, que Vicente Fox inauguró ''a marchas forzadas'', en mayo de 2006, días antes de las elecciones federales del 2 de julio de ese año Foto: Cristina Rodríguez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) manejó de manera irregular los donativos que otorgó durante 2005.
Entre las anomalías, reportó que el organismo no mostró datos específicos sobre los montos otorgados ni control sobre los beneficiarios de los mismos.
Por ejemplo, presentó una primera lista con 181 beneficiarios por 221 millones 243 mil 900 pesos, y posteriormente sustituyó dicho listado con 171 favorecidos, pero sin modificar la cantidad ejercida, aunque con ''diferencias en el monto y número", tanto de las unidades administrativas que los otorgaron, como de los apoyados.
Frente a estas anomalías, que fueron abordadas en un encuentro de aclaración entre las partes, la ASF evidenció en su reporte que la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, como parte de la Dirección General de Administración del consejo, les entregó un listado más, pero con ''los mismos datos" del inicial.
El órgano fiscalizador también cuestionó al CNCA de que en lugar de informar sobre los donativos que recibió hace dos años, notificara sobre los que otorgó, los cuales representaron 31.5 por ciento del total de los brindados por el sector público durante ese ejercicio, y ascendieron a 702 millones 854 mil 300 pesos.
Control interno deficiente
La ASF detalló que de acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas, el principal beneficiario de la instancia que manejó Sari Bermúdez fue el Fideicomiso Biblioteca de México José Vasconcelos, con 281 millones de pesos, seguido por el Festival Internacional Cervantino, con 169.7 millones de pesos; el Museo Biblioteca del Centro Cultural de León, Guanajuato, con 166.1 millones pesos, y los destinados por conducto del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes al Centro Cultural Polifórum en Guanajuato (149.4 millones de pesos), Artescénica (50.05 millones de pesos), Programa Ciudades Mexicanas Patronato Mundial (40 millones de pesos) y el Programa 20 Proyecto, Fomento y Coinversiones Culturales (21.9 millones de pesos).
Resaltó que determinó solicitar al CNCA información del manejo que realizó de sus donativos, después de que la Cuenta Pública de 2005 no presentara datos específicos al respecto.
Sin embargo, los documentos entregados por el consejo evidenciaron ante la ASF, como se asienta en su más reciente informe, que ''el control interno de donativos es deficiente (en el CNCA), debido a las diferencias en los listados de beneficiarios proporcionados por la Dirección General de Administración, y dado que a la fecha de presentación de los resultados preliminares no tenía precisión sobre los registros definitivos del ejercicio 2005".
Ante ello, afirmó, ''no existe certeza en el monto de los donativos otorgados a cada uno de los beneficiarios, ni de las unidades administrativas que los proporcionaron en ese año".
Difícil seguimiento administrativo
La ASF demostró que a partir de los listados que le fueron proporcionados, en 26 casos coincidieron los beneficiarios, pero ''no los montos reportados"; sólo ocho estuvieron anotados en la segunda lista y 11 aparecieron en la número tres, pero no en la previa.
También, ''que el nombre de los beneficiarios se utiliza de forma indistinta, ya que en las dos primeras relaciones un mismo beneficiario tiene diferentes denominaciones e inclusive, en un caso, se registró como tal a la persona que tramitó el donativo".
Además, al verificar con las unidades administrativas la información proporcionada en la última lista, la ASF detectó que sólo en tres casos de 10 coincidieron el número de beneficiarios, pero no el monto de lo otorgado a cada uno, y en los otros ''no hubo coincidencia alguna".
La Auditoría Superior de la Federación dejó en claro que en la revisión de los documentos denominados ''saldos por comprobar al 31 de diciembre de 2005" no se encontró el concepto de donativos, ''por tal motivo no es posible identificar los montos que se ministraron a las unidades administrativas para ese concepto".
Advirtió, asimismo, que ''al carecer de un control a nivel de presupuesto original, modificado, ministrado y comprobado, se dificulta dar seguimiento a los recursos por unidad administrativa y por partida, y al gasto específico que dichas instancias deben comprobar".
De tal suerte, determinó que en consecuencia, ''el registro por donativo y la finalidad de estos recursos no son transparentes. Es decir, existe un elevado grado de opacidad en su administración".



Elevado costo de deuda privada, concluye revisión de la ASF a la cuenta de 2005

Oneroso financiamiento de Pemex; pagó por sobretasas $649 millones

Compromete la facturación de ventas futuras; paga 2.1 de interés adicional a 6.2% de los bonos emitidos en el mercado internacional
Los Pidiregas equivalen a 99 por ciento del presupuesto
ISRAEL RODRIGUEZ J.


Campo petrolero Ku-Maloob-Zaap, en la Sonda de Campeche Foto: Notimex
Petróleos Mexicanos (Pemex) está empeñando la facturación de las ventas de petróleo presentes y futuras para respaldar el financiamiento obtenido mediante endeudamiento con el sector privado para la expansión de su infraestructura productiva, estrategia que le ha ocasionado asumir costos excesivos.
De acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada al organismo subsidiario de la paraestatal PMI Comercio Internacional, para cubrir el servicio de la deuda emitida en el extranjero, "asociada a la venta de cuentas por cobrar presentes y futuras" generadas por las exportaciones de crudo, se detectó que Pemex paga una sobretasa de 2.1 por ciento adicional a la tasa de interés promedio de 6.2 por ciento de los bonos emitidos en los mercados internacionales.
Según el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó que Pemex pagó intereses a una tasa de 8.3 por ciento por los bonos emitidos en ese año en los mercados internacionales de capitales.
Como resultado de esta estrategia de financiamiento se identificó un sobre costo por diferencial en las tasas de interés de 649 millones 434 mil 200 pesos; "por lo que la ASF destaca que Pemex continúa operando un mecanismo de fondeo para financiar obras Pidiregas que le genera costos excesivos".
Esquema agotado
Recordemos que desde hace una década la Secretaría de Hacienda (SHCP) ha obligado a Pemex a financiar sus obras de expansión mediante endeudamiento ante la caída de la inversión presupuestaria, por lo que la paraestatal para completar sus presupuestos de inversión acude a los mercados bursátiles para colocar deuda a través de bonos.
Adicionalmente, estos recursos captados en los mercados de capital han sido utilizados para respaldar o fondear los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (Pidiregas) que sólo en el sexenio del ahora ex presidente Vicente Fox, llegaron a representar el 92 por ciento en promedio del total del presupuesto de la petrolera.
Pese a ello, el gobierno federal continúa utilizando este esquema, que para algunos especialistas y autoridades ya se agotó, y en este 2007 los Pidiregas representan ya el 99 por ciento del presupuesto total de la empresa.
La muestra seleccionada por la ASF correspondió a 304 facturas por un total de 3 mil 954 millones de dólares, equivalentes a 43 mil 34 millones de pesos, cuya cobranza se realizó en el ejercicio 2005, monto que representó 23.1 por ciento del total de ventas de cuentas por cobrar presentes y futuras por 16 mil 832 millones de dólares, equivalentes a 186 mil 210 millones de pesos.
En el ejercicio de 2005, las exportaciones de crudo y condensados ascendieron a 35 mil 156 millones de dólares, unos 378 mil 900 millones de pesos, monto 24.2 por ciento superior en 73 mil 827 millones de pesos respecto del año anterior.
"En el mismo año, Pemex reportó en sus estados financieros consolidados que la venta de cuentas por cobrar presentes y futuras ascendió a 182 mil 777 millones de pesos, monto equivalente a 16 mil 832 millones de dólares".
Pemex Finance dejó de comprar cartera durante aproximadamente un mes y medio para acumular los recursos financieros necesarios para efectuar el prepago de los bonos. Para subsanar a Pemex los flujos de efectivo que dejó de percibir en ese tiempo en el fideicomiso Master Trust pagó a Pemex Exploración y Producción dichos recursos con base en el convenio de derivación de fondos y llevó a cabo la emisión de un bono por mil 500 millones de dólares, a través del Master Trust, emitido el primero de junio de 2005 en dos series: una por mil millones de dólares, con vencimiento en 2015, a una tasa de interés de 5.75 por ciento, y otra por 500 millones de dólares, con vencimiento en 2035, a una tasa de interés de 6.625 por ciento.
Posteriormente, el 27 de junio de 2005, Pemex Finance, Ltd., prepagó cuatro series de bonos asegurados por un monto total de 994 millones 117 mil dólares, obteniendo un ahorro de casi 15 millones de dólares por dejar de pagar la prima de seguro, comisiones y gastos asociados a los mismos.
En los resultados de la ASF después de la comparación de las tasas promedio de 8.3 por ciento de los intereses pagados por la emisión de bonos de Pemex Finance, Ltd., en 2005, incluyendo los costos de operación, contra la tasa de interés promedio de 6.2 por ciento de los bonos emitidos por el Master Trust en el mismo ejercicio, se determinó 2.1 por ciento adicional, que aplicado al saldo promedio anual de los bonos en circulación al 31 de diciembre de 2005, por 2 mil 873.8 millones de dólares, dio como resultado un sobre costo por diferencial en las tasas por 649 millones 434 mil pesos, equivalentes a 60 millones 257 mil dólares.
Por lo anterior, la ASF "concluye que Pemex continúa operando un mecanismo de fondeo para financiar obras Pidiregas que le genera costos excesivos".


Destaca la deficiente supervisión que ejercieron Hacienda, la CNBV y el BdeM

Faltó transparencia en el rescate bancario, confirma la ASF

Se cayó en ambigüedad al imputar responsabilidades a servidores públicos e instituciones
No se establecieron procedimientos ni reglas, de manera que hubo ''discrecionalidad'' en decisiones
ISRAEL RODRIGUEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que en el rescate bancario hubo discrecionalidad, falta de transparencia y ambigüedad en las responsabilidades imputables a los funcionarios públicos que participaron, y que representa actualmente para los contribuyentes mexicanos una deuda ligeramente superior a los 700 mil millones de pesos.
De acuerdo con la revisión que realizó el órgano fiscalizador del Congreso, se concluyó que, en lo general, el rescate bancario careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo cual acarreó como consecuencia discrecionalidad en la toma de decisiones, falta de transparencia en las operaciones y ambigüedad en las responsabilidades imputables a los servidores públicos y las instituciones que participaron en la conducción de los programas de saneamiento y capitalización.
De acuerdo a un reporte especial que se incluye en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2005, la ASF indicó que las debilidades normativas que de origen presentó el rescate bancario como resultado de la crisis financiera de 1994-1995, producto de una insuficiente e ineficaz regulación, y una deficiente supervisión de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, como responsables de la vigilancia del sistema financiero, se vieron reflejadas en las cláusulas de los contratos que celebró el ahora extinto Fobaproa con los bancos, las cuales el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) debió respetar y ejecutar en la suscripción del nuevo programa.
''Estas deficiencias de origen no permitieron realizar los procesos de enajenación de las carteras hipotecarias del nuevo programa de Banamex y BBVA Bancomer bajo sanas prácticas bancarias y, en consecuencia, en las mejores condiciones para el Estado''.
La situación anterior se vio reflejada de manera específica en la venta de la cartera y en las condiciones establecidas en los Contratos de Administración y Cobranza, provocando que los procesos de enajenación presentaran diversas irregularidades.
Por ejemplo, la contratación de los agentes valuadores que determinaron el valor de referencia garantizado estuvo restringida, al no tener opciones de otros especialistas.
Además, el mismo agente que fungió como valuador realizó funciones también como colocador, y la contratación del agente colocador, por parte de los bancos, fue discrecional, afectando la transparencia del proceso de enajenación de la cartera hipotecaria del nuevo programa de Banamex y BBVA Bancomer.
La ASF constató que el proceso de enajenación se realizó con sujeción a los términos pactados en el ''contrato atípico'' del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), firmado entre el Fobaproa y Banamex y BBVA Bancomer, cuyos términos fueron retomados por el IPAB por mandato de ley, conforme al artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, para la celebración de los contratos del nuevo programa que sustituyó al PCCC.
Los términos pactados en los contratos de administración y cobranza consideraron que, para la enajenación de la cartera, se deberían aplicar las mismas políticas y procedimientos que observan los bancos en estas operaciones.
Sin embargo, éstos no contaban con ellas, lo que trajo como consecuencia una ''indefinición'' de las reglas de venta y de selección de los terceros especializados que apoyaron al banco para cumplir con el objetivo, lo que originó ''inconsistencias y discrecionalidad'' en la toma de decisiones, así como un posible conflicto de intereses en el caso de Banamex.




Irregularidades por $11 mil millones por la diferencia entre el avalúo y lo obtenido

El SAE vendió inmuebles muy por debajo del precio y extravió 483: Di Costanzo

El IPAB liquidó 325 mil 698 créditos en $10 mil 539 millones: $32 mil por propiedad
ISRAEL RODRIGUEZ
Mario di Costanzo, secretario de Hacienda Pública del ''gobierno legítimo'', encabezado por Andrés Manuel López Obrador, denunció que el Instituto para el Ahorro Bancario (IPAB) transfirió 7 mil 786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados (SAE), y presenta irregularidades por más de 10 mil millones de pesos. Por ello exigió que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer a Luis Miguel Alvarez, director del organismo liquidador.
Con base en los datos del Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, recientemente entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se observa que durante ese año y de manera ''silenciosa'' el IPAB transfirió 7 mil 786 inmuebles al SAE, entre los cuales en muchos casos los valores de catastro y avalúo asentados en las escrituras de compra venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor al que fueron rematados.
Esto quiere decir que el SAE vendió estos bienes inmuebles por debajo de su valor de mercado, por lo que nuevamente se observa que en materia de venta de activos y de cartera estas instituciones violaron la ley, y dañaron las finanzas públicas, al impedir que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos.
Por ello, la ASF concluye que ''no se obtuvieron las mejores condiciones económicas, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal''.
De manera adicional, explicó Di Costanzo, se observa que en el padrón general de bienes inmuebles del IPAB no se refleja el saldo real de 7 mil 284 bienes inmuebles, ya que registraba un total de 7 mil 767, por lo que se desprende que existe una diferencia de 483 inmuebles, ''que no aparecen o se encuentran extraviados''.
El representante del ''gobierno legítimo'' destacó que las normas o disposiciones de ley que rigen la venta de activos en el SAE son mucho más ''laxas'' que las que rigen para el IPAB, por ello la transferencia de estos bienes inmuebles debió haberse hecho con absoluta transparencia, ya que lo que se ha generado en el SAE ''es prácticamente una venta de garage''. En consecuencia, por ese medio personas que están impedidas por ley para comprar cartera o bienes de manos del IPAB, están readquiriendo sus bienes de manos del SAE a precios irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real.
''Más aún, la propia junta de gobierno del SAE a la fecha no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de los bienes, que permitan evaluar las propuestas y determinar la adjudicación de los bienes de acuerdo con su naturaleza''.
Por ello, Mario Di Costanzo propuso que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer y a dar una explicación detallada del proceso de venta de activos al director del SAE, ya que esta venta de remate podría originar hasta lavado de dinero.
Recordó que pese a que el objetivo central del Programa de Enajenación de Bienes era obtener el máximo valor de recuperación para reducir lo más posible el costo fiscal del rescate bancario, esto no se ha realizado con transparencia ni en los mejores términos para el Estado y para las finanzas públicas.
A la fecha, el IPAB ha vendido un total de 325 mil 698 créditos en sólo 10 mil 539 millones de pesos, esto es, un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito, mismos que amparan casas de interés social, casas residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, entre otros inmuebles, y cuyo valor es muy superior al precio pagado.


MI COMENTARIO

COMO VEMOS LAS COSAS ESTAN PEOR QUE NUNCA Y LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO Y EMPRESARIOS ESTA EN SU APOGEO Y SEGUIRA, EL ASUNTO DEL IPAB Y LA VENTA DE ACTIVOS MUESTRA EL INTERÉS DE QUE ESTO QUEDE IMPUNE Y QUE EL PUEBLO SEA EL QUE PAGE LOS FRAUDES MEDIANTE IMPUESTOS.

NO HAY QUE OLVIDAR QUE EL SAQUEO ES DE MAS DE 120 MIL MILLONES DE DOLARES SIN CONTAR LOS INTERESES.

FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO