Del periódico La Jornada
Información que proporcionó afectó finanzas públicas; citan caso de JE Roberts
Doble función de Gil Díaz en gabinete e IP alarma a coodinadores partidistas
Exigen código y marco legal rígido que impida atentar contra los intereses del país
CIRO PEREZ SILVA
A lo largo de su carrera como funcionario público, y destacadamente como secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz desempeñó además cargos en empresas privadas, siempre ligadas al sistema financiero, lo que les permitió allegarse no sólo de información privilegiada, sino de la oportuna intervención del funcionario en favor de los intereses de dichas empresas, advirtieron los coordinadores del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, y de Convergencia, Alejandro Chanona.
El perredista aseveró que en el comunicado mediante el cual HSBC anuncia la contratación de Gil Díaz se señala que el integrante del gabinete foxista es actualmente miembro del consejo asesor de la empresa JE Roberts, Cos. Inc., relacionada con la compra de cartera vencida, "lo que hace sospechar que el ex funcionario público ocupaba ese puesto durante su gestión como secretario de Hacienda, lo que explicaría que esta empresa como según ella misma informó recibió en 1999 uno de los contratos de gerencia más grandes de activo concedidos por una entidad del gobierno, para recuperar 4 mil 800 millones de dólares en cartera vencida de Bancrecer SA".
González Garza añade que como consecuencia a esta gestión, en el año 2000 Gil Díaz fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público. Entre sus responsabilidades, recordó, se encontraba el ser presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB). "Así, el señor Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y a su vez presumiblemente se desempeñaría como Consejero Miembro de la Junta de Gobierno de la Empresa JE Roberts, Cos. Inc.", aseveró el coordinador de los perredistas.
Otra coincidencia que se debe señalar en este prolongado maridaje de funciones pública y privada que mantuvo Gil Díaz, es que de 1997 al 2000, Gil Díaz fue director de Avantel, de la cual Banamex posee 51 por ciento de sus acciones, institución a la que protegió durante su gestión como secretario de Hacienda, añadió el legislador.
En el mismo sentido, el coordinador de los legisladores de Convergencia, recordó que cuando Gil Díaz ocupó la subsecretaría de Hacienda, salió de la dirección de Avantel, "no nos extraña quiénes son sus empleadores, lo que extraña es que no haya un código y marco legal rígido que impida que un individuo con tanta información privilegiada, ahora trabaje para un banco británico-honkoniano que eventualmente en este país va a seguir comprando la banca y se van a seguir beneficiando".
Chanona Burguete consideró que el tema del ex secretario de Hacienda, es un asunto que rebasa el problema de la legalidad, ya que estuvo siempre en una posición privilegiada en la administración pública del país, y por tanto tuvo a su alcance información "probablemente de seguridad nacional".
Enfatizó que no debe permitirse que el gobierno de Felipe Calderón pretenda reducir el tema a un debate político y soslayar la posible responsabilidad penal del ex funcionario.
"Yo espero que (Felipe Calderón) reaccionen rápido y sigamos un esquema de colaboración para darle respuesta a la sociedad, lo demás es un intercambio, un juego en donde sería estéril pensar que aquí gana el mejor posicionamiento, lo único que espero es que haya respuestas claras de parte de él", agregó Chanona Burguete.
Apuntó que los legisladores deben revisar el marco jurídico y, en su caso, promover las modificaciones necesarias. "Tendremos que ser muy puntuales en cuanto a que personajes de ese calibre, que han tenido posiciones e información privilegiada, estén contratándose de manera inmediata con empresas de capital extranjero. Es un tema gravísimo, ética y políticamente hablando".
MI COMENTARIO
Siguen creyendo ¿que se aplicara la ley y se hara justicia? Ja Ja eso no pasa en México y menos si el presidente espurio esta tan involucrado.
Recuerden el robo y fraude del FOBAPROA-IPAB es de más de 120 mil millones de dólares
viernes, 12 de enero de 2007
jueves, 11 de enero de 2007
DEL PERIODICO LA JORNADA ALGUNOS CARTONES PARA DISFRUTAR EL DIA
Rocha
El cambio ... de dieta
Las maromas de Gil
· Hernández
Previsor
Por el mismo camino
El cambio ... de dieta
Las maromas de Gil
· Hernández
Previsor
Por el mismo camino
¿ Y que pasarà con Francisco Gil Díaz?
Del periòdico La Jornada
Otra de La Jornada
MI COMENTARIO
Al exsecretario de Hacienda no le pasara nada, ¿imaginense que decidieran aplicar justicia? todo el sistema bancario, la Secretaria de Hacienda, La Comisiòn Nacional Bancaria y de Valores, Banco de Mèxico saldrìan involucrados en todos los casos de corrupciòn y el FOBAPROA-IPAB. Esta medida como anteriormente se dijo es para demostrar que la ley se aplica a todo mundo, es màs una medida polìtica que jurìdica y financiera. Si le aplican la justicia a Gil Dìaz tienen que aplicarla tambièn a Vicente Fox Quesada, Roberto Hernàndez (ex dueño de BANAMEX), Jonathan Davis (Expresidente de la CNBV), Guillermo Ortiz (gobernador de BANCO DE MEXICO), al ex-presidente espurio Carlos Salinas de Gortari, al presidente espurio FECAL.
Asì que esto no va a pasar lo ùnico es el escandalo en los medios y en el remoto caso que concluyera el caso ni siquiera pisaria la carcel pues promoveria un amparo y despuès de meses que pasen y nuevos escandalos ya nadie se acordarà del caso y como siempre viva la impunidad y la corrupciòn en Mèxico, mientras tanto que el pueblo page el robo del FOBAPROA-IPAB.
Recuerden el robo y fraude del FOBAPROA-IPAB es de màs de 120 mil millones de dòlares.
Acceso a información oficial pudo derivar en quebrantos al erario y tráfico de influencias
Legisladores del PRI piden investigar nexos de Gil con ISOSA e Hildebrando
Su incorporación al HSBC es una práctica corrupta, cuestiona la fracción del PRD
El ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz Foto: La Jornada
A la cuestionada incorporación de Francisco Gil Díaz al HSBC, los legisladores del PRI sumaron ayer nuevas dudas sobre su relación con ISOSA en el manejo de las aduanas del país y con el cuñado del presidente Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, ya que a partir de los contratos asignados para el procesamiento electrónico de datos del gobierno federal, se abrieron las puertas para que empresas privadas tengan acceso a información que, presumiblemente, ha derivado en quebrantos al erario y tráfico de influencias.
Por lo anterior, el coordinador priísta en la Comisión Permanente, el senador Carlos Lozano de la Torre, demandó que el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA) en las aduanas de México.
Por lo que toca al sistema instalado por la empresa Hildebrando, el senador aseveró que a partir de éste tendría acceso a la información relacionada con amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda del abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, a pesar de que la información que obra en los registros de autoridades federales debe quedar a resguardo de éstas y no de particulares.
Poco antes, la fracción del PRD exigió al gobierno federal iniciar una indagatoria en contra del ex secretario de Hacienda por el delito de ejercicio abusivo de funciones en el que incurrió al incorporarse al HSBC, ya que no se trata de un simple conflicto de intereses sino que "es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte".
En la exposición de motivos del punto de acuerdo que fue enviado a comisiones para su dictamen, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, comentó además que entre las "coincidencias" que marcan el trayecto de Gil Díaz es que de 1997 a 2000 fue director de Avantel, de la cual Banamex posee 51 por ciento de sus acciones, institución a la que protegió durante su gestión como secretario de Hacienda, aseguró el perredista. "Lo anterior no es un conflicto de intereses; es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte", acusó.
En su turno, Lozano de la Torre recordó que a mediados de 1992 Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos de la SHCP, convocó a una licitación pública para autorizar la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero. En julio de ese año se otorgó el fallo en favor de una sociedad llamada Integradora de Servicios SA de CV (ISSA) de la compañía canadiense Shl System House y la empresa Gervassi Clark, SA de CV, concesionaria de la trasnacional Internacional Business Machines (IBM) y propiedad de Angel Rolando Gervassi Santiago, misma que se presume fue creada ex profeso para concursar en la licitación.
El 31 de julio de 1992, el propio Gil Díaz, en representación de la SHCP y Gervassi Santiago firmaron un contrato con el objetivo de extender la red de servicio computarizado de la Subsecretaría de Ingresos a 3 mil terminales en 350 centros de cómputo, así como asistir y asesorar al personal técnicamente calificado para operar el despacho aduanero con las más altas calificaciones de calidad y de mercado, servicio por el que se acordó pagar a ISSA 23 mil 280 millones de viejos pesos anuales, cantidad que se actualizaba semestralmente de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor.
Después de una serie de "graves conflictos" entre Gil Díaz y Geervassi Santiago, el 28 de mayo de 1993 la Secretaría de Hacienda rescindió el contrato de servicios a ISSA. El 15 de junio de 1993, y a fin de continuar prestando el servicio de procesamiento electrónico de datos, fue creada ISOSA.
La operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a 2001, 2002 y 2003, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por Derecho de Trámite Aduanero. Esos recursos, presumiblemente, han sido destinados a ISOSA.
Mencionó además que entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando SA de CV, cuyo socio principal es Diego Hildebrando Zavala, relacionados con áreas medulares del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informáticos para el SAT, al amparo del fideicomiso Aduanas I y de ISOSA. En conjunto, el importe de los contratos otorgados es de 12 millones 466 mil 747.53 pesos. Pero uno, el SL-171/01, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter.
Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 "todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y a la operación diaria".
Deberá determinar si incurrió en responsabilidad al emplearse en HSBC
Inicia la Función Pública investigación administrativa contra Gil Díaz
En el ámbito penal enfrenta denuncias por desacatar órdenes de un tribunal laboral y una petición de arraigo para ser juzgado
Carstens también podría caer en desacato
El ex secretario Francisco Gil Díaz, no ejecutó en 2006 los laudos de un tribunal laboral que le obligaban a restituir en su cargo en la subsecretaría de Egresos a Lilia Cortés, quien fue despedida sin justificación por negarse a acatar órdenes sobre la asignación del presupuesto federal que iban contra la ley y dificultaban la fiscalización de recursos públicos Foto: José Carlo González
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una ''investigación administrativa'' en contra del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para determinar si incurrió en responsabilidad al aceptar emplearse con la multinacional HSBC. La dependencia federal tomó tal determinación a partir de la denuncia presentada, el lunes, por Carlos Reyes Gámiz, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal.
Mientras se abría un frente administrativo contra el titular de Hacienda, otro en el ámbito penal también apunta a consumir tiempo de los abogados de Gil Díaz.
Una denuncia penal contra el ex secretario de Hacienda, en la que es acusado de desacatar órdenes de un tribunal laboral, será ratificada esta semana, en el marco de un caso que desde hace dos años ha expuesto al público varios expedientes de manejo poco transparente de recursos públicos, y que puede involucrar al actual titular de las finanzas públicas, Agustín Carstens.
Se trata de una denuncia interpuesta por Lilia Cortés, quien fue despedida sin justificación como directora de área en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda a mediados de la administración pasada. Cortés fue destituida por negarse a acatar órdenes sobre la asignación del presupuesto federal que iban en contra de la ley y que, en el fondo, servían para dificultar la fiscalización de los recursos públicos.
''Han empleado una violencia extrema en mi contra por pedir simplemente ser reinstalada, en ejercicio de mis derechos constitucionales y laborales'', dijo Cortés ayer a La Jornada. ''Es claro que si emplean tanta violencia es porque hay algo que no quieren que sea investigado'', comentó. Cortés dijo que desde que empezó su litigio ha sido golpeada en siete ocasiones por hombres que le ''recomiendan'' olvidarse del caso.
Lilia Cortés obtuvo en 2006 tres laudos de un tribunal laboral que ordenaban al titular de Hacienda, entonces Gil Díaz, su restitución. No fueron ejecutados y por lo tanto el funcionario se colocó en situación de desacato, similar a la que sirvió de argumento al gobierno de Vicente Fox para emplear la fuerza del Estado con el fin de evitar que el ex jefe de gobierno capitalino contendiera por la Presidencia.
Como Gil Díaz, en su calidad de titular de Hacienda, desacató la orden, Lilia Cortés reclamó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el funcionario fuera juzgado. Tres semanas antes de que concluyera el gobierno, y ante el anuncio del propio Gil de que tenía proyectado ocuparse en el extranjero, en una universidad estadunidense, Cortés solicitó su arraigo para que no se evadiera a la acción de la justicia.
Ambas denuncias, la penal por desacato y la que solicita el arraigo hasta que el funcionario sea juzgado, serán ratificadas por Cortés ante la PGR esta semana.
''La orden de reinstalación fue dada por el tribunal al titular de Hacienda'', añadió Cortés. ''Si el actual secretario (Agustín Carstens Carstens) no atiende esa resolución, también se colocaría en una situación de desacato, se echaría encima un problema que no fue generado durante su corta gestión'', dijo Cortés.
En la denuncia presentada a la PGR el 9 de noviembre pasado, Lilia Cortés asegura: ''he recibido amenazas vía telefónica por voces de varón provenientes de los números 91 58 11 00 y 91 58 46 00 manifestándome que por instrucción y a nombre del licenciado Francisco Gil Díaz, me van a matar, por ello solicito que se inicie investigación de dichas amenazas''.
Los tiempos de la Función Pública
La Secretaría de la Función Pública aseguró que, con apego a derecho, desahogará todas las denuncias que se presenten en contra del ex funcionario, mas advirtió desde ahora que mantendrá en reserva toda información vinculada con la indagatoria hasta que no haya una resolución definitiva.
Por su lado, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, salió en defensa de Gil Díaz e incluso pidió a quienes exigen que se proceda penalmente contra el ex funcionario que ''estudiaran un poquito el marco del derecho mexicano, porque para una falta administrativa hay sanciones administrativas, no penales; no corresponde a las autoridades penales investigar este asunto''.
En un comunicado emitido la tarde de ayer, la SFP aseguró que en la indagatoria contra Gil Díaz se ''allegará de información y documentación necesarias para determinar si se han violado las disposiciones establecidas en materia de conflicto de intereses''.
También prometió ejercer sus atribuciones con ''autonomía de criterio'' y responder de manera ''puntual'' a los argumentos que formulen las partes, según lo dispuesto en las leyes federales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El diputado panista todavía no conocía este último comunicado, pues al ser entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que la SFP ''ha revisado este tema y en su comunicado (de fecha 4 de enero) ha dicho que no existe falta legal''.
-¿Violó la ley Gil Díaz? se le insistió a Larios.
Hay que conocer bien, en primer lugar, cuál es el trabajo de un consejero independiente dijo en alusión al cargo que ocupa Gil Díaz en el consejo de HSBC Holdings PLC. Las sociedades anónimas están obligadas a tener consejeros que no son accionistas. Los dueños del negocio contratan a personas de prestigio para que velen por el interés de los accionistas minoritarios. Entre otros consejeros independientes que tiene este banco en Londres, está el propio ex ministro del Tesoro de Londres.
Sí señor, pero en el caso de México estamos hablando del ex secretario de Hacienda que no tardó ni un año en aceptar un cargo, que cuenta con información privilegiada, en un sistema bancario de por sí con varias aristas.
En primer lugar, (Gil) está trabajando en la matriz como consejero independiente, no en la operación, no en la toma de decisiones, sino en buscar que se respeten los derechos de los pequeños accionistas que no tiene asiento en el consejo.
Según Larios, ''en una democracia no puede juzgarse a nadie desde la perspectiva de la opinión pública'', sino que tiene que ser una autoridad jurisdiccional, en este caso la Función Pública, la que determine ''si existe alguna falla administrativa''.
Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Sergio Ruiz Olloqui Vargas, defendió al ex secretario Gil Díaz, al señalar que en México la ley no es clara sobre el tiempo que debe pasar antes de que un ex funcionario se incorpore a trabajar en la iniciativa privada. Consideró que dejar pasar un año era una ''usanza tradicional'', y que sólo se desempeña como consejero independiente en el HSBC.
Otra de La Jornada
Carlos Reyes Gámiz, secretario general del PRD-DF
Gil Díaz, cereza del pastel de la corrupción en el sistema bancario
La SPF debe investigar delitos de cuello blanco, plantea
Luego de conocer la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de iniciar una investigación en contra del ex titular de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, el secretario general del PRD capitalino, Carlos Reyes Gámiz, afirmó que esa dependencia "no tenía para donde hacerse ante un caso de evidente flagrancia".
El líder perredista, quien el pasado lunes presentó la denuncia en contra del ex funcionario por incurrir en violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al aceptar un cargo en el consejo de administración del grupo HSBC, manifestó que la resolución de la SFP "no es para aplaudir o festejar", sino que debe ser una muestra de que realmente se quiere acabar con las relaciones perniciosas que imperan entre autoridades federales y los dueños del dinero de nuestro país.
Tanto en conferencia de prensa como en entrevista posterior, Reyes Gámiz sostuvo que "Gil Díaz es la cereza del pastel que implica la corrupción y la opacidad que se ha dado durante la última década en el sistema bancario y financiero nacional".
Fue más allá al señalar que esta investigación administrativa que iniciará la SFP es la ocasión ideal para abrir la "caja de Pandora" de los delitos de cuello blanco que se denunciaron públicamente pero que han quedado impunes, y añadió que el ex titular de Hacienda "es la cabeza del grupo que al amparo del poder público incurrió en numerosas anomalías, provocando un desastre en las finanzas nacionales; ahí está la madeja del hilo".
Reyes Gámiz resaltó que incluso se han allegado de elementos constitutivos para interponer una demanda de tipo penal en contra del ex funcionario foxista, pero "iremos cuidando los pasos que demos en este caso para que no se convierta en un show o quedemos enmedio de la lucha palaciega entre el régimen entrante y el saliente".
Destacó que en los próximos días habrá de acudir ante la Secretaría de la Función Pública para ampliar su denuncia, y en ese contexto habrá de presentar elementos de prueba que consoliden la acusación.
Durante la conferencia de prensa que ofreció junto con el dirigente del PRD-DF, Ricardo Ruiz, el secretario general expresó que la respuesta que dio Gil Díaz ante la querella que presentó no implicó otra cosa más que ponerse de pechito y echarse la soga al cuello, pues aseguró que no hubo relación entre HSBC Holding y la Secretaría de Hacienda, cuando él tiene documentos que presentará y que prueban lo contrario.
Sobre el mismo tema, Ruiz comentó que el partido estará atento a la conclusión que tenga el caso del ex secretario de Hacienda, y añadió que a la par el sol azteca integrará expedientes de funcionarios y ex funcionarios que incurrieron en ilícitos y hará la respectiva denuncia ciudadana.
Citó que los primeros asuntos que expondrán ante los capitalinos sobre los servidores públicos faltos de ética son el del "cuñado incómodo" y los familiares de Martha Sahgún, que como en el caso de Gil Díaz son botones de muestra de las componendas que se hicieron desde las esferas del poder público.
Al exsecretario de Hacienda no le pasara nada, ¿imaginense que decidieran aplicar justicia? todo el sistema bancario, la Secretaria de Hacienda, La Comisiòn Nacional Bancaria y de Valores, Banco de Mèxico saldrìan involucrados en todos los casos de corrupciòn y el FOBAPROA-IPAB. Esta medida como anteriormente se dijo es para demostrar que la ley se aplica a todo mundo, es màs una medida polìtica que jurìdica y financiera. Si le aplican la justicia a Gil Dìaz tienen que aplicarla tambièn a Vicente Fox Quesada, Roberto Hernàndez (ex dueño de BANAMEX), Jonathan Davis (Expresidente de la CNBV), Guillermo Ortiz (gobernador de BANCO DE MEXICO), al ex-presidente espurio Carlos Salinas de Gortari, al presidente espurio FECAL.
Asì que esto no va a pasar lo ùnico es el escandalo en los medios y en el remoto caso que concluyera el caso ni siquiera pisaria la carcel pues promoveria un amparo y despuès de meses que pasen y nuevos escandalos ya nadie se acordarà del caso y como siempre viva la impunidad y la corrupciòn en Mèxico, mientras tanto que el pueblo page el robo del FOBAPROA-IPAB.
Recuerden el robo y fraude del FOBAPROA-IPAB es de màs de 120 mil millones de dòlares.
martes, 9 de enero de 2007
Detecta Auditoría Superior manejo discrecional de $675 mil millones
Del periodico La Jornada
Se trata de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos sin fiscalización
Detecta Auditoría Superior manejo discrecional de $675 mil millones
Esos activos al 31 de diciembre de 2004 fueron equivalentes a 8.8% del PIB de ese año
El caso más controvertido fue la disputa con ISOSA por el origen y destino de 10 mil millones
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, que manejaban activos por 675 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2004, "de los cuales no se podía fiscalizar nada", por lo que este órgano clasificó el manejo de estas figuras como la segunda área en importancia por el grado de opacidad, antecedida únicamente por la necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado.
Informes de la ASF, así como declaraciones públicas realizadas por el auditor superior, Arturo González de Aragón, indican que el monto de los recursos públicos manejados a través de fideicomisos, mandatos y contratos análogos alcanzó ese año una dimensión equivalente a 8.8 por ciento del producto interno bruto.
Como consecuencia del proceso de fiscalización realizado durante los últimos años, en los cuales estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hoy integrante del consejo de administración del multinacional banco inglés HSBC, la ASF identificó como prioritarias 11 áreas "de opacidad y riesgo, sobre las cuales resulta indispensable la instrumentación de acciones puntuales para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas".
Según el documento sobre los resultados del proceso de fiscalización, la ASF apunta que una segunda área prioritaria "que ha sido seriamente afectada por la opacidad, corresponde a la de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos, y sobre los cuales se ha señalado la apremiante necesidad de hacer transparente su operación".
Sobre esta situación, González de Aragón informó públicamente que después de cuatro años y medio de señalar la opacidad que había en los fideicomisos, "finalmente se logró abrirlos, gracias a la concurrencia de dos voluntades: El Ejecutivo aceptó que era necesario transparentarlos, hubo un acuerdo entre Hacienda y la Secretaría de la Función Pública obligando a los fideicomisos a entregar información; y segundo, la modificación de la Ley de Fiscalización Superior para reconocer expresamente la obligación de éstos de rendir cuentas y ser fiscalizados".
Pero la resistencia a transparentar el origen y uso de los recursos públicos en los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, durante la participación de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda en el gobierno anterior fue prácticamente una constante no exenta de disputas con la ASF, en las que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso más controvertido fue la disputa entre Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y la ASF, sobre el origen y destino de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos por esa empresa, creada en 1993 entre otros por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al amparo del Fideicomiso Aduanas 1.
Después de varios intentos por parte de la Auditoría Superior de la Federación para recuperar 9 mil 985 millones de pesos en Derechos de Trámite Aduanero, que cobrados por ISOSA no fueron enterados a la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Hacienda interpuso, precisamente en 2004, una controversia constitucional en la Corte para evitar la fiscalización de la controvertida compañía.
El 14 de agosto de 2006 la Corte emitió un resolutivo a favor de la dependencia gubernamental, con el cual dejó sin efecto la fiscalización realizada por la Auditoría Superior y avaló el manejo extrapresupuestal de los recursos públicos provenientes del Derecho de Trámite Aduanero, obtenidos por ISOSA.
A este respecto, González de Aragón comentó: "Estamos revisando la Cuenta Pública 2005, estamos revisando los derechos de trámite aduanero, porque una de las grandes definiciones de la Corte fue okey son privados, no puedes entrar, pero si puedes revisar el mecanismo de distribución del peso recaudado; entonces vamos a hacer esa revisión y dentro del informe que rindamos a la Cámara de Diputados el 31 de marzo, (habrá) un resumen de toda esa situación".
El auditor superior de la federación dio su versión, durante un debate público sostenido con el titular del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría: "En el año 2004, ya nuestros amigos de Hacienda interponen una controversia en contra de la Auditoría Superior, argumentando que esos recursos son privados. Entonces la Corte nos pide que suspendamos los trabajos y que los dejemos en el estado en el que se encuentran. Hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros ochocientos y tantos millones de pesos".
Puntualizó: "la suma total son 9 mil 985 millones de pesos observados por la ASF, pero además se acredita con hechos que la intervención de la Auditoría Superior de la Federación tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Primero, se hizo que este fideicomiso privado se convirtiera en público desde 2004. Segundo, se obligó a la liquidación del fideicomiso privado. Tercero, se hizo que se devolvieran 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en los meses de mayo y diciembre de 2005".
ROBO DEL FOBAPROA-IPAB convertido en deuda pùblica 120 mil millones de dòlares, no olvidar esta cifra
Se trata de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos sin fiscalización
Detecta Auditoría Superior manejo discrecional de $675 mil millones
Esos activos al 31 de diciembre de 2004 fueron equivalentes a 8.8% del PIB de ese año
El caso más controvertido fue la disputa con ISOSA por el origen y destino de 10 mil millones
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de mil 375 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, que manejaban activos por 675 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2004, "de los cuales no se podía fiscalizar nada", por lo que este órgano clasificó el manejo de estas figuras como la segunda área en importancia por el grado de opacidad, antecedida únicamente por la necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado.
Informes de la ASF, así como declaraciones públicas realizadas por el auditor superior, Arturo González de Aragón, indican que el monto de los recursos públicos manejados a través de fideicomisos, mandatos y contratos análogos alcanzó ese año una dimensión equivalente a 8.8 por ciento del producto interno bruto.
Como consecuencia del proceso de fiscalización realizado durante los últimos años, en los cuales estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hoy integrante del consejo de administración del multinacional banco inglés HSBC, la ASF identificó como prioritarias 11 áreas "de opacidad y riesgo, sobre las cuales resulta indispensable la instrumentación de acciones puntuales para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas".
Según el documento sobre los resultados del proceso de fiscalización, la ASF apunta que una segunda área prioritaria "que ha sido seriamente afectada por la opacidad, corresponde a la de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos, y sobre los cuales se ha señalado la apremiante necesidad de hacer transparente su operación".
Sobre esta situación, González de Aragón informó públicamente que después de cuatro años y medio de señalar la opacidad que había en los fideicomisos, "finalmente se logró abrirlos, gracias a la concurrencia de dos voluntades: El Ejecutivo aceptó que era necesario transparentarlos, hubo un acuerdo entre Hacienda y la Secretaría de la Función Pública obligando a los fideicomisos a entregar información; y segundo, la modificación de la Ley de Fiscalización Superior para reconocer expresamente la obligación de éstos de rendir cuentas y ser fiscalizados".
Pero la resistencia a transparentar el origen y uso de los recursos públicos en los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, durante la participación de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda en el gobierno anterior fue prácticamente una constante no exenta de disputas con la ASF, en las que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso más controvertido fue la disputa entre Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y la ASF, sobre el origen y destino de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos por esa empresa, creada en 1993 entre otros por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al amparo del Fideicomiso Aduanas 1.
Después de varios intentos por parte de la Auditoría Superior de la Federación para recuperar 9 mil 985 millones de pesos en Derechos de Trámite Aduanero, que cobrados por ISOSA no fueron enterados a la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Hacienda interpuso, precisamente en 2004, una controversia constitucional en la Corte para evitar la fiscalización de la controvertida compañía.
El 14 de agosto de 2006 la Corte emitió un resolutivo a favor de la dependencia gubernamental, con el cual dejó sin efecto la fiscalización realizada por la Auditoría Superior y avaló el manejo extrapresupuestal de los recursos públicos provenientes del Derecho de Trámite Aduanero, obtenidos por ISOSA.
A este respecto, González de Aragón comentó: "Estamos revisando la Cuenta Pública 2005, estamos revisando los derechos de trámite aduanero, porque una de las grandes definiciones de la Corte fue okey son privados, no puedes entrar, pero si puedes revisar el mecanismo de distribución del peso recaudado; entonces vamos a hacer esa revisión y dentro del informe que rindamos a la Cámara de Diputados el 31 de marzo, (habrá) un resumen de toda esa situación".
El auditor superior de la federación dio su versión, durante un debate público sostenido con el titular del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría: "En el año 2004, ya nuestros amigos de Hacienda interponen una controversia en contra de la Auditoría Superior, argumentando que esos recursos son privados. Entonces la Corte nos pide que suspendamos los trabajos y que los dejemos en el estado en el que se encuentran. Hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros ochocientos y tantos millones de pesos".
Puntualizó: "la suma total son 9 mil 985 millones de pesos observados por la ASF, pero además se acredita con hechos que la intervención de la Auditoría Superior de la Federación tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Primero, se hizo que este fideicomiso privado se convirtiera en público desde 2004. Segundo, se obligó a la liquidación del fideicomiso privado. Tercero, se hizo que se devolvieran 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en los meses de mayo y diciembre de 2005".
ROBO DEL FOBAPROA-IPAB convertido en deuda pùblica 120 mil millones de dòlares, no olvidar esta cifra
¿Que paso con este caso?
Del periòdico La Jornada
La PGR le inicia proceso de arraigo por presunto desaca
to y abuso de autoridad
Denuncia contra Gil Díaz por violar la Ley de Responsabilidades
El PRD exige a la Función Pública sancionar al ex secretario por incurrir en acciones ilegales
Foto: José Carlo González
El ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, resultó consejero asesor de una empresa ligada a la compra de cartera del IPAB, que le vendió las casas de 30 mil pesos a los hijos de Marta Sahagún
El comité directivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal emplazó al secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, a sancionar y seguir una causa penal en contra del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por violar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), al incorporarse al consejo de administración de HSBC Holdings PLC, sin dejar pasar un año, cuando menos, como establecen las normas.
Tras presentar la denuncia correspondiente ante la SFP, el secretario general del PRD-DF, Carlos Reyes Gamiz, destacó que Martínez Cázares no puede eludir su obligación de actuar ''a fondo'', más aún cuando ''es notoriamente claro que Gil Díaz ha cometido una ilegalidad, y que detrás hay intereses perniciosos''.
Destacó que a 37 días de concluir sus responsabilidades en el manejo de la hacienda pública, ''ahora trabaja con información privilegiada a favor de una institución de la banca, que ha dejado mucho que desear por su proclividad a la usura''.
En igual sentido se manifestó el diputado de Acción Nacional (PAN), Obdulio Avila Mayo, quien demandó al titular de la SFP que ''haga su tarea'' y responda a los cuestionamientos contra Gil Díaz. ''Se trata de un ataque a la ética pública y una falta de probidad de un funcionario que manejó información muy delicada sobre el país (y) que esa institución bancaria puede utilizar para sus intereses'', argumentó el panista.
Las exigencias presentadas a Martínez se dan a unos días de que la SFP eludiera el tema de Gil Díaz, mediante un comunicado de cinco párrafos donde planteó que ejercería sus atribuciones jurídicas hasta ''que cuente con elementos probatorios suficientes'' contra el ex funcionario.
Reyes Gamiz sostuvo que han reunido las pruebas necesarias para sustentar la denuncia presentada ayer ante la SFP, y en la cual se señala que Gil Díaz comete ''una flagrante violación'' al apartado 12 del artículo 8 de la LFRASP, entre otros.
Ese artículo, agregó, establece que ''todo funcionario que deje su cargo deberá observar hasta un año después de concluir sus funciones (para ocupar otro en la iniciativa privada), y no usar en su provecho propio o de terceros la información o documentación a que haya tenido acceso en su empleo y que no sea del dominio público''.
Defensa del ex funcionario
Luego de que el PRD presentó formalmente la denuncia, el ex secretario de Hacienda rechazó que su papel como consejero de HSBC se deba a que la filial de esa institución en México haya recibido alguna prebenda, trato especial o reglas favorables durante el sexenio pasado. ''Jamás según Gil Díaz, ni con HSBC ni con persona física o moral alguna he intercambiado decisiones por favor alguno''.
Gil Díaz arguyó que las funciones de consejero independiente no están relacionadas con la operación de algún intermediario financiero de HSBC, ni con operaciones en el territorio nacional, ni tendrían efectos o consecuencias en México. En caso de que se presentara un asunto relacionado con el país, sostuvo, ''yo me excusaría de participar''.
Mediante un comunicado, el ex funcionario afirmó que ''se pueden auditar e investigar las acciones de la Secretaría de Hacienda y de las comisiones a mi cargo durante los seis años anteriores respecto a HSBC México, para confirmar que no hubo ninguna decisión a su favor''.
Además, aseguró que su desempeño como consejero de HSBC ''no viola'' la LFRASP, porque ese ordenamiento ''se refiere a instituciones reguladas por las autoridades mexicanas''.
Destaca que ''en el caso de esa institución, como sociedad controladora extranjera de entidades financieras, sus funciones son supervisadas por las autoridades del país en que está constituidas. Por lo tanto están bajo la jurisdicción de leyes extranjeras''.
Pese a los argumentos de Gil Díaz, otros diputados del PRD, como el secretario de la comisión de Hacienda, Camerino Márquez Madrid, advirtieron que existe el riesgo de que el ex titular de Hacienda utilice información privilegiada. ''Hay un claro conflicto de intereses y violación a la Ley de Responsabilidades'', aseveró el perredista, que se sumó a la exigencia hecha a la SFP para que se investigue y aplique la ley en el caso.
Elizabeth Velasco, Ciro Pérez, Antonio Castellanos y Rocío González
* ''Grave conflicto de interés'' entre su cargo federal y su intervención a favor de ISOSA
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La zaga de impunidad que cubrió la actuación pública del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quedó nuevamente exhibida una vez que el banco inglés HSBC dio a conocer ayer en Londres, que el nuevo integrante de su consejo de administración es, también, consejero asesor de la empresa J.E. Roberts Cos. Inc., una compañía estrechamente ligada a negocios de compra de cartera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
¿Qué es J.E. Roberts?
J.E. Roberts es uno de los principales accionistas de Fénix señala Mario Di Costanzo, responsable de la Hacienda pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador.
''Es una administradora de cartera. Fénix le compra su cartera al IPAB y le compra activos. De hecho Fénix le vendió los bienes, las casas de 30 mil pesos, a los hijos de Marta Sahagún''.
Explica: ''Esto quiere decir que Francisco Gil Díaz también tiene graves conflictos de interés, porque él era presidente de la junta de gobierno del IPAB como secretario de Hacienda, y ahora se sabe que era consejero, miembro de la junta de gobierno de esta empresa J.E. Roberts, accionista principal de Fénix''.
HSBC Holdings Plc confirmó la designación de Gil Díaz como integrante de su consejo de directores a partir del 2 de enero pasado, mientras en México la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de arraigo en contra del ex secretario de Hacienda por presunto desacato y abuso de autoridad.
El banco inglés, del que ahora es integrante Francisco Gil, es propietario de la cuarta institución bancaria en importancia del país tras la compra de Bital durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, y es también uno de los mayores beneficiados del rescate bancario.
A su paso como titular de la Secretaría de Hacienda, Gil Díaz solicitó en dos ocasiones la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el rescate bancario, y en una tercera pidió la intervención de la Corte para frenar la fiscalización que este órgano realizaba a la empresa ISOSA, por el controvertido uso de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos al amparo del fideicomiso Aduanas 1.
Las confrontaciones con la ASF fueron prácticamente una constante durante la gestión de Gil Díaz al frente de Hacienda, e impidieron transparentar el proceso por el cual el quebranto bancario derivó en deuda pública, que asciende a más de 1.2 billones de pesos hasta el momento.
Francisco Gil Díaz dejó un largo rastro de obstáculos interpuestos a la transparencia y la rendición de cuentas. El caso más sonado, que también propició la intervención de la Corte a petición de la Secretaría de Hacienda bajo su cargo, fue el que involucró a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), una compañía creada en 1993 en cuya creación participó el ex secretario de Hacienda del ex presidente Fox, cuando se desempeñó como subsecretario de Ingresos de esa dependencia en el gobierno de Carlos Salinas.
Por tres años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones para determinar la causas por las cuales ISOSA obtenía sus ingresos del cobro de los Derechos de Trámite Aduanero, sin reportarlos a la Tesorería de la Federación. El monto de las observaciones sumaba 9 mil 985 millones de pesos hasta 2004, cuando inició la querella en la Corte, interpuesta por Hacienda con el argumento de que esos recursos eran privados.
Casi dos años después, en agosto de 2006, la Corte emitió una resolución que obligó a la ASF a suspender los trabajos que realizaba. El auditor Arturo González de Aragón, comentó: ''hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros 800 y tantos millones de pesos''.
Con todo y que la resolución de la Corte determinó que los recursos observados por la ASF son privados, en los reportes oficiales sobre el proceso de liquidación de ISOSA, iniciado antes de concluir el gobierno anterior, se informa que se realizó una devolución de 2 mil 457 millones de pesos. Di Costanzo señala que esa situación crea confusiones y levanta suspicacias: ''¿Por qué si eran privados se reintegraron a la Tesorería de la Federación?'', pregunta.
González de Aragón fijó su posición y la de la Auditoría Superior: ''Logramos recuperar 25 por ciento de toda la cantidad observada por la ASF y estoy cierto, estoy seguro de una sola cosa, si nosotros no hubiéramos intervenido, no se recupera un solo peso''.
La zaga de operaciones y manejos opacos durante la gestión de Francisco Gil Díaz al frente de Hacienda es tal, que llegó a trascender el ámbito de las posiciones políticas de los partidos y conjuntó a tirios y troyanos.
El 9 de junio de 2006, una comisión del Senado de la República, en la que participaron legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, interpuso una demanda en la Secretaría de la Función Pública, en la que acusaron a los miembros de la junta de gobierno del IPAB y a la Secretaría de Hacienda, de haber eludido un fallo de la Suprema Corte y convertir en deuda pública pagarés del rescate bancario que presentan irregularidades y significan para los contribuyentes un quebranto por 72 mil 700 millones de pesos.
La investigación continúa, comentó Mario Di Costanzo, por lo cual responsabilidad de Francisco Gil Díaz aun no concluye, pues la ley establece que debe pasar un año después de dejar el cargo público, y el ex secretario de Hacienda ''es todavía un funcionario público sujeto a investigación''.
En la presentación de la trayectoria seguida por su nuevo consejero, HSBC Holdings Plc describe cada uno de los cargos desempeñados por Gil Díaz tanto en el sector público como en el privado. Incluso destaca su afición por ''el ciclismo de montaña, el surfing y el esquí alpino'' en sus tiempos libres. Pero el proceso de arraigo abierto en su contra en la PGR permite atisbar que ''quizás se trata de la cara más delictiva del gobierno de Fox'', resume un importante funcionario que solicitó el anonimato.
MI COMENTARIO
¿FECAL realmente tendrà interès en que este asunto se aclare con tal de ganar legitimidad? Por supuesto que no si el esta metido hasta el cuello con el asunto del FOBAPROA-IPAB, desde luego que no va a prosperar dicha investigaciòn contra el exfuncionario ya que saldrìa a la luz uno de tantos casos de la gran corrupciòn del panismo y priismo para proteger a empresarios y banqueros ladrones hipotecando el presupuesto de la naciòn y pagar el gran saqueo del FOBAPROA-IPAB recuerden que el robo es de màs de 120 mil millones de dòlares.
La PGR le inicia proceso de arraigo por presunto desaca
to y abuso de autoridadDenuncia contra Gil Díaz por violar la Ley de Responsabilidades
El PRD exige a la Función Pública sancionar al ex secretario por incurrir en acciones ilegales
Foto: José Carlo González
El ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, resultó consejero asesor de una empresa ligada a la compra de cartera del IPAB, que le vendió las casas de 30 mil pesos a los hijos de Marta Sahagún
El comité directivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal emplazó al secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, a sancionar y seguir una causa penal en contra del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por violar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), al incorporarse al consejo de administración de HSBC Holdings PLC, sin dejar pasar un año, cuando menos, como establecen las normas.
Tras presentar la denuncia correspondiente ante la SFP, el secretario general del PRD-DF, Carlos Reyes Gamiz, destacó que Martínez Cázares no puede eludir su obligación de actuar ''a fondo'', más aún cuando ''es notoriamente claro que Gil Díaz ha cometido una ilegalidad, y que detrás hay intereses perniciosos''.
Destacó que a 37 días de concluir sus responsabilidades en el manejo de la hacienda pública, ''ahora trabaja con información privilegiada a favor de una institución de la banca, que ha dejado mucho que desear por su proclividad a la usura''.
En igual sentido se manifestó el diputado de Acción Nacional (PAN), Obdulio Avila Mayo, quien demandó al titular de la SFP que ''haga su tarea'' y responda a los cuestionamientos contra Gil Díaz. ''Se trata de un ataque a la ética pública y una falta de probidad de un funcionario que manejó información muy delicada sobre el país (y) que esa institución bancaria puede utilizar para sus intereses'', argumentó el panista.
Las exigencias presentadas a Martínez se dan a unos días de que la SFP eludiera el tema de Gil Díaz, mediante un comunicado de cinco párrafos donde planteó que ejercería sus atribuciones jurídicas hasta ''que cuente con elementos probatorios suficientes'' contra el ex funcionario.
Reyes Gamiz sostuvo que han reunido las pruebas necesarias para sustentar la denuncia presentada ayer ante la SFP, y en la cual se señala que Gil Díaz comete ''una flagrante violación'' al apartado 12 del artículo 8 de la LFRASP, entre otros.
Ese artículo, agregó, establece que ''todo funcionario que deje su cargo deberá observar hasta un año después de concluir sus funciones (para ocupar otro en la iniciativa privada), y no usar en su provecho propio o de terceros la información o documentación a que haya tenido acceso en su empleo y que no sea del dominio público''.
Defensa del ex funcionario
Luego de que el PRD presentó formalmente la denuncia, el ex secretario de Hacienda rechazó que su papel como consejero de HSBC se deba a que la filial de esa institución en México haya recibido alguna prebenda, trato especial o reglas favorables durante el sexenio pasado. ''Jamás según Gil Díaz, ni con HSBC ni con persona física o moral alguna he intercambiado decisiones por favor alguno''.
Gil Díaz arguyó que las funciones de consejero independiente no están relacionadas con la operación de algún intermediario financiero de HSBC, ni con operaciones en el territorio nacional, ni tendrían efectos o consecuencias en México. En caso de que se presentara un asunto relacionado con el país, sostuvo, ''yo me excusaría de participar''.
Mediante un comunicado, el ex funcionario afirmó que ''se pueden auditar e investigar las acciones de la Secretaría de Hacienda y de las comisiones a mi cargo durante los seis años anteriores respecto a HSBC México, para confirmar que no hubo ninguna decisión a su favor''.
Además, aseguró que su desempeño como consejero de HSBC ''no viola'' la LFRASP, porque ese ordenamiento ''se refiere a instituciones reguladas por las autoridades mexicanas''.
Destaca que ''en el caso de esa institución, como sociedad controladora extranjera de entidades financieras, sus funciones son supervisadas por las autoridades del país en que está constituidas. Por lo tanto están bajo la jurisdicción de leyes extranjeras''.
Pese a los argumentos de Gil Díaz, otros diputados del PRD, como el secretario de la comisión de Hacienda, Camerino Márquez Madrid, advirtieron que existe el riesgo de que el ex titular de Hacienda utilice información privilegiada. ''Hay un claro conflicto de intereses y violación a la Ley de Responsabilidades'', aseveró el perredista, que se sumó a la exigencia hecha a la SFP para que se investigue y aplique la ley en el caso.
Elizabeth Velasco, Ciro Pérez, Antonio Castellanos y Rocío González
* ''Grave conflicto de interés'' entre su cargo federal y su intervención a favor de ISOSA
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
La zaga de impunidad que cubrió la actuación pública del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quedó nuevamente exhibida una vez que el banco inglés HSBC dio a conocer ayer en Londres, que el nuevo integrante de su consejo de administración es, también, consejero asesor de la empresa J.E. Roberts Cos. Inc., una compañía estrechamente ligada a negocios de compra de cartera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
¿Qué es J.E. Roberts?
J.E. Roberts es uno de los principales accionistas de Fénix señala Mario Di Costanzo, responsable de la Hacienda pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador.
''Es una administradora de cartera. Fénix le compra su cartera al IPAB y le compra activos. De hecho Fénix le vendió los bienes, las casas de 30 mil pesos, a los hijos de Marta Sahagún''.
Explica: ''Esto quiere decir que Francisco Gil Díaz también tiene graves conflictos de interés, porque él era presidente de la junta de gobierno del IPAB como secretario de Hacienda, y ahora se sabe que era consejero, miembro de la junta de gobierno de esta empresa J.E. Roberts, accionista principal de Fénix''.
HSBC Holdings Plc confirmó la designación de Gil Díaz como integrante de su consejo de directores a partir del 2 de enero pasado, mientras en México la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de arraigo en contra del ex secretario de Hacienda por presunto desacato y abuso de autoridad.
El banco inglés, del que ahora es integrante Francisco Gil, es propietario de la cuarta institución bancaria en importancia del país tras la compra de Bital durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, y es también uno de los mayores beneficiados del rescate bancario.
A su paso como titular de la Secretaría de Hacienda, Gil Díaz solicitó en dos ocasiones la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el rescate bancario, y en una tercera pidió la intervención de la Corte para frenar la fiscalización que este órgano realizaba a la empresa ISOSA, por el controvertido uso de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos al amparo del fideicomiso Aduanas 1.
Las confrontaciones con la ASF fueron prácticamente una constante durante la gestión de Gil Díaz al frente de Hacienda, e impidieron transparentar el proceso por el cual el quebranto bancario derivó en deuda pública, que asciende a más de 1.2 billones de pesos hasta el momento.
Francisco Gil Díaz dejó un largo rastro de obstáculos interpuestos a la transparencia y la rendición de cuentas. El caso más sonado, que también propició la intervención de la Corte a petición de la Secretaría de Hacienda bajo su cargo, fue el que involucró a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), una compañía creada en 1993 en cuya creación participó el ex secretario de Hacienda del ex presidente Fox, cuando se desempeñó como subsecretario de Ingresos de esa dependencia en el gobierno de Carlos Salinas.
Por tres años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones para determinar la causas por las cuales ISOSA obtenía sus ingresos del cobro de los Derechos de Trámite Aduanero, sin reportarlos a la Tesorería de la Federación. El monto de las observaciones sumaba 9 mil 985 millones de pesos hasta 2004, cuando inició la querella en la Corte, interpuesta por Hacienda con el argumento de que esos recursos eran privados.
Casi dos años después, en agosto de 2006, la Corte emitió una resolución que obligó a la ASF a suspender los trabajos que realizaba. El auditor Arturo González de Aragón, comentó: ''hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros 800 y tantos millones de pesos''.
Con todo y que la resolución de la Corte determinó que los recursos observados por la ASF son privados, en los reportes oficiales sobre el proceso de liquidación de ISOSA, iniciado antes de concluir el gobierno anterior, se informa que se realizó una devolución de 2 mil 457 millones de pesos. Di Costanzo señala que esa situación crea confusiones y levanta suspicacias: ''¿Por qué si eran privados se reintegraron a la Tesorería de la Federación?'', pregunta.
González de Aragón fijó su posición y la de la Auditoría Superior: ''Logramos recuperar 25 por ciento de toda la cantidad observada por la ASF y estoy cierto, estoy seguro de una sola cosa, si nosotros no hubiéramos intervenido, no se recupera un solo peso''.
La zaga de operaciones y manejos opacos durante la gestión de Francisco Gil Díaz al frente de Hacienda es tal, que llegó a trascender el ámbito de las posiciones políticas de los partidos y conjuntó a tirios y troyanos.
El 9 de junio de 2006, una comisión del Senado de la República, en la que participaron legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, interpuso una demanda en la Secretaría de la Función Pública, en la que acusaron a los miembros de la junta de gobierno del IPAB y a la Secretaría de Hacienda, de haber eludido un fallo de la Suprema Corte y convertir en deuda pública pagarés del rescate bancario que presentan irregularidades y significan para los contribuyentes un quebranto por 72 mil 700 millones de pesos.
La investigación continúa, comentó Mario Di Costanzo, por lo cual responsabilidad de Francisco Gil Díaz aun no concluye, pues la ley establece que debe pasar un año después de dejar el cargo público, y el ex secretario de Hacienda ''es todavía un funcionario público sujeto a investigación''.
En la presentación de la trayectoria seguida por su nuevo consejero, HSBC Holdings Plc describe cada uno de los cargos desempeñados por Gil Díaz tanto en el sector público como en el privado. Incluso destaca su afición por ''el ciclismo de montaña, el surfing y el esquí alpino'' en sus tiempos libres. Pero el proceso de arraigo abierto en su contra en la PGR permite atisbar que ''quizás se trata de la cara más delictiva del gobierno de Fox'', resume un importante funcionario que solicitó el anonimato.
MI COMENTARIO
¿FECAL realmente tendrà interès en que este asunto se aclare con tal de ganar legitimidad? Por supuesto que no si el esta metido hasta el cuello con el asunto del FOBAPROA-IPAB, desde luego que no va a prosperar dicha investigaciòn contra el exfuncionario ya que saldrìa a la luz uno de tantos casos de la gran corrupciòn del panismo y priismo para proteger a empresarios y banqueros ladrones hipotecando el presupuesto de la naciòn y pagar el gran saqueo del FOBAPROA-IPAB recuerden que el robo es de màs de 120 mil millones de dòlares.
viernes, 5 de enero de 2007
Elude Función Pública referirse a caso Gil Díaz
Sin mencionar directamente el caso del ex secretario de Hacienda y Crédito Pública, Francisco Gil Díaz, y su incorporación como consejero del HSBC, con sede en Londres, Inglaterra, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que procederá jurídicamente hasta que "cuente con elementos probatorios suficientes". En un breve comunicado de prensa, dado a conocer ayer por la noche, la dependencia a cargo de Germán Martínez quien prometió a los medios de comunicación apertura total de la dependencia, señaló que "tiene facultades para analizar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos o ex servidores públicos, cuando sus conductas concretas pudieran significar conflictos de intereses".
MI COMENTARIOYa parecee que van a investigar al ex-secretario de Hacienda. Es puro tramite y por el escandalo pero no va a pasar absolutamente nada, si con el fraude del FOBAPROA-IPAB donde el pueblo tiene que pagar màs de 120 mil millones de dòlares no paso nada menos con este asunto.
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