México SA
Carlos Fernández-Vega
Aeroméxico y sus 12 años de rescate
Segura exención fiscal en la venta a Forbes o a los Saba
Aunque parezca increíble, tras 12 años de permanente "rescate" financiero (erario paga) parece que ahora sí Aeroméxico regresará al sagrado rebaño de la iniciativa privada y, como es costumbre en este tipo de casos, el consorcio quedaría en manos de una de las orgullosas familias Forbes.
Ante la eventual participación de un igualmente casual segundo tirador, los empresarios Alberto Saba Raffoul y Moisés Saba Masri adelantáronse para ofrecer la compra de entre 62 y 100 por ciento de las acciones serie A del Consorcio Aeroméxico, la cual, a precios actuales, implicaría una erogación de 200 (precio de mercado) a 330 millones (valor en libros) de dólares, siempre y cuando no se reporte la clásica "baja natural" en el precio de los títulos que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y se concretaría justo allí, en el mercado bursátil nacional, con lo que ello fiscalmente implica (léase cero impuestos).
A estas alturas, el paquete accionario del Consorcio Aeroméxico se distribuye de la siguiente manera: 45.37 por ciento en manos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); 10.16 por ciento en las de la Secretaría de Hacienda; 6.47 por ciento en las de Nacional Financiera, a cuenta propia y de terceros, y 38 por ciento en las del público inversionista.
Así, los Saba se quedarían íntegramente con el paquete accionario gubernamental (62 por ciento en total) o, ya encarrerados, con 100 por ciento (el mencionado paquete, más las acciones en manos del público inversionista). Y si se atienden los precios vigentes la primera porción les costaría de 126 (precio de mercado) a 205 (valor en libros) millones de dólares, y el pastel completo de 200 a 300 millones de dólares, sin considerar posibles negociaciones a la baja, extrañas caídas en el precio de los títulos ni devoluciones por "ajustes" posteriores, como sucedió con la reprivatización bancaria y muchas otras empresas otrora del Estado.
En cualquiera de los casos, el monto "recuperado" tras 12 años de "rescate" permanente, de ninguna manera resarciría los cuantiosos dineros públicos involucrados en este "salvamento" privado. De hecho, y en el mejor de los casos, el monto más bajo entre los citados (126 millones de dólares) apenas si sería útil para atender las pérdidas netas acumuladas que el Consorcio Aeroméxico reportó sólo en el primer semestre de 2007, que suman mil 173 millones de pesos.
Al cierre de la jornada bursátil de ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, el precio de la acción de Consorcio Aeroméxico se fijó en 2.25 pesos. En la misma fecha, pero de 2006, dicho precio fue de 2.7 pesos, y en agosto de 2005 (poco antes de la venta de Mexicana de Aviación) estuvo cerca de los ocho pesos por título. Ayer también, el valor en libros de cada acción fue de 3.7 pesos. Después del anuncio de los Saba habrá que monitorear el comportamiento de los papeles.
En diciembre de 2005 se concretó la reprivatización de Mexicana de Aviación. Por ella, el Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga, pagó, según el boletín oficial, 165.5 millones de dólares. Veinte minutos después, este empresario repartió el pastel entre sus amigos. En este contexto, nada raro sería que el precio final por la venta (le llaman "desincorporación") de Aeroméxico desilusione a más de uno.
Al enterarse de la intentona, el Consorcio Aeroméxico, que preside Andrés Conesa, se limitó a confirmar el hecho y comprometerse a "mantener informado al público inversionista de los avances de dicho evento".
En su propuesta, Alberto Saba Raffoul y Moisés Saba Masri dejan en claro que solicitarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores "la constancia conforme a las disposiciones fiscales aplicables, a efecto de que no se lleve a cabo la retención de impuesto sobre la renta", y especifican que la operación de compra-venta de las acciones del Consorcio Aeroméxico se llevaría a cabo en el paraíso fiscal llamado mercado bursátil nacional. No obstante, subrayan que una vez concluido el proceso y garantizada la exención fiscal, lo más seguro es que, con todo y nueva adquisición, se retiren de la Bolsa Mexicana de Valores.
Moisés Saba Masri es presidente ejecutivo de Cosmofrecuencias, fue socio de Ricardo Salinas Pliego en Unefón, y con él compartió el escándalo Codisco, amén de ocupar la presidencia ejecutiva de Televisión Azteca hasta 1997. Tiene jugosos negocios en el sector textil, al igual que su padre, Alberto Saba Raffoul, quien también fue integrante de los consejos de administración de Unefón, Tv Azteca y Compañía Operadora de Teatros. Este personaje es el presidente del consejo de Hyatt Regency Mexicana y del Grupo Econocinemas. Ambos participan ampliamente en el negocio de bienes raíces y en muchos más, aunque su fuerte no son las líneas aéreas del alcance de Aeroméxico.
Esto último podría ser un impedimento, pero si recordamos que los bancos y tantas otras paraestatales se vendieron a farmacéuticos, especuladores bursátiles, cerveceros, refresqueros, cañeros y demás amigos del amigo, pero sin ninguna experiencia bancaria, a estas alturas qué más da que, después de utilizar miles de millones del erario, Aeroméxico se venda barato y a un inexperto grupo empresarial que sabe que de cualquier suerte los dineros públicos están para atender los "rescates" privados.
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miércoles, 22 de agosto de 2007
viernes, 10 de agosto de 2007
INDICADORES FINANCIEROS
| Mercado de cambios | |
|---|---|
| USD | 10.9832 |
| EUR | 15.0909 |
| Mercado de deuda | |
| TIIE 28 | 7.7150 |
| CETES 28 | 7.19 |
| Mercado de valores | |
| Indice | 29,277.02 |
| Variación | -606.94 |
| Variación % | -2.03 |
| Volumen | 20,601,628 |
| Salario mínimo | |
| General | $48.88 |
| Zona A | $50.57 |
| Zona B | $49.00 |
| Zona C | $47.60 |
| Inflación | |
| Mensual | 0.42% |
| Acumulada en el año | 1.01% |
| Anual | 4.14% |
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CONTRA REFORMA FISCAL: LOS PELIGROS DE QUE SE APRUEBE
Se dejaría de producir 40% de libros, dice el presidente de la Concamin Guanajuato
La reforma fiscal afectará producción editorial y regalías para escritores
León, Gto., 9 de agosto. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) en Guanajuato y empresario editorial, Adolfo Rezza Sanmartín, estimó que la reforma fiscal planteada por el gobierno federal afectará a la producción nacional de libros "y podría dejar fuera del pago de regalías a muchos escritores".
En conferencia de prensa a la que citó la Concamin Guanajuato para exponer su punto de vista respecto a los nuevos tributos, Rezza Sanmartín expresó que con el modelo fiscal que se ha planteado "se dejarían de producir 40 por ciento menos de libros lo que impactaría de manera grave a la educación en México, puesto que hoy por hoy tenemos un consumo per cápita de un libro por mexicano, al encarecer el producto, caería de manera estrepitosa".
Mencionó que el ramo editorial ocupa una importante cantidad de mano de obra en el país "el no poder deducir todos esos salarios ni las regalías que los editores pagan a los autores, así como el costo de producción para imprimir ejemplares de todo tipo, repercutiría en el costo del producto final, por ello planteamos que esa reforma afectaría a la industria editorial y a la educación del país".
Según Rezza en México se producen 28 millones de libros al año, pero "con la reforma se estarían produciendo 40 por ciento menos, los autores tendrían poca demanda y tendrían que buscar otra actividad porque serían pocos los contratados y, luego entonces, no van a generar cultura para este país".
Por separado, el presidente de la Cámara de Industriales del Calzado del estado de Guanajuato (CICEG), José Abugaber Andonié, estimó que el sólo hecho del anuncio de la reforma fiscal tal y como se ha propuesto, provocó una reducción de 15 millones de pares de calzado mexicano que se tenían previstos en las próximas semanas.
"México produce 260 millones de pares de calzado al año, pero la propuesta de la reforma fiscal ha provocado que una cuarta parte de nuestra industria esté trabajando en menor cantidad y al término del año se habrán dejado de producir entre 10 y 15 millones de calzado", dijo.
Mencionó que por ahora y dada la incertidumbre entre los empresarios sobre cómo quedarán los nuevos impuestos "se han frenado las inversiones, algunos miembros de la cámara no saben qué va a pasar, qué harán si compran, si contratan personal, no saben si van a invertir o no porque hay confusión e incertidumbre, ello ha provocado baja en la producción y, por ende se ha tenido que trabajar de manera diferida lo que ha impactado en 35 por ciento menos de ingreso para nuestros trabajadores".
La Concamin Guanajuato previó que en caso de darse la reforma fiscal como se ha planteado podrían perderse 200 mil empleos en los próximos tres años por la desventaja que se tendría en Guanajuato al pagar impuestos estatales y federales.
Y MAS SOBRE LA CONTRAREFORMA FISCAL DEL PRESIDENTE ESPURIO
Encarecerá el esquema fiscal en $300 mil millones
La CETU pegará más a la economía formal, afirman ejecutivos de finanzas
El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Sergio F. Ruiz Olloqui Vargas, aseguró que la iniciativa para aplicar la Contribución Empresarial a Tasa Unica (CETU) "encarecerá" nuestro esquema fiscal en 300 mil millones de pesos para el 40 por ciento de la economía que está en la formalidad, y no combate seriamente al 60 por ciento de los contribuyentes que se encuentran en la ilegalidad.
"Hasta el momento no se ve con claridad que la CETU se vaya a modificar y en el IMEF consideramos sumamente urgente implementar una verdadera reforma hacendaria que permita al país ser más competitivo. El tiempo se está agotando. Confiamos en que al final de todo prevalezca la razón".
Indicó, que las inversiones se están difiriendo porque las empresas saben que el tratamiento es diferente al actual y el que se les dará a partir de enero de 2008, advirtió José Luis Fernández, integrante del Comité Nacional de Estudios Fiscales del IMEF.
En conferencia de prensa, los especialistas afirmaron que las reformas propuestas por el Ejecutivo son un retroceso en la competitividad de nuestro esquema fiscal, porque generará una doble tributación para un grupo muy importante de contribuyentes por no incluirse hasta el momento la posibilidad de que la CETU sea acreditable en el extranjero."Esto en la parte macroeconómica tendrá repercusiones en la atracción de capitales".
Adicionalmente se afectará de manera improcedente a un grupo importante de contribuyentes por la falta de proporcionalidad y equidad.
Fernández Fernández consideró que la iniciativa de reforma hacendaria no incorporar la experiencia internacional y, en su lugar, propone un esquema similar al que está vigente.
Explicó que la aplicación de la CETU es un esquema donde se mantiene el impuesto sobre la renta, acompañado de un impuesto que en la teoría es un impuesto mínimo complementario (no en la práctica, pues se trata de un impuesto máximo no complementario).
Destacó que hasta la fecha ninguno de los 34 países con los que tenemos tratados para evitar la doble tributación reconocen a la CETU como un ISR y por lo tanto no aceptan su acreditamiento, generándose con ello una doble tributación en este impuesto para todos aquellos contribuyentes que sean subsidiarias de empresas extranjeras.
Evaden pagar impuestos 80% de profesionistas
El 80 por ciento de los profesionistas evade el pago de impuestos, aseveró Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al demandar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensifique la recaudación en lugar de pretender incrementar las cargas fiscales entre los contribuyentes cautivos.
El dirigente del organismo cúpula del sector privado insistió en que por factores como el mencionado, las autoridades tienen "un margen de acción altísimo" y puede reducirse al 12 por ciento la contribución empresarial de tasa única (CETU) como han demandado los empresarios.
"Lo que no sería adecuado es que por no tener una eficiencia se quieran cargar los impuestos a los cautivos. Si bien con el 12 por ciento hay un buen nivel de recaudación y estamos cruzando cifras tratando de llegar a consensos en los números, por el otro lado Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para incrementar la recaudación", dijo.
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EXITO ECONOMICO: En julio, el mayor aumento inflacionario
En julio, el mayor aumento inflacionario
Presionada al alza por un repunte de los precios agropecuarios, la inflación avanzó 0.42 por ciento en julio pasado, el mayor incremento para un periodo similar en los últimos siete años, informó este jueves el Banco de México.
Con el resultado de julio, la variación del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el indicador que mide la inflación, alcanzó 4.14 por ciento en los últimos 12 meses, una proporción que rebasa el tope máximo fijado en la meta oficial, y que anticipa efectos en algunas actividades económicas y financieras que se determinan a partir de esta variable, como son las tasas de interés.
La meta de inflación anual fijada por el Banco de México es de 3 por ciento, con un intervalo de variación de un punto porcentual, hacia arriba o abajo.
En el reporte, el banco central indicó que uno de los factores que impulsó la inflación en julio fue el repunte en el precio de productos agropecuarios, en especial el de la leche pasteurizada.
''El incremento de la inflación en julio superó las expectativas, pero no es un elemento de preocupación'', comentó Arturo Vieyra Fernández, analista de Banamex-Citigroup. ''Sorprendió el avance de los precios agropecuarios, de 1.67 por ciento en el mes, que fue muy arriba de nuestra estimación de uno por ciento'', apuntó. Para el analista, el dato sobre la inflación en julio puede ser considerado ''negativo'', aunque, agregó, no implica un incremento de las presiones inflacionarias, en virtud de que se prevé que se reviertan los aumentos en los bienes agropecuarios.
En su informe sobre inflación del segundo trimestre de 2007, el banco central consideró la semana pasada que las presiones inflacionarias se atenuarán en la segunda mitad del año, aunque no se alcanzará la meta de crecimiento promedio de los precios a niveles de 3 por ciento sino hasta finales de 2008.
Mientras tanto, Octavio Gutiérrez, analista de BBVA Bancomer, coincidió en que el comportamiento de la inflación de julio fue dominado por las alzas en precios de lácteos, servicios turísticos en paquete y productos agrícolas. ''Hacia adelante persiste la incertidumbre sobre el comportamiento en el precio de los alimentos'', añadió el analista. Mencionó que la Secretaría de Agricultura proyecta un alza en la producción de leche de 17 por ciento en el tercer trimestre de 2007, en comparación con el segundo trimestre de este año, ''pero los mercados internacionales de futuros continúan registrando elevadas cotizaciones''.
Y MAS SOBRE LOS EXITOS ECONOMICOS DEL PRESIDENTE ESPURIO
Cuestiona Jaime Yesaki acuerdo sobre la tortilla
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jaime Yesaki, puso en duda que se hayan cumplido todos los puntos del "Acuerdo y mesa de diálogo para el fortalecimiento, el abasto y la estabilidad de precios de la cadena maíz-tortilla", que el gobierno federal firmó con los productores e industriales del ramo. "Yo recuerdo uno de ellos que era sobre una reserva estratégica de maíz y yo no sé si eso esté operando actualmente", dijo el dirigente, pero ponderó que lo más importante es que se haya estabilizado el precio de la tortilla. La primera versión del citado acuerdo-- llamado "Acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla" y que fue firmado el 18 de enero--, estaba conformado por 13 puntos, que se redujeron a 12 cuando fue ratificado el 25 de abril. Si bien la mayoría de los objetivos marcados en ambos documentos es coincidente en su mayoría -sobre todo en lo referente a los precios de venta del maíz, la harina y la tortilla en las tiendas de Diconsa, las tortillerías y los supermercados, así como el monitoreo u vigilancia de Profeco--, no ocurre lo mismo con los concernientes a la reserva estratégica de maíz y los contratos anticipados.
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MAS DEUDA PARA LOS CIUDADANOS: El gobierno erogará en 2008 $200 mil millones por Pidiregas
Con ese monto deberá cubrir la amortización de capital y pago de intereses: BdeM
El gobierno erogará en 2008 $200 mil millones por Pidiregas
Es limitado el gasto público en infraestructura, educación y combate a la pobreza, indica el banco central
Creció 118 mil millones la deuda interna bruta federal en 6 meses: Hacienda
El gobierno federal deberá erogar en 2008 un monto equivalente a 200 mil millones de pesos para cubrir la amortización de capital y pago de intereses de la deuda asumida para financiar proyectos de infraestructura, advirtió este jueves el Banco de México (BdeM), en un documento en el que llama la atención sobre el deterioro de las finanzas públicas, expresado en un estancamiento del gasto de capital y un incremento en el gasto corriente.
Las obligaciones por 200 mil millones de pesos derivadas de la contratación de deuda para construir infraestructura para las empresas estatales del sector energético, a través del esquema Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) equivalen a dos terceras partes de los 300 mil millones de pesos en que el gobierno federal espera aumentar la recaudación con la propuesta de reforma fiscal presentada en junio pasado.
El banco central asegura que el gasto público en infraestructura, educación y reducción de la pobreza es limitado, mientras el país muestra una situación fiscal que lo coloca como una de las naciones de más baja recaudación. Opinó que la creación de un impuesto de control, como el propuesto en la iniciativa de reforma hacendaria que presentó el gobierno, apunta a aumentar la carga sobre aquellos que ahora no pagan impuestos, sin afectar a las empresas por un mayor costo de sus nóminas. Incluso, dijo, la contribución especial de tasa única (CETU), planteada en la iniciativa, constituye un estímulo a la inversión privada en capital, por ser deducible.
En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la deuda interna bruta del gobierno federal, representada por la emisión de bonos en el mercado local, creció en el primer semestre de este año 118 mil millones de pesos con respecto al cierre de diciembre de 2006. De este modo, se ubicó en un billón 790 mil millones de pesos. El mayor débito fue a través de Bonos de Desarrollo (Bondes), con un total de 801 mil 391.6 millones de pesos.
La SHCP indicó que al 30 de junio pasado, el saldo de la deuda neta del gobierno federal -que incluye pasivos en el exterior y la contratada internamente- se ubicó en 2 billones 2 mil 978.3 millones de pesos. De este monto, 77.8 por ciento está constituido por deuda interna y la parte restante por deuda externa.
Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), la deuda del gobierno federal se ubicó en 19.8 por ciento, cifra menor en 1.3 puntos porcentuales a la observada al cierre del año pasado.
Los pasivos derivados de la contratación de Pidiregas, mecanismo al que recurren Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para que el sector privado construya obras para las empresas estatales, no están considerados en el saldo de la deuda neta total.
Un sistema inequitativo
El Banco de México, en un documento distribuido ayer, apuntó que en el sistema tributario de México predominan los tratamientos especiales.
Estos regímenes de excepción han conducido, entre otros factores, a una situación donde el sistema tributario tiene una baja recaudación, tanto en términos absolutos como respecto a otros países, además de que ''no conduce a la equidad, propicia la evasión y es conducente a la elusión fiscal''. También, genera ''fuertes distorsiones, es de difícil administración y es fuertemente dependiente de los ingresos petroleros''.
Con el título Consideraciones sobre la reforma integral de la hacienda pública, el documento del banco central mencionó que los gastos en infraestructura física, en combate a la pobreza y en el fomento del capital humano, como son las partidas para educación y salud ''tienen un muy elevado rendimiento social''.
Sin embargo, en México el gasto público en estos renglones ''es reducido, como resultado de la baja recaudación'', por lo que en el país se ''enfrentan dos retos principales'': incrementar el monto de los recursos destinados a proyectos con una elevada rentabilidad social, y ejercer eficientemente estos recursos, con transparencia y rendición de cuentas''.
La información ofrecida por el banco central da cuenta de que el gasto en capital apenas se ha movido en los últimos años, mientras se ha elevado el llamado ''gasto corriente'', donde se incluye el costo de la administración pública en sueldos, salarios, operaciones y el pago de pensiones.
Entre 1997 y 2000 el gasto público en inversión física fue de 2.8 puntos del producto interno bruto (PIB), porcentaje que disminuyó a 2.7 puntos del PIB entre 2001 y 2006, periodo que corresponde a la administración del ex presidente Vicente Fox (cuando se registraron ingresos petroleros históricos).
En cambio, el gasto corriente de la administración pública fue equivalente a 12.7 por ciento del PIB en promedio anual entre 1997 a 2000. Pero en el periodo que corresponde a la administración foxista, el costo del aparato de gobierno creció a 13.9 por ciento del PIB, también en promedio anual.
Es en este panorama que, además de las obligaciones derivadas del pago de las deudas externa e interna, las finanzas públicas se verán presionadas en 2008 por el hecho de que las amortizaciones e intereses de los Pidiregas son equivalentes a 2 puntos del PIB, unos 200 mil millones de pesos.
Entre 2008 y 2015, el costo total de los Pidiregas será de entre 2 y 1.5 puntos del PIB cada año. Un punto del PIB equivale a 100 mil millones de pesos.
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jueves, 9 de agosto de 2007
Los grupos de poder no quieren pagar impuestos
Entrevista a David Ibarra Muñoz, ex secretario de hacienda
Los grupos de poder no quieren pagar impuestos
Esos grupos se salen con la suya porque “son los poderes fácticos”. Advierte que México va al desastre fiscal y que la CETU es un IVA disfrazado cuyo costo será trasladado por los empresarios a los consumidores
En la discusión de las últimas semanas sobre la propuesta que hizo el gobierno federal para introducir algunos cambios al sistema tributario “se ha reflejado clarísimamente que los principales grupos de poder económico nacionales y extranjeros no quieren pagar impuestos y que se salen con la suya”. Habla David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y autor de varios libros recientes sobre la economía mexicana y su inserción en el proceso global:
“Los grupos de poder no quieren pagar impuestos. Y se salen con la suya porque son los poderes fácticos y porque nuestros partidos políticos son débiles y tímidos y no se atreven a decir ‘no’”.
Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1997 y 1982, encuentra que la propuesta gubernamental de crear un impuesto mínimo de control llamado Contribución Empresarial de Tasa Unica (CETU) es en realidad un “IVA disfrazado”. La estructura de la CETU, si es aprobada como la propuso Hacienda en junio pasado, permitirá a las empresas trasladar ese costo a los consumidores finales “sin importar el nivel de ingreso de esos consumidores”, agrega. Augura: México va al desastre fiscal.
Desde que el gobierno federal presentó su propuesta de reforma fiscal, varios grupos empresariales han cuestionado el planteamiento de aplicar la CETU a aquellas compañías que hasta ahora recurren a las diversas exenciones y excepciones fiscales para no tributar el impuesto sobre la renta. Esta contribución, a la que también se opone el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, fue presentada por el gobierno como un gravamen que, junto con algunas otras medidas, podría elevar la recaudación fiscal, que ahora es de 9 por ciento del producto interno bruto –una de las más bajas del mundo en desarrollo– en tres puntos, unos 300 mil millones de pesos.
Autor, entre otros, de Ensayos sobre economía mexicana, publicado por el Fondo de Cultura Económica el año pasado, ex director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de México, Ibarra considera en una entrevista con La Jornada que la propuesta fiscal del gobierno lleva a las finanzas públicas a un mayor debilitamiento. Las empresas van a pagar menos de lo que hacen ahora y, si tuvieran algún costo con la CETU, lo trasladarán a los consumidores. Incluso, afirma, la propuesta es de carácter inflacionario.
–¿Quién paga y quién no paga impuestos en México?
–En México hay dos clases de impuestos. Los indirectos, fundamentalmente el IVA y el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios, que se cobran a productos como refrescos, cigarros o gasolina), que pagan todos los consumidores, parejito, sin distinción de si son ricos o pobres. Y el impuesto sobre la renta (ISR), dividido en dos partes: la que aportamos las personas como individuos y lo que cubren las empresas. Lo que pagan los individuos y las empresas no es más de 4 o 5 por ciento del PIB y, de eso, más de la mitad corresponde a las personas. En Brasil el ISR equivale a 15 por ciento del PIB. En México la mayor parte de los impuestos la aportan las personas, independientemente de su nivel de ingresos. Lo que se paga en términos de las empresas y de los impuestos al capital es poquísimo. Por ejemplo, en herencias, legados, impuestos a las ganancias de las bolsas de valores aquí se contribuye 0.3 por ciento del producto, mientras en otros países es 3 por ciento, es decir 10 veces más.
–El gobierno actual afirma que su propuesta busca que las empresas que no pagan impuestos contribuyan al fisco, así sea con una aportación mínima.
–No sé que es lo que busca la propuesta. En cierto sentido los trabajadores del sector informal, con la CETU, van a pagar más impuestos, va haber lo que se llama ampliación de base, pero estamos desgravando a los más ricos.
–¿Cómo ocurre esto?
–El ISR es un impuesto que representa un traje a la medida en el sentido de que quienes se encuentran en el mismo estrato de ingreso pagan lo mismo. Eso es la equidad de los impuestos. Y los que se encuentren con más o menos ingresos pagan más o menos, según el caso. En cambio hay otros ingresos en que no importa cuánto gane ni qué actividad desarrolle. Todos pagan lo mismo. Es el caso del IVA. Cada vez que alguien compra algo paga lo mismo, independientemente de su nivel de ingreso. Es decir, esos impuestos no tienen equidad. Y por consiguiente se les llama impuestos regresivos, porque gravan proporcionalmente más a quienes menos tienen. Eso es en esencia lo que estamos viendo en este país. La CETU, aunque en la iniciativa de ley se le llame directo, es un impuesto indirecto porque tiene una tasa igual independientemente de lo que gane la persona. Además es un impuesto transferible. Una empresa lo va a repercutir al consumidor y en ese sentido es exactamente igual que el IVA, con tasa proporcional parejita para todos, que no distingue y no hace el traje a medida de acuerdo con la capacidad tributaria de los contribuyentes. Por eso afecta más a los pobres que a los ricos.
–¿Aun cuando se ha insistido que es un impuesto para empresas que no afecta a las personas físicas?
–Ese es otro de los trucos que se están utilizando. Lo llaman “contribución empresarial de tasa única”, pero resulta que esa contribución la acaban pagando los consumidores. ¿O es que el IVA lo pagan las empresas? Lo van transfiriendo. Pues es exactamente igual con la CETU.
–El objetivo, así lo declaró el gobierno, es que pagarán quienes no están pagando. ¿Entonces no es ese el sentido?
–Pues no. Al contrario, las empresas van a pagar menos.
–Si seguimos esa secuencia, ¿por qué la oposición de los grupos empresariales a la CETU?
–Para un gobierno siempre es más fácil hacer reformas impositivas que no graven a los poderosos, porque los poderosos tienen una capacidad organizativa, jurídica y política para defenderse. Entonces es más fácil gravar a los grupos desorganizados y débiles, porque tienen una capacidad económica y política menor. Por otro lado, los partidos políticos que quisieran una reforma sustantiva, no sólo recaudatoria sino que atendiera problemas de distribución y equidad del ingreso, tendrían que erosionarse frente a los grupos opulentos. El camino más fácil y de corto plazo es no hacer nada y permitir que se cobre a los más débiles.
“Pero –añade– veamos su pregunta. ¿Por qué los grupos empresariales se oponen? Porque quisieran que el gobierno tomara una acción más radical, como suprimir de golpe todo el impuesto sobre la renta, porque saben que ellos pueden transferir los impuestos indirectos y no pagar el ISR. Quisieran sustituir el impuesto sobre la renta por un impuesto indirecto al consumo. Otros quieren sacar un poco más de lo que ya les están dando: quisieran que en vez de que la CETU fuera de 16 a 19 por ciento bajarla a 12. Es decir están negociando pequeñas ventajas”.
Ibarra Muñoz, integrante del consejo de administración del Grupo Carso, cuyo principal accionista es Carlos Slim Helú, considera que la propuesta fiscal del gobierno federal para elevar en 3 puntos del PIB la recaudación es meramente recaudatoria, para tener recursos con que afrontar carencias que se verán en los siguientes años, como la pérdida de ingresos por menor producción de petróleo o el costo fiscal de la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aprobada este año. En el largo plazo no mejora los ingresos, afirma.
–¿Cree que los intereses extranjeros y los nacionales se han alineado para defender esta postura?
–Por supuesto. A nadie gusta pagar impuestos. Se pagan porque es necesario sufragar los gastos del gobierno en mantener el orden, atender los servicios sociales y la formación de capital. Pero a nadie gusta pagarlos, eso es contra Natura. Pero hay una responsabilidad ciudadana de que los impuestos se paguen, responsabilidad ciudadana que debería transmitirse a los partidos para tener un sistema impositivo medianamente equitativo.
–¿Cuál sería un primer paso?
–El primer paso es subir la progresividad del ISR, no cargar más la mano en los impuestos indirectos.
–Pero en los últimos 10 años se ha hecho de la reducción al ISR un atributo de la modernidad.
–Pero es al contrario. Es un signo de atraso, destruye la poca solidaridad social que teníamos.
–Aunque ahora no se puede saber qué va a pasar con la propuesta fiscal, con los planteamientos que ha hecho el gobierno y la discusión en el Congreso y con los grupos empresariales, ¿cuál es el panorama fiscal para los siguientes años?
–Muy malo. México crece poco, por la recesión de Estados Unidos y otros factores. Casi todos los países latinoamericanos van a crecer más, 40 por ciento más este año. Y no nos comparemos con China, que va a crecer 3 o 4 veces más; o India, 2.5 veces más. Eso es culpa de nuestras políticas, porque todos estamos inmersos en el mismo sistema global.
–¿En este tema del crecimiento económico, qué papel debe jugar la política fiscal?
–Importantísimo. Un país no puede crecer si no tiene infraestructura física y sobre todo humana. Las universidades de Europa y EU están llenas de asiáticos y latinoamericanos de otros países distintos a México. En cambio, nuestro sistema educativo este año dará 400 becas al exterior. Hace 25 años otorgaba 3 mil 500 cada año. Y el sistema educativo está haciendo agua por todos lados. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y hacer lo que es necesario, aunque resulte doloroso y difícil.
–¿Qué es eso que considera necesario?
–Primero, ponernos de acuerdo desde el sistema impositivo hasta hacer del crecimiento el objetivo fundamental. Ya no queremos crecer, lo que queremos es tener estabilidad y ni eso logramos bien. Eso es lo que queremos, estabilidad de precios y no nos planteamos dar empleo, crecer, otorgar servicios de salud, buenos servicios educativos, crear la infraestructura. Tenemos un objetivo inhumano. Hemos creído toda la ideología que se nos vende.
–¿Cómo se fue dando este deterioro de la concepción del sistema fiscal?
–Empezó con nuestra adaptación mal hecha a la globalización. Eso se da en los años 80, con la apertura de mercados, la retirada del Estado de la producción, las privatizaciones, etcétera. Eso hace que nuestra tasa de crecimiento económico se reduzca a la mitad o menos de lo que teníamos en esos años. Y al reducirse la tasa de crecimiento también lo hizo la recaudación fiscal, casi en la misma proporción.
David Ibarra Muñoz ex secretario de hacienda
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martes, 7 de agosto de 2007
MAS POBRES CADA AÑO POR LAS POLITICAS ECONOMICAS PANISTAS
Cada año, 300 mil nuevos hogares pobres
De los 300 mil nuevos hogares en situación de pobreza que cada año se forman, sólo 25 mil, que representan menos de 10 por ciento, reciben un apoyo para suelo y vivienda, mientras el resto ocupa territorios irregulares, un lote familiar o vive hacinado.
Ante la falta de suelo apto para la vivienda de personas pobres, el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) propone que se eleve a rango constitucional las políticas públicas en materia de integración de reservas territoriales con fines de habitación social.
Asimismo, plantea la asignación de recursos fiscales a los institutos estatales de vivienda para la adquisición de suelo e infraestructura, para posibilitar el equipamiento y servicios en las zonas donde se construya vivienda social.
Información de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), indica que de los 300 mil nuevos hogares en pobreza, 125 mil ocupan un territorio irregular, 100 mil se asientan en un lote familiar, 500 mil viven en condiciones de hacinamiento y sólo 25 mil reciben algún apoyo para suelo y vivienda.
Los Organismos Estatales de Vivienda (Orevi) plantean analizar las reformas al artículo 27 de la Constitución y su ley reglamentaria, para agilizar el cambio automático del régimen de propiedad ejidal o comunal a propiedad privada.
Para mejorar las condiciones de vida de las familias en pobreza y marginadas en zonas poco adecuadas para vivienda, también proponen impulsar el programa de conversión de suelo social a suelo urbano, a través de los organismos o dependencias especializadas.
Además, plantean crear un fondo o fideicomiso para adquirir suelo a bajo costo y estimular programas de coinversión para fraccionamientos de lotes con servicios para familias de bajos ingresos.
Además, para no lesionar el patrimonio familiar, el Conorevi propone que se impulsen reformas a los códigos penales, para tipificar como delito grave actos tendientes a vender terrenos irregulares.
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