Del periòdico La Jornada

No merece "echar las campanas al vuelo", afirma Rafael López Castañares

Insuficiente, el presupuesto para la educación superior: ANUIES

Admite que hubo disposición de autoriades y legisladores ante el problema

Debido a las negociaciones se lograron 8 mil 206 millones de pesos adicionales a la propuesta original, dice

EMIR OLIVARES ALONSO

Rafael López Castañares, secretario general de la ANUIES, en conferencia de prensa Foto: Roberto García Ortiz

La asignación de 0.58 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la educación superior, tras las negociaciones con el Poder Legislativo, no es suficiente ni merece "echar las campanas al vuelo", pero destaca porque se lograron consensos entre los negociadores y se mostró disposición por parte de autoridades y legisladores ante la problemática, aseguró el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López Castañares.

En conferencia de prensa, indicó que gracias a esas negociaciones se lograron 8 mil 206 millones de pesos adicionales en los recursos para ese nivel educativo, lo que representa poco más de 0.07 por ciento del PIB, en comparación con la propuesta del presidente Felipe Calderón, de 0.51 por ciento.

Asimismo, reveló que tras las negociaciones no se descarta la posibilidad de que se apruebe una ley que establezca los presupuestos multianuales, con el fin de evitar el desgaste en negociaciones cada año.

López Castañares desglosó los rubros que se deben atender "de manera urgente", en los cuales se asignaron las siguientes cifras del nuevo monto adicional:

Para el Fondo de Consolidación de las Universidades Públicas Estatales, un apoyo directo al irreductible de las instituciones de mil millones de pesos. Que se logró la misma cantidad para el Fondo para el Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Estatales.

Durante las negociaciones entre autoridades federales, representantes del Poder Legislativo, la ANUIES y miembros de diferentes instituciones de educación superior, también se logró que para el Fondo de Apoyo a la Calidad de los Institutos Tecnológicos se asignaran 200 millones de pesos adicionales a la primera propuesta.

Para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario de las instituciones estatales se logró un incremento de mil 150 millones de pesos. En tanto que para el Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales de esas universidades se obtuvo un incremento de mil 200 millones de pesos.

El secretario general de la ANUIES informó que para el Fondo de Saneamiento Financiero se asignaron mil millones de pesos; mientras que para el Fondo de Reconocimiento de Plantilla se agregaron 600 millones de pesos.

Para la modernización de la educación superior se consiguió un incremento de 100 millones; para el Programa de Mejoramiento de los Docentes se obtuvo la misma cantidad; mientras que para el Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales se logró la cantidad de 65 millones de pesos; además de que para el apoyo a actividades relacionadas con la educación superior se obtuvieron 80 millones extra a la primer propuesta.

En tanto, para las principales instituciones de educación superior del país se obtuvieron las siguientes cifras extra: 680 millones de pesos para la Universidad Nacional Autónoma de México; 147 millones para la Universidad Autónoma Metropolitana; para la Universidad Pedagógica Nacional se lograron 9 millones; para el Instituto Politécnico Nacional, 491 millones de pesos; para el Colegio de México, 39 millones, y para el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), 90 millones.

En torno al déficit presupuestario para ciencia y tecnología, López Castañares aseguró que se deben continuar con los esfuerzos, porque "lo aprobado no estuvo acorde a las necesidades del sector".

Subrayó que para alcanzar 1.5 por ciento del PIB que prometió el presidente Felipe Calderón para la educación superior, el incremento anual tiene que ser de 0.15 por ciento para lograr la meta en seis años y con ello tener una cobertura de 30 por ciento a escala nacional y no menor a 20 en cada una de las 32 entidades del país para 2012.

MI COMENTARIO

Ah pero eso si para el pago del fraude del FOBAPROA siempre hay dinero verdad. Recuerden el FRAUDE Y ROBO del FOBAPROA-IPAB es de màs de 120 mil millones de dòlares.

CARTONES DE LA JORNADA

Discurso conocido · El Fisgón

Bienaventurados · Rocha

Optimismo · Hernández

CARTONES DEL PERIODICO LA JORNADA

Operativo · Rocha

Alzas · Hernández

Un neoliberal en acción · Helguera

Cartones de La Jornada

Luis Felipe XVI · Helguera

ISOSA controló también el registro de vehículos: ASF

Del periòdico La Jornada

El órgano presentará en marzo informe sobre el caso

ISOSA controló también el registro de vehículos: ASF

Sigue sin conocerse el uso y destino de $10 mil millones
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
Integradora de Servicios Operativos S. A. (ISOSA), la empresa fundada por Francisco Gil Díaz, que por más de 10 años obtuvo ingresos del cobro de un impuesto no enterado al erario, recibió del sector público no sólo personal, bienes e instalaciones sin costo, sino la administración del Registro Federal de Automóviles, reveló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón.
Al comentar los pormenores que llevaron a este órgano a fiscalizar por cuatro años consecutivos el fideicomiso Aduanas I ­al amparo del cual operó ISOSA­, González de Aragón afirmó que la ASF encontró contratos que prueban que el Registro Federal de Automóviles se dio en uso a esa empresa, y adelantó que los trabajos continuarán en la revisión de la cuenta pública 2005, cuyos resultados se conocerán el 31 de marzo próximo.
Varias son las madejas tejidas con una misma hebra, que conduce siempre a la actuación de Gil Díaz como funcionario de la Secretaría de Hacienda, desde que fue subsecretario de Ingresos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta que se desempeñó como titular de la dependencia en el sexenio de Vicente Fox. Todo dentro de una trama que dejó en la opacidad el uso y destino de casi 10 mil millones de pesos que, cobrados como derechos de trámite aduanero, no fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.
"Nosotros partíamos de varias consideraciones", aseguró el titular de la ASF. "La primera era que se le habían transferido a ISOSA personal, bienes e instalaciones. Inclusive, el Registro Federal de Automóviles se le dio en uso a ISOSA como una empresa. Hay contratos que lo prueban. Todo sin costo.
"Segundo: el fideicomiso (Aduanas I), que se dice privado, fue constituido con un comité técnico en el cual todos son servidores públicos. De manera que todos estos elementos generan, obviamente, grandes dudas sobre la naturaleza del fideicomiso y sobre la calidad de los recursos que se están recaudando. La ley establece con toda claridad que cualquier impuesto, derecho, producto o aprovechamiento tiene que ser depositado en la Tesorería de la Federación. De ahí vino nuestro cuestionamiento", señala González de Aragón.
Son recursos privados: SCJN
Los reportes de la ASF machacaron por tres años la opacidad en la situación descrita, hasta que en agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que intervino a petición de la Secretaría de Hacienda, emitió una resolución en la que declaró que los ingresos obtenidos por ISOSA mediante el cobro del derecho de trámite aduanero eran privados.
Pero la resolución dejó un resquicio, y ahora los trabajos del órgano legislativo sobre la cuenta pública 2005 se centran en el análisis del mecanismo que se utilizó para distribuir cada peso recaudado por la aplicación de ese gravamen.
La ASF ya había detectado fluctuaciones importantes en el porcentaje de los recursos depositados en la Tesorería de la Federación. González de Aragón detalló que la proporción varía de 50 por ciento en 1993 (cuando se creó ISOSA) a 87.72 por ciento en 1988, pero en 2003, cuando Gil Díaz ya era secretario de Hacienda, la variación fue de 34.68 por ciento y en 2004 de 13.05 por ciento.
"Todos esos recursos son derechos que se depositan en la Tesorería de la Federación. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿por qué tanta discrecionalidad?", cuestionó González de Aragón en una participación pública, en la que definió la posición de la ASF sobre el caso Gil Díaz-ISOSA.
"Yo creo que hay que evitar absolutamente la discrecionalidad de los servidores públicos, porque esto hace (la situación de la empresa), cuando menos, tener dudas muy serias de por qué vienen estos brincos tan importantes para favorecer recursos que se van a los fideicomisos privados", como Aduanas I.
Sobre el caso, el periodista Miguel Badillo documentó en su libro, ISOSA fraude transexenal a la nación, que todavía en el primer trimestre de 2005 el fideicomiso Aduanas I mantenía un patrimonio de 19 mil 523 millones de pesos.
El auditor precisó: "este fideicomiso fue creado en su momento para administrar este tipo de cantidades que, como contraprestación, se le depositaban. La gran duda se observa en la actuación de la Secretaría de Hacienda, porque, si mal no recuerdo, en el año de 1994 introdujo una cláusula en el contrato del fideicomiso que obliga a que depositen todos los recursos en la Tesorería de la Federación, pero no se cumplió".
Desvíos millonarios
Según documenta Miguel Badillo, el 19 de octubre de 1994 el subsecretario de Ingresos, Ismael Gómez Gordillo, quien sustituía en el cargo a Gil Díaz desde abril de ese año, firmó un addendum modificatorio al contrato del fideicomiso Aduanas I, por el cual se introdujo una cláusula que obliga a enterar todos los recursos obtenidos mediante del derecho de trámite aduanero a la Tesorería de la Federación, pero nunca se cumplió.
Se trata de cantidades muy importantes. En sus informes a la Cámara de Diputados, la ASF hizo observaciones sobre montos multimillonarios en torno a la revisión de las cuentas públicas de 2001, 2002, 2003 y 2004. La suma asciende a 9 mil 985 millones de pesos que ingresaron a ISOSA mediante el cobro del derecho de trámite referido, pero no fueron entregados al erario.
El 14 de agosto de 2006 la Corte emitió una resolución que impidió a la ASF fiscalizar a ISOSA, debido a su carácter privado. Luego del fallo, la Secretaría de Hacienda aceptó que el fideicomiso Aduanas I, de origen privado, se transformara en un mecanismo público y fueron restituidos 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería, de los casi 10 mil millones que no le fueron enterados antes.
Luego se inició la liquidación del fideicomiso (Aduanas I) y de ISOSA.
El penúltimo capítulo de esta trama aún no concluye. Por el resquicio abierto en la resolución de la SCJN transitan ahora los trabajos de fiscalización de la ASF sobre este caso.
"Se puede revisar el mecanismo de distribución de los recursos recaudados. Estamos revisando la cuenta pública de 2005 y estamos revisando también los derechos de trámite aduanero", señaló González de Aragón.
"Vamos a presentar, dentro del informe que rindamos el próximo 31 de marzo, un resumen de toda esta situación en torno a la empresa ISOSA. Seguiremos adelante, no importa lo que pase". dijo.

MI COMENTARIO

Vaya nuevas noticias del exsecretario Gil Dìaz, pero el caso FOBAPROA-IPAB eso ni se dice nada verdad ¿por que serà? ya basta que el gobierno, los empresarios y los banqueros se roben el dinero de nuestros impuestos, es por ello importante que màs gente conozca lo que es este gran crimen de estado. Seguiremos informando por este medio lo que es y las consecuencias que ha traido para el desarrollo y crecimiento del paìs.

Recuerden el robo del FOBAPROA-IPAB es de màs de 120 MIL millones de Dòlares

Doble función de Gil Díaz en gabinete e IP alarma a coodinadores partidistas

Del periódico La Jornada



Información que proporcionó afectó finanzas públicas; citan caso de JE Roberts

Doble función de Gil Díaz en gabinete e IP alarma a coodinadores partidistas

Exigen código y marco legal rígido que impida atentar contra los intereses del país
CIRO PEREZ SILVA

A lo largo de su carrera como funcionario público, y destacadamente como secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz desempeñó además cargos en empresas privadas, siempre ligadas al sistema financiero, lo que les permitió allegarse no sólo de información privilegiada, sino de la oportuna intervención del funcionario en favor de los intereses de dichas empresas, advirtieron los coordinadores del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, y de Convergencia, Alejandro Chanona.
El perredista aseveró que en el comunicado mediante el cual HSBC anuncia la contratación de Gil Díaz se señala que el integrante del gabinete foxista es actualmente miembro del consejo asesor de la empresa JE Roberts, Cos. Inc., relacionada con la compra de cartera vencida, "lo que hace sospechar que el ex funcionario público ocupaba ese puesto durante su gestión como secretario de Hacienda, lo que explicaría que esta empresa ­como según ella misma informó­ recibió en 1999 uno de los contratos de gerencia más grandes de activo concedidos por una entidad del gobierno, para recuperar 4 mil 800 millones de dólares en cartera vencida de Bancrecer SA".
González Garza añade que como consecuencia a esta gestión, en el año 2000 Gil Díaz fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público. Entre sus responsabilidades, recordó, se encontraba el ser presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB). "Así, el señor Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y a su vez presumiblemente se desempeñaría como Consejero Miembro de la Junta de Gobierno de la Empresa JE Roberts, Cos. Inc.", aseveró el coordinador de los perredistas.
Otra coincidencia que se debe señalar en este prolongado maridaje de funciones pública y privada que mantuvo Gil Díaz, es que de 1997 al 2000, Gil Díaz fue director de Avantel, de la cual Banamex posee 51 por ciento de sus acciones, institución a la que protegió durante su gestión como secretario de Hacienda, añadió el legislador.
En el mismo sentido, el coordinador de los legisladores de Convergencia, recordó que cuando Gil Díaz ocupó la subsecretaría de Hacienda, salió de la dirección de Avantel, "no nos extraña quiénes son sus empleadores, lo que extraña es que no haya un código y marco legal rígido que impida que un individuo con tanta información privilegiada, ahora trabaje para un banco británico-honkoniano que eventualmente en este país va a seguir comprando la banca y se van a seguir beneficiando".
Chanona Burguete consideró que el tema del ex secretario de Hacienda, es un asunto que rebasa el problema de la legalidad, ya que estuvo siempre en una posición privilegiada en la administración pública del país, y por tanto tuvo a su alcance información "probablemente de seguridad nacional".
Enfatizó que no debe permitirse que el gobierno de Felipe Calderón pretenda reducir el tema a un debate político y soslayar la posible responsabilidad penal del ex funcionario.
"Yo espero que (Felipe Calderón) reaccionen rápido y sigamos un esquema de colaboración para darle respuesta a la sociedad, lo demás es un intercambio, un juego en donde sería estéril pensar que aquí gana el mejor posicionamiento, lo único que espero es que haya respuestas claras de parte de él", agregó Chanona Burguete.
Apuntó que los legisladores deben revisar el marco jurídico y, en su caso, promover las modificaciones necesarias. "Tendremos que ser muy puntuales en cuanto a que personajes de ese calibre, que han tenido posiciones e información privilegiada, estén contratándose de manera inmediata con empresas de capital extranjero. Es un tema gravísimo, ética y políticamente hablando".

MI COMENTARIO

Siguen creyendo ¿que se aplicara la ley y se hara justicia? Ja Ja eso no pasa en México y menos si el presidente espurio esta tan involucrado.

Recuerden el robo y fraude del FOBAPROA-IPAB es de más de 120 mil millones de dólares

DEL PERIODICO LA JORNADA ALGUNOS CARTONES PARA DISFRUTAR EL DIA

Rocha

El cambio ... de dieta



Las maromas de Gil


· Hernández

Previsor



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