domingo, 27 de marzo de 2011
FELIPE CALDERON Y EL FOBAPROA
Felipe Calderón y el FOBAPROA http://tecate.bitacoras.com/archivos/2006/04/25/felipe-calderon-y-el-fobaproa Es bien sabido que LA HISTORIA COLOCA A CADA QUIEN EN SU LUGAR, y Felipe Calderón no será la excepciónEl tema es Felipe Calderón y el fobaproa, acomódense en su silla y ajusten su mano al Mouse…..Por allá del año 1985 Felipe Calderón termina sus estudios de Licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, y sin sospechar lo que el futuro le deparaba titula su tesis:"INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA MEXICANA".(consulta en el libro Los Suspirantes, Ed. Planeta, Aut. Salvador Camarena).En 1998, a 4 años del quebranto bancario ya era urgente para el PRI legalizar el mega fraude del fobaproa, por lo que el Congreso de la Unión se activa con tres principales propuestas….PRI: Comisión de Protección al Usuario de Servicios Financieros, y posteriormente una auditoria.PAN: Instituto de Protección del Ahorro Bancario, (IPAB) y posteriormente una auditoria. PRD: No a la conversión de los pasivos del fobaproa en deuda pública y si a un plan de apoyo a deudores avalado por una consulta nacional. http://www.jornada.unam.mx/1998/08/31/votaron.html¿Cual era la propuesta que mas le convenía a los banqueros?, Carlos Gomez y Gomez Presidente de la asociación de banqueros de México la contestó: La de el PAN, o sea la que defendía a capa y espada Felipe Calderón. http://www.jornada.unam.mx/1998/08/25/an.htmlAsí llegamos a un interesante debate entre Calderón y AMLO el 28-Oct-1998: LOPEZ OBRADOR:El PRD no aprobará el fobaproa mientras no concluyan las auditorias. "No queremos que los castigos queden para después.”``Al momento en que envíen el dictamen, que ustedes voten junto con el PRI para crear un instituto que se haga cargo de los pasivos del fobaproa, en ese momento ustedes estarán dando impunidad a quienes fueron los responsables del quebranto económico y a todas las operaciones fraudulentas. Se debe crear una comisión integrada por personajes de la sociedad que se encarguen de investigar ``qué hay en la panza del fobaproa''. FELIPE CALDERON:``Me parece, Andrés, que es el agua tibia lo que estás inventando, porque esa comisión de la verdad, con la gente respetable que tú mencionas, pues que se nombre, nadie se opone sensatamente a eso, pero el instituto que estamos proponiendo,y con el que tú has estado de acuerdo, tiene que ser una instancia mixta, con funcionarios responsables de la hacienda pública, y tenemos que pactar quiénes van a ser, pero el órgano de dirección no estaría en sus manos, sino en las de tres ciudadanos independientes y otros que tengan el poder en esta materia especializada''.Felipe Calderón negó que se fuera a respaldar la impunidad y con ironía comentó:FELIPE CALDERON:``Okey, Andrés, a los responsables hay que meterlos a la cárcel, hay que cobrarles, hay que hacerles una auditoria fiscal, hay que hacerles la ley del hielo, tormento chino, pamba o lo que sea, ¿no? Pero el problema no es el acreditado, es el ahorrador, y el problema son las obligaciones contraídas por cada banco, porque un desconocimiento de esa obligación de ese banco traería costos para el país significativamente mayores''.http://www.jornada.unam.mx/1998/10/29/rispido.html¿Y que fue loque paso?El 11 de diciembre de 1998 en una operación conjunta, la bancada del PRI y la bancada del PAN encabezada por Felipe Calderón “legalizaron” el fraude del fobaproa.http://www.jornada.unam.mx/1998/12/11/primera.htmlComo resultado tres generaciones de mexicanos tendremos que destinar mas del 18% del producto interno bruto del país a pagar por los fraudes de un grupo de banqueros y grandes empresarios que bajo la proteccion de políticos corruptos entre los que destaca Felipe Calderón, viven en la impunidad.http://memoria.com.mx/node/430Por este mega fraude plagado de transacciones ilegales y que condena al desempleo el hambre y la miseria a millones de mexicanos no se han hecho ni detenciones ni auditorias ni investigaciones.Se robaron novecientos mil millones de pesos y nadie ha pisado la cárcelVaya, nos quedamos esperando que cuando menos a alguien se le aplicara su pamba o la ley del hieloEs bien sencillo, Felipe Calderón se encargo de gestar ante el congreso que la fraudulenta deuda de un grupo de corruptos y rateros se hiciera publica aun cuando esto fuera en detrimento de la inversión destinada al desarrollo económico y social. ¡¡¡QUE PAGUE MEXICO!!!Tu credencial de elector equivale a tu firma.¿Avalarías con tu firma que saqueen a tu país? No te conviertas en cómplice.Felipe Calderón ya tiene rato que empezó a escribir su lugar en la Historia de México. Nos han tratado de hacer creer que Felipe Calderón es un candidato fresco que tiene las manos limpias, pero México ya cambio y va a saldar cuentas con el candidato panista.Envía este mensaje a tus contactos y habrás puesto tu granito de arena en el desarrollo de un México mas fuerte y mas justo. FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/155409/Abriria+AMLO+investigacion+del+Fobaproa.htm México.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, aceptó este viernes que de llegar a la Presidencia de la República abrirá la investigación sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), dio a conocer Reforma.Luego de que ayer los banqueros afirmaron que no temen la llegada de un Gobierno de izquierda al País, pero consideraron que el tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) está cerrado, López Obrador se mostró de acuerdo con el primer punto, sin embargo no coincidió con ellos respecto al rescate bancario."Me gustó mucho lo que dijeron los banqueros, sólo en un asunto no coincido con ellos. Me gustó que dijeran que el pueblo va a decidir y que ellos tienen que aceptar la voluntad de los mexicanos y que a ellos no les produce ningún temor un Gobierno de izquierda."En lo que no coincido es en la afirmación de que el asunto del Fobaproa ya está cerrado, yo considero que es un expediente abierto", dijo.Se le preguntó entonces si retomará la investigación en caso de que sea Presidente y sostuvo que sí.Añadió que es necesario castigar a los responsables y que no por ello los banqueros deben temer, simplemente tienen que entender que no puede haber borrón y cuenta nueva."No (deben temer) tendrían que entender que no puede haber borrón y cuenta nueva y que hay que revisar todo lo que sucedió con el Fobaproa, porque hay que liberar fondos para el desarrollo", declaró.Descartó que su postura sea motivo para que los banqueros se opongan a que llegue a la Presidencia de México, pues aseguró que cada quien es libre de expresarse y que él no le va a hacer la barba a nadie ni a ocultar información.López Obrador señaló que los bancos viven a costillas del erario, pues desde que se cayó en el quebranto por 100 mil millones de dólares en las finanzas públicas debido al Fobaproa, ellos reciben cada año entre 30 mil y 450 millones de pesos del Presupuesto, por concepto de intereses.Se le preguntó si deben ser investigados los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, pero sólo dijo que una comisión de la verdad debe revisar todo lo que ocurrió.
sábado, 18 de diciembre de 2010
HSBC MEXICO REEMBOLSA 5,110 MDPa su holding inglesa
México, 14 de diciembre 2010
La unidad en México del banco ingles HSBC Holdings reembolsó a su controladora poco más de 5,110 millones de pesos, cifra que al tipo de cambio del 2 de diciembre, fecha en que se realizó el pago del reembolso del capital, significa unos 415 millones de dólares.
La remuneración por acción del grupo financiero en el país fue de poco más de 19.54 pesos por título cancelado, lo que en conjunto sumó 5,110 millones de pesos.
El pasado 1 de diciembre, el Grupo Financiero HSBC resolvió en asamblea general extraordinaria realizar dicha reducción de capital social, para lo cual cancelaron poco más de 2,550 millones de acciones de la serie "B" y "F" de la entidad mexicana. HSBC Holdings (con valor de capitalización al día de hoy de 186,200 millones de dólares) es tenedor del 99.99% de las acciones del Grupo Financiero HSBC.
El grupo que dirige el ex banquero de Banorte, Luis Peña Kegel (de 51 años) desde el abril de 2008, es una de las entidades financieras "más respetables" del banco inglés que opera en Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Hong Kong, Australia, China, Oriente Medio, Egipto, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Panamá.
La unidad en México del HSBC pretende incrementar su scartera crediticia entre 12% y 13% en 2011, cifra que contrasta positivamente respecto al pronóstico de 3.5% que podría crecer el Producto Interno Bruto para el próximo año, esto último según la encuesta más reciente del Banco de México (Banxico).
En materia de inversión, la unidad mexicana pretende desembolsar unos 530 millones de dólares para el periodo 2010-2012 en renovar 826 sucursales de las mil 187 que tiene el grupo financiero. (El Semanario Agencia,ESA)
TRADUCCIÓN
El banco inglés HSBC retirara ese dinero gracias al saqueo que hace en México por concepto de FOBAPROA-IPAB que los ciudadanos y empresas, le regalan de los impuestos. Es por ello importante señalar que desde la privatización de la banca y la aprobación de contrareformas a las leyes para permitir la entrada al 100% de capital extranjero, paises como Estados Unidos, España e Inglaterra, por señalar a los más representativos, han saqueado las riquezas del país.
Lejos de tener mejores servicios financieros y con mínimas o nulas comisiones, los ingleses, norteamericanos y españoles ofrecen los peores servicios y las más altas comisiones del mundo, esto último confirmado por banco de México en años recientes donde elaboró un estudio por los conceptos de comisiones que cobran en sus paises de origen con relación a México y encontraron con grandes diferencias por poner un solo ejemplo Citibank por su tarjeta de crédito Clásica en Estados Unidos cobran la mitad que su filial en México BANAMEX.
FOBAPROA-IPAB es un expediente que sigue abierto y que no debe cerrarse hasta que se lleven acabo investigaciones serias por la Secreteria de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que a su vez integren los expedientes de todos los responsables de el más grande quebranto que ha sufrido México, donde saldrán a relucir grandes empresarios, accionistas y el presidente de los bancos, en un país de justicia todos los implicados serian presentados ante el ministerio público para ser presentados ante un juez y que estos reciban condenas ejemplares donde no solamente paguen con la privación de la libertad si no que también se les incauten sus propiedades y dinero en efectivo para subsanar el gran robo al país. Gran parte de los problemas financieros de México estan relacionados con el desvio de millonarios recursos para pagar a los banqueros el gran fraude que cometieron a la nación.
Desde este blog hacemos un reconocimiento a su valor y heroismo a Julian Assange por su portal Wikilieks que publico información que le entregaron cientos de personas de Estados Unidos para que se de a conocer al mundo los abusos y la red de espionaje.
Por cierto tendremos que estar atentos a las revelaciones que hará el próximo año de documentos de los grandes fraudes financieros en Estados Unidos, donde seguramente saldrán implicados funcionarios de bancos de México.
Nuestro apoyo incondicional a Wikileaks y a su fundador Julian Assange deseando que la justicia prevalezca sobre la tirania e hipocrecia de EU.
FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO
La unidad en México del banco ingles HSBC Holdings reembolsó a su controladora poco más de 5,110 millones de pesos, cifra que al tipo de cambio del 2 de diciembre, fecha en que se realizó el pago del reembolso del capital, significa unos 415 millones de dólares.
La remuneración por acción del grupo financiero en el país fue de poco más de 19.54 pesos por título cancelado, lo que en conjunto sumó 5,110 millones de pesos.
El pasado 1 de diciembre, el Grupo Financiero HSBC resolvió en asamblea general extraordinaria realizar dicha reducción de capital social, para lo cual cancelaron poco más de 2,550 millones de acciones de la serie "B" y "F" de la entidad mexicana. HSBC Holdings (con valor de capitalización al día de hoy de 186,200 millones de dólares) es tenedor del 99.99% de las acciones del Grupo Financiero HSBC.
El grupo que dirige el ex banquero de Banorte, Luis Peña Kegel (de 51 años) desde el abril de 2008, es una de las entidades financieras "más respetables" del banco inglés que opera en Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Hong Kong, Australia, China, Oriente Medio, Egipto, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Panamá.
La unidad en México del HSBC pretende incrementar su scartera crediticia entre 12% y 13% en 2011, cifra que contrasta positivamente respecto al pronóstico de 3.5% que podría crecer el Producto Interno Bruto para el próximo año, esto último según la encuesta más reciente del Banco de México (Banxico).
En materia de inversión, la unidad mexicana pretende desembolsar unos 530 millones de dólares para el periodo 2010-2012 en renovar 826 sucursales de las mil 187 que tiene el grupo financiero. (El Semanario Agencia,ESA)
TRADUCCIÓN
El banco inglés HSBC retirara ese dinero gracias al saqueo que hace en México por concepto de FOBAPROA-IPAB que los ciudadanos y empresas, le regalan de los impuestos. Es por ello importante señalar que desde la privatización de la banca y la aprobación de contrareformas a las leyes para permitir la entrada al 100% de capital extranjero, paises como Estados Unidos, España e Inglaterra, por señalar a los más representativos, han saqueado las riquezas del país.
Lejos de tener mejores servicios financieros y con mínimas o nulas comisiones, los ingleses, norteamericanos y españoles ofrecen los peores servicios y las más altas comisiones del mundo, esto último confirmado por banco de México en años recientes donde elaboró un estudio por los conceptos de comisiones que cobran en sus paises de origen con relación a México y encontraron con grandes diferencias por poner un solo ejemplo Citibank por su tarjeta de crédito Clásica en Estados Unidos cobran la mitad que su filial en México BANAMEX.
FOBAPROA-IPAB es un expediente que sigue abierto y que no debe cerrarse hasta que se lleven acabo investigaciones serias por la Secreteria de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que a su vez integren los expedientes de todos los responsables de el más grande quebranto que ha sufrido México, donde saldrán a relucir grandes empresarios, accionistas y el presidente de los bancos, en un país de justicia todos los implicados serian presentados ante el ministerio público para ser presentados ante un juez y que estos reciban condenas ejemplares donde no solamente paguen con la privación de la libertad si no que también se les incauten sus propiedades y dinero en efectivo para subsanar el gran robo al país. Gran parte de los problemas financieros de México estan relacionados con el desvio de millonarios recursos para pagar a los banqueros el gran fraude que cometieron a la nación.
Desde este blog hacemos un reconocimiento a su valor y heroismo a Julian Assange por su portal Wikilieks que publico información que le entregaron cientos de personas de Estados Unidos para que se de a conocer al mundo los abusos y la red de espionaje.
Por cierto tendremos que estar atentos a las revelaciones que hará el próximo año de documentos de los grandes fraudes financieros en Estados Unidos, donde seguramente saldrán implicados funcionarios de bancos de México.
Nuestro apoyo incondicional a Wikileaks y a su fundador Julian Assange deseando que la justicia prevalezca sobre la tirania e hipocrecia de EU.
FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO
sábado, 28 de agosto de 2010
Una probadita al FOBAPROA
http://www.youtube.com/watch?v=dvWtTWGZmC4
http://www.youtube.com/watch?v=AF966v-KHvc&feature=related
FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO
http://www.youtube.com/watch?v=AF966v-KHvc&feature=related
FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO
FOBAPROA EL COSTO QUE TODOS PAGAMOS
Fobaproa…el costo que todos pagamos
Ana Isabel Franco Cano, María Mussmet Hernández Rivero y Cristina Elizabeth Maldonado MartínezUVM - Campus San Ángel
Resumen:La creación del FOBAPROA como garantía de la banca y la protección de los intereses de los ahorradores es una responsabilidad que el gobierno no podía eludir. Sin embargo, permitir que deudores -sobre todo grandes empresarios- transfirieran las consecuencias de un manejo indebido, no tienen nada que ver con el interés público, más aún si se considera que las pérdidas serán asumidas por todos los contribuyentes.
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Introducción :: Antecedentes :: Un primer acercamiento al FOBAPROA ::
De rescate bancario a deuda pública :: FOBAPROA: expediente abierto :: Conclusiones ::
Referencias bibliográficas :: Bibliografía
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Introducción
Este artículo es parte del trabajo presentado en el III Congreso Institucional de Investigación Estudiantil -organizado por la propia Universidad del Valle de México- y parte de una investigación histórico descriptiva fundamentada en la interrogante ¿Cuál es el beneficio que arrojó el proyecto FABAPROA para la economía mexicana?
En este sentido se hace mención de beneficiarios y perjudicados, describiendo sectores y organizaciones que intervienen en ese proyecto y la función que desempeña cada uno de éstos, a la vez que compara su propósito original con los resultados obtenidos.
Si el FABAPROA se creó como apoyo a la economía mexicana, debido a la crisis que enfrentó el país en 1994, entonces los resultados arrojados fueron positivos, en tanto la economía mexicana no se vio sumergida en una recesión permanente.
Sin embargo, gran parte de la población que generalmente desconoce de los aspectos que afectan a la economía mexicana, sus prácticas y consecuencias en el grueso de la sociedad mexicana, seguramente ha sido impactada y tenido que absorber sus efectos directos y derivados de la instrumentación del fondo bancario.
Retomar el tema del FOBAPROA en este trabajo de investigación tiene su sustento en hacer que las personas, pertenezcan al nivel social y económico que sea, tengan un acercamiento a lo que es este proyecto de apoyo a la economía.
A su vez esta investigación refleja que nació como una gran idea con bases firmes y que no es un error, el error está en el manejo de los recursos monetarios de que disponía esta estrategia preventiva.
Por está razón se mencionan los antecedentes directos, comenzando por los sexenios de Salinas y Zedillo, para comprender lo que originó la crisis económica tan severa que desató una serie de factores que hasta la fecha no han podido ser controlados para fomentar un crecimiento estable.
Posteriormente, se abordan los costos derivados de su instrumentación, expresando lo oneroso que representa para los ciudadanos mexicanos. Se mencionan los bancos y personajes relacionados con este fenómeno de la economía del país, tomando como base artículos periodísticos y textos que comprueban con documentos, varias de las irregularidades en que se incurrió.
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Antecedentes
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Antecedentes
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se mantuvo la política de liberalización que, por la crisis económica que heredaba, necesitaba encaminarse hacia la estabilización de la economía, estancada principalmente por el pago de la deuda externa que obligaba a transferir recursos (divisas) al exterior.
En 1992 se anunció la reprivatización de los bancos y la firma del Tratado de Libre Comercio, promoviendo con esto la entrada de inversiones extranjeras al país y que México fuera visto como un país confiable que se adaptaba al modelo neoliberal, además de que en este sexenio fue cuando se desincorporó la mayor cantidad de empresas paraestatales de una manera estratégica, buscando cuidar los recursos de la nación.
La crisis de 1994-1995
Al comenzar el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, aunque había indicadores positivos en la economía como la reducción de la inflación y el crecimiento del PIB, algunos mostraban signos preocupantes, como los siguientes:
Aumentos significativos en el déficit en cuenta corriente Sobrevaluación del peso con relación al dólar Aumento en la emisión de los tesobonos "(instrumentos de deuda pública interna denominados en dólares) Insuficiencia del ahorro interno Aumento de la cartera vencida de los bancos, debido básicamente al aumento en las tasas de interés de la banca comercial
Lo anterior, aunado a una serie de disturbios en la seguridad del país, como producto de los asesinatos políticos y la rebelión de Chiapas, lo que provocó que las inversiones en el país sufrieran un drástico decremento.
El tan nombrado error de diciembre, se resume en que las autoridades tomaron la decisión de liberar la protección que tenía el peso y que se dejara llevar por el mercado, lo que elevó el nivel del dólar, estallando la crisis que impactó todos los ámbitos de la economía mexicana.
Rescate financiero internacional
Rescate financiero internacional
El apoyo financiero internacional otorgado a México fue promovido por el gobierno Estadounidense a través del presidente William Clinton, quién impulsó la conformación de un paquete de rescate por 51,159 millones de dólares, ayuda que se vio truncada temporalmente por el Congreso Estadounidense, pero que finalmente logró formalizarse mediante un paquete llamado Acuerdo Marco entre México y Estados Unidos para la Estabilización Económica de México, firmado el 21 de febrero de 1995, para lo cual fue necesario cumplir una serie de requisitos que fueron duramente criticados porque se ponían en juego puntos clave de la economía y que fueron avalados por el Gobierno Mexicano.
"Para 1996, como resultado de las severas medidas aplicadas en política económica, la situación de emergencia había sido superada; en enero de 1997, el gobierno de Zedillo pudo realizar un pago de 3,500 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, tres años antes del plazo pactado". [1]
Medidas del gobierno mexicano para frenar la crisis.
El 3 de enero de 1995 el presidente Ernesto Zedillo anunció el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) suscrito por los sectores firmantes del PABEC. Consecuentemente el 9 de marzo del mismo año, el gobierno dio a conocer el Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para la Emergencia Económica (PARAUSEE).
Rescate bancario: ADE, UDI's y FOBAPROA-IPAB
Rescate bancario: ADE, UDI's y FOBAPROA-IPAB
"Entre los primeros programas instrumentados (entre enero y marzo de 1995), los más destacados fueron: la ventanilla de liquidez en dólares, dirigida a resolver el problema de liquidez proveniente de la necesidad de renovar pasivos de corto plazo denominados en dólares, y el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE), que inyectó liquidez a los bancos por medio de la adquisición de cartera crediticia por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)" [2]
Fue necesario crear un acuerdo de emergencia entre la banca y los deudores a fin de establecer un marco adecuado para reestructurar los débitos y disminuir los riesgos de la cartera vencida, repartiendo los costos entre la banca, el gobierno y los deudores, razón por la cual se creó el Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores de la Banca (ADE).
Programa de Reestructuración para los Débitos en Unidades de Inversión (UDI). A fines de marzo de 1995, fue aprobada la creación de una nueva unidad Monetaria de valor real constante, que podría usarse como referencia para toda clase de transacciones financieras.En el momento de su creación, la UDI tuvo un valor de $1.00, que evolucionaría luego. Con esta medida, los ahorros de las personas que invirtieran en UDI quedaban protegidos contra la erosión del valor real de la moneda, derivada de la inflación y, en virtud de que los pagos de intereses se definían en términos de una tasa real positiva, también estarían protegidos contra el riesgo inflacionario.
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Fue creado en 1990, como un seguro de depósitos financiado por los propios bancos, aún en manos del gobierno, para cubrir en el futuro los recursos faltantes por préstamos incobrables, y para garantizar los depósitos de los ahorradores sin afectar las finanzas públicas.
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Fue creado en 1990, como un seguro de depósitos financiado por los propios bancos, aún en manos del gobierno, para cubrir en el futuro los recursos faltantes por préstamos incobrables, y para garantizar los depósitos de los ahorradores sin afectar las finanzas públicas.
Se trataba de un instrumento preventivo, "una combinación razonable de protección al ahorro y al erario público e incentivos a los inversionistas, para supervisar el desempeño de las instituciones financieras; sin embargo, “tras la crisis iniciada en diciembre de 1994, el FOBAPROA se utilizó como un instrumento correctivo formando parte de los programas para sanear a los bancos cuya cartera era incobrable" [3]
Las cifras positivas de la economía mexicana se mantuvieron durante los años siguientes de la administración zedillista, auque el PIB no mantuvo el ritmo de crecimiento logrado para 1997. En el año 2000, cuando una de las grandes preocupaciones del presidente Zedillo era la de evitar una nueva crisis de fin de sexenio, los principales indicadores económicos mostraron comportamiento favorable y pudo entregar el poder con el logro de una economía estable.
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Un primer acercamiento al FOBAPROA
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Un primer acercamiento al FOBAPROA
EL Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue creado en 1990 como parte de las medidas que antecedieron la reprivatización del Sistema Bancario Mexicano.
Es heredero de otro fondo similar, constituido para los bancos nacionalizados: el FENAPRE. Se trataba de un instrumento preventivo, "una combinación razonable de protección al ahorro y al erario público e incentivos a los inversionistas, para supervisar el desempeño de las instituciones financieras". Sin embargo, tras la crisis iniciada en noviembre de 1994, el FOBAPROA se utilizó como instrumento correctivo formando parte de los programas para sanear a los bancos cuya cartera era incobrable.
Los principales programas de apoyo a los bancos por medio del FOBAPROA, fueron los de capitalización y compra de cartera de créditos de bancos, y los de intervención y saneamiento.
El FOBAPROA adquirió derechos sobre una cartera seleccionada por los bancos, aunque éstos mantuvieron la responsabilidad de la cobranza y la administración de los créditos. Los derechos fueron transferidos por los bancos a un fideicomiso administrado por ellos mismos, cuyo beneficiario era el FOBAPROA y, a cambio de estos derechos, los bancos recibieron pagares a diez años respaldados por el gobierno federal, los cuales devengaban intereses (capitalizables trimestralmente) pero solo eran liquidables al vencimiento y no eran negociables.
El FOBAPROA adquirió derechos sobre una cartera seleccionada por los bancos, aunque éstos mantuvieron la responsabilidad de la cobranza y la administración de los créditos. Los derechos fueron transferidos por los bancos a un fideicomiso administrado por ellos mismos, cuyo beneficiario era el FOBAPROA y, a cambio de estos derechos, los bancos recibieron pagares a diez años respaldados por el gobierno federal, los cuales devengaban intereses (capitalizables trimestralmente) pero solo eran liquidables al vencimiento y no eran negociables.
"Se decidió realizar trece intervenciones y no declarar una sola quiebra. El FOBAPROA tuvo que aceptar las pérdidas de nueve instituciones intervenidas, que ascendieron a 69,833.6 millones de pesos (MDP) y, adicionalmente, aporto 11,348.1 MDP, como capital necesario para que, una vez saneadas las instituciones, pudieran seguir operando y se vendieran como negocio en marcha.
Así, "en vez de que las instituciones fueran deudoras de la nación, la nación se convirtió en deudora de las instituciones bancarias" [4].
A mediados del año 2001, los pasivos del FOBAPROA ascendían a 754,761 millones de pesos, que se sumaban a los 734,344.2 MDP de la deuda pública interna, además de los 82,696.9 millones de dólares de la deuda pública externa [5]. Con la deuda suscrita en el curso del rescate bancario, el gobierno realizó erogaciones en efectivo equivalentes a 168,000 millones a junio de 1999.
Los intereses anuales que deberán pagarse por este adeudo heredado del FOBAPROA ascienden aproximadamente a 15,000 millones de pesos, equivalentes a una sexta parte de los ingresos del Gobierno Federal.
La nula disposición para rendir cuentas claras de las operaciones realizadas y los recursos públicos comprometidos provocó que el rescate bancario se convirtiera en un problema político de grandes proporciones.
Por su parte, la opinión pública sigue pensando que la operación de rescate de otros bancos es una especie de "caja negra" que el gobierno se opone a abrir, porque al hacerlo quedarían al descubierto las concesiones otorgadas a los grupos empresariales que durante los últimos años han concentrado los privilegios del régimen.
Conviene precisar que hasta ahora, han resultado infructuosos todos los intentos de algunos legisladores de la oposición, incluidos algunos diputados panistas, para que el gobierno rinda cuentas claras de las acciones realizadas y haga pública la lista de los principales beneficiarios del rescate.
Costo fiscal
Aunque es muy difícil hacer los cálculos con precisión debido a su complejidad, es indudable que el dispendio observado como consecuencia de la intervención gubernamental, fue considerablemente menor al que hubiera representado el colapso del sistema bancario.
"El drástico aumento de las tasas de interés que se registró en los mercados financieros durante esos meses de 1994 hizo que muchos deudores, incluyendo a muchos que hasta ese momento se encontraban al corriente de sus compromisos con los bancos, incurrieran en retrasos. El colapso del sistema bancario pudo evitarse gracias a la intervención del gobierno, que impidió primero una crisis de liquidez y, más tarde, permitió que los bancos eliminaran de sus balances una parte importante de sus carteras vencidas, a cambio de que sus accionistas incrementaran su capital.
En algunos casos, no quedó otra alternativa que proceder a la liquidación de las instituciones mediante mecanismos diversos de venta y fusión. En otras, la transferencia se hizo de manera directa entre los viejos y los nuevos dueños, con la modalidad de que los viejos accionistas aportaran una pequeña fracción del nuevo capital y quedaran como parte minorista. Este es el caso sobre todo de los bancos Probursa y Mexicano, que pasaron a control de BBV y Santander". [6]
Un componente del costo fiscal está representado por los impuestos diferidos que tiene los bancos a su favor, como consecuencia de las reservas creadas para riesgos crediticios. Como consecuencia, los bancos que tiene esos créditos podrán descontarlos de sus utilidades de los próximos años, lo que significa que el gobierno no percibirá los impuestos correspondientes.
El costo fiscal, es el precio que tendrá que pagarse con los recursos de todos los mexicanos. Este costo se calcula una vez que a los pasivos totales del saneamiento financiero se les resta el valor que se obtendrá por la venta de los activos en poder del IPAB.
El costo fiscal se convirtió en una sombra para nuestra economía y una cifra prohibida para el poder Legislativo y para el público en general, porque cada uno de los mexicanos que contribuyen con impuestos, colaboran a sanear esta deuda y cada uno de los habitantes de este país lleno de corrupción, dejan de ver los beneficios de un gasto de gobierno bien aplicado.
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De rescate bancario a deuda pública
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De rescate bancario a deuda pública
Como se sabe, el escándalo estalló cuando, a finales de marzo de 1998, el gobierno solicitó al Congreso de la Unión la conversión de la deuda del FOBAPROA en deuda pública. El argumento central para defender esta demanda fue la necesidad de evitar una crisis más profunda. La controversia sobre el FOBAPROA se extendió a lo largo de los nueve meses que siguieron a la presentación de la iniciativa.
"Al cabo de ese largo periodo, el Partido Acción Nacional (PAN) cedió. El 12 de diciembre de ese mismo año unió sus votos a los del PRI para aprobar dicha conversión y la sustitución del FOBAPROA por el IPAB.
"Las cifras oficiales indican que, a junio de 1999, el valor de las transferencias directas recibidas por los bancos sumaban 168,000 millones de pesos, el total de pasivos a cargo del IPAB era de poco más de 760,000 millones de impuestos diferidos. El costo fiscal de la crisis bancaria a esa fecha era de 958,000 millones de pesos, a este monto habría que sumar los nuevos apoyos a Serfín y a Bancrecer, más los costos adicionales a lo ya estimado para las transferencias de Banco de Atlántico y Banco Promex a Bital y Bancomer, respectivamente. A reserva de conocer los costos adicionales mencionados y las recuperaciones por venta de los activos, el costo neto del rescate bancario a finales de 1999 se acercaría a los 900,000 millones de pesos aproximadamente". [7]
"Los pagares estaban en manos de los banqueros y el gobierno debía pagarlos, por esta razón se convino aumentar la deuda pública en 552,000 millones de pesos". [8]
“El IPAB sigue siendo el instrumento de las prioridades y decisiones de la administración. El IPAB está funcionando sin la presencia del gobernador del Banco de México y el presidente de la CNBV, como resultado de la disposición incluida en el Articulo segundo transitorio de la ley que lo creó, mismo que prohíbe la participación de funcionarios involucrados en el FOBAPROA". [9]
“El IPAB sigue siendo el instrumento de las prioridades y decisiones de la administración. El IPAB está funcionando sin la presencia del gobernador del Banco de México y el presidente de la CNBV, como resultado de la disposición incluida en el Articulo segundo transitorio de la ley que lo creó, mismo que prohíbe la participación de funcionarios involucrados en el FOBAPROA". [9]
Banqueros y gobierno
Muchos banqueros fallaron a la confianza que se depositó en ellos al realizar operaciones cruzadas. No les importó el prestigio ni el daño que estaban provocando en el sistema bancario, al que ingresaron con el objetivo de obtener ganancias en el corto plazo y no con el propósito de mantenerse como banqueros de largo plazo.
"En el FOBAPROA el gobierno revolvió, en una sola gran canasta, los créditos cobrables con los incobrables, los regulares con los irregulares, los justos con los injustos, los buenos con los malos, tanto de la Banca Privada intervenida (Confía, Unión, Cremi, Banpaís, Anáhuac, Centro, Oriente, Obrero, Interestatal, Sureste, Capital, Industrial, Pronorte; Inverlat) como de la Banca no intervenida (Banamex, Bancomer, Bital, Serfín, Santander Mexicano. Probursa) y, junto con el rescate carretero (ICA, Bufete Industrial, Tribasa, G.M.D.), todo esto llegó a un monto conocido en ese entonces de 552,300 millones de pesos y en diciembre de 199 la suma ascendía a 900,000 millones de pesos". [10]
"En el FOBAPROA revolvieron, además, la cartera vencida, tanto la de origen fraudulento, ilegal, como de origen regular de la Banca de Desarrollo (Banca Nacional de Comercio Interior, Banpesca, Banobras, Nacional Financiera, Bancomex), actualmente como 100,000 millones de pesos. En esa misma canasta negra, incluyeron los pasivos por concepto del apoyo a cientos de miles de pequeños deudores y deudores familiares de buena voluntad (programadas ADE, FOPYME, FNAPE y VIVIENA) que no pudieron pagar sus créditos por los altos intereses.
"En este movimiento había 1,325 grandes deudores y medianos deudores, aproximadamente, cuyo crédito originalmente rebasaba los 20 millones de pesos entre los cuales se encontraban empresas como Aeroméxico, Mexicana, Grupo Lomelí, Estrella Blanca, el club de fútbol Monterrey, Taesa, Syncro, SIDEC, Hoteles Camino Real, entre muchas otras y, además, miles de pequeños deudores y deudores familiares". [11]
La búsqueda de la normalización de la actividad bancaria y la protección de los intereses de los ahorradores son responsabilidad que el gobierno no podía eludir, sin embargo, el permitir que muchos deudores, sobre todo grandes empresarios que actuaron sin profesionalismo permanezcan impunes, son cosas que no tienen nada que ver con el interés público, más aún si se considera que las pérdidas que aquellos ocasionaron deberán ser pagadas por el contribuyente.
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La búsqueda de la normalización de la actividad bancaria y la protección de los intereses de los ahorradores son responsabilidad que el gobierno no podía eludir, sin embargo, el permitir que muchos deudores, sobre todo grandes empresarios que actuaron sin profesionalismo permanezcan impunes, son cosas que no tienen nada que ver con el interés público, más aún si se considera que las pérdidas que aquellos ocasionaron deberán ser pagadas por el contribuyente.
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FOBAPROA: expediente abierto
Según el criterio del Lic. Andrés M. López Obrador y a manera de denuncia, el antecedente primordial que propicia el surgimiento del FOBAPROA es el desplome bancario en México y la decisión del Presidente Ernesto Zedillo Ponce De León de convertir la deuda privada de un grupo de banqueros y grandes empresarios en deuda pública, con base en la red de complicidades y componendas que existen entre el poder económico y el poder político.
Se muestra con claridad que la política económica del gobierno tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público. Es evidente que la política económica busca la prosperidad de unos cuantos, sin interés alguno en el destino del país y, mucho menos, en los reclamos de todo un pueblo que se ahoga en la injusticia y la pobreza.
Algunos banqueros aprovecharon el FOBAPROA para sacar provecho y utilizarlo en su beneficio y -sin escrúpulos- decidieron convertir deudas privadas en públicas y de esta manera perjudicar a la sociedad y la gran mayoría de la población; quien será la que finalmente asumirá la deuda.
Durante los últimos cuatro años, el gobierno destinó recursos del presupuesto público por cerca de 100 mil millones de pesos para el programa de saneamiento financiero. Asimismo, mientras los banqueros tendrán todo un festín presupuestario, el gasto en salud para la mayoría de los mexicanos será verdaderamente raquítico.
Durante los últimos cuatro años, el gobierno destinó recursos del presupuesto público por cerca de 100 mil millones de pesos para el programa de saneamiento financiero. Asimismo, mientras los banqueros tendrán todo un festín presupuestario, el gasto en salud para la mayoría de los mexicanos será verdaderamente raquítico.
El enorme golpe que significa el manejo del FOBAPROA, tiene dimensiones nunca antes vistas en la historia de las finanzas públicas del país. En este año, la deuda pública, incluida el FOBAPROA, representa 45.8% del PIB, es decir, casi la mitad de toda la riqueza que México producirá.
Ante el impacto que tendrá en el presupuesto nacional, sólo hay cuatro opciones desafortunadas: recortar el gasto, incrementar los impuestos, aumentar el déficit fiscal o vender bienes de la nación. Es decir, bajo cualquier escenario, el costo del FOBAPROA va a ser oneroso para la sociedad.
La deuda del FOBAPROA no se contabilizará en el presupuesto federal, sino que quedará como deuda clandestina, flotando en el limbo. Pero, habrá que pagar intereses reales de 11.5%, es decir, la tasa de interés de CETES más dos puntos, menos la tasa de inflación (12.5 %).
Como quiera que se le vea, el futuro de la economía del país es incierto. Las finanzas públicas están virtualmente en quiebra. Sólo el milagro de precios del petróleo muy altos podría atemperarla. Hacia adelante tendrá que buscarse una solución de fondo.
Lo primero debe ser dejar de ocultar el tamaño de la deuda pública derivada del FOBAPROA y hacer a un lado la doble contabilidad que se pretende manejar, la cual todavía no sabemos en qué condiciones la está aceptando el Fondo Monetario Internacional.
Luego tendrán que venir las alternativas: reforma fiscal, austeridad, combate a la corrupción, eficiencia administrativa, buscando el menor costo social y sin continuar vulnerando la soberanía. Pero en cualquier escenario, el pueblo exigirá a los responsables de esta crisis la reparación del daño y la rendición de cuentas.
Por eso, el caso del FOBAPROA no está cerrado, ni es cosa juzgada, sino un expediente abierto.
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Conclusiones
FOBAPROA tiene sus inicios en 1990 cuando sustituye al FONAPRE, surge con el fin de proteger el ahorro con cuotas o aportaciones de los bancos, mismas que disminuían el riesgo de utilizar recursos públicos que afectaran la estabilidad económica del país.
La crisis en 1994 cambiaría por completo este panorama, al dispararse las tasas de interés a niveles inusitados, lo que propicio que la cartera vencida de los bancos creciera a esos mismos niveles, dejando a la banca en una posición inoperante. El Fondo resultaba insuficiente para la magnitud del problema, así que el Gobierno actuó, comprando sus deudas.
Las sospechas de que un gran fraude se fraguaba en las más altas cúpulas del país (políticas y empresariales) comenzaban a hacer eco cuando se descubrió que existía un mal manejo de los recursos; ya que existían autopréstamos, préstamos a empresas fantasmas y familiares sin aval, ni garantía. Esto se acrecentó durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Los Mexicanos debemos de tener siempre presente que la deuda que el gobierno adquirió con los pagares aumentó nuestra deuda interna tres veces mas y que se gastó más en el rescate bancario que en educación y salud los últimos años, además este rescate está sustentado en un optimismo ilógico en un país tan inestable como México, si las condiciones planteadas en los próximos años no seden como el gobierno supuso, el rescate podría multiplicar sus costos para los contribuyentes, ¿o es que así lo diseñaron?...
No ha habido un resultado favorable para la economía mexicana por parte del FOBAPROA, toda vez que se ha visto envuelto en una red de corrupción, en la que tanto empresarios como políticos tienen sus propios intereses apostados en este fondo y han obtenido -mediante movimientos fraudulentos- recursos monetarios que no les pertenecen, ni se pueden comprobar.
Mientras, los que asumen cada uno de esos fraudes y ese dinero no comprobado son los contribuyentes, ya que este costo es fiscal, porque al no tener los recursos necesarios el fondo se recurre a reservas fiscales creando una descompensación en este instrumento de captación de recursos que deriva en la restricción del gasto del gobierno, e impactando a su vez la retribución en beneficio de la sociedad mexicana.
Mientras, los que asumen cada uno de esos fraudes y ese dinero no comprobado son los contribuyentes, ya que este costo es fiscal, porque al no tener los recursos necesarios el fondo se recurre a reservas fiscales creando una descompensación en este instrumento de captación de recursos que deriva en la restricción del gasto del gobierno, e impactando a su vez la retribución en beneficio de la sociedad mexicana.
Tanto sector privado como sector publico, poder legislativo y ejecutivo, no revelarán información ni aplicarán sanciones a los responsables, debido a intereses propios mezclados en este Fondo, ya que las sumas de dinero son estrepitosas y no dejarán conocer por completo a la sociedad mexicana las dimensiones del costo que tiene que pagar por su ignorancia con respecto al impacto de las políticas económicas adoptadas en el país.
. . . . . . . . . . . . . . .
Referencias bibliográficas
. . . . . . . . . . . . . . .
Referencias bibliográficas
Delgado de Cantú, Gloria M (2003). Historia de México. Ed. Prentice. Cuarta Edición. México.
[1] Página 517[2] Página 520[3] Página 521[4] Página 584[5] Página 585[6] Página 586
[7] Página 587[8] Página 588[9] Página 589[10] Página 590[11] Página 591
. . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografía
Ebrard Casaubón, Delgado Carrillo, Auping Birch, Solís Rosales (2000). Del Fobaproa al IPAB. Testimonios, Análisis y propuestas. México. Primera edición. Casa Abierta al Tiempo y Plaza y Valdez Editores.Delgado de Cantú, Gloria M (2003). Historia de México. Ed. Prentice. Cuarta Edición. México.
[1] Página 517[2] Página 520[3] Página 521[4] Página 584[5] Página 585[6] Página 586
[7] Página 587[8] Página 588[9] Página 589[10] Página 590[11] Página 591
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Bibliografía
Ebrard Casaubón, Delgado Carrillo, Auping Birch, Solís Rosales (2000). Del Fobaproa al IPAB. Testimonios, Análisis y propuestas. México. Primera edición. Casa Abierta al Tiempo y Plaza y Valdez Editores.Delgado de Cantú, Gloria M (2003). Historia de México. Ed. Prentice. Cuarta Edición. México.
http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero3-05/jovenes/a_fobaproa.asp
FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO
miércoles, 25 de agosto de 2010
FOBAPROA-IPAB: El COSTO del Rescate Bancario Volumen II
ÍNDICE
Capítulo 1
El Informe de Michael Mackey
El informe Mackey:
la auditoría que no fue 13
Informe Mackey:
el necesario debate 17
El Fobaproa y el PAN 21
Las operaciones reportables del Fobaproa 25
Las operaciones del Fobaproa 55
El Fobaproa y las mentiras de Vicente Fox 59
Las listas del Fobaproa 63
Las listas de Mackey y la impunidad 67
Capítulo 2
El rescate de Banca Serfín
El rescate de Serfín y el riesgo moral 75
8
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
El gran desfalco de Serfín 79
El rescate de Banca Serfín:
un gran desfalco a la nación 83
Rescate bancario y gasto público 107
El rescate de Serfín (I) 111
El rescate de Serfín (II) 115
Serfín: la quiebra oculta 119
Capítulo 3
Las consecuencias del rescate bancario
El disimulado desastre fiscal 125
Asignación de los ingresos petroleros excedentes
para el rescate bancario, y simulación
de superávit fiscal 129
Frustrado engaño a los legisladores 135
La deuda pública escondida 139
El Fobaproa y el PRD 143
El petróleo y el Fobaproa 145
La renuncia de Vicente Corta 149
Las secuelas del rescate bancario
y la necesaria reforma fiscal 153
ÍNDICE
9
Capítulo 4
La última batalla para reducir el costo del Fobaproa
El Fobaproa: origen,
evolución y situación actual 189
Nota 1: Los créditos reportados por el auditor Mackey
durante su revisión de los pagarés de capitalización
y compra de cartera del Fobaproa 221
Nota 2: Los créditos observados durante las revisiones
efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación
a los pagarés de capitalización y compra de cartera
del Fobaproa (pagaré por pagaré) 227
Nota 3: Los créditos observados durante las revisiones
efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación
a los pagarés de capitalización y compra de cartera
del Fobaproa (cuadros resumen) 241
Nota 4: La solventación de las observaciones
de la Auditoría Superior de la Federación
a los pagarés de capitalización y compra
de cartera del Fobaproa 249
Nota 5: La estimación de la reserva del IPAB
para asumir las pérdidas esperadas
por los pagarés de capitalización
y compra de cartera del Fobaproa 261
Nota 6: La estimación de la conversión de los pagarés
de capitalización y compra de cartera del Fobaproa
en nuevos títulos de deuda del IPAB 267
Nota 7: Estimación del costo actual del rescate bancario 273
10
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
El rescate bancario: la otra guerra sucia 279
El rescate bancario en México y los problemas
para la administración de los pasivos resultantes 303
Consideraciones del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática respecto
al Informe de la Comisión de Investigación
sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 323
CAPÍTULO 1
EL INFORME DE MICHAEL MACKEY
13
El informe sobre las operaciones del Fobaproa, entregado recientemente
por el consultor canadiense Michael Mackey, no es una auditoría.
En realidad se trata de una investigación encargada por la Cámara de
Diputados, con el fin de tener elementos para efectuar de manera más eficaz
sus labores de legislación. El objeto de la investigación fue cumplido razonablemente
bien, aunque su alcance se vio limitado por la información
parcial que le fue proporcionada por las autoridades.
El reporte de Mackey constituye una grave denuncia respecto a la manera
equivocada, onerosa e irresponsable con que ha sido conducido el
rescate del sistema bancario, y confirma, de manera sorprendente, el análisis
dado a conocer el 15 de julio de 1998 por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), mediante el documento “Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional. Alternativas para impedirlo”.
Las conclusiones básicas de Mackey son prácticamente las mismas a las
que llegó el PRD: la crisis de la banca fue resultado de una política equivocada
del gobierno de Salinas; la forma en que el gobierno de Zedillo enfrentó
la crisis ha sido y sigue siendo una de las más costosas para el pueblo
mexicano; el rescate de la banca se dio de una manera oculta y discrecional;
las operaciones realizadas mediante el Fobaproa no sólo no resolvieron los
grandes problemas de la banca, sino que incrementaron su fragilidad; la
persistencia de las mismas políticas sólo conducirá a más rescates y a mayores
costos para la población.
El actual alud de declaraciones, comentarios y desplegados, proveniente
de todo tipo de voceros, abiertos y embozados, del gobierno, pretende
EL INFORME MACKEY:
LA AUDITORÍA QUE NO FUE
21 DE JULIO DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
14
encubrir el fraude del siglo contra el pueblo mexicano, tratando de hacer
creer que el informe de Mackey es una auditoría en la que no se encontró
prácticamente nada. Mintiendo descaradamente, y aprovechando el escaso
conocimiento de la mayoría de la población respecto a los complicados
temas financieros, tratan de ocultar lo que resulta inocultable: que se ha
hipotecado el futuro de varias generaciones de mexicanos.
Este informe no es una auditoría, como en el mismo se señala con toda
claridad (p. 5), sino un estudio encargado por la Cámara de Diputados para
conocer una opinión autorizada respecto a la actuación de las autoridades
durante el famoso rescate bancario. Lamentablemente, dicho informe está
basado exclusivamente en la incompleta información que le proporcionaron
las autoridades. Los resultados del informe de Mackey son una opinión,
seria y profesional, respecto a lo sucedido, y no tienen ninguna implicación
penal, como podrían tenerla los resultados de una auténtica auditoría.
El objetivo del estudio encargado a Mackey a principios de septiembre
de 1998, era dar elementos a los diputados para entender mejor el pro blema
del Fobaproa, y que pudieran legislar con mayor cuidado y conocimiento.
Ese objetivo dejó de tener sentido a partir de la aprobación de la ley del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el 12 de diciembre, por
la mayoría de los diputados del PRI y del PAN. Con la expedición de esa ley,
prácticamente se legalizó este gran fraude contra el pueblo mexicano.
Como Mackey lo señala (p. 16), entre septiembre y diciembre las autoridades
bloquearon totalmente su trabajo, impidiéndole avanzar. Pero, a
partir de la aprobación de la ley del IPAB, empezaron a cooperar más, aunque
ocultando información clave en todo momento. Mackey siguió realizando el
trabajo para el que había sido contratado, sabiéndose que lo que encontrara
no tendría ningún efecto, ya que la legalización del fraude había sido
consumada.
Sin embargo, los voceros del gobierno decidieron que el informe de
Mackey podría tener otra utilidad: aparentar que se trataba de una auditoría,
cuyos resultados podrían ayudar a justificar lo realizado a espaldas del
pueblo. Como la investigación de Mackey sólo iba a conducir a un análisis
general, limitado por la información cuidadosamente escogida que las autoridades
decidieron entregarle, sus resultados no implicarían ninguna
acusación concreta, con posibles implicaciones legales.
EL INFORME MACKEY: LA AUDITORÍA QUE NO FUE
15
Mackey se sujetó a lo que la Cámara de Diputados le había enco mendado,
y concluyó su estudio de una manera muy profesional, analizando
cuidadosamente toda la información a que tuvo acceso, presentando las
con clusiones a que había llegado. Esas conclusiones, y el análisis que condujo
a ellas, son lo verdaderamente importante del trabajo de Mackey, no
el pretendido descubrimiento de los responsables del enorme descalabro,
ampliamente conocido y ocultado por las autoridades.
El informe de Mackey merece ser estudiado con todo cuidado. El análisis
presentado se debe profundizar, dando a conocer toda la evidencia que
vaya estando disponible. La completa identificación y castigo de los responsables
no puede esperarse de autoridades cómplices del atentado. La
justicia, que tarde o temprano llegará, debe empezar con el conocimiento
del crimen, con evitar que a la actual impunidad se agregue la ignorancia
respecto a lo sucedido.
17
Apartir de la reciente entrega del informe elaborado por el consultor
canadiense Michael Mackey, las autoridades hacendarias y financieras
pretenden hacer creer a la población que las esperadas auditorías
sobre las operaciones del Fobaproa –previstas en el artículo quinto transitorio
torio de la ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)– se
concluyeron con éxito, justificando además las acciones llevadas a cabo por
el gobierno para enfrentar el descalabro bancario.
Cualquier solicitud de más información respecto a este problema es
rechazada por las autoridades, aunque provenga del Poder Legislativo.
Cualquier opinión discrepante de la oficial, resulta inmediatamente descalificada.
El vocero de la Secretaría de Hacienda llega incluso a afirmar que
“no tienen remedio” los que se atreven a cuestionar la validez de la “auditoría
más profunda, más amplia y más costosa en la historia de México” (comunicado
del 1º de agosto).
Para los voceros del gobierno no tiene ninguna importancia que el propio
Mackey diga que el informe y las evaluaciones entregadas por él, “no constituyen
una auditoría financiera” (p. 5). Tampoco resultan de interés las múltiples
quejas del consultor canadiense respecto a las reiteradas negativas de
las autoridades a proporcionarle muchos de los datos que necesitaba, como
cuando afirma en su informe que “las restricciones al acceso a la información
fueron mucho más graves de lo que inicialmente creímos” (p. 17).
Esta presunta auditoría resulta no sólo la más cara de la historia de
México, sino la única donde el auditado decide qué información proporciona
al auditor. Basta consultar los artículos 41 al 45 del Código Fiscal de la
INFORME MACKEY:
EL NECESARIO DEBATE
3 DE AGOSTO DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
18
Federación, para saber lo que constituye una verdadera auditoría. Por ello,
no se puede entender cómo las reglas que utiliza Hacienda para efectuar
una auditoría a cualquier mortal, no pudieran aplicarse para examinar los
gigantescos pasivos generados por el Fobaproa.
Aunque el informe de Mackey es un estudio serio, interesante y profesional,
definitivamente no constituye la auditoría prevista en la ley del IPAB.
Muchas dudas persisten respecto a lo realizado mediante el Fobaproa. Por
ejemplo, después de que Mackey solicitó que los famosos 552.3 mil millones
de pesos de pasivos del Fobaproa fueran actualizados al 30 de junio de 1998,
la cifra resultante alcanzó 589.6 mil millones. Sin embargo, la revisión realizada
por el consultor lo llevó a concluir que la cifra real era, cuando menos,
70.2 mil millones superior a la estimada por las autoridades para esa misma
fecha (p. 203).
Otro ejemplo lo constituyen los 72.7 mil millones de pesos de las operaciones
“reportables” identificadas por Mackey, los cuales incluyen 40 mil
millones por créditos otorgados a los mismos banqueros o a personas directamente
relacionadas con ellos (p. 212). Según la ley del IPAB, si alguno
de esos créditos resulta “ilegal”, la Junta de Gobierno del IPAB “podrá optar”
por rechazarlo o devolverlo al banco que lo otorgó (artículo quinto transitorio).
Pero también pudiera “optar” por mantenerlo como deuda del pueblo
mexicano, sin que éste tenga siquiera el derecho a conocer el nombre del
beneficiario, debido al sagrado “secreto bancario”.
Este punto requiere particular atención, ya que, como el mismo vocero
de la Secretaría de Hacienda lo señala, “dentro de las operaciones reportables
se incluyen créditos de instituciones que fueron intervenidas por la CNBV o
cuyos accionistas perdieron el control de las mismas, en cuyo caso no procede
la devolución de la cartera a la institución bancaria” (comunicado del
25 de julio). Es decir que los créditos ilegales que hayan sido otorgados por
los bancos intervenidos –alguno de ellos oportunamente intervenido días
antes de que se entregara el informe de Mackey–, están condenados a convertirse
en deuda pública.
Un aumento de la deuda pública, es decir, de la deuda del pueblo mexicano,
por un monto que fácilmente puede alcanzar la cuarta parte del producto
interno bruto, no sólo merece discutirse, sino que exige la clarificación
de todos sus detalles y aspectos. La identificación de cuáles operaciones
INFORME MACKEY: EL NECESARIO DEBATE
19
fueron ilegales, y la decisión de “optar” por convertirlas o no en deuda pública,
no debe dejarse en las exclusivas manos de un pequeño grupo integrado,
o directamente relacionado, con algunos de los presuntos responsables
del descalabro bancario.
Si realmente se quiere avanzar hacia una sociedad más transparente y
democrática, las autoridades no sólo deben facilitar, sino alentar la discusión
sobre este asunto. El dinero que se está utilizando en la costosa campaña
publicitaria destinada a engañar al pueblo mexicano, podría utilizarse de
mejor manera, por ejemplo, revirtiendo el aumento del precio de la leche
de Liconsa, que se añade a los muchos costos impuestos al empobrecido
pueblo mexicano.
21
La información, recientemente dada a conocer, respecto a que varios
connotados miembros del Partido Acción Nacional (PAN), como Vicente
Fox y Carlos Medina Plascencia, son beneficiarios del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sirve para aclarar por qué
ese partido ha actuado como cómplice del gobierno en la tarea de consumar
un gran atentado contra la economía del pueblo de México. Mediante
tal complicidad, el PAN ha llegado al extremo de oponerse a que la población
conozca siquiera los nombres de los beneficiarios de ese gran fraude,
entre los que se encuentran, como ahora se sabe con certeza, algunos
destacados panistas.
Como se puede recordar, a partir de que el presidente Zedillo propuso
que 552.3 mil millones de pesos de pasivos del Fobaproa fueran convertidos
en deuda pública oficial, se inició un gran debate nacional sobre el tema. El
Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante un documento publicado
el 15 de julio de 1998, presentó un análisis sobre lo sucedido y propuso
que se hiciera una revisión y depuración a fondo de esos pasivos, antes
de pretender transformarlos en deuda de todos los mexicanos.
El PAN fijó su postura el 20 de agosto de 1999 afirmando “categóricamente
que los créditos otorgados de manera fraudulenta y vendidos posteriormente
a Fobaproa no deben ser pagados por el pueblo de México”. Sin
embargo, esta postura se fue modificando durante los siguientes meses,
mientras algunos dirigentes de ese partido “negociaban” con funcionarios
del gobierno federal. En diciembre de 1998, la posición del PAN se convirtió
en abierta complicidad con el gobierno, votando en la Cámara de Diputados
EL FOBAPROA Y EL PAN
18 DE OCTUBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
22
la ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que legalizaba
ese inmenso despojo.
La única esperanza de que el fraude no se consumara totalmente, quedó
entonces en las manos del consultor canadiense Michael Mackey, a quien
se encargó efectuar una auditoría a las operaciones del Fobaproa. Sin embargo,
esa auditoría no se pudo concluir de manera satisfactoria, debido a
la negativa de las autoridades a proporcionarle toda la información que requería.
Aun así, Mackey entregó un reporte en el mes de julio, sobre lo que
había podido revisar, incluyendo una serie de recomendaciones.
En el informe de Mackey hay un interesante apartado denominado “Transacciones
reportables”, donde se registraron créditos irregulares enviados
al Fobaproa por un monto de 72.7 mil millones de pesos. Esas operaciones
se dividieron en tres partes: 24.7 mil millones, de créditos que fueron aceptados
por el Fobaproa, modificando las reglas que se tenían originalmente;
42 mil millones, de autopréstamos de los banqueros o créditos a gente relacionada
con ellos; y 6 mil millones, de créditos ya sujetos a investigación
por las autoridades.
Aunque el reporte original de Mackey incluía una lista completa de los
créditos clasificados como “reportables”, la versión dada a la publicidad sólo
incluyó un cuadro resumen. Ante la insistencia de los legisladores del PRD y
de otros partidos para que se diera a conocer el detalle de lo encontrado, finalmente
se entregó en septiembre la lista de los 2 407 créditos señalados
como “reportables”, los cuales fueron identificados con un número, quedando
en secreto los nombres de los beneficiarios. Entonces, el PRD exigió la publicación
de los nombres, a lo que se ha negado de manera persistente el PAN.
La revisión de las operaciones “reportables” arroja algunos datos muy
interesantes. A primera vista, el monto de los 73.8 mil millones de pesos (los
72.7 mil millones del cuadro resumen fueron una cifra redondeada) dividido
entre los 2 407 prestatarios, da un promedio de 30.6 millones de pesos por
crédito. Sin embargo, si los datos se agrupan por montos, se encuentra que
52.9 mil millones (71.8 por ciento del total) están repartidos entre sólo 114
acreditados. Aun más, si se separan los 20 créditos más grandes, alcanzan un
monto de 33 mil millones de pesos, casi la mitad de los citados créditos.
Según Mackey, estos créditos pueden implicar un enorme costo para la
población, ya que su recuperación es dudosa, pues se otorgaron de manera
EL FOBAPROA Y EL PAN
23
complaciente, sin las garantías adecuadas. Un caso ejemplificador de lo que
puede pasar con esos créditos es lo sucedido con los préstamos otorgados
a la familia de Vicente Fox. Según Enrique Vilatela, director general de Bancomext
(Milenio, 11 de octubre), de 3.1 millones de dólares prestados a los
Fox, sólo se van a poder recuperar 440 mil, es decir, 14 por ciento. La parte
no pagada por la familia Fox, y que será cargada a la población, asciende a
casi 2.7 millones de dólares. Ese dinero, obtenido abusivamente por los Fox,
representa el salario mínimo de 2 266 trabajadores durante todo un año, o
el costo de un buen número de spots televisivos.
Entre los 20 mayores créditos presentados dentro de las operaciones
“reportables” descubiertas por Mackey, se incluye, por ejemplo, uno por
8 176.3 millones de pesos, otorgado por Banca Confía (identificado con el
número 3 295), el cual se clasifica como “relacionado”, es decir, autopréstamo
o concedido a una empresa vinculada directamente con los accionistas
del banco. Este préstamo no está incluido entre los que están
sujetos a investigación por las autoridades. ¿Quién es el beneficiario de
este crédito? La pregunta es legítima, ya que se le puede terminar dando
un tratamiento similar a los préstamos otorgados a la familia Fox.
Para que se conozcan los nombres de los beneficiarios del Fobaproa
identificados por Mackey, es suficiente que la mayoría de los diputados voten
a favor de ello, como lo ha propuesto el PRD. Los votos unificados de los
diputados del PRD y del PAN bastarían para ello. Sin embargo, lo más probable
es que esa lista se siga manteniendo en secreto, ocultando las identidades
de muchas personas, entre las cuales, probablemente se encuentran otros
famosos panistas.
25
En cualquier país civilizado, lo peor de un crimen es que permanezca
impune. Pero en México, el país de la impunidad, un crimen sin castigo
no es lo peor, lo es todavía más su desconocimiento, que ni siquiera
se sepa qué pasó ni se conozca a los responsables de lo sucedido.
El presente trabajo busca ayudar a desnudar la gran operación de encubrimiento
que pretenden las autoridades gubernamentales, con la complicidad
del Partido Acción plicidad Nacional (PAN), respecto a uno de los mayores
crímenes que se han cometido contra la mayoría de los mexicanos: el del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). El tema es el referente
a las operaciones reportables del informe de Michael Mackey, es decir,
los créditos irregulares descubiertos por este consultor que las autoridades
se han negado a investigar.
■ ANTECEDENTES
Como se recuerda, a partir de que el presidente Zedillo envió a la Cámara de
Diputados, en marzo de 1998, una iniciativa de ley para convertir en deuda
pública más de 550 mil millones de pesos de pasivos del Fobaproa, se inició
un gran debate nacional.
Partiendo del hecho de que la gran mayoría de la población desconoce
los temas financieros, el gobierno federal trató de justificar la forma como
había llevado a cabo el rescate bancario, con el argumento de que cualquier
alternativa diferente a la aplicada hubiera sido más costosa. Desde el enfoque
LAS OPERACIONES REPORTABLES
DEL FOBAPROA
MARZO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
26
del Ejecutivo Federal, la acumulación de esos enormes pasivos había evitado
un colapso de la economía, cuyas consecuencias sobre la población
hubieran sido mucho peores.
La gran mentira gubernamental quedó al descubierto en julio de ese año
cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer su
documento Fobaproa: el gran atentado contra la economía nacional (véase
Coyuntura, núm. 86, mayo-julio de 1998). En ese texto demostró que la crisis
del sistema bancario había sido propiciada por una política gubernamental
equivocada. Además, evidenció que la forma como se realizó el rescate
bancario estuvo plagada de ilegalidades y provocó un crecimiento injustificado
de la deuda pública.
La propuesta del PRD fue que, antes de pretender convertir esos pasivos
en deuda pública oficial, se investigara lo sucedido; se fincaran responsabilidades;
se castigara a los culpables del desfalco y se aplicaran todas las
medidas posibles para recuperar los recursos obtenidos, de manera abusiva
y fraudulenta, por una minoría de empresarios y banqueros.
Durante el mes de agosto de 1998, el PRD realizó una campaña nacional
para dar a conocer a la población el problema del Fobaproa. Esa campaña
concluyó con una consulta nacional en la que participaron más de tres millones
de personas, que se pronunciaron de manera mayoritaria en contra
de la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública oficial, como
lo propuso el presidente Zedillo.
Ante la presión popular, la Cámara de Diputados decidió, en septiembre
de ese año, encargar una auditoría a las operaciones del Fobaproa. Para
ello contrató al consultor canadiense Michael Mackey. Aunque existen en
México muchos despachos contables de gran prestigio, se optó por un
extranjero para limitar la posibilidad de que las autoridades pudieran presionarlo
y para evitar, además, un posible conflicto de intereses.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB
La propuesta de los legisladores del PRD fue rechazar la conversión de esos
pasivos en deuda pública; esperar los resultados de la auditoría encargada a
Mackey; depurar esos enormes pasivos y, sólo después de ello, decidir el
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
27
destino de los restantes. Sin embargo, en diciembre de 1998, los diputados
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN aprobaron la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, mediante la cual se legalizó el fraude del Fobaproa
y se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En el artículo quinto transitorio de dicha ley, se dispuso que “[e]l Ejecutivo
Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que
las auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada
en vigor de esta ley”. Además, se mandó que “[e]n caso de que la auditoría
reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades
a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad
legal y económica”.
En ese mismo artículo se agregó que, “[e]n caso de que durante las auditorías
se detecten créditos ilegales el Instituto, mediante resolución de la
Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las
instituciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto
equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del Instituto”. Es decir,
se dejó al IPAB la opción de decidir si los créditos, ya calificados como ilegales,
serían pagados por los bancos que los otorgaron, o por la sociedad,
mediante la deuda pública.
En el multicitado artículo de la Ley se incluyó además que “[c]uando la
ilegalidad sea atribuible a la administración de la institución de que se trate,
ésta deberá absorber el costo de dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá
el monto de la garantía o instrumento de pago”. Sin embargo, la calificación
respecto a si el banco que otorgó el crédito ilegal tiene responsabilidad o
no, se dejó también en manos del IPAB.
El artículo séptimo transitorio de esa ley mandata que en los casos de
operaciones cuyos recursos se hayan donado o aportado “a entidades de interés
público que reciban financiamiento público y que por tal motivo hayan
generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades
devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con
cargo a los financiamientos públicos que, conforme a las leyes que las rigen,
reciban ordinariamente”.
Esta disposición parece dedicada a la famosa “donación” del exbanquero
Carlos Cabal Peniche al PRI para financiar las campañas políticas de Ernesto
Zedillo a la Presidencia y de Roberto Madrazo a la gubernatura de
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
28
Tabasco en 1994 con créditos bancarios no pagados que terminaron en la
panza del Fobaproa. Si la auditoría de Mackey descubría esa operación, el
PRI estaría obligado a devolver esos recursos mediante una deducción equivalente
en sus asignaciones públicas.
■ EL INFORME DE MACKEY
En julio de 1999, Michael Mackey entregó a la Cámara de Diputados su Informe
sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Desafortunadamente, la auditoría encargada a ese consultor no pudo
ser llevada a cabo de manera completa y eficaz debido a la reiterada negativa
de las autoridades a proporcionarle toda la información que requería,
en especial, la referida a los fideicomisos como el utilizado por Cabal Peniche.
La excusa fue el famoso secreto bancario.
Aun así, Mackey elaboró su informe con base en los datos que de manera
limitada y seleccionada le fueron entregados. En su reporte presentó un
análisis de las operaciones del Fobaproa y una evaluación de la actu ación
de las autoridades durante la gestación de la crisis bancaria y la apli ca ción de
los programas de rescate y saneamiento financiero. El Informe de Mackey
terminó sólo como una asesoría para ayudar a los diputados en sus tareas
legislativas, sin alcanzar la categoría de auditoría, como se había ofrecido
en la ley que dio vida al IPAB.
Los voceros del gobierno federal y sus diputados cómplices del PRI y
del PAN han pretendido hacer pasar el Informe de Mackey como una auditoría
al Fobaproa sin que en realidad lo sea. Al presentar ese informe como
la anunciada auditoría se intenta hacer creer que se cumplió con la Ley, pero
no sólo se legaliza este enorme fraude contra el pueblo de México, sino que
se garantiza la impunidad de los responsables al aparentar que un auditor
independiente revisó todo y no encontró más que los 6 mil millones de pesos
en créditos ilegales, ya identificados previamente por las autoridades.
El propio Mackey lo dijo en su reporte:
Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una
auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
29
previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento
expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos
opinión alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de la CNBV,
del Fobaproa, de la SHCP, del Banco de México, de los bancos individuales o
de los controles internos de estos organismos e instituciones. Como se señala
en otra parte de este informe, los términos de referencia de esta revisión
fueron diferentes a los de una auditoría financiera y no debe considerarse que
proporcionan la misma información y nivel de seguridad que una auditoría
financiera.1
Además, Mackey describió con detalle cómo las autoridades le negaron
acceso a mucha información indispensable. Por ejemplo:
En los casos en que los bancos habían sido intervenidos estaba claro que
nuestro alcance se extendería a todo el banco ya que Fobaproa era responsable
de todos los pasivos en el banco intervenido. En este contexto surgieron
dos situaciones. Primero, en los casos en donde solamente se emprendió de
facto una intervención administrativa, los interventores tomaron la postura
de que no había ocurrido ninguna intervención y se negó el acceso a todos
los aspectos del banco excepto a aquellos relacionados con los programas del
Fobaproa. Segundo, en los casos en donde sí se había emprendido una intervención
gerencial, los interventores adoptaron la postura de que las cuentas
de los fideicomisos en los bancos intervenidos no eran parte de los bancos,
resultando esto, en que se negó acceso a la información relacionada con todas
las cuentas de los fideicomisos.2
Cuando algunos legisladores del PRD insistieron en que la auditoría al
Fobaproa, prometida en la ley del IPAB, aún estaba pendiente, el entonces
vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –ahora en la
Presidencia de la República–, Marco Provencio, afirmó que “no tienen remedio”
1 Informe sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro entregado a la Cámara
de Diputados por el consultor Michael Mackey el 19 de julio de 1999, p. 5.
2 Ibid., p. 17.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
30
los que se atreven a cuestionar la validez de la “auditoría más profunda, más
amplia y más costosa en la historia de México”.3
Sin embargo, el vocero gubernamental olvidó que esa presunta auditoría
no sólo era la más cara de la historia de México, sino la única donde el auditado
decidió la información que proporcionaba al auditor. Basta consultar
los artículos 41, 42, 43, 44 y 45 del Código Fiscal de la Federación para conocer
los elementos de una verdadera auditoría. Es inexplicable por qué las
reglas aplicadas por la SHCP a los ciudadanos, no fueron utilizadas para
examinar los gigantescos pasivos generados por el Fobaproa.
■ LAS OPERACIONES REPORTABLES
Además de la crítica a la forma como el gobierno privatizó los bancos, sin
una supervisión adecuada, y al cúmulo de fallas que incrementaron de manera
excesiva el costo del rescate bancario, Michael Mackey incluyó al final
de su informe el apartado VII denominado “Transacciones reportables”, en
el cual analiza los créditos que, según su propia evaluación, deberían ser
revisados por las autoridades por presentar todo tipo de irregularidades.
Las operaciones reportables ascendieron a 73 775 millones de pesos,
valuados a la fecha en que cada crédito fue adquirido por el Fobaproa, es
decir, al valor que tenía cada uno al momento de su compra por parte de ese
fondo. Contra esos créditos, el Fobaproa emitió pagarés por un valor original
similar a esos préstamos, que se ha ido incrementando al capitalizarse o al
incorporarse al valor del pagaré los intereses acumulados desde la fecha de
la emisión.
El valor actual de los 73 775 millones de pesos considerados en los créditos
reportables es desconocido ya que las autoridades, como de costumbre,
mantienen ocultos los datos necesarios para hacer ese cálculo. Sin
embargo, se puede estimar un rango en el que se puede encontrar el valor
actual. Si se supone que todos los créditos fueron comprados en diciembre
3 Algunas otras puntualizaciones. Informe del 26 al 30 de julio de 1999 del vocero de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Marco Provencio, 1º de agosto de 1999.
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
31
de 1997, el valor actual se situaría en 105.6 mil millones de pesos. Si la compra
se efectuó en diciembre de 1996, ese valor podría alcanzar 132.4 mil
millones de pesos, casi la quinta parte de los pasivos totales del IPAB (véase
el cuadro A-5).
Los créditos reportables fueron clasificados por Mackey en tres grandes
grupos:
A) “Transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales
establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el
Fobaproa”.
B) “Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a
partes con las que tenían alguna relación o afiliación”.
C) “Las transacciones que hayan sido revisadas o estén siendo revisadas
por la CNBV y/o ciertos bancos, mismas que se determinó que
eran ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las
leyes y reglamentos que gobiernan a las instituciones financieras
mexicanas”.
Los créditos clasificadas en el Grupo A se subdividieron, a su vez, en
dos partes:
• A(a) “Identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el
Fobaproa”.
• A(b) “Identificados por los despachos contratados que no fueron
acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa”.
Hasta 1995 la cartera que el Fobaproa compraba a los bancos debía reunir
como requisitos: existencia de garantías, no ser créditos relacionados, etcétera.
A partir de 1996, los responsables de administrar ese fondo flexibilizaron
tales reglas y aceptaron todo tipo de créditos. Este cambio, decidido a espaldas
de la nación, es uno de los factores que explica el aumento del costo
fiscal del rescate bancario de menos de 5 a más de 20 por ciento del producto
to interno bruto (PIB).
Las operaciones transferidas al Fobaproa, al amparo de ese cambio en
las reglas, son las que Mackey clasificó dentro del Grupo A. Los créditos del
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
32
Grupo B corresponden a autopréstamos de banqueros y créditos a gente
relacionada de manera directa con ellos. Como dice Mackey en su reporte,
esos créditos normalmente se otorgaron sin investigar la capacidad de pago
de los beneficiarios y sin exigir garantías suficientes. Los créditos del Grupo
C son los declarados ilegales por las propias autoridades y, supuestamente,
sujetos a investigación criminal.
Aquí es muy importante destacar que Mackey en ningún momento se
pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas. En
palabras del consultor “…no podemos emitir opinión alguna en cuanto a si
las transacciones reportables descritas en esta sección son ilegales”. Mackey
sólo llamó la atención sobre los créditos que presentaban irregularidades y
sugirió su investigación para determinar si eran o no ilegales.
En septiembre de 1999, Mackey entregó a los diputados dos anexos de
su reporte. El primero, de 76 páginas, denominado Lista consolidada de operaciones
reportables, incluyó una relación detallada, banco por banco, de los
2 407 créditos que recomendaba investigar. Cada crédito fue identificado
por un número, agregando las razones de su reporte como irregular.
El otro anexo entregado por Mackey a los diputados consistió en un
disco compacto con los nombres de los beneficiarios de esos créditos. Sin
embargo, ese archivo incluyó un código de acceso fragmentado en cinco
claves independientes que, a petición de los propios legisladores, el consultor
entregó a cada uno de los cinco partidos con representación en la Cámara.
De esa forma, para conocer la lista de los beneficiarios de los créditos
calificados por Mackey como irregulares es preciso un acuerdo entre el PRI,
el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
■ LA INVESTIGACIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES
En octubre de 1999, los diputados del PRD propusieron que se dieran a conocer
los nombres de los beneficiarios del quebranto bancario, pero priistas
y panistas aprobaron un punto de acuerdo para mantener en secreto esa
lista y únicamente exhortaron al IPAB a publicar, en marzo de 2000, los nombres
de los responsables de los créditos que hubiera considerado ilegales.
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
33
En el Informe de las transacciones reportables, enviado por el IPAB a la
Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2000, se comentó lo realizado hasta
ese momento respecto a los créditos irregulares detectados por Mackey, sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.
Respecto a las operaciones clasificadas en el Grupo A, el IPAB informó
que:
La Junta de Gobierno, no ha considerado conveniente en este momento iniciar
alguna revisión de carácter legal y contable, teniendo en cuenta que el informe
de M. Mackey establece que estas transacciones fueron acordadas por los bancos,
la CNBV y el Fobaproa. Asimismo, el propio auditor no manifestó que de
dichas transacciones se desprenda alguna ilegalidad.
Con esta excusa, el IPAB olvidó que Mackey no hizo ningún comentario
acerca de la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas, sino que
únicamente llamó la atención sobre las mismas para que las autoridades las
investigaran. Con esa posición, el IPAB garantiza, de hecho, la impunidad a
los beneficiarios con base en un argumento falaz.
Respecto a los 700 millones de operaciones clasificadas en el Grupo A(b),
el IPAB informó que los créditos otorgados por Atlántico y Promex se mantendrán
como deuda de ese instituto, ya que se trata de bancos intervenidos.
Respecto a los otros préstamos, el IPAB optó por canjearlos por otros sin
esos problemas y decidió, de nuevo, cargar a la población el costo de esos
créditos claramente ilegales.
Los autopréstamos de banqueros, o créditos otorgados sin garantías a
gente directamente relacionada con ellos, que Mackey clasificó como Grupo
B, el IPAB decidió revisarlos para identificar ilegalidades en su otorgamiento.
Sin embargo, en su comparecencia ante diputados, el 22 de marzo, el secretario
ejecutivo del IPAB, Vicente Corta, dijo que “el auditor contratado por
la Cámara de Diputados no indica que alguna de las transacciones sea ilegal”.
De nueva cuenta, para garantizar la impunidad de los beneficiarios con estas
operaciones, recurrió a la falacia aplicada al Grupo A.
El informe del IPAB y las declaraciones de Vicente Corta muestran cómo
en lugar de investigar las operaciones irregulares detectadas por Mackey,
el IPAB las encubre. Con algunas excepciones menores, la verdadera labor
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
34
de ese instituto ha sido la de garantizar la impunidad de este atentado contra
la economía de la mayoría de los mexicanos.
■ LAS OPERACIONES REPORTABLES
DE MACKEY BANCO POR BANCO
El panorama general se puede apreciar en el cuadro B-1. De los 2 407 créditos
reportables, más de 82 por ciento está localizado en el Grupo A, 15.7 en
el B, y sólo menos de 2 por ciento en el Grupo C, el cual ya es calificado por
las propias autoridades como ilegal o sujeto a investigación. Sin embargo,
si se observan los montos de dinero involucrados, el Grupo A sólo incluye
poco más de la tercera parte de los 73.8 mil millones de pesos; el C, 8.2 por
ciento; y el B, 57.2 por ciento (42.2 mil millones de pesos) referente a créditos
relacionados, aún no sujetos a investigación.
Por monto promedio de los 2 407 créditos, los menores a 50 millones de
pesos, aunque integran 90.9 por ciento del total, representan sólo 18.3 por
ciento del dinero involucrado. En contraste, los 219 créditos con un monto
mayor a 50 millones de pesos incluyen 60.3 mil millones de pesos, casi 82
por ciento de la cartera con problemas. Asimismo, los 219 créditos con
montos mayores a 50 millones de pesos están divididos de la siguiente manera:
88 en el Grupo A, 119 en el B, y sólo 12 en el C. Por monto involucrado,
16.7 mil millones están en la parte A, 37.9 en la B, y 5.6 en la C.
Así, los 12 créditos mayores que están sujetos a investigación por las
autoridades representan sólo poco más de 9 por ciento del dinero involucrado,
lo que deja a los restantes 207 créditos, por un monto total de 54.6
mil millones de pesos, fuera de toda investigación criminal. El consultor
Mackey quiso llamar la atención precisamente hacia estas operaciones, lo
cual debería ser reforzado por la acción de los legisladores.
A continuación, se presenta un primer análisis de la situación, banco por
banco, enfatizando la ubicación de los 219 créditos con montos mayores a
50 millones de pesos. Estos comentarios están basados en los cuadros incluidos
en el apéndice B.
1. Anáhuac. Incluye sólo ocho créditos reportables, con un monto
de 234.3 millones de pesos. De esos créditos, seis están ubicados
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
35
entre 10 y 50 millones de pesos, y los restantes dos con montos
mayores a 50 millones. Los ocho créditos están en la clasificación
B, es decir, Mackey los señaló como relacionados, sin que sean
sujetos a investigación.
2. Atlántico. Tiene 135 créditos reportables con un monto de 2 106.6
millones de pesos. De esos créditos, 25 oscilan entre 10 y 50 millones
de pesos, concentrando casi 26 por ciento del monto total involucrado.
Pero sólo ocho créditos resultan mayores a 50 millones de
pesos, representando 66.5 por ciento del valor total. Ninguno de estos
créditos está sujeto a investigación criminal.
3. Banamex. Aunque este banco registra 146 créditos reportables por
un monto total de 4 070.1 millones de pesos, sólo seis de ellos concentran
90 por ciento del valor total involucrado, es decir, 3 665.4
millones de pesos. Todos los créditos están ubicados en el Grupo A,
lo que significa que son operaciones enviadas al Fobaproa con el
acuerdo de los funcionarios, previa modificación de las reglas originales
de ese fondo.
4. Bancen. Tiene 36 créditos reportables por un monto de 1 849.6 millones
de pesos. De ellos, 16 operaciones son mayores a 50 millones
de pesos y concentran más de 80 por ciento del monto total. Todas
las operaciones se encuentran clasificadas en el Grupo B, es decir, se
trata de créditos relacionados, no sujetos aún a investigación por las
autoridades.
5. Bancomer. Registra 142 créditos reportables con un valor total de
2 145.4 millones de pesos. La distribución de estos créditos es más
pareja que en otros bancos. Así, 83 créditos muestran montos menores
a 10 millones de pesos, con 14.8 por ciento del valor total. Los
créditos de entre 10 y 50 millones son 50, con casi 53 por ciento del
monto total. Los créditos mayores a 50 millones son nueve, con 32.3
por ciento del dinero involucrado. Todos se ubican en el Grupo A, es
decir, enviados al Fobaproa con la anuencia de las autoridades.
6. Bancrecer. Tiene 282 créditos reportables, con un monto de 9 572.8
mill ones de pesos, es decir, con casi 13 por ciento de los 73.8 mil millones
de pesos reportados por Mackey. De esos créditos, 44 son
mayores a 50 millones y concentran 5 644.1 millones de pesos, casi
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
36
60 por ciento del monto total. Todos los créditos están clasificados
en el Grupo A y no se encuentran sujetos a investigación.
7. Banorte. Este es el banco con menos problemas. Incluye sólo dos
créditos reportables, menores a 50 millones de pesos e incluidos en
el Grupo A.
8. Banpaís. Registra 39 créditos reportables con un monto de 2 211.8
millones de pesos. De ellos, 26 están ubicados entre 10 y 50 millones
de pesos. Sólo nueve créditos son mayores a 50 millones, pero concentran
casi 62 por ciento del monto total. Aunque siete créditos, con
casi 43 por ciento del monto total, están sujetos a investiga ción criminal,
los restantes 32, que acumulan 1 261.3 millones de pesos, 57
por ciento del total, están reportados como relacionados, pero fuera
de investigación.
9. Banco Bilbao Vizcaya. Aunque este banco tiene sólo ocho créditos
reportables, por 490.2 millones de pesos, dos de ellos concentran
casi 75 por ciento del monto total. Los ocho créditos están clasificados
en el Grupo A.
10. Bital. Este banco concentra 171 créditos reportables, con un monto
total de 3 069.1 millones de pesos. De estos créditos, sólo siete concentran
2 497.9 millones de pesos, más de 81 por ciento del monto
total. Todos están clasificados dentro del Grupo A.
11. Capital. Este banco tiene 11 créditos reportables por un monto de
2 569 millones de pesos. Sólo cuatro créditos concentran 2 402.6
millones de pesos, más de 93 por ciento del dinero involucrado y un
promedio de 600 millones cada uno. Estos cuatro créditos se encuentran
ubicados en el Grupo B, es decir, son relacionados y no están
aún sujetos a investigación.
12. Confía. Registra 12 créditos, por un monto de 9 066.4 millones de
pesos, y ocho de ellos concentran 99 por ciento del monto involucrado.
De estos créditos mayores, siete representan un monto de 802.5
millones, es decir, de 114.6 millones cada uno en promedio y se encuentran
en el Grupo C, sujetos a investigación criminal. El otro
crédito, por 8 176.3 millones de pesos, está ubicado en el Grupo B,
es considerado relacionado y no está sujeto a investigación. Este
único crédito constituye 11 por ciento del monto total reportado por
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
37
Mackey para todos los bancos, y la identificación del beneficiario
parece un asunto de salud pública.
13. Cremi. Este banco tiene cinco créditos reportables por un monto de
189.5 millones de pesos. Un crédito está ubicado entre 10 y 50 millones
de pesos, y los restantes cuatro son mayores a 50 millones. Todos
se encuentran clasificados en el Grupo B, relacionados y no sujetos
aún a investigación.
14. Industrial. Registra ocho créditos reportables por 361.1 millones de
pesos. De ellos, cuatro son mayores a 50 millones y concentran 72
por ciento del monto total. Todos están ubicados en el Grupo B, relacionados
y no investigados por las autoridades.
15. Interestatal. Este banco tiene 111 créditos reportables por un monto
de 883.9 millones de pesos. De esos créditos, 16 están ubicados entre
10 y 50 millones de pesos, y concentran 40.7 por ciento del monto
total. Los créditos mayores a 50 millones son cuatro, con 32.5 por
ciento del valor total. Sólo 18 créditos, con 16.2 por ciento del monto
involucrado, están en el Grupo C, bajo investigación. Los restantes
93 créditos, con 83.8 por ciento del monto, se encuentran en el Grupo
B, relacionados y no investigados.
16. Inverlat. Este banco concentra 71 créditos reportables, por un
monto de 10 096.8 millones de pesos, 13.7 por ciento del total reportado
por Mackey para todos los bancos. Sólo 32 de estos créditos
concentran más de 92 por ciento del monto total, con 290
millones cada uno en promedio. Todos estos créditos están clasificados
en el Grupo B, es decir, son relacionados y no se encuentran
sujetos a investigación.
17. Obrero. Este banco tiene seis créditos reportables por 717 millones
de pesos. Los tres créditos mayores concentran casi 90 por
ciento del monto involucrado, con 214.5 millones cada uno en
promedio. Todos están ubicados en el Grupo B, relacionados y no
investigados.
18. Oriente. Incluye 33 créditos reportables, por 1 682.8 millones de
pesos. De ellos, siete concentran casi 68 por ciento del valor total,
con 162.7 millones cada uno en promedio. Sólo un crédito por 42.3
millones de pesos se encuentra en el Grupo C, siendo investigado.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
38
Los demás están incluidos en el Grupo B, relacionados y no sujetos
aún a investigación.
19. Promex. Aunque este banco tiene 166 créditos reportables por 1
145.5 millones de pesos, su concentración es exagerada, ya que
sólo dos créditos acumulan casi 85 por ciento del total, con 484
millones de pesos cada uno en promedio. Todos los créditos se
encuentran clasificados en el Grupo A, es decir que no cumplían
las reglas originales del Fobaproa que fueron modificadas por las
autoridades para poder aceptarlos como parte de la cartera
comprada.
20. Pronorte. Este banco incluye sólo tres créditos reportables por un
monto de 23.9 millones de pesos. Los tres están en el Grupo B, relacionados
y no investigados.
21. Serfín. Aunque este banco es el que incluye un mayor número de
créditos reportables, 938, por un monto de 3 401.7 millones de pesos,
su concentración es muy elevada. De ellos, 51 créditos concentran
2 695.6 millones de pesos, 79.2 por ciento del monto total. Todos
los créditos se encuentran clasificados en el Grupo A, reconocidos
por las autoridades, aunque no cumplieran con las reglas originales
del Fobaproa.
22. Sureste. Este banco registra sólo ocho créditos reportables, por 74.8
millones de pesos. Los ocho créditos son menores a 50 millones de
pesos. De ellos, dos están en el Grupo C, siendo investigados. Los
otros seis, con 59.2 por ciento del monto total, se encuentran en el
Grupo B, relacionados y no investigados.
23. Unión. Este banco registra 66 créditos reportables por 17 020.1 millones
de pesos, 23 por ciento del monto total reportado por Mackey.
De estos créditos, 37 representan 16 141.3 millones de pesos, con un
promedio de 436 millones de pesos cada uno, casi 95 por ciento del
monto total. Sólo dos créditos, por 3 956.8 millones de pesos, se encuentran
en el Grupo C, siendo investigados. Los restantes 64 créditos,
con 13 063.3 millones de pesos, se encuentran clasificados en el
Grupo B, es decir, son relacionados pero no se han incluido entre los
sujetos a investigación criminal.
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
39
APÉNDICE A
CUADRO A-1
FOBAPROA: RESUMEN DE TRANSACCIONES REPORTABLES
(MILES DE PESOS)
Banco Grupo A (a) Grupo A (b) Grupo B Grupo C Total
Anáhuac 0.0 0.0 234 284.0 0.0 234 284.0
Atlántico 1’201 940.7 362 593.2 542 084.7 0.0 2’106 618.7
Banamex 4’070 056.4 0.0 0.0 0.0 4’070 056.4
Bancen 0.0 0.0 1’849 592.4 0.0 1’849 592.4
Bancomer 1’807 156.7 338 200.2 0.0 0.0 2’145 356.9
Bancrecer 9’572 775.3 0.0 0.0 0.0 9’572 775.3
Banorte 35 363.0 0.0 0.0 0.0 35 363.0
Banpaís 0.0 0.0 1’261 302.6 950 500.0 2’211 802.6
BBV 483 406.3 6 783.6 0.0 0.0 490 189.9
Bital 3’064 333.4 4 799.6 0.0 0.0 3’069 133.0
Capital 0.0 0.0 2’544 207.0 24 748.0 2’568 955.0
Confía 0.0 0.0 8’176 290.0 890 109.9 9’066 399.9
Cremi 0.0 0.0 947 313.8 0.0 947 313.8
Industrial 0.0 0.0 361 130.3 0.0 361 130.3
Interestatal 0.0 0.0 740 459.3 143 450.8 883 910.0
Inverlat 0.0 0.0 10’096 787.7 0.0 10’096 787.7
Obrero 0.0 0.0 717 008.0 0.0 717 008.0
Oriente 0.0 0.0 1’640 474.1 42 314.5 1’682 788.6
Promex 1’141 497.9 3 983.6 0.0 0.0 1’145 481.5
Pronorte 0.0 0.0 23 899.1 0.0 23 899.1
Serfín 3’401 655.6 0.0 0.0 0.0 3’401 655.6
Sureste 0.0 0.0 44 272.3 30 540.3 74 812.7
Unión 0.0 0.0 13’063 329.1 3’956 785.7 17’020 114.8
Total-Base de datos 24’778 185.2 716 360.3 42’242 434.5 6’038 449.2 73’775 429.3
Redondeo (778 185.2) (16 360.3) (242 434.5) (38 449.2) (1’075 429.3)
Total-Reporte 24’000 000.0 700 000.0 42’000 000.0 6’000 000.0 72’700 000.0
Grupo A (a). Créditos que no satisfacen los criterios originalmente establecidos, pero que sí fueron acordados
entre los bancos, CNBV y Fobaproa.
Grupo A (b). Créditos que no satisfacen los criterios originalmente establecidos, pero que no fueron acordados
entre los bancos, CNBV y Fobaproa.
Grupo B. Autopréstamos de los banqueros o créditos otorgados a partes relacionadas.
Grupo C. Créditos ya clasificados por las autoridades como ilegales.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
40
CUADRO A-2. FOBAPROA: RESUMEN DE TRANSACCIONES REPORTABLES
(NÚMERO DE CRÉDITOS)
Banco Grupo A (a) Grupo A (b) Grupo B Grupo C Total
Anáhuac 0 0 8 0 8
Atlántico 130 2 3 0 135
Banamex 146 0 0 0 146
Bancen 0 0 36 0 36
Bancomer 128 14 0 0 142
Bancrecer 282 0 0 0 282
Banorte 2 0 0 0 2
Banpaís 0 0 32 7 39
BBV 5 3 0 0 8
Bital 170 1 0 0 171
Capital 0 0 10 1 11
Confía 0 0 1 11 12
Cremi 0 0 5 0 5
Industrial 0 0 8 0 8
Interestatal 0 0 93 18 111
Inverlat 0 0 71 0 71
Obrero 0 0 6 0 6
Oriente 0 0 32 1 33
Promex 165 1 0 0 166
Pronorte 0 0 3 0 3
Serfín 938 0 0 0 938
Sureste 0 0 6 2 8
Unión 0 0 64 2 66
Total-Base de datos 1 966 21 378 42 2 407
CUADRO A-3. FOBAPROA: RESUMEN DE TRANSACCIONES REPORTABLES
(MONTO PROMEDIO POR CRÉDITO EN MILES DE PESOS)
Banco Grupo A (a) Grupo A (b) Grupo B Grupo C Total
Anáhuac 0.0 0.0 29 285.5 0.0 29 285.5
Atlántico 9 245.7 181 296.6 180 694.9 0.0 15 604.6
Banamex 27 877.1 0.0 0.0 0.0 27 877.1
Bancen 0.0 0.0 51 377.6 0.0 51 377.6
Bancomer 14 118.4 24 157.2 0.0 0.0 15 108.1
Bancrecer 33 946.0 0.0 0.0 0.0 33 946.0
Banorte 17 681.5 0.0 0.0 0.0 17 681.5
Banpaís 0.0 0.0 39 415.7 135 785.7 56 712.9
BBV 96 681.3 2 261.2 0.0 0.0 61 273.7
Bital 18 025.5 4 799.6 0.0 0.0 17 948.1
Capital 0.0 0.0 254 420.7 24 748.0 233 541.4
Confía 0.0 0.0 8 176 290.0 80 919.1 755 533.3
Cremi 0.0 0.0 189 462.8 0.0 189 462.8
Industrial 0.0 0.0 45 141.3 0.0 45 141.3
Interestatal 0.0 0.0 7 961.9 7 969.5 7 963.2
Inverlat 0.0 0.0 142 208.3 0.0 142 208.3
Obrero 0.0 0.0 119 501.3 0.0 119 501.3
Oriente 0.0 0.0 51 264.8 42 314.5 50 993.6
Promex 6 918.2 3 983.6 0.0 0.0 6 900.5
Pronorte 0.0 0.0 7 966.4 0.0 7 966.4
Serfín 3 626.5 0.0 0.0 0.0 3 626.5
Sureste 0.0 0.0 7 378.7 15 270.2 9 351.6
Unión 0.0 0.0 204 114.5 1 978 392.9 257 880.5
Total-Base de datos 12 603.3 34 112.4 111 752.5 143 772.6 30 650.4
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
41
CUADRO A-4
FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES
(MILLONES DE PESOS)
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total (valor de compra) 2 407 100.00 73 775.4 100.00 30.650
Créditos menores a 1 millón 1 141 47.40 276.3 0.37 0.242
Créditos entre 1 y 10 millones 581 24.14 2 151.0 2.92 3.702
Créditos entre 10 y 50 millones 466 19.36 11 094.9 15.04 23.809
Créditos entre 50 y 100 millones 105 4.36 7 310.5 9.91 69.624
Créditos entre 100 y 500 millones 94 3.91 19 928.8 27.01 212.009
Créditos mayores a 500 millones 20 0.83 33 013.9 44.75 1’650.695
CUADRO A-5
FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES
(PESOS)
Número
de créditos
Monto
de los créditos
Monto
promedio
% Pasivos
del IPAB
Total (valor actual mínimo) 2 407 105 594 43.869 14.08
Créditos menores a 1 millón 1 141 395 0.347 0.05
Créditos entre 1 y 10 millones 581 3 079 5.299 0.41
Créditos entre 10 y 50 millones 466 15 880 34.077 2.12
Créditos entre 50 y 100 millones 105 10 463 99.652 1.40
Créditos entre 100 y 500 millones 94 28 524 303.446 3.80
Créditos mayores a 500 millones 20 47 252 2 362.619 6.30
Total (valor actual máximo) 2 407 132 378 54.997 17.65
Créditos menores a 1 millón 1 141 496 0.434 0.07
Créditos entre 1 y 10 millones 581 3 860 6.643 0.51
Créditos entre 10 y 50 millones 466 19 908 42.721 2.65
Créditos entre 50 y 100 millones 105 13 118 124.929 1.75
Créditos entre 100 y 500 millones 94 35 759 380.415 4.77
Créditos mayores a 500 millones 20 59 238 2 961.903 7.90
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
42
APÉNDICE B
CUADRO B-1. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / TOTAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 2 407 100.00 73 775’429 264 100.00 30’650 365
Menores a 1 millón de pesos 1 141 47.40 276’252 287 0.37 242 114
Entre 1 y 10 millones de pesos 581 24.14 2 150’978 019 2.92 3’702 200
Entre 10 y 50 millones de pesos 466 19.36 11 094’935 411 15.04 23’808 874
Mayores a 50 millones de pesos 219 9.10 60 253’263 547 81.67 275’129 057
Grupo A (a) 1 966 81.68 24 778’185 249 33.59 12’603 350
Menores a 1 millón de pesos 1 108 56.36 260’320 152 1.05 234 946
Entre 1 y 10 millones de pesos 479 24.36 1 725’834 430 6.97 3’602 995
Entre 10 y 50 millones de pesos 293 14.90 6 572’774 180 26.53 22’432 676
Mayores a 50 millones de pesos 86 4.37 16 219’256 487 65.46 188’596 006
Grupo A (b) 21 0.87 716’360 305 0.97 34’112 395
Menores a 1 millón de pesos 2 9.52 4’099 120 0.57 2’049 560
Entre 1 y 10 millones de pesos 7 33.33 41’145 481 5.74 5’877 926
Entre 10 y 50 millones de pesos 10 47.62 210’134 972 29.33 21’013 497
Mayores a 50 millones de pesos 2 9.52 460’980 732 64.35 230’490 366
Grupo B 378 15.70 42 242’434 500 57.26 111’752 472
Menores a 1 millón de pesos 28 7.41 10’880 882 0.03 388 603
Entre 1 y 10 millones de pesos 81 21.43 319’172 282 0.76 3’940 399
Entre 10 y 50 millones de pesos 150 39.68 3 986’755 442 9.44 26’578 370
Mayores a 50 millones de pesos 119 31.48 37 925’625 894 89.78 318’702 739
Grupo C 42 1.74 6 038’449 210 8.18 143’772 600
Menores a 1 millón de pesos 3 7.14 952 133 0.02 317 378
Entre 1 y 10 millones de pesos 14 33.33 64’825 826 1.07 4’630 416
Entre 10 y 50 millones de pesos 13 30.95 325’270 817 5.39 25’020 832
Mayores a 50 millones de pesos 12 28.57 5 647’400 434 93.52 470’616 703
CUADRO B-2. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / ANÁHUAC
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 234’283 962 100.00 29’285 495
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 6 75.00 86’519 366 36.93 14’419 894
Mayores a 50 millones de pesos 2 25.00 147’764 596 63.07 73’882 298
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 8 100.00 234’283 962 100.00 29’285 495
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 6 75.00 86’519 366 36.93 14’419 894
Mayores a 50 millones de pesos 2 25.00 147’764 596 63.07 73’882 298
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
43
CUADRO B-3. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / ATLÁNTICO
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 135 100.00 2 106’618 677 100.00 15’604 583
Menores a 1 millón de pesos 56 41.48 25’294 205 1.20 451 682
Entre 1 y 10 millones de pesos 46 34.07 134’406 518 6.38 2’921 881
Entre 10 y 50 millones de pesos 25 18.52 546’516 183 25.94 21’860 647
Mayores a 50 millones de pesos 8 5.93 1 400’401 771 66.48 175’050 221
Grupo A (a) 130 96.30 1 201’940 730 57.06 9’245 698
Menores a 1 millón de pesos 56 43.08 25’294 205 2.10 451 682
Entre 1 y 10 millones de pesos 46 35.38 134’406 518 11.18 2’921 881
Entre 10 y 50 millones de pesos 22 16.92 468’929 698 39.01 21’314 986
Mayores a 50 millones de pesos 6 4.62 573’310 309 47.70 95’551 718
Grupo A (b) 2 1.48 362’593 224 17.21 181’296 612
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 50.00 22’593 224 6.23 22’593 224
Mayores a 50 millones de pesos 1 50.00 340’000 000 93.77 340’000 000
Grupo B 3 2.22 542’084 723 25.73 180’694 908
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 66.67 54’993 261 10.14 27’496 631
Mayores a 50 millones de pesos 1 33.33 487’091 462 89.86 487’091 462
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-4. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANAMEX
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 146 100.00 4 070’056 376 100.00 27 877 098
Menores a 1 millón de pesos 84 57.53 25’736 875 0.63 306 391
Entre 1 y 10 millones de pesos 44 30.14 154’270 638 3.79 3’506 151
Entre 10 y 50 millones de pesos 12 8.22 224’680 278 5.52 18’723 357
Mayores a 50 millones de pesos 6 4.11 3 665’368 585 90.06 610’894 764
Grupo A (a) 146 100.00 4 070’056 376 100.00 27’877 098
Menores a 1 millón de pesos 84 57.53 25’736 875 0.63 306 391
Entre 1 y 10 millones de pesos 44 30.14 154’270 638 3.79 3’506 151
Entre 10 y 50 millones de pesos 12 8.22 224’680 278 5.52 18’723 357
Mayores a 50 millones de pesos 6 4.11 3 665’368 585 90.06 610’894 764
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
44
CUADRO B-5. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANCEN
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 36 100.00 1 849’592 391 100.00 51’377 566
Menores a 1 millón de pesos 2 5.56 576 362 0.03 288 181
Entre 1 y 10 millones de pesos 7 19.44 43’928 689 2.38 6’275 527
Entre 10 y 50 millones de pesos 11 30.56 309’749 713 16.75 28’159 065
Mayores a 50 millones de pesos 16 44.44 1 495’337 627 80.85 93’458 602
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 36 100.00 1 849’592 391 100.00 51’377 566
Menores a 1 millón de pesos 2 5.56 576 362 0.03 288 181
Entre 1 y 10 millones de pesos 7 19.44 43’928 689 2.38 6’275 527
Entre 10 y 50 millones de pesos 11 30.56 309’749 713 16.75 28’159 065
Mayores a 50 millones de pesos 16 44.44 1 495’337 627 80.85 93’458 602
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-6. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANCOMER
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 142 100.00 2 145’356 947 100.00 15’108 148
Menores a 1 millón de pesos 20 14.08 8 872’348 0.41 443 617
Entre 1 y 10 millones de pesos 63 44.37 308’577 336 14.38 4’898 053
Entre 10 y 50 millones de pesos 50 35.21 1 133’845 065 52.85 22’ 676 901
Mayores a 50 millones de pesos 9 6.34 694’062 198 32.35 77’118 022
Grupo A (a) 128 90.14 1 807’156 739 84.24 14’118 412
Menores a 1 millón de pesos 20 15.63 8’872 348 0.49 443 617
Entre 1 y 10 millones de pesos 59 46.09 278’899 608 15.43 4’727 112
Entre 10 y 50 millones de pesos 41 32.03 946’303 317 52.36 23’080 569
Mayores a 50 millones de pesos 8 6.25 573’081 466 31.71 71’635 183
Grupo A (b) 14 9.86 338’200 208 15.76 24’157 158
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 4 28.57 29’677 728 8.78 7’419 432
Entre 10 y 50 millones de pesos 9 64.29 187’541 748 55.45 20’837 972
Mayores a 50 millones de pesos 1 7.14 120’980 732 35.77 120’980 732
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
45
CUADRO B-7. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANCRECER
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 282 100.00 9 572’775 261 100.00 33’946 012
Menores a 1 millón de pesos 21 7.45 8’989 544 0.09 428 074
Entre 1 y 10 millones de pesos 68 24.11 304’281 053 3.18 4’474 721
Entre 10 y 50 millones de pesos 149 52.84 3 615’387 101 37.77 24’264 343
Mayores a 50 millones de pesos 44 15.60 5 644’117 563 58.96 128’275 399
Grupo A (a) 282 100.00 9 572’775 261 100.00 33’946 012
Menores a 1 millón de pesos 21 7.45 8’989 544 0.09 428 074
Entre 1 y 10 millones de pesos 68 24.11 304’281 053 3.18 4’474 721
Entre 10 y 50 millones de pesos 149 52.84 3 615’387 101 37.77 24’264 343
Mayores a 50 millones de pesos 44 15.60 5 644’117 563 58.96 128’275 399
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-8. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANORTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (a) 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
46
CUADRO B-9. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANPAÍS
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 39 100.00 2 211’802 559 100.00 56’712 886
Menores a 1 millón de pesos 2 5.13 700 000 0.03 350 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 5.13 15’849 511 0.72 7’924 756
Entre 10 y 50 millones de pesos 26 66.67 825’190 442 37.31 31’738 094
Mayores a 50 millones de pesos 9 23.08 1 370’062 606 61.94 152’229 178
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 32 82.05 1 261’302 559 57.03 39’415 705
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 6.25 15’849 511 1.26 7’924 756
Entre 10 y 50 millones de pesos 24 75.00 763’490 442 60.53 31’812 102
Mayores a 50 millones de pesos 6 18.75 481’962 606 38.21 80’327 101
Grupo C 7 17.95 950’500 000 42.97 135’785 714
Menores a 1 millón de pesos 2 28.57 700 000 0.07 350 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 28.57 61’700 000 6.49 30’850 000
Mayores a 50 millones de pesos 3 42.86 888’100 000 93.44 296’033 333
CUADRO B-10. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BBV
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 490’189 917 100.00 61’273 740
Menores a 1 millón de pesos 1 12.50 115 486 0.02 115 486
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 25.00 6’668 151 1.36 3’334 076
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 117’531 085 23.98 39’177 028
Mayores a 50 millones de pesos 2 25.00 365’875 195 74.64 182’937 598
Grupo A (a) 5 62.50 483’406 280 98.62 96’681 256
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 60.00 117’531 085 24.31 39’177 028
Mayores a 50 millones de pesos 2 40.00 365’875 195 75.69 182’937 598
Grupo A (b) 3 37.50 6’783 637 1.38 2’261 212
Menores a 1 millón de pesos 1 33.33 115 486 1.70 115 486
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 66.67 6’668 151 98.30 3’334 076
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
47
CUADRO B-11. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BITAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 171 100.00 3’069 132 959 100.00 17’948 146
Menores a 1 millón de pesos 94 54.97 24’095 044 0.79 256 330
Entre 1 y 10 millones de pesos 49 28.65 195’833 718 6.38 3’996 606
Entre 10 y 50 millones de pesos 21 12.28 351’353 144 11.45 16’731 102
Mayores a 50 millones de pesos 7 4.09 2 497’851 053 81.39 356’835 865
Grupo A (a) 170 99.42 3 064’333 357 99.84 18’025 490
Menores a 1 millón de pesos 94 55.29 24’095 044 0.79 256 330
Entre 1 y 10 millones de pesos 48 28.24 191’034 116 6.23 3’979 877
Entre 10 y 50 millones de pesos 21 12.35 351’353 144 11.47 16’731 102
Mayores a 50 millones de pesos 7 4.12 2 497’851 053 81.51 356’835 865
Grupo A (b) 1 0.58 4’799 602 0.16 4’799 602
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 100.00 4’799 602 100.00 4’799 602
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-12. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / CAPITAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 11 100.00 2 568’955 037 100.00 233’541 367
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 9.09 4’648 332 0.18 4’648 332
Entre 10 y 50 millones de pesos 6 54.55 161’753 280 6.30 26’958 880
Mayores a 50 millones de pesos 4 36.36 2 402’553 425 93.52 600’638 356
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 10 90.91 2 544’207 037 99.04 254’420 704
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 10.00 4’648 332 0.18 4’648 332
Entre 10 y 50 millones de pesos 5 50.00 137’005 280 5.38 27’401 056
Mayores a 50 millones de pesos 4 40.00 2 402’553 425 94.43 600’638 356
Grupo C 1 9.09 24’748 000 0.96 24’748 000
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 100.00 24’748 000 100.00 24’748 000
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
48
CUADRO B-13. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / CONFÍA
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 12 100.00 9 066’399 889 100.00 755’533 324
Menores a 1 millón de pesos 1 8.33 252 133 0.00 252 133
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 25.00 87’343 046 0.96 29’114 349
Mayores a 50 millones de pesos 8 66.67 8 978’804 710 99.03 1 122’350 589
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 1 8.33 8 176’290 000 90.18 8 176’290 000
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 1 100.00 8 176’290 000 100.00 8 176’290 000
Grupo C 11 91.67 890’109 889 9.82 80’919 081
Menores a 1 millón de pesos 1 9.09 252 133 0.03 252 133
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 27.27 87’343 046 9.81 29’114 349
Mayores a 50 millones de pesos 7 63.64 802’514 710 90.16 114’644 959
CUADRO B-14. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / CREMI
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 5 100.00 947’313 809 100.00 189’462 762
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 20.00 36’000 000 3.80 36’000 000
Mayores a 50 millones de pesos 4 80.00 911’313 809 96.20 227’828 452
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 5 100.00 947’313 809 100.00 189’462 762
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 20.00 36’000 000 3.80 36’000 000
Mayores a 50 millones de pesos 4 80.00 911’313 809 96.20 227’828 452
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
49
CUADRO B-15. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / INDUSTRIAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 361’130 300 100.00 45’141 288
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 12.50 2’380 758 0.66 2’380 758
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 98’085 993 27.16 32’695 331
Mayores a 50 millones de pesos 4 50.00 260’663 549 72.18 65’165 887
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 8 100.00 361’130 300 100.00 45’141 288
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 12.50 2’380 758 0.66 2’380 758
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 98’085 993 27.16 32’695 331
Mayores a 50 millones de pesos 4 50.00 260’663 549 72.18 65’165 887
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-16. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / INTERESTATAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 111 100.00 883’910 047 100.00 7’963 154
Menores a 1 millón de pesos 24 21.62 8’796 662 1.00 366 528
Entre 1 y 10 millones de pesos 67 60.36 227’764 810 25.77 3’399 475
Entre 10 y 50 millones de pesos 16 14.41 359’706 287 40.69 22’481 643
Mayores a 50 millones de pesos 4 3.60 287’642 288 32.54 71’910 572
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 93 83.78 740’459 290 83.77 7’961 928
Menores a 1 millón de pesos 24 25.81 8’796 662 1.19 366 528
Entre 1 y 10 millones de pesos 54 58.06 171’746 004 23.19 3’180 482
Entre 10 y 50 millones de pesos 11 11.83 272’274 336 36.77 24’752 212
Mayores a 50 millones de pesos 4 4.30 287’642 288 38.85 71’910 572
Grupo C 18 16.22 143’450 757 16.23 7’969 487
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 13 72.22 56’018 806 39.05 4’309 139
Entre 10 y 50 millones de pesos 5 27.78 87’431 951 60.95 17’486 390
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
50
CUADRO B-17. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / INVERL AT
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 71 100.00 10 096’787 731 100.00 142’208 278
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 10 14.08 58’635 389 0.58 5’863 539
Entre 10 y 50 millones de pesos 29 40.85 730’013 683 7.23 25’172 886
Mayores a 50 millones de pesos 32 45.07 9 308’138 659 92.19 290’879 333
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 71 100.00 10 096’787 731 100.00 142’208 278
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 10 14.08 58’635 389 0.58 5’863 539
Entre 10 y 50 millones de pesos 29 40.85 730’013 683 7.23 25’172 886
Mayores a 50 millones de pesos 32 45.07 9 308’138 659 92.19 290’879 333
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-18. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / OBRERO
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 6 100.00 717’008 000 100.00 119’501 333
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 50.00 73’487 000 10.25 24’495 667
Mayores a 50 millones de pesos 3 50.00 643’521 000 89.75 214’507 000
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 6 100.00 717’008 000 100.00 119’501 333
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 50.00 73’487 000 10.25 24’495 667
Mayores a 50 millones de pesos 3 50.00 643’521 000 89.75 214’507 000
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
51
CUADRO B-19. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / ORIENTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 33 100.00 1 682’788 619 100.00 50’993 595
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 26 78.79 543’923 170 32.32 20’920 122
Mayores a 50 millones de pesos 7 21.21 1 138’865 449 67.68 162’695 064
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 32 96.97 1 640’474 123 97.49 51’264 816
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 25 78.13 501’608 674 30.58 20’064 347
Mayores a 50 millones de pesos 7 21.88 1 138’865 449 69.42 162’695 064
Grupo C 1 3.03 42’314 496 2.51 42’314 496
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 100.00 42’314 496 100.00 42’314 496
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-20. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / PROMEX
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 166 100.00 1 145’481 549 100.00 6’900 491
Menores a 1 millón de pesos 121 72.89 21’927 951 1.91 181 223
Entre 1 y 10 millones de pesos 40 24.10 106’319 503 9.28 2’657 988
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 1.81 48’796 937 4.26 16’265 646
Mayores a 50 millones de pesos 2 1.20 968’437 158 84.54 484’218 579
Grupo A (a) 165 99.40 1 141’497 915 99.65 6’918 169
Menores a 1 millón de pesos 120 72.73 17’944 317 1.57 149 536
Entre 1 y 10 millones de pesos 40 24.24 106’319 503 9.31 2’657 988
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 1.82 48’796 937 4.27 16’265 646
Mayores a 50 millones de pesos 2 1.21 968’437 158 84.84 484’218 579
Grupo A (b) 1 0.60 3’983 634 0.35 3’983 634
Menores a 1 millón de pesos 1 100.00 3’983 634 100.00 3’983 634
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
52
CUADRO B-21. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / PRONORTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 3 100.00 23’899 115 100.00 7’966 372
Menores a 1 millón de pesos 1 33.33 800 000 3.35 800 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 33.33 2’796 500 11.70 2’796 500
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 33.33 20’302 615 84.95 20’302 615
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 3 100.00 23’899 115 100.00 7’966 372
Menores a 1 millón de pesos 1 33.33 800 000 3.35 800 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 33.33 2’796 500 11.70 2’796 500
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 33.33 20’302 615 84.95 20’302 615
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-22. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / SERFÍN
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 938 100.00 3 401’655 569 100.00 3’626 498
Menores a 1 millón de pesos 713 76.01 149’387 819 4.39 209 520
Entre 1 y 10 millones de pesos 174 18.55 556’622 994 16.36 3’198 983
Entre 10 y 50 millones de pesos 40 4.26 764’429 598 22.47 19’110 740
Mayores a 50 millones de pesos 11 1.17 1 931’215 158 56.77 175’565 014
Grupo A (a) 938 100.00 3 401’655 569 100.00 3’626 498
Menores a 1 millón de pesos 713 76.01 149’387 819 4.39 209 520
Entre 1 y 10 millones de pesos 174 18.55 556’622 994 16.36 3’198 983
Entre 10 y 50 millones de pesos 40 4.26 764’429 598 22.47 19’110 740
Mayores a 50 millones de pesos 11 1.17 1 931’215 158 56.77 175’565 014
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
53
CUADRO B-23. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / SURESTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 74’812 689 100.00 9’351 586
Menores a 1 millón de pesos 1 12.50 707 858 0.95 707 858
Entre 1 y 10 millones de pesos 4 50.00 21’929 307 29.31 5’482 327
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 52’175 524 69.74 17’391 841
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 6 75.00 44’272 345 59.18 7’378 724
Menores a 1 millón de pesos 1 16.67 707 858 1.60 707 858
Entre 1 y 10 millones de pesos 3 50.00 13’122 287 29.64 4’374 096
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 33.33 30’442 200 68.76 15’221 100
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 2 25.00 30’540 344 40.82 15’270 172
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 50.00 8’807 020 28.84 8’807 020
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 50.00 21’733 324 71.16 21’733 324
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-24. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / UNIÓN
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 66 100.00 17 020’114 839 100.00 257’880 528
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 3.03 6’064 812 0.04 3’032 406
Entre 10 y 50 millones de pesos 27 40.91 872’782 879 5.13 32’325 292
Mayores a 50 millones de pesos 37 56.06 16 141’267 148 94.84 436’250 463
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 64 96.97 13 063’329 115 76.75 204’114 517
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 3.13 6’064 812 0.05 3’032 406
Entre 10 y 50 millones de pesos 27 42.19 872’782 879 6.68 32’325 292
Mayores a 50 millones de pesos 35 54.69 12 184’481 424 93.27 348’128 041
Grupo C 2 3.03 3 956’785 724 23.25 1 978’392 862
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 2 100.00 3 956’785 724 100.00 1 978’392 862
55
El pasado 15 de marzo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) envió a la Cámara de Diputados el Informe de las transacciones
reportables. A la siguiente semana, Vicente Corta, secretario
ejecutivo del IPAB, compareció ante los legisladores. Tanto el contenido del
Informe, como las aseveraciones del titular del IPAB, muestran que la labor
de ese instituto está orientada a encubrir, justificar y disimular las muchas
irregularidades cometidas mediante el gigantesco fraude conocido como
Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro).
A fines de 1998, la Cámara de Diputados contrató al consultor canadiense
Michael Mackey para que realizara una auditoría a las operaciones del Fobaproa.
En diciembre de ese año, antes de que concluyeran las auditorías, los
diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción
Nacional (PAN) votaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario, mediante la
cual se legalizó el fraude del Fobaproa y se creó el IPAB. En esa ley se dispuso
que las auditorías deberían concluirse en un plazo máximo de seis meses.
En julio de 1999, Mackey entregó a la Cámara de Diputados su informe
sobre las operaciones del Fobaproa. Desafortunadamente, la auditoría encargada
a ese consultor no pudo ser llevada a cabo de manera completa y
eficaz, debido a la reiterada negativa de las autoridades a proporcionarle
toda la información que necesitaba, en especial, la referida a los fideicomisos,
como el utilizado por Carlos Cabal Peniche para transferir recursos al PRI.
La excusa fue el famoso “secreto bancario”.
Mackey incluyó al final de su informe un apartado denominado “Transacciones
reportables”. En él analiza los créditos que, según la evaluación
LAS OPERACIONES
DEL FOBAPROA
29 DE MARZO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
56
de ese consultor, deberían ser revisados por las autoridades, ya que contenían
todo tipo de irregularidades. Los montos involucrados ascendieron a
73 775 millones de pesos, valuados a la fecha en que cada crédito fue adquirido
por el Fobaproa, es decir, al valor que tenía cada uno en el momento en
que ese fondo los compró.
En septiembre de 1999, Mackey entregó a los diputados dos anexos
de su reporte. El primero, de 76 páginas, denominado Lista consolidada de
operaciones reportables, incluyó una relación detallada, banco por banco,
de los 2 407 créditos que el consultor recomendaba que debían ser investigados.
Cada crédito fue identificado por un número, agregando las razones
que obligaban a reportarlo como irregular.
El otro anexo entregado por Mackey a los diputados consistió en un disco
compacto con la lista de nombres de los beneficiarios de esos créditos.
Sin embargo, ese archivo incluyó un código de acceso consistente en cinco
claves independientes, de las cuales, se pidió al consultor que diera una
a cada partido representado en esa cámara. Así, para poder conocer el
contenido de los nombres de los beneficiarios de los cré di tos calificados
por Mackey como irregulares, se precisa un acuerdo entre los cinco par -
ti dos políticos.
Lo primero que llama la atención en el reporte de Mackey, es la enorme
concentración de las operaciones reportables en muy pocos acreditados,
ya que los 219 créditos con montos mayores a 50 millones de pesos alcanzan
un saldo de 60 253 millones (a valor original), y comprenden casi 82 por
ciento del total reportado. A los restantes 2 188 créditos les corresponde el
otro 18 por ciento.
Sólo los 20 créditos más grandes concentran casi 45 por ciento del
total. Entre ellos destaca uno otorgado por Banca Confía, identificado por
Mackey con el número 3 295, por un insólito monto de 8 177 millones de
pesos, es decir, más de 800 millones de dólares. Este préstamo se incluye
en el grupo clasificado como B, es decir que es “relacionado”, autopréstamo
o crédito otorgado a alguien directamente vinculado con los banqueros,
pero que no está sujeto a investigación criminal.
En octubre de 1999, los diputados del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) propusieron que se dieran a conocer los nombres de los beneficiarios
del quebranto bancario, pero la mayoría priista y panista aprobó
LAS OPER ACIONES DEL FOBAPROA
57
un punto de acuerdo para mantener en secreto esa lista y solicitar que el
IPAB diera a conocer, en marzo de 2000, los nombres de los responsables de
los créditos que hubiera considerado ilegales.
Ahora, con el informe enviado por el IPAB, y con las declaraciones de
Vicente Corta, queda claro que el IPAB, en lugar de investigar las operaciones
irregulares detectadas por Mackey, lo que está haciendo es encubrirlas. Con
algunas excepciones menores, la verdadera labor del Instituto está siendo
la de ayudar a garantizar la impunidad de este atentado contra la economía
de la mayoría de los mexicanos.
59
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) volvió a salir
a relucir durante el debate entre los candidatos a la Presidencia de
la República. Cuando Francisco Labastida acusó a Vicente Fox de haberse
beneficiado de ese fraude, el panista respondió que eso no podía
probarlo, a menos que “sus cuates de Hacienda” le dieran la información.
Al día siguiente, Fox declaró que ya no es accionista de las empresas de
su familia y que no le consta que sus familiares estén en el Fobaproa (Milenio
Semanal, 1o de mayo de 2000, p. 37).
Con respuestas de este tipo, Fox trata de convencer de que no es beneficiario
de ese gigantesco atentado. Sin embargo, con la información ahora
disponible, no existe ninguna duda de que Vicente Fox miente, ya que él y
su familia se apropiaron de varios millones de dólares, los cuales deberemos
pagar los mexicanos, mediante el mecanismo del Fobaproa-IPAB (Instituto
de Protección al Ahorro Bancario).
Todo mundo sabe que los principales responsables del fraude del Fobaproa
son el gobierno priista y sus socios empresariales. Pero, lo que mucha
gente ignora aún es que un número de importantes miembros del Partido
Acción Nacional (PAN), incluyendo a Vicente Fox, actuaron en todo momento
como cómplices del régimen en el ocultamiento y “legalización” de este
atraco a la nación, debido a que también se beneficiaron del mismo.
Como puede recordarse, a fines de 1998 el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) intentó construir una alianza con el PAN, para impedir
la legalización del Fobaproa. Aunque esos intentos tuvieron oídos receptivos
en algunos panistas, al final el PAN votó con el Partido Revolucionario
EL FOBAPROA
Y LAS MENTIRAS
DE VICENTE FOX
2 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
60
Institucional (PRI) la Ley de Protección al Ahorro Bancario, contando con
la presencia del mismo Vicente Fox, quien presionó a los diputados panistas
que no terminaban por convencerse.
Desde ese momento, mucha gente se preguntó por qué los dirigentes
del PAN se obstinaban en ocultar ese fraude, actuando como cómplices del
gobierno federal en la legalización de ese crimen. Poco a poco se empezaron
a conocer las razones de ese comportamiento, al saberse que famosos panistas
eran beneficiarios del Fobaproa.
En octubre del año pasado, le llegó el turno a Fox. La revista Milenio
publicó que Enrique Vilatela, director del Banco Nacional de Comercio
Exterior, informó que la familia Fox tenía un adeudo por 3’121 600 dólares,
y que, al no cumplir con sus obligaciones, el banco aceptó que sólo pagaran
440 mil dólares, 14 por ciento de lo que recibieron, dejando los restantes
2’681 600 dólares como deuda del pueblo mexicano.
En la misma revista se informó que las deudas de la familia Fox, con seis
distintos bancos, ascendían a 12’398 000 dólares, de los cuales, 5’211 000
dólares se encontraban ya en el Fobaproa. Entonces, Cristóbal, hermano de
Vicente Fox, reconoció que lo anterior era cierto, agregando que “Vicente ha
tomado la decisión de retirarse de las empresas, donde tenía 20 por ciento
de las acciones” (Milenio Semanal, 4 de octubre de 1999, p. 30).
A partir de entonces, Fox empezó a declarar que ya no era accionista de
las empresas de su familia, y que si tenían algún crédito en el Fobaproa, no lo
sabía. Sin embargo, se le olvidó decir que aunque hubiera vendido su parte
en 1999, también se había beneficiado del hecho de contraer deudas por más
de 12 millones de dólares y sólo pagar una mínima parte cargándole el resto
al empobrecido pueblo mexicano.
Pero el asunto no concluye ahí. Para hacerse pasar como el adalid de la
honestidad y de la verdad, Fox incluyó en su página de internet (www.fox2000.
org.mx) una supuesta “declaración patrimonial”, que es en realidad un informe
de sus ingresos y gastos, y no un inventario de su patrimonio. Para
1999 declara ingresos por 1’284 700 pesos, cifra inferior a la registrada durante
los dos años anteriores. Sin embargo, supuestamente en ese año
vendió a sus hermanos las acciones que tenía en las empresas familiares.
Suponiendo que el capital de las empresas representa sólo la mitad de
las deudas reportadas más arriba, ese monto asciende a 6’200 000 dólares,
EL FOBAPROA Y LAS MENTIR AS DE VICENTE FOX
61
de los cuales, 20 por ciento, es decir, 1’240 000, pertenecían a Vicente Fox.
Ese monto, convertido a pesos, al tipo de cambio promedio registrado en
1999, nos da casi 12 millones de pesos, los cuales no se incluyen como ingreso
en su declaración patrimonial.
De aquí se infiere que Vicente Fox necesariamente está mintiendo. Si en
realidad vendió las acciones, no reporta ese ingreso; y si no las vendió, entonces
continúa siendo accionista de empresas con créditos en el Fobaproa. En
cualquiera de los dos casos, Fox queda como lo que es: un mentiroso.
Conocer estos hechos es muy triste, sobre todo cuando mucha gente
piensa que, por primera vez en décadas, parece posible derrotar al PRI, si
se vota por Fox. Podemos imaginar un México sin PRI, pero no necesariamente
ese paraíso de seguridad, bienestar y optimismo que ofrece Fox.
También podemos imaginar un México con Fox, con un presidente de ocurrencias,
ignorante, demagogo, autoritario y, como ahora sabemos, mentiroso.
63
Durante el último debate entre los candidatos a la Presidencia de la
República, en un acto espectacular, Vicente Fox dio a conocer las
claves de acceso a las listas del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa) que estaban en poder del Partido Acción Nacional (PAN)
y del Partido Verde Ecologista (PVE). Días después, Cuauhtémoc Cárdenas
hizo públicas las claves que tenían el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y el Partido del Trabajo (PT). Entonces, Fox empezó a declarar que
no tenía nada que esconder, y que si las famosas listas se conocían, sería
gracias a él.
Con acciones como la comentada, Fox trata de disimular que es uno de
los beneficiarios del Fobaproa y que su partido, el PAN, ha sido y continúa
siendo un aliado del gobierno en la consumación y el encubrimiento de ese
atentado contra la economía del pueblo mexicano. Esa postura se probó una
vez más el 21 de junio, durante la sesión de la Comisión Investigadora del IPAB
(Instituto de Protección al Ahorro Bancario) en la Cámara de Diputados,
cuando los legisladores panistas Fauzi Hamdan y Édgar Ramírez votaron del
lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para descartar la posible
contratación de especialistas que permitan abrir el archivo que contiene los
nombres de los beneficiarios del Fobaproa.
Veamos primero de dónde salen las famosas listas del Fobaproa. A principios
de 1995, el sistema bancario estuvo a punto de quebrar. Aunque la
intervención gubernamental fue correcta, la forma como se efectuó el rescate
bancario no lo fue. Como afirmé en mi artículo “El gran desfalco de
Serfín” (La Jornada, 24 de mayo de 2000), el gobierno debió haber removido
LAS LISTAS DEL FOBAPROA
21 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
64
a los funcionarios involucrados en la gestación del problema; dar a conocer
reglas generales para el uso de recursos públicos; y cuidar que dichas reglas
tuvieran los incentivos de mercado correctos, evitando que el rescate incluyera
el pernicioso riesgo moral.
El gobierno hizo todo lo contrario. Mientras que los deudores normales,
verdaderas víctimas de la crisis, fueron presionados por todos los medios
para que cumplieran con las leoninas condiciones impuestas por los bancos;
a los banqueros que se habían otorgado autopréstamos, y a los grandes
deudores asociados a los banqueros o relacionados con autoridades gubernamentales,
se les dio un trato preferente.
Para hacer lo anterior, el gobierno utilizó de manera ilegal al Fobaproa.
Ese rescate propició todo tipo de abusos y llevó a que el costo fiscal se incrementara
de manera alarmante. La denuncia del atraco al pueblo mexicano,
llevada a cabo por el PRD en julio de 1998, dio inicio al debate nacional
sobre el Fobaproa. Fue entonces cuando la Cámara de Diputados contrató
al consultor canadiense Michael Mackey, para realizar una auditoría al Fobaproa.
Esta no se pudo efectuar, debido a que el gobierno, con la complicidad
del PAN, legalizó el Fobaproa en diciembre de ese año, cuando Mackey
apenas empezaba su trabajo. Después, las autoridades se encargaron de
limitar la información que podía revisar ese consultor.
Cuando Mackey entregó su informe, en julio de 1999, declaró que no
se trataba de la esperada auditoría, sino sólo de un examen de la información
que le habían permitido revisar las autoridades. Como anexo, entregó
una lista de operaciones denominadas “reportables”, es decir, irregulares,
las cuales recomendó revisar. Por decisión de los partidos Revolucionario
Institucional y Acción Nacional, el archivo con esas operaciones fue encriptado,
utilizando cinco claves de acceso, una en poder de cada partido,
lo que impedía que los diputados pudieran conocer el resultado de la investigación,
a menos que hubiera un consenso absoluto.
El archivo entregado por Mackey incluye un listado de 2 407 créditos, por
un monto de 73 775 millones de pesos, a valor de la fecha en que el Fobaproa los
adquirió. Como señalé en mi artículo “Las operaciones del Fobaproa” (La Jorn ada,
4 de abril de 2000), de esos créditos, sólo 219 concentran 82 por ciento del valor
total, y existe un sólo crédito por un insólito monto de 8 177 millones de pesos,
otorgado por Banca Confía a alguien relacionado con los banqueros.
LAS LISTAS DEL FOBAPROA
65
Las famosas listas del Fobaproa, incluidas en el archivo entregado por
Mackey, no incluyen los nombres de todos los beneficiarios del desfalco
del Fobaproa, ya que la información a que tuvo acceso ese consultor fue
cuidadosamente seleccionada por las autoridades. Por ejemplo, las principales
operaciones que permitieron el saqueo de Serfín, no pudieron ser revisadas
por Mackey. A pesar de ello, es posible que la citada lista contenga
los nombres de algunos de los principales beneficiarios del Fobaproa.
El archivo se encuentra ahora en manos de la comisión encargada por
la Cámara de Diputados para investigar el funcionamiento del Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Bastaría con que el PRI diera a conocer
la clave faltante, para que los diputados conocieran la famosa lista. Pero,
ante la reiterada negativa de este partido, sólo quedaba como alternativa,
si realmente se quería conocer el contenido del archivo, el acudir a algunos
de los especialistas conocidos como hackers. Para ello, hubiera bastado con
el voto favorable de los diputados del PRD y del PAN en la Comisión.
Sin embargo, los citados diputados panistas, Hamdan y Ramírez, volvieron
a actuar exactamente como lo ha hecho su candidato Vicente Fox, diciendo
una cosa y haciendo otra. En la reunión de la citada comisión
efectuada el 21 de junio, los panistas se plegaron descaradamente a la propuesta
del PRI para descartar la posible contratación de especialistas, con
lo cual cerraron la posibilidad de que las famosas listas del Fobaproa finalmente
se conozcan.
67
La famosa lista del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario
(Fobaproa), dada a conocer recientemente por los diputados perredistas
Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar, no tuvo el impacto
sobre la opinión pública que muchos esperaban. Para algunos comentaristas,
la lista sólo incluyó nombres que ya se conocían, sin aportar nada nuevo.
Para otros, únicamente se trató de un frustrado intento del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) por revivir esa discusión, después de su
desastre electoral.
Este hecho resulta muy desafortunado, ya que precisamente ahora,
cuando se está preparando el nuevo gobierno, es vital discutir los grandes
problemas nacionales, entre los que destaca el Fobaproa. A diferencia de
algunas opiniones superficiales, o de otras claramente interesadas en echar
tierra sobre este asunto, la publicación de la famosa lista es muy importante,
ya que permite aclarar aún más lo que realmente sucedió.
Como se puede recordar, a partir del escándalo suscitado en 1998, cuando
el presidente Zedillo propuso convertir los pasivos del Fobaproa en
deuda pública, la Cámara de Diputados contrató al consultor canadiense
Michael Mackey, para que realizara una auditoría a fondo de las operaciones
del Fobaproa. La idea era aclarar primero lo que había sucedido, fincar las
responsabilidades correspondientes y, sólo después de ello, legislar.
Pero en diciembre de 1998, cuando Mackey apenas iniciaba su trabajo,
los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN) votaron de manera sorpresiva la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, legalizando con ello las operaciones del Fobaproa. A pesar
LAS LISTAS DE MACKEY
Y LA IMPUNIDAD
17 DE JULIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
68
de que en esa ley se prometió concluir las auditorías en seis meses, y castigar
a los que resultaran responsables del desfalco, el sólo hecho de haber legislado
sobre algo que no se había aclarado, limitó las posibilidades de que
realmente se conociera.
Lo que siguió fue una verdadera conspiración para encubrir lo sucedido,
garantizando impunidad a los beneficiarios de ese atentado contra la economía
del pueblo mexicano. Para decirlo con todas sus palabras, el Fobaproa
significó una gigantesca apropiación de riqueza por unos cuantos, en perjuicio
de la mayoría de la población. Ese inmenso despojo se realizó con la
complicidad de las autoridades gubernamentales. Aunque su impacto sobre
el bienestar de la población ya se ha reflejado en un preocupante aumento
de los niveles de pobreza, lo peor apenas viene, con mayores impuestos y
menor gasto social.
La auditoría encargada a Mackey y luego incluida en la Ley de Protección
al Ahorro Bancario, nunca se concluyó, debido a que las autoridades se
negaron a proporcionar toda la información que requería el auditor. El mismo
Mackey lo aclaró al entregar su informe en julio de 1999, afirmando que
no se trataba de una auditoría, sino sólo de un reporte sobre la información
que le habían permitido revisar. Sin embargo, tanto las autoridades como
los legisladores del PAN han intentado hacer creer que el informe de Mackey
es la prometida auditoría.
Además de su conocido reporte, Mackey entregó una lista de las operaciones
irregulares que había podido detectar, a las que calificó como “reportables”.
El diputado panista Fauzi Hamdan, entonces presidente del Comité
de Seguimiento de las Auditorías al Fobaproa, se negó a entregar copia de
la lista a los demás integrantes del Comité. Mediante un oscuro acuerdo con
los representantes del PRI, Hamdan decidió encargar a Mackey que encriptara
dicha lista en un archivo electrónico al que sólo se pudiera acceder si
había un acuerdo unánime de los cinco partidos representados en la Cá mara
de Diputados.
En septiembre de 1999, Mackey entregó el archivo encriptado a los diputados
y una copia adicional, con la clave de acceso, al Instituto de Protección
al Ahorro Bancario (IPAB). Así, se llegó a un absurdo muy mexicano: los resultados
de la supuesta auditoría no pudieron ser conocidos por quienes la
habían encargado y pagado, los diputados, pero sí fueron conocidos por los
LAS LISTAS DE MACKEY Y LA IMPUNIDAD
69
auditados. Para que no quedara duda de que México es un país realmente
kafkiano, se permitió además que el auditado, el Fobaproa, decidiera qué
información podía proporcionar al auditor Mackey.
El PRD continuó con la lucha solitaria, exigiendo que se diera a conocer
toda la información del fraude y dando a la publicidad la que pudo ir encontrando.
Varias listas de beneficiarios del Fobaproa fueron publicadas por
Andrés Manuel López Obrador y por Dolores Padierna. Esas listas fueron
desacreditadas por las autoridades y por todo tipo de comentaristas cómplices,
acusando al PRD de buscar sólo el escándalo. Ahora que el PRD pudo
finalmente abrir el famoso archivo de Mackey, se comprobó que las listas
dadas a conocer, y tantas veces descalificadas, eran correctas.
Pero el asunto no concluye ahí, ya que la multicitada lista no incluye a
todos los beneficiarios de este desfalco, sino sólo a los que pudo detectar
el consultor, con la escogida información que las autoridades le permitieron
revisar. Muchos de ellos no se encuentran en esa lista, ya que las mayores
operaciones fueron encubiertas por las propias autoridades. El sólo examen
del rescate de Banca Serfín permite conocer cómo fueron saqueados algunos
bancos por sus principales accionistas, y cómo las autoridades impidieron
que Mackey tuviera acceso a esa información. Por ello, como dice Andrés
Manuel López Obrador en el título de su reciente libro, el Fobaproa continúa
siendo un expediente abierto.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
70
ESTIMACIÓN ALTERNATIVA / ESCENARIO “A” (CONVERSIÓN DE DEUDA)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (mm, precios corrientes) 3 788 4 462 5 183 6 015 6 916 7 881 8 979 10 231 11 657 13 282 15 133
Tasa de interés Cete 28 días (%) 18.8 16.5 16.0 15.0 14.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0
Deuda interna por Fobaproa (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Intereses (mm) 0 99 96 90 84 78 78 78 72 72 72
Intereses (% PIB) 0.0 2.2 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Deuda interna por Fobaproa (promedio) 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Finanzas públicas (% PIB)
Ingreso público con recortes (% PIB) 20.6 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Gasto público con recortes (% PIB) 22.2 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Programable (% PIB) 15.9 14.7 15.1 15.5 15.8 16.1 16.2 16.2 16.4 16.5 16.5
No programable (% PIB) 6.2 7.9 7.6 7.2 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 6.2 6.1
Intereses total (% PIB) 2.4 4.6 4.3 3.9 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8
Intereses Fobaproa (% PIB) 0.0 2.2 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Otros intereses (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
Participaciones (% PIB) 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Adefas (% PIB) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Saneamiento financiero (% PIB) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Déficit público (% PIB) -1.6 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (mm) 271 327 392 467 553 652 764 892 1 038 1 204 1 393
Déficit público (mm) (60) (56) (65) (75) (86) (99) (112) (128) (146) (166) (189)
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (promedio) 299 359 429 510 602 708 828 965 1 121 1 298
% del PIB 6.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 8.6
Intereses deuda interna sin Fobaproa (mm) 42 49 57 64 71 78 92 108 116 134 156
Intereses deuda interna sin Fobaproa (% PIB) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Intereses deuda externa (% PIB) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Deuda interna total (mm) 871 927 992 1 067 1 153 1 252 1 364 1 492 1 638 1 804 1 993
Deuda interna total (promedio) 899 959 1 029 1 110 1 202 1 308 1 428 1 565 1 721 1 898
% del PIB 20.1 18.5 17.1 16.0 15.3 14.6 14.0 13.4 13.0 12.5
Intereses deuda interna total (mm) 42 148 153 154 155 156 170 186 188 206 228
Intereses deuda interna total (% PIB) 1.1 3.3 3.0 2.6 2.2 2.0 1.9 1.8 1.6 1.6 1.5
Intereses deuda interna + externa (% PIB) 2.4 4.6 4.3 3.9 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8
LAS LISTAS DE MACKEY Y LA IMPUNIDAD
71
ESTIMACIÓN ALTERNATIVA / ESCENARIO “B” (SIN CONVERSIÓN DE DEUDA)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (mm, precios corrientes) 3 788 4 462 5 183 6 015 6 916 7 881 8 979 10 231 11 657 13 282 15 133
Tasa de interés Cete 28 días (%) 18.8 16.5 16.0 15.0 14.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0
Deuda interna por Fobaproa (mm) 600 699 811 932 1 063 1 201 1 357 1 534 1 718 1 924 2 155
Intereses capitalizables (mm) 0 99 112 122 131 138 156 176 184 206 231
Intereses (% PIB) 0.0 2.2 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5
Deuda interna por Fobaproa (promedio) 0 650 755 872 998 1 132 1 279 1 446 1 626 1 821 2 039
Finanzas públicas (% PIB)
Ingreso público con recortes (% PIB) 20.6 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Gasto público con recortes (% PIB) 22.2 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Programable (% PIB) 15.9 16.9 16.9 17.0 17.0 17.1 17.0 17.0 17.1 17.0 17.0
No programable (% PIB) 6.2 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6
Intereses total (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
Intereses Fobaproa (% PIB) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros intereses (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
Participaciones (% PIB) 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Adefas (% PIB) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Saneamiento financiero (% PIB) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Déficit público (% PIB) -1.6 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (mm) 271 327 392 467 553 652 764 892 1 038 1 204 1 393
Déficit público (mm) (60) (56) (65) (75) (86) (99) (112) (128) (146) (166) (189)
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (promedio) 299 359 429 510 602 708 828 965 1 121 1 298
% del PIB 6.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 8.6
Intereses deuda interna sin Fobaproa (mm) 42 49 57 64 71 78 92 108 116 134 156
Intereses deuda interna sin Fobaproa (% PIB) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Intereses deuda externa (% PIB) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Deuda interna total (mm) 871 1 026 1 202 1 399 1 616 1 853 2 121 2 426 2 755 3 128 3 548
Deuda interna total (promedio) 948 1 114 1 301 1 508 1 735 1 987 2 273 2 591 2 942 3 338
% del PIB 21.3 21.5 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 22.2 22.1 22.1
Intereses deuda interna total (mm) 42 49 57 64 71 78 92 108 116 134 156
Intereses deuda interna total (% PIB) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Intereses deuda interna + externa (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
72
GASTO PROGRAMABLE PER CAPITA
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (mm, precios corrientes) 3 788 4 462 5 183 6 015 6 916 7 881 8 979 10 231 11 657 13 282 15 133
PIB (mm, precios de 1998) 3 788 3 996 4 216 4 448 4 693 4 951 5 223 5 510 5 813 6 133 6 470
Deflactor (1998=100) 100.0 111.7 122.9 135.2 147.4 159.2 171.9 185.7 200.5 216.6 233.9
Población (millones) 94.2 95.8 97.4 99.1 100.8 102.4 104.0 105.7 107.3 108.9 110.5
Escenario “A” (conversión de deuda)
Gasto programable (mm) 603 657 782 931 1 093 1 266 1 451 1 661 1 916 2 191 2 504
% del PIB 15.9 14.7 15.1 15.5 15.8 16.1 16.2 16.2 16.4 16.5 16.5
Gasto programable (mm de 1998) 603 589 636 689 742 795 844 895 956 1 012 1 071
Gasto real per capita 6.40 6.14 6.53 6.95 7.36 7.77 8.11 8.47 8.91 9.29 9.69
Tasa de crecimiento anual (%) -4.0 6.3 6.4 5.9 5.6 4.4 4.3 5.2 4.3 4.3
Escenario “B” (sin conversión de deuda)
Gasto programable (mm) 603 756 878 1 021 1 177 1 344 1 529 1 739 1 988 2 263 2 576
% del PIB 15.91 16.94 16.94 16.98 17.02 17.06 17.03 17.00 17.06 17.04 17.02
Gasto programable (mm de 1998) 603 677 714 755 799 844 889 937 992 1 045 1 101
Gasto real per capita 6.40 7.07 7.33 7.62 7.92 8.25 8.55 8.86 9.24 9.60 9.97
Tasa de crecimiento anual (%) 10.5 3.7 4.0 4.0 4.1 3.6 3.7 4.3 3.8 3.8
Escenario “B” / Escenario “A”
Gasto real per capita 100.0 115.1 112.3 109.7 107.7 106.2 105.4 104.7 103.8 103.3 102.9
CAPÍTULO 2
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN
75
La reciente decisión del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) de eliminar el acuerdo de participación en pérdidas que existía
con Serfín, es sólo una nueva señal inequívoca de que los demás bancos
podrán presionar para que se les dé el mismo tratamiento y así se les
facilite el ajuste respecto a las festinadas nuevas reglas de capitalización de
la banca, a costa de la empobrecida población mexicana.
Para continuar el saneamiento de Banca Serfín, se constituyeron reservas
y se ajustó el valor de algunos activos por 19.5 mil millones de pesos, de
manera adicional a los 13 mil millones inyectados el pasado 8 de julio. Las
características de estas operaciones introducen nuevos incentivos que
pueden incrementar considerablemente el ya elevado costo fiscal del rescate
bancario.
Los anunciados ajustes se efectuaron por dos vías: “Liberar reservas por
11,326 millones de pesos, resultado de la eliminación del acuerdo de participación
en pérdidas, y 8,188.4 millones de pesos que resultan de capitalizar
los recursos generados por el propio banco derivado de recuperación de
activos del Fobaproa” (boletín 09-01-99 del IPAB).
Aunque se afirma que esa decisión “no implicará un pasivo adicional
para el IPAB”, la eliminación del acuerdo de participación en pérdidas
puede tener graves consecuencias, ya que introduce un nuevo incentivo
para que los demás bancos, con pagarés del Fobaproa en sus activos, traten
de recibir un beneficio similar. Esta situación significa proseguir con
decisiones contaminadas del pernicioso riesgo moral (moral hazard) que
han sido constantes en el proceso de rescate bancario.
EL RESCATE DE SERFÍN
Y EL RIESGO MORAL
23 DE SEPTIEMBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
76
La medida adoptada se relaciona directamente con las modificaciones
a las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de los Bancos, anunciadas
por Hacienda. Con ello se pretende que la contabilidad de los bancos
se acerque paulatinamente a los estándares internacionales existentes, estableciendo
un periodo de transición que concluirá el año 2003.
Un cambio sustancial es el tratamiento que se dará a los impuestos diferidos,
los cuales representan en la actualidad una parte muy importante
del capital de los bancos. Con ello, se atiende una de las sugerencias del
consultor canadiense Michael Mackey, quien recomendó que ese concepto
no se considerara como parte del capital.
La pretensión es disminuir paulatinamente la parte de los impuestos
diferidos que se pueden contabilizar como capital, hasta llegar a un máximo
de 20 por ciento en el año 2003. Esto significa que los bancos tendrán que
obtener recursos para sustituir los impuestos diferidos, y mantener los niveles
de capitalización que exige la ley.
Aquí es donde aparece la importancia de la decisión adoptada por el
IPAB, al eliminar el acuerdo de participación en pérdidas de Serfín. Con esto,
se anuncia, de hecho, que la citada sustitución de los impuestos diferidos
podrá hacerse a costa del erario público, lo que aumentará aún más el cuantioso
costo fiscal del ya interminable rescate bancario.
Como se puede recordar, el Programa de Capitalización y “Compra” de
Cartera aplicado por el Fobaproa, consistió en sustituir cartera en problemas
por pagarés emitidos por ese organismo. Al “comprar” esa cartera, el Fobaproa
firmó un “acuerdo sobre participación en pérdidas” con cada banco. Con
estos acuerdos, la diferencia entre la cartera “comprada” y lo que finalmente
se recuperara, se constituiría en una pérdida, la cual sería compartida (loss
sharing) entre el Fobaproa (ahora IPAB) y los bancos. La participación de los
bancos en las pérdidas se situó en 25 por ciento en promedio.
La inclusión de los acuerdos de participación en pérdidas, cada vez que
el Fobaproa compró cartera en problemas, tuvo como objetivo introducir un
incentivo para que los bancos tuvieran interés en recuperar la mayor parte
posible de los créditos que habían otorgado sin garantías suficientes o de
manera irregular.
En caso de generalizarse la decisión de eliminar dichos acuerdos, el
costo fiscal se incrementaría, independientemente de lo que se recuperara,
EL RESCATE DE SERFÍN Y EL RIESGO MOR AL
77
ya que todas las pérdidas que finalmente se tuvieran serían asumidas por
el IPAB. Además, se eliminaría el incentivo para recuperar los créditos y
disminuir las pérdidas. La recuperación sería menor (si es que hubiera alguna),
y las pérdidas mayores.
Los bancos, al quedar liberados de la necesidad de constituir reservas
para enfrentar su participación en pérdidas, podrían utilizar esos fondos para
sustituir los impuestos diferidos que actualmente significan una parte muy
importante de su capital. Así, el costo de alcanzar una contabilidad más
acorde con los estándares internacionales, podrá también ser cargada a la
población.
La manera como se privatizó la banca y luego se rescató, y se sigue
rescatando, es un excelente ejemplo de cómo opera lo que se conoce como
“riesgo moral”, que aparece cuando hay un tercero (normalmente el gobierno)
que se compromete a pagar los costos de decisiones equivocadas, lo
cual impide que las decisiones se tomen con responsabilidad, calculando
adecuadamente los riesgos.
Cuando existe el riesgo moral, se crean incentivos perversos que inducen
un comportamiento irresponsable como el protagonizado de manera persistente
por muchos banqueros. Mediante ese mecanismo, se premia cualquier
abuso, ya que el gobierno termina socializando las pérdidas que se
ocasionan.
79
El pasado 8 de mayo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) anunció que el Grupo Financiero Santander había ganado la
licitación de Banca Serfín, al proponer un precio de compra de 12 650
millones de pesos. Como ese monto representa 1.59 veces el valor del capital
contable de ese banco, el IPAB consideró que se había logrado un buen
acuerdo.
Al día siguiente, el diario Reforma estimó que el costo del rescate de
Serfín había ascendido a 123 mil millones de pesos, cantidad muy superior
al monto pagado por Santander. Aunque los voceros del IPAB insistieron en
que se habían protegido los intereses de los ahorradores, mucha gente se
empezó a preguntar qué podría esconder una operación que había costado
tanto.
Después de una revisión exhaustiva de los documentos disponibles, se
puede concluir que el costo fiscal del rescate de Serfín en realidad alcanza
a la fecha poco más de 172 mil millones de pesos. La cifra difundida está
subestimada, ya que resulta de agregar los valores nominales de apoyos
efectuados durante los últimos cuatro años, sin incluir algunos de ellos y
sin considerar su valor actual.
La forma en que se realizó este rescate constituye un ejemplo clásico de
lo que no se debe hacer, y sobre cómo opera lo que se conoce como riesgo
moral (moral hazard). En el mejor de los casos, este ejemplo muestra una
enorme irresponsabilidad de las autoridades competentes. En el peor, se
puede estar escondiendo toda clase de complicidades, suficientes para
constituir una gran cantidad de delitos.
EL GRAN DESFALCO DE SERFÍN
22 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
80
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se
han adoptado al menos tres medidas: los funcionarios que ejercieron durante
la gestación del quebranto son removidos, aunque estén fuera de toda
sospecha; se dan a conocer reglas generales para el uso de los fondos públicos;
esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó los
problemas.
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario: los funcionarios
que estuvieron en la gestación de la crisis bancaria, fueron los encargados
de corregirla, y se mantienen en sus puestos a pesar del vendaval de
críticas. Las reglas para el uso de fondos públicos, en un principio pretendidamente
generales, pronto se olvidaron, pasando a un nivel de discrecionalidad
escandaloso. Esa práctica conformó una situación de riesgo moral,
el cual aparece cuando los usuarios de los recursos perciben que un tercero,
en este caso el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), les resolverá
todos sus problemas, presentes y futuros.
La aplicación de todo tipo de medidas, impregnadas del pernicioso riesgo
moral, es lo que explica que el costo fiscal del quebranto bancario, estimado
en 5 por ciento del PIB a fines de 1995, haya alcanzado la enorme magnitud
que ahora tiene: 20 por ciento del PIB. El de Serfín constituye un caso extremo,
ya que las operaciones aplicadas para su saneamiento parecen diseñadas para
incrementar lo más posible el costo fiscal, favoreciendo siempre a cualquier
inversionista extranjero que se acercara.
En Serfín se experimentaron todo tipo de argucias financieras. Parece
que un estudiante imaginativo hubiera estado ensayando todo lo aprendido
en la escuela, sin importar el despilfarro de recursos públicos. A pesar de
que el banco fue intervenido de facto, desde abril de 1996, se mantuvo hasta
julio de 1999 como si estuviera funcionando normalmente. Algunos de los
incrementos de capital, realizados por el “grupo de control”, es decir, por
los principales accionistas, en realidad se hicieron con fondos del Fobaproa,
de manera encubierta.
Cuando el consultor canadiense Michael Mackey intentó realizar la auditoría
encargada por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda
adoptó el criterio de que podría revisar toda la información de los bancos
EL GR AN DESFALCO DE SERFÍN
81
formalmente intervenidos, y sólo los créditos amparados por pagarés del
Fobaproa, para los que no lo estaban. Por ello, las autoridades mantuvieron
la ficción de que Serfín no estaba intervenido.
En el mes de julio de 1999, inmediatamente después de que Mackey
entregó su informe, el IPAB decidió intervenir a Serfín, quedando asu midas
por el gobierno todas las operaciones realizadas, la mayoría no revisadas
por el consultor canadiense. Las tasas de interés de los pagarés
asumi dos por el IPAB, de inmediato se incrementaron; la participación en
pérdidas (loss sharing) pactada, fue eliminada; y lo que se había podido
recuperar de los créditos amparados por los pagarés, se usó para compensar
las pérdidas del banco.
En abril de 2000, al no recibir respuestas satisfactorias a la propuesta de
venta de Serfín, el IPAB decidió aumentar en medio punto la ya elevada tasa
de los pagarés; reducir a la mitad el periodo de amortización de esos bonos;
y comprometerse a pagar mensualmente los intereses generados, en lugar
del acuerdo existente hasta entonces, de capitalizarlos y pagarlos hasta que
venciera el papel.
Quedan demasiadas preguntas respecto a lo que en realidad puede estar
encubriendo este enorme desfalco. Si bien los accionistas nacionales, encabezados
por Adrián Sada, presidente del poderoso Grupo Vitro, perdieron
todas sus acciones, ¿cuántos autopréstamos, por montos superiores al valor
de las acciones perdidas, se quedaron sin pagar? ¿Por qué Jaime Serra Puche
aparece de repente como accionista de Vitro, con tal importancia como para
merecer un asiento en su Consejo de Administración? ¿Por qué la firma
Goldman Sachs, agente financiero del IPAB para la venta de Serfín, contrató
como empleado a Martín Werner, exsubsecretario de Hacienda?
83
El pasado 8 de mayo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) anunció que el Grupo Financiero Santander había ganado la
licitación de Banca Serfín, al proponer un precio de compra de 12 650
millones de pesos. Como ese monto representa 1.59 veces el valor del capital
contable de Serfín, el IPAB consideró que se había logrado un buen
acuerdo.
Al día siguiente, el diario Reforma estimó que el costo del rescate de
Serfín había ascendido a 123 mil millones de pesos, cantidad muy superior
al monto pagado por Santander. Aunque los voceros del IPAB insistieron
en que se habían protegido los intereses de los ahorradores, mucha gente
se empezó a preguntar qué podría esconder una operación que había
costado tanto.
Después de una revisión exhaustiva de los documentos disponibles, se
puede concluir que el costo fiscal del rescate de Serfín en realidad alcanza
a la fecha poco más de 172 mil millones de pesos, por lo que la cifra difundida
por Reforma está subestimada, ya que resulta de agregar los valores
nominales de apoyos efectuados durante los últimos cuatro años, sin incluir
algunos de ellos y sin considerar su valor actual.
La forma en que se realizó este rescate constituye un ejemplo clásico de
lo que no se debe hacer, y sobre cómo opera lo que se conoce como riesgo
moral (moral hazard). En el mejor de los casos, este ejemplo muestra una
enorme irresponsabilidad de las autoridades competentes. En el peor, se
pueden estar escondiendo toda clase de complicidades, suficientes para
constituir una gran cantidad de delitos.
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN:
UN GRAN DESFALCO A LA NACIÓN
25 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
84
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se han
adoptado al menos tres medidas:
• Los funcionarios que ejercieron durante la gestación del quebranto
son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha
• Se dan a conocer reglas generales para el uso de los fondos públicos
• Esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó
los problemas
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario: los funcionarios
que estuvieron en la gestación de la crisis bancaria, fueron los encargados
de corregirla, y se mantienen en sus puestos a pesar del vendaval de
críticas. Las reglas para el uso de fondos públicos, en un principio pretendidamente
generales, pronto se olvidaron, pasando a un nivel de discrecionalidad
escandaloso.
Esa práctica conformó una situación de riesgo moral, el cual aparece
cuando los usuarios de los recursos perciben que un tercero –en este caso
el gobierno representado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa)–, les resolverá todos sus problemas, presentes y futuros. Esa
percepción propicia todo tipo de abusos, y se refuerza cuando los hechos
confirman, una y otra vez, esa percepción.
La aplicación de todo tipo de medidas, impregnadas del pernicioso riesgo
moral, es lo que explica que el costo fiscal del quebranto bancario, estimado
en 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a fines de 1995, haya
alcanzado la enorme magnitud que ahora tiene (más de 20 por ciento del
PIB). El caso de Serfín constituye un extremo, ya que las operaciones aplicadas
para su saneamiento parecen diseñadas para incrementar lo más
posible el costo fiscal, favoreciendo siempre a cualquier inversionista extranjero
que participara en el banco.
En Serfín se experimentaron todo tipo de argucias financieras. Pareciera
que un estudiante imaginativo hubiera estado ensayando todo lo aprendido
en la escuela, sin importar el despilfarro de recursos públicos. A pesar de que
el banco fue intervenido de facto, desde abril de 1996, se mantuvo hasta julio
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
85
de 1999 como si estuviera funcionando normalmente. Algunos de los incrementos
de capital, realizados por el “grupo de control”, es decir, por los
principales accionistas, en realidad se hicieron de manera encubierta con
fondos del Fobaproa.
Cuando el consultor canadiense Michael Mackey intentó realizar la auditoría
encargada por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda
adoptó el criterio de que podría revisar toda la información de los bancos
formalmente intervenidos, y sólo los créditos amparados por pagarés del
Fobaproa, para los que no lo estaban. Por ello, las autoridades mantuvieron
la ficción de que Serfín no estaba intervenido.
En el mes de julio de 1999, inmediatamente después de que Mackey
entregó su informe, el IPAB decidió intervenir a Serfín, con lo que el gobierno
asumió todas las operaciones realizadas, la mayoría de las cuales el
consultor canadiense no había revisado. Las tasas de interés de los pagarés
asumidos por el IPAB se incrementaron de inmediato; la participación en
pérdidas (loss sharing) pactada fue eliminada; y lo que se había podido recuperar
de los créditos amparados por los pagarés, se usó para compensar
las pérdidas del banco.
En abril del presente año, al no recibir respuestas satisfactorias a la
propuesta de venta de Serfín, el IPAB decidió aumentar en medio punto la ya
elevada tasa de los pagarés; reducir a la mitad el periodo de amortización
de esos bonos; y comprometerse a pagar mensualmente los intereses generados,
en lugar del acuerdo existente hasta entonces, de capitalizarlos y
pagarlos hasta que venciera el papel.
Con este acuerdo no sólo se incrementa aún más el costo del rescate de
Serfín, sino que se crea un precedente para la próxima venta de Bancrecer.
Además, se generan expectativas en los demás bancos poseedores de pagarés
emitidos por el Fobaproa, y ahora asumidos por el IPAB, para recibir un
tratamiento similar.
El presente trabajo está dividido en siete partes. En la primera se describe
la situación existente en 1995, cómo entró el banco en crisis y los
primeros intentos de rescatarlo. En la segunda parte se comenta la intervención
disfrazada del Fobaproa en Serfín a principios de 1996, que puso en
práctica todo tipo de arreglos para tratar de sacarlo a flote. El tercer apartado
se dedica a analizar cómo se frustraron todos los intentos de sanear
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
86
este banco en 1997. En la cuarta parte se describe el encubrimiento por
parte de las autoridades del enorme desfalco, evitando que se conociera, y
eludiendo la investigación de Mackey. La quinta parte se dedica a comentar
la intervención del IPAB. El sexto apartado describe la venta de Serfín a
Santander. Al final se comenta cómo se realizó la estimación del costo del
rescate de este banco, y como complemento, la información se detalla en
un cuadro.
■ EL PRIMER INTENTO DE RESCATE (1995)
En 1992, un grupo de inversionistas privados encabezados por Operadora
de Bolsa y el Grupo Vitro de Monterrey compraron Banca Serfín –el tercer
banco más importante del país– y constituyeron el Grupo Financiero Serfín
(GFS), el cual, además del banco, incluyó una casa de bolsa, una afianzadora,
una compañía de seguros, una almacenadora, una empresa de factoraje y
una casa de cambio.
El Grupo Vitro, cuyo Consejo de Administración es presidido por Adrián
Sada González, había tenido una fuerte participación en Banpaís hasta 1982,
año en que fue nacionalizada la banca. Diez años después, con la privatización
bancaria impulsada por el presidente Salinas, este grupo volvió a tener
oportunidad de poseer inversiones en un banco.
Al igual que los demás bancos, Serfín vivió plenamente la borrachera
salinista. El exceso de liquidez propiciado por la política económica del
gobierno permitió que la cartera de créditos se incrementara fuertemente.
La situación le era favorable en extremo, ya que muchas empresas y personas
solicitaban más y más préstamos, a pesar de que los márgenes de intermediación
aplicados por los bancos aumentaban una y otra vez.
A diferencia de otros países, donde las autoridades se preocupan mucho
por tener una estrecha vigilancia sobre las operaciones bancarias, en México
se mantenía un sorprendente rezago en materia de supervisión. Esa situación
se veía agravada por la garantía que ofrecía el gobierno al total de los
depósitos bancarios. Así, un banquero podía hacer cualquier préstamo, sabiendo
que si tenía dificultades para recuperarlo, el gobierno lo terminaría pagando.
Como resulta obvio, una situación así era favorable a todo tipo de abusos.
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
87
Como es bien conocido, la optimista situación se modificó de manera
brusca a fines de 1994, con la sorpresiva devaluación del peso, registrada
cuando apenas empezaba el gobierno del presidente Zedillo. A principios
de 1995, las tasas de interés se incrementaron fuertemente, provocando que
muchos deudores no pudieran mantenerse al corriente en sus pagos. En
febrero de ese año, Banca Cremi y Banco Unión fueron intervenidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); y les siguieron Banpaís en
mayo, e Inverlat en diciembre.
Como sucedió con los demás bancos, Serfín se enfrentó a una situación
en la que tenía que pagar mayores intereses a los depositantes, pero era
incapaz no sólo de recuperar los créditos que había otorgado, sino de cobrar
los intereses sobre esos préstamos. Ese fenómeno se reflejó rápidamente
en una aparición de pérdidas crecientes, que empezaron a comerse al capital
del banco. El panorama era claro, mientras se arreglaba la situación
general del país, a Serfín le quedaban dos alternativas: aumentar el capital
del banco o declarar su quiebra.
Serfín se plegó desde el principio a los programas de apoyo diseñados
por el gobierno para enfrentar el riesgo de una quiebra bancaria generalizada.
Mediante el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), el
Banco de México le tomó obligaciones por 3 200 millones de pesos (mp).
Esa operación estuvo condicionada a que se aumentara el capital en cuando
menos la mitad del valor del apoyo recibido.
Mediante la venta de la almacenadora y la arrendadora del GFS, así como
la aportación de los accionistas, el capital se incrementó en 1 850 mp, cancelándose
la deuda con Procapte en el segundo trimestre se 1995. Una de
las aportaciones más importantes provino del Grupo Vitro, que aumentó su
participación en el capital a 20 por ciento. A partir de ese momento, GFS
pasó a considerarse subsidiaria de Vitro.
Además del aumento de capital, Serfín empezó a restructurar su cartera
de créditos, aprovechando los diferentes programas ofrecidos por el gobierno
para aliviar la situación de los deudores. Así, muchos créditos se cambiaron
de pesos a unidades de inversión (udis), mejorando el perfil de
vencimientos en términos reales. Asimismo, se otorgaron descuentos a otros
préstamos, según las reglas del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca
(Ade). A mediados de 1995, el Fobaproa entró en acción, comprando a Serfín
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
88
créditos por 4 340 mp, y entregando a cambio un pagaré a diez años, avalado
por el gobierno.
La lógica de esta operación, que después se repetiría en éste y otros
bancos, es la siguiente: al no poder recuperar el dinero prestado, el banco
en cuestión ponía en riesgo el dinero de los ahorradores, que habían depositado
esos fondos para que fueran prestados. Entonces aparecía el Fobaproa,
a fin de proteger a los ahorradores, haciéndose cargo de los créditos que no
se podían recuperar, y emitiendo a cambio un pagaré, para que sustituyera
a los créditos comprados, con el compromiso de pagar el monto de dinero
depositado, a futuro. En la contabilidad del banco, los créditos eran intercambiados
por el pagaré, quedando registrada la operación como si el
banco hubiera prestado ese dinero al Fobaproa, y no a los deudores que no
fueron capaces de pagar.
La ley exige que los bancos califiquen en todo momento los créditos, en
función de la percepción que tengan respecto a su recuperación. Por ejemplo,
si un deudor tiene suficientes garantías y está al corriente en sus pagos,
se le califica como “A”, es decir, solvente. Si el crédito tiene algunos problemas,
la calificación pasa a ser “B”, y el banco debe constituir una reserva
para enfrentar la posibilidad de que el crédito no se recupere completamente.
Así, la calificación va pasando a “C” y “D”, hasta llegar a “E”, en el caso
de los créditos considerados irrecuperables, para los que se deben constituir
reservas de la misma magnitud que la cantidad adeudada.
En la mecánica de “compra de cartera” por parte del Fobaproa, primero
se examinaba la existencia de las reservas exigidas por la ley, las cuales
se restaban al valor de compra de los créditos, quedando una cartera neta,
respecto a la cual se emitía el pagaré, es decir, desde el principio se debía
deducir la parte ya provisionada por el banco, quedando el resto bajo la
responsabilidad del Fobaproa.
Otro elemento importante que se consideraba al emitir el pagaré, era la
“participación en pérdidas”, o “loss sharing”. Al comprar los créditos el Fobaproa,
el pagaré emitido ya garantizaba los depósitos de los ahorradores. A
partir de ese momento, el banco mantenía la responsabilidad de tratar de
recuperar lo que se pudiera de los créditos comprados. El acuerdo de participación
en pérdidas consistía en lo siguiente: la diferencia entre el valor de los
créditos comprados y lo que se recuperara de ellos a la fecha de vencimiento
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
89
del pagaré, se convertiría en una pérdida, la cual sería asumida, por ejemplo,
25 por ciento por el banco, y el restante 75 por ciento por el Fobaproa. Para
ello, desde el momento de la compra de cartera, el banco debería ir constituyendo
una reserva para enfrentar a futuro ese 25 por ciento de lo que no se
recuperara finalmente.
Al iniciarse las operaciones de “compra de cartera” por el Fobaproa, se
pensaba también en el procedimiento siguiente. Si el banco no había constituido
de manera suficiente las reservas que le exigía la ley, es decir, si no
había calificado correctamente sus créditos, entonces se le aumentaba la
participación en pérdidas, ya que la compra neta quedaría muy abultada, al
restarle pocas reservas. Al contrario, si las reservas eran elevadas, y por
tanto el valor neto, más reducido, entonces se disminuía la participación en
pérdidas convenida a futuro.
Otro aspecto básico era la tasa de interés pactada para los pagarés del
Fobaproa. Así como los depósitos de los ahorradores, al no ser retirados
del banco, aumentan su valor al capitalizarse los intereses que se van devengando,
los intereses pactados para los pagarés también se capitalizarían,
con lo que aumentaría paulatinamente el valor nominal del bono, pagándose
al momento de su vencimiento, junto con el capital inicial.
En un principio se pensaba en una tasa de interés similar a la pagada a los
ahorradores, a quienes se buscaba proteger. Así, una tasa como el costo porcentual
centual promedio (CPP) de la captación bancaria, parecía la adecuada, ya que
cualquier tasa superior significaría una utilidad para el banco, a quien no se
debería premiar su incapacidad para recuperar lo que había prestado.
Un último elemento por considerar era la naturaleza de los beneficiarios
de los créditos, y la forma como éstos se habían otorgado. Para un
deudor de crédito hipotecario (por la compra de una casa), o un empresario
normal, el brusco cambio en las condiciones de la economía, con el
abrupto aumento en los intereses que debía pagar, lo convertía automáticamente
en una víctima de la crisis, y posible sujeto a ser apoyado por
la sociedad. Pero los préstamos otorgados a los mismos banqueros, o a
gente directamente relacionada con ellos, sin garantías suficientes y por
montos elevados, constituían un verdadero abuso.
La idea original era sólo comprar créditos incluidos en el primer grupo,
ya que proteger a los segundos constituiría una verdadera inmoralidad.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
90
Además, proteger con los pagarés del Fobaproa todo tipo de autopréstamos
crearía incentivos para que no fueran recuperados y se cargaran a la deuda
pública. En muchos casos, los autopréstamos tenían un valor muy superior
al de las acciones bancarias que poseían los beneficiarios, prefiriendo éstos
perder sus acciones, a pagar sus adeudos.
Si las reglas antes comentadas se hubieran hecho públicas desde el
principio, y se hubieran aplicado de esa manera a todos los bancos, como
sucede en cualquier país democrático, las “compras de cartera” del Fobaproa
hubieran incluido incentivos para inducir a los bancos a recuperar lo más
que se pudiera, y el costo fiscal de su rescate no se hubiera incrementado
en la manera escandalosa en que lo hizo.
Sin embargo, como veremos en el caso de Serfín, esas reglas se flexibilizaron
desde el principio, dejando su aplicación a la discrecionalidad de los
funcionarios encargados del rescate. Además, la falta de transparencia de
las operaciones del Fobaproa permitió que a un error, o complicidad, siguiera
otro y otro, hasta abultar el rescate de este banco a la fantástica cifra de
172 mil millones de pesos.
■ LA INTERVENCIÓN DISFRAZADA (1996)
A principios de 1996, Serfín se deslizaba aceleradamente hacia una situación
de quiebra, ya que un número creciente de préstamos caían en cartera vencida,
es decir, no estaban al corriente de sus pagos. El 30 de abril de ese año,
las autoridades financieras tomaron una decisión que sería crucial y determinaría
el enorme costo fiscal en que se incurrió: no permitir que Serfín, el
tercer banco en importancia del país, quebrara.
En esa fecha, el Fobaproa intervino a Serfín, removiendo a Abelardo Morales
Purón de la Dirección General del banco y poniendo en su lugar a Adolfo
Lagos Espinosa, personaje que se mantiene en esa posición hasta ahora.
Pero esa intervención no se hizo de manera clara, como en otros bancos, ya
que las autoridades buscaron aparentar que el banco seguía funcionando
normalmente, por lo que se operó una intervención disfrazada, de facto.
Además de remover a los directivos, el “grupo de control”, es decir, el
principal grupo de accionistas, encabezado por Adrián Sada, presentó una
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
91
“carta de intención”, donde proponía una serie de medidas para negociar
con el Fobaproa el saneamiento de Serfín. Esas medidas, agrupadas en un
“Plan de acción para el fortalecimiento financiero de Banca Serfín”, incluían
como meta aumentar el capital del banco en 9 984 millones de pesos. Para
ello proponían una revisión de las condiciones en que el Fobaproa había
adquirido cartera en 1995. Además, planteaban una segunda compra de
cartera, por un monto mayor y en mejores condiciones para el banco. También
planteaban la búsqueda de un socio financiero “temporal”, que ayudara
a alcanzar los niveles de capitalización requeridos. El plan se completaba
con una propuesta de que el Fobaproa se hiciera cargo de un buen número
de operaciones no rentables del banco. El Fobaproa aceptó el plan del “grupo
de control”.
Lo primero que se hizo fue firmar un “Convenio Modificatorio” de las
condiciones en que se había comprado cartera en 1995. El monto se aumentó
a 4 940 millones de pesos, descontando reservas por 29 por ciento del
va lor bruto de los créditos, y acordando una participación en pérdidas de
30 por ciento para el banco. La tasa de interés aplicable, cetes hasta esa
fecha, se cambió a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), más
elevada, para los siguientes tres años (hasta julio de 1999), pactando una
tasa de cetes menos 1.35 puntos para los seis años restantes hasta el vencimiento.
Al pagaré emitido se le empezó a conocer como Fobaproa I o
tramo I.
El 13 de mayo, el Fobaproa acordó realizar una segunda compra de cartera
a Serfín, por 19 968 mp, monto cuatro veces superior a la realizada en 1995.
Sin embargo, las reglas aplicadas a esta compra se modificaron bruscamente,
eliminando los incentivos que pretendía incluir la primera, con lo que se inició
la etapa de discrecionalidad que aumentó tanto el costo del rescate.
Para la compra de esta cartera, el Fobaproa aceptó unas reservas de sólo
1 por ciento, frente al 29 por ciento que había descontado en la operación
anterior. Según la regla inicial, este bajo nivel de provisiones debió ser compensado
con una participación mayor del banco en las pérdidas en que incurriera.
Pero no, el Fobaproa aceptó un nivel de participación de sólo 25
por ciento, inferior al 30 por ciento del tramo I. El pagaré emitido tuvo también
un plazo de 10 años, con intereses similares al anterior. A esta operación
se le denominó Fobaproa II o tramo II.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
92
Entre junio y julio de ese año, el Fobaproa realizó dos complejas operaciones
financieras, involucrando a sendas instituciones extranjeras: ING
Bank y J.P. Morgan. Mediante los mecanismos que se describen a continuación,
el Fobaproa adquirió la mayor parte de las acciones y obligaciones que
se necesitaban para capitalizar a Serfín, como si se tratara de un banco con
operación normal y no de uno ya intervenido por las autoridades.
Pero, como el propósito escondido era disfrazar esa intervención, las
dos operaciones se hicieron aparecer como si la capitalización proviniera
de las instituciones extranjeras mencionadas. Esa labor de encubrimiento
terminó incrementando el costo del rescate de Serfín, como
veremos más adelante, además de que pudo involucrar importantes actos
de corrupción.
La primera operación se efectuó el 20 de junio de 1996, y consistió en
lo siguiente. Serfín registró una inversión en acciones por 360 millones
de dó lares (2 700 mp a esa fecha), como parte de la capitalización pro grama
da. Como tenedor de ese paquete accionario apareció el llamado
“grupo de control”, encabezado por Adrián Sada. Esa compra se realizó
utili zando los fondos disponibles en tres fideicomisos constituidos en
ING Bank (México), y las acciones adquiridas quedaron como respaldo
del financiamiento recibido.
Los 360 millones de dólares (md) depositados en los fideicomisos provinieron
de un crédito otorgado por ING Bank (Dublin Branch), aparentando
que ese banco extranjero era quien estaba fondeando la operación. Sin
embargo, el banco de Dublín obtuvo, a su vez, los recursos de otro fideicomiso
creado en ING Bank (Jersey), denominado Eagle Trust. Pero el asunto
no terminó ahí, ya que el Eagle Trust recibió los mismos 360 md, a su vez,
de un crédito otorgado por Banco Obrero, el cual estaba intervenido por el
Fobaproa desde noviembre de 1994. Es decir, quien otorgó finalmente los
recursos para la compra de las acciones de Serfín fue el propio Fobaproa,
utilizando las operaciones cruzadas descritas para simular que los accionistas
privados de Serfín eran quienes lo estaban capitalizando, mediante
fondos obtenidos en el exterior.
La idea, incluida en la “carta de intención” entregada por el “grupo de
control” al Fobaproa, dos meses antes, era que los accionistas encabezados
por Adrián Sada fueran comprando bonos Brady, de deuda soberana del
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
93
gobierno mexicano, para ir adquiriendo realmente las acciones y liquidando
paulatinamente el crédito.
Como los bonos Brady se cotizaban con descuentos de alrededor de 60
por ciento (dependiendo de la percepción de los mercados internacionales
respecto a la futura capacidad de pago del gobierno mexicano), el gobierno
se comprometía a comprárselos a su valor nominal. Así, por cada 60 dólares
que invirtieran, el gobierno les daría 100, los cuales se utilizarían para ir
pagando el financiamiento otorgado por el Fobaproa.
Toda la operación fue pactada a una tasa de interés similar a la pagada
por los cetes, aplicada sobre el equivalente en pesos de los 360 md, es decir,
sobre los 2 700 mp utilizados para adquirir las acciones de Serfín. La simulación
se mantuvo durante un año y medio, hasta que en diciembre de 1997,
el Fobaproa finalmente asumió de manera directa esa deuda, cuando ya
ascendía a 3 904.5 mp, como veremos más adelante.
La segunda operación fue registrada el 26 de julio de 1996, y consistió
en lo siguiente. Se anunció que una emisión de obligaciones de Serfín por
290 md había sido adquirida por J.P. Morgan, institución que buscaría colocar
esos papeles en el mercado internacional. Como esas obligaciones
eran convertibles en acciones a futuro, se consideraban parte del programa
de capitalización de Serfín, supuestamente impulsado por inversionistas
privados.
El Fobaproa ofreció pagar a J.P. Morgan la elevada tasa de interés de
LIBOR más 2.25 puntos, mientras tuviera las obligaciones en su poder. Además,
le ofreció una “comisión de éxito” en caso de que lograra vender algunas
en el mercado internacional. J.P. Morgan, como resulta obvio, no
colocó nada de esa emisión de un banco totalmente quebrado, y sólo se
prestó a simular que lo estaba financiando, es decir, sirvió en realidad como
prestanombre, manteniendo esa inversión, lucrativa y sin riesgo, durante
14 meses.
En octubre de 1997, finalmente el Fobaproa recompró las obligaciones a
J.P. Morgan, en un precio que se había incrementado de los 290 md originales
a 319, debido a los intereses acumulados. La simulación había costado
29 millones de dólares. En el mejor de los casos, esta operación significó un
irresponsable despilfarro de recursos públicos. Pero en el peor, la pregunta
obligada es: ¿Qué porcentaje recibieron los funcionarios involucrados, al
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
94
permitir que esa firma extranjera obtuviera 29 md, sin arriesgar nada, excepto
su buen nombre, en caso de que se supiera?
Como parte de la intervención disfrazada, el Fobaproa efectuó otras
cuatro operaciones de compra de activos improductivos a Serfín, durante
la segunda mitad de 1996: una compra de créditos hipotecarios “meseta”; la
adquisición del préstamo otorgado para construir la termoeléctrica de Topolobampo;
una compra de instrumentos de deuda externa; y la asunción
de una cartera de valores de renta fija.
El primero de julio, el Fobaproa emitió otro pagaré por 2 665.6 mp, correspondiente
a la “compra” de créditos hipotecarios denominados “meseta”,
es decir, aquellos que al cumplir su plazo, el saldo insoluto que resulta es
condonado. Pero, a diferencia de los tramos I y II, este pagaré se pactó para
ser liquidado en efectivo en el mismo mes de julio de ese año, lo cual se hizo,
asumiendo el Fobaproa el costo.
El 8 de noviembre, el Fobaproa asumió el crédito de Serfín al “Fideicomiso
de Administración para la Construcción y Arrendamiento de la Central
Termoeléctrica de Topolobampo”. Ese crédito había sido otorgado en 1991,
por la agencia de Serfín en Nassau, Bahamas, como parte de los proyectos
para financiar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
recurriendo a fondos privados (el antecedente de las actuales pidiregas).
Como ese tipo de contratos supuestamente se iban a pagar (como renta
a cargo de CFE) con los mismos ingresos que generara la planta, el banco
calificó el crédito con grado de riesgo “A”, es decir, totalmente solvente, y
no creó ninguna reserva para cubrirlo. Pero, si era tan buen crédito, ¿para
qué venderlo al Fobaproa? La respuesta es sencilla, para hacerlo líquido y
utilizarlo para compensar las crecientes pérdidas del banco por otras operaciones,
traspasando los compromisos y riesgos al Fobaproa.
Así, el Fobaproa aceptó comprar el crédito a la termoeléctrica de Topolobampo,
a un precio de 161.7 md (1 281.1 mp), los cuales incluían el
principal y los intereses acumulados hasta esa fecha, sin hacer nin guna deducción,
ya que, como se dijo, el banco no había constituido nin guna
provisión. El Fobaproa se comprometió a pagar esta obligación, en efectivo,
mediante 24 mensualidades, empezando en diciembre de 1996 y terminando
en el mismo mes de 1998. Como se acordó además pagar una tasa
de interés de costo de captación a plazo de pasivos en dólares (CCP-dls.)
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
95
sobre el saldo insoluto, el costo nominal final pagado ascendió a 1 360.6
millones de pesos.
El 23 de diciembre, el Fobaproa adquirió 274.9 md (2 158.2 mp) de instrumentos
de deuda soberana del gobierno de México (bonos Brady), que
Serfín había adquirido con descuento en el mercado internacional. El compromiso
fue pagarlos en efectivo, a su valor nominal, mediante 24 mensualidades,
empezando en febrero de 1997 y devengando una tasa de interés de
CCP-dls. sobre el saldo insoluto. Aunque el pago nominal efectuado por el
Fobaproa alcanzó 2 410.1 mp, hasta el momento en que se liquidó la última
mensualidad en febrero de 1999, el costo efectivo fue de sólo 1 115.2 mp, al
deducirse el valor original descontado de los bonos Brady (164.9 md).
Finalmente, el 23 de diciembre el Fobaproa adquirió de Serfín una problemática
cartera de valores de renta fija valuada en 923.8 mp, la cual incluía
725 de principal y los restantes 198.8 de intereses acumulados y no pagados
a esa fecha. A cambio de ese activo improductivo, el Fobaproa pagó esa
suma en efectivo, durante los siguientes tres días.
Como complemento de todo lo anterior, en el mismo mes de diciembre,
el Grupo Financiero Serfín vendió la Afianzadora Insurgentes Serfín en 65
md, los cuales también se utilizaron para capitalizar a Banca Serfín.
■ EL FRUSTRADO SANEAMIENTO (1997)
Al empezar 1997, la apuesta del Fobaproa era concluir ese año el saneamiento
financiero de Serfín, hasta dejarlo en condiciones de seguir operando, con
un nuevo socio extranjero, sin verse obligado a formalizar la intervención que,
de facto, estaba en vigencia desde el mes de abril de 1996.
El 19 de marzo, Serfín anunció que había llegado a un acuerdo con la
cadena de tiendas de aparatos electrodomésticos Elektra, propiedad de
Ricardo Salinas Pliego, también principal accionista de Televisión Azteca.
Mediante un convenio (joint-venture), Serfín podría utilizar las tiendas para
ofrecer todo tipo de servicios bancarios.
En esa misma fecha, Serfín presentó al Fobaproa otra “carta de intención”,
denominada “Esquema para coadyuvar en la capitalización del Grupo Financiero
Serfín”. En ella se anunciaba un acuerdo, en principio, con el banco
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
96
inglés Hong Kong Shangai Bank (HSBC), quien ofrecía adquirir 19.9 por ciento
del capital de Serfín, recibiendo a cambio las obligaciones que se en contraban
en poder de J.P. Morgan, siempre que se concluyera antes el
saneamiento del banco. Para ello, proponían que el Fobaproa realizara una
tercera compra de cartera y una asunción de sus créditos carreteros.
El 20 de marzo, el Fobaproa compró a Serfín cartera hipotecaria por 10
300 mp, a valor nominal con fecha 1º de enero de 1997, es decir, sin deducir
nada por reservas que hubiera creado el banco. El monto adquirido se dividió
en dos partes: 5 200 mp quedarían amparados por un nuevo pagaré, y
los restantes 5 100 mp se pagarían en efectivo. A este paquete se le llamó
Fobaproa III o tramo III.
El pagaré emitido para la primera parte devengaría intereses capitalizables
a cetes más 2 puntos hasta enero de 2000, y cetes menos 1.35 puntos
hasta su vencimiento en enero de 2007. La segunda parte, por 5 100 mp, fue
pagada por el Fobaproa en efectivo en julio de ese año. Serfín realizó un
ajuste en el precio de esa cartera, incluyendo los intereses devengados
desde el 1º de enero de 1997, regresando al Fobaproa 2 100.4 mp, los cuales
fueron a su vez invertidos por éste en acciones de Serfín.
Como no se descontó ningún monto de reservas que hubieran sido constituidas
por Serfín, y tampoco se pactó una tasa de participación en pérdidas,
como contraprestación por el apoyo recibido, Serfín asumió una obli ga ción
deno minada “contingente”, por un monto de 466.5 millones de dólares. A
esa de uda con el Fobaproa se le aplicaría una tasa de interés de 11 por ciento
anual, capitalizable cada 1º de enero, a partir de 1998. El pago de ese compromiso
se acordó efectuarlo contra 5 por ciento de las utilidades que fuera teniendo
Serfín, quien se comprometió además a no pagar dividendos sobre sus
acciones, hasta que se liquidara esa obligación.
El 23 de mayo, el Fobaproa asumió créditos carreteros por 6 943 mp, a
valor nominal de fecha 31 de marzo de 1997, es decir, sin deducir ninguna
provisión que hubiera hecho el banco. El valor de esos préstamos fue pagado
en efectivo durante ese mismo mes. Esta cartera correspondía a los créditos
otorgados para construir las siguientes carreteras: Cuernavaca-Acapulco,
Monterrey-Nuevo Laredo, Libramiento Tampico y Córdoba-Veracruz.
El 23 de septiembre, la firma Lincoln National Corporation aceptó comprar
49 por ciento de las acciones de Seguros Serfín, que se mantenían en
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
97
poder del Grupo Financiero Serfín. El pago realizado ascendió a 85 millones
de dólares, mismos que GFS utilizó para capitalizar a Banca Serfín.
El 9 de octubre, el Fobaproa recompró a J.P. Morgan las obligaciones que
le había transferido en julio de 1996. El monto pagado, como se dijo en párrafos
anteriores, fue de 319 millones de dólares. El Fobaproa canjeó esos papeles
a Serfín por un paquete que incluía acciones por 154 md y obligaciones
por 20 md, que representaban 19.9 por ciento del capital social de ese banco.
Es decir, en ese canje, el Fobaproa aceptó una pérdida de 145 md, los
cuales se añadieron a los 29 md antes comentados, que costó la simulación
de que J.P. Morgan había financiado a Serfín.
HSBC aceptó comprar al Fobaproa ese paquete pagando con bonos Brady
con un valor nominal de 174 md. Así, invirtiendo sólo 104.4 md (60 por ciento
del valor descontado de bonos Brady por 174 md), HSBC se quedó con 19.9
por ciento del capital de Serfín, después de que el Fobaproa había pagado
319 md a J.P. Morgan, por ese mismo paquete. El Foba proa acumuló una
pérdida total de 214.6 md con esa operación. Esta pérdida podría haberse
evitado si desde un principio se hubiera registrado la operación como lo que
fue, una compra de acciones con recursos públicos. Pero ello hubiera obligado
a reconocer que Serfín estaba intervenido.
La inversión del HSBC, muy ventajosa para una situación normal, resultaba
de mucho riesgo tratándose de un banco totalmente quebrado, como
Serfín. Por ello, para adquirir el paquete antes descrito, HSBC impuso al
Fobaproa las siguientes condiciones:
• Que los créditos otorgados por el ING Bank de Dublín a los fideicomisos
constituidos en ING Bank de México, fueran asumidos directamente
por el Banco Obrero, es decir, por el Fobaproa, y restructurados a
15 años
• Que se revisaran, a favor de Serfín, las condiciones pactadas para las
compras de cartera incluidas en los tramos I y II
• Que el Fobaproa garantizara un valor mínimo del capital contable de
Serfín por 10 mil millones de pesos, para el 31 de diciembre de 2000,
aportando el capital que fuera necesario para ello
• Introducir un derecho antidilutorio a favor de HSBC, es decir que
después de cada aumento de capital, el Fobaproa se comprometiera
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
98
a transferirle, sin costo, un número de acciones suficiente para mantener
19.9 por ciento del capital del banco
• Otorgar una “protección al valor de mercado” de la inversión realizada
por HSBC, en la que el Fobaproa se comprometiera a pagar, en diciembre
de 2003, la diferencia que hubiera entre el valor de mercado de las
acciones en poder de HSBC y un “valor de referencia” de 156 md
El Fobaproa aceptó todas estas leoninas condiciones, y el 24 de octubre
firmó con Serfín un “convenio modificatorio” de las condiciones acordadas
para la compra de cartera correspondiente a los tramos I y II. Los cambios
consistieron en aumentar las tasas de interés, con efectos retroactivos al 1º
de abril de 1996. Así, las tasas de interés aplicables pasaron de TIIE simple,
a TIIE más dos puntos, con un añadido, serían capitalizables mensualmente
(no trimestralmente, como estaba pactado), entre el 1º de abril de 1996 y el
30 de septiembre de 1997. La tasa de cetes menos 1.35 puntos seguiría vigente
a partir del 1º de abril de 1999, para el tramo I, y del 1º de junio de ese
mismo año, para el tramo II.
Para entender el impacto de este acuerdo, resulta conveniente realizar
algunos cálculos. Si los depósitos de los ahorradores, que supuestamente
fueron protegidos por los pagarés del Fobaproa I y II, se hubieran mantenido
en el banco desde que se compró la cartera, ganando una tasa de interés
similar al CPP (que es la que reciben en promedio los ahorradores), y los
intereses se hubieran capitalizado cada mes, el saldo al 31 de diciembre de
1997 se hubiera situado en 42 564.8 millones de pesos.
Aplicando las tasas de interés pactadas originalmente para los dos
pagarés, el valor de los mismos, a fines de diciembre de ese año, hubiera
alcanzado 44 448.2 mp. Es decir que las tasas de interés originales permitían
a Serfín pagar los intereses de los ahorradores protegidos por el Fobaproa
y, además, obtener un beneficio de 4.4 por ciento. Con el acuerdo impuesto
por el HSBC, el valor teórico de los pagarés, a la fecha señalada, se aumentó
a 46 127.1 mp. Así, el beneficio obtenido por el banco después de pagar
sus intereses a los depositantes, alcanzó 8.4 por ciento.
El 17 de diciembre, el Banco Obrero asumió directamente el crédito
concedido a los tres fideicomisos constituidos en ING Bank de México, y
que se encontraban registrados como si los hubiera otorgado ING Bank
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
99
(Dublin Branch). La deuda asumida a esa fecha se valuó en 3 904.9 mp. Ese
mismo día, el Fobaproa adquirió acciones y obligaciones del Grupo Financiero
Serfín por 1 627.5 millones de pesos.
Como el Banco Obrero estaba intervenido por el Fobaproa, fue éste,
en realidad, quien asumió el crédito otorgado a los citados fideicomisos.
Como respaldo, el Fobaproa emitió el 18 de diciembre cuatro pagarés,
llamados de capitalización, con vencimientos en los meses de septiembre
y diciembre de 1999, y de marzo y junio de 2000. La tasa de interés acordada
fue cetes más dos puntos, capitalizable trimestralmente.
■ EL ENCUBRIMIENTO DEL DESFALCO (1998)
Desde que se inició el rescate bancario, la política del gobierno fue disimular,
en lo posible, los apoyos que estaba dando y esperar a que los grandes
problemas de la banca se fueran corrigiendo poco a poco. Para impulsar esa
política, las autoridades dispusieron de fuertes cantidades de dinero, sobre
todo provenientes del petróleo. La subida en el precio del crudo, entre 1995
y 1997, se aprovechó aumentando la plataforma de exportación. Así, la casi
totalidad de los ingresos petroleros excedentes fueron canalizados al rescate
bancario, por medio del Fobaproa.
Esta situación se modificó drásticamente a principios de 1998, cuando
los precios del petróleo se derrumbaron. Además, el riesgo moral involucrado
en muchas de las medidas adoptadas para apoyar a la banca, había hecho
que su rescate creciera a un nivel que impedía seguirlo manejando de manera
encubierta. Por ello, a fines de marzo el presidente Zedillo envió al
Congreso una iniciativa de ley, donde proponía la conversión en deuda pública
oficial de los pasivos del Fobaproa, estimados entonces en 552 mil
millones de pesos.
A partir de ese momento, se inició el debate nacional sobre el Fobaproa.
En Serfín, la simulación de que todo iba bien se llevó al extremo. En el mes
de abril, al presentarse el reporte anual correspondiente a 1997, se informó
que el programa de fortalecimiento financiero, iniciado en 1996, había concluido
exitosamente al lograrse un aumento en el capital de 11 742 mp a
partir de 1996, incluyendo una próxima inversión de 68 md por parte de J.P.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
100
Morgan, la cual se festinaba, sin considerar que esa firma sabía muy bien
que el banco continuaba quebrado.
Como era lógico, la esperada inversión por parte de J.P. Morgan nunca
se produjo, y el Fobaproa terminó, como de costumbre, adquiriendo esas
acciones. Este apoyo se produjo el 29 de julio, y ascendió a 579.5 mp (64.9
md). Aunque Serfín continuó con su proceso de deterioro, la decisión de las
autoridades de mantener una intervención disimulada, prosiguió.
Esa decisión se fortaleció cuando la Cámara de Diputados contrató al consultor
canadiense Michael Mackey, para que realizara una auditoría completa
a todas las operaciones del Fobaproa. Al final de ese año, los
diputados del PRI y del PAN votaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
legalizando los pasivos adquiridos por el Fobaproa, antes de que concluyeran
las auditorías que estaba efectuando Mackey.
Aunque Serfín reportó utilidades, por primera vez desde 1995, el banco
seguía quebrado, como lo reflejó la suspensión de la cotización de sus acciones
en Wall Street. El Grupo Vitro anunció que su participación accionaria
en Serfín había resultado diluida durante 1998, al decidir no participar
más en la capitalización de ese banco. Sin embargo, la sorpresiva aparición
de Adolfo Lagos Espinosa y de Jaime Serra Puche como importantes accionistas
de Vitro, al grado de merecer un asiento en el Consejo de Administración
de ese grupo industrial, despertó todo tipo de sospechas.
■ LA INTERVENCIÓN DEL IPAB (1999)
La ficción de que Serfín no estaba intervenido, se mantuvo hasta que el auditor
canadiense Michael Mackey concluyó su investigación. Como la Secretaría de
Hacienda impuso las reglas de que Mackey sólo podía revisar la información
completa de los bancos formalmente intervenidos, para casos como el de Serfín
sólo pudo consultar los créditos amparados por los pagarés emitidos por el
Fobaproa. Aun así, recomendó revisar 938 créditos por un monto de 3 401.7 mp,
a los cuales incluyó dentro de las “operaciones reportables”.
Al respecto, es muy importante enfatizar que la gran mayoría de los
créditos que provocaron el enorme quebranto de Serfín, estuvieron fuera
del examen del consultor Mackey, debido a la argucia de simular que ese
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
101
banco no estaba intervenido. Ese sólo hecho exige una investigación, para
poner en claro todas las posibles complicidades que estuvieron en el fondo
de este desfalco.
En el mes de abril, cuando Mackey aún estaba realizando su estudio,
Serfín dio a conocer los resultados obtenidos durante el primer trimestre,
a los cuales Adolfo Lagos calificó de “satisfactorios”, ya que se habían registrado
utilidades por 96 mp. Además, informó que Serfín “se había declarado
culpable” respecto a las acusaciones de lavado de dinero impulsadas por
las autoridades estadounidenses, dentro de la llamada “Operación Casablanca”.
Derivado de ello, Serfín pagó una multa de medio millón de dólares,
aceptó la pérdida de 4.2 md retenidos por las autoridades de ese país, y
pudo recuperar 5.4 md. A esa acción, los directivos de Serfín la calificaron
como “una decisión adecuada de negocios”.
Al estar por concluir la auditoría de Mackey, el mantenimiento de la
intervención disfrazada en Serfín empezó a dejar de tener sentido. Además,
la ficción contable había llegado demasiado lejos, estando constituida la
mayor parte del capital de Serfín por partidas ficticias. Por ejemplo, las
autoridades permitieron a Serfín aumentar la partida de “impuestos diferidos”,
de 2 477.7 mp en marzo de 1997, a 7 722.1 mp en el mismo mes de
1999. Este concepto, en buena medida ficticio, pasó de representar 34.8 del
capital contable de Serfín, en la primera fecha, a un insólito 80.6 por ciento,
a principios de 1999.
El 31 de mayo se inició el proceso de hacer formal la intervención, cuando
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó a Serfín que debía
realizar ajustes contables por alrededor de 12 900 mp, pasando de la ficción
contable a la realidad de un banco quebrado. Como esos ajustes representaban
un monto superior al valor del capital contable del banco (9 582 mp
a marzo de 1999), sólo sería posible mantenerlo funcionando si se llevaba a
cabo otra cuantiosa inyección de recursos.
Para cumplir con las formalidades de la nueva ley, Serfín contrató a J.P.
Morgan, quien realizó un “estudio técnico”, donde se “concluyó la conveniencia
de reestructurar y recapitalizar a Serfín, en lugar de proceder a su
liquidación”, tomando en cuenta “las implicaciones negativas para el sistema
financiero que tendría la liquidación de ese banco”. Este “estudio” fue entregado
el 8 de junio, y resultó avalado por la CNBV el día 15.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
102
Así, una vez más la firma J.P. Morgan, que se había prestado a simular,
entre 1996 y 1997, una inversión inexistente, ahora también colaboró con
las autoridades financieras para validar una decisión que se había tomado
desde 1996: no dejar que Serfín, el tercer banco del país, se declarara en
quiebra, costara al erario público lo que costara.
El 16 de junio, la Junta de Gobierno del IPAB decidió iniciar la intervención
formal, al anunciar que ese organismo había acordado otorgar “los
apoyos financieros tendientes a proveer el saneamiento de Serfín, con objeto
de proteger los intereses de los ahorradores y obtener el máximo valor
de recuperación posible”.
La primera acción fue informar al Banco Obrero y al ING Bank el vencimiento
anticipado de los contratos de fideicomiso iniciados en junio de 1996
y modificados en diciembre de 1997, como se comentó en párrafos anteriores.
El 2 de julio, las acciones de Serfín en poder de esos fideicomisos (50.12
por ciento del capital total) fueron transferidas al IPAB, quien pasó a poseer
alrededor de 64 por ciento de las acciones del Grupo Financiero Serfín.
El siguiente paso fue revisar los convenios firmados con HSBC, a fines de
1997. Mediante el nuevo acuerdo, dado a conocer el 8 de julio, ese banco
extranjero aceptaba la eliminación de los contratos de protección existentes
hasta esa fecha, a cambio de que el IPAB se comprometiera a transmitirle un
número de acciones suficiente para mantener 19.9 por ciento del capital,
después de que se aplicaran los apoyos a Serfín. El IPAB se obligó además,
“a pagar incondicionalmente” 137 md a HSBC, en el caso de que ese banco
no ganara la licitación de Serfín.
El mismo 8 de julio, el IPAB emitió un pagaré por 13 mil mp, el cual se
utilizó para efectuar los ajustes contables exigidos por la CNBV, compensando
las pérdidas hasta entonces identificadas. Ese pagaré, el primero emitido
por el nuevo IPAB, se pactó con vencimiento a un año, devengando una tasa
de interés de TIIE, capitalizable mensualmente. A esta operación se le denominó
el “primer apoyo financiero” a Serfín.
El 2 de septiembre se llevó a cabo el “segundo apoyo financiero” a Serfín,
como preparación para su venta. Los tres pagarés emitidos por el Fobaproa
(tramos I, II y III) fueron asumidos el 31 de julio como obligación del IPAB.
Según las condiciones acordadas, esos pagarés pasarían a tener una tasa de
interés de sólo cetes menos 1.35 puntos a partir de abril (tramo I), julio
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
103
(tramo II), y enero del 2000 (tramo III). La decisión adoptada por el IPAB fue
modificar esas condiciones, elevando la tasa de interés aplicable a los tres
pagarés a TIIE, a partir del primero de agosto de 1999.
Para tener una idea del impacto que tuvo esta modificación en la tasa
de interés de los pagarés, se puede decir que, estimando los intereses que
se generaron desde su fecha de emisión hasta el mes de marzo de 2000, los
mismos resultaron suficientes para cubrir a los ahorradores una tasa de CPP,
capitalizable mensualmente, y además, tener una utilidad para el banco de
alrededor de 20 por ciento.
Con el traspaso de los pagarés del Fobaproa al IPAB, también le fueron
entregadas unas “cuentas de cheques” por 8 188.4 mp, correspondientes a
lo que se había podido recuperar de los créditos amparados por dichos pagarés.
Además, se encontraron registradas en Serfín, reservas por 11 326 mp
como provisiones para enfrentar a futuro la participación en pérdidas “loss
sharing” pactada en los mismos pagarés.
Para cubrir las crecientes pérdidas del banco, ahora estimadas en casi
20 mil mp, y no tener que recurrir a un mayor endeudamiento, el IPAB tomó
las siguientes decisiones:
• Capitalizar los 8 188.4 mp de las cuentas de cheques, en lugar de
utilizarlos para disminuir el valor de los pagarés, como estaba contemplado
originalmente
• Eliminar la participación en pérdidas pactada, para utilizar las reservas
por 11 326 mp, en la capitalización del banco
• Dar por terminada la obligación “contingente” asociada al tramo III,
la cual ya ascendía a 5 681.1 mp
Si bien estas tres medidas permitieron que el IPAB no se viera obligado
a emitir más deuda, el costo fiscal del rescate de Serfín resultó incremen tado
de manera sustancial, ya que se aceptó una importante reducción en la
recuperación futura de los créditos amparados por los citados pagarés.
Como complemento, el IPAB asumió en diciembre el paquete de acciones
de Cintra (controladora de Aeroméxico, de Mexicana de Aviación y de otras
aerolíneas “privatizadas”), en poder de Serfín. Ese paquete correspondía a
13.89 por ciento del capital de Cintra, y se valuó en 515.7 mp. Como anécdota,
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
104
se puede recordar que la mayor parte de las acciones de Cintra estaban en
poder de Banco Santander (el comprador de Serfín), habiendo sido también
asumidas por el Fobaproa.
■ LA VENTA DE BANCA SERFÍN (2000)
El proceso de venta del Grupo Financiero Serfín se inició el 18 de noviembre
de 1999, cuando el IPAB contrató a la firma Goldman Sachs como agente financiero
para efectuar esa operación. Como fase final del saneamiento de
Serfín, el 7 de enero se acordó crear reservas adicionales por 4 950 mp,
usando para ello recursos presupuestales. También se decidió que el IPAB
asumiera un último paquete de activos de Serfín, con bajo valor comercial,
por 5 618 mp, a los que se denominó “activos grises”.
El 30 de enero, el IPAB dio a conocer las bases para la licitación de
Serfín. El 22 de febrero, Citibank pagó 179 md por 51 por ciento de las
acciones de Afore Garante, hasta esa fecha en poder de Serfín. El 28 de
febrero, Banor te pagó al IPAB 2 741 mp, y empezó a administrar 23 230.4
mp de la cartera de créditos de Serfín, liberando al comprador de este
banco, de la obligación de recuperar tales adeudos. El 31 de marzo, Serfín
compró a Seguros Lincoln el 49 por ciento de acciones de Seguros
Serfín que aún poseía
El 15 de marzo se anunció que Banamex, Citicorp, HSBC y Santander
habían aceptado participar en la licitación de Serfín. Hasta ese momento
parecía que todo iba bien. Pero, el 6 de abril, el IPAB dio a conocer una
ampliación del plazo para entrega de las propuestas de compra de Serfín,
sin que se conocieran las razones de ello.
El 13 de abril se anunció una restructuración de los pagarés de Serfín,
consistente en aumentar la tasa de interés, reducir prácticamente a la mitad
los plazos de vencimiento, y pagar en efectivo los intereses en lugar de capitalizarlos.
Los 100 084 mp de pagarés estimados al 6 de abril, se dividieron
en tres partes:
• 69 084 mp, con nueva fecha de vencimiento en marzo de 2003
• 15 000 mp, con nueva fecha de vencimiento en marzo de 2004
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
105
• 16 000 mp, con un nuevo acuerdo de amortización: seis pagos semestrales
consecutivos, de 2 666.7 mp cada uno, a partir de septiembre de 2000
La tasa de interés aplicable a todos los pagarés se aumentó de TIIE, capitalizable,
a TIIE más un punto, pagable en efectivo cada mes. El sólo aumento
de la tasa de interés implicó un aumento del costo a pagar por el IPAB,
de 1 176.3 millones de pesos.
Después de esa restructuración de los pagarés, seguramente exigida por
el comprador, el 8 de mayo se anunció que el Grupo Financiero Santander
había ganado la licitación de Serfín, aceptando pagar 12 650 mp. Como es
evidente, el sólo aumento de medio punto en la tasa de interés de los pagarés,
representa 8 por ciento del pago realizado por Santander.
Finalmente, de acuerdo con lo pactado, el IPAB anunció el 22 de mayo
que había pagado 137 md a HSBC. Así terminó la triste, larga y tortuosa historia
del rescate de Serfín.
■ EL COSTO FISCAL DEL RESCATE
El costo fiscal del rescate de Banca Serfín se estima en 172 387.3 mp, valuados a
la fecha en que se realizó la venta de ese banco. El cálculo se efectuó agregando
al valor actual de los pagarés, el costo de todas las operaciones comentadas en
este trabajo, deduciendo los ingresos que por ellas tuvieron el Fobaproa y el
IPAB, y actualizando su precio. El cálculo se presenta en el siguiente cuadro.
Como conclusión, se puede decir que quedan demasiadas preguntas
respecto a lo que en realidad puede estar encubriendo este enorme desfalco.
Si bien los accionistas nacionales, encabezados por Adrián Sada González,
presidente del poderoso Grupo Vitro, perdieron todas sus acciones:
• ¿Cuántos autopréstamos, o créditos a gente directamente relacionada
con los banqueros, por montos superiores al valor de las acciones
perdidas, se quedaron sin pagar?
• ¿Por qué Jaime Serra Puche aparece de repente como accionista de
Vitro, con tal importancia como para merecer un asiento en su Consejo
de Administración?
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
106
• ¿Por qué la firma Goldman Sachs, agente financiero del IPAB para la
venta de Serfín, contrató como empleado a Martín Werner, exsubsecretario
de Hacienda?
• ¿Por qué el Partido Acción Nacional encomendó precisamente al
diputado Rogelio Sada, pariente cercano de Adrián Sada, la tarea de
investigar el quebranto bancario?
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE DE SERFÍN
(MILLONES DE PESOS)
Fecha Operación
Monto
original
Valor
presente
(Abr. 2000)
Pagarés
30/06/95 Fobaproa I 4 940.0 17 995.8
02/01/96 Fobaproa II 19 968.0 57 542.8
01/01/97 Fobaproa III 5 200.0 11 373.2
08/07/99 Crédito IPAB 13 000.0 15 032.9
-Ajustes 1 860.7
Suma 43 108.0 100 084.0
Apoyos efectuados
01/07/96 Créditos Meseta 2 646.4 4 671.8
20/06/96 Fideicomisos ING Bank 2 700.0 6 815.7
08/11/96 Topolobambo 1 281.1 1 892.2
23/12/96 Valores 923.8 1 472.5
23/12/96 Deuda soberana 2 158.2 1 620.3
31/03/97 Créditos carreteros 6 943.0 10 656.9
23/05/97 Créditos hipotecarios 5 100.0 7 547.2
09/10/97 Compra J.P. Morgan-Venta HSBC 1 632.0 2 304.9
17/12/97 Acciones y obligaciones 1 627.5 2 241.7
29/07/98 Acciones 579.5 730.2
06/09/99 Cuentas de cheques 8 188.4 8 765.7
06/09/99 Exen. de participaciones en pérdidas 11 326.0 12 124.4
31/12/99 Acciones de CINTRA 515.7 533.2
07/01/00 Reservas 4 950.0 5 118.0
07/01/00 Activos “grises” 5 618.0 5 808.6
Suma 56 189.6 72 303.3
Costo total 99 297.6 172 387.3
Ingreso por venta 14 650.0
107
Con la reciente venta de Banca Serfín y la próxima licitación de Bancrecer,
el gobierno actual está heredando un fuerte compromiso de gasto.
Los nuevos pagarés emitidos por el Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB) ascienden a 21 750 millones de dólares, de los cuales,
93.5 por ciento deberán pagarse entre 2003 y 2004. Esta herencia significará
una fuerte restricción para los programas que pretenda llevar a cabo el nuevo
gobierno, lo cual debería preocupar a algunos de los actuales candidatos a la
Presidencia de la República.
Como puede recordarse, durante la segunda mitad de 1999, el IPAB inyectó
cuantiosos recursos a Serfín, para ponerlo en condiciones de venta
en 2000. El 30 de enero pasado se anunciaron las bases para la venta de ese
banco, señalando como límite el 13 de abril para la presentación de posturas.
La oferta de venta incluía un banco ya saneado, con pagarés por 100 mil
millones de pesos (10 650 millones de dólares), los cuales se pagarían entre
2005 y 2007, junto con los intereses que se acumularan hasta la fecha de
vencimiento.
Hasta el 15 de marzo, todo parecía ir bien, ya que cuatro importantes
grupos financieros habían mostrado interés por participar en la licitación
de Serfín. Sin embargo, al hacer pública, el 6 de abril, la ampliación de la
fecha límite para presentar posturas, pareció que algo importante había
pasado. Lo sucedido se supo el 13 de abril, cuando el IPAB dio a conocer que
había restructurado los pagarés en poder de Banca Serfín.
Todo indica que las condiciones originales de venta de Serfín no parecieron
lo suficientemente atractivas a los presuntos compradores, lo que
RESCATE BANCARIO Y GASTO PÚBLICO
30 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
108
habría obligado al IPAB a modificar drásticamente las características de los
pagarés. Los cambios fueron: el aumento de medio punto en las tasas de
interés; la disminución a la mitad en el periodo de amortización; y el pago
mensual en efectivo de los intereses, en lugar del esquema de capitalización
hasta el vencimiento del papel.
El IPAB anunció el 8 de mayo que el Grupo Financiero Santander había ganado
la licitación de Serfín, pero no comentó las consecuencias que tendría la
decisión de restructurar los pagarés, la cual había sido aparentemente impuesta
por el comprador de ese banco. Los 100 mil millones de pesos de los pagarés,
que estaban, como se dijo, pactados para vencer entre 2005 y 2007, se dividieron
en tres partes: 69 mil millones a pagarse en marzo de 2003, 15 mil millones
con vencimiento en marzo de 2004, y los restantes 16 mil millones para liquidarse
mediante seis pagos semestrales entre 2000 y 2003.
Los intereses sobre los pagarés, ahora elevados a la tasa interbancaria de
equilibrio (TIIE) más medio punto, se empezarán a pagar mensualm ent e, desde
mayo de 2000 hasta que se liquiden. Suponiendo un nivel de tasas de interés
similar al observado durante los primeros cuatro meses de 2000, a los 100 mil
millones de pesos de los pagarés se deberá agregar un monto de 49 mil millones
de pesos distribuidos durante los próximos cuatro años.
Estos nuevos compromisos de gasto significan una importante restricción
al presupuesto de egresos para los siguientes años. Para estimar ese
impacto, se partió del supuesto de que el gasto público crecerá en 15.5 por
ciento anual hasta 2004. Ese 15.5 por ciento resulta de estimar un crecimiento
del producto interno bruto (PIB) real de 5 por ciento y una inflación anual
de 10 por ciento. Con estos supuestos, el gasto comprometido por la forma
en que se vendió Serfín, pasa de 1.2 por ciento del presupuesto federal en
el presente año, a poco más de 4 por ciento en 2003.
Además, como preparación para la próxima venta de Bancrecer, el IPAB
emitió en noviembre de 1999 un nuevo pagaré por 102 200 millones de pesos
(11 100 millones de dólares), con actualización en su valor al mismo ritmo
que la inflación, y con vencimiento en 2004. Con los supuestos antes señalados,
el monto del gasto para liquidar este pagaré podría alcanzar 8 por
ciento del presupuesto federal de 2004.
En conclusión, las recientes decisiones tomadas por el IPAB, para poder
vender Serfín y Bancrecer, significan un compromiso de gasto que se está
RESCATE BANCARIO Y GASTO PÚBLICO
109
heredando al próximo gobierno, por alrededor de 4 por ciento del presupuesto
en 2003, y de 8 por ciento en 2004. Si a estos pagos se agregan los 10
mil millones de pesos anuales por amortización de los proyectos de inversión
con registro diferido en el gasto (pidiregas), ya comprometidos a partir de
2001, las restricciones presupuestarias se anticipan como muy difíciles.
Algunos candidatos a la Presidencia están ofreciendo una reforma fiscal
que permita aumentar los ingresos y financiar con ello un mayor gasto, para
atender las enormes necesidades del pueblo mexicano. Sin embargo, los
compromisos que sigilosamente está heredando el actual gobierno, pueden
obligar a que la anunciada reforma sólo resulte suficiente para enfrentar
dichos compromisos, y no para llevar adelante los muchos ofrecimientos
de campaña.
Por todo lo anterior, la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, de revisar a
fondo todas las operaciones llevadas a cabo durante el interminable rescate
bancario, resulta vital, si realmente se quieren atacar los muchos males que
aquejan a las mayorías. Si no consideran la terrible herencia del Fondo Bancario
de Protección al Ahorro (Fobaproa), las propuestas de Francisco Labastida
se tornan huecas, y las de Vicente Fox quedan como lo que siempre
han sido: ocurrencias sin ningún sustento.
111
El costo del rescate de Banca Serfín alcanzó en abril de 2000 la insólita
cifra de 172 mil millones de pesos. Ese monto contrasta con los 123
mil millones de pesos que la prensa había manejado. Muchos comentaristas
se empezaron a preguntar de dónde salieron esas cifras. En el presente
artículo me propongo aclarar cómo se estimó el costo del mayor
rescate bancario en la historia de México.
Como señalé en mi artículo “El gran desfalco de Serfín” (La Jornada, 24 de
mayo de 2000), la estimación de 172 mil millones de pesos se obtuvo de “una
revisión exhaustiva de los documentos disponibles”, considerando subestimada
la otra cifra difundida, ya que “resulta de agregar los valores nominales
de apoyos efectuados durante los últimos cuatro años, sin incluir algunos de
ellos y sin considerar su valor actual”.
El costo total del rescate de Serfín, a la fecha de su venta (abril de 2000),
resulta de sumar el valor actualizado de los cuatro pagarés en poder de ese
banco, y los apoyos otorgados desde 1996, a precios actuales. El valor actual
de los pagarés, emitidos en junio de 1995, enero de 1996, enero de 1997 y
julio de 1999, fue estimado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) en 100 084 millones de pesos. Los diversos apoyos efectuados, tanto
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) como por el IPAB,
ascienden a 72 303 millones de pesos.
El pagaré emitido en junio de 1995, conocido como tramo I, tuvo un
valor original de 4 940 millones de pesos, correspondiente a créditos que
Serfín no pudo recuperar y que fueron comprados por el Fobaproa. Al emitir
ese pagaré, Serfín tuvo que registrar reservas por 29 por ciento del valor de
EL RESCATE DE SERFÍN (I)
4 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
112
los créditos, y comprometerse a una participación en pérdidas (loss sharing)
de 30 por ciento. Acumulando los intereses, el valor de ese pagaré a diciembre
de 1999 alcanzó 17 242 millones de pesos (véase el sitio del IPAB en internet,
www.ipab.org.mx).
El segundo pagaré, tramo II, de enero de 1996, ampara créditos no recuperados
por un valor original de 19 968 millones de pesos. A diferencia
del primer pagaré, las condiciones impuestas por el Fobaproa se flexibilizaron
de manera alarmante, al aceptar una reserva de sólo 1 por ciento y
reducir la participación en pérdidas a sólo 25 por ciento. El valor de este
pagaré a diciembre de 1999, capitalizando los intereses devengados, ascendió
a 55 122 millones de pesos.
El tercer pagaré, tramo III, registrado en enero de 1997, resultó de una
compra de créditos hipotecarios por 10 300 millones de pesos, de los cuales,
5 100 se pagaron en efectivo, y los restantes 5 200 millones correspondieron
al citado pagaré. El Fobaproa no exigió reservas y se pactó una “obligación
contingente” por 466.5 millones de dólares, que se pagaría a futuro con 5
por ciento de las utilidades que fuera generando Serfín. El valor del pagaré
a diciembre de 1999 llegó a 10 897 millones de pesos.
El cuarto pagaré fue emitido por el IPAB en julio de 1999, al momento de
intervenir formalmente a Serfín. Aquél, con un valor original de 13 mil millones
de pesos, se utilizó para compensar las partidas ficticias, permitidas
hasta entonces por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y
que habían ayudado a disimular la quiebra de Serfín hasta que Michael
Mackey terminara de realizar su examen. Un ejemplo de esas partidas ficticias
es el rubro de “impuestos diferidos”, que alcanzó a representar más de
80 por ciento del capital contable del banco. El valor de este pagaré se situó
en 14 394 millones de pesos a fines de 1999.
A la fecha en que se inició el proceso de venta de Serfín (30 de enero de
2000), los cuatro pagarés tenían como fechas de vencimiento las siguientes:
el tramo I, junio de 2005; el tramo II, enero de 2006; el tramo III, enero de
2007; y el pagaré emitido por el IPAB, registrado como crédito simple, julio
de 2000. Estos pagarés mantenían el compromiso de capitalizar los intereses,
es decir, pagarlos hasta el vencimiento de cada papel. Lo anterior se puede
confirmar consultando el listado de pagarés a diciembre de 1999, incluido
en la citada página de internet del IPAB.
EL RESCATE DE SERFÍN ( I )
113
Hasta el 31 de marzo, las anteriores características de los pagarés no se
habían modificado, como se puede comprobar en el documento “Alcance al
Informe sobre los apoyos financieros otorgados a Grupo Financiero Serfín
con base en el Programa de Saneamiento”, entregado por el IPAB a la Cámara
de Diputados a principios del mes de abril.
Estos pagarés se restructuraron el 13 de abril, después de que el IPAB
anunció una ampliación del plazo para presentar posturas en la licitación de
Serfín. El cambio en las características de los pagarés, que se hizo para facilitar
la venta de ese banco y probablemente a propuesta de los mismos
compradores, consistió en: aumentar en medio punto la tasa de interés; reducir
a la mitad la fecha de vencimiento; y pagar mensualmente los intereses,
en lugar de la capitalización pactada.
Esos cambios, como señalé en mi artículo “Rescate bancario y gasto
público” (La Jornada, 2 de junio de 2000), junto con la emisión de un pagaré
por 11 100 millones de dólares a favor de Bancrecer y con vencimiento en
2004, impusieron una preocupante restricción presupuestaria al gobierno
que resulte de las elecciones del próximo 2 de julio.
115
Además de los 100 084 millones de pesos en que se valuaron los cuatro Apagarés en poder de Serfín a principios del mes de abril, el valor ac- tualizado de los diferentes apoyos que recibió ese banco desde 1996, Ade parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y del Instituto
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se calcula en 72 303 millones
de pesos. Sumados los dos conceptos, se calculó el costo total del rescate de
Serfín en 172 387 millones de pesos.
Los apoyos en efectivo, del Fobaproa a Serfín, se iniciaron a mediados de
1996, cuando ese banco fue intervenido de facto, simulando hasta julio de 1999
que seguía funcionando sin grandes problemas. Pero el hecho más grave,
y que explica en buena medida el enorme costo fiscal en que finalmente se
incurrió, fue que además se simuló que el banco estaba siendo capitalizado
por el “grupo de control”, encabezado por Adrián Sada, también principal
accionista del Grupo Vitro.
En junio de 1996 se anunció que el citado “grupo de control” había realizado
una inversión en acciones por 360 millones de dólares (2 700 millones
de pesos), usando los recursos existentes en tres fideicomisos de ING Bank
(México), y proporcionados por la sucursal de ese banco extranjero en Dublín,
Irlanda. Así, se aparentó que los principales accionistas estaban capitalizando
el banco, fondeándose en el extranjero.
Pero, el ING Bank de Dublín había obtenido los recursos de un fondo
denominado Eagle Trust, constituido en la sucursal Jersey de ese banco. El
citado fondo fue creado con recursos proporcionados por el Banco Obrero,
que estaba intervenido por las autoridades desde noviembre de 1994. Es
EL RESCATE DE SERFÍN (II)
5 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
116
decir, quien había capitalizado a Serfín era el Fobaproa, con fondos públicos,
pero aparentando una inversión privada con fondos provenientes del exterior.
El cruce de operaciones sólo incrementó el costo del rescate.
En julio de 1996 se anunció que una emisión de obligaciones de Serfín,
por 290 millones de dólares, había sido adquirida por J.P. Morgan. La realidad
fue que el Fobaproa ofreció a esa firma extranjera una elevada tasa de interés,
de LIBOR más 2.25 puntos, además de una “comisión de éxito”, si lograba
vender algún título a inversionistas extranjeros. J.P. Morgan mantuvo esas
obligaciones hasta octubre de 1997, cuando las volvió a vender al Fobaproa
en 319 millones de dólares, obteniendo una utilidad de 29 millones de dólares,
sin haber logrado colocar nada.
El Fobaproa sustituyó esos títulos por acciones equivalentes a 19.9 por
ciento del capital de Serfín, y las vendió al Hong Kong Shangai Bank (HSBC),
a cambio de títulos de deuda externa del gobierno mexicano por un valor
nominal de 174 millones de dólares. Como esos papeles (bonos Brady) se
operaban con descuentos de alrededor de 60 por ciento, HSBC en realidad
sólo pagó 104.4 millones de dólares por unos papeles que el Fobaproa había
comprado a J.P. Morgan en 319 millones de dólares, cargando al erario la
pérdida resultante.
Además, el HSBC exigió una serie de condiciones leoninas al Fobaproa,
para quedarse con 19.9 por ciento de las acciones de Serfín. Entre esas condiciones
estuvo una “protección” al valor de su inversión, consistente en
que bajo cualquier circunstancia, todos los accionistas podían perder su
inversión, menos los extranjeros, ya que el Fobaproa los compensaría.
Durante 1996, el Fobaproa adquirió de Serfín una serie de “activos” improductivos,
como créditos hipotecarios denominados “meseta”; un crédito
otorgado al fideicomiso que construyó la central termoeléctrica de Topolobampo;
una cartera de valores; y títulos de deuda soberana. Esas operaciones,
junto con la inversión simulada mediante el ING Bank, alcanzan un valor,
a abril de 2000, de 16 472 millones de pesos.
En 1997, los apoyos consistieron en la compra de créditos carreteros; el
pago en efectivo de parte de la cartera de créditos hipotecarios incluida en
el llamado tramo III; la operación citada con J.P. Morgan y HSBC; y la adquisición
de acciones y obligaciones. Las operaciones descritas tuvieron un costo,
a valor actual, estimado en 22 751 millones de pesos. En 1998, el Fobaproa
EL RESCATE DE SERFÍN ( II )
117
adquirió un paquete de acciones que se había ofrecido a J.P. Morgan y que finalmente
no tomó. Ese gasto ascendió a 580 millones de pesos, 730 de ahora.
En 1999, el IPAB decidió utilizar los “activos” disponibles, para capitalizar
a Serfín. Así, tomó 8 188 millones de pesos de las “chequeras” correspondientes
a lo que se había podido recuperar de los créditos amparados por los
pagarés emitidos por el Fobaproa. También decidió utilizar 11 326 millones
de pesos de las reservas que había constituido Serfín para enfrentar la participación
en pérdidas pactada. Además, el IPAB compró a Serfín acciones de
Cintra por 516 millones de pesos. El costo actual de esas operaciones asciende
a 21 423 millones de pesos.
Para concluir el saneamiento de Serfín y ponerlo en condiciones de venta,
el IPAB decidió constituir reservas por 4 950 millones de pesos, y adquirir
activos “grises”, es decir, con valor comercial de cero, por 5 618 millones de
pesos. Las dos operaciones se realizaron con recursos presupuestarios,
en enero de 2000, y representan un costo de 10 927 millones de pesos a la
fecha en que se vendió Serfín.
En conclusión, la estimación de que el costo del rescate de Serfín asciende
a 172 mil millones de pesos, aunque no es exacta ni perfecta, parece
bastante sólida, ya que está calculada tomando como base la documentación
disponible. Lo que originó ese enorme costo, así como sus verdaderos beneficiarios,
es un asunto que deberían aclarar e investigar las autoridades,
para evitar que algo así vuelva a repetirse.
119
Apesar de que ahora se sabe que el rescate de Banca Serfín alcanzó
más de 172 mil millones de pesos, dicha cifra continúa siendo una
abstracción para muchas personas. Por ello, quisiera terminar esta
serie de artículos hablando de los verdaderos beneficiarios de la quiebra de
este banco, entre los que se encuentran no sólo empresarios vinculados al
poder, como Adrián Sada, sino también miembros prominentes del Partido
Acción Nacional (PAN), incluyendo al mismo Vicente Fox.
El uso de cuantiosos recursos públicos ha sido justificado por el gobierno,
como algo necesario para “salvar a los ahorradores”. Esa excusa, legítima
en parte, permite esconder a los que verdaderamente se beneficiaron
mediante rescates como el registrado en Serfín. Como es sabido, el dinero
que presta un banco proviene de los depósitos hechos por los ahorradores.
Por ello, la labor de los bancos no consiste sólo en servir como intermediarios
entre ahorradores y deudores, sino en calcular y tomar riesgos. Es decir,
los bancos, antes de prestar un dinero que no es suyo, deben asegurarse de
que quien reciba el crédito esté realmente en capacidad de pagarlo.
Al estallar la crisis a principios de 1995, muchos deudores de buena fe, que
habían adquirido préstamos tomando como base las tasas de inte rés que existían
hasta fines de 1994, se encontraron en situación de insolvencia, incapacitados
para cumplir con sus obligaciones. Estos de udores fueron
verdaderas víctimas de la crisis y requirieron ayuda de la so ciedad. Los
apoyos a esta clase de deudores, sin duda implicaron un costo fiscal, pero
se justificaron, al evitar la quiebra de los bancos y, con ella, la posible pérdida
de los ahorros.
SERFÍN: LA QUIEBRA OCULTA
13 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
120
Pero existe otro tipo de deudores de los bancos. Se trata de los propios
banqueros o de gente directamente relacionada con ellos, a quienes se les
hicieron préstamos cuantiosos, muchas veces sin garantía alguna. Estos deudores
no pueden ser considerados víctimas de la crisis. Sus muchos abusos,
así como la complicidad de las autoridades financieras, es lo que explica que
el rescate bancario haya alcanzado un costo tan grande.
Lo que realmente esconde el rescate de Serfín, apenas empieza a ser
conocido. En un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), dado a conocer por La Jornada el 2 de junio, se describen una serie
de operaciones que significaron cuantiosas pérdidas para ese banco, y que
las autoridades se negaron a investigar. Son muchos los abusos documentados,
que fueron encabezados por Adrián Sada González, accionista de
Serfín y del Grupo Vitro.
Considerando algunas de las operaciones registradas por la CNBV, se
puede estimar que la familia Sada obtuvo directamente beneficios por 563
millones de pesos, valuados al mes de abril de 2000. Si además se consideran
otras operaciones, incluidas en el mismo documento de la CNBV, llevadas a
cabo por los Sada, por medio de prestanombres (empleados de Vitro), se
agregan otros 626 millones de pesos. Sólo estos 1 189 millones de pesos
explican 0.7 por ciento del quebranto total de Serfín.
En el citado documento de la CNBV también se comenta que durante 1997,
se decidió dar quitas de más de 50 por ciento a 247 deudores privilegiados,
que generaron un quebranto de 2 375 millones de pesos. Además, señala que
a créditos escogidos, entre ellos algunos del Grupo Vitro, se les aplicó durante
1998 una tasa de interés de cero, y las pérdidas se cargaron a los resultados
del banco. Este trato preferente también benefició a la familia Fox, con un
adeudo de 1.7 millones de dólares en ese banco.
Todos esos abusos fueron finalmente compensados por el Fondo Bancario
de Protección al Ahorro (Fobaproa) o por el Instituto de Protección al
Ahorro Bancario (IPAB), para garantizar que los ahorradores no perdieran
su dinero, cargando la enorme cuenta al empobrecido pueblo mexicano
mediante la deuda pública. Aunque lo legal y honesto hubiera sido (y sigue
siendo) utilizar todos los recursos en poder del Estado para tratar de recuperar
los fondos producto del saqueo, las autoridades no sólo se negaron a
investigar, sino que se prestaron a encubrir el enorme desfalco.
SERFÍN: LA QUIEBR A OCULTA
121
En esta labor de encubrimiento, las autoridades contaron con la ayuda
de prominentes miembros del PAN. Uno de los diputados panistas encargados
de “investigar” el Fobaproa, fue precisamente Rogelio Sada, pariente
cercano de Adrián Sada. Ese sólo hecho dice mucho más que miles de palabras.
Además, el propio Vicente Fox se hizo presente en diciembre de 1998,
para presionar a los diputados panistas que se oponían a legalizar ese fraude,
logrando convencer a la mayoría para que aprobaran la ley del IPAB,
junto a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (véase
La Jornada, 12 de diciembre de 1998).
La negativa de las autoridades a proporcionar toda la información del
rescate bancario, se presta a muchas especulaciones, y pueden resultar
afectadas personas inocentes. Sin embargo, despiertan muchas sospechas
hechos como el que Jaime Serra Puche haya pasado a formar parte del
Consejo de Administración de Vitro, precisamente en 1998, cuando se documentaron
las muchas operaciones irregulares de Adrián Sada, principal
saqueador de Serfín y, por cierto, también presidente del Consejo de Administración
de ese grupo industrial.
CAPÍTULO 3
LAS CONSECUENCIAS
DEL RESCATE BANCARIO
125
Los resultados dados a conocer recientemente respecto al comportamiento
de las finanzas públicas durante la primera mitad del año, disimulan
la verdadera situación fiscal, la cual puede ser calificada como
cercana a un auténtico desastre. Como muestra de ello, se pueden comentar
tres hechos: el festinado superávit fiscal es en realidad un déficit; el disminuido
gasto público está descuidando áreas prioritarias como la educación;
la próxima conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda oficial amenaza
con restringir aún más el gasto social.
Según el diagnóstico oficial, durante el primer semestre del año se mantuvieron
finanzas públicas sanas. Los ingresos presupuestales aumentaron
3.6 por ciento en términos reales, y el gasto programable mostró una disminución
real de 3 por ciento, permitiendo que se registrara un superávit fiscal
por 7 866 millones de pesos. Como la meta anual es alcanzar un déficit de
1.25 por ciento del producto interno bruto, la situación para la segunda
mitad del año parece holgada.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los ingresos no crecieron el
3.6 por ciento real anunciado, sino a una tasa menor (0.7 por ciento). Ese
estancamiento de la recaudación se compensó registrando como ingreso los
12 553 millones de pesos del remanente de operación obtenido por el Banco
de México durante 1998. Sin esa operación, el festinado superávit se habría
convertido en un déficit por 4 687 millones de pesos.
Como es sabido, el remanente de operación del Banco de México se
entera a la Tesorería de la Federación a más tardar en el mes de abril de cada
año, después de haber concluido el ejercicio anual (artículo 55 de la Ley del
EL DISIMULADO
DESASTRE FISCAL
19 DE AGOSTO DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
126
Banco de México), para luego ser registrado como ingreso del gobierno federal,
dentro del rubro aprovechamientos, e incluido en la cuenta de la hacienda
pública que se envía al Congreso en junio.
En el balance del Banco de México al 31 de diciembre de 1998 (última
página del informe anual para 1998), puede apreciarse que los 12 553 millones
de pesos del citado remanente obtenido durante ese año, no se enteraron
a la Tesorería. Por ello, el rubro de aprovechamientos en la cuenta
pública para 1998 (p. 329 de los Resultados Generales) fue muy inferior al
estimado originalmente en la Ley de Ingresos.
Lo anterior se explica por la nueva ley del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB), en cuyo artículo octavo transitorio se señala que
dicho remanente se deberá utilizar para amortizar el crédito otorgado por
el Banco de México al Fobaproa (55 800 millones de pesos a diciembre de
1998), el cual no se incluirá dentro de los pasivos del Fobaproa que empezarán
próximamente a ser convertidos en deuda pública oficial.
Sin embargo, la escasa recaudación fiscal observada durante la primera
mitad del año, obligó al gobierno a registrar el citado remanente correspondiente
a 1998 como si se hubiera obtenido durante el presente año.
Con ese pequeño truco, un déficit de 4 687 millones de pesos se convirtió
en un superávit de 7 866 millones, el cual luce muy bien y da confianza a
los inversionistas.
Otro punto que llama la atención es la fuerte caída en el gasto para la
educación. Si se agregan los recursos destinados a la UNAM, los del Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB del ramo 33),
las Aportaciones para el Distrito Federal, y el gasto realizado por la Dirección
General de Educación Superior (para universidades de provincia),
se alcanza casi 80 por ciento del gasto público destinado a educación.
Este gasto registra una caída real de 12.2 por ciento durante el primer
semestre de 1999.
Pero no todo el gasto para educación ha disminuido. El destinado a la
UNAM, por ejemplo, registra un incremento real de 13.2 por ciento, debido
a que se le permitió ejercer durante los primeros seis meses del año más de
la mitad de su presupuesto anual. Esta abundante disponibilidad de recursos
se dio, a pesar de que esa institución ha estado la mayor parte del semestre
en huelga. En contraste, el gasto destinado a las universidades de provincia
EL DISIMULADO DESASTRE FISCAL
127
disminuyó 13.4 por ciento en términos reales, y los recursos destinados a
la educación en el Distrito Federal también cayeron 20.1 por ciento real.
Otro aspecto preocupante es el comportamiento de las obligaciones
garantizadas por el gobierno, en especial los pasivos del Fobaproa, las cuales
aumentaron su valor en 54 906 millones de pesos durante la primera
mitad de 1999. Aunque estos pasivos no se consideran aún para la contabilidad
del déficit o superávit fiscal, su pronta conversión en deuda pública
oficial explica la restricción de gasto a otros sectores y amenaza con presionar
aún más la vulnerable situación financiera del sector público.
Por lo pronto, el gobierno ha colocado a lo largo del año un enorme
monto de deuda por medio de valores, que le han permitido acumular 46
mil millones de pesos. Estos recursos han sido acumulados, no para gastar
en áreas prioritarias como educación, sino para tenerlos disponibles cuando
se realice la anunciada conversión de los pagarés del Fobaproa en bonos
negociables.
129
En fechas recientes, la Secretaría de Hacienda dio a conocer algunos
cálculos sobre pérdida de ingresos esperados para el presente año,
los cuales se compensarán parcialmente con los ingresos excedentes
derivados de la subida del precio del petróleo. Según estos cálculos, después
de aplicar todo el citado excedente, todavía queda un remanente para
ser compensado, si se quiere mantener la meta de déficit fiscal señalada
por el gobierno.
CÁLCULOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
(MILLONES DE PESOS)
Mayores ingresos esperados 20 500
Por mayor precio del petróleo 11 200
Por menores intereses en pesos 9 300
Menores ingresos esperados 30 944
Por privatizaciones 8 000
Por menor remanente de operación del Banco de México 22 944
Faltante (10 444)
Remanente de operacion de Banxico
Estimado en Ley de Ingresos para 1999 35 493
Esperado para 1999 0
Aplicación del remanente de Banxico obtenido en 1998 12 549
Pérdida de ingresos por remanente de operación de Banxico 22 944
Fuente: Comunicado del vocero de la Secretaría de Hacienda, del 12 de septiembre de 1999.
Como se puede ver en el cuadro anterior, las autoridades de Hacienda
calculan que se obtendrán 20.5 mil millones de pesos adicionales a lo estimado
en la Ley de Ingresos de 1999. De ese monto, 11.2 mil millones corresponden
a mayores ingresos petroleros, debido a que el precio del crudo,
ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
PETROLEROS EXCEDENTES
PARA EL RESCATE BANCARIO,
Y SIMULACIÓN DE SUPERÁVIT FISCAL
22 DE SEPTIEMBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
130
calculado originalmente en 9.25 dólares por barril, podrá alcanzar alrededor
de 14 dólares como promedio en 1999. Los restantes 9.3 mil millones se refieren
a menores pagos en pesos por los intereses de la deuda externa, como
resultado de la revaluación observada en nuestra moneda.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda también espera una pérdida de
ingresos de 30.9 mil millones de pesos respecto a lo estimado en la misma
Ley de Ingresos de 1999. En esa pérdida se incluyen 8 mil millones, debido
al retraso en la desincorporación de algunos aeropuertos (la estimación
original respecto a privatizaciones era de 16.1 mil millones). Pero la pérdida
mayor se refiere al remanente de operación del Banco de México, lo cual
alcanza 22.9 mil millones y es el tema de esta nota.
Según los cálculos de las autoridades hacendarias, al restar a los mayores
ingresos por 20.5 mil millones, las pérdidas esperadas por 30.9 mil
millones, quedará todavía un faltante por 10.4 mil millones de pesos, el cual
no dicen cómo lo compensarán. En todo caso, el énfasis está dirigido a
convencer a la opinión pública de que a pesar de observarse el conocido
repunte en el precio del petróleo, el gobierno no sólo no cuenta con ingresos
excedentes, sino que tiene un faltante que debe compensar de alguna
manera.
Pero, como ya es usual en nuestro país, la realidad es diferente. Lo que en
verdad pretende la Secretaría de Hacienda al dar a conocer esos cálculos, es
tratar de encubrir la decisión de utilizar el total de los ingresos petroleros
excedentes para el rescate bancario, al mismo tiempo que intenta engañar a
la opinión pública, tratando de hacer aparecer el déficit fiscal registrado durante
la primera mitad del año, como si fuera un superávit.
Como se puede recordar, entre los 552.3 mil millones de pesos de pa si vos
del Fobaproa estimados para febrero de 1998, se encontraba un prés tamo del
Banco de México al Fobaproa por 46.5 millones, en su mayor parte desti na do
a sanear Inverlat. La ley del Instituto para la Protección al Ahorro Ban ca -
rio (IPAB), elaborada por la Secretaría de Hacienda y luego impuesta al Congre
so el 12 de diciembre de 1998 (con la complicidad de los legisladores del
PAN), incluyó un artículo transitorio, el octavo, en el que se ordenó que ese
crédito fuera quebrantado por la institución que lo otorgó, para evitar que
constituyera parte del paquete que se convertiría en deuda pública oficial,
una vez concluidas las auditorías a las operaciones del Fobaproa.
ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS EXCEDENTES PAR A EL RESCATE BANCARIO...
131
Con esta inclusión en la ley del IPAB se buscaban dos objetivos: por un
lado garantizar el cumplimiento de los leoninos compromisos acordados
por el Fobaproa con el Scotiabank de Canadá, el cual acordó comprar Inverlat
en marzo del año 2000, siempre y cuando el gobierno ya lo hubiera
saneado totalmente, y no mediante los famosos pagarés, sino con dinero
contante y sonante. El otro objetivo fue sacar esos pasivos de la contabilidad
de la deuda pública, ya que el Banco de México no es, formalmente,
parte del sector público.
Pero ese tratamiento del crédito otorgado por el Banco de México al
Fobaproa, implica necesariamente una reducción de los ingresos del gobierno
federal, los derivados del remanente de operación del Banco de México,
los cuales, normalmente se incluyen en la Ley de Ingresos, dentro del rubro
“Aprovechamientos”.
El remanente de operación del Banco de México es el resultado de las
múltiples operaciones que realiza, entre las que destaca el llamado “señoreaje”,
es decir, la facultad exclusiva para emitir papel moneda. Las utilidades
generadas por esta facultad (como también sucede en el caso de la renta
petrolera) pertenecen al pueblo mexicano. Por ello, la Ley del Banco de
México señala en su artículo 55 la obligación de esa institución de enterar
tal remanente a la Tesorería de la Federación a más tardar en el mes de abril,
una vez concluido el ejercicio del año anterior.
Así, en la Ley de Ingresos de 1998, se estimó una recaudación de 12 500
millones de pesos por ese concepto. Para la Ley de Ingresos de 1999, la estimación
ascendió a 35 493 millones de pesos (concepto 23.A del artículo 1º).
Durante los dos años, los citados recursos fueron parte de los ingresos totales
calculados para elaborar el Presupuesto de Egresos y estimar el déficit
fiscal esperado.
La interpretación de la nueva ley del IPAB implica una renuncia del gobierno
federal a esos ingresos, para aplicarlos hasta que se extinga el citado
crédito otorgado por el Banco de México para sanear Inverlat. Ese crédito se
estimaba en 46.5 mil millones de pesos en febrero de 1998 y en 55.8 mil millones
en diciembre de ese año. Para junio de 1999, la estimación dada a conocer
recientemente por el IPAB alcanzó 61 mil millones de pesos.
Acatando lo establecido en la ley del IPAB, el Banco de México dio a conocer
su balance para 1998 (última página del Informe Anual de 1998), el pasado
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
132
mes de abril. En ese balance se consigna que los 12 549 millones de pesos del
remanente de operación generado, no se enteraron a la Tesorería, por lo que
se infiere que quedaron disponibles para lo dispuesto en esa ley. Tal pérdida
de ingresos quedó consignada en la cuenta pública para 1998, la cual registró
una menor recaudación por concepto de aprovechamientos, respecto a lo
estimado originalmente en la Ley de Ingresos para ese año (página 329 de los
Resultados Generales). Hasta ahí, todo quedó aparentemente finiquitado.
Pero, para 1999, quedó un hueco de 35 493 millones de pesos en las finanzas
públicas, ya que la Ley de Ingresos incluyó ese monto como parte de
los ingresos del gobierno federal, pero la ley del IPAB señaló que no se deberían
enterar a la Tesorería, siendo utilizados para financiar el crédito otorgado
al Fobaproa. Esta contradicción jurídica no fue percibida por los
legisladores del PRI y del PAN, quienes se concretaron a aprobar las dos iniciativas
elaboradas apresuradamente en la Secretaría de Hacienda.
Durante el presente año, el Ejecutivo tomó dos decisiones a espaldas
del Congreso: registrar los 12 549 millones de pesos del remanente generado
en 1998, como si se hubieran obtenido en 1999, con el fin de hacer aparecer
el déficit fiscal de 4 687 millones registrado en la primera mitad del año,
como un superávit por 7 866 millones; y utilizar el total de ingresos petroleros
excedentes para compensar la pérdida de los 35 493 millones del remanente
de operación del Banco de México incluidos en la Ley de Ingresos de
1999 y que, como se dijo, están ahora destinados al rescate bancario, por
mandato de la ley del IPAB.
La excusa para la primera decisión no es válida, puesto que la pretensión
de que los 12 549 millones generados en 1998 ya estaban incluidos en el
cálculo original de los 35 493 millones consignados en la Ley de Ingresos
para 1999 no tiene sentido, pues la propia ley señala que los ingresos estimados
se refieren al propio año de 1999.
La utilización discrecional de los recursos petroleros excedentes sí es
legal, y está permitida por la forma como actualmente opera el régimen fiscal
de Pemex. Como se puede recordar, dicho régimen se basa en una serie de
pagos provisionales por concepto de los tres derechos sobre extracción
de hidrocarburos. Esos derechos, junto con el impuesto especial sobre producción
ducción y servicios (IEPS) aplicado a la gasolina y el diesel conforman la
llamada “red fiscal” de Pemex, y los tributos pagados finalmente se ajustan
ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS EXCEDENTES PAR A EL RESCATE BANCARIO...
133
hasta integrar el derecho sobre hidrocarburos, que significa 60.8 por ciento de
los ingresos de Pemex.
Sin embargo, los ingresos excedentes, es decir, los ingresos obtenidos
por encima del precio del petróleo supuesto en la Ley de Ingresos, se afectan
fiscalmente de la siguiente manera: primero se les aplica 60.8 por
ciento del derecho sobre hidrocarburos. El 39.2 por ciento restante también
es captado por el fisco mediante la aplicación del aprovechamiento. Así,
cien por ciento de los recursos excedentes van a parar a la Tesorería de la
Federación.
La aplicación de esos recursos excedentes queda a la discreción de la
Secretaría de Hacienda, ya que los “candados” incluidos en el Presupuesto
de Egresos sólo son aplicables a los ingresos tributarios, y los derechos y
aprovechamientos no lo son. La única restricción incluida en el decreto de
Presupuesto para 1999 es que se deben utilizar para amortizar deuda pública,
y la decisión de emplearlos para compensar la citada pérdida en ingresos
resulta adecuada, ya que la alternativa sería contratar más deuda.
135
El pasado mes de septiembre varios funcionarios de la Secretaría de
Hacienda, encabezados por el secretario Gurría, intentaron engañar
a los legisladores, tratando de ocultar una decisión que habían tomado:
utilizar para el rescate bancario los mayores ingresos derivados del
alza del precio del petróleo. Este engaño fue puesto al descubierto por
varios legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los
cuales mostraron que ya no es posible continuar con el tipo de trampas y
simulaciones que acostumbran algunas autoridades.
Esta historia comienza con un préstamo otorgado por el Banco de México
(Banxico) al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que
fue destinado en su mayor parte para “sanear” a Inverlat, el cuarto banco
de México. Este crédito ascendía a 46.5 mil millones de pesos en febrero de
1998, siendo parte de los famosos 552.3 mil millones de pasivos del Fobaproa
que el presidente Zedillo propuso convertir en deuda pública. El valor de
este préstamo siguió aumentando hasta alcanzar 60 mil millones de pesos
en junio del presente año.
Con el fin de disimular, en lo posible, los enormes pasivos del Fobaproa
que se decidió transferir al nuevo Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB), las autoridades optaron por distribuir parte de ellos entre
varias instituciones. Así, un crédito otorgado por Nafinsa, se decidió que
fuera asumido por ese banco; los créditos carreteros se concentraron en un
fideicomiso de Banobras, para resolver su situación dentro de esa institución;
y el señalado préstamo de Banxico recibió un tratamiento parecido, como
veremos a continuación.
FRUSTRADO ENGAÑO A LOS LEGISLADORES
6 DE OCTUBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
136
En la ley del IPAB, elaborada en la Secretaría de Hacienda, negociada con
algunos dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), y luego votada por la
mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
del PAN en diciembre pasado, se incluyó, en el artículo octavo transitorio,
la disposición de que dicho préstamo fuera pagado por Banxico, utilizando
para ello el remanente de operación de esa institución.
El banco central tiene varias facultades monopólicas, entre las que destaca
la emisión de papel moneda. Estas facultades le permiten generar utilidades
que se traducen en su llamado remanente de operación. Como este
remanente es propiedad del pueblo mexicano, la Ley del Banco de México
señala, en su artículo 55, que deberá ser entregado a la Tesorería de la Federación
al cierre de cada ejercicio anual, a más tardar en el mes de abril.
Por ello, el remanente se registra cada año como ingreso del gobierno
federal en la Ley de Ingresos, dentro del rubro de aprovechamientos. En la
Ley de Ingresos para 1998 se incluyó una estimación de 12.5 mil millones de
pesos por ese concepto, los cuales no se enteraron a la Tesorería al cerrar
el ejercicio de ese año, quedando aparentemente disponibles para lo indicado
por la ley del IPAB (véase la última página del Informe Anual de Banxico
para 1998).
En la Ley de Ingresos para 1999 se incluyó una estimación del multicitado
remanente por 35.5 mil millones de pesos, los cuales formaron parte de
los cálculos del paquete económico para 2000. Sin embargo, esa inclusión
cayó en una posible contradicción con lo dispuesto en la ley del IPAB, expedida
días antes, la cual indicaba que el gobierno federal renunciaba a esos
ingresos, mientras se amortizaba el préstamo otorgado al Fobaproa.
Así, las finanzas públicas para 1999, partieron con un hueco de 35.5 mil
millones de pesos, los cuales, como se indica en la ley del IPAB, quedaron
disponibles para el rescate bancario. Como los resultados fiscales a mitad
del año presentaban un déficit, las autoridades decidieron tomar los 12.5
mil millones del remanente generado en 1998, registrarlos como si se hubieran
obtenido en 1999, y simular un superávit fiscal en las vísperas del informe
presidencial.
Pero quedaba pendiente una pérdida en los ingresos fiscales programados,
por casi 23 mil millones (los 35.5 incluidos en la Ley de Ingresos de 1999,
menos los 12.5 generados en 1998). La decisión fue utilizar los ingresos
FRUSTR ADO ENGAÑO A LOS LEGISLADORES
137
petroleros excedentes (derivados de la notable subida del precio del petróleo)
para compensar ese faltante, o lo que es lo mismo, para destinarlos al
rescate bancario. Esa decisión se explica por la urgencia de concluir el “saneamiento”
de Inverlat, ya que existe un compromiso con el Scotiabank de
Canadá, para terminar ese proceso en marzo de 2000, con dinero contante
y sonante, y no con promesas como los famosos pagarés emitidos por el
Fobaproa.
El engaño de las autoridades, que luego resultó frustrado por los legisladores
del PRD, consistió en tratar de hacer creer que los excedentes petroleros
se utilizarían para compensar una pérdida de casi 23 mil millones
de pesos del remanente programado para Banxico, como resultado de la no
anticipada revaluación del peso. Aunque este efecto es verdadero, resulta
irrelevante para el cálculo normal de los resultados fiscales, ya que el gobierno
federal, como se dijo antes, había renunciado de antemano a esos
ingresos, al decidir destinarlos al rescate bancario.
Sin embargo, la maniobra de las autoridades hacendarias, descubierta
por el PRD, no puede ser revertida, ya que actualmente se carece de recursos
legales para ello. Al igual que ha sucedido con muchos capítulos del
ya interminable rescate bancario, las autoridades han promovido adecuaciones
jurídicas que les permiten adoptar medidas discrecionales que
afectan los ingresos y el patrimonio de la mayoría de los mexicanos, sin
violentar ninguna disposición legal.
139
En el Informe sobre las Finanzas Públicas correspondiente al cuarto
trimestre de 1999, se reportó que el déficit fiscal fue de sólo 1.15 por
ciento del producto interno bruto (PIB), nivel inferior al 1.25 por ciento
programado. Este resultado, según las autoridades hacendarias, fue
producto de una mayor recaudación y de un control del gasto, lo que permitió
disminuir la proporción de la deuda pública respecto al PIB, de 27.9
por ciento en 1998 a sólo 25.3 en 1999.
Con esto, los voceros del gobierno federal pretenden hacer creer que la
política económica aplicada ha dado buenos resultados, propiciando un
crecimiento económico “de calidad”, sustentado sobre bases sanas, que
permitirá una transición ordenada en este año electoral. Desafortunadamente,
detrás de las maquilladas cifras de Hacienda, se oculta una situación de
verdadero desastre fiscal, con ingresos estancados y una creciente deuda
pública escondida.
Hacienda señala que los ingresos crecieron en 4.6 por ciento en términos
reales, es decir que aumentaron a una tasa superior al 3.6 por ciento que registró
el PIB. Sin embargo, los ingresos de 1999 incluyen 12.5 mil millones de
pesos del remanente de operación del Banco de México generado en 1998
(véase mi colaboración en La Jornada del 20 de agosto de 1999).
Aunque esos fondos fueron enterados en 1999, en realidad se generaron
en 1998, por lo que no deberían ser contabilizados para festinar una supuesta
recuperación de la recaudación. Si se descuenta este concepto, los ingresos
sólo crecen 3.2 por ciento, tasa inferior a la del PIB, y el déficit sube a
1.42 por ciento del PIB, nivel superior al programado.
LA DEUDA PÚBLICA ESCONDIDA
24 DE FEBRERO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
140
Pero lo más importante, las autoridades tratan de disimular a toda costa,
el espectacular crecimiento de la deuda pública durante los últimos años.
Esa deuda escondida incluye no sólo los conocidos pasivos del Fobaproa-
IPAB, sino la deuda implícita asociada a la reforma de la seguridad social;
los compromisos adquiridos mediante el mecanismo conocido como “pidiregas”;
así como las deudas ocultas en la banca de desarrollo y los fideicomisos
de fomento.
La deuda derivada del rescate bancario incluye los 725 mil millones de
pesos de pasivos transferidos al IPAB; los 91 mil millones del rescate carretero,
ahora en un fideicomiso de Banobras denominado Fideicomiso de
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); el crédito por
más de 60 mil millones otorgado por el Banco de México al Fobaproa; y los
préstamos distribuidos entre Nafinsa y Bancomext. Todos estos pasivos
alcanzan 21 por ciento del PIB, y son deuda pública, aunque no se registren
como tal.
La reforma de la seguridad social ha implicado una erogación presupuestaria
de alrededor de uno por ciento del PIB a partir de 1997. Ese compromiso
del gobierno significa una virtual asunción de deuda. El monto de la
misma es desconocido, pero suponiendo una tasa de interés real de 4 por
ciento (la observada en promedio en México durante los últimos 40 años),
se puede estimar en casi 28 por ciento del PIB.
Para enfrentar los costos del rescate bancario, el gobierno dejó sin fondos
para invertir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En compensación,
se diseñó un nuevo mecanismo para efectuar la inversión indispensable:
los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto, o pidiregas. Su
aplicación ha significado una acumulación de deuda escondida que a la fecha
asciende a 358 mil millones de pesos, casi 8 por ciento del PIB.
Se ha mantenido oculta la verdadera situación financiera de la banca de
desarrollo y de los fideicomisos de fomento, como: Fideicomisos Instituidos
en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo para la Vivienda (Fovi), Fondo
para el Desarrollo Comercial (Fidec) y Fideicomiso Liquidador (Fideliq).
Aunque las denuncias de fraude han sido frecuentes, no se conoce con certeza
la magnitud de la deuda pública ahí escondida. Tomando como base
los datos del último reporte de deuda pública, esos pasivos son de, cuando
menos, 177 mil millones de pesos, 3.9 por ciento del PIB.
LA DEUDA PÚBLICA ESCONDIDA
141
En suma, se estima que la deuda pública escondida asciende a cerca
de 60 por ciento del PIB. Si se agrega la deuda oficialmente reconocida, de
25 por ciento del PIB, se puede concluir que el actual gobierno está heredando
al siguiente una deuda por alrededor de 85 por ciento del PIB. Aunque
esa carga es mucho mayor que la recibida del anterior gobierno, la
única virtud del actual es haberla hecha más manejable, distribuyendo los
compromisos de pagos durante muchos años.
Como es evidente, la situación fiscal es muy preocupante, y no da motivo
para el festejo, menos aún para el autoelogio de las autoridades. Sería
interesante saber si los candidatos que actualmente se disputan la Presidencia
de la República, tienen real conciencia de la misma.
143
El tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) volvió a
aparecer durante el reciente debate televisivo entre Andrés Manuel López
Obrador y Diego Fernández de Cevallos. Al verse acorralado, el panista
acusó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de haber sido inconsecuente
al aprobar recursos presupuestarios para el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB). Una acusación similar fue hecha por Porfirio Muñoz
Ledo, agregando que el PRD es “colaboracionista con el gobierno”, y que por
ello prefirió salirse de ese partido (Reforma, 9 de marzo de 2000).
Estas acusaciones son falsas y se inscriben dentro de la actual campaña
para denigrar a los candidatos del PRD, y así, restarles votos. Para saber si
estas acusaciones tienen algún fundamento, basta consultar la versión estenográfica
de la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 28 de diciembre,
en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
año 2000 (www.camaradediputados.gob.mx).
Respecto al IPAB, se realizaron cuatro votaciones. La primera correspondió
a la propuesta incluida en el dictamen, donde se asignaban 32.1 miles
de millones de pesos a ese instituto. La votación mayoritaria fue a favor, con
el voto del PRD en contra.
La segunda votación se refirió a una propuesta del PRD y del Partido del
Trabajo (PT), consistente en reducir a cero los recursos presupuestarios
para el IPAB. Ese punto fue rechazado, al lograr sólo 140 votos a favor, 243
en contra y 106 abstenciones.
La tercera votación correspondió a una propuesta del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que buscaba asignar 34.6 miles de millones de
EL FOBAPROA
Y EL PRD
9 DE MARZO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
144
pesos al IPAB, 2 500 millones más que lo incluido en el dictamen. Esta propuesta
fue aprobada por 246 votos a favor y 245 en contra. En este caso, el
PRD votó junto al Partido Acción Nacional (PAN), pero de nueva cuenta, en
contra de que se proporcionaran recursos presupuestarios al IPAB.
La cuarta y última votación se refirió a una propuesta del PAN, que condicionaba
la entrega de 14.1 miles de millones de pesos de los recursos
asignados al IPAB, a que ese instituto informara sobre los créditos irregulares
encontrados en los pasivos heredados del Fobaproa, y que los bancos
intervenidos pasaran a ser administrados por el IPAB. Esta fue la única de
las cuatro votaciones donde el PRD votó a favor.
El dilema era claro. La mayoría de los diputados ya habían aprobado
recursos para el IPAB, con el voto en contra del PRD. Se trataba de votar si
esos recursos, ya aprobados, se condicionaban o no, a que el IPAB cumpliera
con las disposiciones legales vigentes.
La decisión del PRD fue votar a favor de ese condicionamiento. Aun así,
esta votación se perdió al tener 245 votos a favor y 246 en contra. En los
dos últimos puntos, los votos del PRD y del PAN estuvieron unificados. En
ambos, las propuestas de la oposición perdieron por un solo voto. Fue
precisamente durante estas dos votaciones, cuando el diputado panista
Francisco José Paoli Bolio se ausentó de la sesión y permitió que el PRI y
sus aliados ganaran.
Como se puede ver, las acusaciones de personas como Diego Fernández
de Cevallos y Porfirio Muñoz Ledo, respecto a que el PRD resultó incon secuente
o “colaboracionista con el gobierno”, al votar a favor de que el IPAB contara
con recursos presupuestarios, supuestamente a cambio de que se apro bara
el endeudamiento del gobierno del Distrito Federal, son por completo falsas.
En contraste, fue precisamente el PAN quien ayudó a la legalización del Fobaproa,
al votar con el PRI la ley del IPAB en diciembre de 1998. Además, ese
partido ha actuado en todo momento como cómplice del gobierno en la consumación
y disimulación de ese gran atentado contra la economía del pueblo
mexicano. Ahora se sabe que esa afinidad del PAN con el gobierno no ha sido
solamente por razones ideológicas. Existen otras razones, más prácticas, que
explican esa complicidad. El que muchos connotados panistas, incluido el
mismo Vicente Fox, sean beneficiarios del Fobaproa, por ejemplo (véase mi
colaboración en La Jornada del 25 de octubre de 1999).
145
La reciente decisión de aumentar la exportación de petróleo, en coordinación
con los países de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), ha estado sujeta a todo tipo de cuestionamientos.
Ahora que nuestro país está actuando como si fuera miembro de esa organización,
se pugna por una política diferente a la decidida por los principales
productores petroleros. Lo sorprendente de esas críticas, no es sólo que
provengan de personas que habían propuesto la integración de México a la
OPEP, sino la fragilidad de los argumentos.
Estas críticas, carentes de sustento, eluden la discusión de cosas verdaderamente
importantes en la materia. Por ejemplo, la disimulada vinculación
entre los ingresos petroleros y el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa), y la carencia de una auténtica política petrolera. Las
acciones tomadas por el gobierno han estado orientadas a exprimir fiscalmente
a Pemex para compensar la caída en la recaudación tributaria y
obtener recursos adicionales para enfrentar los crecientes costos del rescate
bancario.
En la primera mitad del sexenio se incrementó la producción de crudo
para aumentar las exportaciones. Además, el gobierno subestimó de manera
sistemática el supuesto de precio del petróleo que se incluyó en las leyes
de Ingresos de cada año, para maximizar la recaudación fiscal y tener la
posibilidad de asignar los ingresos excedentes, de manera discrecional,
priorizando el rescate bancario.
El régimen fiscal aplicable a Pemex implica que la tributación de esa
paraestatal debe alcanzar 60.8 por ciento de sus ingresos, quedando el
EL PETRÓLEO
Y EL FOBAPROA
6 DE ABRIL DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
146
restante 39.2 por ciento como ingreso propio. Pero, entre 1995 y 1999, esa
distribución sólo funcionaba si el precio del petróleo supuesto en la Ley de
Ingresos coincidía con el observado a lo largo del ejercicio. Si el precio era
subestimado, los ingresos generados por encima de ese supuesto se canalizaban
íntegramente al gobierno federal, mediante el aprovechamiento
considerado en esa ley.
Así, entre 1995 y 1997, se aumentó la exportación de petróleo y se subestimó
el precio calculado en la Ley de Ingresos. Con los ingresos de las
mayores exportaciones, se creó una partida presupuestal destinada al rescate
bancario. Mediante el aprovechamiento, el fisco pudo captar el total
de los ingresos excedentes y asignarlos a esa partida, por encima de lo
presupuestado.
El mecanismo para financiar de manera subrepticia el creciente costo
del Fobaproa, exprimiendo fiscalmente a Pemex, se sostuvo mientras los
petroprecios se mantuvieron elevados. Cuando el precio del petróleo se
derrumbó, a principios de 1998, el escondido mecanismo diseñado para
canalizar recursos hacia el rescate bancario dejó de operar. Esa fue una de
las razones que condujeron al presidente Zedillo a explicitar el problema
del Fobaproa en marzo de 1998.
La fuerte caída en los precios del petróleo tuvo como efecto adicional,
obligar al gobierno federal a modificar su política respecto a la OPEP, empezando
a operar en coordinación con dicha organización. Esa política tuvo
éxito y los precios del petróleo aumentaron de manera sorprendente a lo
largo de 1999.
Sin embargo, esos crecientes ingresos no significaron mayores recursos
para Pemex, ya que el perverso régimen fiscal aplicable a esa empresa no
se modificó, y permitió al gobierno federal seguir exprimiendo al máximo a
Pemex, hasta llegar al absurdo de que esa empresa registrara pérdidas en
1999 (Memoria de Labores, p. 121).
Como resultado de esa política fiscal depredadora sobre Pemex, la inversión
de esa empresa se fue rezagando. Así, para compensar la exacción
de recursos, a partir de 1997 se introdujo un nuevo mecanismo denominado
pidiregas (proyectos de inversión con registro diferido en el gasto), mediante
el cual, Pemex ha podido ofrecer proyectos de inversión a privados,
quienes consiguen el financiamiento para los mismos.
EL PETRÓLEO Y EL FOBAPROA
147
Una de las ventajas de los pidiregas es que la inversión se puede efectuar
sin recurrir a los recursos extraídos para el rescate bancario. Pero la mayor
ventaja para el gobierno federal es que esas operaciones, y los compromisos
financieros asumidos con ellas, no se tienen que registrar dentro de la contabilidad
normal de las finanzas públicas, disimulando su impacto sobre las
mismas y manteniendo la imagen de finanzas sanas.
La inversión mediante los pidiregas ha resultado más costosa que si se
hubiera efectuado con recursos propios, debido a los riesgos asumidos por
los inversionistas y a la posible corrupción involucrada. Este esquema de
inversión también se ha aplicado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la fecha, el gobierno federal ha acumulado una deuda escondida, por ese
concepto, que ya casi alcanza ocho puntos del PIB.
El perfil de amortizaciones de esta deuda escondida es muy elevado
para los próximos ocho años, significa una fuerte restricción presupuestaria
para el siguiente gobierno, y un elemento de presión para que Pemex
y la CFE, o parte de esas empresas, sean privatizadas. La discusión de
estos problemas es más importante que cuestionar la vinculación con la
OPEP, quizá la única acción correcta en materia petrolera, efectuada por
el presente gobierno.
149
La reciente renuncia de Vicente Corta, secretario ejecutivo del Instituto
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), esconde más cosas de las
que parecen a primera vista. Aunque la tarea encomendada a ese
funcionario era concluir la gran operación de despojo a la población conocida
como Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), sus intentos
para hacerla más manejable y reducir, en lo posible, el enorme costo fiscal,
lo llevaron a tratar de afectar algunos intereses de poderosos banqueros.
Ese sólo intento le costó el puesto.
En mi opinión, como asesor de los diputados perredistas integrantes de
la Comisión de Investigación del IPAB en la Cámara de Diputados, la coincidencia
entre la renuncia de Corta y la entrega que hizo Michael Mackey de
una segunda copia del archivo con las operaciones reportables, no explica
esa decisión. Las razones son otras, y reflejan una preocupante situación,
donde parece que no sólo se garantizará total impunidad a los grandes beneficiarios
de este desfalco, sino que puede incrementarse aún más el enorme
costo del rescate bancario.
Es necesario no perder de vista que la famosa lista de Mackey fue utilizada
como una cortina de humo para ayudar a encubrir muchos de los
abusos originados en el Fobaproa y desviar la atención respecto a los principales
beneficiarios del despojo. Como se ha insistido, una y otra vez, esa
lista sólo incluye los nombres de los beneficiarios detectados por ese consultor,
con base en la escogida información que le permitieron revisar las
autoridades. Por ello, no puede ser considerada como el resultado de la
prometida auditoría que, en verdad, nunca se concluyó. Los nombres de los
LA RENUNCIA DE VICENTE CORTA
25 DE JULIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
150
principales beneficiarios se mantienen aún a la sombra, gozando de la protección
de las autoridades.
La tarea encomendada a Corta no era fácil ni cómoda. Encubrir esas
operaciones y hacerlas manejables, requería mucho más que las normales
habilidades demandadas para un puesto de esa naturaleza. Además de estómago
para resistir tanta porquería, se requería un poco de imaginación y
audacia, así como cierta capacidad para limitar algunos de los abusos más
extremos. Esos requisitos fueron cubiertos ampliamente por Corta, convirtiéndolo
en la persona idónea para esa responsabilidad. Sin embargo, fue
precisamente esa capacidad y empeño lo que le costó el puesto.
Dos ejemplos pueden servir para ilustrar lo anterior. El primer caso se
refiere a Banamex. Como es sabido, Roberto Hernández es el principal accionista
de ese banco, gran amigo del presidente Zedillo y ahora, al parecer,
también íntimo de Vicente Fox. Banamex tiene en su poder pagarés emitidos
por el Fobaproa por más de 54 mil millones de pesos, con intereses inferiores
a los percibidos por otros bancos, los cuales se capitalizan, es decir, el
banco no recibe nada en efectivo hasta el vencimiento de los papeles.
A partir del anuncio del IPAB respecto a la posible conversión de los
pagarés del Fobaproa en nuevos bonos negociables, con pago de intereses
en efectivo, bancos como Banamex empezaron a solicitar ese intercambio.
Dicha gestión se reforzó con la decisión adoptada por el IPAB, de convertir
los pagarés en poder de Serfín en nuevos bonos con mayores rendimientos
y plazos menores.
La posición de Corta fue solicitar a Banamex un plan que permitiera
aumentar la participación de ese banco en las pérdidas que se generaran al
vencimiento de los pagarés, lo cual serviría como incentivo para que Banamex
hiciera todo lo posible por recuperar el dinero que había prestado de
manera inadecuada. Para ello, puso como condición para intercambiar los
pagarés por nuevos bonos, que Banamex se comprometiera a no pagar dividendos
hasta concluir ese esfuerzo de recuperación. Esa postura, como
resulta obvio, no agradó a Roberto Hernández.
El segundo ejemplo se refiere a Citibank. Como se puede recordar, a mediados
de 1998, cuando estaba en su apogeo el escándalo del Fobaproa, el
gobierno vendió Banca Confía a ese banco extranjero. Por esa circunstancia,
Citibank impuso condiciones extremadamente leoninas para quedarse con el
LA RENUNCIA DE VICENTE CORTA
151
banco. El Fobaproa, en un entreguismo total, emitió un pagaré por 28 mil millones
de pesos, con vencimiento a ocho años, y se comprometió a pagar intereses
muy superiores a los que ese banco debía pagar a los ahorradores.
Vicente Corta decidió anticipar el pago de la deuda con Citibank, intentando
así reducir el enorme costo impuesto a la población. No obstante, el
banco extranjero protestó y demandó el cumplimiento de lo pactado, incluyendo
el mantenimiento de esos elevados intereses hasta 2006. Los documentos
firmados por las autoridades y el Citibank se mantuvieron en
secreto hasta que ese banco los dio a conocer. A pesar de que en el contrato
original del pagaré se incluyó la posibilidad de pagarlo anticipadamente,
otros documentos también firmados por el Fobaproa permiten una interpretación
un tanto ambigua.
Decisiones como las comentadas, hicieron de Vicente Corta un personaje
incómodo para muchos banqueros, nacionales y extranjeros, los cuales
sólo buscan sacar el mayor provecho de la debilidad de las instituciones
nacionales y de la complicidad de muchas autoridades. Además, la actual
luna de miel que se percibe entre dichos banqueros y Vicente Fox, no resultaba
propicia para que continuara con un empeño que al final podría
resultar infructuoso.
153
El propósito de este texto es presentar una suerte de apuntes que sirvan
de guía para una investigación de mayor alcance. La hipótesis
básica que se plantea aquí, es que existe una vinculación directa entre
los mecanismos que se utilizaron para llevar a cabo el rescate bancario, y
la aparición de los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto
(pidiregas). Los dos tipos de mecanismos han tenido como base el despilfarro
de los recursos petroleros, y han generado además una enorme deuda
pública, que se ha pretendido disimular, y que representa una severa restricción
para las finanzas públicas.
Después de la crisis de 1982, la orientación general de la política económica
se modificó de manera radical, buscando una nueva inserción en la
economía mundial e impulsando mecanismos de mercado que mejoraran
la eficiencia y la competitividad. Aunque esa orientación ha sido en general
correcta, ha adolecido de un grave defecto: efectuarse en un ambiente
institucional no democrático, con un Estado de derecho débil, transparencia
escasa, y verdadera rendición de cuentas inexistente.
Esa grave ausencia permitió que la política de liberalización financiera,
también correcta en lo general, condujera a una situación cercana a la quiebra
del sistema bancario, a principios de 1995. La política aplicada para
rescatar a los bancos, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa), mostró fallas similares, pues propició todo tipo de abusos que
incrementaron desproporcionadamente el costo fiscal.
Ese creciente costo se financió, al principio de manera subrepticia,
recurriendo a los ingresos petroleros excedentes. La exportación de crudo
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO
Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
6 DE JUNIO DE 2004
154
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
se incrementó y el régimen fiscal aplicable a Petróleos Mexicanos (Pemex)
fue modificado, con el fin de exprimir al máximo a esa paraestatal. La excesiva
expoliación fiscal dejó a Pemex sin recursos para mantener sus
niveles de inversión. Como alternativa, se crearon los pidiregas, basados
en fuentes de financiamiento privadas, lo cual generó una deuda pública
creciente que, al igual que con los pasivos del Fobaproa, se ha pretendido
mantener escondida.
El irresponsable manejo de la política de rescate bancario, junto con la
caída del precio del petróleo a principios de 1998, obligó al gobierno a explicitar
el problema del Fobaproa, y se generó el famoso debate sobre ese
asunto. Muchos detalles de esa discusión no han sido dados a conocer
suficientemente. Al autor le tocó la responsabilidad de elaborar el análisis
y la propuesta que presentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
la cual finalmente no fue aprobada, pero sirvió como base para el famoso
debate efectuado ese año.
La discusión sobre el Fobaproa llevada a cabo en la Cámara de Diputados
durante 1998, resultó oscurecida debido a las deficiencias institucionales
antes señaladas. En lugar de buscar transparentar lo sucedido y reducir en
lo posible el costo fiscal, la mayoría de los legisladores aceptaron la aplicación
de una verdadera operación de encubrimiento que legalizó ese desfalco
y le impuso un costo excesivo al pueblo mexicano.
Con la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario
(IPAB), a principios de 1999, el gobierno asumió, de hecho, la enorme deuda
generada por el rescate bancario. A partir de entonces, el IPAB ha administrado
esos pasivos, buscando cómo refinanciarlos y distribuir su pago en el
tiempo. A la fecha, el costo fiscal en que se incurrió está muy delimitado, y
sólo queda pendiente de definir el costo que tendrá un segmento de esos
pasivos.
El financiamiento de la inversión de Pemex, y también de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), mediante los pidiregas, ha continuado creciendo.
La aplicación de ese mecanismo ha permitido continuar exprimiendo
fiscalmente a Pemex, lo que descapitaliza de manera alarmante a esa paraestatal.
La inversión basada en recursos presupuestarios casi ha desaparecido,
pues se utiliza una proporción creciente de la misma para las amortizaciones
de los pidiregas.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
155
Desde 1995, el gobierno ha engañado a la población presentando unas
finanzas públicas supuestamente sanas, con niveles de déficit reducidos y
montos de deuda pública, como proporción del producto interno bruto (PIB),
decrecientes. Esas cifras oficiales han sido posibles debido a que no se han
registrado correctamente los pasivos del Fobaproa-IPAB, ni los relativos a
los pidiregas. Si esa deuda se registrara, la percepción de la situación de las
finanzas públicas durante los últimos años se modificaría fuertemente.
Con la llegada del nuevo gobierno del presidente Fox, se introdujo un
nuevo concepto denominado Requerimientos Financieros del Sector Público
(RFSP), con el cual se busca empezar a hacer explícito este problema. Sin
embargo, ese concepto se mantiene por fuera de la contabilidad oficial,
tratando de aparentar una salud inexistente en las finanzas públicas.
Pero el problema de fondo no es cómo se registra esa deuda. El hecho
es que esos pasivos existen y están ejerciendo una enorme presión sobre
las finanzas públicas. Esa presión tiende a incrementarse en los siguientes
años. De ese hecho deriva la urgencia de una reforma fiscal profunda, que
garantice la viabilidad financiera del gobierno.
Esa reforma fiscal debe ir acompañada de una política previa cuyo
propósito sea transparentar todo lo que ha sucedido, a fin de concientizar
a la población de la magnitud de los problemas heredados de los gobiernos
anteriores, así como de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales
de manera permanente. Además, el régimen fiscal aplicable a Pemex deber
ser modificado de manera radical, para impedir el absurdo de que la empresa
más rentable del país termine quebrando.
Por ello, el objetivo de las presentes notas es ayudar a aclarar algunos de
los grandes problemas que ahogan actualmente a las finanzas públicas, entendiendo
que el primer paso para resolverlos es plantearlos de manera correcta.
■ LA PRIVATIZACIÓN DE LA BANCA Y SU CRISIS (1991-1994)1
En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos. La idea era combinar
ese proceso con la política de desregulación en materia financiera que
1 El análisis de esta parte está basado en Moreno Pérez, 1998; y en PRD, 1998.
156
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
ya se estaba aplicando. Con ello se buscaba alcanzar de manera simultánea
tres objetivos: aumento de los niveles de ahorro de la economía, mejor
asignación de ese ahorro, y abaratamiento del costo del crédito, derivado
de la competencia esperada entre los nuevos bancos privados. Así, la economía
se beneficiaría al contar con un sistema bancario más moderno y
eficiente, capaz de canalizar el ahorro hacia las actividades más productivas
y de manera menos onerosa.
En un ambiente de apertura de la economía, definitivamente se debía
aplicar una política con esos rasgos. Pero el problema era la debilidad institucional
y la falta de transparencia y de mecanismos modernos de rendición
de cuentas. Con el ambiente de autoritarismo y escasa transparencia existentes,
una política que podría haber sido muy positiva, se transformó en
una bomba de tiempo, que estalló a principios de 1995.
El primer gran error fue vender los bancos prácticamente al mejor postor,
olvidando que el servicio de banca y crédito es de una naturaleza muy diferente
a las restantes actividades económicas. Por ello, se debió garantizar
que los bancos quedaran en las manos de gentes capaces de administrarlos
con toda la prudencia y responsabilidad que esa actividad requiere.
Otra falla fue que, debido a la ausencia de transparencia en el proceso
de privatización, no se respetaron las reglas anunciadas. Una de ellas fue
que el capital debería provenir de fuera del sistema bancario. Una gran
cantidad de compradores financiaron la adquisición de los bancos recurriendo
a préstamos de otros bancos. Así, la capitalización de los nuevos bancos
privados resultó en gran medida ficticia y comprometió de inicio la viabilidad
de los mismos.
Resulta difícil creer que las autoridades encargadas de la venta de los
bancos ignoraran estos hechos. Ello ha generado la sospecha de que asuntos
de corrupción pudieron estar involucrados. La ausencia de mecanismos
claros de rendición de cuentas impidió que se aclarara todo ese proceso,
por lo cual quedó señalado por el signo de la sospecha.
Pero quizás el mayor defecto de la privatización de la banca fue que no
se acompañó de un reforzamiento de los organismos de supervisión ni de
una modificación de las reglas de garantía de los depósitos bancarios.
En cualquier país que liberaliza su sistema bancario, las instituciones y
las reglas de supervisión se refuerzan. En México eso no sucedió. La Comisión
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
157
Nacional Bancaria (CNB) continuó operando prácticamente de la misma
manera. Uno de los pocos cambios legales efectuados, ahora también bajo
la sombra de la sospecha, fue la conversión de los delitos llamados “de
cuello blanco”, de graves a no graves, con prescripción a los cinco años.
Respecto a las garantías, durante décadas el gobierno había respaldado,
de hecho, al total de los depósitos bancarios. Por ello, era famoso el
hecho de que en nuestro país nunca quebraba un banco. Esa política era
factible debido al estricto control que ejercía el Banco de México sobre
casi todas las operaciones de la banca. Pero, en el nuevo ambiente de
desregulación casi total, el mantenimiento de esa garantía implícita se
convirtió en un incentivo perverso para los nuevos banqueros, quienes
podían asumir riesgos excesivos sin preocuparse por las consecuencias.
Los resultados son bien conocidos. Los niveles de intermediación bancaria
se incrementaron fuertemente. Pero ese crecimiento no fue resultado
del aumento del ahorro, como se esperaba, sino de la liberación de recursos
como resultado de la amortización de la mayor parte de la deuda del gobierno
con los bancos, y de la canalización de montos crecientes de recursos
provenientes del exterior.
La asignación de los recursos intermediados tampoco resultó lo eficiente
que se esperaba. En buena medida, los bancos fueron utilizados
preferentemente para financiar a los grupos pertenecientes a sus principales
accionistas, con tasas de interés preferenciales. En muchos casos se
registraron abusivos autopréstamos, sin exigir siquiera garantías.
El esperado abaratamiento del crédito, como resultado de la competencia
bancaria, tampoco de produjo. En contraste, se observó exactamente lo
contrario: los márgenes de intermediación se elevaron, alcanzando niveles
sin precedentes en México. Mientras las personas relacionadas con los bancos
gozaron de un tratamiento preferencial, el costo de los préstamos a los
no relacionados se incrementó fuertemente.
El comportamiento de los banqueros puede considerarse “racional”,
debido a las reglas del juego existentes. Las instituciones encargadas de
supervisarlos les permitieron hacer prácticamente de todo. El haber recurrido
a préstamos, muchos de ellos, para comprar los bancos, presionaba
la búsqueda de negocios muy rentables, que les permitieran amortizar esos
créditos. Además, el gobierno mantenía la garantía del total de los depósitos,
158
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
lo que constituye un caso típico de riesgo moral, el cual aparece cuando se
percibe que un tercero les resolverá sus problemas presentes y futuros.
Ese comportamiento resultó reforzado por la política económica, la cual
indujo un sobrendeudamiento de la economía. Luego de estabilizar a la
economía y anunciar la próxima firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el gobierno creó un ambiente muy favorable,
que atrajo enormes flujos de capital del exterior.
Mediante el mantenimiento de un tipo de cambio estable, se buscó dar
certidumbre a los rendimientos esperados por los inversionistas extranjeros.
Como la inflación doméstica seguía siendo superior a la exterior, el peso se
fue sobrevaluando, generando un déficit cada vez mayor con el exterior, el
cual fue compensado con entradas de capital, también crecientes.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos, que provocó aumentos en los bienes y servicios no comerciables,
superiores a los registrados en los comerciables con el exterior. Ese conocido
fenómeno propició señales equivocadas a los mercados. Los precios de los inmuebles
y de otros bienes no comerciables aumentaron mucho, y generaron la
ilusión de que se era más rico y, por tanto, se podía gastar y endeudarse más.
Durante el año electoral de 1994, el gobierno llevó esa política al extremo.
Manteniendo supuestamente un déficit fiscal cercano a cero, efectuó crecientes
colocaciones de valores en el exterior, como los famosos Tesobonos.
Esos recursos permitieron amortizar mucha deuda interna y liberaron fondos
que terminaron siendo canalizados por los bancos a la economía, lo cual
creó una situación prácticamente insostenible.
En diciembre de 1994, comenzando el gobierno del presidente Zedillo, la
realidad se impuso y el peso se devaluó. Para muchos, la devaluación significó
pasar de manera abrupta de la ficción a la realidad. Muchas deudas contraídas
considerando precios inflados de activos, de pronto se enfrentaron a tasas de
interés muy elevadas y precios de sus activos devaluados en mayor proporción
que la moneda. A ello siguió un fuerte contracción de la economía que puso a
muchos deudores en situación de insolvencia. Los bancos dejaron de recuperar
los créditos otorgados y se presentó un riesgo de quiebra bancaria en cadena.
Los expresidentes Salinas y Zedillo se han culpado mutuamente por esa
crisis, hablando del famoso “error de diciembre”. La verdad es que los dos
resultan responsables de lo sucedido. El primero, por impulsar la política
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
159
insostenible antes comentada. El segundo, por su incapacidad de manejar
adecuadamente la coyuntura, lo que convirtió una situación, sin duda difícil,
en una crisis de grandes proporciones.
La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas, como
ya se ha comentado, volvió a jugar un papel perverso en esa coyuntura.
Existen muchas versiones de que funcionarios del gobierno informaron
previamente a algunos empresarios de que se iba a llevar a cabo la devaluación,
lo cual permitió que se cubrieran, y derrumbaran el mercado cambiario,
lo que a su vez hizo más costosa e inmanejable la situación. Esta versión,
como tantas otras, quedó sin ser investigada y aclarada.
■ EL RESCATE BANCARIO: EL USO DE LOS EXCEDENTES
PETROLEROS Y EL RIESGO MORAL (1995-1997)
Antes de comentar las características del rescate bancario, resulta importante
señalar algunas cosas que no se han dicho. Uno de los grandes problemas
al inicio del gobierno del presidente Zedillo fue el desmantelamiento, realizado
durante los últimos años del gobierno anterior, de los equipos técnicos
del gobierno que monitoreaban lo que sucedía en la economía.
Hasta 1991 existían tres equipos básicos, uno en la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), otro en la Secretaría de Programación y Presupuesto
(SPP) y el tercero en el Banco de México (Banxico). Cuando se reunía
el gabinete económico para discutir y decidir qué hacer, respecto a algún
asunto importante concerniente a la economía nacional, previamente se
reunían los tres equipos y discutían su diagnóstico de lo que estaba pasando,
contrastando los modelos y elementos técnicos que utilizaban. Sólo
después de esa discusión, que a veces alcanzaba niveles de sofisticación
sorprendentes, se elaboraba un análisis unificado, que se presentaba como
base en la reunión de ese gabinete.2
A principios de 1992, como resultado de la desaparición de la SPP, el
equipo de la misma fue desintegrado. La regla de discutir todo con Banxico
2 El autor formó parte del equipo de la SPP desde 1978 hasta su desaparición a principios
de 1991.
160
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
fue olvidada, dejando a la SHCP la responsabilidad exclusiva de dar seguimiento
a lo que sucedía con la economía nacional. Si al menos el eficiente
equipo que existía en esta entidad hubiera sido conservado, el asunto no
hubiera sido tan grave. Pero ese equipo también resultó desmantelado,
siendo sustituido por jóvenes con buena preparación, sobre todo en el exterior,
pero sin un conocimiento profundo de cómo funciona realmente
nuestra economía.
Durante los últimos años del gobierno del presidente Salinas, lo único
que se pregonó fue que los fundamentos de la economía estaban bien y que
no había de qué preocuparse. Para ello, se maquillaron cifras básicas, como
el déficit fiscal, sacando de esa medición el concepto de intermediación financiera.
Ese concepto mide los recursos netos intermediados por la banca
de desarrollo y los fideicomisos de fomento, cuyo usuario final es el sector
privado, pero tienen como origen un aumento en la deuda pública. El déficit
por ese concepto alcanzó más de 3 por ciento del PIB en 1994, pero, como
no se incluyó en la medición del déficit fiscal, se pudo presumir que ese
déficit era cercano a cero.3
Así, cuando se inició el gobierno del presidente Zedillo, no existía un
verdadero diagnóstico de lo que sucedía, y menos, de lo que se venía. La
programación para 1995 se hizo sin contar con los usuales elementos técnicos
de análisis. Cuando se produjo la devaluación, no se tenía claridad
respecto a la real naturaleza de la crisis que se estaba presentando ni de lo
que debía hacerse.
La falsa idea de que los fundamentos de la economía estaban bien, llevó
a que se pensara que la devaluación sólo reflejaba una crisis de confianza
de corto plazo. Algunos, incluso, creyeron que el problema se superaría
resolviendo la situación de Chiapas. Luego de la operación militar de febrero
de 1995, la situación económica no se compuso, sino que se deterioró
aceleradamente, habiéndose perdido un tiempo precioso.
La versión de que se había dado un tratamiento preferencial a grandes
inversionistas nacionales, sobre los extranjeros, provocó la destitución del
3 El autor formó parte del equipo que estudió este asunto y se opuso a que ese concepto se
excluyera de la medición del déficit.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
161
nuevo secretario de Hacienda, y al inicio de un ajuste mal diseñado desde
su inicio, el cual condujo luego al grave problema del Fobaproa.
El primer error fue garantizar el valor en dólares y los plazos de vencimiento
de los tesobonos, en su mayoría en las manos de inversionistas extranjeros,
desechando cualquier posibilidad de negociar las condiciones de
amortización de esos bonos, lo que habría permitido un ajuste más ordenado
y suave. Esos títulos se liquidaron rápidamente, utilizando para ello un
crédito de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos, que tuvo como
respaldo los ingresos de las exportaciones petroleras.
La garantía gubernamental sobre el 100 por ciento de los depósitos
bancarios eliminó cualquier flexibilidad en el ajuste, utilizando mecanismos
de mercado. Aquí es importante hacer una acotación. De los depositantes
en la banca, 99.75 por ciento poseían sólo 44 por ciento del valor de
los depósitos. El restante 56 por ciento de los ahorros bancarios pertenecía
a un exiguo 0.25 por ciento de los depositantes, muchos de ellos, a su
vez, grandes deudores de la banca.
Desde un principio se buscó proteger a los grandes deudores, normalmente
asociados a los banqueros, y se presionó a los pequeños deudores
para que pagaran sus créditos, con las infladas tasas de interés, o serían
despojados de sus propiedades. La falta de equidad fue la regla desde el
inicio de la crisis.
Ningún gobierno responsable podía permitir que quebrara la banca y se
interrumpiera el sistema de pagos de la economía. Por ello, la necesidad de
que el gobierno interviniera, lo cual significaba necesariamente incurrir en
un costo fiscal, está fuera de toda discusión. El problema es evaluar cómo
se realizó esa inevitable intervención.
En cualquier país democrático, cuando se presenta un riesgo de quiebra
bancaria en cadena, normalmente se adoptan al menos tres tipos de medidas:
en primer lugar, los funcionarios involucrados en la gestación de la crisis son
removidos, aunque estén libres de cualquier sospecha; segundo, los programas
de apoyo a los bancos se basan en reglas generales, ya que se trata de
recursos públicos; y tercero, esas reglas incluyen incentivos de mercado para
propiciar que los bancos beneficiarios ayuden a corregir la situación.
En México, por el débil ambiente institucional antes mencionado, se hizo
exactamente lo contrario. Los funcionarios señalados como responsables
162
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
de la crisis fueron también los encargados de aplicar los programas de rescate.
Aunque en un principio se pretendió mantener algún tipo de reglas
generales, pronto se pasó a niveles de discrecionalidad verdaderamente
irresponsables. Esa ausencia de reglas claras propició todo tipo de abusos
que propiciaron un incremento exagerado del costo fiscal.
El mecanismo que se utilizó para canalizar los apoyos a la banca fue el
Fobaproa, que de un fideicomiso privado, se convirtió en el organismo público
responsable de asumir una deuda pública gigantesca. En un principio
sólo se otorgaron apoyos temporales a los bancos, para garantizar que
mantuvieran niveles de capitalización suficientes.
Varios bancos a punto de quebrar fueron intervenidos por la CNB, y el
gobierno asumió, por medio del Fobaproa, la responsabilidad de sanearlos.
En algunos bancos, como Serfín, se mantuvo la ficción de que no estaban
intervenidos, cuando realmente lo estaban, para todos los efectos prácticos.
Pronto, las pérdidas de los bancos intervenidos se acumularon y la terquedad
de impedir que ningún banco se declarara en quiebra, llevó a que el
costo del rescate se incrementara más y más.
Para los bancos que se consideraban viables, se diseñó un programa
especial, denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC),
el cual es, hasta la actualidad, un dolor de cabeza para el gobierno y los legisladores.
Mediante ese programa, los bancos elegirían una cartera de crédito
con problemas, la cual se situaría en un fideicomiso administrado por
el propio banco. A cambio del derecho sobre los flujos que generara esa
cartera, el Fobaproa emitiría un pagaré a 10 años, no negociable, con intereses
capitalizables, y avalado por el gobierno.4
En un principio, el Fobaproa emitió unas reglas generales para los PCCC, que
establecían el tipo de créditos que se podían admitir. También se fijó la obligación
de que los créditos estuvieran provisionados con las reservas que marca la Ley.
Además, se determinó una regla de participación de los bancos y el gobierno en
las pérdidas que finalmente se registraran, cuando los pagarés vencieran.
Como todo en México, las reglas pretendidamente generales se empezaron
a flexibilizar, primero con un banco, y luego con otro. Si se analizan las
4 Las características están descritas en CMH, 1998.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
163
carteras incluidas en los tramos acordados durante 1995, se observa que
las reglas se cumplieron, más o menos. Pero en los pagarés emitidos en 1996
o después, se permitió que los banqueros metieran toda la basura irrecuperable
que tuvieran, sin exigirles siquiera que mantuvieran unas reservas
mínimas.
El proceso de rescate bancario se llevó a cabo en la oscuridad, sin informar
siquiera a los legisladores. La gran discrecionalidad involucrada propició
todo tipo de abusos, los cuales fueron incrementando de manera
alarmante el costo fiscal. Aunque la mayor parte de los compromisos se
constituyeron con promesas de pago a largo plazo, el saneamiento de tantos
bancos y la entrada en operación de algunos programas de apoyo a deudores,
exigieron erogaciones presupuestarias crecientes.
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DEL RESCATE BANCARIO
(MILES DE ILES MILLONES DE PESOS)
1995 1996 1997
Total 83.9 210.3 379.8
% PIB 5.1 8.5 11.9
Fobaproa 39.4 109.5 264.7
% PIB 2.4 4.4 8.3
Apoyo a deudores
30.4 74.7 96.3
% PIB 1.8 3.1 3.0
Carreteras 14.1 26.1 18.8
% PIB 0.9 1.0 0.6
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 1996-98.
En el cuadro 1 se presentan las estimaciones del costo fiscal del rescate
bancario, incluidas en los Criterios Generales de Política Económica para 1996,
1997 y 1998. Cuando se dio a conocer la primera estimación, a fines de 1995, se
pensaba que el costo alcanzaría sólo 5.1 por ciento del PIB, del cual, correspondía
2.4 por ciento a los programas llevados a cabo por el Fobaproa. Para fines
de 1996, el costo total estimado se incrementó a 8.5 por ciento del PIB, con 4.4
por ciento para el Fobaproa. Y a fines de 1997, pocos meses antes de que se
iniciara el famoso debate sobre este asunto, el costo se calculó en 11.9 por
ciento del PIB, con 8.3 por ciento estimado para el Fobaproa.
164
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
Desde un principio apareció el problema de cómo financiar el rescate bancario,
en un ambiente de crisis, con ingresos fiscales deteriorados y grandes
dificultades para contratar nueva deuda. La salida fue incrementar las exportaciones
de petróleo, aprovechando que los precios iban coyunturalmente al alza.
Pero, como el solo aumento del volumen de petróleo a exportar no bastaba, se
decidió utilizar el perverso régimen fiscal aplicado a Pemex para exprimir a esa
paraestatal al máximo.5
El mecanismo utilizado es el siguiente. A Pemex se le aplican tres derechos
sobre extracción de petróleo, con montos a enterar definidos ex-ante. Adicionalmente,
existe el impuesto especial sobre producción nalmente, y servicios (IEPS)
aplicable a la gasolina y el diesel. El precio al consumidor es fijado por Hacienda,
y el ingreso que se deja a Pemex se determina tomando como referencia el
precio existente en Texas; el monto del IEPS resulta por diferencia. Cuando
concluye el ejercicio, de manera ex-post, se agrega lo recaudado mediante los
tres derechos y el IEPS, integrándose un solo tributo denominado derecho sobre
hidrocarburos (DSH), el cual es ajustado hasta alcanzar 60.8 por ciento de las
ventas reportadas por Pemex.
En la Ley de Ingresos de cada año se describe ese régimen fiscal, incluyendo
un precio del crudo de exportación, el cual se toma como referencia
para el cálculo de los tributos que Pemex pagará. Pero, si el precio que realmente
se observa resulta superior al utilizado como referencia, a los ingresos
que resultan excedentes se les aplica otro tributo: el aprovechamiento sobre
rendimientos excedentes (ARE), con una tasa de 39.2 por ciento. Como los
ingresos excedentes son parte de las ventas de Pemex, también son sujetos
de la tasa de 60.8 por ciento del DSH. Así, el fisco se asegura apropiarse de
100 por ciento de los ingresos que excedan al precio de referencia.
El truco utilizado entre 1995 y 1997 para exprimir fiscalmente a Pemex
y financiar de manera subrepticia el creciente costo del rescate bancario,
fue muy sencillo. Bastaba con subestimar el precio de referencia para garantizar
una tasa de tributación a Pemex superior al mínimo de 60.8 por
ciento señalada para el DSH. Además, ese mecanismo tenía otra ventaja para
el gobierno: como los recursos excedentes no habían sido presupuestados,
5 El autor presentó por primera vez esta hipótesis en La Jornada, 12 de abril de 2000.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
165
podían ser asignados de manera discrecional, siempre que estuvieran destinados
a programas prioritarios, y el rescate bancario podía considerarse
como parte de ellos.
En 1995 el volumen de exportación de crudo no se incrementó, pero el
precio sí lo hizo, pasando de 13.88 a 15.70 dólares por barril. Como el precio de
referencia se situó en 13.60 dólares, el ingreso excedente derivado de los 2.10
dólares de diferencia fue captado en su totalidad por el fisco. Para 1996, el volumen
exportado se aumentó en 18.6 por ciento. El precio alcanzó 18.94 dólares,
con 20.7 por ciento de incremento. Como el precio utilizado como referencia se
subestimó en 13.25 dólares, los ingresos excedentes fueron abundantes, y aumentó
la tasa de tributación de Pemex. En 1997, el volumen vendido al exterior
aumentó en 11.2 por ciento. Aunque el precio se redujo a 16.46 dólares, se situó
muy por encima de los 14.50 dólares usados como referencia, y se repitió el
mecanismo de exacción fiscal.
Al igual que pasó con la devaluación del peso, cuando algunos funcionarios
del gobierno pensaban que era una crisis de confianza de corto plazo, que se
podía revertir en el momento que se restaurara la confianza, todo indica que
con el rescate bancario sucedió algo parecido. Creyeron que manteniendo la
ficción de que ningún banco quebraba, y canalizando recursos de apoyo de
manera subrepticia, la situación se iría recomponiendo. Pero olvidaron que los
incentivos perversos involucrados en los esquemas de rescate llevaban necesariamente
a un crecimiento sin control de las erogaciones y de los pasivos que
tendría que asumir finalmente el gobierno.
■ LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y LA EXPLICITACIÓN
DEL PROBLEMA DEL FOBAPROA (1998)
La situación se modificó de manera abrupta al iniciar 1998. El precio del
petróleo se derrumbó, y con ello, el mecanismo para financiar el rescate
bancario. Ese fenómeno obligó al presidente Zedillo a explicitar el problema
del Fobaproa, por lo que envió a fines de marzo varias iniciativas de Ley al
Congreso en las que proponía que se asumiera formalmente una deuda estimada
para febrero de ese año en 552.3 miles de millones de pesos, más los
“accesorios” que se acumularan hasta diciembre.
166
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
Entonces fue cuando se inició el debate nacional sobre el Fobaproa. En un
principio, los legisladores pidieron que se explicara de dónde habían salido
esos pasivos, y que se auditaran, antes de aprobar su conversión formal en
deuda pública. Aunque existieron las usuales presiones para que se legislara
al vapor y se aprobaran las iniciativas en el periodo ordinario de sesiones del
Congreso, que concluía en abril, la aprobación no se consiguió, y se dejó esa
posibilidad para el siguiente periodo ordinario, por iniciarse en septiembre.
Fue precisamente durante el receso legislativo, entre mayo y agosto,
cuando la discusión respecto al Fobaproa se convirtió en un debate nacional.
El gobierno inició una fuerte campaña de propaganda, afirmando que si esos
pasivos no eran reconocidos como deuda pública, se podría producir una
verdadera catástrofe económica.
Al autor le tocó participar en ese debate, en su carácter de asesor de los
legisladores del PRD. A fines de mayo, el entonces presidente del PRD, dio a
conocer un Manifiesto a la Nación, donde proponía aceptar la conversión de
los pasivos del Fobaproa en deuda pública, a razón de 100 mil millones de pesos
trimestrales, luego de ser auditados, y siempre que el gobierno se comprometiera
a impulsar, de manera compensatoria, una política social financiada con
los ingresos petroleros excedentes.
El autor realizó una fuerte crítica a esa propuesta y se generó una intensa
discusión dentro del PRD, hasta lograr convencer al presidente de ese instituto
político para que modificara su propuesta inicial. Como resultado de ese
debate, el 15 de julio se dio a conocer el documento Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional / Alternativas para impedirlo.6
La propuesta del PRD partía del análisis que se ha comentado en párrafos
anteriores, respecto a cómo se había gestado la crisis bancaria. El planteamiento
básico era el rechazo a la conversión propuesta de los pasivos del
Fobaproa en deuda pública. Con ello se evitaba que se endosara un enorme
costo a la población, encubriendo las muchas ilegalidades e irresponsabilidades
que se habían registrado.
Se proponía revisar a fondo el rescate bancario, identificando las operaciones
producto del abuso de los banqueros y de sus asociados, las
6 Este documento fue elaborado por el autor en cuando menos 80 por ciento.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
167
cuales no deberían recibir ningún apoyo fiscal. Además, se planteaba establecer
reglas generales y transparentes para el rescate de las empresas y
familias que resultaban verdaderas víctimas de la crisis.
La revisión detallada de lo sucedido representaba además una gran
oportunidad histórica para transformar lo que podría ser un fraude de enormes
proporciones contra la mayoría de la población, en un proceso que
combatiera a fondo las raíces de la corrupción e impunidad que han hundido
a nuestro país. Ese proceso ayudaría a fortalecer el Estado de derecho,
fomentaría la transparencia y fortalecería los mecanismos de rendición de
cuentas, los grandes ausentes en el proceso de modernización de la economía
mexicana.
La respuesta del gobierno fue la descalificación; resultó incapaz de refutar
el análisis presentado y eludió cualquier tipo de discusión seria. Se
prefirió continuar con una campaña propagandística, tratando de convencer
a la población de que la política de rescate bancario aplicada no sólo
había sido la más adecuada, sino la única posible.7
En septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al consultor
canadiense Michael Mackey, para que efectuara una auditoría a todas las
operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa. Además, decidió que no
aprobaría ninguna modificación legal a ese respecto, hasta que concluyera
la citada revisión y todo quedara clarificado.
Sin embargo, esos acuerdos no se cumplieron, ya que muchos legisladores
permitieron que se llevara a cabo una auténtica operación de encubrimiento.
Durante los primeros meses, el gobierno se negó a entregar la información
que requería el auditor Mackey, impidiendo que avanzara la revisión encomendada.
Luego, se olvidó el acuerdo de no legislar hasta que se concluyera
la auditoría. Así, en diciembre de 1998 se aprobó la Ley de Protección del
Ahorro Bancario (LPAB), que dio origen a la creación del IPAB. Sólo los legisladores
del PRD votaron en contra.
Con la aprobación de la LPAB se legalizaron los enormes pasivos generados
por el rescate bancario, los cuales fueron transferidos al IPAB. Se señaló
que las auditorías en curso deberían concluirse. Sólo quedó pendiente
7 SHCP, 1998.
168
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
lo referente a los pagarés de los bancos aún vivos, los correspondientes al
PCCC. Para ese segmento de los pasivos se acordó que deberían ser canjeados
por nuevos instrumentos de deuda del IPAB, después de que se concluyeran
las auditorías y la cartera de créditos que los amparaba hubiera sido
depurada.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB Y EL MANEJO
DE LA DEUDA BANCARIA (1999-2003)
A principios de 1999, el IPAB comenzó a administrar los enormes pasivos
heredados del Fobaproa. Además, concluyó las operaciones de saneamiento
financiero que habían quedado pendientes. También inició la venta de
algunos de los bancos intervenidos y la liquidación de los otros. Para el
manejo de los pasivos diseñó una estrategia consistente en evitar que continuaran
creciendo en términos reales, de manera que, como proporción del
PIB, se fueran reduciendo.
En julio de ese año, el auditor Mackey entregó a la Cámara de Diputados
su Informe sobre las Operaciones del Fobaproa.8 Lo primero que se destacó
en ese informe fue que no se trataba de la auditoría encomendada por los
diputados y señalada en la LPAB. Como lo dijo Mackey de manera explícita:
“Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen
una auditoría financiera”.9
Las razones de que no pudiera realizar la auditoría encargada se debieron
a las limitaciones de la información que le fue proporcionada. Sin embargo,
el análisis presentado respecto al origen de la crisis bancaria, a la
evaluación de los programas aplicados y al desempeño de las instituciones
encargadas de supervisar a los bancos, resultó de una gran profundidad.
Algo notable en el Informe de Mackey fue la coincidencia, en muchos rasgos,
con el diagnóstico presentado, un año antes, en el comentado documento
del PRD.
8 Mackey, Informe, 1999.
9 Ibid., p. 5.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
169
Los voceros del gobierno, así como sus legisladores cómplices, pretendieron
hacer pasar el informe de Mackey como la anunciada auditoría a las
operaciones efectuadas por el Fobaproa. Así, se aparentó que se había cumplido
con lo señalado por la Ley, buscando encubrir todo lo sucedido y garantizar
impunidad a los responsables del gran desfalco.
Como anexo de su informe, el auditor Mackey entregó un listado de
operaciones consideradas como reportables, por un monto de casi 74 mil
millones de pesos, a valor original, proponiendo que se revisaran cuidadosamente.
El anexo también incluía un listado con los nombres de los beneficiarios.
10 A petición de las fracciones mayoritarias de la Cámara de
Diputados, Mackey encriptó el archivo electrónico con ese listado. El código
de acceso se dividió en cinco partes, proporcionando una de ellas a cada
partido representado en esa Cámara. Con ello, se garantizó que la única
manera de que pudieran conocerse los nombres incluidos en esa lista sería
mediante un consenso de los cinco partidos.
En octubre de 1999, el PRD propuso que se diera a conocer el listado de
las operaciones reportables. La mayoría de los diputados se opusieron, votando
un punto de acuerdo que mantenía esa lista en secreto y encargando
al IPAB que la revisara y sólo entonces diera a conocer los nombres de los
responsables de los créditos que se hubieran identificado como ilegales.
En marzo de 2000, el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su Informe
de las Transacciones Reportables, dando a conocer las acciones que había
realizado respecto a los créditos irregulares detectados, pero sin proporcionar
ningún nombre de los beneficiarios.11
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear una Comisión
Investigadora del IPAB, con el fin de evaluar cómo estaba cumpliendo ese
nuevo organismo con las obligaciones señaladas en la LPAB. El PRD volvió a
proponer que se diera a conocer la lista de operaciones reportables de
Mackey, y se repitió la negativa de los partidos mayoritarios.
En medio de la campaña electoral de ese año, todos los partidos, con la
excepción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron a conocer
10 Mackey, Lista, 1999.
11 IPAB, 2000.
170
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
su respectiva clave de acceso. Cuando el PRD tuvo la presidencia de la citada
Comisión, también accedió a la custodia del famoso archivo encriptado.
Fue entonces cuando se corrió la versión de que un grupo de hackers estaban
intentando abrirlo.
Días después de la elección presidencial, el PRD dio a conocer finalmente
la lista de operaciones reportables, señalando que sus técnicos habían
podido descifrar la clave de acceso faltante y abrir el archivo. Es tiempo de
que se conozca la verdad. El grupo técnico, encabezado por el autor, intentó
sin éxito esa encomienda, a pesar de disponer de los mejores crackers.
Días después del triunfo del presidente Fox, “alguien” del PRI, quizá sintiéndose
traicionado por el presidente Zedillo, entregó de manera subrepticia
la clave faltante al PRD. Esa es la verdad, aunque mucha gente haya creído
que los técnicos del PRD eran unos genios que habían conseguido romper
la complicada clave de acceso entregada por Mackey.
A partir de 2000, se incluyó en la Ley de Ingresos la autorización para que
el IPAB pudiera realizar operaciones de refinanciamiento de sus pasivos. Lo
primero que hizo fue contratar nuevos créditos con los bancos, y con esos
recursos sustituyó las deudas más caras. En ese proceso, el IPAB no siempre
tuvo éxito. Un caso ejemplar fue lo sucedido con el pagaré de Banca Confía,
adquirido por el Citibank. Ese pagaré era el que tenía la tasa de interés más
elevada. Cuando el IPAB trató de sustituirlo, el Citibank lo de man dó, y propició,
entre otras cosas, la renuncia del primer secre ta rio ejecutivo de ese
instituto. El último día del gobierno del presidente Zedillo, ese pagaré fue
finalmente sustituido, reduciendo la tasa de interés, pero ampliando el plazo
en varios años, de manera que se garantizara el ingreso esperado por ese
banco extranjero.
El siguiente paso del IPAB para refinanciar sus pasivos, fue la emisión de
los bonos para la protección del ahorro (BPA). En un principio, los BPA se
colocaron con una sobretasa considerable, respecto a los valores gubernamentales,
como los certificados de la Tesorería (cetes). Pero paulatinamente
esa sobretasa se fue disminuyendo, al descontar los mercados que en
realidad se trataba de deuda equivalente del gobierno.
Los recursos presupuestarios entregados al IPAB se dirigieron a financiar
el costo de los programas de apoyo a los deudores, y a pagar el componente
real del pago de intereses de sus pasivos, siguiendo la estrategia de evitar que
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
171
la deuda creciera en términos reales. Los recursos provenientes de los préstamos
bancarios y de las emisiones de bonos se usaron para concluir las
operaciones de saneamiento pendientes. A la fecha, las nuevas emisiones de
bonos se están utilizando para sustituir los créditos bancarios contratados.
CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(MILES DE ILES MILLONES DE PESOS)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 39.4 7.4 32.0 0.0 0.0
1996 109.5 39.0 70.5 0.0 0.0
1997 264.7 77.4 187.3 0.0 0.0
1998 557.2 197.2 360.0 0.0 0.0
1999 692.0 163.9 528.1 0.0 0.0
2000 719.4 174.8 357.0 113.8 73.8
2001 778.3 195.2 282.8 148.4 151.9
2002 799.2 208.4 170.9 188.4 231.5
2003 818.6 219.1 127.1 163.0 309.4
Fuente: Cuadro 1; información del Fobaproa en internet; informes anuales 1999-2002 y estados financieros
del IPAB para 2003.
En el cuadro 2 se puede apreciar la evolución de los pasivos del Fobaproa
y del IPAB. Para los primeros tres años se tomaron las estimaciones oficiales
incluidas en el cuadro 1. El dato de 1998 es una estimación oficial del Fobaproa.
Para los siguientes años, la información proviene de los Informes
Anuales del IPAB, con excepción de 2003, la cual es una estimación propia,
tomando como base los estados financieros del IPAB para ese año.
En el cuadro 3 se presentan los pasivos directos del Fobaproa-IPAB
como proporción del PIB. Como puede observarse, el valor máximo fue
alcanzado en 1999, empezando a disminuir a partir del siguiente año, como
resultado de la estrategia que se adoptó. A partir de 2000 se puede apreciar
cómo las obligaciones derivadas de los programas de saneamiento
se han ido amortizando, siendo sustituidas por contratación de créditos
bancarios y emisión de BPA. El único segmento de los pasivos que continúa
creciendo, mediante el mecanismo de capitalizar los intereses que se van
generando, es el del PCCC.12
12 ASP, 2000.
172
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(PORCENTAJE DEL PIB)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 2.1 0.4 1.7 0.0 0.0
1996 4.3 1.5 2.8 0.0 0.0
1997 8.3 2.4 5.9 0.0 0.0
1998 14.5 5.1 9.4 0.0 0.0
1999 15.1 3.6 11.5 0.0 0.0
2000 13.1 3.2 6.5 2.1 1.3
2001 13.5 3.4 4.9 2.6 2.6
2002 12.7 3.3 2.7 3.0 3.7
2003 12.1 3.2 1.9 2.4 4.6
Fuente: Cuadro 2.
Los pagarés del PCCC no han sido aún asumidos formalmente por el IPAB.
Aunque las reglas para su conversión en títulos avalados por el IPAB fueron
publicadas desde 1999, la sustitución no se ha efectuado. La razón es que
existen diferencias en la interpretación de lo que deben ser las auditorías
señaladas en la LPAB.
Desde la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) empezó a auditar todas las operaciones del rescate
bancario, de acuerdo con lo mandatado por la LPAB. Entre las primeras recomendaciones
efectuadas, la ASF pidió que se llevaran a cabo las auditorías
señaladas en la LPAB, antes de realizar el canje de los pagarés del PCCC.
En las siguientes revisiones, para las cuentas públicas de 2001 y 2002, la
ASF encontró que en las carteras que amparan a esos pagarés, se incluyeron
muchos créditos que no correspondían a las reglas de ese programa, los
cuales deberán ser sustituidos, antes de que se realice el canje. Un resultado
interesante de esas revisiones fue que los bancos participantes en ese
programa nunca debieron ser apoyados con recursos fiscales, ya que en
todo momento registraron niveles de capitalización superiores a los exigidos
por la Ley.13
Los bancos con pagarés del PCCC se ampararon, aduciendo que las auditorías
ordenadas por la Ley ya habían sido realizadas durante las revisiones
13 ASF, 2001 y 2002.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
173
del auditor Mackey. El asunto continúa en los tribunales. El valor actual de
dichos pagarés asciende a alrededor de 220 mil millones de pesos. Si se
canjearan tal como están, con las reglas originales, el costo fiscal final
ascendería aproximadamente a la mitad de ese valor, al descontar las reservas
y la participación en pérdidas pactada. Pero, si se realizan los auditorías
pendientes, dicho costo fiscal podría reducirse fácilmente a una
quinta parte de su valor nominal, al deducir los créditos irregulares que
se incluyeron.
■ LOS PIDIREGAS: SUBPRODUCTO DEL RESCATE BANCARIO
(1997-2003)
La política de exprimir fiscalmente a Pemex, con el fin de financiar el rescate
bancario, como se comentó antes, fue mantenida durante los años siguientes
a 1998. El régimen fiscal aplicado a Pemex dejó a esa paraestatal sin
recursos para invertir. Para ello, se crearon los proyectos de inversión con
registro diferido en el gasto, los cuales fueron denominados después proyectos
de infraestructura productiva de largo plazo, o simplemente proyectos
de inversión financiada.14
Mediante ese mecanismo, la mayor parte de la inversión de Pemex, y
también de la CFE, se ha efectuado recurriendo a fuentes de financiamiento
privadas, registrando la deuda pública contratada de manera “diferida”, es
decir, maquillando la contabilidad de esas paraestatales, y con ello, la verdadera
situación de las finanzas públicas. La regla contable aplicada consiste
en registrar como deuda sólo la amortización programada para ese año
y el siguiente, dejando el resto de los pasivos como deuda contingente, en
cuentas de orden, debajo de la línea.
Los pidiregas se dividen en dos partes: los de inversión directa y los de
inversión condicionada. La inversión directa consiste en un contrato con un
privado, quien se compromete a realizar la inversión requerida, buscando
14 La información más completa sobre este asunto se encuentra en el tomo IV de los proyectos
de Presupuesto de Egresos de la Federación, de 1997 a 2004.
174
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
su propio financiamiento. Pemex, o en su caso la CFE, se comprometen a
adquirir los activos, con un calendario de pago determinado. Asimismo, se
comprometen a pagar los intereses de la deuda contratada.
La inversión condicionada, por su parte, consiste en que las paraestatales
se comprometen a garantizar los insumos necesarios y a adquirir los
productos o servicios que proporcionen los activos derivados de esa inversión,
los cuales se mantienen como propiedad de los privados. En caso de
que algo imprevisto suceda, existe también el compromiso de adquirir finalmente
los activos en cuestión.
En términos estrictos, los proyectos de inversión directa son en realidad
inversión pública, y los pasivos adquiridos son deuda pública directa. El
contratista privado consigue financiamiento poniendo como garantía a
Pemex o la CFE. En muchos casos, el privado ni siquiera consigue los recursos.
Para ello, Pemex creó un fondo llamado Master Trust, encargado de
completar el financiamiento necesario y garantizar el pago de todas las
obligaciones adquiridas.
Todos los riesgos son asumidos por Pemex, ya que cualquier variación
en los parámetros considerados en los proyectos, puede ser ajustada a
favor del privado. En realidad, el costo de estos proyectos resulta, en general,
más elevado que si se hubiera hecho directamente con recursos
presupuestarios. Eso sucede aunque su manejo sea totalmente honesto y
transparente.
Pero quizás lo más atractivo de los pidiregas, desde el enfoque del gobierno,
es precisamente su condición de poderse registrar de manera diferida.
Así, el gobierno puede aumentar los niveles de inversión, y también
de deuda, sin que eso signifique, en el nivel contable, un mayor gasto y, por
tanto, un déficit fiscal más elevado.
En el cuadro 4 se muestra el comportamiento de la inversión realizada
por Pemex, desde la aparición de los pidiregas en 1997. En ese primer año,
la inversión impulsada por ese nuevo mecanismo contribuyó con casi 15 por
ciento del total. Los siguientes años, la parte representada por los pi diregas
se incrementó hasta alcanzar 70.6 por ciento en 2003. La inversión con recursos
presupuestarios, que ha bajado notoriamente en términos relativos, ha
disminuido aún más por incluir los pagos por amortización de la deuda contraída
mediante los pidiregas, y tiende prácticamente a desaparecer.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
175
CUADRO 4
INVERSIÓN REALIZADA POR PEMEX
(ESTRUCTURA STRUCTURA PORCENTUAL)
Total Suma Presupuestal directa Pago de pidiregas Pidiregas
1997 100.0 85.3 85.3 0.0 14.7
1998 100.0 59.2 59.1 0.1 40.8
1999 100.0 47.3 47.2 0.2 52.7
2000 100.0 43.7 41.1 2.6 56.3
2001 100.0 41.3 36.2 5.0 58.7
2002 100.0 38.7 28.5 10.2 61.3
2003 100.0 29.4 17.3 12.0 70.6
Fuente: Pemex, Memoria de Labores.
Los proyectos de inversión condicionada, por su parte, sí deben ser
considerados como deuda contingente, ya que su conversión a pasivos directos
depende de que suceda, en efecto, alguna contingencia que obligue
al gobierno a adquirir esos activos. En el caso de Pemex, la casi totalidad de
los pidiregas está constituida por inversión directa. Como parte de la inversión
condicionada, sólo se ha registrado un caso, el de una planta de nitrógeno,
para inyectar ese gas en el yacimiento de Cantarell, con el fin de
mantener su presión y facilitar la extracción del crudo.
En el caso de la CFE, casi la mitad de la inversión efectuada mediante
los pidiregas corresponde a proyectos de inversión condicionada. Tal es el
caso de las inversiones realizadas por los productores independientes de
energía (PIE), los cuales generan en la actualidad una tercera parte de la
electricidad que se produce en el país. En la última revisión realizada por
la ASF, este organismo observó que las autorizaciones de los PIE eran ilegales.
El gobierno del presidente Fox recurrió a una controversia constitucional,
ya que en caso de que se determinara finalmente que son ilegales, se
activaría la contingencia comentada, y el gobierno tendría que hacer una
erogación de cerca de 70 mil millones de pesos, para adquirir esos activos.
En el cuadro 5 se presenta una estimación de los flujos de inversión y
amortización, así como del monto de la deuda de los pidiregas actualmente
existentes, tanto en Pemex como en la CFE. Sólo se incluyeron los proyectos
de inversión directa que, como se dijo, son los que deberían
registrarse como deuda pública. La información disponible no es transparente.
En el tomo IV de los proyectos de Presupuesto de Egresos de cada
176
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
año se incluye una información bastante detallada de los pidiregas, pero sólo
a precios de cada año. Sin embargo, la referencia no es respecto a un deflactor,
sino a un tipo de cambio utilizado. Para pasarlos a pesos corri entes y poderlos
comparar con las cifras de finanzas públicas, los datos disponibles para
cada año se pasaron primero a dólares, y después se convirtieron a pesos
corrientes. Para esto último, se usó el tipo de cambio promedio para los flujos,
y el situado a fin de periodo, para los saldos.
CUADRO 5
PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA (PIDIREGAS)
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
Inversión directa Amortización Deuda
1996 569.2 0.0 588.0
1997 8 365.9 0.0 9 145.5
1998 34 455.0 316.6 48 025.0
1999 42 859.4 431.0 88 541.0
2000 43 422.2 2 899.1 130 102.8
2001 49 544.3 5 859.4 167 008.7
2002 60 324.3 11 546.5 240 479.9
2003 108 449.9 16 438.5 357 838.6
Fuente: Estimación con base en información incluida en los decretos
de presupuestos de Egresos de la Federación 1997-2004.
CUADRO 6
PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA (PIDIREGAS)
(PORCENTAJE DEL PIB)
Inversión directa Amortización Deuda
1996 0.0 0.0 0.0
1997 0.3 0.0 0.3
1998 0.9 0.0 1.2
1999 0.9 0.0 1.9
2000 0.8 0.1 2.4
2001 0.9 0.1 2.9
2002 1.0 0.2 3.8
2003 1.6 0.2 5.3
Fuente: Cuadro 5.
En el cuadro 6 se incluyen los datos del cuadro anterior, como proporción
del PIB. Se puede ver que la inversión anual pasó de 0.3 a 1.6 por
ciento, entre 1997 y 2003. Los flujos de amortización, que sí se registran
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
177
en el gasto público, también se han ido incrementando. El saldo de la
deuda pública no registrada oficialmente alcanza ya 5.3 por ciento del
PIB en 2003.
■ LA GRAN RESTRICCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Y LAS OPCIONES PARA EL FUTURO
Como secuela de la forma como se llevó a cabo el rescate bancario, en
la actualidad se tienen pasivos por 12.1 por ciento del PIB, en el IPAB, y
de 5.3 por ciento del PIB como resultado de los pidiregas, lo que alcanza
un total de 17.4 por ciento del PIB. Esa deuda, al igual que otros pasivos
que no se comentan en este trabajo, no se encuentra registrada oficialmente
en la contabilidad de las finanzas públicas, pero representa la gran
restricción para la sustentabilidad fiscal del Estado.15
A mediados de 2001, cuando apenas se iniciaba el gobierno del presidente
Fox, se empezó a reconocer esta grave situación, sin transparentarla,
ni asumirla totalmente, como es debido. En el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, se comentó en un párrafo perdido que entre los
objetivos del mismo se encontraba el “asegurar la sustentabilidad fiscal
de largo plazo con el pleno reconocimiento de los pasivos contingentes
y probables que confronta el gobierno”.16 Además, se envió al Congreso
una propuesta de reforma fiscal, consistente básicamente en aplicar el
impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos y medicinas, hasta la
fecha exentos. Esa propuesta fue rechazada por los legisladores.
A fines de ese año, por primera vez en la historia, se dieron a conocer
públicamente los documentos, correspondientes a México, relacionados con
la revisión anual que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI), de
acuerdo con el artículo IV de su estatuto. Las reglas del FMI señalan que
dichos documentos sólo se pueden dar a conocer si se cuenta con la autorización
expresa del gobierno sujeto a esa revisión.17
15 El autor planteó por primera vez este asunto en La Jornada, 28 de febrero de 2000.
16 PND, p. 103.
17 IMF, México, 2001.
178
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
En un anexo denominado “Mexico: Selected Issues”, se incluyó un análisis
respecto a la verdadera magnitud del déficit fiscal y de la deuda, así
como a la sustentabilidad de las finanzas públicas. Ahí se señaló que el déficit
tradicional debía ajustarse en cuatro aspectos: los ingresos no recurrentes,
provenientes de privatizaciones y canje de deuda externa; el
componente inflacionario de pasivos, como los del IPAB; el registro correcto
de los pidiregas; y otras operaciones quasi-fiscales, como los programas de
apoyo a deudores, el rescate carretero y los requerimientos financieros
netos de los bancos de desarrollo.18
Además, se presentaron algunas proyecciones de los diferentes componentes
señalados, así como de los posibles ingresos que podría generar
la propuesta de reforma fiscal enviada ese año por el presidente Fox al
Congreso. La conclusión, verdaderamente alarmante, por cierta, fue que
los mayores ingresos que se consiguieran sólo alcanzarían para hacer frente
a los compromisos ya existentes, sin dejar ningún margen para aumentar
el gasto público en otros conceptos. Con eso, las promesas del presidente
Fox, en el sentido de que el aumento propuesto en los impuestos permitiría
incrementar el gasto en educación y en salud, se mostró como lo que es,
un mito.19
A mediados de 2002, se publicó el Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo (Pronafide), incluyendo el nuevo concepto de requerimientos
financieros del sector público (RFSP). Ese concepto resulta de añadir
al balance público tradicional, “las necesidades de financiamiento correspondientes
a actividades excluidas del balance por ordenamientos jurídicos,
por cobertura institucional y por adecuaciones a los registros
presupuestarios”.20
Aunque la introducción de los RFSP constituyó un avance, al estimar el
impacto fiscal de los pasivos del IPAB; del rescate carretero; de los pidiregas;
y del concepto de intermediación financiera, que se había incluido en la
contabilidad oficial del déficit hasta 1991, como se comentó en párrafos
18 IMF, “Mexico: Selected Issues”, 2001.
19 El autor dio a conocer esta opinión en la revista Proceso, Vargas, 2001.
20 SHCP, 2002.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
179
anteriores, no se realizó un verdadero esfuerzo por transparentar la situación
real de las finanzas públicas.
A fines de 2002, se volvieron a publicar los documentos relacionados
con la revisión del FMI. Por desgracia, a partir de 2003, se registró de nuevo
un retroceso en materia de transparencia, al no autorizar el gobierno que
los documentos relacionados con la revisión efectuada en octubre de ese
año, fueran dados a conocer.
CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
(PORCENTAJE DEL PIB)
Ingresos totales Gasto pagado Déficit (-)
1994 23.1 22.7 0.4
1995 22.8 23.1 -0.3
1996 23.0 23.0 0.0
1997 23.2 23.5 -0.3
1998 20.3 21.4 -1.1
1999 20.8 22.0 -1.2
2000 21.5 22.5 -1.0
2001 21.9 22.6 -0.7
2002 22.2 23.3 -1.1
2003 23.7 24.3 -0.6
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-2002; y SHCP,
Informe de las Finanzas Públicas, Cuarto Trimestre de 2003.
En el cuadro 7 se presenta un resumen de la versión oficial del comportamiento
de las finanzas públicas durante los últimos años. Puede observarse
que los ingresos se redujeron en 1998, como resultado de la comentada
caída en los precios del petróleo, y alcanzaron a recuperarse de nuevo hasta
2003. El gasto también se ajustó en 1998, pero en menor proporción que
los ingresos, elevando el déficit ligeramente por encima de uno por ciento
del PIB. Esta es la imagen de finanzas sanas que ha pregonado el gobierno
durante los últimos años.
En el cuadro 8 se desglosan los ingresos públicos entre su componente
petrolero y no petrolero. Se puede apreciar una reducción de los ingresos
no petroleros, como resultado de la contracción económica de 1995. Aunque
esos ingresos se han ido recuperando, no han podido alcanzar el nivel que
tenían antes de esa crisis. Los ingresos petroleros, por su parte, aunque han
sufrido altibajos, en todos los años se han situado por encima del nivel que
180
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
tenían en 1994, reflejando la política antes comentada, consistente en exprimir
fiscalmente a Pemex.
CUADRO 8
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTAL
(PORCENTAJE DEL PIB)
Total Petroleros No petroleros
1994 23.1 6.0 17.1
1995 22.8 7.6 15.2
1996 23.0 8.2 14.8
1997 23.2 7.8 15.4
1998 20.3 6.0 14.3
1999 20.8 6.2 14.6
2000 21.5 7.0 14.5
2001 21.8 6.6 15.2
2002 22.1 6.5 15.6
2003 23.7 7.9 15.8
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-2002; y SHCP,
Informe de las Finanzas Públicas, Cuarto Trimestre de 2003.
En el cuadro 9 se muestra cómo se han distribuido los ingresos petroleros,
entre el gobierno federal y Pemex. En 1994, la tasa de tributación de esa paraestatal
se situaba en 62 por ciento de los ingresos generados. En los siguientes
tres años, dicha tasa se incrementó, como se comentó antes, para
CUADRO 9
INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTAL
(ESTRUCTURA STRUCTURA PORCENTUAL)
Total Gobierno federal Pemex
1994 100.0 62.0 38.0
1995 100.0 64.5 35.5
1996 100.0 64.5 35.5
1997 100.0 65.8 34.2
1998 100.0 64.7 35.3
1999 100.0 64.7 35.3
2000 100.0 73.9 26.1
2001 100.0 73.2 26.8
2002 100.0 63.4 36.6
2003 100.0 67.0 33.0
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-2002; y SHCP,
Informe de las Finanzas Públicas, Cuarto Trimestre de 2003.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
181
bajar en 1998, como efecto de la disminución en el precio del petróleo. Después
volvió a crecer, manteniéndose en niveles muy elevados.
En el cuadro 10 se presentan las cifras básicas de la exportación de
petróleo, que han sido comentadas a lo largo de este trabajo. Se puede observar
la tendencia creciente del volumen exportado, así como el comportamiento
de los precios del crudo. Los notables altibajos de los ingresos en
dólares no se reflejan de una manera equivalente en los montos de ingresos
CUADRO 10
EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
(MILES DE BARRILES)
Anual Promedio Precio1 Valor2
1994 477 201 1 307 13.88 6 624
1995 476 544 1 306 15.70 7 481
1996 565 030 1 544 18.94 10 702
1997 628 091 1 721 16.46 10 338
1998 635 752 1 741 10.17 6 466
1999 567 145 1 554 15.62 8 859
2000 604 667 1 652 24.62 14 887
2001 624 157 1 710 18.57 11 591
2002 626 053 1 715 21.61 13 529
2003 679 104 1 860 24.79 16 835
1 Dólares por barril.
2 Millones de dólares.
Fuente: Pemex, Anuario Estadístico y Memoria de Labores.
CUADRO 11
ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL
(PORCENTAJE DEL PIB)
Déficit oficial IPAB y pidiregas Déficit estimado
1994 -0.4 0.0 -0.4
1995 0.4 2.1 2.5
1996 0.0 2.8 2.8
1997 0.3 5.2 5.5
1998 1.1 8.6 9.7
1999 1.2 3.8 5.0
2000 1.1 1.3 2.4
2001 0.7 1.6 2.3
2002 1.2 1.5 2.7
2003 0.7 2.0 2.7
Fuente: Cuadros 3, 6 y 7.
182
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
petroleros, debido al efecto compensatorio de los ingresos obtenidos por
ese concepto en el mercado interno, los cuales no se reducen cuando el
precio del crudo disminuye. Cuando eso sucede, el IEPS aplicado a la gasolina
y al diesel es compensado al alza.
Por último, en el cuadro 11 se presenta el resultado oficial de las finanzas
públicas, como proporción del PIB. Luego, se incluye la estimación de la
variación en la deuda del IPAB y de los pidiregas, la cual se agrega al déficit
oficial, para tener una idea de la magnitud que efectivamente alcanzó el
déficit fiscal en los últimos años, incluyendo esos dos efectos. El panorama
resulta muy diferente al mostrado por las cifras oficiales maquilladas.
Como conclusión de estas reflexiones, se puede decir que una reforma
fiscal que permita incrementar de manera permanente los ingresos parece ser
la única salida para hacer sostenibles las finanzas públicas. Esa reforma debe
ser capaz de modificar varios aspectos que no resultan muy populares. Algunos
de los rasgos que debería incluir esa reforma se comentan a continuación.
Debería eliminarse la actual exención al IVA para los alimentos y medicinas.
Esa medida es muy impopular y ha sido rechazada, de manera reiterada,
durante los últimos años. Sin embargo, parece ser la única fuente
verdaderamente viable para incrementar de manera permanente los ingresos
tributarios. El argumento que siempre se esgrime, para oponerse a esta
medida, es el efecto sobre los segmentos más pobres de la población. Pero,
a cambio de no afectar a este importante sector, se mantiene una estructura
sumamente inequitativa que exenta a las clases medias y, sobre todo a
los más ricos, quienes realizan, con mucho, el mayor porcentaje del gasto
que se efectúa en estos bienes.
Como salida, debería explorarse la eliminación de la exención, pasando
esos bienes al régimen de tasa cero. Además, podría definirse un calendario
que contemplara varios años, para ir elevando la tasa por aplicarse, hasta
alcanzar la tasa general. Esa política tendría que combinarse, necesariamente,
con un paquete creíble, transparente y completo, que compensara, por la vía
del gasto, a los sectores pobres de la población que resultarían afectados.
Al conseguir incrementar esa fuente permanente de ingresos tributarios,
se podría modificar sustancialmente el régimen fiscal aplicable a Pemex,
liberándole recursos, de manera que pudiera hacer frente a los muchos
compromisos contraídos. Los pidiregas deberían registrarse de manera
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
183
correcta y transparente. Además, se le debería garantizar una auténtica
autonomía de gestión, buscando que recupere de manera paulatina su
capacidad para volver a realizar los gastos de inversión necesarios, con
base en sus ingresos propios.
Respecto a la CFE, se debería hacer algo similar, eliminando el actual
absurdo contable de aplicar un aprovechamiento, que siempre se compensa
con un supuesto subsidio. Los pidiregas correspondientes a inversión
directa deberían también registrarse de manera transparente. Aunque la
observación de la ASF, en el sentido de que las inversiones realizadas bajo
el esquema de los pidiregas condicionados son ilegales, parece ser correcta,
el efecto sobre las finanzas públicas debe ser considerado. No parece
que la mejor alternativa sea incluir en el siguiente Presupuesto de Egresos
una partida de 70 mil millones de pesos para adquirir esos activos, o contratar
una deuda más, por ese monto.
La salida parece ser buscar cómo adecuar la legislación, para legalizar esas
inversiones, permitiendo la generación privada de electricidad, acotándola, y
manteniendo el control estatal sobre esa estratégica industria. Esa adecuación
legal no debería eximir a los responsables de haber incurrido en ilegalidades,
comprometiendo de esa manera al fisco.
Por el lado del gasto, también se debe hacer una reforma a fondo. En
una situación de ingresos insuficientes, resultan fuera de toda proporción
los incrementos registrados en el gasto corriente durante los primeros tres
años del gobierno del presidente Fox. Parte de ese aumento se explica por
la creación de nuevas plazas de altos funcionarios, así como por la ampliación
de las prebendas de que disfrutan. Por ello, se necesita aplicar un auténtico
programa de austeridad, con una transparencia total.
Otro rasgo muy importante de la reforma fiscal, tiene que ver con el federalismo.
En la actualidad, los gobernadores, de todos los colores políticos,
presionan para llevarse una parte mayor de los ingresos federales que se
distribuyen, sin asumir funciones de gasto permanentes, de manera adicional.
La mejor solución parece ser que se consiga que los gobiernos estatales
y municipales participen en el esfuerzo recaudatorio. Eso sólo será posible
si se transparenta el manejo de sus finanzas y se avanza en mecanismos
efectivos de rendición de cuentas. Sin ello, cualquier esfuerzo en este sentido
parece destinado al fracaso.
184
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
Por último, se debe hacer un esfuerzo final para reducir en lo posible el
costo fiscal derivado de los pasivos del IPAB, auditando los PCCC, antes de
autorizar su conversión en deuda oficial. Lo ideal sería el cumplimiento
de una de las promesas de campaña del presidente Fox, consistente en crear
una Comisión de la Verdad, que aclare lo sucedido con los desfalcos del
pasado, finque las responsabilidades que resulten, y busque disminuir, en
lo posible, los enormes costos heredados al erario público.
■ REFERENCIAS
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Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000, tomo III,
volumen 2.
______: Informe de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública,
2001, tomo III, volumen 3.
______: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública, 2002, tomo III, volumen 2.
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Protección al Ahorro, México, septiembre de 1998.
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del Fobaproa en diciembre de 1998. (Esta información estuvo
disponible en una página de Internet, ahora desaparecida.)
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Staff Statement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion;
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octubre de 2001.
______: “Mexico: Selected Issues”, Washington, octubre de 2001.
______: Mexico: 2002 Article IV Consultation-Staff Report; Staff Statement; Public
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______: Informes anuales de 1999, 2000, 2001 y 2002.
______: Estados financieros de diciembre de 2003.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
185
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funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la calidad de la supervisión
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______: Fobaproa, lista consolidada de transacciones reportables, México,
julio de 1999.
MORENO PÉREZ, Juan: “El problema del Fobaproa: Elementos para entenderlo
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México, noviembre-diciembre de 1998, pp. 52-83.
______: “Fobaproa: Las transacciones reportables”, en Coyuntura, núm. 96,
México, febrero-marzo de 2000, pp. 35-59.
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de 2000.
______: “El petróleo y el Fobaproa”, en La Jornada, México 12 de abril de 2000.
Partido de la Revolución Democrática (PRD): Fobaproa: el gran atentado
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julio de 1998.
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Poder Ejecutivo Federal: Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, México,
2001.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Resumen Ejecutivo de las Operaciones
del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), México,
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México, 2002.
______: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2003.
______: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años.
VARGAS MEDINA, Agustín: “El gobierno se doblega ante el FMI”, entrevista a Juan
Moreno Pérez, en Proceso, núm. 1305, México, 4 de noviembre de 2001.
CAPÍTULO 4
LA ÚLTIMA BATALLA PARA REDUCIR
EL COSTO DEL FOBAPROA
189
Durante los últimos años se ha escuchado hablar mucho del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Cualquier persona
medianamente informada sabe que mediante ese fondo, el gobierno
impuso al pueblo mexicano una deuda gigantesca, la cual se tendrá que pagar
durante varias generaciones. También, cualquier gente sabe que ese gran
fraude benefició a un reducido número de personas, entre las que se encuentran
algunas de las más ricas del país.
Pero lo que mucha gente no entiende bien, es cómo se generó el problema
del Fobaproa, de dónde salió esa inmensa deuda pública, y cómo
la tendrá que pagar el pueblo mexicano. Para la mayoría, una cifra de
miles de millones de pesos no deja de ser una abstracción, ajena a la vida
cotidiana, algo que se sabe está ahí, pero que se ignora cómo le está
afectando.
Las principales características de este gran fraude contra el pueblo mexicano
se conocieron en 1998, gracias a la denuncia realizada por el Partido de
la Revolución Democrática (PRD). A fines de ese año, la mayoría del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) votó
la ley que creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), buscando
“legalizar” las operaciones del Fobaproa, e iniciando una etapa de
encubrimiento de ese saqueo.
Aunque desde 1998, el PRD ha denunciado el problema del Fobaproa, la
discusión legislativa de este asunto se ha llevado paulatinamente hacia las
posibles salidas “legales”, buscando que se olvide la esencia del problema.
En la medida en que el Fobaproa primero, y el IPAB después, ha vendido los
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN
Y SITUACIÓN ACTUAL
1o DE MARZO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
190
bancos a inversionistas, sobre todo extranjeros, diferentes a los accionistas
originales, se ha dicho que respecto a los pasivos generados en esos bancos
nada puede hacerse, pues ya no existen.
La discusión ha sido enfocada por el gobierno, con bastante éxito, hacia
los pagarés en poder de los únicos cuatro bancos que quedan “vivos”, es
decir, los que nunca fueron intervenidos y donde aún quedan algunos de los
accionistas originales. La última etapa de legalización y encubrimiento de
esta gran desfalco está por concluirse, mediante el canje de esos pagarés
por nuevos títulos emitidos por el IPAB.
Pero lo esencial parece estarse olvidando. La propuesta efectuada por
el PRD en 1998 sigue vigente, ya que los responsables del saqueo no han
sido sancionados, ni el costo impuesto al pueblo mexicano ha sido reducido.
El mayor fraude de la historia de México no puede concluir de
esta manera. La gran tarea del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la presente legislatura (2003-2006) es buscar la
instalación de una nueva comisión investigadora del Instituto de Protección
al Ahorro Bancario, y exigir al presidente Fox el cumplimiento de una
de sus pro mesas de campaña: la creación de una comisión de la verdad,
que aclare los saqueos que sufrió la economía nacional, sobre todo durante
los tres anteriores sexenios.
En este trabajo se trata de recordar cómo surgió el problema del
Fobaproa, cómo se discutió y cómo se ha ido legalizando y encubriendo,
para servir de base a las tareas legislativas futuras. El trabajo está dividido
en cinco partes. En la primera se comenta el origen de la crisis
bancaria que desembocó en el problema del Fobaproa. En la segunda
parte se analizan las principales características del rescate bancario
llevado a cabo entre 1995 y 1997. En la tercera parte se comenta el debate
sobre el Fobaproa registrado en 1998, enfatizando la importancia de
la propuesta del PRD. En la cuarta parte se analizan los principales rasgos
del Informe del auditor Mackey, y se comenta la gran operación de encubrimiento
realizada. En la última parte, “La gran tarea pendiente”, se
propone continuar con la política de principios delineada en 1998 y exigir
la creación de una comisión nacional de transparencia, que investigue
todo lo sucedido y ponga las cosas en su sitio, para evitar que un fraude
de esta magnitud se vuelva a repetir.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
191
■ EL ORIGEN DE LA CRISIS BANCARIA
Entre 1940 y 1982, es decir, durante más de cuatro décadas, el sistema financiero
mexicano vivió un proceso de continua expansión, convirtiéndose
en un factor clave que ayudó al crecimiento económico, el cual alcanzó
entonces 6 por ciento anual en promedio. La banca privada estaba controlada
estrechamente por el Banco de México, quien determinaba el destino
de buena parte del crédito, así como el nivel de las tasas de interés. Además,
la banca de desarrollo, propiedad del gobierno, recibió un gran impulso
durante ese periodo, pudiendo canalizar enormes cantidades de
recursos financieros hacia las actividades económicas consideradas como
prioritarias.
Ese modelo de sistema financiero altamente controlado entró en crisis
en 1982. La nacionalización de la banca privada se llevó a cabo por una situación
de emergencia. Dicha medida significó, entre otras cosas, la socialización
de la abultada deuda externa que habían acumulado los bancos, la
cual pasó a ser responsabilidad del gobierno. Esa fue una de las razones por
las que los acreedores externos no opusieran mucha resistencia a una medida
que atentaba contra sus principios, pero que les garantizaba el pago
de las obligaciones adquiridas por los anteriores banqueros privados.
El proyecto de Miguel de la Madrid, en materia financiera, fue iniciar la
reprivatización de la banca, pero de manera paulatina, hasta que el gobierno
pudiera amortizar la deuda externa de los bancos nacionalizados. Al mismo
tiempo, en ese gobierno se avanzó en el saneamiento de las finanzas públicas,
la apertura de la economía nacional hacia el exterior y la desregulación de
muchas actividades económicas, para la creación de un entorno macroeconómico
favorable a una reprivatización total.
El proyecto de Carlos Salinas de Gortari fue continuar por la senda
trazada por Miguel de la Madrid, llevándola hasta el extremo, de manera
autoritaria. La política financiera aplicada por el equipo tecnocrático en
el gobierno, partía de una idea muy simple. Si se privatizaba la banca y, al
mismo tiempo, se liberalizaba el mercado financiero, se podrían conseguir
tres objetivos de manera simultánea: aumentar el ahorro interno de la
economía, asignarlo de manera más eficiente, y abaratarlo consiguiendo
menores tasas de interés.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
192
El primer objetivo, aumentar el ahorro de la economía, se conseguiría
dejando operar libremente al mercado bancario, el cual definiría el nivel de
tasas de interés necesario para generar niveles de ahorro interno crecientes.
El segundo objetivo también se conseguiría dejando operar libremente a las
fuerzas del mercado, las cuales señalarían cuáles proyectos eran más rentables,
a los que se les asignarían los recursos prestables disponibles. Finalmente,
el tercer objetivo se alcanzaría mediante la libre competencia de los
bancos privados, la que se reflejaría en menores márgenes de intermediación,
con la disminución de las tasas de interés aplicables a los créditos.
Ese tipo de política hubiera tenido muy buenos resultados en un país
como Suiza, por ejemplo. Pero, para que este tipo de política realmente
funcionara en un país como México, se requerían otros elementos que entonces
no se consideraron. Uno de ellos fue contar con una eficaz y adecuada
supervisión bancaria, que evitara cualquier tipo de complicidad entre
autoridades y banqueros deshonestos, y garantizara al mercado una total
transparencia de las operaciones bancarias.
Otro elemento también ausente, fue disponer de reglas explícitas que limitaran
las garantías gubernamentales a los depósitos bancarios, induciendo
un comportamiento prudente y responsable entre los banqueros. En una
palabra, lo que se necesitaba y se sigue necesitando, si se piensa en una economía
verdaderamente moderna, es un auténtico Estado de derecho, el cual
sólo es posible con una verdadera democracia.
En 1991, los bancos fueron privatizados. Esta importante operación se
realizó de manera poco transparente. Aunque se anunció que los bancos
habían sido vendidos a personas responsables y conocedoras de la banca, la
realidad fue que muchos bancos fueron asignados a gente de dudosa reputación
y escasa experiencia en la materia. Además, aunque se anunció que los
bancos habían sido vendidos al “mejor postor”, se ocultó el hecho de que
muchos fueron adquiridos mediante préstamos otorgados por los mismos
bancos, es decir, por gente que no contaba con suficiente capital para pagarlos,
pero tenía suficientes conexiones en el gobierno.
No obstante, el hecho más grave, que constituyó una de las principales
causas de la crisis que estalló en 1995, fue el mantenimiento de las garantías
del gobierno sobre 100 por ciento de los depósitos bancarios, al tiempo que
se sostenía un tipo de supervisión complaciente, proclive a todo tipo de
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
193
complicidades con banqueros deshonestos, en especial los comprometidos
políticamente con el grupo en el poder.
Las reglas de hecho, para los nuevos banqueros, les permitían realizar
todo tipo de operaciones riesgosas, sin preocuparse de una supervisión
seria, y sin tener que informar al mercado de una manera totalmente transparente.
Si los banqueros ganaban en esas condiciones, demostrarían que
el mercado bancario era un buen negocio; pero si perdían, el gobierno se
comprometía a rescatarlos, socializando las pérdidas, es decir, convirtiendo
esas pérdidas en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos.
Este es el verdadero origen del problema del Fobaproa. Las reglas
adoptadas constituyen un típico caso de riesgo moral (moral hazard), el
cual aparece cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno
por medio del Fobaproa, les resolverá todos sus problemas, presentes y
futuros. Con ese entorno institucional distorsionado y permisivo, el gobierno
indujo todo tipo de incentivos perversos en el comportamiento de
los banqueros. Así, una política que podría haber sido correcta en otras
circunstancias, se convirtió en un gigantesco riesgo para la estabilidad
general de la economía.
A ese marco institucional deficiente, se agregó una política económica que
impulsó el sobrendeudamiento de la economía. Después de estabilizar la
economía, reduciendo los niveles de inflación y disminuyendo el déficit de las
finanzas públicas (logrando incluso superávit en algunos años como resultado
de los ingresos derivados de las privatizaciones), el gobierno consiguió un
ambiente muy favorable a la inversión extranjera, que propició enormes entradas
de capital del exterior.
Un elemento básico de esa política económica fue el mantenimiento de
un tipo de cambio estable respecto al dólar, que sirviera como ancla para
seguir disminuyendo la inflación, y diera al exterior una imagen de estabilidad
que ofreciera “certidumbre” a los rendimientos esperados por los inversionistas
extranjeros. Como la inflación mexicana continuó siendo superior a la
del exterior (en especial la de los Estados Unidos), el tipo de cambio se fue
sobrevaluando, es decir, no se ajustó en la misma proporción que la diferencia
entre nuestra inflación y la extranjera, sino en un nivel menor.
La sobrevaluación del peso respecto al dólar propició que las exportaciones
se encarecieran, a la vez que las importaciones se abarataban. Esa
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
194
situación produjo un déficit creciente en el comercio con el exterior (que
las importaciones crecieran más rápido que las exportaciones), el cual se
pudo financiar con entradas, también crecientes, de capital, atraído por la
ilusión de estabilidad de la economía, cuyos “fundamentos” supuestamente
estaban bien, con el déficit fiscal cercano a cero, la inflación a la baja, y la
aplicación de políticas “favorables al mercado”.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos. Como los precios en pesos de los productos de exportación (los
comer ciables en el exterior) subieron más lentamente que los demás pre -
cios (los de los bienes y servicios no comerciables en el exterior), se produjo
una distorsión entre esos dos tipos de precios, que generó señales equivocadas
y engañosas a los mercados. Así, los precios de los bienes inmuebles
subieron de manera desproporcionada, lo cual provocó la ilusión a mucha
gente de que era más rica, y por tanto, podía gastar más y endeudarse más.
El mismo fenómeno ocurrió con muchos empresarios ubicados en toda clase
de bienes y servicios no comerciables. Esa equivocada percepción, inducida
por la política cambiaria, fue fortalecida por la política financiera del gobierno,
la cual indujo a los bancos a prestar más y más dinero, en condiciones cada
vez más fáciles, sin ningún control.
Así, los tres objetivos que esperaban los tecnócratas con la privatización
bancaria y la liberalización de los mercados financieros, no se consiguieron.
El ahorro interno de la economía no sólo no se incrementó, sino que se redujo
de manera alarmante, como resultado de la comentada política que in dujo
un mayor gasto y endeudamiento. Lo que sí aumentó fue el monto de ahorro
intermediado por los bancos. Gran parte de éste no se generó internamente,
sino que provino del exterior.
La asignación del ahorro disponible tampoco se produjo de la manera más
eficiente, como lo esperaban los tecnócratas, sino que se orientó hacia las actividades
de bienes y servicios no comerciables, las que iban aumentando sus
precios en mayor proporción que los de las actividades exportadoras, como
resultado de la sobrevaluación cambiaria. Esas actividades eran aparentemente
las más rentables, por efecto de la señalada distorsión inducida por la política
económica. Los créditos bancarios al consumo también aumentaron de manera
acelerada. Todo el mundo recuerda cuando en las calles, los empleados de los
bancos se peleaban para ofrecer tarjetas de crédito de manera indiscriminada.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
195
El tercer objetivo esperado por los tecnócratas tampoco se logró. Entre
1993 y 1994, el margen de intermediación de los bancos alcanzó casi 50 por
ciento (frente a un promedio de alrededor de 10 por ciento entre 1983 y
1987). La finalidad de los nuevos banqueros fue recuperar de manera acelerada
las inversiones efectuadas para adquirir los bancos, ya que en buena
parte se realizó mediante préstamos, otorgados por otros banqueros. Ese
elevado margen se reflejó en el encarecimiento del crédito, cuyas tasas de
interés alcanzaron un nivel que hacía previsible el incumplimiento de los
deudores, ante cualquier cambio importante en el entorno económico.
No hay que olvidar que la fuerte expansión del crédito bancario y el
consecuente sobrendeudamiento de la economía, fueron inducidos por la
política económica del gobierno. Como el ahorro interno de la economía
se fue reduciendo, los recursos a disposición de los bancos se incrementaron,
para mantener el crecimiento de los préstamos, mediante dos mecanismos:
primero, con la amortización de deuda pública, resultado de la
disminución del déficit fiscal; y segundo, con la colocación de deuda pública
en el exterior.
El primer mecanismo operó de la siguiente manera. En principio, la sola
disminución del déficit del gobierno liberó recursos para ser prestados al
sector privado. Luego, los ingresos fiscales producto de las privatizaciones
permitieron reducir la deuda del gobierno con el Banco de México, quien
canalizó esos recursos liberados, directamente o por medio de la banca de
desarrollo o los fideicomisos del gobierno, hacia la banca comercial, la que
finalmente los prestó al sector privado.
Entre 1993 y 1994, el gasto excesivo de la economía se reflejó en un saldo
negativo creciente en las transacciones con el exterior. Los tecnócratas
del gabinete económico mantuvieron a toda costa el dogma de que, en ausencia
de un déficit fiscal elevado, el creciente déficit con el exterior supuestamente
no significaba ningún problema, ya que tenía como contrapartida
inversión privada, y no el exceso de gasto público.
La comentada política de sobrevaluación cambiaria, junto con la expansión
crediticia, se llevó al absurdo durante 1994. El gobierno, con un balance
fiscal reportado como cercano a cero, es decir, sin tener necesidad de
financiar ningún déficit, aumentó su colocación de deuda por medio de valores.
Primero aumentó la emisión de papeles en pesos, como los cetes y
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
196
bondes. Pero después, los sustituyó aceleradamente por valores denominados
en dólares, en particular los famosos tesobonos, los cuales fueron
adquiridos por muchos inversionistas extranjeros.
La pregunta que se hizo mucha gente fue: ¿Para qué necesitaba el gobierno
colocar cada vez mayores montos de deuda si no tenía ningún déficit
que financiar, ya que su balance fiscal era cero? La respuesta a esta pregunta
es que esa deuda se emitió para mantener un tipo de cambio cada vez
más sobrevaluado, para sostener la ficción de una economía sana y en expansión
en el año electoral de 1994, y seguir impulsando el crecimiento del
crédito de la banca comercial al sector privado, situación que se convirtió
también en un factor para ganar las elecciones.
El mecanismo para transformar los recursos obtenidos mediante los tesobonos
en financiamiento a las familias y empresas, operaba de la siguiente
forma. La colocación de tesobonos entre inversionistas extranjeros permitía
al gobierno usar esos recursos para reducir su deuda con el Banco de México,
que (ya siendo autónomo en 1994) transfería los recursos liberados a la
banca comercial, y ésta los prestaba finalmente al sector privado. Otro mecanismo
más directo era utilizar parte de los recursos obtenidos mediante
los tesobonos para disminuir directamente la deuda del gobierno con la
banca comercial, que terminaba prestando esos fondos al sector privado.
La política económica del gobierno no sólo inducía una expansión crediticia
cada vez mayor, sino que la reforzaba relajando la supervisión en el
otorgamiento bancario de créditos, y lo peor, garantizando 100 por ciento de
los depósitos que la banca iba prestando de manera cada vez más irresponsable.
Por ello, muchos banqueros otorgaron préstamos sin garantías adecuadas
a empresas relacionadas con ellos, y otros de plano se otorgaron
créditos a sí mismos, o a sus familiares, sin las garantías correspondientes.
Estas prácticas ilegales, fraudulentas y deshonestas de muchos banqueros,
tuvieron que ser conocidas por las autoridades, quienes las permitieron,
si no es que las autorizaron y alentaron. Si bien, aún no se conoce el verdadero
alcance que tuvieron estas prácticas, sobre todo en 1994, existen fuertes
sospechas de que muchas se utilizaron para financiar la campaña elec toral
de ese año, lo cual les dio una garantía de impunidad, asumien do el gobierno
el compromiso de convertir a futuro en deuda pública los saldos que
resultaran de las mismas.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
197
A fines de 1994, cuando se inició el sexenio de Zedillo, la realidad –o las
fuerzas del mercado, como dirían algunos– se impuso. El tipo de cambio se
hizo insostenible y la devaluación del peso se produjo. Para muchos, la devaluación
significó pasar abruptamente de la ficción a la realidad. Muchas
deudas que se habían contratado considerando precios inflados de activos
(en especial muchas acciones y bienes inmuebles), de pronto se enfrentaron
a activos devaluados, ya que sus precios no se ajustaron en la misma proporción
que el tipo de cambio, lo que aunado a la contracción económica que
siguió, los condujo a una situación de insolvencia.
Mucho se ha hablado del famoso “error de diciembre”, que condujo a
la fuerte devaluación del peso. Los expresidentes Salinas y Zedillo se han
echado mutuamente la culpa de la crisis. La verdad es que los dos son
corres ponsables de la crisis que condujo al problema del Fobaproa. Salinas,
por impulsar la irresponsable política económica antes descrita; y Zedillo, por
su manejo incompetente de la situación de diciembre de 1994. Un punto
que los legisladores no deben olvidar es la acusación de que Zedillo informó
a los principales empresarios del país de que iba a devaluar, lo que
hizo que éstos se cubrieran y derrumbaran el mercado cambiario, haciendo
más costosa e inmanejable la situación.
■ LAS CARACTERÍSTICAS DEL RESCATE BANCARIO
Al iniciarse 1995, la fuerte devaluación del peso, y la política aplicada para
tratar de contener la huida de capitales hacia el exterior, provocaron que
las tasas de interés subieran de manera exagerada. Eso condujo a una gran
cantidad de deudores a una situación de insolvencia, quienes dejaron de
pagar sus deudas con los bancos. Ante la inminente quiebra de muchos
bancos, el gobierno empezó una política de apoyos, por medio del Fobaproa,
abriendo líneas de crédito para compensar la falta de recuperación de los
créditos otorgados. Entonces fue cuando se inició el uso del Fobaproa de
manera ilegal, ya que ese fondo pasó de ser un organismo privado (de los
bancos), a transformarse en un instrumento del gobierno, sin existencia
como tal en ninguna ley, pero mediante el cual el gobierno adquirió todo
tipo de compromisos que terminaron en una deuda creciente.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
198
Hasta ese momento, el gobierno mantenía un diagnóstico equivocado de
la crisis que ya se venía encima. Para el gobierno se trataba sólo de una crisis
de confianza de corto plazo, la cual se podría revertir con una política de
ajuste que mantuviera los equilibrios macroeconómicos básicos. Mediante la
aplicación de una política de esa naturaleza, la confianza supuestamente se
vería restaurada, los capitales que se estaban fugando hacia el exterior empezarían
a regresar, y todo se arreglaría, permitiendo estabilizar el mercado
cambiario y disminuir de nuevo las tasas de interés.
El gobierno apostó de tal manera a su hipótesis de crisis de confianza
de corto plazo, que pensó que arreglando el problema de Chiapas, la confianza
se restauraría. Así, a principios del mes de febrero, Zedillo decidió
iniciar una operación militar en Chiapas, sin éxito, ya que el problema financiero
de la economía no se encontraba allí. Para fines del mes de febrero, la
situación financiera se deterioró aceleradamente, mostrando que la crisis
tenía mucha mayor profundidad que lo que se había pensado.
La primera preocupación del gobierno fue garantizar, al costo que fuera,
los intereses de los inversionistas y acreedores extranjeros. Aquí vale una
breve reflexión. Los inversionistas extranjeros, por ejemplo los fondos de
pensiones de los Estados Unidos, importantes tenedores de tesobonos a
fines de 1994, tenían dos grandes opciones: invertir sus fondos en los Estados
Unidos, con poco riesgo pero con una tasa de interés baja; o invertirlos
en países como México, que ofrecían tasas de rendimiento en dólares sustancialmente
más elevadas, pero con el riesgo de que la estabilidad cambiaria
no se mantuviera. En toda operación financiera, si se busca un mayor
rendimiento, y se asume un mayor riesgo, no se vale exigir a toda costa que
ese riesgo sea cero. Lo que hizo el gobierno, con ayuda del Tesoro de los
Estados Unidos, fue garantizar que ese riesgo fuera cero, y un pésimo negocio
para México.
La auténtica solución de mercado, en las circunstancias de principios
de 1995, hubiera sido que a la depreciación de los activos hubiera co rres pondi
do también una depreciación de los pasivos, es decir, de los instru mentos
de ahorro financiero, empezando por los tesobonos, que eran el principio
de la larga cadena. Sin embargo, la garantía gubernamental sobre 100 por
ciento de los depósitos bancarios obligaba a una intervención del gobierno
para evitar cualquier pérdida de los ahorradores que mantenían depósitos en
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
199
los bancos. Pero en el caso de los inversionistas extranjeros, lo recomendable
era hacer lo que siempre se ha hecho en circunstancias similares: renegociar
y recalendarizar el pago de esas obligaciones. Esa renegociación hubiera dado
mejor margen de maniobra al gobierno para enfrentar con mayor eficacia los
problemas de los deudores que no podían pagar los créditos que les habían
otorgado los bancos, sobre todo al inicio de la crisis, cuando era más fácil y
barato solucionar el gigantesco problema que se estaba gestando.
El argumento manejado por el gobierno, de que si no se hubieran llevado
a cabo las acciones de política económica que decidió, se hubiera
produ cido una crisis mucho mayor a la observada en 1995, es muy cuestionable.
La experiencia de otras crisis vividas por nuestro país muestra
que siempre existen varias alternativas para enfrentarlas. Por ejemplo,
du rante la crisis estallada en 1982, el gobierno decidió pagar en pesos los
de pósitos que se habían contratado en dólares, y tomó además la decisión de
nacionalizar la banca privada. La respuesta de los acreedores externos fue
aceptar la renegociación de los adeudos, y ni siquiera se perdió el apoyo
del Fondo Monetario Internacional. Existen otros ejemplos, como el de
1938, cuando el presidente Cárdenas decidió expropiar a las empresas
petroleras. Algunos recomendaban entonces no afectar esos intereses,
porque las consecuencias para el país podrían ser funestas. Sin embargo,
después de esa medida se inició un periodo de crecimiento económico que
se sostuvo por varias décadas.
El gobierno, en realidad, se comportó como un administrador de los intereses
de los grandes inversionistas, en especial de los extranjeros, y no como
un auténtico representante de los intereses de la mayoría del pueblo mexicano.
Con ese enfoque, por supuesto que resulta razonable lo hecho por el gobierno,
y justificable la frase del presidente Zedillo de que “no tenía opción”. Pero la
alternativa hubiera sido convocar a toda la sociedad para enfrentar eficazmente
la crisis, priorizando la protección de los depósitos de 99.75 por ciento de
los ahorradores, que representan sólo 44 por ciento del ahorro financiero. Sin
embargo, sabemos que esto no fue así: el gobierno decidió que los tenedores
extranjeros de tesobonos no tuvieran ninguna pérdida, por lo que acudió a
financiamientos extraordinarios en el exterior para conseguirlo, lo cual fue muy
festinado por el gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el inicio de la cadena
que impidió un ajuste diferente. Así, el gobierno, que profesaba un dogmatismo
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
200
a favor del mercado, impidió que el mercado funcionara, imponiendo una situación
que ha sido ficticia desde el principio hasta la fecha.
Tomada la decisión de privilegiar los intereses de los inversionistas extranjeros,
de los banqueros y de los grandes ahorradores (muchos de ellos también
grandes deudores), lo demás fue ir poniendo parches a una situación que se
deterioraba aceleradamente. En un principio se buscó obligar a los deudores,
sobre todo a los medianos y pequeños, a cumplir con los compromisos “adquiridos”.
Lo dramático fue que una gran cantidad de proyectos que eran
rentables, dejaron de serlo de manera abrupta. Así, muchos deudores, que
adquirieron sus pasivos tomando en cuenta la estructura de precios relativos,
el nivel de las tasas de interés, y las señales del gobierno de que se mantendría
la estabilidad, de pronto, sin tener realmente responsabilidad en lo que estaba
pasando, se encontraron que sus activos se habían devaluado y sus ingresos
habían disminuido como resultado de la contracción económica inducida por
el gobierno, y las tasas de interés se habían elevado fuertemente, conduciéndolos
a una situación de insolvencia por completo inesperada. La política del
gobierno, que antes los indujo a endeudarse, después consistió en obligarlos
a pagar en esas circunstancias, o perder sus patrimonios.
La actitud del gobierno respecto a los millones de pequeños y medianos
deudores, mostró un fuerte contraste, al compararla con el tratamiento ofrecido
a los grandes deudores. Mientras los pequeños y medianos deudores
fueron presionados por todos los medios posibles para que pagaran sus deudas
en las onerosas e injustas nuevas condiciones, las autoridades protegían
a los grandes deudores de la banca, muchos de ellos banqueros con fuertes
ligas con el grupo en el poder. Los programas de apoyo a la banca se aplicaron
sin que hubiera reglas claras y generales, de manera totalmente discrecional,
lo que favoreció de manera arbitraria a unos banqueros sobre otros.
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se
han adoptado al menos tres medidas:
• Los funcionarios que estuvieron involucrados durante la gestación
de la crisis son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha
• Se dan a conocer reglas generales para el uso de los recursos públicos
durante el rescate bancario
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
201
• Esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó
los problemas
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario. Los mismos
funcionarios que estuvieron durante la gestación de la crisis, como Guillermo
Ortiz y Eduardo Fernández, fueron los encargados de corregirla. Las
reglas para el uso de recursos públicos, en un principio pretendidamente
generales, pronto se olvidaron, pasando a un nivel de discrecionalidad verdaderamente
escandaloso. Los incentivos para que los banqueros ayudaran
a rescatar a los bancos desaparecieron, transformándose en señales para
que los abusos aumentaran.
Los programas para ayudar a resolver la deteriorada situación financiera
de los bancos, se fueron modificando casi a capricho de los banqueros,
y propiciaron que el problema no sólo no se resolviera, sino que se profundizara.
Cuando un banco conseguía un tratamiento más ventajoso por parte
del Fobaproa, los demás trataban de imitarlo.
Así, los banqueros metieron en la panza del Fobaproa toda la basura que
pudieron, incrementándose de manera dramática los pasivos avalados por
el gobierno. El que se produjeran todo tipo de abusos fue posible, no sólo
por el manejo discrecional de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda,
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Fobaproa, sino
porque todas esas operaciones se mantenían en la oscuridad, sin que la
sociedad, y ni siquiera los legisladores, se enteraran.
La apuesta del gobierno era que la situación se iba a ir corrigiendo de
manera paulatina; pero sucedió lo contrario, ya que conforme pasaba el
tiempo, el costo del rescate bancario se incrementaba cada vez más. A pesar
de que se contaba con un ramo presupuestal para atender ese asunto (el
ramo 29), los recursos no alcanzaban, y el gobierno buscó una fuente para
financiar, de manera subrepticia, ese faltante.
Esa fuente la encontró en los ingresos petroleros excedentes. Entre 1995
y 1997, los precios del petróleo se incrementaron, y con ellos, la renta petrolera.
El gobierno de Zedillo decidió alejarse de las políticas de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aumentó la producción
y la exportación de crudo, a fin de allegarse los recursos necesarios para
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
202
financiar el rescate bancario. Como eso no bastaba para cubrir la enorme
magnitud del desfalco, se decidió exprimir a Pemex al máximo. Para ello, se
utilizó un mecanismo incluido en el régimen fiscal de Pemex: el aprovechamiento
sobre ingresos excedentes.
El mecanismo operaba de la siguiente manera. Si el precio del petróleo
de exportación estimado en el presupuesto del siguiente año resultaba
correc to, los tributos pagados por Pemex alcanzaban 60.8 por ciento de sus
ingresos. Pero si ese precio resultaba más elevado, los ingresos excedentes
se debían enterar al fisco, en 100 por ciento, aumentando automáticamente
los recursos que debía entregar Pemex.
Con ello, el truco utilizado entre 1995 y 1997 fue muy sencillo: bastaba
con subestimar el precio esperado (en la Ley de Ingresos) para aumentar
los recursos extraídos a Pemex. Ese medio tenía un agravante, el que los
ingresos excedentes no estaban incluidos en el presupuesto, es decir, que
los diputados no habían decidido cómo utilizarlos. Por ello, el Ejecutivo
podía decidir discrecionalmente cómo usarlos. La decisión de Zedillo fue
obvia, los destinó al rescate bancario.
Ese mecanismo para financiar de manera subrepticia el creciente costo
del rescate bancario, exprimiendo fiscalmente a Pemex, se derrumbó a
principios de 1998, cuando cayeron los precios internacionales del petróleo.
Ese fue el hecho clave que obligó al presidente Zedillo a hacer público el
problema del Fobaproa y solicitar al Congreso que aprobara la conversión
de los enormes y escondidos pasivos del Fobaproa en deuda pública.
■ EL GRAN DEBATE DEL FOBAPROA EN 1998
En marzo de 1998, el presidente Zedillo envió al Congreso varias iniciativas
de ley, entre las que se distinguieron dos: la que creaba la Ley Federal del
Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) y la que creaba la Ley de la Comisión
para la Recuperación de Bienes (Corebi).
Con la primera iniciativa, el Ejecutivo Federal proponía crear el Fogade,
organismo que sustituiría al Fobaproa, permitiendo la legalización de todas
las operaciones realizadas. Con la segunda iniciativa, proponía la creación
de la Corebi, la cual se encargaría de vender los activos en poder del Fobaproa
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
203
y, en un perdido artículo transitorio, se contemplaba la conversión en deuda
pública de los enormes pasivos generados. Así, la propuesta incluía la
creación de dos organismos, uno permanente (el Fogade), y el otro transitorio
(la Corebi).
El famoso debate nacional respecto al Fobaproa se inició con la discusión
de estos dos proyectos de ley. En particular, se cuestionó el artículo cuarto
transitorio de la Iniciativa de Ley de la Corebi, el cual, textualmente decía:
Las obligaciones contraídas por el Fondo Bancario de Protección del Ahorro y
el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, que cuenten con el aval o la responsabilidad
solidaria del Gobierno Federal, así como los compromisos adquiridos
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y las obligaciones de las instituciones
de banca múltiple intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y apoyadas por el propio Fondo, pasarán a formar parte de la deuda
pública directa del Gobierno Federal. La consolidación de estos pasivos será por
un monto de 552,300’000,000.00 de pesos (quinientos cincuenta y dos mil trescientos
millones de pesos), fecha valor 28 de febrero de 1998, y deberá formalizarse,
junto con sus accesorios, a más tardar el 31 de diciembre de 1998.
Lo que escandalizó a los legisladores, y a la sociedad en general, fue la
pretensión de convertir en deuda pública los pasivos acumulados ilegalmente
por el Fobaproa, que al 28 de febrero de ese año se estimaban en 552 300
millones de pesos. Esa cifra era aún incierta, y la tramposa redacción de ese
artículo transitorio lo señalaba, al decir que debería considerar los “accesorios”
a diciembre de 1998.
Lo primero que solicitaron los legisladores fue que el gobierno proporcionara
toda la información respecto a cómo se había generado esa enorme
deuda. Además, exigieron que primero se auditaran todas las operaciones del
Fobaproa, para determinar si habían sido legales, y sólo después pensar en
reconocer esos pasivos como deuda pública.
El gobierno empezó una fuerte campaña de prensa, diciendo que si esos
pasivos no se reconocían como deuda, llevarían al país a la catástrofe. La información
se fue entregando de manera resumida y con cuentagotas, a la vez
que se presionaba a los legisladores para que aprobaran las iniciativas enviadas
por el Ejecutivo, sin más discusión. Para fortuna del país, el PRI y el PAN
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
204
no llegaron a un acuerdo en ese momento, lo que permitió que el verdadero
debate respecto al Fobaproa se iniciara.
Es importante recordar lo sucedido dentro del PRD, entre mayo y junio de
ese año. El asunto no era fácil y la confusión fue mayúscula. Los asuntos financieros
no son de fácil comprensión para alguien no familiarizado con ellos. Si
además se contaba con una labor de encubrimiento por parte del gobierno
federal, la posibilidad de incurrir en errores graves era muy grande.
El 28 de mayo de 1998, el entonces presidente del PRD publicó un “Manifiesto
a la Nación”, donde exigía que se auditaran y transparentaran las operaciones
del Fobaproa, fincando las responsabilidades correspondientes. Pero también
proponía aceptar la conversión de esos pasivos en deuda pública, a razón de
100 mil millones de pesos cada trimestre, luego de ser auditados, siempre que
el gobierno se comprometiera a impulsar, de manera compensatoria, una política
social de Estado, financiada con los ingresos petroleros excedentes.
Durante el mes de junio, se dio una discusión dentro del PRD, con el fin de
entender los factores que habían llevado a la crisis bancaria; las características
del rescate llevado a cabo por el gobierno; y la legalidad de todo el proceso. De
esa discusión se concluyó que el PRD no podía aceptar la conversión de los
pasivos del Fobaproa en deuda pública, debido a su origen totalmente ilegal.
El 15 de julio, el PRD dio a conocer su documento “Fobaproa: el gran
atentado contra la economía nacional. Alternativas para impedirlo”, donde
propuso una solución muy diferente a la planteada por el Ejecutivo. Después
de presentar un análisis de las causas que provocaron el gigantesco quebranto
bancario, y de probar las múltiples ilegalidades que cometieron las
autoridades, que violaron incluso la Constitución, se propuso una solución
integral al problema del Fobaproa, mediante cuatro objetivos:
Objetivo I. Brindar una salida real, definitiva, justa y amplia a los deudores de
la crisis
1. Se rechaza la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública
oficial, exigiendo una revisión detallada de todas las operaciones
que los generaron.
2. Se exceptúan de cualquier protección las operaciones ilícitas, irregulares
o de mala fe.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
205
3. Se exceptúan de cualquier trato preferente los pasivos de los 500
grupos económicos de mayor solvencia, con adeudos de 50 millones
de pesos o más.
4. Se diseñará un programa para pequeños y medianos deudores, que
considere los créditos otorgados hasta diciembre de 1994, incluyendo
los que están vencidos, con depuración de saldos, subsidio a las
tasas de interés y sistema de pago en función del ingreso del usuario
del crédito.
5. Se mantendrá por lo pronto el conjunto patrimonial del Fobaproa, el
Congreso decidirá qué uso darle, priorizando la defensa de la planta
productiva y de los auténticos empresarios y familias víctimas de la
crisis. Adicionalmente, deberá formarse un nuevo organismo que
garantice los depósitos de los ahorradores hasta 250 mil udis.
Objetivo II. Asegurar que todos los causantes del descalabro bancario paguen la
responsabilidad penal, civil, administrativa y política que les corresponda
Se exige fincar responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas a
todos los responsables de la crisis bancaria. Esto incluye a funcionarios y exfuncionarios
públicos, funcionarios bancarios, empresarios y miembros de los
consejos de administración de los bancos, que hayan participado en las operaciones
ilegales, fraudulentas e irregulares que están en el origen del problema.
Para lograr lo anterior, se exige la entrega completa de la relación de
operaciones realizadas, del inventario de los pasivos y activos del Fobaproa
y la realización de las auditorías necesarias. Para garantizar la condición de
imparcialidad, se exigen las renuncias inmediatas del gobernador del Banco
de México, el presidente de la CNBV y el director del Fobaproa.
Objetivo III. Saneamiento y reforma del sistema financiero
Para lograr que la banca vuelva a ser una pieza clave en el desarrollo, se
propone reformar el sistema bancario y financiero con las siguientes
medidas:
• Reforzamiento de la vigilancia y supervisión bancaria
• Conversión de la CNBV en un organismo autónomo, tanto respecto a
la Secretaría de Hacienda, como respecto al Banco de México
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
206
• Garantías de que la banca sirva al desarrollo nacional, con tasas de
interés y márgenes de intermediación accesibles e inversión hacia
las actividades productivas
• Fortalecimiento de la banca de desarrollo
• Mantenimiento de las restricciones a la inversión extranjera en la
banca
• Construcción de una afore nacional, que sustituya a las actuales privadas,
en beneficio del desarrollo del país y de los pensionados
Objetivo IV. Reducir el costo fiscal del rescate bancario
En vista de la incertidumbre sobre la dimensión del quebranto y los efectos
del Fobaproa, se requiere revisar su volumen banco por banco, expediente
por expediente, y programar las soluciones durante un periodo largo para
profundizar en las auditorías, depurar pasivos, realizar los activos que constituyen
las garantías otorgadas, eliminar los créditos ilegales y fraudulentos,
renegociar los pagarés e instrumentar el programa de rescate a deudores.
Por tanto, sólo se autorizará para el ejercicio presupuestario de 1999 la
parte relativa a este último programa (pp. 25-28).
Es importante recordar que detrás de los ríos de tinta que han corrido
respecto al problema del Fobaproa, se puede percibir claramente el propósito
de esconder la esencia de toda la discusión: la intención del gobierno
de convertir los pasivos del Fobaproa (deuda especial contraída de manera
ilegal) en deuda pública oficial (legal). La médula del asunto quedó precisada
con toda claridad en el documento del 15 de julio, cuando se dijo que “la
clave de toda la discusión está en lo que se hará con los pagarés emitidos
ilegalmente por el Fobaproa. Esos pagarés representan todo el adeudo [...]
en que el gobierno ha incurrido para compensar las pérdidas de los bancos,
y que les ha permitido mantenerse a flote”.
A continuación, se describieron en el documento las características de
los pagarés del Fobaproa, avalados ilegalmente por el gobierno, al afirmar
que “la esencia del asunto es que esos pagarés son papeles con vencimiento
a 10 años con intereses capitalizables, es decir, los intereses no se pagan
hasta el vencimiento pero incrementan paulatinamente el valor nominal de
los pagarés. Estos pagarés no pueden ser vendidos y, por lo tanto, los bancos
no pueden transformarlos en liquidez”.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
207
Más adelante, se señaló en el documento que:
Con la conversión de esos pagarés en deuda pública oficial, el Ejecutivo Federal
busca transformarlos en títulos negociables, como los cetes, para proporcionar
liquidez a los bancos. Esto significaría una enorme transferencia de riqueza a los
bancos, pagada por toda la sociedad a partir de la fecha en que se hiciera la
conversión. Con ese canje, los bancos, por fin, se liberarían de los enormes costos
acumulados por su ineficiencia, fraudes y corruptelas de todo tipo, los cuales
serían endosados a toda la sociedad.
Por ello, el primer punto de la propuesta del PRD, incluida en ese documento
fue: “Se rechaza la conversión de los pasivos de Fobaproa en
deuda pública por no cumplir con los requisitos marcados por la Constitución
y la Ley de Deuda Pública”. El PRD propuso que se restableciera la
legalidad y que se buscara una salida justa. Esto requería analizar detalladamente
la situación de los grandes deudores, precisar el valor de la cartera,
establecer reglas generales para el rescate de las genuinas empresas
productivas y familias afectadas en su patrimonio con objeto de diseñar
una política de quitas y subsidios a las tasas de interés que les permita
pagar su deuda y recuperar su calidad de sujetos de crédito.
La propuesta del PRD permitía restablecer la legalidad en torno a las operaciones
del Fobaproa ofreciendo una verdadera salida para rescatar a los
deudores que habían sido las víctimas de la equivocada política aplicada por
el gobierno y del irresponsable comportamiento de los banqueros; evitaba la
quiebra de la banca y protegía el ahorro y el sistema de pagos de la economía;
proponía reformar el sistema financiero sobre nuevas bases verdaderamente
sanas, previniendo la aparición de un Fobaproa II; y, sobre todo, ofrecía aprovechar
esta gran oportunidad histórica, convirtiendo lo que podría ser un
fraude gigantesco contra la mayoría de la población, en un proceso que ataque
a fondo las raíces de la corrupción e impunidad que han hundido a México,
ayudando a poner las bases de una sociedad en verdad democrática.
Identificada la naturaleza del problema, la primera demanda irrenunciable
fue oponerse a la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública,
ya que sería el medio para echar tierra al asunto, encubrir el cúmulo de ilegalidades,
garantizar la impunidad, y perpetuar los mecanismos injustos y
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
208
corruptos que generaron el quebranto. El siguiente paso fue exigir toda la
información necesaria para llegar al fondo del asunto, aclararlo en todos sus
detalles y solucionarlo de manera transparente, respetando la legalidad y
garantizando la justicia.
La respuesta inmediata del gobierno fue la descalificación, la acusación
de que el documento del PRD contenía muchas “falsedades” y no proponía
ninguna solución. Sin embargo, el gobierno fue incapaz de refutar el diagnóstico
presentado en el documento, y de realizar un debate serio para
encontrar una solución menos lesiva para los intereses de la inmensa mayoría
de la población, tal como lo propuso el PRD. En lugar de ello, el gobierno
optó por iniciar una histérica campaña publicitaria, usando una
gran cantidad de recursos públicos, con el fin de convencer a la población
de que la política aplicada por el gobierno no sólo fue la mejor, sino la
única posible.
A pesar de esa cerrazón del gobierno, el PRD continuó con la política
definida, y convocó a la población para que participara en una consulta nacional
sobre el Fobaproa. Esa consulta se realizó el 31 de agosto, con mucho
mayor éxito que el esperado inicialmente, logrando la participación de más
de tres y medio millones de personas, de las cuales, la inmensa mayoría se
manifestó contra la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda de
todos los mexicanos. Además, el PRD hizo públicos los nombres de algunos
de los posibles beneficiarios del Fobaproa, probando que la sospecha de que
parte de los recursos “perdidos” en realidad se utilizaron para financiar la
campaña del PRI en 1994, es un hecho.
En el mes de septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al
auditor canadiense Michael Mackey, para que realizara una auditoría a todas
las operaciones efectuadas por el Fobaproa. Además, se decidió que no se
legislaría sobre ese asunto hasta que concluyeran esas auditorías y todo
quedara clarificado.
En ese mismo mes de septiembre, el gobierno propuso la creación de una
mesa denominada “de Alto Nivel”, de donde legisladores de cada partido político
podrían “negociar” directamente con el gobierno los principales asuntos
incluidos en la agenda nacional, el Fobaproa en primerísimo lugar. Como interlocutores
por parte del gobierno, se encontrarían los secretarios de Gobernación
y de Hacienda. En un afán constructivo, el PRD decidió participar en esa
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
209
mesa, buscando plantear una solución de acuerdo con los principios señalados
en el documento del 15 de julio.
Desde la primera reunión, quedó claro que no había ninguna voluntad
negociadora por parte del gobierno, sino sólo la intención de imponer a toda
costa la propuesta original del presidente Zedillo, aunque encubierta con
otros ropajes. Además, el gobierno mantuvo de manera obstinada su posición
de negarse a proporcionar la información completa y detallada que se le
solicitó, la cual era indispensable para evaluar todos los aspectos del problema
y encontrar las mejores soluciones. Así, la supuesta negociación se
convirtió en un auténtico “diálogo de sordos”.
A fines de septiembre, se llegó el extremo, cuando el subsecretario de
Hacienda dio a conocer un documento donde se presentaban los supuestos
“puntos de convergencia entre los partidos políticos y el Ejecutivo”, que en
realidad contenía sólo la propuesta gubernamental, la cual se pretendía
imponer como si fuera resultado de un acuerdo. Mediante un engaño realmente
grotesco, el gobierno pretendía hacer pasar su exclusiva propuesta
como si hubiera sido resultado de una negociación con los partidos, presionándolos
para que fueran parte de esa mascarada.
El supuesto consenso consistía en dividir los 552 mil millones de pesos
de los pasivos del Fobaproa (al 28 de febrero) en tres grandes partes: 361
mil millones, de pasivos con los bancos “intervenidos”; 160 mil millones,
con los bancos denominados “vivos”; y los restantes 31 mil millones, clasificados
como “otros pasivos”. Según el gobierno, la única parte que se podría
modificar sería la correspondiente a los bancos “vivos” (menos de la tercera
parte de los pasivos del Fobaproa), en los cuales “es factible que si durante
las auditorías, se determinara la existencia de cartera de origen ilícito,
ésta sea devuelta al banco originador, quien tendrá la obligación de sustituirla
por un monto igual de cartera legal”. Pero este criterio no se podría
aplicar a los bancos “intervenidos” (65 por ciento de los pasivos del Fobaproa),
porque “sería imposible regresar algún activo a esas instituciones, ya
que [...] son propiedad de Fobaproa o de nuevos inversionistas que nada
tienen que ver con el origen de los créditos”.
En otras palabras, lo que pretendía el gobierno con ese documento, era
que los partidos aceptaran, como si hubiera sido un acuerdo, revisar sólo la
situación de los pagarés en poder de los bancos “vivos”, es decir, sólo 160
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
210
de los 552 mil millones de pesos de los pasivos del Fobaproa (menos de una
tercera parte), reconociendo que para los restantes 392 mil millones de pesos,
sólo había la opción de “procurar obtener la máxima recuperación” de los
activos que quedaran, y aceptando al resto, de hecho, como deuda pública
oficial, legalizada. Lo más grave era que se pretendía que esos 392 mil millones
ni siquiera fueran investigados por medio de las auditorías, ya que aun
en el caso de que se probara que una parte hubiera sido fraudulenta, “sería
imposible regresar algún activo a esas instituciones”, puesto que los bancos
que originaron esa cartera dejaron de existir y ya no hay a quién reclamar.
En el mismo documento se propuso “crear un organismo público descentralizado”,
que sustituya al Fobaproa, y se planteaba, como si hubiera
sido un acuerdo con los partidos, que: “Por lo que se refiere a los pasivos
del Fobaproa, éstos serían asumidos por el nuevo organismo. Para cubrir
las necesidades de recursos del organismo, en la ley que lo cree se establecería
un compromiso presupuestal de aportar anualmente un monto no inferior
a 35,000 millones de pesos. De esta forma se permitirá el pago
oportuno de sus compromisos financieros”. Esta era en realidad la propuesta
original del gobierno: convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública
oficial. Además, incorporaba lo ofrecido por el secretario de Hacienda,
de convertir esa deuda en udibonos (bonos indexados a la inflación), lo cual
“minimizaría” el impacto presupuestario del pago anual de intereses, que
sería de alrededor de los 35 mil millones de pesos propuestos.
Por último, en el mismo documento se incluía un programa de apoyo
a los deudores, pretendiendo hacer pasar las propuestas originales de los
banqueros, como si hubieran sido resultado de un acuerdo con los partidos.
Ese programa ofrecía descuentos sólo a los deudores “que estén al
corriente de sus pagos o que los regularicen antes del 31 de diciembre de
1998”. En pocas palabras, se ignoraba totalmente la propuesta del PRD,
plan tea da en el documento del 15 de julio, la cual consistía en diseñar un
programa para pequeños y medianos deudores, que considerara los créditos
otorgados hasta diciembre de 1994, incluyendo los que estaban
vencidos, con depuración de saldos, subsidio a las tasas de interés y sistema
de pago en función del ingreso del usuario.
En resumen, con el documento presentado por el subsecretario de Hacienda,
el cual supuestamente buscaba “sintetizar las posturas expresadas por el
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
211
PAN, el PRD, el PRI, el PT y el PVEM”, el gobierno pretendía que los partidos
representados en esa mesa “de Alto Nivel”, reconocieran como propios una
serie de planteamientos que les eran ajenos (al menos al PRD), y que significaban
en realidad la misma propuesta del Ejecutivo, con algunos ajustes cosméticos.
Por ello, en una actitud de total congruencia, algunos de los legisladores
del PRD presentes en esa reunión se retiraron de la misma, para no convalidar
con su presencia esa auténtica farsa. A partir de ese momento, el PRD decidió
retirarse de las negociaciones hasta que el gobierno mostrara una auténtica
voluntad de discutir las propuestas que se le habían presentado, y no sólo
aparentar que estaba negociando, al tiempo que buscaba imponer su propuesta
original, haciéndola aparecer como si hubiera sido resultado de un acuerdo
con los diferentes partidos.
El 30 de septiembre, el gobierno y los demás partidos políticos (con
excepción del PRD) dieron a conocer 13 puntos “de acuerdo” para solucionar
el problema del Fobaproa. Además de repetir los planteamientos del gobierno
y los banqueros, se observaron dos novedades: primera, la propuesta de
“devolver a la banca los créditos mayores a 5 millones de pesos, adquiridos
mediante el programa de compras de cartera y sustituirlos por créditos de
pequeños deudores”, y segunda, la decisión de que “[l]os pasivos a cargo
del Fobaproa no se consolidarán como deuda pública directa. En consecuencia,
quedarán a cargo del organismo que desempeñe las funciones de recuperación
de activos”, es decir, del nuevo organismo público que sustituirá
al Fobaproa.
Respecto a la primera novedad, con la sustitución de los créditos mayores
a 5 millones de pesos, por créditos a pequeños deudores, los bancos
quedan en la misma situación, y los pasivos por convertirse en deuda pública
se mantienen en el mismo monto. La única diferencia es que los créditos
a los grandes deudores (muchos de ellos presuntamente fraudulentos),
quedan fuera del escrutinio de las auditorías, ya que dejarían de ser parte
de los pasivos del Fobaproa. En otras palabras, lo acordado en este punto
significa un auténtico lavado de dinero.
En cuanto a la segunda novedad, la aceptación de no convertir los pasivos
del Fobaproa en deuda pública “directa”, estaba destinada a engañar a la
opinión pública, al aparentar que el gobierno, por fin, aceptó no realizar la tan
impuganda conversión. Pero en realidad, lo único que aceptó es no registrar
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
212
esa conversión como deuda “directa”, es decir, del gobierno federal, sino como
deuda pública oficial a nombre del nuevo organismo “público” que sustituiría
al Fobaproa.
A principios de octubre, el gobierno y los demás partidos políticos (con
la excepción del PRD) anunciaron otros 10 puntos de “acuerdo”. La única
novedad aquí, fue el punto donde se aceptó que “[e]l organismo encargado
de la recuperación de activos emitirá bonos negociables que sean atractivos
para las instituciones de crédito tenedoras de los pagarés emitidos por el
Fobaproa, quienes podrán devolver esos pagarés y recibir los bonos que
emita el nuevo organismo”. Con esto se aceptó la conversión de todos los
pagarés emitidos por el Fobaproa (los de los bancos “vivos” y los de los “intervenidos”)
en deuda pública oficial, en bonos “negociables” y “atractivos”
para los bancos. Esa conversión se aceptó sin que antes se practicaran las
auditorías, antes de que se conociera cómo se generaron realmente esos
pasivos, y antes de castigar a ninguno de los responsables de ese inmenso
quebranto.
El 17 de octubre, el Consejo Nacional del PRD emitió una resolución, en
el sentido de mantener la política de principios definida respecto al Fobaproa,
e instruir a todos los legisladores del PRD para que se abstuvieran de
firmar acuerdos con el PAN, hasta que ese partido se deslindara claramente
de la posición del gobierno. El gobierno acentuó su campaña de propaganda,
acusando al PRD de intransigente y de carecer de propuesta. La
“negociación” entre el gobierno y los demás partidos continuó durante
octubre y noviembre, hasta desembocar en el Proyecto de Ley del Seguro
del Ahorro Bancario, el cual se votó el 12 de diciembre y creó el Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario.
■ EL INFORME DE MICHAEL MACKEY
En julio de 1999, Michael Mackey entregó a la Cámara de Diputados su “Informe
sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)”.
Desafortunadamente, la auditoría encargada a ese consultor no pudo
llevarse a cabo de manera completa y eficaz, debido a la reiterada negativa
de las autoridades a proporcionarle toda la información que necesitaba el
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
213
auditor, en especial la referida a los fideicomisos, como el utilizado por Cabal
Peniche. La excusa fue el famoso “secreto bancario”.
Aun así, Mackey elaboró su informe tomando como base la limitada y
escogida información que le fue entregada. En su reporte presentó un análisis
de las operaciones del Fobaproa, así como una evaluación de la actuación
de las autoridades durante la gestación de la crisis bancaria y durante
la aplicación de los programas de rescate y saneamiento financiero. El Informe
de Mackey terminó siendo una asesoría para ayudar a los diputados en
sus tareas de legislación, sin alcanzar la categoría de auditoría, como se
había ofrecido en la ley que creó al IPAB.
Los voceros del gobierno federal y sus diputados cómplices del PRI y
del PAN pretendieron hacer pasar el informe de Mackey como lo que no era,
una auditoría practicada al Fobaproa. Al aparentar que ese informe era la
anunciada auditoría, se pretendió haber cumplido con lo que señala la ley.
Con ello, no sólo se legalizó este enorme fraude contra el pueblo de México,
sino que se garantizó la impunidad de los responsables, al aparentar que un
auditor independiente había revisado todo, sin encontrar más que los 6 mil
millones de pesos en créditos ilegales, ya previamente identificados por las
autoridades.
El propio Mackey lo dijo en su reporte:
Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una
auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas
previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento
expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos opinión
alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de la CNBV, del
Fobaproa, de la SHCP, del Banco de México, de los bancos individuales o de los
controles internos de estos organismos e instituciones. Como se señala en otra
parte de este informe, los términos de referencia de esta revisión fueron diferentes
a los de una auditoría financiera y no debe considerarse que proporcionan la
misma información y nivel de seguridad que una auditoría financiera. [p. 5]
Además, el consultor Mackey describió con todo detalle la manera como
las autoridades le negaron acceso a mucha información que consideraba
indispensable. Por ejemplo:
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
214
En los casos en que los bancos habían sido intervenidos estaba claro que nuestro
alcance se extendería a todo el banco ya que Fobaproa era responsable de
todos los pasivos en el banco intervenido. En este contexto surgieron dos situaciones.
Primero, en los casos en donde solamente se emprendió de facto una
intervención administrativa, los interventores tomaron la postura de que no
había ocurrido ninguna intervención y se negó el acceso a todos los aspectos
del banco excepto a aquellos relacionados con los programas del Fobaproa.
Segundo, en los casos en donde sí se había emprendido una intervención gerencial,
los interventores adoptaron la postura de que las cuentas de los fideicomisos
en los bancos intervenidos no eran parte de los bancos, resultando esto, en
que se negó acceso a la información relacionada con todas las cuentas de los
fideicomisos. [p. 17]
Además de la crítica al gobierno por la forma como realizó la privatización
de los bancos, a una supervisión inadecuada y al cúmulo de fallas que
propiciaron y permitieron un crecimiento excesivo en el costo del rescate
bancario, Mackey incluyó al final de su informe un apartado (el número VII)
denominado “Transacciones reportables”. En él se analizaron los créditos
que, según la evaluación de ese consultor, deberían ser revisados por las
autoridades, ya que contenían todo tipo de irregularidades.
Las operaciones consideradas como reportables ascendieron a 73 775
millones de pesos, valuados a la fecha en que cada crédito fue adquirido por
el Fobaproa, es decir, al valor que tenía cada uno en el momento en que ese
fondo los compró. Contra esos créditos, el Fobaproa emitió pagarés por un
valor original similar a esos préstamos, el cual se ha ido incrementando al
capitalizarse, es decir, al incorporarse al valor del pagaré los intereses que
se han acumulado desde la fecha de la emisión.
Los créditos reportables fueron clasificados por Mackey en tres grandes
grupos:
A) “Transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales
establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el
Fobaproa.”
B) “Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a
partes con las que tenían alguna relación o afiliación.”
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
215
C) “Las transacciones que hayan sido revisadas o estén siendo revisadas
por la CNBV y/o ciertos bancos, mismas que se determinó que eran
ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos
que gobiernan a las instituciones financieras mexicanas.”
Los créditos clasificadas en la parte “A”, a su vez, se subdividieron en
dos partes:
A(a) “Identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa.”
A(b) “Identificados por los despachos contratados que no fueron acordados
entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa.”
Hasta 1995, la cartera que compraba el Fobaproa a los bancos tenía que
reunir una serie de características, como existencia de garantías, que no
fueran créditos relacionados, etcétera. A partir de 1996, los responsables de
administrar ese fondo decidieron flexibilizar las reglas, aceptando todo tipo
de créditos. Este cambio, realizado a espaldas de la nación, es uno de los
factores que explican que el costo fiscal del rescate bancario haya crecido
de menos de 5 a más de 20 por ciento del producto interno bruto.
Las operaciones que fueron transferidas al Fobaproa, al amparo de ese
cambio en las reglas, son las que Mackey clasificó dentro del grupo A. Los
créditos del grupo B corresponden a autopréstamos de banqueros y créditos
otorgados a personas directamente relacionadas con ellos. Como dice Mackey
en su reporte, esos créditos normalmente se otorgaron sin investigar la
capacidad de pago de los beneficiarios, y sin exigir garantías suficientes. Los
créditos del grupo C son los declarados ilegales por las propias autoridades
y, supuestamente, sujetos a investigación criminal.
Aquí es muy importante enfatizar que en ningún momento Mackey se pronunció
sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas. En palabras
del consultor “[…] no podemos emitir opinión alguna en cuanto a si las transacciones
reportables descritas en esta sección son ilegales”. Lo único que hizo
Mackey fue llamar la atención sobre los créditos que presentaban irregularidades,
y sugerir que se investigaran para determinar si eran o no ilegales.
En septiembre de 1999, Mackey entregó a los diputados dos anexos
de su reporte. El primero, de 76 páginas, denominado “Lista consolidada
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
216
de operaciones reportables”, incluyó una relación detallada, banco por
banco, de los 2 407 créditos que el consultor recomendaba investigar.
Cada crédito fue identificado por un número, y se estipularon las razones
que obligaban a reportarlo como irregular.
El otro anexo entregado por Mackey consistió en un disco compacto con
la lista de nombres de los beneficiarios de esos créditos. Sin embargo, ese
archivo incluyó un código de acceso consistente en cinco claves independientes,
de las cuales, se pidió al consultor que diera una a cada partido
representado en la Cámara. Es decir, para conocer el contenido de los nombres
de los beneficiarios de los créditos calificados por Mackey como irregulares,
se precisa un acuerdo entre los cinco partidos políticos.
En octubre de 1999, los diputados del PRD propusieron que se dieran a
conocer los nombres de los beneficiarios del quebranto bancario. Pero la
mayoría priista y panista aprobó un punto de acuerdo para mantener en
secreto esa lista y solicitar que el IPAB publicara, en marzo de 2000, los nombres
de los responsables de los créditos que hubiera considerado ilegales.
En el Informe de las Transacciones Reportables, enviado por el IPAB a la
Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2000, se comentó lo realizado hasta
ese momento respecto a los créditos irregulares detectados por Mackey, sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.
Respecto a las operaciones clasificadas en el grupo A, se informó que:
“La Junta de Gobierno, no ha considerado conveniente en este momento
iniciar alguna revisión de carácter legal y contable, teniendo en cuenta que
el informe de M. Mackey establece que estas transacciones fueron acordadas
por los bancos, la CNBV y el Fobaproa. Asimismo, el propio auditor no manifestó
que de dichas transacciones se desprenda alguna ilegalidad”.
Con esa excusa, el IPAB olvidó que Mackey no hizo ningún comentario
respecto a la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas, como se
dijo antes. Sólo llamó la atención sobre las mismas, para que las autoridades
las investigaran. Con esa posición, el IPAB está, de hecho, garantizando la
impunidad para los beneficiarios de estos créditos, basado en un argumento
totalmente falaz.
Respecto a los 700 millones de operaciones clasificadas en el grupo A(b),
el IPAB informó que los créditos otorgados por Atlántico y Promex se mantendrán
como deuda de ese instituto, ya que se trata de bancos intervenidos.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
217
Respecto a los otros préstamos, el IPAB optó por canjearlos por otros que
no tengan esos problemas. De nuevo, el IPAB decidió cargar a la población
el costo de esos créditos claramente ilegales.
A los autopréstamos de los banqueros, o créditos otorgados sin garantías
a gente directamente relacionada con ellos, que Mackey clasificó como
grupo B, el IPAB decidió revisarlos para identificar si hubo alguna ilegalidad
en su otorgamiento, pero agregando el entonces titular de ese organismo,
Vicente Corta, durante su comparecencia ante los diputados, que “el auditor
contratado por la Cámara de Diputados no indica que alguna de las
transacciones sea ilegal”. Así, de nuevo se recurre al mismo argumento
falaz aplicado al grupo A, para garantizar la impunidad de los beneficiarios
de estas operaciones.
Así, con el informe enviado por el IPAB, y con las declaraciones de su
titular, quedó claro que el Instituto, en lugar de investigar las operaciones
irregulares detectadas por Mackey, lo que hizo fue encubrirlas. Con algunas
excepciones menores, la verdadera labor de ese instituto ha sido ayudar
a garantizar la impunidad de este atentado contra la economía de la mayoría
de los mexicanos.
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear la Comisión
Investigadora del IPAB, con el fin de revisar cómo estaba cumpliendo las
obligaciones de ley. La participación de los legisladores del PRD se enfrentó
con las actitudes de encubrimiento por parte de los diputados del PRI y del
PAN. Un punto elemental como era el conocimiento de los nombre de los
beneficiarios incluidos en la lista de operaciones reportables de Mackey,
nunca se pudo acordar.
Cuando el archivo electrónico de las operaciones reportables estuvo
a disposición del PRD, durante el periodo en que se tuvo la presidencia
de la Comisión Investigadora del IPAB, se intentó abrirlo, usando las claves
de acceso de todos los partidos, con excepción de la del PRI, partido
que la seguía manteniendo oculta, esperando volver a ganar las elecciones
presidenciales ese año. La verdad es que el equipo técnico encargado de
la tarea de abrir ese archivo no pudo hacerlo. Finalmente, días después
de la victoria de Fox, se pudo conocer la clave que faltaba, abrir el famoso
archivo, y dar a conocer el listado de nombres de beneficiarios del
desfalco, identificados por Mackey.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
218
■ LA GRAN TAREA PENDIENTE
Durante los últimos tres años, el IPAB se ha concentrado en concluir las
operaciones de saneamiento bancario que estaban pendientes, vendiendo
luego los bancos a nuevos inversionistas, en especial extranjeros. Paralelamente,
ha ido emitiendo bonos de deuda, cancelando las pasivos existentes,
sin dejar ningún vestigio de lo sucedido.
El único expediente pendiente ha sido el canje de los pagarés de capitalización
y compra de cartera (PCCC) por nuevos títulos del IPAB, según lo
señalado en el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario. Para desgracia de los mexicanos, el debate respecto al Fobaproa
se ha convertido en una discusión respecto al correcto cumplimiento de ese
artículo quinto transitorio, dejando todo lo demás como si ya hubiera sido
aclarado.
La Cámara de Diputados ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) que revise el cumplimiento de dicho ordenamiento. Así, la
ASF ha auditado las operaciones del Fobaproa y del IPAB, durante sus revisiones
a las cuentas públicas de 1999, 2000 y 2001. Los resultados de estas
interesantes auditorías sólo confirman lo dicho tanto por el auditor Mackey,
como por el análisis realizado por el PRD en 1998. Sin embargo, la ASF ha
ido declarando solventadas la mayoría de las observaciones que ha realizado,
sin transparentar cómo han podido justificar todo lo sucedido las
autoridades involucradas en el desfalco.
La última acción formal del Congreso de la Unión respecto al Fobaproa fue
el punto de acuerdo dado a conocer el 13 de agosto de 2003, donde se insta al
IPAB a que cumpla con lo estipulado en el citado artículo quinto transitorio,
como si todo lo demás ya estuviera concluido. Lo preocupante es que esa posición
fue avalada por todos los grupos parlamentarios, incluido el del PRD.
La actual legislatura debe retomar ese asunto. La posición del PRD debe
partir de una interpretación general sobre lo sucedido, enfatizando la necesidad
de realizar una investigación a fondo, como se planteó en 1998. No es
posible convalidar lo sucedido, ignorando los resultados del Informe de
Mackey, confirmados por las auditorías practicadas por la ASF.
El planteamiento básico debe ser el siguiente. La forma como se llevó a cabo
el rescate del sistema bancario durante el sexenio de Zedillo, constituye el mayor
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
219
fraude contra la mayoría de la población, registrado en la histo ria de México. La
esencia del asunto ha sido la apropiación de una gran can ti dad de rique za, por
parte de unos cuantos, despojando a la mayoría de la población, la cual tendrá
que pagar ese auténtico robo, durante muchos años.
La gran operación de despojo fue llevada a cabo por unas autoridades
ineptas y posiblemente corruptas, que instrumentaron, encubrieron y justificaron
esos actos, y ahora tratan de borrar todas las evidencias que haya.
Mediante la creación del IPAB, se ha tratado de “legalizar” el inmenso fraude.
Luego, trataron de que la investigación realizada por el consultor Michael
Mackey pasara como la auditoría prometida en la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, sin tomar en cuenta las recomendaciones de ese auditor
y echando tierra a lo demás.
El conocimiento de los nombres incluidos en la famosa lista de operaciones
reportables de Mackey ha permitido evidenciar el grado de
complicidad entre las autoridades, los banqueros y los grandes deudores
beneficiarios del desfalco. La impunidad ha sido la regla, quedando los
casos sujetos a verdadera investigación como una excepción.
A pesar de que la lista de Mackey incluye a muchos de los grandes beneficiarios,
el conocimiento de lo sucedido en bancos como Serfín o Inverlat
permite afirmar que las principales operaciones realizadas al amparo del
Fobaproa, no fueron siquiera conocidas por ese consultor, ya que las autoridades
seleccionaron la información que podía revisar.
Los mayores saqueadores se encuentran entre los propios banqueros y
muchos de los principales empresarios del país, los cuales han quedado
encubiertos, con la complicidad de las autoridades. Las auditorías encargadas
por la Cámara de Diputados no se concluyeron. Ese examen es todavía
una asignatura pendiente.
La principal tarea es exigir la constitución de una Comisión Nacional de
Transparencia, que investigue a fondo lo sucedido, no sólo con el Fobaproa,
sino también con la banca de desarrollo, las cajas de ahorro y la forma como
se financió el rescate bancario, incluyendo el uso de los ingresos petroleros
hasta el grado de dejar a Pemex sin fondos para invertir, generando otra
deuda pública escondida a través de los pidiregas.
La labor fundamental de la Comisión propuesta deberá ser la evaluación
de lo realmente sucedido, la identificación de los principales responsables
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
220
del desfalco y la ubicación de los verdaderos beneficiarios. A partir de los
resultados que se obtengan, las autoridades judiciales deberán sancionar
a los responsables, y el Congreso de la Unión deberá expedir una legislación
de excepción para tratar de recuperar lo que se pueda, evitando la impunidad
para los que abusaron de la debilidad de las instituciones y contaron
con la complicidad de las autoridades corruptas.
Además de aclarar lo sucedido y castigar a los responsables, la tarea
será hacer un gran esfuerzo de recuperación de lo robado, para disminuir
en lo posible el costo que tendrá que pagar la población. La siguiente tarea
deberá ser concluir la revisión de la legislación, a la luz de lo sucedido,
con el fin de poner, de una vez por todas, las bases de un auténtico sistema
financiero moderno.
221
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta primera nota, se muestran los resultados respecto a las operaciones
reportadas por el auditor Michael Mackey, durante la revisión realizada,
entre 1998 y 1999, a los créditos incluidos en el Programa de
Capitalización y Compra de Cartera.
Como se puede recordar, las transacciones reportadas por Mackey se
clasificaron en cuatro grupos:
• Grupo A(a): créditos que no satisfacen los criterios originalmente
establecidos, pero que sí fueron acordados entre los bancos, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Fobaproa
• Grupo A(b): créditos que no satisfacen los criterios originalmente
establecidos, pero que no fueron acordados entre los bancos, la CNBV
y el Fobaproa
• Grupo B: autopréstamos de los banqueros o créditos otorgados a
partes relacionadas
• Grupo C: créditos ya clasificados por las autoridades como ilegales
NOTA 1: LOS CRÉDITOS REPORTADOS
POR EL AUDITOR MACKEY DURANTE
SU REVISIÓN DE LOS PAGARÉS
DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA
DE CARTERA DEL FOBAPROA
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
222
Aunque Mackey reportó créditos por 73 775 millones de pesos, a valor
histórico, la parte referida a los actuales pagarés del PCCC sólo representa
9 810 millones. Además, los créditos reportados para el PCCC, sólo pertenecen
a los dos primeros grupos, correspondiendo 9 460 millones de pesos al
grupo A(a), y los restantes 350 millones al grupo A(b).
En el cuadro 1 se presenta un resumen de las transacciones reportadas
para los pagarés del PCCC, desglosadas por las características que hicieron
a Mackey llamar la atención sobre ellas. Todos los créditos incluidos en el
grupo A(a) son de difícil recuperación, pero fueron aceptados por el Comité
Técnico del Fobaproa. Esos créditos no pueden ser descontados del
PCCC, pero sí ameritan un fincamiento de responsabilidades a los funcionarios
públicos que los aceptaron, imponiendo de antemano un costo
fiscal totalmente injustificable. Los pocos créditos incluidos en el grupo
A(b) sí deben sustituirse o descontarse del PCCC, ya que no cumplían las
reglas establecidas y no fueron aceptados por el Comité Técnico del Fobaproa,
cuando flexibilizó sus propias reglas.
El valor actual de las operaciones reportables (marzo de 2004) se realizó
suponiendo una distribución uniforme entre los distintos PCCC de cada
banco, ya que Mackey no presenta un desglose en ese nivel. La estimación
es aproximada, y representa 35 999 millones de pesos para los créditos
ubicados en el grupo A(a), y 1 245 millones para las operaciones identificadas
en el grupo A(b).
En los siguientes cuadros se presenta la información, banco por banco.
Se puede apreciar que el banco con más créditos reportados es Banamex,
quedando Banorte con una cantidad muy pequeña.
Durante las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), se ha dado seguimiento a lo sucedido con estos créditos, indagando
cuánto se ha recuperado de los incluidos en el grupo A(a), y si se han
sustituido o descontado los existentes en el grupo A(b). Antes de que se
termine la conversión de los pagarés del PCCC en nuevos títulos del IPAB,
este asunto debe estar concluido.
NOTA 1: LOS CRÉDITOS REPORTADOS POR EL AUDITOR MACKEY DUR ANTE SU REVISIÓN...
223
CUADRO 1
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / TOTAL
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 61 976.2 223 025.0
Créditos reportables 9 810.1 36 244.7
Grupo A (a) 9 460.3 34 999.3
Descontados 4 463.5 16 777.3
En suspensión de pagos 1 810.4 6 548.5
En udis 462.9 1 814.3
Grado E (irrecuperables) 147.6 524.2
Menores 73.0 286.3
Relacionados 717.9 2 552.4
Otros 1 785.1 6 496.3
Grupo A (b) 349.8 1 245.4
En udis 4.8 18.8
Relacionados 24.6 87.2
Sin garantías 225.4 800.2
Otros 95.1 339.2
CUADRO 2
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BBVA-BANCOMER
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 27 264.0 97 729.9
Créditos reportables 2 635.5 9 481.8
Grupo A (a) 2 290.6 8 255.2
Descontados 265.9 1 011.4
En suspensión de pagos 1 457.4 5 182.7
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 147.1 522.2
Menores 0.0 0.0
Relacionados 235.2 835.2
Otros 185.0 703.7
Grupo A (b) 345.0 1 226.6
En udis 0.0 0.0
Relacionados 24.6 87.2
Sin garantías 225.4 800.2
Otros 95.1 339.2
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
224
CUADRO 3
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BANCOMER
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 23 600.0 83 792.1
Créditos reportables 2 145.4 7 617.1
Grupo A (a) 1 807.2 6 416.3
Descontados 0.0 0.0
En suspensión de pagos 1 424.8 5 058.9
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 147.1 522.2
Menores 0.0 0.0
Relacionados 235.2 835.2
Otros 0.0 0.0
Grupo A (b) 338.2 1 200.8
En udis 0.0 0.0
Relacionados 24.6 87.2
Sin garantías 225.4 800.2
Otros 88.3 313.4
CUADRO 4
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BBVA
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 3 664.0 13 937.8
Créditos reportables 490.2 1 864.7
Grupo A (a) 483.4 1 838.9
Descontados 265.9 1 011.4
En suspensión de pagos 32.5 123.7
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 0.0 0.0
Menores 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Otros 185.0 703.7
Grupo A (b) 6.8 25.8
En udis 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 6.8 25.8
NOTA 1: LOS CRÉDITOS REPORTADOS POR EL AUDITOR MACKEY DUR ANTE SU REVISIÓN...
225
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BANAMEX
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 22 952.9 82 461.1
Créditos reportables 4 070.1 14 622.2
Grupo A (a) 4 070.1 14 622.2
Descontados 2 103.3 7 556.4
En suspensión de pagos 54.5 195.7
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 0.0 0.0
Menores 0.0 0.0
Relacionados 447.3 1 607.0
Otros 1 465.0 5 263.1
Grupo A (b) 0.0 0.0
En udis 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BITAL
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 7 692.1 30 151.7
Créditos reportables 3 069.1 12 030.5
Grupo A (a) 3 064.3 12 011.7
Descontados 2 094.3 8 209.5
En suspensión de pagos 298.5 1 170.1
En udis 462.9 1 814.3
Grado E (irrecuperables) 0.5 2.0
Menores 73.0 286.3
Relacionados 0.0 0.0
Otros 135.1 529.5
Grupo A (b) 4.8 18.8
En udis 4.8 18.8
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
226
CUADRO 7
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BANORTE
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 4 067.1 12 682.2
Créditos reportables 35.4 110.3
Grupo A (a) 35.4 110.3
Descontados 0.0 0.0
En suspensión de pagos 0.0 0.0
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 0.0 0.0
Menores 0.0 0.0
Relacionados 35.4 110.3
Otros 0.0 0.0
Grupo A (b) 0.0 0.0
En udis 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0
227
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta segunda nota, se expone la información más detallada (pagaré
por pagaré) de las observaciones realizadas a los pagarés del Programa de
Capitalización y Compra de Cartera durante las revisiones que efectuó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de 2000,
2001 y 2002.
La base legal de estas revisiones se encuentra en el artículo décimo
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el cual señala lo siguiente:
“La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados
[ahora Auditoría Superior de la Federación] y la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo [ahora Secretaría de la Función Pública] ejercerán
directamente, respecto de las actividades a que se refieren los artículos
anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto a la fiscalización
y control correspondiente”.
Durante las revisiones a las cuentas públicas de 1998 y 1999, la Auditoría
efectuó varias observaciones a los pagarés del PCCC, pero en general. En la
revisión a la Cuenta Pública de 2000, por primera vez, la ASF revisó los créditos
incluidos en las carteras que amparan los dos pagarés en poder de Banamex.
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS
DURANTE LAS REVISIONES
EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA
DEL FOBAPROA (PAGARÉ POR PAGARÉ)
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
228
Para 2001, las revisiones incluyeron los pagarés en poder de Bancomer, dos de
Bital (ahora HSBC) y dos de Banorte, y de nuevo el primer pagaré de Banamex.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2002, la última efectuada, se incluyeron
los pagarés de BBV, y por tercera vez, el primer pagaré de Banamex.
A la fecha, la Auditoría Superior ha auditado la información en poder del
IPAB, respecto a las carteras que amparan casi todos los pagarés del PCCC.
Sólo faltan de auditar dos pagarés: el tramo III de Bital y el tramo III de Banorte.
Es importante enfatizar que las revisiones de la Auditoría se han basado
exclusivamente en la documentación que tiene el IPAB, ya que no le han
permitido revisar la situación de los fideicomisos que administran las carteras,
pues los bancos se han amparado para impedirlo. Por lo tanto, estas
auditorías pueden considerarse limitadas e incompletas.
Los créditos observados por la ASF alcanzan un valor histórico de 32 038
millones de pesos, con un valor actualizado a marzo de 2004, de 115 552 millones
de pesos. Este monto representa 52.9 por ciento del valor total de los
pagarés del PCCC.
Las observaciones se clasifican en cinco grupos de créditos: en litigio;
menores a 200 mil pesos; grado de riesgo E; relacionados; e intereses moratorios.
Todos estos tipos de crédito no reunían los requisitos existentes en
las bases originalmente acordadas para el PCCC. Por tanto, deberán sustituirse
o deducirse de los pagarés actuales, antes de realizar la conversión
en títulos del IPAB. La deducción es obligatoria si se considera que el banco
es responsable de la irregularidad.
Los créditos en litigio son los que tienen una demanda en curso, la cual, si
es perdida por el banco, significa una recuperación nula. Estos créditos estaban
excluidos del PCCC, ya que si se pierde la demanda, el valor total del crédito se
transformaría en costo fiscal. La Auditoría Superior de la Federación identificó
57 913 créditos en esta situación, con un valor histórico de 20 350 millones de
pesos, y un valor al mes de marzo de 2004, de 75 017 millones de pesos.
Los créditos menores a 200 mil pesos también fueron excluidos del
PCCC, debido a la dificultad para recuperarlos, ya que no es rentable in currir
en costos que luego resultan más elevados que el minúsculo valor de los
créditos. La Auditoría detectó 80 254 de estos créditos, con un valor original
de 2 587 millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 9 376
millones de pesos.
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
229
Los créditos con grado de riesgo E son los considerados irrecuperables,
por carecer de documentación suficiente, garantías o por cualquier otra
razón. Este tipo de préstamos no se podían incluir en el PCCC, porque la
recuperación esperada es nula. Durante sus revisiones, la Auditoría identificó
5 859 de estos créditos, con un valor histórico de 1 211 millones de
pesos, y un valor a marzo de 2004, de 3 804 millones de pesos.
Los créditos relacionados representan autopréstamos de los propios
banqueros o créditos otorgados a gente relacionada con ellos. Estas operaciones
se realizan frecuentemente sin solicitar garantías y, por tanto,
son difíciles de recuperar, además de que involucran un asunto ético. La
Auditoría Superior encontró 534 créditos de este tipo, con un valor original
de 4 157 millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 15 563
millones de pesos.
Los intereses moratorios son ilegales. Por ello, cuando un banco los
aplica para sancionar a prestatarios morosos, no los puede registrar en su
balance. Lo único que podía incluirse en el PCCC eran los intereses ordinarios
en mora, pero no estos intereses penales. La Auditoría Superior identificó un
monto, a valor original, de 3 732 millones de pesos, con un valor a marzo de
2004, de 14 285 millones de pesos.
En el cuadro 1 se presenta un resumen de las observaciones realizadas
durante las tres revisiones señaladas. En los siguientes 21 cuadros se presentan
los datos, banco por banco, y pagaré por pagaré, señalando el año
en que la ASF lo auditó. Para el primer pagaré de Banamex, se presentan tres
cuadros, uno para cada auditoría realizada.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
230
CUADRO 1
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE LOS BANCOS
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 61 976.2 223 025.0
Créditos no observados 29 938.1 104 980.2
% 48.3 47.1
Créditos observados 144 560 32 038.1 118 044.8
% 51.7 52.9
En litigio 57 913 20 350.4 75 016.8
Menores a 200 mil pesos 80 254 2 587.3 9 375.7
Grado de riesgo E 5 859 1 211.5 3 804.3
Créditos relacionados 534 4 156.7 15 563.4
Intereses moratorios 3 732.2 14 284.6
CUADRO 2
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BBVA-BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 27 264.0 97 729.9
Créditos no observados 11 613.1 39 864.4
% 42.6 40.8
Créditos observados 39 051 15 650.9 57 865.5
% 57.4 59.2
En litigio 19 709 11 825.9 43 348.9
Menores a 200 mil pesos 19 056 740.3 2 809.3
Grado de riesgo E 89 111.2 422.0
Créditos relacionados 197 1 191.9 4 523.6
Intereses moratorios 1 781.6 6 761.7
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
231
CUADRO 3
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 23 600.0 83 792.1
Créditos no observados 9 106.0 30 337.6
% 38.6 36.2
Créditos observados 31 659 14 494.0 53 454.5
% 61.4 63.8
En litigio 16 612 10 837.2 39 575.9
Menores a 200 mil pesos 14 761 572.1 2 171.3
Grado de riesgo E 89 111.2 422.0
Créditos relacionados 197 1 191.9 4 523.6
Intereses moratorios 1 781.6 6 761.7
CUADRO 4
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANCOMER-I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 15 600.0 59 206.3
Créditos no observados 3 258.6 12 367.3
% 20.9 20.9
Créditos observados 24 932 12 341.4 46 839.0
% 79.1 79.1
En litigio 9 885 8 684.6 32 960.5
Menores a 200 mil pesos 14 761 572.1 2 171.3
Grado de riesgo E 89 111.2 422.0
Créditos relacionados 197 1 191.9 4 523.6
Intereses moratorios 1 781.6 6 761.7
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
232
CUADRO 5
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANCOMER-II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 8 000.0 24 585.7
Créditos no observados 5 847.4 17 970.3
% 73.1 73.1
Créditos observados 6 727 2 152.6 6 615.4
% 26.9 26.9
En litigio 6 727 2 152.6 6 615.4
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 6
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BBV
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 3 664.0 13 937.8
Créditos no observados 2 507.1 9 526.8
% 68.4 68.4
Créditos observados 7 392 1 156.9 4 411.0
% 31.6 31.6
En litigio 3 097 988.7 3 773.0
Menores a 200 mil pesos 4 295 168.2 638.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
233
CUADRO 7
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BBV II Y III
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 3 564.0 13 515.7
Créditos no observados 2 462.4 9 338.1
% 69.1 69.1
Créditos observados 7 221 1 101.6 4 177.6
% 30.9 30.9
En litigio 2 944 933.7 3 540.8
Menores a 200 mil pesos 4 277 167.9 636.7
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 8
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BBV ATL AS
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 100.0 422.2
Créditos no observados 44.7 188.7
% 44.7 44.7
Créditos observados 171 55.3 233.5
% 55.3 55.3
En litigio 153 55.0 232.2
Menores a 200 mil pesos 18 0.3 1.3
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
234
CUADRO 9
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANAMEX
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 22 952.9 82 461.1
Créditos no observados 14 006.5 50 080.4
% 61.0 60.7
Créditos observados 29 569 8 946.4 32 380.7
% 39.0 39.3
En litigio 13 532 3 184.6 10 954.9
Menores a 200 mil pesos 10 199 476.2 1 843.1
Grado de riesgo E 5 750 1 097.8 3 373.8
Créditos relacionados 88 2 307.6 8 931.6
Intereses moratorios 1 880.2 7 277.3
CUADRO 10
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2000, 2001 Y 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 8 824.0 34 153.4
% 59.0 59.0
Créditos observados 13 593 6 128.9 23 721.9
% 41.0 41.0
En litigio 3 306 1 464.9 5 669.9
Menores a 200 mil pesos 10 199 476.2 1 843.1
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 88 2 307.6 8 931.6
Intereses moratorios 1 880.2 7 277.3
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
235
CUADRO 11
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2000
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 11 231.4 43 471.3
% 75.1 75.1
Créditos observados 3 372 3 721.5 14 404.1
% 24.9 24.9
En litigio 3 306 1 464.9 5 669.9
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 66 376.4 1 456.9
Intereses moratorios 1 880.2 7 277.3
CUADRO 12
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 13 021.7 50 400.6
% 87.1 87.1
Créditos observados 22 1 931.2 7 474.7
% 12.9 12.9
En litigio 0 0.0 0.0
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 22 1 931.2 7 474.7
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
236
CUADRO 13
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 14 476.7 56 032.2
% 96.8 96.8
Créditos observados 10 199 476.2 1 843.1
% 3.2 3.2
En litigio 0 0.0 0.0
Menores a 200 mil pesos 10 199 476.2 1 843.1
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
Nota: En los datos del IPAB no se consideran 267.8 millones observados a valor histórico
(1 036.5 a valor mar./04).
CUADRO 14
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2000
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 8 000.0 24 585.7
Créditos no observados 5 182.5 15 927.0
% 64.8 64.8
Créditos observados 15 976 2 817.5 8 658.8
% 35.2 35.2
En litigio 10 226 1 719.7 5 285.0
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 5 750 1 097.8 3 373.8
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
237
CUADRO 15
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BITAL
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 7 692.1 30 151.7
Créditos no observados 2 568.4 9 630.9
% 33.4 31.9
Créditos observados 17 391 5 123.7 20 520.8
% 66.6 68.1
En litigio 7 893 4 382.9 17 709.0
Menores a 200 mil pesos 9 360 579.5 2 180.9
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 138 90.9 385.3
Intereses moratorios 70.4 245.6
CUADRO 16
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BITAL I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 4 516.5 19 144.5
Créditos no observados 990.1 4 196.8
% 21.9 21.9
Créditos observados 7 173 3 526.4 14 947.7
% 78.1 78.1
En litigio 3 988 3 223.4 13 663.3
Menores a 200 mil pesos 3 047 212.1 899.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 138 90.9 385.3
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
238
CUADRO 17
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BITAL II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 3 000.0 10 467.3
Créditos no observados 1 402.7 4 894.2
% 46.8 46.8
Créditos observados 10 218 1 597.3 5 573.1
% 53.2 53.2
En litigio 3 905 1 159.5 4 045.6
Menores a 200 mil pesos 6 313 367.4 1 281.9
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 70.4 245.6
CUADRO 18
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BITAL III
(MILLONES DE PESOS)
NO AUDITADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 175.6 539.9
Créditos no observados 175.6 539.9
% 100.0 100.0
Créditos observados 0 0.0 0.0
% 0.0 0.0
En litigio 0.0
Menores a 200 mil pesos 0.0
Grado de riesgo E 0.0
Créditos relacionados 0.0
Intereses moratorios 0.0
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
239
CUADRO 19
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANORTE
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 4 067.1 12 682.2
Créditos no observados 1 750.0 5 404.5
% 43.0 42.6
Créditos observados 58 549 2 317.1 7 277.7
% 57.0 57.4
En litigio 16 779 957.0 3 004.1
Menores a 200 mil pesos 41 639 791.3 2 542.3
Grado de riesgo E 20 2.5 8.4
Créditos relacionados 111 566.3 1 722.9
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 20
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANORTE I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 1 600.1 4 494.1
Créditos no observados 638.2 1 792.4
% 39.9 39.9
Créditos observados 18 136 961.9 2 701.7
% 60.1 60.1
En litigio 7 597 400.4 1 124.6
Menores a 200 mil pesos 10 516 228.2 640.9
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 23 333.3 936.1
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
240
CUADRO 21
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANORTE II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 2 000.0 6 753.4
Créditos no observados 644.8 2 177.3
% 32.2 32.2
Créditos observados 40 413 1 355.2 4 576.1
% 67.8 67.8
En litigio 9 182 556.6 1 879.5
Menores a 200 mil pesos 31 123 563.1 1 901.4
Grado de riesgo E 20 2.5 8.4
Créditos relacionados 88 233.0 786.8
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 22
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANORTE III
(MILLONES DE PESOS)
NO AUDITADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN (NUEVO LEÓN)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 467.1 1 434.8
Créditos no observados 467.1 1 434.8
% 100.0 100.0
Créditos observados 0 0.0 0.0
% 0.0 0.0
En litigio 0.0
Menores a 200 mil pesos 0.0
Grado de riesgo E 0.0
Créditos relacionados 0.0
Intereses moratorios 0.0
241
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
Esta tercera nota contiene la información resumen de las observaciones
realizadas a los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
durante las revisiones que efectuó la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) a las cuentas públicas de 2000, 2001 y 2002.
La base legal de estas revisiones se encuentra en el artículo décimo
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el cual señala lo siguiente:
“La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados
[ahora Auditoría Superior de la Federación] y la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo [ahora Secretaría de la Función Pública] ejercerán
directamente, respecto de las actividades a que se refieren los artículos
anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto a la fiscalización
y control correspondiente”.
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS
DURANTE LAS REVISIONES
EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA
DEL FOBAPROA (CUADROS RESUMEN)
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
242
Durante las revisiones a las cuentas públicas de 1998 y 1999, la Auditoría
Superior efectuó varias observaciones a los pagarés del PCCC, pero en general.
En la revisión a la Cuenta Pública de 2000, por primera vez, la Auditoría
revisó los créditos incluidos en las carteras que amparan los dos pagarés
en poder de Banamex. Para 2001, las revisiones incluyeron los pagarés en
poder de Bancomer, dos de Bital (ahora HSBC) y dos de Banorte, y de nuevo
el primer pagaré de Banamex. En la revisión de la Cuenta Pública de 2002,
la última efectuada, se incluyeron los pagarés de BBV, y por tercera vez, el
primer pagaré de Banamex.
A la fecha, la Auditoría Superior ha auditado la información en poder
del IPAB, respecto a las carteras que amparan casi todos los pagarés del
PCCC. Sólo faltan de auditar dos pagarés: el tramo III de Bital y el tramo III
de Banorte. Es importante enfatizar que las revisiones de la Auditoría se
han basado exclusivamente en la documentación que tiene el IPAB, ya que
no le han permitido revisar la situación de los fideicomisos que administran
las carteras, pues los bancos se han amparado para impedirlo. Por lo tanto,
estas auditorías pueden considerarse limitadas e incompletas.
Los créditos observados por la ASF alcanzan un valor histórico de 32 038
millo nes de pesos, con un valor actualizado a marzo de 2004, de 118 045 millones
de pesos. Este monto representa 52.9 por ciento del valor total de los
pagarés del PCCC.
Las observaciones se clasifican en cinco grupos de créditos: en litigio;
menores a 200 mil pesos; grado de riesgo E; relacionados; e intereses moratorios.
Todos estos tipos de crédito no reunían los requisitos existentes en
las bases originalmente acordadas para el PCCC. Por tanto, deberán sustituirse
o deducirse de los pagarés actuales, antes de realizar la conversión
en títulos del IPAB. La deducción es obligatoria si se considera que el banco
es responsable de la irregularidad.
Los créditos en litigio son los que tienen una demanda en curso, la cual,
si es perdida por el banco, significa una recuperación nula. Estos créditos
estaban excluidos del PCCC, ya que si se pierde la demanda, el valor total del
crédito se transformaría en costo fiscal. La Auditoría Superior de la Federación
identificó 57 913 créditos en esta situación, con un valor histórico de
20 350 millones de pesos, y un valor al mes de marzo de 2004, de 75 017
millones de pesos.
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
243
Los créditos menores a 200 mil pesos también fueron excluidos del PCCC,
debido a la dificultad para recuperarlos, ya que no es rentable incurrir en
costos que luego resultan más elevados que el minúsculo valor de los créditos.
La Auditoría detectó 80 254 de estos créditos, con un valor original de 2 587
millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 9 376 millones de pesos.
Los créditos con grado de riesgo E son los considerados irrecuperables,
por carecer de documentación suficiente, garantías o por cualquier otra razón.
Este tipo de préstamos no se podían incluir en el PCCC, porque la re cu pera ción
es perada es nula. Durante sus revisiones, la Auditoría identificó 5 859 de estos
créditos, con un valor histórico de 1 211 millones de pesos, y un valor a marzo
de 2004, de 3 804 millones de pesos.
Los créditos relacionados representan autopréstamos de los propios
banqueros o créditos otorgados a gente relacionada con ellos. Estas operaciones
se realizan frecuentemente sin solicitar garantías y, por tanto,
son difíciles de recuperar, además de que involucran un asunto ético. La
Auditoría Superior encontró 534 créditos de este tipo, con un valor original
de 4 157 millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 15 563
millones de pesos.
Los intereses moratorios son ilegales. Por ello, cuando un banco los
aplica para sancionar a prestatarios morosos, no los puede registrar en su
balance. Lo único que podía incluirse en el PCCC eran los intereses ordinarios
en mora, pero no estos intereses penales. La ASF identificó un monto, a valor
original, de 3 732 millones de pesos, con un valor a marzo de 2004, de 14 285
millones de pesos.
En el cuadro 1 se presenta un resumen de los pagarés del PCCC, identificando
para cada pagaré su valor histórico y su valor a marzo de 2004. En el
cuadro 2 se incluye la información de los créditos no observados por la ASF.
En el cuadro 3 se muestra un resumen de las observaciones realizadas durante
las tres revisiones señaladas. En el cuadro 4 se aprecia la importancia
relativa de las observaciones realizadas, respecto al valor de cada pagaré.
Los siguientes cuadros tienen la información detallada de las observaciones
para los cinco tipos de créditos antes señalados.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
244
CUADRO 1
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 61 976.2 223 025.0
BBVA-Bancomer 27 264.0 97 729.9
Bancomer 23 600.0 83 792.1
Tramo I 15 600.0 59 206.3
Tramo II 8 000.0 24 585.7
BBV 3 664.0 13 937.8
Tramos II y III 3 564.0 13 515.7
Tramo Atlas 100.0 422.2
Banamex 22 952.9 82 461.1
Tramo I 14 952.9 57 875.4
Tramo II 8 000.0 24 585.7
Bital (HSBC) 7 692.1 30 151.7
Tramo I 4 516.5 19 144.5
Tramo II 3 000.0 10 467.3
Tramo III 175.6 539.9
Banorte 4 067.1 12 682.2
Tramo I 1 600.1 4 494.1
Tramo II 2 000.0 6 753.4
Tramo III 467.1 1 434.8
CUADRO 2
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS NO OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (TOTAL)
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 29 938.1 104 980.2
BBVA-Bancomer 11 613.1 39 864.4
Bancomer 9 106.0 30 337.6
Tramo I 3 258.6 12 367.3
Tramo II 5 847.4 17 970.3
BBV 2 507.1 9 526.8
Tramos II y III 2 462.4 9 338.1
Tramo Atlas 44.7 188.7
Banamex 14 006.5 50 080.4
Tramo I 8 824.0 34 153.4
Tramo II 5 182.5 15 927.0
Bital (HSBC) 2 568.4 9 630.9
Tramo I 990.1 4 196.8
Tramo II 1 402.7 4 894.2
Tramo III 175.6 539.9
Banorte 1 750.0 5 404.5
Tramo I 638.2 1 792.4
Tramo II 644.8 2 177.3
Tramo III 467.1 1 434.8
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
245
CUADRO 3
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (TOTAL)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 144 560 32 038.1 118 044.8
BBVA-Bancomer 39 051 15 650.9 57 865.5
Bancomer 31 659 14 494.0 53 454.5
Tramo I 24 932 12 341.4 46 839.0
Tramo II 6 727 2 152.6 6 615.4
BBV 7 392 1 156.9 4 411.0
Tramos II y III 7 221 1 101.6 4 177.6
Tramo Atlas 171 55.3 233.5
Banamex 29 569 8 946.4 32 380.7
Tramo I 13 593 6 128.9 23 721.9
Tramo II 15 976 2 817.5 8 658.8
Bital (HSBC) 17 391 5 123.7 20 520.8
Tramo I 7 173 3 526.4 14 947.7
Tramo II 10 218 1 597.3 5 573.1
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 58 549 2 317.1 7 277.7
Tramo I 18 136 961.9 2 701.7
Tramo II 40 413 1 355.2 4 576.1
Tramo III 0 0.0 0.0
CUADRO 4
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Valor
Marzo 2004 Observados %
Total 223 025.0 118 044.8 52.9
BBVA-Bancomer 97 729.9 57 865.5 59.2
Bancomer 83 792.1 53 454.5 63.8
Tramo I 59 206.3 46 839.0 79.1
Tramo II 24 585.7 6 615.4 26.9
BBV 13 937.8 4 411.0 31.6
Tramos II y III 13 515.7 4 177.6 30.9
Tramo Atlas 422.2 233.5 55.3
Banamex 82 461.1 32 380.7 39.3
Tramo I 57 875.4 23 721.9 41.0
Tramo II 24 585.7 8 658.8 35.2
Bital (HSBC) 30 151.7 20 520.8 68.1
Tramo I 19 144.5 14 947.7 78.1
Tramo II 10 467.3 5 573.1 53.2
Tramo III 539.9 0.0 0.0
Banorte 12 682.2 7 277.7 57.4
Tramo I 4 494.1 2 701.7 60.1
Tramo II 6 753.4 4 576.1 67.8
Tramo III 1 434.8 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
246
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (EN LITIGIO)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 57 913 20 350.4 75 016.8
BBVA-Bancomer 19 709 11 825.9 43 348.9
Bancomer 16 612 10 837.2 39 575.9
Tramo I 9 885 8 684.6 32 960.5
Tramo II 6 727 2 152.6 6 615.4
BBV 3 097 988.7 3 773.0
Tramos II y III 2 944 933.7 3 540.8
Tramo Atlas 153 55.0 232.2
Banamex 13 532 3 184.6 10 954.9
Tramo I 3 306 1 464.9 5 669.9
Tramo II 10 226 1 719.7 5 285.0
Bital (HSBC) 7 893 4 382.9 17 709.0
Tramo I 3 988 3 223.4 13 663.3
Tramo II 3 905 1 159.5 4 045.6
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 16 779 957.0 3 004.1
Tramo I 7 597 400.4 1 124.6
Tramo II 9 182 556.6 1 879.5
Tramo III 0 0.0 0.0
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (MENORES A 200 MIL PESOS)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 80 254 2 587.3 9 375.7
BBVA-Bancomer 19 056 740.3 2 809.3
Bancomer 14 761 572.1 2 171.3
Tramo I 14 761 572.1 2 171.3
Tramo II 0 0.0 0.0
BBV 4 295 168.2 638.0
Tramos II y III 4 277 167.9 636.7
Tramo Atlas 18 0.3 1.3
Banamex 10 199 476.2 1 843.1
Tramo I 10 199 476.2 1 843.1
Tramo II 0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 9 360 579.5 2 180.9
Tramo I 3 047 212.1 899.0
Tramo II 6 313 367.4 1 281.9
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 41 639 791.3 2 542.3
Tramo I 10 516 228.2 640.9
Tramo II 31 123 563.1 1 901.4
Tramo III 0 0.0 0.0
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
247
CUADRO 7
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (GRADO DE RIESGO E)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 5 859 1 211.5 3 804.3
BBVA-Bancomer 89 111.2 422.0
Bancomer 89 111.2 422.0
Tramo I 89 111.2 422.0
Tramo II 0 0.0 0.0
BBV 0 0.0 0.0
Tramos II y III 0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0 0.0 0.0
Banamex 5 750 1 097.8 3 373.8
Tramo I 0 0.0 0.0
Tramo II 5 750 1 097.8 3 373.8
Bital (HSBC) 0 0.0 0.0
Tramo I 0 0.0 0.0
Tramo II 0 0.0 0.0
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 20 2.5 8.4
Tramo I 0 0.0 0.0
Tramo II 20 2.5 8.4
Tramo III 0 0.0 0.0
CUADRO 8
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (RELACIONADOS)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 534 4 156.7 15 563.4
BBVA-Bancomer 197 1 191.9 4 523.6
Bancomer 197 1 191.9 4 523.6
Tramo I 197 1 191.9 4 523.6
Tramo II 0 0.0 0.0
BBV 0 0.0 0.0
Tramos II y III 0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0 0.0 0.0
Banamex 88 2 307.6 8 931.6
Tramo I 88 2 307.6 8 931.6
Tramo II 0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 138 90.9 385.3
Tramo I 138 90.9 385.3
Tramo II 0 0.0 0.0
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 111 566.3 1 722.9
Tramo I 23 333.3 936.1
Tramo II 88 233.0 786.8
Tramo III 0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
248
CUADRO 9
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(INTERESES MORATORIOS)
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 3 732.2 14 284.6
BBVA-Bancomer 1 781.6 6 761.7
Bancomer 1 781.6 6 761.7
Tramo I 1 781.6 6 761.7
Tramo II 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0
Banamex 1 880.2 7 277.3
Tramo I 1 880.2 7 277.3
Tramo II 0.0 0.0
Bital (HSBC) 70.4 245.6
Tramo I 0.0 0.0
Tramo II 70.4 245.6
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0
249
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
Esta cuarta nota se refiere a la solventación llevada a cabo hasta la fecha,
de las observaciones efectuadas a los pagarés del Programa de Capitalización
y Compra de Cartera durante las revisiones de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) a las cuentas públicas de 2000, 2001 y 2002.
Como se puede recordar, cuando la ASF realiza una auditoría, al encontrar
posibles irregularidades, efectúa observaciones sobre las mismas. La ley
señala un tiempo, durante el cual, el auditado puede responder y justificar
las observaciones recibidas. A ese proceso se le denomina solventación, ya
que puede presentar al auditor documentos que prueben que no se incurrió
en ninguna ilegalidad. Si la respuesta es suficiente, el auditor declara solventada
la observación, retirándola. En caso de que una observación no sea
solventada, el procedimiento siguiente es la sanción por la falta incurrida.
Es importante no olvidar que la Auditoria efectúa sus observaciones con
base en la legislación vigente, independientemente de que esa legislación sea
o no correcta. Es posible que el auditor declare solventadas observaciones
sobre hechos realmente inmorales, siempre que sean “legales”. El caso más
generalizado respecto a las operaciones del Fobaproa es la discrecionalidad
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA
DE CARTERA DEL FOBAPROA
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
250
que tenían los funcionarios encargados del rescate bancario, según la legislación
entonces vigente, la cual les permitió autorizar muchas operaciones
realmente inmorales, sin incurrir formalmente en ninguna ilegalidad.
La Auditoría Superior de la Federación observó los créditos incluidos
en las carteras amparadas por los pagarés del PCCC, que no reunían las
características señaladas en las bases originales. Sin embargo, el Comité
Técnico del Fobaproa “flexibilizó” esas bases, haciendo “legal” la inclusión
de muchos de esos créditos. El proceso de solventación de las observaciones
exige que se muestre la documentación que pruebe que esas opera
ciones fueron autorizadas.
Uno de los casos más escandalosos es el referido a los créditos relacionados.
Para decirlo de manera coloquial, los banqueros se autoprestaron
millones de pesos, que luego no se pagaron, y los incluyeron en los pagarés
del PCCC, para que el pueblo mexicano sea quien los pague. La Auditoría
observó un monto de 15 563 millones de pesos por créditos de este tipo
(cuadro 11). Como el IPAB entregó documentos que probaban que el Comité
Técnico del Fobaproa había autorizado la inclusión de 6 086 millones de ese
monto, esa parte quedó solventada. Los restantes 9 477 millones, correspondientes
a los autopréstamos que no reunieron esa formalidad, y por
tanto no fueron solventados, han tenido que deducirse del valor de los pagarés,
para poder convertirse en nuevos títulos del IPAB.
Los montos observados por la Auditoría ascienden a 32 038 millones
de pesos, a valor original, y 118 044 millones, a valor de marzo de 2004. A
la fecha, se ha solventado un monto, a valor histórico, de 4 559 millones
de pesos, y de 16 447 millones a valor de marzo de 2004. Quedan sin solventar
27 479 millones de pesos, a valor original, y 101 600 millones a valor
de marzo de 2004.
Los cuadros están agrupados en tres partes. En la primera (cuadros 1
a 6) se presentan, con todo detalle, los montos observados, a valor histórico,
incluyendo el detalle por cada uno de los cinco tipos de créditos
presuntamente irregulares. En la segunda parte (cuadros 7 al 12) se muestra
la misma información, pero a valor del mes de marzo de 2004. En la
tercera parte (cuadros 13 al 16) se calculan, para ambos valores, los descuentos
realizados para iniciar el proceso de conversión de los pagarés
del PCCC en títulos del IPAB. Los últimos dos cuadros muestran el valor
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
251
límite que podrían alcanzar los pagarés si se hiciera el descuento de las
observaciones no solventadas.
Los datos agregados por banco son exactos. La distribución de algunos
conceptos es estimada, debido a que no se dispone de la información desglosada.
En todo caso, se considera que el posible margen de error, que no
afecta a los totales, es reducido.
Los últimos dos cuadros sintetizan toda la problemática. En el cuadro
15 se aprecian los descuentos realizados para iniciar el proceso de conversión
de los pagarés. Así, de los 223 025 millones de pesos, quedan 213 548
millones, después de descontar los tan publicitados 9 477 millones de pesos
de créditos relacionados que no pudieron ser solventados. Deduciendo a
esos 213 548 millones la recuperación efectuada, la participación en pérdidas
de los bancos, y la reposición de reservas faltantes, se llega a la hoy
famosa cifra de 107 206 millones de pesos de costo fiscal.
En el cuadro 16 se presenta lo que sucedería, de manera límite, si las
autoridades que están realizando la conversión de los pagarés buscaran
reducir el costo fiscal al máximo. Deduciendo de los pagarés el valor de las
observaciones no solventadas por la Auditoría Superior de la Federación,
se llegaría a un valor base para iniciar la conversión, de sólo 121 425 millones
de pesos. Con ese monto, el costo fiscal final se reduciría de los 107 206
millones tan festinados, a sólo 46 011 millones de pesos, como se explica
en la nota 6.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
252
CUADRO 1
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (TOTAL)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 32 038.1 4 559.3 27 478.8
BBVA-Bancomer 15 650.9 2 242.1 13 408.8
Bancomer 14 494.0 2 242.1 12 251.9
Tramo I 12 341.4 2 242.1 10 099.3
Tramo II 2 152.6 0.0 2 152.6
BBV 1 156.9 0.0 1 156.9
Tramos II y III 1 101.6 0.0 1 101.6
Tramo Atlas 55.3 0.0 55.3
Banamex 8 946.4 1 474.2 7 472.2
Tramo I 6 128.9 819.0 5 309.9
Tramo II 2 817.5 655.2 2 162.3
Bital (HSBC) 5 123.7 238.7 4 885.0
Tramo I 3 526.4 90.3 3 436.1
Tramo II 1 597.3 148.4 1 448.9
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 2 317.1 604.3 1 712.8
Tramo I 961.9 333.3 628.6
Tramo II 1 355.2 271.0 1 084.2
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 2
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (EN LITIGIO)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 20 350.4 0.0 20 350.4
BBVA-Bancomer 11 825.9 0.0 11 825.9
Bancomer 10 837.2 0.0 10 837.2
Tramo I 8 684.6 0.0 8 684.6
Tramo II 2 152.6 0.0 2 152.6
BBV 988.7 0.0 988.7
Tramos II y III 933.7 0.0 933.7
Tramo Atlas 55.0 0.0 55.0
Banamex 3 184.6 0.0 3 184.6
Tramo I 1 464.9 0.0 1 464.9
Tramo II 1 719.7 0.0 1 719.7
Bital (HSBC) 4 382.9 0.0 4 382.9
Tramo I 3 223.4 0.0 3 223.4
Tramo II 1 159.5 0.0 1 159.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 957.0 0.0 957.0
Tramo I 400.4 0.0 400.4
Tramo II 556.6 0.0 556.6
Tramo III 0.0 0.0 0.0
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
253
CUADRO 3
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (MENORES A 200 MIL PESOS)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 2 587.3 358.1 2 229.2
BBVA-Bancomer 740.3 128.5 611.8
Bancomer 572.1 128.5 443.6
Tramo I 572.1 128.5 443.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 168.2 0.0 168.2
Tramos II y III 167.9 0.0 167.9
Tramo Atlas 0.3 0.0 0.3
Banamex 476.2 116.2 360.0
Tramo I 476.2 116.2 360.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 579.5 78.0 501.5
Tramo I 212.1 0.0 212.1
Tramo II 367.4 78.0 289.4
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 791.3 35.5 755.8
Tramo I 228.2 0.0 228.2
Tramo II 563.1 35.5 527.6
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 4
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (GRADO DE RIESGO E)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 1 211.5 657.7 553.8
BBVA-Bancomer 111.2 0.0 111.2
Bancomer 111.2 0.0 111.2
Tramo I 111.2 0.0 111.2
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 1 097.8 655.2 442.6
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 1 097.8 655.2 442.6
Bital (HSBC) 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 2.5 2.5 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 2.5 2.5 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
254
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (RELACIONADOS)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 4 156.7 1 691.5 2 465.2
BBVA-Bancomer 1 191.9 332.0 859.9
Bancomer 1 191.9 332.0 859.9
Tramo I 1 191.9 332.0 859.9
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 2 307.6 702.8 1 604.8
Tramo I 2 307.6 702.8 1 604.8
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 90.9 90.3 0.6
Tramo I 90.9 90.3 0.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 566.3 566.3 0.0
Tramo I 333.3 333.3 0.0
Tramo II 233.0 233.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (INTERESES MORATORIOS)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 3 732.2 1 852.0 1 880.2
BBVA-Bancomer 1 781.6 1 781.6 0.0
Bancomer 1 781.6 1 781.6 0.0
Tramo I 1 781.6 1 781.6 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 1 880.2 0.0 1 880.2
Tramo I 1 880.2 0.0 1 880.2
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 70.4 70.4 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 70.4 70.4 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
255
CUADRO 7
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (TOTAL)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 118 044.8 16 444.6 101 600.2
BBVA-Bancomer 57 865.5 8 509.4 49 356.1
Bancomer 53 454.5 8 509.4 44 945.1
Tramo I 46 839.0 8 509.4 38 329.6
Tramo II 6 615.4 0.0 6 615.4
BBV 4 411.0 0.0 4 411.0
Tramos II y III 4 177.6 0.0 4 177.6
Tramo Atlas 233.5 0.0 233.5
Banamex 32 380.7 5 183.5 27 197.2
Tramo I 23 721.9 3 170.0 20 551.9
Tramo II 8 658.8 2 013.6 6 645.2
Bital (HSBC) 20 520.8 900.5 19 620.3
Tramo I 14 947.7 382.8 14 564.9
Tramo II 5 573.1 517.7 5 055.4
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 277.7 1 851.2 5 426.5
Tramo I 2 701.7 936.1 1 765.6
Tramo II 4 576.1 915.1 3 661.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 8
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (EN LITIGIO)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 75 016.8 0.0 75 016.8
BBVA-Bancomer 43 348.9 0.0 43 348.9
Bancomer 39 575.9 0.0 39 575.9
Tramo I 32 960.5 0.0 32 960.5
Tramo II 6 615.4 0.0 6 615.4
BBV 3 773.0 0.0 3 773.0
Tramos II y III 3 540.8 0.0 3 540.8
Tramo Atlas 232.2 0.0 232.2
Banamex 10 954.9 0.0 10 954.9
Tramo I 5 669.9 0.0 5 669.9
Tramo II 5 285.0 0.0 5 285.0
Bital (HSBC) 17 709.0 0.0 17 709.0
Tramo I 13 663.3 0.0 13 663.3
Tramo II 4 045.6 0.0 4 045.6
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 3 004.1 0.0 3 004.1
Tramo I 1 124.6 0.0 1 124.6
Tramo II 1 879.5 0.0 1 879.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
256
CUADRO 9
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (MENORES A 200 MIL PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 9 375.7 1 329.2 8 046.5
BBVA-Bancomer 2 809.3 487.7 2 321.6
Bancomer 2 171.3 487.7 1 683.6
Tramo I 2 171.3 487.7 1 683.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 638.0 0.0 638.0
Tramos II y III 636.7 0.0 636.7
Tramo Atlas 1.3 0.0 1.3
Banamex 1 843.1 449.6 1 393.5
Tramo I 1 843.1 449.6 1 393.5
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 2 180.9 272.1 1 908.8
Tramo I 899.0 0.0 899.0
Tramo II 1 281.9 272.1 1 009.8
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 2 542.3 119.9 2 422.5
Tramo I 640.9 0.0 640.9
Tramo II 1 901.4 119.9 1 781.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 10
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (GRADO DE RIESGO E)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 3 804.3 2 022.0 1 782.3
BBVA-Bancomer 422.0 0.0 422.0
Bancomer 422.0 0.0 422.0
Tramo I 422.0 0.0 422.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 3 373.8 2 013.6 1 360.2
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 3 373.8 2 013.6 1 360.2
Bital (HSBC) 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 8.4 8.4 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 8.4 8.4 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
257
CUADRO 11
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (RELACIONADOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 15 563.4 6 086.1 9 477.3
BBVA-Bancomer 4 523.6 1 260.0 3 263.6
Bancomer 4 523.6 1 260.0 3 263.6
Tramo I 4 523.6 1 260.0 3 263.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 8 931.6 2 720.4 6 211.2
Tramo I 8 931.6 2 720.4 6 211.2
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 385.3 382.8 2.5
Tramo I 385.3 382.8 2.5
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 1 722.9 1 722.9 0.0
Tramo I 936.1 936.1 0.0
Tramo II 786.8 786.8 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 12
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (INTERESES MORATORIOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 14 284.6 7 007.3 7 277.3
BBVA-Bancomer 6 761.7 6 761.7 0.0
Bancomer 6 761.7 6 761.7 0.0
Tramo I 6 761.7 6 761.7 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 7 277.3 0.0 7 277.3
Tramo I 7 277.3 0.0 7 277.3
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 245.6 245.6 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 245.6 245.6 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
258
CUADRO 13
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR HISTÓRICO
Valor
total
Descuentos
relacionados
Valor
convenio
Total 61 976.2 2 465.2 59 511.0
BBVA-Bancomer 27 264.0 859.9 26 404.1
Bancomer 23 600.0 859.9 22 740.1
Tramo I 15 600.0 859.9 14 740.1
Tramo II 8 000.0 0.0 8 000.0
BBV 3 664.0 0.0 3 664.0
Tramos II y III 3 564.0 0.0 3 564.0
Tramo Atlas 100.0 0.0 100.0
Banamex 22 952.9 1 604.8 21 348.1
Tramo I 14 952.9 1 604.8 13 348.1
Tramo II 8 000.0 0.0 8 000.0
Bital (HSBC) 7 692.1 0.6 7 691.5
Tramo I 4 516.5 0.6 4 515.9
Tramo II 3 000.0 0.0 3 000.0
Tramo III 175.6 0.0 175.6
Banorte 4 067.1 0.0 4 067.1
Tramo I 1 600.1 0.0 1 600.1
Tramo II 2 000.0 0.0 2 000.0
Tramo III 467.1 0.0 467.1
CUADRO 14
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR HISTÓRICO
Valor convenio No solventadas Valor límite
Total 59 511.0 25 013.6 34 497.4
BBVA-Bancomer 26 404.1 12 548.9 13 855.2
Bancomer 22 740.1 11 392.0 11 348.1
Tramo I 14 740.1 9 239.4 5 500.7
Tramo II 8 000.0 2 152.6 5 847.4
BBV 3 664.0 1 156.9 2 507.1
Tramos II y III 3 564.0 1 101.6 2 462.4
Tramo Atlas 100.0 55.3 44.7
Banamex 21 348.1 5 867.4 15 480.7
Tramo I 13 348.1 3 705.1 9 643.0
Tramo II 8 000.0 2 162.3 5 837.7
Bital (HSBC) 7 691.5 4 884.4 2 807.1
Tramo I 4 515.9 3 435.5 1 080.4
Tramo II 3 000.0 1 448.9 1 551.1
Tramo III 175.6 0.0 175.6
Banorte 4 067.1 1 712.8 2 354.3
Tramo I 1 600.1 628.6 971.5
Tramo II 2 000.0 1 084.2 915.8
Tramo III 467.1 0.0 467.1
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
259
CUADRO 15
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Valor
total
Descuentos
relacionados
Valor
convenio
Total 223 025.0 9 477.3 213 547.7
BBVA-Bancomer 97 729.9 3 263.6 94 466.3
Bancomer 83 792.1 3 263.6 80 528.5
Tramo I 59 206.3 3 263.6 55 942.7
Tramo II 24 585.7 0.0 24 585.7
BBV 13 937.8 0.0 13 937.8
Tramos II y III 13 515.7 0.0 13 515.7
Tramo Atlas 422.2 0.0 422.2
Banamex 82 461.1 6 211.2 76 249.9
Tramo I 57 875.4 6 211.2 51 664.2
Tramo II 24 585.7 0.0 24 585.7
Bital (HSBC) 30 151.7 2.5 30 149.2
Tramo I 19 144.5 2.5 19 142.0
Tramo II 10 467.3 0.0 10 467.3
Tramo III 539.9 0.0 539.9
Banorte 12 682.2 0.0 12 682.2
Tramo I 4 494.1 0.0 4 494.1
Tramo II 6 753.4 0.0 6 753.4
Tramo III 1 434.8 0.0 1 434.8
CUADRO 16
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Valor convenio No solventadas Valor límite
Total 213 547.7 92 122.9 121 424.8
BBVA-Bancomer 94 466.3 46 092.5 48 373.8
Bancomer 80 528.5 41 681.5 38 847.0
Tramo I 55 942.7 35 066.1 20 876.6
Tramo II 24 585.7 6 615.4 17 970.3
BBV 13 937.8 4 411.0 9 526.8
Tramos II y III 13 515.7 4 177.6 9 338.1
Tramo Atlas 422.2 233.5 188.7
Banamex 76 249.9 20 986.0 55 263.9
Tramo I 51 664.2 14 340.8 37 323.4
Tramo II 24 585.7 6 645.2 17 940.5
Bital (HSBC) 30 149.2 19 617.9 10 531.3
Tramo I 19 142.0 14 562.4 4 579.6
Tramo II 10 467.3 5 055.5 5 411.8
Tramo III 539.9 0.0 539.9
Banorte 12 682.2 5 426.5 7 255.7
Tramo I 4 494.1 1 765.5 2 728.6
Tramo II 6 753.4 3 661.0 3 092.4
Tramo III 1 434.8 0.0 1 434.8
261
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta quinta nota se describe la manera como el IPAB calcula la reserva,
que incluye en sus estados financieros, para hacer frente a las pérdidas
esperadas cuando se conviertan los pagarés del Programa de Capitalización
y Compra de Cartera en títulos de deuda del IPAB.
En el cuadro 1 se presentan los valores estimados de los pagarés del PCCC,
incluidos en los estados financieros del IPAB, desde su creación en 1999. Ese
valor se ha incrementado de 163 925 millones de pesos a fines de 1999,
hasta los actuales 223 025 millones de pesos, en marzo de 2004. El cuadro
también contiene las estimaciones de las recuperaciones realizadas, de los
créditos amparados por esos pagarés. Por diferencia, se aprecia la cartera
no recuperada, es decir, la pérdida esperada.
En el cuadro 2 se describe cómo se distribuye la pérdida estimada en el
cuadro 1. A los bancos les corresponde una participación en las pérdidas (losssharing)
de alrededor de 25 por ciento, quedando el restante 75 por ciento para
ser enfrentado por el IPAB. Así, para marzo de 2004, la pérdida estimada en
167 467 millones de pesos, se distribuye entre 41 699 millones que deben absorber
los bancos, y los restantes 125 768 millones de pesos, para el IPAB.
NOTA 5: LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DEL IPAB
PARA ASUMIR LAS PÉRDIDAS ESPERADAS
POR LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA DEL FOBAPROA
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
262
En el cuadro 3 se muestra cómo se calcula el costo fiscal final en que se
incurrirá. En los convenios originales de los pagarés del PCCC se señalaba
que los créditos que se incluyeran deberían estar provisionados, es decir,
tenían que contar con las reservas que marca la ley. Como muchos créditos
no estuvieron provisionados, los bancos deben restituir esos montos, antes
de realizar la conversión de los pagarés. Con el fin de facilitar esa reposición
a los bancos, las autoridades crearon un mecanismo de incentivos consistente
en condonar parte de ese faltante, si la recuperación superaba 20 por
ciento. El monto que se incluye en el cuadro, es el cálculo neto del resultado
final de ese esquema.
Así, de los 125 768 millones de pesos de pérdidas que deberá asumir el
IPAB, a marzo de 2004, se deben deducir 14 271 millones de reposición de las
reservas faltantes, quedando el costo fiscal final en 111 497 millones de pesos.
Este es el valor que deben tener los nuevos títulos del IPAB, si no se hace
nada adi cional. Como puede verse, desde un principio, el IPAB sólo in clu yó
este cálculo al estimar sus pasivos.
En el cuadro 4 se presenta un resumen de los tres cuadros anteriores. En
los siguientes cuadros se incluyen los mismos cálculos, banco por banco.
NOTA 5: LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DEL IPAB PAR A ASUMIR LAS PÉRDIDAS ESPER ADAS POR LOS PAGARÉS...
263
CUADRO 1
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
RECUPERACIÓN DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 163 925 182 523 206 355 216 696 220 427 223 025
BBVA-Bancomer 72 867 80 863 91 054 95 345 96 687 97 730
Banamex 59 084 66 231 75 372 79 562 81 374 82 461
Bital 22 557 24 976 28 150 29 437 29 825 30 152
Banorte 9 417 10 453 11 779 12 352 12 541 12 682
Cartera recuperada 38 676 43 866 50 735 50 276 54 103 55 558
BBVA-Bancomer 14 804 16 600 19 331 18 538 19 857 20 423
Banamex 15 975 19 297 22 417 23 078 24 795 25 437
Bital 5 120 5 332 6 124 5 549 5 976 6 141
Banorte 2 777 2 637 2 863 3 111 3 475 3 557
Cartera no recuperada 125 249 138 657 155 620 166 420 166 324 167 467
BBVA-Bancomer 58 063 64 263 71 723 76 807 76 830 77 307
Banamex 43 109 46 934 52 955 56 484 56 579 57 024
Bital 17 437 19 644 22 026 23 888 23 849 24 011
Banorte 6 640 7 816 8 916 9 241 9 066 9 125
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 2
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
CARTERA NO RECUPERADA
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Cartera no recuperada 125 249 138 657 155 620 166 420 166 324 167 467
BBVA-Bancomer 58 063 64 263 71 723 76 807 76 830 77 307
Banamex 43 109 46 934 52 955 56 484 56 579 57 024
Bital 17 437 19 644 22 026 23 888 23 849 24 011
Banorte 6 640 7 816 8 916 9 241 9 066 9 125
Participación en las pérdidas
de los bancos (loss-sharing) 31 202 34 545 38 764 41 451 41 418 41 699
BBVA-Bancomer 14 527 16 078 17 945 19 217 19 222 19 342
Banamex 10 777 11 733 13 239 14 121 14 145 14 256
Bital 4 359 4 911 5 506 5 972 5 962 6 003
Banorte 1 539 1 823 2 074 2 141 2 089 2 098
Participación en las pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 94 047 104 112 116 856 124 969 124 906 125 768
BBVA-Bancomer 43 536 48 185 53 778 57 590 57 608 57 965
Banamex 32 332 35 201 39 716 42 363 42 434 42 768
Bital 13 078 14 733 16 520 17 916 17 887 18 008
Banorte 5 101 5 993 6 842 7 100 6 977 7 027
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
264
CUADRO 3
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / COSTO DEL IPAB)
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Participación en pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 94 047 104 112 116 856 124 969 124 906 125 768
BBVA-Bancomer 43 536 48 185 53 778 57 590 57 608 57 965
Banamex 32 332 35 201 39 716 42 363 42 434 42 768
Bital 13 078 14 733 16 520 17 916 17 887 18 008
Banorte 5 101 5 993 6 842 7 100 6 977 7 027
Reposición de reservas faltantes
(incentivos) 0 11 739 13 203 13 964 14 105 14 271
BBVA-Bancomer 0 7 691 8 654 9 073 9 194 9 294
Banamex 0 2 937 3 357 3 619 3 655 3 707
Bital 0 784 853 917 913 923
Banorte 0 327 339 355 343 347
Reserva para asumir el costo
pendiente (nuevos bonos IPAB) 94 047 92 373 103 653 111 005 110 801 111 497
BBVA-Bancomer 43 536 40 494 45 124 48 517 48 414 48 671
Banamex 32 332 32 264 36 359 38 744 38 779 39 061
Bital 13 078 13 949 15 667 16 999 16 974 17 085
Banorte 5 101 5 666 6 503 6 745 6 634 6 680
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 4
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / RESUMEN
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 163 925 182 523 206 355 216 696 220 427 223 025
Cartera recuperada 38 676 43 866 50 735 50 276 54 103 55 558
Cartera no recuperada 125 249 138 657 155 620 166 420 166 324 167 467
% 76.4 76.0 75.4 76.8 75.5 75.1
Participación de los bancos 31 202 34 545 38 764 41 451 41 418 41 699
% 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
Participación del IPAB 94 047 104 112 116 856 124 969 124 906 125 768
% 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1
Esquema de incentivos 0 11 739 13 203 13 964 14 105 14 271
% 0.0 11.3 11.3 11.2 11.3 11.3
Costo del IPAB (nuevos bonos) 94 047 92 373 103 653 111 005 110 801 111 497
% 57.4 50.6 50.2 51.2 50.3 50.0
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
NOTA 5: LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DEL IPAB PAR A ASUMIR LAS PÉRDIDAS ESPER ADAS POR LOS PAGARÉS...
265
CUADRO 5
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BBVA-BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 72 867 80 863 91 054 95 345 96 687 97 730
Cartera recuperada 14 804 16 600 19 331 18 538 19 857 20 423
Cartera no recuperada 58 063 64 263 71 723 76 807 76 830 77 307
% 79.7 79.5 78.8 80.6 79.5 79.1
Participación de los bancos 14 527 16 078 17 945 19 217 19 222 19 342
% 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Participación del IPAB 43 536 48 185 53 778 57 590 57 608 57 965
% 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Esquema de incentivos 0 7 691 8 654 9 073 9 194 9 294
% 0.0 16.0 16.1 15.8 16.0 16.0
Costo del IPAB (nuevos bonos) 43 536 40 494 45 124 48 517 48 414 48 671
% 59.7 50.1 49.6 50.9 50.1 49.8
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 6
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANAMEX
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 59 084 66 231 75 372 79 562 81 374 82 461
Cartera recuperada 15 975 19 297 22 417 23 078 24 795 25 437
Cartera no recuperada 43 109 46 934 52 955 56 484 56 579 57 024
% 73.0 70.9 70.3 71.0 69.5 69.2
Participación de los bancos 10 777 11 733 13 239 14 121 14 145 14 256
% 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Participación del IPAB 32 332 35 201 39 716 42 363 42 434 42 768
% 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Esquema de incentivos 0 2 937 3 357 3 619 3 655 3 707
% 0.0 8.3 8.5 8.5 8.6 8.7
Costo del IPAB (nuevos bonos) 32 332 32 264 36 359 38 744 38 779 39 061
% 54.7 48.7 48.2 48.7 47.7 47.4
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
266
CUADRO 7
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BITAL
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 22 557 24 976 28 150 29 437 29 825 30 152
Cartera recuperada 5 120 5 332 6 124 5 549 5 976 6 141
Cartera no recuperada 17 437 19 644 22 026 23 888 23 849 24 011
% 77.3 78.7 78.2 81.1 80.0 79.6
Participación de los bancos 4 359 4 911 5 506 5 972 5 962 6 003
% 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Participación del IPAB 13 078 14 733 16 520 17 916 17 887 18 008
% 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Esquema de incentivos 0 784 853 917 913 923
% 0.0 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1
Costo del IPAB (nuevos bonos) 13 078 13 949 15 667 16 999 16 974 17 085
% 58.0 55.8 55.7 57.7 56.9 56.7
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 8
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANORTE
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 9 417 10 453 11 779 12 352 12 541 12 682
Cartera recuperada 2 777 2 637 2 863 3 111 3 475 3 557
Cartera no recuperada 6 640 7 816 8 916 9 241 9 066 9 125
% 70.5 74.8 75.7 74.8 72.3 72.0
Participación de los bancos 1 539 1 823 2 074 2 141 2 089 2 098
% 23.2 23.3 23.3 23.2 23.0 23.0
Participación del IPAB 5 101 5 993 6 842 7 100 6 977 7 027
% 76.8 76.7 76.7 76.8 77.0 77.0
Esquema de incentivos 0 327 339 355 343 347
% 0.0 5.5 5.0 5.0 4.9 4.9
Costo del IPAB (nuevos bonos) 5 101 5 666 6 503 6 745 6 634 6 680
% 54.2 54.2 55.2 54.6 52.9 52.7
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
267
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta sexta nota, se describe la manera como el IPAB calculó el valor de
conversión de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
en títulos de deuda del IPAB. Además, se incluye una estimación de cuánto
se podría reducir el costo fiscal de esta operación, si hubiera voluntad para
conseguirlo. El punto de partida de estos cálculos es el presentado en la nota
5, con los datos correspondientes a marzo de 2004.
En el cuadro 1 se presentan los valores estimados de los pagarés del
PCCC, luego de deducir los 9 477 millones de pesos de créditos relacionados
no solventados. Así, los 223 025 millones de pesos se convierten en 213 548
millones, que son tomados como punto de partida para los actuales cálculos
del IPAB. Se presenta una tercera estimación, deduciendo los montos de las
observaciones no solventadas restantes, con lo que el valor de partida de
los pagarés del PCCC podría reducirse, en un caso límite, a sólo 121 425 millones
de pesos.
Los datos de la recuperación de cartera de la primera columna corresponden
al cálculo del IPAB, incluido en sus estados financieros. La cifra de la segunda
columna se obtuvo por diferencia, para ajustarse al dato de 160 183
NOTA 6: LA ESTIMACIÓN DE LA CONVERSIÓN
DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA
DE CARTERA DEL FOBAPROA
EN NUEVOS TÍTULOS DE DEUDA DEL IPAB
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
268
millones de la obligación de pago asumida por el IPAB, según información dada
a conocer el 15 de julio. La estimación de la tercera columna se realizó suponiendo
que 90 por ciento de la recuperación efectuada corresponde a los
créditos libres de observaciones, por parte de la Auditoría Superior de la
Federación. Este es el supuesto más crítico de todo el ejercicio, pero parece
razonable, puesto que los créditos observados difícilmente podrán recuperarse,
ya que están en litigio, son menores, son de grado E (irrecuperables),
o se trata de intereses moratorios.
En el cuadro 2 se describe cómo se distribuye la pérdida estimada en
el cuadro 1. A los bancos les corresponde una participación en las pérdidas
(loss-sharing) de alrededor de 25 por ciento, quedando el restante 75 por
ciento para ser enfrentado por el IPAB. En la segunda columna se presentan
los datos del convenio recientemente firmado, llegándose a una pérdida
que deberá asumir el IPAB, de 120 305 millones de pesos. En la tercera columna
se puede ver la estimación límite, que podría reducir esa pérdida a
sólo 53 215 millones de pesos.
En el cuadro 3 se muestra la estimación del costo fiscal final en que se
incurrirá. En la segunda columna se aprecia cómo de la pérdida de 120 305
millones de pesos se llega a la festinada cifra de 107 206 millones de pesos,
que es el valor que deben tener los nuevos títulos del IPAB, si no se hace nada
adicional. En la tercera columna se incluye el cálculo de hasta dónde se podría
llegar, si hubiera real voluntad de reducir el costo fiscal. Esa cifra se sitúa en
sólo 46 011 millones de pesos.
La diferencia entre la estimación del IPAB, los famosos 107 206 millones
de pesos, y la cifra límite estimada, 46 011 millones, es de 61 195
millones de pesos. Este monto es la esencia de todo el asunto. La campaña
de encubrimiento que realizan las autoridades de la Secretaría de
Hacienda y del IPAB, así como los recursos interpuestos por los bancos,
están destinados a evitar que este monto irregular sea descontado durante
la conversión de los pagarés del PCCC. Si no se hace nada, ese
monto será cargado a la deuda pública, como ha sucedido con los otros
pasivos generados por el Fobaproa.
En el cuadro 4 se presenta un resumen de los tres cuadros anteriores. En
los siguientes cuadros se incluyen los mismos cálculos, banco por banco.
NOTA 6: LA ESTIMACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPR A DE CARTER A...
269
CUADRO 1
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
RECUPERACIÓN DE CARTERA / (MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 223 025 213 547 (9 478) 121 425 (92 122)
BBVA-Bancomer 97 730 94 466 (3 264) 48 374 (46 092)
Banamex 82 461 76 250 (6 211) 55 264 (20 986)
Bital 30 152 30 149 (3) 10 531 (19 618)
Banorte 12 682 12 682 0 7 256 (5 426)
Cartera recuperada 55 558 53 365 (2 193) 50 563 (2 802)
BBVA-Bancomer 20 423 19 668 (755) 18 697 (971)
Banamex 25 437 24 000 (1 437) 23 202 (798)
Bital 6 141 6 140 (1) 5 143 (997)
Banorte 3 557 3 557 0 3 521 (36)
Cartera no recuperada 167 467 160 183 (7 284) 70 861 (89 322)
BBVA-Bancomer 77 307 74 799 (2 508) 29 677 (45 122)
Banamex 57 024 52 250 (4 774) 32 061 (20 189)
Bital 24 011 24 009 (2) 5 388 (18 621)
Banorte 9 125 9 125 0 3 735 (5 390)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 2
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
CARTERA NO RECUPERADA / (MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Cartera no recuperada 167 467 160 183 (7 284) 70 861 (89 322)
BBVA-Bancomer 77 307 74 799 (2 508) 29 677 (45 122)
Banamex 57 024 52 250 (4 774) 32 061 (20 189)
Bital 24 011 24 009 (2) 5 388 (18 621)
Banorte 9 125 9 125 0 3 735 (5 390)
Participación en pérdidas
de los bancos (loss-sharing) 41 699 39 878 (1 821) 17 646 (22 232)
BBVA-Bancomer 19 342 18 714 (628) 7 425 (11 288)
Banamex 14 256 13 063 (1 193) 8 015 (5 048)
Bital 6 003 6 003 0 1 347 (4 656)
Banorte 2 098 2 098 0 859 (1 239)
Participación en pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 125 768 120 305 (5 463) 53 215 (67 090)
BBVA-Bancomer 57 965 56 084 (1 881) 22 252 (33 832)
Banamex 42 768 39 188 (3 580) 24 046 (15 142)
Bital 18 008 18 006 (2) 4 041 (13 965)
Banorte 7 027 7 027 0 2 876 (4 151)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
270
CUADRO 3
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / COSTO DEL IPAB
(MILLONES ILLONES DE PESOS) / VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Participación en pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 125 768 120 305 (5 463) 53 215 (67 090)
BBVA-Bancomer 57 965 56 084 (1 881) 22 252 (33 832)
Banamex 42 768 39 188 (3 580) 24 046 (15 142)
Bital 18 008 18 006 (2) 4 041 (13 965)
Banorte 7 027 7 027 0 2 876 (4 151)
Reposición de reservas faltantes
(incentivos) 14 271 13 100 (1 171) 7 204 (5 895)
BBVA-Bancomer 9 294 8 891 (403) 4 553 (4 338)
Banamex 3 707 2 939 (768) 2 130 (809)
Bital 923 923 0 322 (601)
Banorte 347 347 0 199 (148)
Reserva para asumir el costo
pendiente (nuevos bonos IPAB) 111 497 107 207 (4 290) 46 011 (61 195)
BBVA-Bancomer 48 671 47 194 (1 477) 17 699 (29 495)
Banamex 39 061 36 249 (2 812) 21 916 (14 333)
Bital 17 085 17 084 (1) 3 719 (13 365)
Banorte 6 680 6 680 0 2 677 (4 003)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 4
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / RESUMEN
(MILLONES DE PESOS) / VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 223 025 213 548 (9 477) 121 425 (92 123)
Cartera recuperada 55 558 53 365 (2 193) 50 564 (2 801)
Cartera no recuperada 167 467 160 183 (7 284) 70 861 (89 322)
% 75.1 75.0 (0.1) 58.4 (16.6)
Participación de los bancos 41 699 39 878 (1 821) 17 646 (22 232)
% 24.9 24.9 0.0 24.9 0.0
Participación del IPAB 125 768 120 305 (5 463) 53 215 (67 090)
% 75.1 75.1 0.0 75.1 0.0
Esquema de incentivos 14 271 13 099 (1 172) 7 204 (5 895)
% 11.3 10.9 (0.4) 13.5 2.6
Costo del IPAB (nuevos bonos) 111 497 107 206 (4 291) 46 011 (61 195)
% 50.0 50.2 0.2 37.9 (12.3)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
NOTA 6: LA ESTIMACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPR A DE CARTER A...
271
CUADRO 5
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BBVA-BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 97 730 94 466 (3 264) 48 374 (46 093)
Cartera recuperada 20 423 19 668 (755) 18 697 (971)
Cartera no recuperada 77 307 74 798 (2 509) 29 677 (45 122)
% 79.1 79.2 0.1 61.3 (17.9)
Participación de los bancos 19 342 18 714 (628) 7 425 (11 289)
% 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0
Participación del IPAB 57 965 56 084 (1 881) 22 252 (33 832)
% 75.0 75.0 0.0 75.0 0.0
Esquema de incentivos 9 294 8 891 (403) 4 553 (4 338)
% 16.0 15.9 (0.1) 20.5 13.3
Costo del IPAB (nuevos bonos) 48 671 47 194 (1 477) 17 699 (29 494)
% 49.8 50.0 0.2 36.6 (13.4)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 6
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANAMEX
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 82 461 76 250 (6 211) 55 264 (20 986)
Cartera recuperada 25 437 24 000 (1 437) 23 202 (797)
Cartera no recuperada 57 024 52 250 (4 774) 32 062 (20 189)
% 69.2 68.5 (0.7) 58.0 (10.5)
Participación de los bancos 14 256 13 063 (1 193) 8 015 (5 047)
% 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0
Participación del IPAB 42 768 39 188 (3 580) 24 046 (15 142)
% 75.0 75.0 0.0 75.0 0.0
Esquema de incentivos 3 707 2 939 (768) 2 130 (809)
% 8.7 7.5 (1.2) 8.9 1.4
Costo del IPAB (nuevos bonos) 39 061 36 249 (2 813) 21 916 (14 333)
% 47.4 47.5 0.1 39.7 (7.8)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
272
CUADRO 7
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BITAL
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 30 152 30 149 (3) 10 531 (19 618)
Cartera recuperada 6 141 6 140 (1) 5 143 (997)
Cartera no recuperada 24 011 24 009 (2) 5 388 (18 621)
% 79.6 79.6 0.0 51.2 (28.4)
Participación de los bancos 6 003 6 003 0.0 1 347 (4 655)
% 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0
Participación del IPAB 18 008 18 006 (1) 4 041 (13 965)
% 75.0 75.0 0.0 75.0 0.0
Esquema de incentivos 923 923 0.0 322 (600)
% 5.1 5.1 0.0 8.0 2.9
Costo del IPAB (nuevos bonos) 17 085 17 084 (1) 3 719 (13 365)
% 56.7 56.7 0.0 35.3 (21.4)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 8
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANORTE
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 12 682 12 682 0 7 256 (5 426)
Cartera recuperada 3 557 3 557 0 3 521 (36)
Cartera no recuperada 9 125 9 125 0 3 735 (5 390)
% 72.0 72.0 0.0 51.5 (20.5)
Participación de los bancos 2 098 2 098 0 859 (1 239)
% 23.0 23.0 0.0 23.0 0.0
Participación del IPAB 7 027 7 027 0 2 876 (4 151)
% 77.0 77.0 0.0 77.0 0.0
Esquema de incentivos 347 347 0 199 (148)
% 4.9 4.9 0.0 6.9 2.0
Costo del IPAB (nuevos bonos) 6 680 6 680 0 2 677 (4 003)
% 52.7 52.7 0.0 36.9 (15.8)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
273
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta séptima nota, se presenta una estimación del costo que ha alcanzado
el rescate bancario iniciado en 1995, es decir, el costo del Fobaproa, con
el fin de poner en su justa dimensión los alcances del actual proceso de
conver sión de los pagarés del PCCC.
En el cuadro 1 se incluye una estimación del costo del rescate bancario,
para el mes de marzo de 2004, fecha tomada como base para la conversión
de los pagarés. El costo se estima en un billón (un millón de
millones) 251 967 millones de pesos. Este monto representa 18.5 por ciento
del producto interno bruto (PIB) de 2003.
El costo señalado se divide en dos grandes partes: la ya pagada, y la pendiente
de pagar, es decir, los pasivos. El monto pagado asciende a 483 785
millones de pesos, a precios de marzo de 2004, como se explica más adelante, y
corresponde a lo erogado desde 1995 mediante los ramos presupuestales 29
y 34. Además incluye el monto amortizado por el Banco de México (Banxico),
por el crédito otorgado al Fobaproa, que también se comenta más adelante.
Los pasivos actuales, es decir, la deuda pendiente de pagar, alcanza 768 182
millones de pesos, 11.4 por ciento del PIB. La mayor parte co rresponde a los
NOTA 7: ESTIMACIÓN DEL COSTO ACTUAL
DEL RESCATE BANCARIO
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
274
pasivos netos del IPAB, quedando el resto en el Banco de México. Los pasivos
del IPAB se pueden dividir en originales y refinanciados. Los originales son
los que quedan de las operaciones de saneamiento de los bancos liquidados
o vendidos, así como el costo que tendrán los pagarés del PCCC, según lo
calculado por el IPAB. Los pasivos refinanciados corresponden a las emisiones
realizadas de bonos y la contratación de créditos con los bancos, entre
los cuales se incluyen los préstamos de Nafinsa, que están fondeados con
deuda externa.
Como soporte del cuadro 1, se presentan otros cuadros. En el 2 se incluyen
los datos de los recursos presupuestales erogados mediante los
ramos 29 y 34, entre 1995 y 2003. En el cuadro 3 se presentan esos datos,
pero a precios de marzo de 2004, es decir, con el poder adquisitivo actual.
Las cifras fueron deflactadas usando el índice nacional de precios al consumidor
(INPC).
En el cuadro 4 se muestran los datos del crédito del Banco de México al
Fobaproa, utilizado en su mayor parte para sanear a Inverlat. En la Ley de
Protección al Ahorro Bancario se ordenó que este crédito fuera quebrantado
por el propio Banco de México. Por ello, no se registra dentro de los pasivos
del IPAB. El convenio firmado con éste señala que será amortizado en 30
anualidades. Sin embargo, en el Informe del IPAB para 2003 se indica que en
ese año se amortizaron dos anualidades. La única manera de que el Banco
de México absorba esta pérdida es utilizando su remanente de operación. Se
incluye como parte del costo fiscal debido a que el gobierno federal está
renunciando a estos ingresos a fin de usarlos para amortizar esa deuda. En
el cuadro 5 se presentan los datos, deflactados con el INPC.
En los últimos cuatro cuadros se reproducen los datos de los pasivos
del IPAB, tanto originales como refinanciados, según se han registrado en
sus estados financieros.
NOTA 7: ESTIMACIÓN DEL COSTO ACTUAL DEL RESCATE BANCARIO...
275
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A PRECIOS DE MARZO DE 2004
Monto % PIB
Total 1’251 967 18.5
Costo pagado hasta 2003 483 785 7.2
Ramo 29 225 026 3.3
Ramo 34 245 922 3.6
Remanente Banxico 12 836 0.2
Pasivos actuales 768 182 11.4
IPAB 709 015 10.5
Originales 220 013 3.3
Saneamiento Financiero 112 807 1.7
PCCC (Convenio) 107 206 1.6
Refinanciados 489 002 7.2
Emisión de BPA 333 330 4.9
Préstamos Bancarios 155 672 2.3
Nafinsa (Deuda Externa) 43 373 0.6
Bancos Privados 112 299 1.7
Banco de México (Banxico) 59 167 0.9
CUADRO 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (RESCATE BANCARIO)
(MILLONES DE PESOS)
Total Ramo 29 Ramo 34
1995 15 000.0 15 000.0 0.0
1996 20 500.0 20 500.0 0.0
1997 39 786.1 39 786.1 0.0
1998 10 106.8 10 106.8 0.0
1999 23 792.1 1 597.0 22 195.1
2000 60 517.6 0.0 60 517.6
2001 39 850.2 0.0 39 850.2
2002 43 982.5 0.0 43 982.5
2003 30 411.1 0.0 30 411.1
2004 38 030.1 0.0 38 030.1
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
276
CUADRO 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (RESCATE BANCARIO)
(MILLONES DE PESOS ILLONES DE MARZO DE 2004)
Total Ramo 29 Ramo 34
Suma 470 948.9 225 026.5 245 922.4
1995 58 840.7 58 840.7 0.0
1996 59 567.4 59 567.4 0.0
1997 86 031.4 86 031.4 0.0
1998 18 117.6 18 117.6 0.0
1999 36 789.9 2 469.5 34 320.5
2000 80 266.2 0.0 80 266.2
2001 48 272.6 0.0 48 272.6
2002 50 088.8 0.0 50 088.8
2003 32 974.3 0.0 32 974.3
CUADRO 4
CRÉDITO DE BANXICO A FOBAPROA
(MILLONES DE PESOS)
Saldo Amortización
1999 69 905.5
2000 67 575.3 2 330.2
2001 65 245.1 2 330.2
2002 62 915.0 2 330.2
2003 58 254.6 4 660.4
CUADRO 5
CRÉDITO DE BANXICO A FOBAPROA
(MILLONES DE PESOS DE MARZO DE 2004)
Saldo Amortización
Suma 12 836.4
1999 88 767.3
2000 78 752.7 2 822.7
2001 72 830.0 2 653.7
2002 66 441.5 2 526.6
2003 59 167.1 4 833.4
NOTA 7: ESTIMACIÓN DEL COSTO ACTUAL DEL RESCATE BANCARIO...
277
CUADRO 7
PASIVOS ORIGINALES NETOS DEL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total
Saneamiento
financiero %
Reserva
PCCC %
1999 621 973 527 926 0.0 94 047 0.0
2000 458 765 366 392 79.9 92 373 20.1
2001 410 509 306 856 74.8 103 653 25.2
2002 301 820 190 815 63.2 111 005 36.8
2003 231 981 121 180 52.2 110 801 47.8
2004-Marzo 224 304 112 807 50.3 111 497 49.7
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 8
PASIVOS REFINANCIADOS NETOS DEL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total BPA % Bancos %
1999 0 0 0.0 0 0.0
2000 187 672 73 845 39.3 113 827 60.7
2001 300 333 151 885 50.6 148 448 49.4
2002 419 994 231 546 55.1 188 448 44.9
2003 472 328 309 357 65.5 162 971 34.5
2004-Marzo 489 002 333 330 68.2 155 672 31.8
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 6
PASIVOS NETOS DEL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total Original % Refinanciado %
1999 621 973 621 973 0.0 0 0.0
2000 646 437 458 765 71.0 187 672 29.0
2001 710 842 410 509 57.7 300 333 42.3
2002 721 814 301 820 41.8 419 994 58.2
2003 704 309 231 981 32.9 472 328 67.1
2004-Marzo 713 306 224 304 31.4 489 002 68.6
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
278
CUADRO 9
PASIVOS REFINANCIADOS POR LA BANCA AL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total
Nafinsa
(Deuda Externa) %
Bancos
privados %
1999 0 0 0.0 0 0.0
2000 113 827 6 323 5.6 107 504 94.4
2001 148 448 42 099 28.4 106 349 71.6
2002 188 448 44 597 23.7 143 851 76.3
2003 162 971 48 421 29.7 114 550 70.3
2004-Marzo 155 672 43 373 27.9 112 299 72.1
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
279
Por alguna razón desconocida, el pasado mes de julio fue ocasión propicia
para que dos expedientes sobre crímenes del pasado se debatieran
y se exhibiera de nuevo la vocación de impunidad que profesa
la clase política en el poder. En efecto, de la misma manera que el juez César
Flores negaba las órdenes de aprehensión para el expresidente Luis
Echeverría Álvarez y otros exfuncionarios consignados por su responsabilidad
en la matanza del 10 de junio de 1971, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
anunciaban el acuerdo con los bancos para canjear los últimos pagarés
bancarios por bonos del IPAB. Si en el primer caso la decisión del juez es un
obstáculo a la impartición de justicia sobre los crímenes de Estado en contra
de los opositores al viejo régimen priista de las décadas de los se sen ta
y los setenta, en el segundo se trata del último episodio con el cual se pretende
echar tierra al fraudulento rescate bancario iniciado en 1995 y cuyo
costo significa más de 18 por ciento del producto interno bruto (PIB). En
ambos expedientes se hace patente la intención del Estado de otorgar una
especie de amnistía a los responsables de crímenes políticos y atentados
económicos, que de lograrse significaría un ominoso mensaje para el fu tu ro
de la democracia en el país y la condena a continuar pagando una onerosa
de uda de origen privado.
EL RESCATE BANCARIO:
LA OTRA GUERRA SUCIA■
5 DE AGOSTO DE 2004
■ Texto escrito en coautoría con Rosa Albina Garavito Elías, profesora investigadora del
Departamen to de Economía de la Universidad Autónomo Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
280
Documentar cómo llegó a legalizarse ese atraco a las finanzas públicas,
cuáles son sus consecuencias, cuáles sus vías de solución, y cuál el significado
del canje de los pagarés anunciado por la SHCP y el IPAB el pasado
13 de julio, son algunos de los objetivos de este artículo. Su elaboración
está animada por la conciencia de que mientras en México no se abra paso
a la transparencia, a la verdad y a la rendición de cuentas por parte de los
gobernantes en todos los órdenes de la vida pública, el camino hacia un
sistema plenamente democrático seguirá lleno de obstáculos y de riesgos
de involución política. Quienes reclaman olvido sobre los crímenes del
pasado, en realidad están demandando impunidad para los que se cometan
en el futuro.
■ UN POCO DE HISTORIA
El canje de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) aplicado durante los años 1995 y 1996 con un costo, según la SHCP,
de 107 mil millones de pesos, forma parte del rescate bancario operado por
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), convertido en 1999
en Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Hagamos un poco de historia
para recordar cómo fue que una deuda privada se asumió como de uda
pública o, dicho de otra forma, cómo es que los banqueros lograron socializar
sus pérdidas y mantener sus ganancias en el intocable reino de lo privado;
y cómo es que todavía, cinco años después, autoridades y banqueros
continúan reclamando impunidad sobre las irregularidades e ilegalidades
en que se incurrió para salvar a los bancos.
Para lograr la prodigiosa alquimia de socializar las pérdidas bancarias
a costa del erario público se utilizaron varios ingredientes: en el tramo final
de ese proceso estuvieron puntuales a la cita con la impunidad, los legisladores
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción
Nacional (PAN), quienes el 12 de diciembre de 1998 legalizaron la conversión
de deuda privada en deuda pública. Antes de ese desenlace fueron otros los
elementos que se pusieron en juego: la política de desregulación financiera
inaugurada en 1983 y la privatización bancaria realizada en el gobierno de
Carlos Salinas, todo ello en el contexto de una nueva política económica que
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
281
tras los objetivos de estabilidad y crecimiento, en realidad sentaba las bases
para la recuperación de la tasa de ganancia venida a menos en las postrimerías
del desarrollo estabilizador; por lo demás, una estrategia mundial con
el capital financiero como hegemónico y la globalización como entorno.
Finalmente pero no menos importante, otro ingrediente fundamental para
lograr esa alquimia fue por supuesto la magia del Fobaproa.
Aunque el fraudulento rescate bancario se venía operando desde años
atrás, el debate nacional sobre el tema se inició en 1998, cuando el entonces
presidente de la república Ernesto Zedillo, envió a la Cámara de Diputados
un paquete de iniciativas financieras que incluía la conversión del Fobaproa
en Fogade (Fondo de Garantía de Depósitos) así como la creación de la Corebi
(Comisión de Recuperación de Bienes). En el artículo cuarto transitorio
de la iniciativa de la Ley de la Corebi se establecía:
Las obligaciones contraídas por el Fondo Bancario de Protección del Ahorro
y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, que cuenten con el aval o la responsabilidad
solidaria del Gobierno Federal, así como los compromisos adquiridos
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y las obligaciones
de las instituciones de banca múltiple intervenidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y apoyadas por el propio Fondo, pasarán a formar
parte de la deuda pública directa del Gobierno Federal. La consolidación de
estos pasivos será por un monto de 552,300’000,000.00 de pesos (quinientos
cincuenta y dos mil trescientos millones de pesos), fecha valor 28 de febrero
de 1998, y deberá formalizarse, junto con sus accesorios, a más tardar el 31 de
diciembre de 1998.
El eufemismo con el que intentó cubrirse el desfalco no impidió que incluidos
los “accesorios” señalados por este artículo, la consolidación de esos
pasivos a diciembre de 1998 llegara a más de 800 mil millones de pesos.
La noticia cayó como relámpago en cielo sereno, sobre todo porque
apenas tres meses antes, en el documento de Criterios de Política Económica
enviado al Congreso, Ernesto Zedillo aseguraba a los legisladores que el
saneamiento financiero, incluidos los programas de apoyo a pequeños deudores,
tenía un costo totalmente “manejable” para las finanzas públicas, de
147 mil millones de pesos. Para explicar cómo esos 147 mil millones de pesos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
282
en tres meses se habían convertido en 552 mil millones de pesos, y a finales
del año en 800 mil millones de pesos, bastaba reconstruir la historia de la
política económica inaugurada en diciembre de 1982 por Miguel de la Madrid,
para darse cuenta de que las medidas de liberalización del sector financiero
continuadas por Carlos Salinas y la privatización bancaria de 1990 no eran
sino los prolegómenos del desastre financiero cuyos costos se endosaban a
la nación.
La política financiera aplicada por el equipo tecnocrático en el gobierno,
partía de una idea muy simple. Si se privatizaba la banca y, al mismo tiempo,
se liberalizaba el mercado financiero, se podrían conseguir tres objetivos
de manera simultánea: aumentar el ahorro interno de la economía,
asignarlo de manera más eficiente, y abaratarlo mediante menores tasas de
interés. Ninguna de esas metas se logró. Por el contrario, esa política, junto
con la ausencia de la supervisión necesaria sobre la conducta de los flamantes
dueños de los bancos y el mantenimiento de la garantía para cien
por ciento de los depósitos bancarios, crearon las condiciones para que la
rentabilidad bancaria en México fuese la más alta del mundo y, por si fuera
poco, se relajaran las condiciones sobre uno de los negocios más delicados
en cualquier economía: el manejo del ahorro de terceros.
Entre 1993 y 1994, el margen de intermediación bancaria (diferencia
entre la tasa de interés a la que prestan los bancos –activa– y la tasa que
pagan a los ahorradores –pasiva–) alcanzó casi 50 por ciento, frente a un
promedio de alrededor de 10 por ciento entre 1983 y 1987. Detrás del hecho
de que la rentabilidad bancaria en México fuese la más alta del mundo –sí,
leyó usted bien, del mundo–, se encontraba la voracidad de los nuevos
banqueros para recuperar de manera acelerada las inversiones efectuadas
para adquirir los bancos, ya que en buena parte esas inversiones se realizaron
mediante préstamos otorgados por otros banqueros. Ese elevado margen
se reflejó en un encarecimiento del crédito, cuyas tasas de interés alcanzaron
un nivel que hacía previsible el incumplimiento de los deudores, ante cualquier
cambio importante en el entorno económico.
La liberalización del sector financiero y la reprivatización bancaria hubieran
tenido muy buenos resultados en un país como Suiza, por ejemplo.
Sin embargo, para que ese tipo de política beneficiara al desarrollo en un
país como México, se requerían otros elementos. Uno de ellos era contar
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
283
con una eficaz y adecuada supervisión bancaria que evitara cualquier tipo
de complicidad entre autoridades y banqueros deshonestos, y que garantizara
la transparencia de las operaciones bancarias. Limitar las garantías
gubernamentales a los depósitos bancarios para inducir un comportamiento
prudente y responsable entre los banqueros, tendría que haber sido otro
de los elementos de la nueva política. En una palabra, lo que se necesitaba
y se sigue necesitando para desarrollar una economía verdaderamente moderna
y próspera es un auténtico Estado de derecho, el cual sólo es posible
con una verdadera democracia.
Como el resto de las privatizaciones, la bancaria fue una operación poco
transparente. Aunque se anunció que los bancos habían sido vendidos a
personas responsables y conocedoras de la banca, la realidad fue que gran
parte de los bancos fueron asignados a gente de dudosa reputación y escasa
experiencia en la materia. Además, se ocultó el hecho de que muchos bancos
fueron adquiridos mediante préstamos otorgados por los mismos bancos, es
decir, por gente que no contaba con suficiente capital para pagarlos, pero
tenía suficientes conexiones en el gobierno. De manera que la privatización
que fue pregonada como el gran negocio del gobierno por haber vendido a
tres veces el valor contable de los bancos, muy pronto se desnudó como un
negocio redondo para la nueva clase empresarial salinista, una especie de
patente de corso para asaltar, no en alta mar como los piratas, pero sí en
cada transacción bancaria.
Así, una de las principales causas de la crisis que estalló en 1995 fue
que los nuevos banqueros encontraran en las reglas establecidas la facilidad
de realizar todo tipo de operaciones riesgosas, sin preocuparse de informar de
manera transparente y sin el requisito de cumplir con una supervisión seria.
Si los banqueros ganaban en esas condiciones, estarían demostrando que
el mercado bancario era un buen negocio; y si perdían, el gobierno se comprometía
a rescatarlos, socializando las pérdidas, es decir, convirtiendo
esas pérdidas en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. ¿Cuáles
leyes del mercado? Sólo favoritismo para un sector privilegiado.
Este es el verdadero origen del problema del Fobaproa que inició en 1993
con el aumento de la cartera vencida de los bancos, y que se desarrolló
vertiginosamente durante 1995 y 1996. Las reglas que el Fondo adoptó constituyeron
un típico caso de riesgo moral (moral hazard), el cual aparece
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
284
cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno mediante el
Fobaproa, les resolverá todos sus problemas, presentes y futuros. Con ese
entorno institucional distorsionado y permisivo, el gobierno indujo todo
tipo de incentivos perversos en el comportamiento de los banqueros. Así,
una política que podría haber sido correcta en otras circunstancias, se convirtió
en un gigantesco riesgo para la estabilidad general de la economía.
A ese marco institucional deficiente, se agregó una política económica
que impulsó el sobrendeudamiento de la economía. Después de la crisis de
la deuda externa que estalló en 1982, el gobierno decidió que los nuevos
motores del crecimiento serían las exportaciones y la inversión extranjera.
Para conseguirlo inició la apertura económica, así como las desregulaciones
de todos los precios –menos el de la fuerza de trabajo para el que se han
aplicado los estrictos topes salariales–, y las privatizaciones, esto es, las
llamadas reformas estructurales que junto con una política de estabilización
basada en la austeridad de las finanzas públicas, la restricción monetaria y
el tipo de cambio como ancla nominal de la inflación, logró efectivamente
reducir la inflación y disminuir el déficit de las finanzas públicas, a costa de
grandes sacrificios sociales. Con ello el gobierno estaba consiguiendo crear
un ambiente favorable a la entrada de inversión extranjera.
En el sexenio de Carlos Salinas esa inversión alcanzó niveles incluso por
encima de los esperados. Mientras al inicio de su gobierno, Salinas calculaba
en 5 mil millones de dólares anuales las necesidades de capital externo
para financiar su modelo económico, a lo largo del sexenio se acumuló inversión
extranjera por 82 mil millones de dólares, esto es, más del triple de
la esperada. A pesar de la magnitud de estos recursos, ellos fueron insuficientes
para evitar la brusca devaluación del peso y la crisis de diciembre
de 1994 que fue la detonante de la quiebra y el rescate bancarios cuyos
costos seguimos padeciendo.
La explicación de ese fracaso económico es muy sencilla: para atraer
esos capitales se creó una economía ficción, y en esa ficción el mantenimiento
del tipo de cambio fue una variable clave. Por un lado la estabilidad
cambiaria generaba certidumbre entre los inversionistas extranjeros
que inundaban la economía con sus capitales, y por el otro distorsionaba
los precios entre los sectores que enfrentaban la apertura externa y
aquellos que quedaban a buen resguardo de ella como los de bienes inmuebles
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
285
y los servicios financieros entonces protegidos de la competencia externa.
Esta distorsión produjo varios resultados todos perniciosos para la
economía: el desmantelamiento de la estructura productiva por el abaratamiento
de las importaciones; la sensación de mayor riqueza por
parte del sector de propietarios con el consecuente incentivo a un mayor
endeudamiento; abundancia de crédito; abaratamiento de las importaciones
y encarecimiento de las exportaciones que produjo un gran déficit
en la balanza comercial, y que a su vez alimentó la necesidad de mayor
cantidad de capitales externos para financiarlo. En otras palabras, una
economía adicta al financiamiento externo, mientras el ahorro interno se
dilapidaba en inversión especulativa.
El buen olfato de los inversionistas extranjeros los llevó a que sólo 40
por ciento de sus capitales se tradujeran en inversiones directas, mientras
que el 60 por ciento restante bailaba en las esferas del capital especulativo.
El año de 1994 fue una prueba de fuego para una economía de ficción que
necesitaba de manera enfermiza la confianza de los capitales extranjeros.
La confianza empezó a esfumarse el 1° de enero de ese año con el levantamiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a raíz del cual salieron
del país 3 mil millones de dólares; después vendría el asesinato del
candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que motivó otra
masiva salida de capitales; y meses después, en septiembre, el asesinato
de Francisco Ruiz Massieu, nombrado coordinador del Grupo Parlamentario
del PRI en la Cámara de Diputados. Para finales de año las arcas del
Banco de México se habían vaciado, a pesar de la emisión de 28 mil mi llones
de dólares en tesobonos que el gobierno hizo pasar como deuda interna
no obstante su denominación en dólares. La brusca devaluación era cuestión
de días, y así sucedió. La devaluación de diciembre de 1994 alcanzó
100 por ciento en marzo del siguiente año, y para abril las tasas de interés
habían aumentado 400 por ciento.
A pesar de este profundo descalabro económico, el régimen priista estaba
satisfecho pues había conseguido su objetivo: volver a ganar las elecciones
presidenciales de agosto de 1994 después de 65 años en el poder. Una
vez más la economía se ponía al servicio de la política en el autoritario sistema
político mexicano. Una devaluación gradual y oportuna habría tenido
el costo de desprestigiar a un gobierno que no tenía otra cosa para vender
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
286
en el exterior que la imagen de un país con rumbo acelerado hacia el primer
mundo. Como testimonio que avalaba esa imagen ahí estaba la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Para muchos, la devaluación de diciembre de 1994 significó pasar abruptamente
de la ficción a la realidad. Muchos deudores que habían contratado
créditos considerando precios inflados de activos (en especial muchas acciones
y bienes inmuebles), de pronto se enfrentaron a activos devaluados,
ya que sus precios no se ajustaron en la misma proporción que el tipo de
cambio, lo que, aunado a la contracción económica que siguió, los condujo
a una situación de insolvencia. En esa situación se encontraron también los
pequeños deudores, quienes utilizaron tarjetas de crédito para financiar
consumo, o bien, hipotecaron sus tierras, instrumentos de producción, casas,
y de la noche a la mañana se encontraron en el desempleo y con salarios
deteriorados bruscamente. La imagen del país que el gobierno les había
vendido se vino abajo.
La actitud del gobierno respecto a los millones de pequeños y medianos
deudores mostró un fuerte contraste con el tratamiento ofrecido a
los grandes deudores de la banca. Mientras los pequeños y medianos deudores
fueron presionados por todos los medios posibles para que pagaran
sus deudas en las onerosas e injustas nuevas condiciones, las autoridades
protegían a los grandes deudores, muchos de ellos banqueros con fuertes
ligas con el grupo en el poder. Los programas de apoyo a la banca se aplicaron
sin que hubiera reglas claras y generales, de manera totalmente discrecional,
lo que favoreció de manera arbitraria a unos banqueros sobre otros.
El gobierno, en realidad, se comportó como un administrador de los intereses
de los grandes inversionistas, en especial de los extranjeros, y no
como un auténtico representante de los intereses de la mayoría del pueblo
mexicano. Para cumplir con su responsabilidad constitucional, el camino era
convocar a toda la sociedad para enfrentar eficazmente la crisis, priorizando
la protección de los depósitos de 99.75 por ciento de los ahorradores, que
representa sólo 44 por ciento del ahorro financiero. Pero no fue así, el gobierno
decidió que los tenedores extranjeros de tesobonos no tuvieran ninguna
pérdida, pues acudió al rescate financiero más grande de la historia que
William Clinton, el entonces presidente de los Estados Unidos, consiguió
para su vecino del sur: 52 mil millones de dólares a disposición del gobierno
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
287
mexicano. Como garantía, la factura petrolera se depositó en el Banco de la
Reserva Federal. Ése fue el inicio de la cadena que impidió un ajuste diferente.
Así, el gobierno, que profesaba un dogmatismo a favor del mercado, impidió
que el mercado funcionara, imponiendo una situación que ha sido
ficticia desde el principio hasta la fecha.
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se
han adoptado al menos tres medidas:
• Los funcionarios que estuvieron involucrados durante la gestación
de la crisis son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha
• Se dan a conocer reglas generales para el uso de los recursos públicos
durante el rescate bancario
• Esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó
los problemas
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario. Los mismos
funcionarios que estuvieron durante la gestación de la crisis, como Guillermo
Ortiz y Eduardo Fernández, fueron los encargados de corregirla. Las reglas
supuestamente generales para el uso de recursos públicos, pronto se pasaron
por alto llegando a niveles de discrecionalidad escandalosos. Los incentivos
para que los banqueros colaboraran en el rescate a los bancos desaparecieron,
transformándose en señales para que los abusos aumentaran.
Los programas para ayudar a resolver la deteriorada situación financiera
de los bancos, se fueron modificando casi a capricho de los banqueros,
lo que propició que el problema no sólo no se resolviera, sino que se profundizara.
Cuando un banco conseguía un tratamiento más ventajoso por
parte del Fobaproa, los demás trataban de imitarlo.
Así, los banqueros metieron en la panza del Fobaproa toda la basura que
pudieron, y con ello se incrementaron de manera dramática los pasivos
avalados por el gobierno. El que se produjeran todo tipo de abusos fue posible,
no sólo por el manejo discrecional de los funcionarios de la SHCP, de
la CNBV y del Fobaproa, sino porque todas esas operaciones se mantenían
en la oscuridad, sin que la sociedad y los legisladores se enteraran.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
288
Para seguir adelante con ese rescate bancario, el gobierno apostó a que
la situación se iría corrigiendo de manera paulatina; pero sucedió lo contrario,
ya que conforme pasaba el tiempo, el costo del rescate bancario se incrementaba
cada vez más. A pesar de ello y de que contaba con el ramo 29
del Presupuesto de Egresos de la Federación para atender ese asunto, los
recursos no alcanzaban, y el gobierno buscó una fuente para financiar ese
faltante de manera subrepticia. Esa fuente la encontró en los ingresos petroleros
excedentes generados por los aumentos del precio del crudo por encima
de lo presupuestado. Pero cuando a finales de noviembre ese precio
inició un ciclo de descenso, al gobierno no le quedó más remedio que solicitar
autorización al Congreso de la Unión para convertir en deuda pública
los abultados pasivos del Fobaproa. Con el apoyo del PRI y del PAN logró su
cometido.
■ EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
¿A cuánto asciende el costo de las decisiones discrecionales de las autoridades
para rescatar a los bancos? En comparecencia del pasado 27 de julio
del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y del secretario ejecutivo del
IPAB, Mario Beauregard, a pregunta expresa de los legisladores de la Comisión
Investigadora del IPAB, Beauregard respondió que ese costo asciende a 18
por ciento del PIB. En efecto, el dato coincide con nuestros cálculos que se
ilustran en el cuadro 1.
En el cuadro 1 se incluye una estimación del costo del rescate bancario
al mes de marzo de 2004, fecha tomada como base para la conversión de los
pagarés del PCCC, programa que analizaremos más adelante. El costo se
estima en un billón (un millón de millones) 262 126 millones de pesos. Este
monto representa 18.7 por ciento del PIB de 2003.
Ese costo se divide en dos grandes partes: la ya pagada, y la pendiente
de pagar, es decir, los pasivos. El monto pagado asciende a 483 785 millo nes de
pesos, a precios de marzo de 2004 y corresponde a lo erogado desde 1995
mediante los ramos presupuestales 29 y 34. Además incluye el monto amortizado
por el Banco de México, por el crédito otorgado al Fobaproa. Los pasivos
actuales, es decir, la deuda pendiente de pagar, alcanza 778 341 millones
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
289
de pesos, 11.5 por ciento del PIB. La mayor parte corresponde a los pasivos
netos del IPAB, y el resto al Banco de México. Estos pasivos del IPAB se pueden
dividir en originales y refinanciados. Los originales son los que quedan de
las operaciones de saneamiento de los bancos liquidados o vendidos (los
llamados “bancos muertos”), así como el costo que tendrán los pagarés del
PCCC, según el cálculo del IPAB. Los pasivos refinanciados corresponden a
las emisiones de bonos y a la contratación de créditos con los bancos, entre
los cuales se incluyen los préstamos de Nafinsa, que están fondeados con
deuda externa.
Ese costo equivale al 76.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación
aprobado para 2004; mientras que el costo total pagado es 13.3 veces
mayor al presupuesto dedicado al sector primario; 21.3 veces más grande que
el destinado a Comunicaciones y Transportes; 4.3 veces más que a Educación;
23 veces mayor al del Sector Salud; 23 veces más que el presupuesto para
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
VALOR A PRECIOS DE MARZO DE 2004
(MILLONES DE PESOS)
Monto % PIB
Total 1’262 126 18.7
Costo pagado hasta 2003 483 785 7.2
Ramo 29 225 026 3.3
Ramo 34 245 922 3.6
Remanente Banxico 12 836 0.2
Pasivos actuales 778 341 11.5
IPAB 709 015 10.5
Originales 220 013 3.3
Saneamiento Financiero 112 807 1.7
PCCC (Convenio) 107 206 1.6
Refinanciados 489 002 7.2
Emisión de BPA 333 330 4.9
Préstamos bancarios 155 672 2.3
Nafinsa (deuda externa) 43 373 0.6
Bancos privados 112 299 1.7
Banco de México (Banxico) 59 167 0.9
Nafinsa (Crédito a Fobaproa) 10 159 0.2
Fuentes: Estimación propia con base en: Cuenta Pública de la
Hacienda Pública Federal de 1995-2003 a precios de marzo de
2004 usando el INPC; informes anuales del IPAB de 1999 al 2003
y Estados Financieros del IPAB de marzo de 2004.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
290
desarrollo social; y 1.9 veces más que las aportaciones federales a los
estados y municipios (cuadro 2). Así que vale preguntarse: con esos
recursos: ¿cuánto se habría fortalecido el desmantelado sector agropecuario?,
¿cuánto habría mejorado el sistema de comunicaciones?, ¿cuántas
vidas se habrían salvado?, ¿cuánto habría aumentado la calidad del
sistema educativo?, ¿a cuántas familias se habría recuperado de la pobreza
extrema?, ¿cuánto se habría fortalecido el federalismo? Pero no han sido ésas
las prioridades del Poder Ejecutivo, tampoco del Poder Legislativo, donde el
PRI y el PAN hacen mayoría. El cuadro 2 es elocuente al respecto.
CUADRO 2
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO (COMPARACIONES)
VALOR A PRECIOS DE MARZO DE 2004
(MILLONES DE PESOS)
Costo total 1’262 126
PEF aprobado 2004 1’650 505
% 76.5
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 8. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 36 373
Veces 13.3
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 9. Comunicaciones y Transportes 22 746
Veces 21.3
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 11. Educación Pública 113 414
Veces 4.3
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 12. Salud 20 973
Veces 23.1
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 20. Desarrollo Social 21 099
Veces 22.9
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 33. Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios 251 201
Veces 1.9
Fuentes: Cuadro 1 y Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2004.
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
291
■ DE CÓMO EL PAN TRATÓ DE LAVARSE LA CARA
FRENTE A LA SOCIEDAD
Durante la discusión abierta en 1998 a raíz de la petición del entonces presidente
Zedillo de avalar los pasivos del Fobaproa, después de supuestos titubeos,
el PAN hizo pública su decisión, en septiembre de ese año, de apoyar la
iniciativa presidencial. Para tratar de lavarse la cara frente a la sociedad,
anunció que exigiría la realización de una auditoría sobre el rescate bancario
a fin de depurar los pasivos de irregularidades e ilegalidades. En ese mismo
mes, la Cámara de Diputados contrató los servicios del despacho de Michael
Mackey, auditor canadiense; sin embargo, la aprobación a ciegas de la deuda
del Fobaproa como deuda pública se dio el 12 de diciembre de ese año, siete
meses antes de que Mackey entregara a la Cámara de Diputados su informe.
En la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que sustituyó al Fobaproa
por el IPAB, todavía con la intención de lavarse la cara, el PRI y el PAN aprobaron
un artículo quinto transitorio en el que se establece que:
El Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de
Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto [es
decir, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa] permanecerá en
operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa
conocido como de capitalización y compra de cartera y de dar cumplimiento
a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de este decreto, a fin de que
se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes
para que las auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a
partir de la entrada en vigor de esta ley.
En la medida que las operaciones del Fondo [es decir, del Fobaproa] sean
auditadas, se procederá conforme a lo siguiente:
I. En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente
a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y
los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica.
II. Una vez concluidas las auditorías, las instituciones correspondientes
[es decir, los bancos] podrán optar por dar por terminados los conFOBAPROA:
EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
292
tratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fondo [Fobaproa],
para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito
que éste hubiere emitido a su favor y a cambio, el Fondo les deberá
devolver los dere chos de cobro de la cartera objeto del Programa de
Capitalización y Compra de Cartera.
Simultáneamente con lo anterior, el Instituto [es decir, el IPAB]
otorgará a las citadas personas una garantía o instrumento de pago
que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones
que se indiquen en las Reglas Generales que para su efecto
emita la Junta de Gobierno del Instituto. A esta garantía o instrumento,
le será aplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta ley
[es decir, serán objeto de aplicación de recursos presupuestales aprobados
por la Cámara de Diputados].
El Instituto deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados,
las referidas Reglas Generales, a más tardar treinta días naturales
después de que haya iniciado sus operaciones.
En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales
el Instituto, mediante resolución de la Junta de Gobierno, podrá
optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones, mismas
que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de
los créditos devueltos a satisfacción del Instituto. En caso contrario,
éste reducirá el monto respectivo de la garantía o instrumento de
pago respectivo.
Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración
de la institución de que se trate, ésta deberá absorber el costo de
dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá el monto de la garantía
o instrumento de pago.
Las Reglas Generales deberán sujetarse estrictamente a lo siguiente:
A) Se establecerá el mecanismo para que los interesados puedan
afectar en fideicomiso los derechos de cobro que les devuelva
el Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones
de Crédito [Fobaproa] vigente hasta antes de la entrada
en vigor del presente decreto, y de esta manera estén en
posibilidad de emitir títulos de crédito a través del Fideicomiso,
con el objeto de realizar colocaciones y obtener liquidez;
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
293
B) El Instituto y las instituciones participantes en el nuevo programa,
convendrán una fórmula que obligue a las instituciones
a la obtención de los mejores resultados en los procesos de
administración y cobranza de los créditos designados dentro
del referido programa. El convenio respectivo preverá sanciones
aplicables a las instituciones, que no acrediten haber
adoptado las medidas y providencias para efectuar una diligente
administración y cobranza de tales créditos;
C) El Instituto y las instituciones, acordarán un mecanismo propicio
para que el costo derivado de los créditos a que se refiere
el párra fo anterior, que no fueran cubiertos totalmente,
se absorba preferentemente con cargo a las instituciones y
por el sistema financiero;
D) Se establecerán incentivos para que los deudores realicen un
pronto pago, así como los mecanismos que induzcan, preferentemente,
el pago de los grandes deudores que cuenten con
activos para hacer frente a sus compromisos derivados de los
derechos de cobro que han sido garantizados por el Instituto
Para participar en el nuevo programa, la institución de que se trate, deberá
cumplir con los niveles de capitalización establecidos por las disposiciones
aplicables. El Instituto cuidará que durante la vigencia de las garantías o de
los instrumentos de pago, las instituciones cuenten con un nivel de capitalización
adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país.
Como la Ley de Protección al Ahorro Bancario entró en vigor el 20 de
enero de 1999, las auditorías debieron concluir el 20 de julio de ese año.
El gobierno y los banqueros han repetido hasta el cansancio que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en ese artículo a pesar de que en su Informe
sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
Mackey afirme con claridad que no se trata de una auditoría. En efecto, la auditoría
encargada a ese consultor no pudo ser llevada a cabo de manera completa
y eficaz, debido a la reiterada negativa de las autoridades a proporcionarle
toda la información que necesitaba, en especial, la referida a los fideicomisos,
como el utilizado por Cabal Peniche. La excusa fue el famoso secreto bancario.
La advertencia de Mackey a los diputados es la siguiente:
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
294
Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una
auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas
previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento
expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos opinión
alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de la CNBV, del Fobaproa,
de la SHCP, del Banco de México, de los bancos individuales o de los controles
internos de estos organismos e instituciones. Como se señala en otra parte de
este informe, los términos de referencia de esta revisión fueron diferentes a los
de una auditoría financiera y no debe considerarse que proporcionan la misma
información y nivel de seguridad que una auditoría financiera. [p. 5, las negritas
son nuestras]
A pesar de las limitaciones, Mackey pudo detectar lo que denominó
“transacciones reportables”. En esa parte se analizaron los créditos que,
según la evaluación de ese consultor, deberían ser revisados por las autoridades,
ya que contenían todo tipo de irregularidades. Dichas operaciones
ascendieron a 73 775 millones de pesos, valuados a la fecha en que cada
crédito fue adquirido por el Fobaproa, es decir, al valor que tenía cada uno
en el momento en que ese fondo los compró, valor que actualizado a la fecha
es aproximadamente de 135 mil millones de pesos.
Los créditos reportables fueron clasificados por Mackey en tres grandes
grupos:
A) “Transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales
establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el
Fobaproa”.
B) “Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a
partes con las que tenían alguna relación o afiliación”.
C) “Las transacciones que hayan sido revisadas o estén siendo revisadas
por la CNBV y/o ciertos bancos, mismas que se determinó que eran
ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos
que gobiernan a las instituciones financieras mexicanas”.
Los créditos clasificadas en la parte “A”, a su vez, se subdividieron en
dos partes:
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
295
A(a) “Identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa”.
A(b) “Identificados por los despachos contratados que no fueron
acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa”.
Es muy importante enfatizar que Mackey, en ningún momento se pronunció
sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas. En palabras
del consultor “no podemos emitir opinión alguna en cuanto a si las transacciones
reportables descritas en esta sección son ilegales”. Lo único que hizo
Mackey fue llamar la atención sobre los créditos que presentaban irregularidades,
sugiriendo su investigación para determinar si eran o no ilegales.
En cambio, respecto a las operaciones clasificadas en el grupo A, el IPAB
informó en marzo de 2000 a la Cámara de Diputados que: “La Junta de Gobierno,
no ha considerado conveniente en este momento iniciar alguna revisión
de carácter legal y contable, teniendo en cuenta que el informe de M.
Mackey establece que estas transacciones fueron acordadas por los bancos,
la CNBV y el Fobaproa. Asimismo, el propio auditor no manifestó que de dichas
transacciones se desprenda alguna ilegalidad”. Con esa posición, el IPAB está,
de hecho, garantizando la impunidad para los beneficiarios de estos créditos,
basado en un argumento totalmente falaz.
En cuanto a los autopréstamos de los banqueros, o créditos otorgados
sin garantías a gente directamente relacionada con ellos, que Mackey clasificó
como grupo B, el IPAB decidió revisarlos para identificar si hubo alguna
ilegalidad en su otorgamiento, pero el entonces titular de ese organismo,
Vicente Corta, señaló durante su comparecencia ante los diputados, que “el
auditor contratado por la Cámara de Diputados no indica que alguna de las
transacciones sea ilegal”. Así, de nuevo se recurre al mismo argumento falaz
aplicado al grupo A, para garantizar la impunidad de los beneficiarios de
estas operaciones.
■ LA PRETENSIÓN DE UN NUEVO ATRACO
A LAS FINANZAS PÚBLICAS
El año pasado, a partir de las revisiones de la Cuenta Pública de los años
2000, 2001 y 2002, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
296
SHCP no destinar recursos para el pago de intereses a créditos observados
por un valor histórico de 32 038 millones de pesos –que a valor actualizado
a marzo de 2004 significan 118 044 millones de pesos– correspondientes a
Banamex, Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte, hasta en tanto no se auditaran
conforme a la ley. Las observaciones de la ASF se dividen en cinco
partes: los créditos en litigio, los menores a 200 mil pesos, los de grado de
riesgo E (irrecuperables), los relacionados y los intereses moratorios.
A pesar de que las auditorías a los bancos son una asignatura pendiente,
la reacción inmediata del presidente Vicente Fox fue asumir la defensa de
los banqueros. Con el argumento de que esas auditorías ya habían sido
realizadas por Mackey, el titular del Poder Ejecutivo presentó una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra
la Auditoría Superior de la Federación por invasión de competencias. Por
mandato de ley, la Auditoría continuó con la revisión de la Cuenta Pública
y en ese proceso enfrentó el obstáculo de los juicios que los banqueros
establecieron en contra de los despachos contables contratados por Mackey,
para impedir que éstos entregaran los “papeles de trabajo” a la Auditoría,
todavía con el argumento de violación al secreto bancario.
A lo largo de este anecdotario, en realidad hemos sido testigos de la
discusión sobre las condiciones para realizar el canje de pagarés del PCCC
que el Fobaproa entregó a esos cuatro bancos en 1995 y 1996 con vencimiento
a diez años. Dicha discusión pretende encontrar un punto de definición,
con el envío de un oficio, el 13 de julio pasado, de la SHCP y el IPAB a la Auditoría
Superior en donde le comunican del acuerdo –contrato de canje– con
los bancos para la conversión de esos pagarés en bonos del IPAB.
Durante una reunión de la Junta de Gobierno del IPAB con los diputados
integrantes de la Comisión Investigadora del IPAB, el pasado 15 de junio, Mario
Beauregard, secretario ejecutivo de ese instituto, informó que la base para el
canje de esos pagarés sería la revisión realizada por Mackey, ya que consideraba
que representaba las auditorías mandatadas en la Ley de Protección al
Ahorro Bancario. El oficio mencionado parte de esa posición e informa que se
inició la firma de los contratos de canje, los cuales incluyen tres aspectos:
1. Los bancos aceptan que se lleven a cabo las revisiones de Gestoría,
de Identidad de Objeto y de Existencia, de Legitimidad, y de Legalidad,
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
297
es decir, las revisiones denominadas GEL, en el punto de acuerdo de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 13 de agosto
de 2003.
2. Los bancos se comprometen a sobreseer los juicios de amparo que
iniciaron, así como a retirar las demandas interpuestas contra los
despachos contratados por Mackey, para que puedan proporcionar
los papeles de trabajo a los auditores que realicen las revisiones
antes señaladas.
3. Los bancos aceptan atender voluntariamente las observaciones efectuadas
por la ASF, y realizar las sustituciones o descuentos que se
requieran.
Según el multicitado oficio recibido por la ASF, en el punto 3 de los contratos
de canje que están firmando los bancos se señala el tratamiento que se
dará a las observaciones de la Auditoría. Los créditos relacionados serán
pagados por los bancos; los créditos menores serán afectados a un fideicomiso
de administración y ejecución, para salvaguardar los posibles daños a la
hacienda pública; los créditos en litigio serán sustituidos en caso de que sufran
evicción, es decir, si los bancos pierden el pleito, lo cual se preverá en una
cláusula del contrato de canje; los intereses moratorios se incluirán en el
canje, debido a que la Secretaría de la Función Pública lo considera legal. Sin
embargo, se trata de revisiones con resultados previamente pactados con los
bancos, de ahí la expresión de “revisiones denominadas GEL”, y de ninguna
manera las auditorías establecidas como requisito en el artículo quinto transitorio
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Este episodio que sería la última etapa de la conversión de deuda privada
en deuda pública, exhibe de nuevo la complicidad entre banqueros y
autoridades que de ser aprobada por los legisladores llevaría a aumentar
ilegalmente el costo del rescate bancario. Esto es debido a que en la estimación
de los pasivos que asumirá el IPAB aún no se descuentan los créditos
observados por la Auditoría Superior de la Federación que, como señalamos
párrafos arriba, suman 118 mil millones de pesos a valor actualizado a marzo
de 2004, de los cuales sólo han sido solventadas observaciones por 16
444 millones de pesos. Los 102 mil millones pendientes de aclarar y que sin
embargo están incluidos en la estimación del IPAB acordada con los bancos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
298
se componen (en cifras cerradas) de: 75 mil millones de pesos de créditos en
litigio; 8 mil millones de pesos de créditos menores a 200 mil pesos que los
bancos estiman muy fatigoso cobrar por lo que irán a parar a un fideicomiso
con cargo al erario público; créditos de riesgo E, esto es, no recuperables,
por 1 780 millones de pesos; además de 7 300 millones de pesos por concepto
de intereses moratorios, es decir, ilegales. En cuanto a los créditos relacionados,
es decir, los autopréstamos de los banqueros, el cinismo no tiene
límite ya que por ley se dan por solven ta dos 6 086 millones de pesos, con
el argumento de que el Fobaproa estuvo informado de los mismos y por lo
tanto se consideran ¡legales!, de manera que por este concepto se incluyen
en los pasivos del IPAB créditos supuestamente legales pero sin duda inmorales,
créditos que beneficiaron a banqueros que aún son accionistas de las
instituciones de crédito.
A pesar de la indebida inclusión de esos créditos, junto con el anuncio del
contrato de canje, la SHCP y el IPAB han festinado una supuesta reducción de
los pasivos que absorberá el IPAB que irían de 223 025 millones de pesos a
107 206 millones de pesos, esto es, una disminución de 52 por ciento, cuando
en realidad, de aplicarse los requisitos de ley, esos pasivos no deberían ser
CUADRO 3
PROGRAMA DE CAPITALIZACION Y COMPRA DE CARTERA (RESUMEN)
VALOR A MARZO DE 2004
(MILLONES DE PESOS)
Estimación
inicial
Estimación
convenio
Estimación
límite
Pagarés del Fobaproa 223 025 213 548 121 425
Cartera recuperada 55 558 53 365 50 564
Cartera no recuperada 167 467 160 183 70 861
Participación en pérdidas
De los bancos 41 699 39 878 17 646
Del IPAB 125 768 120 305 53 215
Reposición de reservas 14 271 13 099 7 204
Nuevos bonos IPAB 111 497 107 206 46 011
Fuentes: Para la primera columna se utilizaron los Estados Financieros del IPAB
de marzo de 2004; la segunda columna son elaboraciones propias con base en
la información fragmentaria del Convenio del IPAB con los bancos dado a conocer
el 15 de julio de 2004; y la tercera columna son elaboraciones propias deduciendo
las observaciones no solventadas de la ASF cuya fuente son los informes
sobre las revisiones de la Cuenta Pública de 2000, 2001 y 2002.
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
299
mayores a 46 011 millones de pesos, lo que significaría una disminución de
casi 80 por ciento. En el cuadro 3 tratamos de ilustrar las diferencias entre las
estimaciones según ambos criterios.
En la primera columna aparece la estimación inicial del IPAB, en la segunda
la estimación hecha por el convenio anunciado el 13 de julio pasado.
La diferencia entre ambas es la deducción de 9 477 millones de pesos de
créditos relacionados no solventados. En la tercera columna se encuentra
la estimación límite una vez que se descuentan los créditos observados
por la ASF que llegaría a 121 425 millones de pesos, la cual sería la estimación
legal del punto de partida para el cálculo de los nuevos pasivos que
asumiría el IPAB. La diferencia entre el valor de los nuevos bonos del IPAB
de la segunda y tercera columna sería el aumento en el costo fiscal que se
encuentra en juego de no realizarse las auditorías de ley, esto es, 61 195
millones de pesos, el equivalente a casi tres programas anuales para el
combate a la pobreza.
Los datos de la recuperación de cartera de la primera columna corresponden
al cálculo del IPAB, incluido en sus estados financieros. La cifra de
la segunda columna se obtuvo por diferencia, para ajustarse al dato de 160
183 millones de la obligación de pago asumida por el IPAB, según información
dada a conocer el 15 de julio. La estimación de la tercera columna se
realizó suponiendo que 90 por ciento de la recuperación realizada corresponde
a los créditos libres de observaciones, por parte de la ASF. Este es
el supuesto más crítico de todo el ejercicio, pero parece razonable, ya que
los créditos observados difícilmente podrán recuperarse, pues como vimos
párrafos arriba, están en litigio, son menores a 200 mil pesos, son de grado
E (irrecuperables), o se trata de intereses moratorios.
■ ¿QUÉ SIGUE?
Ante la pretensión de este nuevo atraco a las finanzas públicas, la primera
batalla se dará en el Congreso de la Unión cuando, muy probablemente,
junto con el paquete económico para 2005, el Ejecutivo incluya la pe ti ción
de recursos para el servicio de esta nueva deuda. De aceptar esa pe ti ción, el
Congreso estaría dando un cheque en blanco al Ejecutivo, ya que aún no se
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
300
tendrían los resultados de las “revisiones denominadas GEL” anunciadas en
el mencionado boletín de la SHCP y el IPAB del 13 de julio pasado, y mucho
menos de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo,
de aceptar esa probable petición, el Congreso estaría repitiendo la
historia del 12 de diciembre de 1998, cuando, sin la información en torno a
las condiciones en que se realizó el rescate bancario, y sin la posibilidad
de abatir el costo fiscal del mismo mediante la eliminación de las transacciones
ilegales e irregulares, aun así, legalizó una deuda cuyo costo ha
comprometido el futuro de la economía nacional. Las probabilidades de
que esa historia se repita son muchas; al respecto baste recordar que el PRI
y el PAN hacen mayoría y que cuando se trata de defender el interés de los
banqueros se convierten en los mejores aliados.
Para evaluar el futuro de la nueva amenaza de atraco financiero, también
es necesario tomar en cuenta la cautelosa y adecuada respuesta que la ASF
dio al boletín que le enviaron la SHCP y el IPAB. En ella condiciona la ausencia
de daño a la Hacienda Pública Federal al hecho de que “se tomen las
acciones necesarias para que no se paguen y entreguen recursos públicos,
a las cuatro instituciones de banca múltiple, hasta que no se resuelvan en
definitiva y en su totalidad las consecuencias de las observaciones de la ASF,
que están pendientes de ser solventadas, así como el resultado de las auditorías
que deberán ser practicadas a las cuatro instituciones bancarias”. En
otro párrafo advierte que el programa de canje deberá observar los principios
de legalidad constitucional; de fiscalización superior del ejercicio de
los recursos federales; de autonomía técnica en materia de fiscalización
superior; de transparencia y claridad en la rendición de cuentas y el principio
de competencia.
Tomando en cuenta que los primeros pagarés vencen en septiembre de
2005, existe el tiempo necesario para que antes de su conversión en bonos
del IPAB se realicen las auditorías de ley. La moneda está en el aire.
■ A MANERA DE CONCLUSIÓN
De haberse hecho justicia de manera oportuna en el caso de los crímenes
cometidos por el Estado contra los opositores al régimen priista autoritario
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
301
de las décadas de los sesenta y setenta, ¿las autoridades y los banqueros
se habrían atrevido a realizar el fraudulento rescate bancario mediante el
Fobaproa? Lo más probable es que no. La impunidad de los responsables
de aquella guerra sucia ha llevado a que en el rescate bancario, otros repitan
la historia de recurrir a la impunidad como recurso para hacer prevalecer
sus intereses particulares. En el primer caso no fue la seguridad
nacional ni la seguridad del Estado la que se intentó salvaguardar por quienes
hoy se autodenominan “salvadores de la patria”, sino su permanencia
en el poder; en el segundo caso se trata de mantener los privilegios de un
capital financiero cuyas ganancias han sido a costa del desarrollo del país
y del bienestar del pueblo. Impedir que las historias de impunidad se repitan,
requiere en todos los casos investigar esos hechos, reconstruir la
verdad como condición necesaria para hacer justicia. Es delito de lesa
humanidad el genocidio, la destrucción total o parcial de un grupo nacional,
y también tendría que serlo la destrucción de las condiciones económicas
para garantizar los derechos sociales de un pueblo. Son esas condiciones
las que se comprometieron con la guerra sucia contra la población que se
ha llevado a cabo con el rescate bancario. La creación de una comisión
nacional de transparencia que investigue esos hechos constituye una tarea
pendiente para la democracia mexicana.
303
Un sistema eficaz para la protección del ahorro bancario representa
una institución clave en toda economía moderna. Sin un sistema de
este tipo, difícilmente se puede esperar que funcione eficientemente
el mercado financiero. A partir de la creación del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB), en 1999, se inició en México la construcción de
un sistema moderno de seguro de los depósitos bancarios.
El propósito de este trabajo es comentar algunos de los problemas que
ha tenido que enfrentar el IPAB durante sus primeros años de existencia. Se
repasan las circunstancias que condujeron a la crisis bancaria de 1995, las
características del rescate efectuado y la generación de los enormes pasivos
que le ha tocado administrar al IPAB.
A partir de 1983, la orientación general de la política económica se modificó
hacia la búsqueda de una nueva inserción en la economía mundial, impulsando
mecanismos de mercado que mejoraran la eficiencia y la competitividad
de la economía. Esa orientación adoleció de un grave defecto: se llevó a cabo
en un ambiente institucional no democrático, con un Estado de derecho débil,
una transparencia escasa y una verdadera rendición de cuentas inexistente.
Esto permitió que la política de liberalización financiera condujera al
riesgo de quiebra del sistema bancario, a principios de 1995. La política
aplicada para rescatar a los bancos, mediante el Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (Fobaproa), mostró fallas similares, que propiciaron todo tipo
de abusos e incrementaron de modo desproporcionado el costo fiscal.
Ese creciente costo se financió, al principio de manera subrepticia, recurriendo
a los ingresos petroleros excedentes. El inadecuado manejo de la
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO
Y LOS PROBLEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS PASIVOS RESULTANTES
8 DE MARZO DE 2005
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
304
política de rescate bancario, que aumentó excesivamente el costo fiscal,
junto con la caída del precio del petróleo a principios de 1998, obligaron al
gobierno a explicitar el problema del Fobaproa, y generaron el famoso debate
sobre ese asunto.
La discusión sobre el Fobaproa llevada a cabo en la Cámara de Diputados
durante 1998, resultó oscurecida debido a las deficiencias institucionales
antes señaladas. En lugar de transparentar lo sucedido y reducir en lo posible
el costo fiscal, la mayoría de los legisladores aceptaron la aplicación de
una verdadera operación de encubrimiento que legalizó ese desfalco y le
impuso un costo excesivo al pueblo mexicano.
Con la creación del IPAB, a principios de 1999, el gobierno asumió, de
hecho, la enorme deuda generada por el rescate bancario. A partir de entonces,
ese instituto ha administrado los pasivos resultantes del oneroso
rescate, buscando cómo refinanciarlos y distribuir su pago en el tiempo.
Sin embargo, lo realmente sucedido no ha sido aclarado del todo. El
pueblo mexicano tiene derecho a saber qué pasó, cómo sucedió, por qué
tiene que cargar con esa enorme deuda. Además, el conocimiento de los
hechos permitirá que se entienda la importancia de la nueva legislación y
de las nuevas instituciones, como el IPAB, para prevenir que algo así vuelva
a repetirse. Para ello, resulta necesaria la creación de una comisión de
la verdad.
■ LA PRIVATIZACIÓN DE LA BANCA Y SU CRISIS (1991-1994)1
En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos. La idea era combinar
ese proceso con una política de desregulación en materia financiera
1 El análisis está basado en Juan Moreno Pérez, “El problema del Fobaproa: elementos para
entenderlo y posibles alternativas para su solución”, en El Cotidiano, núm. 92 (UAM), noviembre-
diciembre de 1998; y del mismo autor, “Las secuelas del rescate bancario y la necesaria
reforma fiscal”, en Pascual García Alba, Lucino Gutiérrez y Gabriela Torres Ramírez
(comps.), El nuevo milenio mexicano, t. 3, México, Ediciones y Gráficos Eón / UAM, 2004 (pp.
181-214); así como en el Partido de la Revolución Democrática, Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional / Alternativas para impedirlo, México, 15 de julio de 1998.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
305
que ya se estaba aplicando. Con ello, se buscaba alcanzar de manera simultánea
tres objetivos: aumento de los niveles de ahorro de la economía;
mejor asignación de ese ahorro; y abaratamiento del costo del crédito, derivado
de la competencia esperada entre los nuevos bancos privados. Así,
la economía se beneficiaría al contar con un sistema bancario más moderno
y eficiente, capaz de canalizar el ahorro hacia las actividades más productivas
y de manera menos onerosa.
En un ambiente de apertura de la economía, definitivamente se debía
aplicar una política con esos rasgos. Pero el problema era la debilidad institucional
y la falta de transparencia y de mecanismos modernos de rendición
de cuentas. En el ambiente de autoritarismo y escasa transparencia que
existía, una política que podría haber sido muy positiva, se transformó en
una bomba de tiempo, que estalló a principios de 1995.
El primer gran error fue vender los bancos prácticamente al “mejor postor”,
olvidando que el servicio de banca y crédito es de una naturaleza muy diferente
a las restantes actividades económicas. Por ello, se debió garantizar
que los bancos quedaran en las manos de gente con capacidad para admi nistrarlos
con toda la prudencia y responsabilidad que esa actividad requiere.
Otra falla, también relacionada con la ausencia de transparencia en el
proceso de privatización, fue que no se respetaron las reglas anunciadas. Una
de ellas consiste en que el capital debería provenir de fuera del sistema bancario.
Gran cantidad de compradores financiaron la adquisición de los bancos
recurriendo a préstamos de otros bancos. Así, la capitalización de los nuevos
bancos privados resultó en gran medida ficticia, y comprometió de inicio la
viabilidad de aquéllos.
Resulta difícil creer que las autoridades encargadas de la venta de los
bancos ignoraran estos hechos. Ello ha generado la sospecha de que asuntos
de corrupción pudieron estar involucrados. La ausencia de mecanismos
claros de rendición de cuentas impidió que se aclarara todo ese proceso,
quedando señalado por el signo de la sospecha.
Pero quizás la mayor debilidad del proceso de privatización de la banca
fue que no se acompañó de un reforzamiento de los organismos de supervisión
ni de una modificación de las reglas de garantía para los depósitos
bancarios. Un mercado financiero liberalizado no podía regirse con las mismas
instituciones y reglas de un mercado totalmente controlado.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
306
En cualquier país que liberaliza su sistema bancario, las instituciones y
las reglas de supervisión se refuerzan. En México eso no sucedió. La Comisión
Nacional Bancaria (CNB) continuó operando prácticamente de la misma
manera, con una actitud francamente permisiva.
Respecto a las garantías, durante décadas el gobierno había respaldado,
de hecho, al total de los depósitos bancarios. Por ello, era sabido que en
México nunca quebraba un banco. Esa política era factible debido al estricto
control que ejercía el Banco de México sobre casi todas las operaciones de
la banca. Pero en el nuevo ambiente de desregulación casi total, el mantenimiento
de esa garantía implícita se convirtió en un incentivo perverso para
los nuevos banqueros, quienes podían asumir riesgos excesivos sin preocuparse
por las consecuencias.
Los resultados son bien conocidos. Los niveles de intermediación bancaria
se incrementaron fuertemente, aunque no como resultado del aumento
del ahorro, como se esperaba, sino de la liberación de recursos derivados
de la amortización de la mayor parte de la deuda que tenía el gobierno con
los bancos, y de la canalización de montos crecientes de recursos provenientes
del exterior.
La asignación de los recursos intermediados tampoco resultó lo eficiente
que se esperaba. En buena medida, los bancos fueron utilizados sobre
todo para financiar a los grupos pertenecientes a sus principales accionistas,
con tasas de interés preferenciales. En muchos casos se registraron abusivos
autopréstamos, sin exigir garantías mínimas.
El esperado abaratamiento del crédito, como resultado de la competencia
bancaria, tampoco se produjo. En contraste, se observó exactamente lo
contrario, los márgenes de intermediación se elevaron, hasta alcanzar niveles
sin precedentes en México. Mientras las personas relacionadas con los bancos
gozaron un tratamiento preferente, el costo de los préstamos a las no
relacionadas tuvo un fuerte incremento.
El comportamiento de los banqueros puede considerarse racional, debido
a las reglas del juego entonces existentes. Las instituciones encargadas
de supervisarlos les permitieron hacer prácticamente de todo. El haber
recurrido a préstamos, muchos de ellos, para comprar los bancos, presionaba
la búsqueda de negocios muy rentables, que les permitieran amortizar
rápidamente esos créditos. Además, el gobierno mantenía la garantía del
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
307
total de los depósitos, lo cual constituye un caso típico de riesgo moral, que
aparece cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno, les resolverá
sus problemas presentes y futuros.
Ese comportamiento resultó reforzado por una política económica que
indujo el sobrendeudamiento de la economía. Luego de estabilizar a la economía
y anunciar la próxima firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), el gobierno creó un ambiente muy favorable, que
atrajo enormes flujos de capital del exterior.
Mediante el mantenimiento de un tipo de cambio estable, se buscó dar
certidumbre a los rendimientos esperados por los inversionistas extranjeros.
Como la inflación doméstica seguía siendo superior a la exterior, el peso se
fue sobrevaluando y generó un déficit cada vez mayor con el exterior, el cual
se compensó con entradas de capital, también crecientes.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos, que provocó aumentos en los bienes y servicios no comerciables,
superiores a los registrados en los comerciables con el exterior. Ese conocido
fenómeno propició señales equivocadas a los mercados. Los precios
de los inmuebles y de otros bienes no comerciables aumentaron mucho,
y generaron la ilusión de que se era más rico y, por tanto, se podía gastar y
endeudarse más.
Durante el año electoral de 1994, el gobierno llevó esa política al extremo.
Con un déficit fiscal supuestamente cercano a cero, efectuó crecientes colocaciones
de valores en el exterior, como los famosos tesobonos. Esos recursos
permitieron amortizar mucha deuda interna y liberaron fondos que
los bancos terminaron canalizando a la economía, lo que creó una situación
prácticamente insostenible.
En diciembre de 1994, comenzando el gobierno del presidente Zedillo,
la realidad se impuso y el peso se devaluó. Para muchos, la devaluación
significó pasar de manera abrupta de la ficción a la realidad. Gan cantidad
de personas que contrataron deudas considerando precios inflados de activos,
de pronto se enfrentaron a tasas de interés muy elevadas y a precios
de sus activos devaluados en mayor proporción que la moneda. A ello siguió
una fuerte contracción de la economía que puso a muchos deudores en situación
de insolvencia. Los bancos dejaron de recuperar los créditos otorgados
y se presentó un riesgo de quiebra bancaria en cadena.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
308
Los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se han culpado mutuamente
por esa crisis, hablando del famoso “error de diciembre”. La verdad
es que los dos resultan responsables de lo sucedido. El primero, por impulsar
la política insostenible antes comentada. El segundo, por su incapacidad
de manejar adecuadamente la coyuntura, convirtiendo una situación, sin
duda difícil, en una crisis de grandes proporciones.
La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas, como
ya se ha comentado, volvió a jugar un papel perverso en esa coyuntura.
Existen muchas versiones de que funcionarios del gobierno informaron
previamente a algunos empresarios de que se iba a llevar a cabo la devaluación,
lo cual permitió que se cubrieran y derrumbaran el mercado cambiario,
haciendo más costosa e inmanejable la situación. Esta versión, como tantas
otras, quedó sin investigarse ni aclararse.
■ EL RESCATE BANCARIO:
EL USO DE LOS EXCEDENTES PETROLEROS
Y EL RIESGO MORAL (1995-1997)
Durante los últimos años del gobierno del presidente Salinas, lo único que
se pregonó fue que los fundamentos de la economía estaban bien y que no
había de qué preocuparse. Para ello, se maquillaron cifras básicas, como
el déficit fiscal, sacando de esa medición la intermediación financiera. Ese
concepto mide los recursos netos intermediados por la banca de desarrollo
y los fideicomisos de fomento, cuyo usuario final es el sector privado, pero
que tienen como origen un aumento en la deuda pública. El déficit por ese
concepto alcanzó más de 3 por ciento del PIB en 1994, pero, como no se
incluyó en la medición oficial del déficit fiscal, se pudo presumir que el
déficit era cercano a cero.
Así, cuando se inició el gobierno del presidente Zedillo, no se tenía un
verdadero diagnóstico de lo que sucedía, y menos, de lo que se venía. La
programación para 1995 se hizo sin contar con los usuales elementos técnicos
de análisis. Cuando se produjo la devaluación, las autoridades hacendarias
no tenían claridad respecto a la real naturaleza de la crisis que se
estaba presentando y de lo que debía hacerse.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
309
La falsa idea de que los fundamentos de la economía estaban bien, llevó
a que se pensara que la devaluación sólo reflejaba una crisis de confianza de
corto plazo. Algunos, incluso, creyeron que el problema se superaría resolviendo
la situación de Chiapas. Luego de la operación militar de febrero de
1995, la situación económica no sólo no se compuso, sino que se deterioró
aceleradamente, habiéndose perdido un tiempo precioso.
La versión de que se había dado un tratamiento preferente a grandes
inversionistas nacionales, sobre los extranjeros, condujo a la destitución del
nuevo secretario de Hacienda, y al inicio de un ajuste mal diseñado desde
su inicio, el cual llevó luego al grave problema del Fobaproa.
El primer error fue garantizar el valor en dólares y los plazos de vencimiento
de los tesobonos, en su mayoría en manos de inversionistas extranjeros,
desechando cualquier posibilidad de negociar las condiciones de
amortización de esos bonos, lo que habría permitido un ajuste más ordenado
y suave. Esos títulos se liquidaron rápidamente, utilizando para ello un
crédito de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos, con los ingresos
de las exportaciones petroleras como respaldo.
La garantía gubernamental sobre cien por ciento de los depósitos bancarios
eliminó cualquier flexibilidad en el ajuste mediante mecanismos de
mercado. Pero lo más grave fue que, desde un principio, se buscó proteger
a los grandes deudores, normalmente asociados a los banqueros, presionando
a los pequeños deudores para que pagaran sus créditos, con las infladas
tasas de interés, o serían despojados de sus propiedades. La falta de equidad
fue la regla desde el inicio de la crisis.
Ningún gobierno responsable podía permitir que quebrara la banca y se
interrumpiera el sistema de pagos de la economía. Por ello, la necesidad de
que el gobierno interviniera, lo cual significaba necesariamente incurrir en
un costo fiscal, está fuera de toda discusión. El problema es evaluar cómo
se realizó esa inevitable intervención.
En cualquier país democrático, cuando se presenta un riesgo de quiebra
bancaria en cadena, normalmente se adoptan al menos tres tipos de
medidas: en primer lugar, los funcionarios involucrados en la gestación
de la crisis son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha; segundo,
los programas de apoyo a los bancos se basan en reglas generales, ya que
se trata de recursos públicos; y tercero, esas reglas incluyen incentivos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
310
de mercado para propiciar que los bancos beneficiarios ayuden a corregir
la situación.
En México, debido al débil ambiente institucional antes mencionado, se
hizo exactamente lo contrario. Los funcionarios señalados como responsables
de la crisis fueron también los encargados de aplicar los programas de
rescate. Aunque en un principio se pretendió mantener algún tipo de reglas
generales, pronto se pasó a niveles de discrecionalidad verdaderamente
irresponsables. Esa ausencia de reglas claras condujo a todo tipo de abusos
que propiciaron un incremento exagerado del costo fiscal.
El mecanismo que se utilizó para canalizar los apoyos a la banca fue el
Fobaproa, que pasó de ser un fideicomiso privado, a convertirse en el organismo
público responsable de asumir una deuda pública gigantesca. En un
principio sólo se otorgaron apoyos temporales a los bancos, para garantizar
que mantuvieran niveles de capitalización suficientes.
Varios bancos a punto de quebrar fueron intervenidos por la Comisión
Nacional Bancaria, asumiendo el gobierno, por medio del Fobaproa, la responsabilidad
de sanearlos. En algunos bancos, como Serfin, se mantuvo la
ficción de que no estaban intervenidos, cuando realmente lo estaban, para
todos los efectos prácticos. Pronto, las pérdidas de los bancos intervenidos
se acumularon y la terquedad de impedir que ningún banco se declarara en
quiebra, llevó a que el costo del rescate se incrementara más y más.
Para los bancos que se consideraban viables, se diseñó un programa
especial, denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC), el cual es, hasta la actualidad, un dolor de cabeza para el gobierno
y para los legisladores. Mediante ese programa, los bancos elegirían una
cartera de crédito con problemas, la cual se situaría en un fideicomiso administrado
por el propio banco. A cambio del derecho sobre los flujos que
generara esa cartera, el Fobaproa emitiría un pagaré a 10 años, no negociable,
con intereses capitalizables, y avalado por el gobierno.2
En un principio, el Fobaproa emitió unas reglas generales para los PCCC,
señalando el tipo de créditos que se podían admitir. También se fijó la obligación
2 Las características están descritas en Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), Revisiones
del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, México, septiembre de 1998.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
311
de que los créditos estuvieran provisionados con las reservas que marca la Ley.
Además, se determinó una regla de participación de los bancos y el gobierno
en las pérdidas que finalmente se registraran, cuando los pagarés vencieran.
Como todo en México, las reglas pretendidamente generales se empezaron
a flexibilizar, primero con un banco, y luego con otro. Si se analizan las carteras
incluidas en los tramos acordados durante 1995, se observa que las
reglas se cumplieron, más o menos. Pero en los pagarés emitidos en 1996 o
después, se permitió que los banqueros metieran toda la basura irrecuperable
que tuvieran, sin exigirles siquiera que mantuvieran unas reservas mínimas.
El proceso de rescate bancario se llevó a cabo en la oscuridad, sin informar
siquiera a los legisladores. La gran discrecionalidad involucrada propició
todo tipo de abusos, los cuales fueron incrementando de manera
alarmante el costo fiscal. Aunque la mayor parte de los compromisos se
constituyeron con promesas de pago a largo plazo, el saneamiento de tantos
bancos y la entrada en operación de algunos programas de apoyo a deudores
exigieron erogaciones presupuestarias crecientes.
A fines de 1995 se dio a conocer la primera estimación de lo que sería el
costo fiscal del rescate bancario. En los Criterios Generales de Política Económica
para 1996, se señalaba que dicho costo alcanzaría sólo 5.1 por ciento
del PIB, del cual, 2.4 puntos porcentuales correspondían a los programas
llevados a cabo por el Fobaproa. Para fines de 1996, el costo total estimado
se incrementó a 8.5 por ciento del PIB, con 4.4 puntos porcentuales para el
Fobaproa. Y a fines de 1997, pocos meses antes de que se iniciara el famoso
debate sobre este asunto, el costo se calculó en 11.9 por ciento del PIB, con
8.3 puntos porcentuales estimados para el Fobaproa.
Desde un principio apareció el problema de cómo financiar el rescate
bancario, en un ambiente de crisis, con ingresos fiscales deteriorados y
grandes dificultades para contratar nueva deuda. La salida fue incrementar
las exportaciones de petróleo, aprovechando que los precios iban coyunturalmente
al alza. Pero, como el sólo aumento del volumen de petróleo por
exportar no bastaba, se decidió utilizar el perverso régimen fiscal aplicado
a Pemex para incrementar la tributación de esa paraestatal.3
3 El autor presentó por primera vez esta hipótesis en “El petróleo y el Fobaproa”, La Jornada,
México, 12 de abril de 2000.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
312
El mecanismo utilizado entre 1995 y 1997 para exprimir fiscalmente a
Pemex y financiar de manera subrepticia el creciente costo del rescate bancario,
consistió en subestimar el precio de referencia del petróleo, para
garantizar una tasa de tributación a Pemex superior a 60.8 por ciento sobre
sus ingresos, aplicada mediante el derecho sobre hidrocarburos. A los ingresos
por encima de ese subestimado precio se les aplica el aprovechamiento
sobre ingre sos ex cedentes, con una tasa de 39.2 por ciento,
quedando todos esos re cur sos en manos del fisco. Además, como los ingresos
excedentes no se habían presupuestado, se podían asignar de manera
discrecional, siempre que se destinaran a programas prioritarios, y el rescate
bancario podía considerarse como parte de ellos.
Al igual que pasó con la devaluación del peso, cuando algunos funcionarios
del gobierno pensaban que era una crisis de confianza de corto plazo,
que se podía revertir en el momento que se restaurara la confianza, todo
indica que con el rescate bancario sucedió algo parecido. Creyeron que
manteniendo la ficción de que ningún banco quebraba, y canalizando recursos
de apoyo de manera subrepticia, la situación se iría recomponiendo.
Pero olvidaron que los incentivos perversos involucrados en los esquemas
de rescate llevaban necesariamente a un crecimiento sin control de las erogaciones
y de los pasivos que tendría que asumir finalmente el gobierno.
■ LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
Y LA EXPLICITACIÓN DEL PROBLEMA DEL FOBAPROA (1998)
La situación se modificó de manera abrupta al iniciar 1998. El precio del
petróleo se derrumbó, y con ello, el mecanismo para financiar el rescate
bancario. Ese fenómeno obligó al presidente Zedillo a explicitar el problema
del Fobaproa, enviando a fines de marzo varias iniciativas de Ley al Congreso,
en las que proponía que se asumiera formalmente una deuda estimada
para febrero de ese año en 552.3 miles de millones de pesos, más los “accesorios”
que se acumularan hasta diciembre.
Entonces fue cuando se inició el debate nacional sobre el Fobaproa. En un
principio, los legisladores pidieron que se explicara de dónde habían salido
esos pasivos, y que se auditaran, antes de aprobar su conversión formal en
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
313
deuda pública. Aunque existieron las usuales presiones para que se legislara
al vapor y se aprobaran esas iniciativas en el periodo ordinario de sesiones del
Congreso, que concluía en abril, la aprobación no se consiguió, dejándose esa
posibilidad para el siguiente periodo ordinario, por iniciarse en septiembre.
Fue precisamente durante el receso legislativo, entre mayo y agosto,
cuando la discusión respecto al Fobaproa se convirtió en un debate nacional.
El gobierno inició una fuerte campaña de propaganda, sosteniendo que si
esos pasivos no eran reconocidos como deuda pública, se podría producir
una verdadera catástrofe económica.
Al autor le tocó participar en ese debate, en su carácter de asesor de los
legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Como resultado
del intenso debate llevado a cabo dentro de ese partido, el 15 de julio se
dio a conocer el documento Fobaproa: el gran atentado contra la economía
nacional / Alternativas para impedirlo.4
La propuesta del PRD partía del análisis que se ha comentado en párrafos
anteriores, respecto a cómo se había gestado la crisis bancaria. El planteamiento
básico era el rechazo a la conversión propuesta de los pasivos del
Fobaproa en deuda pública. Con ello se evitaba que se endosara un enorme
costo a la población y que se encubrieran las muchas ilegalidades e irresponsabilidades
registradas.
Se proponía revisar a fondo el rescate bancario, identificando las operaciones
producto del abuso de los banqueros y de sus asociados, las cuales
no deberían recibir ningún apoyo fiscal. Además, se planteaba establecer
reglas generales y transparentes para el rescate de las empresas y familias
que resultaban verdaderas víctimas de la crisis.
La revisión detallada de lo sucedido representaba además una gran
oportunidad histórica para transformar lo que sería un fraude de enormes
proporciones contra la mayoría de la población, en un proceso que combatiera
a fondo las raíces de la corrupción y de la impunidad. Ese proceso
ayudaría a fortalecer el Estado de derecho, fomentaría la transparencia y
fortalecería los mecanismos de rendición de cuentas, los grandes ausentes
en el proceso de modernización de la economía mexicana.
4 Este documento fue elaborado por el autor en su mayor parte.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
314
La respuesta del gobierno fue la descalificación, mas resultó incapaz de
refutar el análisis presentado y eludió cualquier tipo de discusión seria.
Prefirió continuar su campaña propagandística, tratando de convencer a la
población de que la política de rescate bancario aplicada no sólo había sido
la más adecuada, sino la única posible.5
En septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al consultor
canadiense Michael Mackey, para que efectuara una auditoría a todas las
operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa. Además, se decidió no aprobar
ninguna modificación legal a ese respecto, hasta que concluyera la citada
revisión y todo se clarificara.
Sin embargo, esos acuerdos no se cumplieron, ya que muchos legisladores
permitieron que se llevara a cabo una auténtica operación de encubrimiento.
Durante los primeros meses, el gobierno se negó a entregar
la in for mación que requería el auditor Mackey, impidiendo que avanzara la
revisión encomendada. Luego, se olvidó el acuerdo de no legislar hasta que
se concluyera la auditoría. Así, en diciembre de 1998 se aprobó la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, que dio origen a la creación del IPAB. Sólo los
legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaron en contra.
Con la aprobación del citado ordenamiento, se legalizaron los enormes
pasivos generados por el rescate bancario, los cuales se transfirieron al IPAB,
y se estipuló que las auditorías en curso deberían concluirse. Sólo quedó
pendiente lo referente a los pagarés en poder de los bancos aún vivos, los
correspondientes al PCCC. Se acordó que esos pagarés deberían canjearse
por nuevos instrumentos de deuda del IPAB, después de que se concluyeran
las auditorías y se depurara la cartera de créditos que los amparaba.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB Y EL MANEJO
DE LA DEUDA BANCARIA (1999-2004)
A principios de 1999, el IPAB comenzó a administrar los enormes pasivos
heredados del Fobaproa. Además, concluyó las operaciones de saneamiento
5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fobaproa: la verdadera historia, México, julio
de 1998.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
315
financiero que habían quedado pendientes. También inició la venta de algunos
de los bancos intervenidos y la liquidación de los otros. Para el manejo de
los pasivos diseñó una estrategia consistente en evitar que continuaran creciendo
en términos reales, de manera que, como proporción del PIB, se fueran
reduciendo.
En julio de ese año, el auditor Mackey entregó a la Cámara de Diputados
su Informe sobre las operaciones del Fobaproa.6 Lo primero que se destacó
en ese informe fue que no se trataba de la auditoría encomendada por los
diputados y estipulada en la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Como
lo dijo Mackey de manera explícita: “Este informe y las evaluaciones que se
han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera”.7
Las razones de que no pudiera realizar la auditoría encargada se debieron
a las limitaciones de la información que le fue proporcionada. Sin
embargo, el análisis presentado respecto al origen de la crisis bancaria, a
la evaluación de los programas aplicados, y al desempeño de las instituciones
encargadas de supervisar a los bancos, resultó de una gran profundidad.
Algo notable en el Informe de Mackey fue la coincidencia, en muchos
rasgos, con el diagnóstico presentado, un año antes, en el comentado
documento del PRD.
Los voceros del gobierno, así como la mayoría de los legisladores, pretendieron
hacer pasar el informe de Mackey como la anunciada auditoría a las
operaciones efectuadas por el Fobaproa. Así, se aparentó que se había cumplido
con lo establecido en la Ley, con el propósito de encubrir todo lo su cedido
y garantizar impunidad a los responsables del gran desfalco.
Como anexo de su informe, el auditor Mackey entregó un listado de operaciones
consideradas como reportables, por un monto de casi 74 mil millones
de pesos, a valor original, y propuso que se revisaran cuidadosamente. El anexo
también incluía un listado con los nombres de los beneficiarios.8 A petición de
6 Michael W. Mackey, Informe sobre la evaluación integral de las operaciones y funciones del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la calidad de la supervisión de los programas
del Fobaproa de 1995 a 1998, México, julio de 1999.
7 Ibid., p. 5.
8 Michael W. Mackey, Fobaproa / Lista consolidada de transacciones reportables, México, julio
de 1999.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
316
las fracciones mayoritarias de la Cámara de Diputados, Mackey encriptó el
archivo electrónico con ese listado. El código de acceso se dividió en cinco
partes y se proporcionó una de ellas a cada partido representado en la Cámara.
Con ello, se garantizó que la única manera de que pudieran conocerse
los nombres incluidos en esa lista fuera mediante el consenso de los
cinco partidos.
En octubre de 1999, el PRD propuso que se diera a conocer el listado de
las operaciones reportables. La mayoría de los diputados se opusieron
mediante la aprobación de un punto de acuerdo que mantenía esa lista en
secreto y encargaba al IPAB que la revisara y sólo entonces diera a conocer
los nombres de los responsables de los créditos que se hubieran identificado
como ilegales.
En marzo de 2000, el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su Informe
de las Transacciones Reportables, en el que dio a conocer las acciones que
había realizado respecto a los créditos irregulares detectados, pero sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.9
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear la Comisión
Investigadora del IPAB, con el fin de evaluar cómo estaba cumpliendo ese
nuevo organismo con las obligaciones señaladas en la Ley. En medio de la
campaña electoral de ese año, todos los partidos, con la excepción de uno,
dieron a conocer su respectiva clave de acceso. Cuando el PRD tuvo la presidencia
de la citada comisión, también accedió a la custodia del famoso
archivo encriptado, cuyo contenido fue dado a conocer tiempo después.
A partir de 2000, se incluyó en la Ley de Ingresos la autorización para que
el IPAB pudiera realizar operaciones de refinanciamiento de sus pasivos. Lo
primero que hizo fue contratar nuevos créditos con los bancos, sustituyendo
con esos recursos las deudas más caras. En ese proceso, el IPAB no siempre
tuvo éxito. Un caso ejemplar fue lo sucedido con el pagaré de Banca Confía,
adquirido por el Citibank. Ese pagaré era el que tenía la tasa de interés más
elevada. Cuando el IPAB trató de sustituirlo, el Citibank lo deman dó, propiciando,
entre otras cosas, la renuncia del primer secretario ejecutivo de ese instituto.
El último día del gobierno del presidente Zedillo, ese pagaré fue finalmente
9 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Informe de las Transacciones Reportables,
México, marzo de 2000.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
317
sustituido, reduciendo la tasa de interés, pero ampliando el plazo en varios años,
de manera que se garantizara el ingreso esperado por ese banco extranjero.
El siguiente paso del IPAB para refinanciar sus pasivos, fue la emisión
de los “bonos para la protección del ahorro” (BPA). En un principio, los BPA
se colocaron con una sobretasa considerable respecto a valores gubernamentales
como los cetes. Pero paulatinamente esa sobretasa se fue disminuyendo,
al descontar los mercados que en realidad se trataba de deuda
equivalente del gobierno.
Los recursos presupuestarios entregados al IPAB se dirigieron a financiar
el costo de los programas de apoyo a los deudores, y a sufragar el
componente real del pago de intereses de sus pasivos, siguiendo la estrategia
de evitar que la deuda creciera en términos reales. Los recursos
provenientes de los préstamos bancarios y de las emisiones de bonos se
usaron para concluir las operaciones de saneamiento pendientes. A la fecha,
las nuevas emisiones de bonos se están utilizando para sustituir los créditos
bancarios contratados.
Para fines de 2003, los pasivos administrados por el IPAB ascendieron a
816 mil millones de pesos. Su valor máximo, como proporción del PIB, fue alcanzado
en 1999, y empezó a disminuir a partir del siguiente año, como resultado
de la estrategia que se adoptó. A partir de 2000, las obligaciones derivadas
de los programas de saneamiento se fueron amortizando, siendo sustituidas
por contratación de créditos bancarios y emisión de BPA. El único segmento
de los pasivos que continuó creciendo hasta 2003, mediante el mecanismo de
capitalizar los intereses que se van generando, fue el de los PCCC.
En julio de 2004, se inició el proceso de conversión de los pagarés del
PCCC en deuda directa del IPAB. Aunque las reglas para dicha conversión
fueron publicadas desde 1999, la sustitución se pospuso durante cinco años.
La razón fue la existencia de diferencias en la interpretación de lo que debían
ser las auditorías señaladas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Desde la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) empezó a auditar todas las operaciones del rescate bancario,
de acuerdo con lo señalado en la Ley. Entre las primeras recomendaciones
efectuadas, la ASF pidió que se llevaran a cabo las auditorías a las carteras
amparados por los PCCC, como lo indica el artículo quinto transitorio de la Ley,
antes de realizar su canje por nuevos títulos de deuda del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
318
En las siguientes revisiones, para las cuentas públicas de 2001 y 2002, la
Auditoría Superior encontró que en las carteras que amparan a esos pagarés,
se incluyeron muchos créditos que no correspondían a las reglas de ese
programa, los cuales deberían ser sustituidos antes de que se realizara el
canje. Un resultado interesante de esas revisiones fue que los bancos participantes
en ese programa nunca debieron ser apoyados con recursos fiscales,
ya que en todo momento registraron niveles de capitalización superiores
a los exigidos por la Ley.10
Este es un resultado muy ilustrativo de lo que sucede cuando no existen
reglas de transparencia adecuadas. La observación de la ASF es atinada respecto
a que los bancos señalados mostraban niveles de capitalización superiores
al mínimo exigido por la ley. Pero ello no era cierto, ya que la CNB
permitía registrar como capital algunas partidas que en realidad no lo eran,
lo que posibilitaba el mantenimiento de una apariencia de solidez que en
realidad no existía. Como las autoridades tenían conocimiento de lo que de
verdad sucedía, permitieron que esos bancos participaran en el PCCC.
Como resultado de sus revisiones, la Auditoría Superior de la Federación
solicitó a la Secretaría de Hacienda no destinar recursos para el pago
de intereses a los créditos observados, y agregó que debían deducirse del
valor de los pagarés. El Ejecutivo respondió con una controversia constitucional,
aduciendo que esa solicitud estaba fuera de la competencia de
la Auditoría Superior.
Los bancos con pagarés del PCCC se ampararon, argumentando que las
auditorías ordenadas por la Ley ya habían sido realizadas durante las revisiones
del auditor Mackey. Además, iniciaron juicios contra los despachos
contables contratados por el auditor Mackey, para evitar que entregaran a
la ASF los papeles de trabajo utilizados durante su revisión, escudándose en
el secreto bancario.
Finalmente, en julio de 2004, el IPAB llegó a un acuerdo con los bancos,
y se efectuó la firma de los contratos de canje de dichos pagarés del PCCC.
10 Auditoría Superior de la Federación, Informe de la Revisión y Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública, 2001, t. III, vol. 3.; e Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de
la Cuenta Pública, 2002, t. III, vol. 2.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
319
Esos contratos incluyeron tres aspectos. En el primero, los bancos aceptaron
que despachos contratados por el IPAB efectuaran unas revisiones de Gestoría,
de Identidad de Objeto y de Existencia, de Legitimidad y de Legalidad,
es decir, las denominadas “revisiones GEL”.
En segundo lugar, los bancos se comprometieron a sobreseer los juicios
de amparo que iniciaron, así como a retirar las demandas interpuestas contra
los despachos contratados por Mackey, para que pudieran proporcionar
los papeles de trabajo a los auditores encargados de las revisiones GEL.
Por último, los bancos aceptaron atender voluntariamente las observaciones
efectuadas por la ASF, y realizar las sustituciones o descuentos
que procedieran. Sin embargo, el tratamiento se pactó de antemano con
el IPAB: los créditos relacionados serían pagados por los bancos; los créditos
menores serían afectados a un fideicomiso; los créditos en litigio
serían sustituidos en caso de sufrir evicción; y los intereses moratorios se
incluirían en el canje, ya que la Secretaría de la Función Pública los consideró
legales, en contra del criterio manifestado por la Auditoría Superior
de la Federación.
Las revisiones GEL aún no concluyen. El valor de dichos pagarés, a fines
de 2003, ascendía a alrededor de 220 mil millones de pesos. Si se hubieran
canjeado con base en las reglas originales, y suponiendo que todos los créditos
incluidos cumplieran las citadas reglas, el costo fiscal final hubiera sido
de aproximadamente la mitad de ese valor, al descontar las reservas y la participación
en pérdidas pactada, tal como parece que finalmente sucederá.
Pero, si se hubiera tenido la voluntad de llevar a cabo las auditorías
pendientes, tal como lo ordena el artículo quinto transitorio de la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, y se hubieran atendido de manera escrupulosa
las recomendaciones de la Auditoría Superior, dicho costo fiscal podría
haberse reducido posiblemente a una quinta parte de su valor nominal, al
deducirse los créditos irregulares que se incluyeron.
■ REFLEXIÓN FINAL
Como conclusión de estas reflexiones, se puede decir que el IPAB y el nuevo
seguro para los depósitos bancarios son una parte muy importante de
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
320
las nuevas instituciones destinadas a fortalecer una sociedad realmente
democrática. Por ello, deben consolidarse, y su importancia debe ser difundida,
contrastándola con las experiencias vividas antes de que dichas
instituciones existieran.
Por último, se debe hacer un esfuerzo final para reducir en lo posible el
costo fiscal derivado de los pasivos del IPAB, antes de emitir los nuevos títulos
de deuda que sustituirán a los pagarés del PCCC. Además, como un verdadero
asunto de salud pública, resulta indispensable la creación de una comisión
de la verdad que aclare lo sucedido con el rescate bancario y prevenga a la
sociedad para que no se vuelva a endosar al pueblo mexicano una deuda tan
cuantiosa y, sobre todo, tan injusta.
■ REFERENCIAS
Auditoría Superior de la Federación (ASF): Informe de Resultados sobre la
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000, t. III, vol. 2.
______: Informe de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública,
2001, t. III, vol. 3.
______: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública, 2002, t. III, vol. 2.
Contaduría Mayor de Hacienda (CMH): Revisiones del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, México, septiembre de 1998.
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa): Estimación de los Pasivos
del Fobaproa en Diciembre de 1998 (esta información estuvo disponible
en una página de internet, ahora desaparecida).
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB): Informe de las Transacciones
Reportables, México, marzo de 2000.
______: Informe Anual de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.
MACKEY, Michael W.: Informe sobre la evaluación integral de las operaciones
y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la calidad de la
supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998, México, julio
de 1999.
______: Fobaproa / Lista consolidada de transacciones reportables, México,
julio de 1999.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
321
MORENO PÉREZ, Juan: “El problema del Fobaproa: elementos para entenderlo
y posibles alternativas para su solución”, en El Cotidiano, , núm. 92 (UAM),
noviembre-diciembre de 1998.
______: “El petróleo y el Fobaproa”, en La Jornada, México, 12 de abril de
2000.
______: “Las secuelas del rescate bancario y la necesaria reforma fiscal”, en
Pascual García Alba, Lucino Gutiérrez y Gabriela Torres Ramírez (comps.),
El nuevo milenio mexicano, t. 3, México, Ediciones y Gráficos Eón / UAM,
2004 (pp. 181-214).
______: y Rosa Albina Garavito Elías: “El rescate bancario: la otra guerra
sucia”, en Memoria, núm. 187, México, septiembre de 2004.
Partido de la Revolución Democrática (PRD): Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional / Alternativas para impedirlo, México, 15 de
julio de 1998.
Poder Ejecutivo Federal: Criterios Generales de Política Económica para
1996, 1997 y 1998.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Fobaproa: la verdadera historia,
México, julio de 1998.
323
Las tareas encomendadas a la Comisión de Investigación sobre el
IPAB sólo se cumplieron de manera muy parcial. Además de las
escasas y espaciadas reuniones, hubo una negativa explícita para
el desarrollo de tareas de investigación por parte de la mayoría de los
integrantes y no existió un real interés por efectuar una revisión profunda
del funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) y evaluar hasta qué punto ese instituto se había ceñido a las disposiciones
jurídicas que lo regulan. Lo que prevaleció fue un enfoque
netamente oficialista que buscó en todo momento justificar las acciones
realizadas por las autoridades durante el rescate bancario. Por esas razones,
y ante la imposibilidad de rehacer el texto del Informe de la Comisión,
decidimos anexar al mismo este escrito con las siguientes
consideraciones.
■ INTRODUCCIÓN
La crisis bancaria que estalló a principios de 1995 llevó al gobierno a
realizar una serie de acciones que luego se denominaron ‘rescate bancario’.
Esa política ha significado un enorme sacrificio financiero para el
país y un gran costo social para el pueblo mexicano. Hasta junio de 2006,
el costo fiscal del rescate bancario puede estimarse en un billón 358 mil
millones de pesos, lo que representa 15.4 por ciento del producto interno
bruto (PIB). Pero esa enorme carga no resultó de una catástrofe natural
CONSIDERACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
RESPECTO AL INFORME DE LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL INSTITUTO
PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
AGOSTO DE 2006
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
324
o algo por el estilo. En realidad fue resultado de políticas equivocadas e
irresponsabilidades de todo tipo y de acciones premeditadas ejercidas
por funcionarios públicos claramente identificados.
A partir de 1983 la orientación general de la política económica se
modificó. Bajo el pretexto de buscar una nueva inserción en la economía
mundial que impulsara mecanismos de mercado que mejoraran la eficiencia
y la competitividad de la economía nacional, se debilitaron muchas de
las responsabilidades sociales y productivas del Estado mexicano. Esa
orientación conllevó un grave defecto: se efectuó en un ambiente institucional
no democrático, con un Estado de derecho débil, transparencia
escasa, sin verdadera rendición de cuentas y con la existencia de una
enorme red de complicidades y corrupción.
Esa grave ausencia permitió que la política de liberalización financiera
abrupta condujera al riesgo de quiebra del sistema bancario a principios de
1995. La política aplicada para rescatar a los bancos mediante el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) mostró fallas similares, que
propiciaron todo tipo de abusos e ineficiencias que incrementaron desproporcionadamente
el costo fiscal.
Ese creciente costo se financió al principio de manera subrepticia, recurriendo
a los ingresos petroleros excedentes. El inadecuado manejo de la
política de rescate bancario, que incrementó excesivamente el costo fiscal,
junto con la caída del precio del petróleo a principios de 1998, y la exigencia
social y legislativa, obligaron al gobierno a explicitar el problema del Fobaproa.
La información, incompleta aún en la actualidad, sólo fue posible
mediante la denuncia y la exigencia nacional.
La discusión sobre el Fobaproa llevada a cabo en la Cámara de Diputados
durante 1998, resultó oscurecida debido a las deficiencias
institucionales antes señaladas. En lugar de buscar transparentar lo
sucedido y reducir en lo posible el costo fiscal, la mayoría de los legisladores
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN) aceptaron la aplicación de una verdadera operación
de encubrimiento que legalizó ese desfalco y le impuso un costo
excesivo al pueblo mexicano.
Con la creación del IPAB a principios de 1999, el gobierno asumió, de hecho,
la enorme deuda generada por el rescate bancario. A partir de entonces,
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
325
ese instituto ha administrado los pasivos resultantes del oneroso rescate
buscando cómo refinanciarlos y distribuir su pago en el tiempo. Utilizando
recursos presupuestarios sólo se ha evitado que esa deuda crezca
en términos reales y vaya disminuyendo paulatinamente como proporción
del PIB.
La administración y venta de los activos en poder del IPAB se ha
convertido en otra fuente de sospecha y de inconformidad social. El
deterioro de los bienes, los bajos precios de venta, los contratos de alto
beneficio a las administradoras de los activos, la creación de un mercado
secundario totalmente distorsionado en donde los beneficiarios
son pocas empresas, y la existencia de tráfico de influencias para asignar,
mediante subasta o licitación, determinada cartera de créditos o
bienes muebles e inmuebles, ha sido la constante del funcionamiento y
la operación del IPAB.
El intento de hacer del IPAB un organismo con independencia del
Poder Ejecutivo para garantizar la operación transparente de sus operaciones
se nulificó en los hechos y el Instituto se convirtió en una
simple prolongación de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), quienes mantienen el control y la subordinación
absoluta.
La última etapa del rescate bancario se concluyó en 2005 con la conversión
de los pagarés de capitalización y compra de cartera (PCCC) en
nuevos bonos emitidos por el IPAB. Con el fin de reducir en lo posible el
costo fiscal, durante años se luchó por depurar esos pagarés eliminando
los créditos ilegales que se habían incluido. Sin embargo, ese empeño se
vio frustrado ante la intervención del presidente de la República y con
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
invalidó las auditorías practicadas.
A más de diez años, lo realmente sucedido desde el inicio del rescate
bancario en 1995 no ha sido aclarado del todo y ningún funcionario ha
sido investigado o sancionado. La impunidad se estableció como la constante
de la quiebra y el rescate bancario. El pueblo mexicano tiene derecho
a saber qué pasó, cómo sucedió, por qué tiene que cargar con esa
enorme deuda. Para ello, resulta necesaria la creación de una Comisión
de la Verdad.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
326
■ EL COSTO FISCAL DEL RESCATE BANCARIO
Para el mes de junio de 2006, el costo del rescate bancario se estimó en
un billón 358 mil millones de pesos, monto que representa 15.4 por ciento
del PIB.
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A PRECIOS DE JUNIO DE 2006
Monto % PIB
Total 1’358 020 15.4
Costo pagado hasta junio de 2006 549 291 6.3
Ramo 29 190 803 2.2
Ramo 34 339 767 3.9
Remanente Banxico 18 721 0.2
Pasivos actuales (junio de 2006) 808 730 9.2
IPAB 745 093 8.5
Originales 67 760 0.8
Saneamiento financiero 67 760 0.8
PCCC (Convenio) 0 0.0
Refinanciados 673 230 7.6
Otros 4 103 0.0
Banco de México (Banxico) 53 594 0.6
Nafinsa (Crédito a Fobaproa) 10 043 0.1
Como se puede ver en el cuadro 1, el costo señalado se divide en dos
grandes partes: la ya pagada y la pendiente de pagar; es decir, los pasivos
o deuda que tendrán que ser erogados año con año. El monto pagado asciende
a la fecha a 549 mil 291 millones de pesos, 6.3 por ciento del PIB, y
quedan aún como deuda pública los restantes 808 mil 730 millones de
pesos, 9.2 por ciento del PIB.
El monto pagado ha sido erogado a partir de 1995 por la vía del Presupuesto
de Egresos, a través de los ramos 29 (ya desaparecido) y 34. Además, se
incluye la parte amortizada del crédito otorgado por el Banco de México al
Fobaproa utilizando el remanente de operación de ese instituto, lo que significa
que el gobierno federal ha renunciado a tales ingresos para usarlos con ese
fin. Las cifras están convertidas a precios de junio de 2006, utilizando el índice
nacional de precios al consumidor.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
327
Los pasivos actuales, es decir, la deuda pendiente de pagar, alcanza
808 mil 730 millones de pesos, 9.2 por ciento del PIB. La mayor parte corresponde
a los pasivos del IPAB, el resto queda en el Banco de México. Los
pasivos del IPAB se pueden dividir en originales y refinanciados. Los originales
son los que quedan de las operaciones de saneamiento de los ban cos
liquidados o vendidos. En esta parte también se incluía el costo de los pagarés
de capitalización y compra de cartera, los cuales han sido ya liquidados
en su totalidad a Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte. Los pasivos
refinanciados corresponden a las emisiones de bonos realizadas por el
IPAB, así como a la contratación de créditos con los bancos, incluyendo
algunos de Nacional Financiara (Nafinsa), fondeados con deuda externa.
Entre los pasivos también se incluye la parte pendiente de amortizar del
crédito otorgado por el Banco de México al Fobaproa, el cual fue utilizado
en su mayor parte para sanear a Inverlat. Como en la Ley de Protección al
Ahorro Bancario se ordenó que este crédito fuera quebrantado por el propio
Banco de México, no se registra dentro de los pasivos del IPAB. Para absorber
la pérdida se está utilizando el remanente de operación del banco central.
Se incluye como parte del costo fiscal debido a que el gobierno federal está
renunciando a tales ingresos para utilizarlos en el pago de esa deuda. Un
tratamiento similar se está dando al crédito original que otorgó Nafinsa al
Fobaproa.
■ PRIVATIZACIÓN Y CRISIS DE LA BANCA (1991-1994)
En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos. La idea era
combinar ese proceso con una política de desregulación en materia financiera
que ya se estaba aplicando. Con ello, según dijeron los del gobierno,
se buscaba alcanzar de manera simultánea tres objetivos: un aumento de
los niveles de ahorro de la economía; una mejor asignación de ese ahorro;
y un abaratamiento del costo del crédito derivado de la competencia esperada
entre los nuevos bancos privados. Así, la economía se beneficiaría al
contar con un sistema bancario más moderno y eficiente capaz de canalizar
el ahorro hacia las actividades más productivas y de manera menos onerosa.
Ninguno de esos objetivos pudo ser logrado.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
328
La privatización enfrentó otro problema, el de la debilidad institucional
y la falta de transparencia y de mecanismos modernos de rendición de
cuentas. Con el ambiente de autoritarismo y escasa transparencia que
existía y un sistema de corrupción altamente sofisticado, la venta y operación
de los bancos se transformó en una bomba de tiempo que estalló a
principios de 1995.
El primer gran error fue vender los bancos prácticamente al “mejor
postor”, a los amigos del régimen, olvidando que el servicio de banca y
crédito es de una naturaleza altamente sensible, muy diferente a las restantes
actividades económicas. Por ello, se debió garantizar que los bancos
quedaran en manos de gente con capacidad para administrarlos con toda
la prudencia y responsabilidad que esa actividad requiere y no dejarlos como
propiedad de empresarios o de grupos económicos cuyo único mérito era
su vinculación con el poder político.
Otra falla, también relacionada con la ausencia de transparencia en el
proceso de privatización, fue que no se respetaron las reglas anunciadas.
Una de ellas fue que el capital debería provenir de fuera del sistema bancario.
Una gran cantidad de compradores financiaron la adquisición de los
bancos recurriendo a préstamos de otros bancos. Así, la capitalización de
los nuevos bancos privados resultó en gran medida ficticia, comprometiendo
desde el inicio la viabilidad de estas instituciones y la fortaleza del sistema
bancario mexicano.
Resulta difícil creer que las autoridades encargadas de la venta de los
bancos ignoraran estos hechos. Ellos supieron a quién vendían las instituciones.
Por ello, existe la certeza de que asuntos de corrupción estuvieron
involucrados y marcaron la operación. La ausencia de mecanismos
claros de rendición de cuentas impidió que se aclarara todo ese proceso,
quedando señalado por el signo de la sospecha, el enriquecimiento de
pocos y el desastre financiero.
Pero quizá, la mayor debilidad del proceso de privatización de la
banca fue que no se acompañó de un reforzamiento de los organismos
de supervisión y vigilancia por parte de las autoridades de la SHCP y de
una modificación de las reglas de garantía excesiva para los depósitos
bancarios. Un mercado financiero liberalizado no podía regirse con las
mismas instituciones y reglas de un mercado totalmente controlado. El
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
329
seguro de depósito universal se convirtió en un elemento de perversidad
bancaria.
En cualquier país que liberaliza su sistema bancario, las instituciones
y las reglas de supervisión se refuerzan. En México eso no sucedió. La
Comisión Nacional Bancaria (CNB) continuó operando prácticamente de
la misma manera, con una actitud francamente permisiva, tolerante y
marcada, muchas veces, por la complicidad.
Durante décadas el gobierno había respaldado, de hecho, al total de los
depósitos bancarios. Por ello, era fama que en México nunca quebraba un
banco. Esa política era factible debido al estricto control que ejercía el Banco
de México sobre casi todas las operaciones de la banca. Pero, en el nuevo
ambiente de desregulación casi total, el mantenimiento de esa garantía implícita
se convirtió en un incentivo perverso para los nuevos banqueros, quienes
podían asumir riesgos excesivos sin preocuparse por las consecuencias.
Los resultados son bien conocidos. Los niveles de intermediación
bancaria se incrementaron fuertemente. Pero ese crecimiento no fue resultado
del aumento del ahorro, como se esperaba, sino de la liberación de
recursos derivados de la amortización de la mayor parte de la deuda que
tenía el gobierno con los bancos y de la canalización de montos crecientes
de recursos provenientes del exterior.
La asignación de los recursos intermediados tampoco resultó lo eficiente
que se esperaba. En buena medida, los bancos fueron utilizados preferentemente
para financiar a los grupos económicos pertenecientes a sus
principales accionistas con tasas de interés preferenciales. En muchos
casos se registraron abusivos autopréstamos y, sin exigir las garantías mínimas,
se financiaron empresas inexistentes y se dieron apoyos crediticios
para proyectos económicos totalmente inviables.
El esperado abaratamiento del crédito como resultado de la competencia
bancaria, tampoco se produjo. De hecho, se observó exactamente lo
contrario, los márgenes de intermediación se elevaron hasta alcanzar niveles
sin precedentes en México. Mientras que muchas personas relacionadas
con los bancos gozaron de un tratamiento preferente, el costo de los préstamos
a los que no tenían esas relaciones se incrementó fuertemente.
El comportamiento de los banqueros fue de abuso y exprimieron al extremo
las reglas del juego entonces existentes. Las instituciones encargadas
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
330
de supervisarlos les permitieron hacer prácticamente de todo. El haber
recurrido a préstamos, muchos de ellos para comprar los bancos, presionaba
la búsqueda de negocios muy rentables que les permitieran amortizar
rápidamente esos créditos. Además, el gobierno mantenía la garantía del
total de los depósitos, constituyendo un caso típico de riesgo moral, el cual
aparece cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno, les resolverá
sus problemas presentes y futuros.
Ese comportamiento resultó reforzado por una política económica que
indujo un sobrendeudamiento de la economía. Luego de estabilizar a la
economía y anunciar la próxima firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el gobierno creó un ambiente que atrajo enormes
flujos de capital del exterior.
Mediante el mantenimiento de un tipo de cambio estable, se buscó dar
certidumbre a los rendimientos esperados por los inversionistas extranjeros.
Como la inflación doméstica seguía siendo superior a la exterior, el peso se
fue sobrevaluando, y generó un déficit cada vez mayor con el exterior, el
cual fue compensado con entradas de capital también crecientes.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos, que generó aumentos en los bienes y servicios no comerciables
superiores a los registrados en los comerciables con el exterior. Ese conocido
fenómeno propició señales equivocadas a los mercados. Los precios
de los inmuebles y de otros bienes no comerciables aumentaron mucho,
generando la ilusión de que se era más rico y, por tanto, de que se podía
gastar y endeudarse más.
Durante el año electoral de 1994 el gobierno llevó esa política al extremo.
Manteniendo supuestamente un déficit fiscal cercano a cero, efectuó crecientes
colocaciones de valores en el exterior, como los famosos tesobonos.
Esos recursos permitieron amortizar mucha deuda interna y liberaron fondos
que terminaron siendo canalizados por los bancos a la economía, lo cual
creó una situación prácticamente insostenible.
En diciembre de 1994, comenzando el gobierno del presidente Zedillo,
la realidad se impuso y el peso se devaluó. Para muchos, la devaluación
significó pasar de manera abrupta de la ficción a la realidad. Muchas deudas
contraídas considerando precios inflados de activos, de pronto se enfrentaron
a tasas de interés muy elevadas y precios de sus activos devaluados en
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
331
mayor proporción que la moneda. A ello siguió una fuerte contracción de la
economía que puso a muchos deudores en situación de insolvencia. Los
bancos dejaron de recuperar los créditos otorgados, por lo que se presentó
un riesgo de quiebra bancaria en cadena.
Los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se han culpado mutuamente
por esa crisis, conocida como “error de diciembre”. La verdad es
que los dos tienen responsabilidad en lo sucedido. El primero, por impulsar
la política insostenible antes comentada. El segundo, por su incapacidad de
manejar adecuadamente la coyuntura convirtiendo una situación, sin duda
difícil, en una crisis de grandes proporciones.
La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas volvió
a jugar un papel perverso en esa coyuntura. Existen muchas versiones
de que funcionarios del gobierno informaron previamente a algunos empresarios
de que se llevaría a cabo la devaluación, lo cual permitió que éstos
se cubrieran y derrumbaran el mercado cambiario, e hizo más costosa e
inmanejable la situación. Esta versión, como tantas otras, quedó sin ser
investigada y aclarada. La impunidad volvió a imponerse.
■ EL RESCATE BANCARIO: EL USO DE LOS EXCEDENTES
PETROLEROS Y EL RIESGO MORAL (1995-1997)
Durante los últimos años del gobierno del presidente Salinas, lo único que
se pregonó fue que los fundamentos de la economía estaban bien y que no
había de qué preocuparse. Para ello, se maquillaron cifras básicas, como el
déficit fiscal, sacando de esa medición la intermediación financiera. Ese
concepto mide los recursos netos intermediados por la banca de desarrollo
y los fideicomisos de fomento, cuyo usuario final es el sector privado, pero
tienen como origen un aumento en la deuda pública. El déficit por ese concepto
alcanzó más de 3 por ciento del PIB en 1994; pero, como no se incluyó
en la medición oficial del déficit fiscal, se pudo presumir que el déficit era
cercano a cero. El verdadero déficit fue escondido.
Así, cuando se inició el gobierno del presidente Zedillo, no se tenía un
verdadero diagnóstico de lo que sucedía, y menos aún de lo que se venía.
La programación para 1995 se hizo sin contar con los usuales elementos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
332
técnicos de análisis. Cuando se produjo la devaluación, las autoridades
hacendarias no tenían claridad respecto a la real naturaleza de la crisis que
se estaba presentando ni de lo que debía hacerse.
La falsa idea de que los fundamentos de la economía estaban bien llevó
a que se pensara que la devaluación sólo reflejaba una crisis de confianza de
corto plazo. Algunos, incluso, creyeron que el problema se superaría resolviendo
la situación de Chiapas. Luego de la operación militar de febrero de
1995, la situación económica no sólo no se compuso, sino que se deterioró
aceleradamente con la consecuente pérdida de un tiempo precioso.
El primer error fue garantizar el valor en dólares y los plazos de vencimiento
de los tesobonos, en su mayoría en manos de inversionistas extranjeros,
y desechar cualquier posibilidad de negociar las condiciones de
amortización de esos bonos, lo que habría permitido un ajuste más ordenado
y suave. Esos títulos se liquidaron rápidamente, utilizando para ello un
crédito de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos y poniendo como
respaldo los ingresos de las exportaciones petroleras.
La garantía gubernamental sobre 100 por ciento de los depósitos bancarios
eliminó cualquier flexibilidad en el ajuste utilizando mecanismos de
mercado. Pero lo más grave fue que, desde un principio, se buscó proteger
a los grandes deudores normalmente asociados a los banqueros, presionando
a los pequeños deudores para que pagaran sus créditos con las infladas
tasas de interés y bajo la amenaza de ser despojados de sus propiedades.
La falta de equidad fue la regla desde el inicio de la crisis.
Ningún gobierno responsable podía permitir que quebrara la banca y se
interrumpiera el sistema de pagos de la economía. Por ello, la necesidad de
que el gobierno interviniera, lo cual significaba necesariamente incurrir en
un costo fiscal, está fuera de toda discusión. El problema es evaluar cómo
se realizó esa inevitable intervención.
En cualquier país democrático cuando se presenta un riesgo de quiebra
bancaria en cadena se adoptan al menos tres tipos de medidas: en primer
lugar, los funcionarios involucrados en la gestación de la crisis son removidos
aunque estén fuera de toda sospecha; segundo, los programas de apoyo
a los bancos se basan en reglas generales, pues se trata de recursos públicos;
y tercero, esas reglas incluyen incentivos de mercado para propiciar que los
bancos beneficiarios ayuden a corregir la situación.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
333
En México, debido al débil ambiente institucional antes mencionado, se
hizo exactamente lo contrario. Los funcionarios señalados como responsables
de la crisis y el quebranto bancario fueron también los encargados de
aplicar los programas de rescate. Aunque en un principio se pretendió mantener
algún tipo de reglas generales, pronto se pasó a niveles de discrecionalidad
verdaderamente irresponsables. Esa ausencia de reglas claras
condujo a todo tipo de abusos que propiciaron un incremento exagerado
del costo fiscal.
El mecanismo que se utilizó para canalizar los apoyos a la banca fue el
Fobaproa, que, de un fideicomiso privado, se convirtió en el organismo
público responsable de asumir una deuda pública gigantesca. En un principio
sólo se otorgaron apoyos temporales a los bancos para garantizar que
mantuvieran niveles de capitalización suficientes.
Varios bancos a punto de quebrar fueron intervenidos por la CNB, asumiendo
el gobierno, por medio del Fobaproa, la responsabilidad de sanearlos.
En algunos bancos, como Serfín, se mantuvo la ficción de que no estaban
intervenidos, cuando realmente lo estaban para todos los efectos prácticos.
Hechos como éste dispararon aún más el costo fiscal. Pronto, las pérdidas
de los bancos intervenidos se acumularon y la terquedad de impedir que
ningún banco se declarara en quiebra llevó a que el costo del rescate se
incrementara cada vez más.
Para los bancos que se consideraban viables, se diseñó un programa
especial, denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC), el cual se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno y los legisladores.
Mediante ese programa, los bancos elegirían una cartera de
crédito con problemas, la cual se situaría en un fideicomiso administrado
por el propio banco. A cambio del derecho sobre los flujos que generara esa
cartera, el Fobaproa emitiría un pagaré a 10 años, no negociable, con intereses
capitalizables y avalado por el gobierno, pero sin el respaldo del
Congreso de la Unión.
En un principio, el Fobaproa emitió unas reglas generales para los PCCC,
señalando el tipo de créditos que se podían admitir. También se fijó la obligación
de que los créditos estuvieran provisionados con las reservas que marca la Ley.
Además, se determinó una regla de participación de los bancos y el gobierno
en las pérdidas que finalmente se registraran cuando los pagarés vencieran.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
334
Sin embargo, las reglas pretendidamente generales se empezaron a flexibilizar,
primero con un banco y luego con otro. Si se analizan las carteras incluidas
en los tramos acordados durante 1995, se observa que las reglas se cumplieron
más o menos sólo al principio del proceso. Pero en los pagarés emitidos en 1996
o después, se permitió que los banqueros metieran toda la basura irrecuperable
que tuvieran sin exigirles siquiera que mantuvieran unas reservas mínimas.
El proceso de rescate bancario se llevó a cabo en la oscuridad, sin informar
siquiera a los legisladores. La gran discrecionalidad involucrada propició todo
tipo de abusos, los cuales fueron incrementando de manera alarmante el costo
fiscal. Aunque la mayor parte de los compromisos se constituyeron con promesas
de pago a largo plazo, el saneamiento de tantos bancos y la entrada en
operación de algunos programas de apoyo a deudores exigieron erogaciones
presupuestarias crecientes.
A fines de 1995 se dio a conocer la primera estimación de lo que sería
el costo fiscal del rescate bancario. En los Criterios Generales de Política
Económica para 1996 se señalaba que dicho costo alcanzaría sólo 5.1 por
ciento del PIB, del cual, correspondía 2.4 por ciento a los programas llevados
a cabo por el Fobaproa. Para fines de 1996, el costo total estimado se
incrementó a 8.5 por ciento del PIB, y 4.4 por ciento correspondía al Fobaproa.
Finalmente, en los últimos meses de 1997, poco antes de que se iniciara
el famoso debate sobre este asunto, el costo se calculó en 11.9 por
ciento del PIB, con 8.3 por ciento estimado para el Fobaproa.
Desde un principio apareció el problema de cómo financiar el rescate
bancario en un ambiente de crisis, con ingresos fiscales deteriorados y
grandes dificultades para contratar nueva deuda. La salida fue incrementar
las exportaciones de petróleo, aprovechando que los precios iban coyunturalmente
al alza. Pero, como el sólo aumento del volumen de petróleo por
exportar no bastaba, se decidió utilizar el perverso régimen fiscal aplicado
a Pemex para incrementar la tributación de esa paraestatal.
El mecanismo utilizado entre 1995 y 1997 para exprimir fiscalmente a
Pemex y financiar de manera subrepticia el creciente costo del rescate bancario,
consistió en subestimar el precio de referencia del petróleo, para garantizar
una tasa de tributación a Pemex superior al 60.8 por ciento sobre sus
ingresos aplicado a través del derecho sobre hidrocarburos. A los ingresos
por encima de ese subestimado precio se les aplica el aprovechamiento sobre
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
335
ingresos excedentes con una tasa de 39.2 por ciento, y todos esos recursos
quedan en manos del fisco. Además, como los ingresos excedentes no habían
sido presupuestados podían ser asignados de manera discrecional.
Al igual que pasó con la devaluación del peso, cuando algunos funcionarios
del gobierno pensaban que era una crisis de confianza de corto plazo
que se podía revertir en el momento que se restaurara la confianza, todo
indica que con el rescate bancario sucedió algo parecido. Creyeron que manteniendo
la ficción de que ningún banco quebraba, y canalizando recursos
de apoyo de manera subrepticia, la situación se iría recomponiendo. Pero
olvidaron que los incentivos perversos involucrados en los esquemas de
rescate llevaban necesariamente a un crecimiento sin control de las erogaciones
y de los pasivos que tendría que asumir finalmente el gobierno.
■ LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
Y EL DEBATE SOBRE EL FOBAPROA (1998)
La situación económica y financiera del país se modificó de manera abrupta
al iniciar 1998. El precio del petróleo se derrumbó, y con ello, el mecanismo
para financiar el rescate bancario. Ese fenómeno fue uno de los
factores que obligó al presidente Zedillo a explicitar el problema del Fobaproa,
enviando a fines de marzo varias iniciativas de Ley al Congreso, en
las que propuso que se asumiera formalmente una deuda estimada para
febrero de ese año en 552.3 miles de millones de pesos más los “accesorios”
que se acumularan hasta diciembre.
Entonces fue cuando se inició el debate nacional sobre el Fobaproa. En
un principio, los legisladores pidieron que se explicara de dónde habían
salido esos pasivos y que se auditaran antes de aprobar su conversión formal
en deuda pública. Aunque existieron las usuales presiones para que se legislara
al vapor y se aprobaran esas iniciativas en el periodo ordinario de
sesiones del Congreso que concluía en abril, la aprobación no se consiguió,
y se dejó esa posibilidad para el siguiente periodo ordinario por iniciarse
en septiembre.
Fue precisamente durante el receso legislativo entre mayo y agosto,
cuando la discusión respecto al Fobaproa se convirtió en un debate nacional.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
336
El gobierno inició una fuerte campaña de propaganda, señalando que si esos
pasivos no eran reconocidos como deuda pública se podría producir una
verdadera catástrofe económica. En el PRD se llevó a cabo una intensa discusión
y movilización política que condujo a la publicación, el 15 de julio de
ese año, de un documento denominado Fobaproa: el gran atentado contra la
economía nacional / Alternativas para impedirlo.
La propuesta del PRD partía del análisis que se ha comentado en párra fos
anteriores respecto a cómo se había gestado la crisis bancaria. El planteamiento
básico era el rechazo a la conversión propuesta de los pasivos
del Fobaproa en deuda pública. Con ello se evitaba que se endosara un
enorme costo a la población y se rechazaba el encubrimiento de las muchas
ilegalidades e irresponsabilidades que se habían registrado.
Se proponía revisar a fondo el rescate bancario, identificando las
operaciones producto del abuso de los banqueros y de sus asociados,
las cuales no deberían recibir ningún apoyo fiscal. Además, se planteaba
establecer reglas generales y transparentes para el rescate de las empresas
y familias que resultaban verdaderas víctimas de la crisis.
La revisión detallada de lo sucedido representaba además una gran
oportunidad histórica para transformar lo que sería un fraude de enormes
proporciones contra la mayoría de la población en un proceso que
combatiera a fondo las raíces de la corrupción y de la impunidad. Ese
proceso ayudaría a fortalecer el Estado de derecho, fomentaría la transparencia
y fortalecería los mecanismos de rendición de cuentas, los
grandes ausentes en el proceso de supuesta modernización de la economía
mexicana.
La respuesta del gobierno fue la descalificación. Resultó incapaz de
refutar el análisis presentado y eludió cualquier tipo de discusión seria.
Prefirió continuar con una campaña propagandística tratando de convencer
a la población de que la política de rescate bancario aplicada no sólo
había sido la más adecuada sino la única posible.
En septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al consultor
canadiense Michael Mackey para que efectuara una auditoría a todas las
operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa. Además, se decidió que no
se iba a aprobar ninguna modificación legal a ese respecto hasta que
concluyera la citada revisión y todo quedara clarificado.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
337
Sin embargo, esos acuerdos no se cumplieron, ya que muchos legisladores
del PRI y del PAN permitieron que se llevara a cabo una auténtica
operación de encubrimiento. Durante los primeros meses el gobierno se
negó a entregar la información que requería el auditor Mackey, con lo
cual impidió que avanzara la revisión encomendada. Luego, se olvidó el
acuerdo de no legislar hasta que se concluyera la auditoría. Así, en diciembre
de 1998 se aprobó la Ley de Protección del Ahorro Bancario
(LPAB) que dio origen a la creación del IPAB. Los legisladores del PRD
votaron en contra.
Entre los diputados que llevaron a cabo la operación de encubrimiento
y legalización de ese enorme fraude contra el pueblo mexicano destacaron
Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, y Arturo Núñez
Jiménez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y principal operador del gobierno en la Cámara de
Diputados.
Con la aprobación del citado ordenamiento se legalizaron los enormes
pasivos generados por el rescate bancario, los cuales fueron transferidos al
IPAB, y se señaló que las auditorías en curso deberían concluirse. Sólo quedó
pendiente lo referente a los pagarés en poder de los bancos aún vivos,
los correspondientes al PCCC. Se acordó que esos pagarés deberían ser
canjeados por nuevos instrumentos de deuda del IPAB después de que se
concluyeran las auditorías y la cartera de créditos que amparaba hubiera
sido depurada.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB Y EL REFINANCIAMIENTO
DE SUS PASIVOS (1999-2006)
A principios de 1999 el IPAB comenzó a administrar los enormes pasivos
heredados del Fobaproa. Además, concluyó las operaciones de saneamiento
financiero que habían quedado pendientes. También inició la venta de
algunos de los bancos intervenidos y la liquidación de los otros. Para el
manejo de los pasivos diseñó una estrategia consistente en evitar que continuaran
creciendo en términos reales, de manera que, como proporción del
PIB, se fueran reduciendo.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
338
En julio de ese año el auditor Mackey entregó a la Cámara de Diputados
su Informe sobre la Evaluación Integral de las Operaciones del Fobaproa. Lo
primero que se destacó en ese informe fue que no se trataba de la auditoría
encomendada por los diputados y señalada en la LPAB. Como lo dijo Mackey
de manera explícita: “Este informe y las evaluaciones que se han llevado a
cabo no constituyen una auditoría financiera”.
Las razones de que no pudiera realizar la auditoría encargada se debieron
a las limitaciones de la información que le fue proporcionada. Sin embargo,
el análisis presentado respecto al origen de la crisis bancaria, a la
evaluación de los programas aplicados, y al desempeño de las instituciones
encargadas de supervisar a los bancos, resultó de una gran profundidad.
Algo notable en el Informe de Mackey fue la coincidencia, en muchos rasgos,
con el diagnóstico presentado un año antes en el comentado documento del
Partido de la Revolución Democrática.
Los voceros del gobierno, así como la mayoría de los legisladores del
PRI y del PAN, pretendieron hacer pasar el Informe de Mackey como la anunciada
auditoría a las operaciones efectuadas por el Fobaproa. Así, se aparentó
que se había cumplido con lo señalado por la Ley buscando encubrir
todo lo sucedido y garantizando impunidad a los responsables del gran
desfalco.
Como anexo del Informe, el auditor Mackey entregó un listado de operaciones
consideradas como reportables por un monto de casi 74 mil millones
de pesos a valor original, en el cual propuso que se revisaran cuidadosamente.
El anexo también incluía un listado con los nombres de los beneficiarios.
A petición de las fracciones mayoritarias de la Cámara de Diputados, Mackey
en criptó el archivo electrónico con ese listado. El código de acceso se dividió
en cinco partes y se proporcionó una de ellas a cada partido representado
en esa cámara. Con ello, se garantizó que la única manera de que pudieran
conocerse los nombres incluidos en esa lista sería mediante el consenso de
los cinco partidos.
En octubre de 1999, el PRD propuso que se diera a conocer el listado de las
operaciones reportables. La mayoría de los diputados del PRI y del PAN se opusieron,
votando un punto de acuerdo que mantenía esa lista en secreto y encargando
al IPAB que la revisara y sólo entonces diera a conocer los nombres de
los responsables de los créditos que se hubieran identificado como ilegales.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
339
En marzo de 2000, el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su Informe
de las Transacciones Reportables en el que daban a conocer las acciones
que había realizado respecto a los créditos irregulares detectados, pero sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear una comisión
investigadora del IPAB con el fin de evaluar cómo estaba cumpliendo ese
nuevo organismo con las obligaciones señaladas en la LPAB. En medio de
la campaña electoral de ese año, todos los partidos, con la excepción de uno,
el PRI, dieron a conocer su respectiva clave de acceso. Cuando el PRD tuvo
la presidencia de la citada comisión, también accedió a la custodia del famoso
archivo encriptado, cuyo contenido fue dado a conocer tiempo después
por dicha fracción parlamentaria.
A partir de 2000 se incluyó en la Ley de Ingresos la autorización para
que el IPAB pudiera realizar operaciones de refinanciamiento de sus pasivos.
Lo primero que hizo fue contratar nuevos créditos con los bancos y sustituir
con esos recursos las deudas más caras. En ese proceso, el IPAB no siempre
tuvo éxito. Un caso ejemplar fue lo sucedido con el pagaré de Banca Confía
adquirido por Citibank. Ese pagaré era el que tenía la tasa de interés más
elevada. Cuando el IPAB trató de sustituirlo, Citibank lo demandó, lo cual
propició, entre otras cosas, la renuncia del primer secretario ejecutivo de
ese instituto. El último día del gobierno del presidente Zedillo ese pagaré
fue finalmente sustituido, reduciendo la tasa de interés pero ampliando el
plazo en varios años, de manera que se garantizara el ingreso esperado por
ese banco extranjero.
El siguiente paso del IPAB para refinanciar sus pasivos fue la emisión de
los bonos para la protección del ahorro (BPA). En un principio, los BPA se
colocaron con una sobretasa considerable respecto a los valores gubernamentales,
como los cetes. Pero paulatinamente esa sobretasa se fue disminuyendo,
al descontar los mercados que en realidad se trataba de deuda
equivalente del gobierno.
Los recursos presupuestarios entregados al IPAB se dirigieron a financiar
el costo de los programas de apoyo a los deudores y a pagar el componente
real del pago de intereses de sus pasivos, siguiendo la estrategia
de evitar que la deuda creciera en términos reales. Los recursos provenientes
de los préstamos bancarios y de las emisiones de bonos se usaron
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
340
para concluir las operaciones de saneamiento pendientes. A la fecha, las
nuevas emisiones de bonos se están utilizando para sustituir los créditos
bancarios contratados.
En el cuadro 2 se puede apreciar el comportamiento de los pasivos del
Fobaproa que luego fueron heredados por el IPAB. Como se puede ver, la
deuda asumida por los dos principales programas destinados a rescatar a
los bancos en problemas creció aceleradamente entre 1995 y 1999, cuando
se aplicó una política discrecional y ausente de toda transparencia y rendición
de cuentas. A partir de 2000, cuando se inició la operación del IPAB, los
pasivos se empezaron a refinanciar con créditos bancarios y con emisiones
crecientes de bonos.
CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(MILES DE ILES MILLONES DE PESOS)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 39.4 7.4 32.0 0.0 0.0
1996 109.5 39.0 70.5 0.0 0.0
1997 264.7 77.4 187.3 0.0 0.0
1998 557.2 197.2 360.0 0.0 0.0
1999 691.9 163.9 528.0 0.0 0.0
2000 719.4 174.8 357.0 113.8 73.8
2001 778.3 195.2 282.8 148.4 151.9
2002 799.2 208.4 170.9 188.4 231.5
2003 821.4 220.4 128.6 163.0 309.4
2004 800.8 168.3 114.8 133.3 384.4
2005 743.0 3.7 87.6 154.8 496.9
2006-Junio 745.1 0.0 71.9 132.6 540.6
En el cuadro 3 se observa cómo se ha realizado el proceso de refinanciamiento
de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Los pasivos originales han disminuido hasta desaparecer los del PCCC,
dado que éstos han sido ya pagados a los cuatro bancos sujetos a dicho
programa, quedando pendiente sólo una fracción de los correspondientes
a los programas de saneamiento financiero. La contratación de créditos
con los bancos alcanzó la proporción más alta en 2002, tendiendo a disminuir.
En contraste, la colocación de bonos ha crecido de manera sistemática
desde 1999, y tiende a alcanzar la totalidad de los pasivos en un
futuro próximo.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
341
CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(ESTRUCTURA STRUCTURA PORCENTUAL)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 100.0 18.8 81.2 0.0 0.0
1996 100.0 35.6 64.4 0.0 0.0
1997 100.0 29.2 70.8 0.0 0.0
1998 100.0 35.4 64.6 0.0 0.0
1999 100.0 23.7 76.3 0.0 0.0
2000 100.0 24.3 49.6 15.8 10.3
2001 100.0 25.1 36.3 19.1 19.5
2002 100.0 26.1 21.4 23.6 29.0
2003 100.0 26.8 15.7 19.8 37.7
2004 100.0 21.0 14.3 16.6 48.0
2005 100.0 0.5 11.8 20.8 66.9
2006-Junio 100.0 0.0 9.6 17.8 72.6
En el cuadro 4 se puede ver que el valor máximo de los pasivos del IPAB
como proporción del PIB, fue alcanzado en 1999, y empezó a disminuir a
partir del siguiente año. A partir de 2000, las obligaciones derivadas de los
programas de saneamiento se fueron amortizando, siendo sustituidas por
contratación de créditos bancarios y emisión de BPA. El único segmento de
los pasivos originales que continuó creciendo hasta 2003 mediante el mecanismo
de capitalizar los intereses que se fueron generando, fue el de los PCCC.
Sin embargo, a partir de 2004, también este segmento disminuyó hasta
quedar totalmente liquidado en junio de 2006.
CUADRO 4
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(PORCENTAJE DEL PIB)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 2.1 0.4 1.7 0.0 0.0
1996 4.3 1.5 2.8 0.0 0.0
1997 8.3 2.4 5.9 0.0 0.0
1998 14.5 5.1 9.4 0.0 0.0
1999 15.1 3.6 11.5 0.0 0.0
2000 13.1 3.2 6.5 2.1 1.3
2001 13.5 3.4 4.9 2.6 2.6
2002 12.7 3.3 2.7 3.0 3.7
2003 12.2 3.3 1.9 2.4 4.6
2004 10.9 2.3 1.6 1.8 5.2
2005 9.4 0.0 1.1 2.0 6.3
2006-Junio 8.6 0.0 0.8 1.5 6.1
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
342
■ LA CONVERSIÓN DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA (PCCC)
En julio de 2004 se inició el proceso de conversión de los pagarés del PCCC
en deuda directa del IPAB. Aunque las reglas para dicha conversión fueron
publicadas desde 1999, la sustitución se pospuso durante cinco años. La
razón fue la existencia de diferencias e inconformidades en la interpretación
de lo que debían ser las auditorías señaladas en la LPAB.
Desde la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) empezó a auditar todas las operaciones del rescate
bancario, de acuerdo con lo señalado en la LPAB. Entre las primeras recomendaciones
efectuadas, la ASF pidió que se llevaran a cabo las auditorías
a las carteras de créditos amparadas por los PCCC, como lo indica el artículo
quinto transitorio de la LPAB, antes de realizar su canje por nuevos títulos
de deuda del IPAB.
En las siguientes revisiones, para las cuentas públicas de 2001 y 2002, la
ASF encontró que en las carteras incluidas en esos pagarés, existían muchos
créditos que no correspondían a las reglas de ese programa, los cuales deberían
ser sustituidos antes de que se realizara el canje. Un resultado interesante
de esas revisiones fue que los bancos participantes en ese programa nunca
debieron ser apoyados con recursos fiscales, ya que en todo momento registraron
niveles de capitalización superiores a los exigidos por la Ley. Es decir
que el Programa de Capitalización y Compra de Cartera fue ilegal.
Este es un resultado muy ilustrativo de lo que sucede cuando no existen
reglas adecuadas de transparencia. La observación de la ASF es atinada respecto
a que los bancos señalados mostraban niveles de capitalización superiores
al mínimo exigido por la ley. Pero eso no era realmente cierto, ya que la
CNB permitía registrar como capital algunas partidas que en realidad no lo
eran, con lo que se mantenía una apariencia de solidez que en realidad no
existía. Como las autoridades sabían lo que de verdad sucedía, permitieron
que esos bancos participaran en el PCCC, lo cual, sin embargo, no invalida la
observación efectuada por la ASF.
Como resultado de sus revisiones, la ASF solicitó a la Secretaría de Hacienda
no destinar recursos para el pago de intereses a los créditos observados,
ya que los mismos debían deducirse del valor de los pagarés. El Ejecutivo
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
343
respondió con una controversia constitucional, aduciendo que esa solicitud
estaba fuera de la competencia de la ASF. El presidente Vicente Fox desarrolló
un papel fundamental para cubrir las irregularidades y evitar la reducción del
costo fiscal. Ese fue el verdadero objetivo de la controversia presentada por
el Ejecutivo contra la Auditoría Superior de la Federación.
Los bancos con pagarés del PCCC se ampararon, aduciendo que las auditorías
ordenadas por la Ley ya habían sido realizadas durante las revisiones
del auditor Mackey. El Poder Judicial siempre avaló la visión de los
banqueros. Además, iniciaron juicios contra los despachos contables contratados
por el auditor Mackey para evitar que entregaran a la ASF los Papeles
de Trabajo utilizados durante su revisión, aludiendo al secreto
bancario.
Finalmente, en julio de 2004 el IPAB llegó a un acuerdo con los bancos y
se llevó a cabo la firma de los contratos de canje de dichos pagarés del PCCC.
Esos contratos incluyeron tres aspectos. En el primero, los bancos aceptaron
que despachos contratados por el IPAB efectuaran unas revisiones de Gestoría,
de Identidad de Objeto y de Existencia, de Legitimidad y de Legalidad,
es decir, las denominadas “revisiones GEL”.
En segundo lugar, los bancos se comprometieron a sobreseer los juicios
de amparo que iniciaron, así como a retirar las demandas interpuestas contra
los despachos contratados por Mackey, para que pudieran proporcionar
los Papeles de Trabajo a los auditores encargados de las revisiones GEL.
Por último, los bancos aceptaron atender voluntariamente las observaciones
efectuadas por la ASF, y realizar las sustituciones o descuentos que
procedieran. Sin embargo, el tratamiento se pactó de antemano con el IPAB:
los créditos relacionados que no habían sido aprobados por el Comité Técnico
del Fobaproa serían pagados por los bancos; los créditos menores serían
afectados a un fideicomiso; los créditos en litigio serían sustituidos en caso
de sufrir evicción; y los intereses moratorios se incluirían en el canje, ya que
la Secretaría de la Función Pública los consideró legales en contra del criterio
manifestado por la Auditoría Superior de la Federación.
Más aún, los efectos de las observaciones efectuadas por la ASF seguían
vigentes y el IPAB legalmente no podía efectuar la señalada conversión de los
PCCC en nuevos bonos sin una depuración previa de los muchos créditos ilegales
detectados, lo cual se situaba mucho más allá de los alcances pactados
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
344
de antemano, de las citadas revisiones GEL. En el cuadro 5 se puede ver la situación
de los PCCC en marzo de 2004, fecha tomada como base para su conversión
en nuevos bonos. De los 222 mil 993 millones de pesos a que ascendía
el valor nominal de los créditos incluidos, 118 mil 28 millones, es decir, 52.9
por ciento, estaba observado por la ASF, y debería sustituirse o deducirse
antes de la conversión.
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
Valor a marzo de 2004 Observados %
Total 222 993.2 118 028.3 52.9
BBVA-Bancomer 97 717.0 57 857.9 59.2
Bancomer 83 781.1 53 447.4 63.8
Tramo I 59 198.6 46 832.9 79.1
Tramo II 24 582.5 6 614.5 26.9
BBV 13 936.0 4 410.4 31.6
Tramos II y III 13 513.9 4 177.0 30.9
Tramo Atlas 422.1 233.4 55.3
Banamex 82 448.0 32 375.5 39.3
Tramo I 57 865.5 23 717.9 41.0
Tramo II 24 582.5 8 657.6 35.2
Bital (HSBC) 30 147.7 20 518.1 68.1
Tramo I 19 142.0 14 945.7 78.1
Tramo II 10 465.9 5 572.4 53.2
Tramo III 539.8 0.0 0.0
Banorte 12 680.5 7 276.8 57.4
Tramo I 4 493.5 2 701.3 60.1
Tramo II 6 752.5 4 575.5 67.8
Tramo III 1 434.5 0.0 0.0
Esa situación se resolvió con la resolución de la SCJN a la demanda
de controversia constitucional que había promovido el Ejecutivo contra
la solicitud de la ASF en el sentido de que se depuraran los créditos ilegales
incluidos en los PCCC. La SCJN señaló que los oficios donde la ASF
hacía esas solicitudes invadían la esfera de competencia del Ejecutivo al
interpretarse como “órdenes”. Hasta ahí la resolución sólo habría invalidado
los oficios, pero la SCJN decidió ir más lejos y determinó dejar sin
efecto, además, las auditorías llevadas a cabo por la ASF. Para justificar
esa decisión, la SCJN adujo el “principio de anualidad” en las revisiones,
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
345
señalando que la ASF no estaba facultada para auditar lo sucedido en años
anteriores.
Esta determinación de la SCJN, si bien legalmente inapelable ya que
se trata de la última instancia, no deja de estar señalada por la sospecha
y podría reflejar un conflicto de intereses. Se puede recordar que durante
la revisión que llevó a cabo la ASF a la Cuenta Pública de 2003, descubrió
que la SCJN había violado la ley al utilizar remanentes presupuestarios
por 162 millones de pesos para financiar un fideicomiso destinado a proveer
pensiones complementarias a los funcionarios superiores del Poder
Judicial.
Para solventar esa observación de la ASF, la SCJN tuvo que retirar los
162 millones de pesos del fideicomiso, y reintegrarlos a la Tesorería de
la Federación a finales de 2004. Además, tuvo que regresar también los
14.2 millones de pesos correspondientes a los intereses generados durante
el tiempo que esos recursos estuvieron depositados, de manera
irregular, en el citado fideicomiso.
Pero la situación no concluyó ahí, ya que la ASF decidió auditar el origen
de los recursos depositados en los 11 fideicomisos administrados por el
Poder Judicial, de los cuales, siete son administrados directamente por
la SCJN. El monto de los recursos en esos fondos ascendía a fines de 2003
a 3 mil 273 millones de pesos. Cuando la ASF descubrió en uno de esos
fondos otro remanente, ilegalmente desviado en el año 2000, y solicitó su
reintegro a la Tesorería con todos los intereses que hubiera generado
desde esa fecha, el ente auditado adujo el “principio de anualidad”, para
evitar que la ASF siguiera revisando lo sucedido con todos los fideicomisos
en años anteriores.
Este antecedente permite imaginar que la excesiva postura adoptada
por la SCJN, al aducir el “principio de anualidad” para anular los resultados
de las auditorías efectuadas por la ASF a los diferentes programas
aplicados durante el rescate bancario, no fue resultado exclusivamente
de un criterio jurídico, sino de un posible conflicto de intereses.
Como resultado de la citada resolución de la SCJN, los bancos sólo
simularon haber atendido las observaciones de la ASF, aceptando la deducción
de los PCCC, de sólo una pequeña fracción de lo observado, antes
de iniciar las revisiones GEL, cuyos resultados, como ya se señaló, habían
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
346
sido pactados de antemano con el IPAB. Entre los créditos deducidos
destacaron los autopréstamos de los banqueros, que no habían sido
autorizados por el Comité Técnico del Fobaproa. En el cuadro 6 se puede
apreciar que de los 118 mil 28 millones de pesos observados por la ASF
(a valor de marzo de 2004), sólo 16 mil 442 millones fueron solventados,
es decir, deducidos del valor de los PCCC, mediante el procedimiento
antes descrito.
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / CRÉDITOS OBSERVADOS
POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (TOTAL)
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 118 028.2 16 442.4 101 585.8
BBVA-Bancomer 57 857.8 8 508.3 49 349.5
Bancomer 53 447.4 8 508.3 44 939.1
Tramo I 46 832.9 8 508.3 38 324.6
Tramo II 6 614.5 0.0 6 614.5
BBV 4 410.4 0.0 4 410.4
Tramos II y III 4 177.0 0.0 4 177.0
Tramo Atlas 233.4 0.0 233.4
Banamex 32 375.5 5 182.7 27 192.8
Tramo I 23 717.9 3 169.4 20 548.5
Tramo II 8 657.6 2 013.3 6 644.3
Bital (HSBC) 20 518.1 900.4 19 617.7
Tramo I 14 945.7 382.8 14 562.9
Tramo II 5 572.4 517.6 5 054.8
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 276.8 1 851.0 5 425.8
Tramo I 2 701.3 936.0 1 765.3
Tramo II 4 575.5 915.0 3 660.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
En el cuadro 7 se puede ver que el valor de los PCCC en marzo de 2004,
fecha que se tomó como base para el acuerdo entre el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario y los bancos, ascendía a 222 mil 993 millones de
pesos. A ese monto se le restaron 62 mil 805 millones de pesos, correspondientes
a lo recuperado de los créditos (chequeras), quedando el valor de
los nuevos bonos en 160 mil 188 millones de pesos, antes de iniciarse las
revisiones GEL.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
347
CUADRO 7
NUEVOS BONOS ANTES DE REVISIONES GEL
(MILLONES DE PESOS) VALOR A MARZO DE 2004
Valor PCCC Chequeras Nuevos bonos
Total 222 993.3 62 805.4 160 187.9
BBVA-Bancomer 97 717.1 21 720.1 75 997.0
Bancomer 83 781.1 18 997.4 64 783.7
Tramo I 59 198.6 13 799.0 45 399.6
Tramo II 24 582.5 5 198.4 19 384.1
BBV 13 936.0 2 722.7 11 213.3
Tramos II y III 13 513.9 2 607.7 10 906.2
Tramo Atlas 422.1 115.0 307.1
Banamex 82 448.0 31 494.9 50 953.1
Tramo I 57 865.5 24 513.0 33 352.5
Tramo II 24 582.5 6 981.9 17 600.6
Bital (HSBC) 30 147.7 6 100.8 24 046.9
Tramo I 19 142.0 3 181.9 15 960.1
Tramo II 10 465.9 2 379.1 8 086.8
Tramo III 539.8 539.8 0.0
Banorte 12 680.5 3 489.6 9 190.9
Tramo I 4 493.5 1 208.4 3 285.1
Tramo II 6 752.5 2 111.2 4 641.3
Tramo III 1 434.5 170.0 1 264.5
CUADRO 8
CAMBIO DE VALOR DE LOS NUEVOS BONOS ANTES DE REVISIONES GEL (MILLONES DE PESOS)
Marzo 2004 Marzo 2005
Total 160 187.9 171 770.5
BBVA-Bancomer 75 996.9 81 249.6
Bancomer 64 783.6 69 257.5
Tramo I 45 399.6 48 534.8
Tramo II 19 384.0 20 722.7
BBV 11 213.3 11 992.1
Tramos II y III 10 906.2 11 659.4
Tramo Atlas 307.1 332.7
Banamex 50 953.1 54 955.6
Tramo I 33 352.5 36 139.6
Tramo II 17 600.6 18 816.0
Bital (HSBC) 24 047.0 25 707.6
Tramo I 15 960.1 17 062.3
Tramo II 8 086.9 8 645.3
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 9 190.9 9 857.7
Tramo I 3 285.1 3 525.8
Tramo II 4 641.3 4 961.8
Tramo III 1 264.5 1 370.1
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
348
En el cuadro 8 se observa cómo se incrementó el valor de los nuevos
bonos, como resultado de la capitalización de intereses, de los señalados
160 mil 188 millones en marzo de 2004, a 171 mil 771 millones en marzo
de 2005, fecha que se tomó como nueva base para hacer la sustitución
final, luego de deducir algunos montos menores señalados por las revisiones
GEL.
En el cuadro 9 se pueden ver los montos que se determinaron como participación
de los bancos en las pérdidas (loss-sharing), luego de deducirse los
montos menores resultado de las revisiones GEL. Así, los bancos absorbieron
42 mil 962 millones de pesos, a valor de marzo de 2005, de lo no recuperado, y
quedaron los restantes 128 mil 808 millones de pesos como el costo fiscal final
del programa PCCC.
CUADRO 9
BONOS DESPUÉS DE REVISIONES GEL (COSTO FISCAL FINAL)
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2005
Nuevos bonos Costo banco Costo IPAB
Total 171 770.7 42 962.3 128 808.4
BBVA-Bancomer 81 249.6 20 345.5 60 904.1
Bancomer 69 257.5 17 328.7 51 928.8
Tramo I 48 534.8 12 142.3 36 392.5
Tramo II 20 722.7 5 186.4 15 536.3
BBV 11 992.1 3 016.8 8 975.3
Tramos II y III 11 659.3 2 916.9 8 742.4
Tramo Atlas 332.8 99.9 232.9
Banamex 54 955.7 13 749.7 41 206.0
Tramo I 36 139.6 9 042.3 27 097.3
Tramo II 18 816.1 4 707.4 14 108.7
Bital (HSBC) 25 707.6 6 442.1 19 265.5
Tramo I 17 062.3 4 278.3 12 784.0
Tramo II 8 645.3 2 163.8 6 481.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 9 857.8 2 425.0 7 432.8
Tramo I 3 525.8 1 159.8 2 366.0
Tramo II 4 961.8 1 264.8 3 697.0
Tramo III 1 370.2 0.4 1 369.8
A partir del segundo semestre de 2005, el IPAB decidió adelantar la
amortización de los bonos finales, sin esperar al vencimiento pactado, que
en algunos de ellos llegaba hasta diciembre de 2006. Mediante emisiones
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
349
de BPA pudo financiar esos pagos anticipados, y cerrar el año de 2005
con un remanente pendiente de pago de sólo 3 mil 705 millones de pesos.
Este último monto se liquidó durante los primeros seis meses de 2006,
como se puede apreciar en el cuadro 10, quedando finiquitado el endeudamiento
correspondiente a los pagarés de capitalización y compra de
cartera.
CUADRO 10
AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS FINALES DEL PCCC
(MILLONES DE PESOS)
Marzo 2005 Diciembre 2005 Junio 2006
Total 128 808.4 3 705.4 0.0
BBVA-Bancomer 60 904.1 1 204.4 0.0
Bancomer 51 928.8 0.0 0.0
Tramo I 36 392.5 0.0 0.0
Tramo II 15 536.3 0.0 0.0
BBV 8 975.3 1 204.4 0.0
Tramos II y III 8 742.4 1 198.4 0.0
Tramo Atlas 232.9 6.0 0.0
Banamex 41 206.0 0.0 0.0
Tramo I 27 097.3 0.0 0.0
Tramo II 14 108.7 0.0 0.0
Bital (HSBC) 19 265.5 1 967.5 0.0
Tramo I 12 784.0 0.0 0.0
Tramo II 6 481.5 1 967.5 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 432.8 533.5 0.0
Tramo I 2 366.0 0.0 0.0
Tramo II 3 697.0 520.0 0.0
Tramo III 1 369.8 13.5 0.0
Con el fin de estimar la parte de los BPA en circulación que representan
los recursos obtenidos para amortizar anticipadamente los nuevos bonos
que sustituyeron a los pagarés de capitalización y compra de cartera, se
realizaron los cálculos que se incluyen en el cuadro 11. Tomando como
base el valor de los nuevos bonos al momento de su emisión (marzo de
2005), se le aplicaron las tasas de interés correspondientes, como si no
se hubiera liquidado nada. Así, a junio de 2006, el monto de BPA que corresponde
a la liquidación de los PCCC se puede estimar en 134 mil 591 millones
de pesos.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
350
CUADRO 11
ESTIMACIÓN DEL VALOR (SIN AMORTIZAR) DE LOS BONOS FINALES DEL PCCC
(MILLONES DE PESOS)
Marzo 2005 Junio 2005
Total 128 808.4 134 591.0
BBVA-Bancomer 60 904.1 63 680.5
Bancomer 51 928.8 54 294.7
Tramo I 36 392.5 38 049.1
Tramo II 15 536.3 16 245.6
BBV 8 975.3 9 385.8
Tramos II y III 8 742.4 9 140.4
Tramo Atlas 232.9 245.4
Banamex 41 206.0 42 974.4
Tramo I 27 097.3 28 553.8
Tramo II 14 108.7 14 420.6
Bital (HSBC) 19 265.5 20 142.6
Tramo I 12 784.0 13 366.0
Tramo II 6 481.5 6 776.6
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 7 432.8 7 793.5
Tramo I 2 366.0 2 484.8
Tramo II 3 697.0 3 865.3
Tramo III 1 369.8 1 443.4
■ EL COSTO FISCAL DE LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN
QUE INVALIDÓ LAS AUDITORÍAS DE LA ASF
Si la SCJN no hubiera invalidado las auditorías practicadas por la ASF y se
hubieran atendido de manera escrupulosa las observaciones efectuadas, el
costo fiscal podría haberse reducido de manera notable, luego de ser deducidos
los créditos irregulares que se incluyeron en los PCCC. En el caso límite
de que todos los créditos observados que no pudieron ser solventados
por el IPAB hubieran sido deducidos del valor de los PCCC antes de su conversión,
el costo fiscal, a valor de junio de 2006, se situaría en 85 mil 202
millones de pesos menos que el registrado.
Para llegar a la cifra citada se realizaron los cálculos que se presentan
a continuación, siguiendo el mismo procedimiento adoptado por el IPAB
descrito en la sección anterior pero deduciendo los créditos irregulares
observados por la ASF. En el cuadro 12 se presenta el valor base en marzo
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
351
de 2004, deduciendo todos los créditos observados por la ASF y no solventados.
CUADRO 12
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / CÁLCULO APLICANDO
OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS)
Valor a marzo de 2004 No solventado Valor base
Total 222 993.4 101 586.0 121 407.4
BBVA-Bancomer 97 717.1 49 349.5 48 367.6
Bancomer 83 781.1 44 939.1 38 842.0
Tramo I 59 198.6 38 324.6 20 874.0
Tramo II 24 582.5 6 614.5 17 968.0
BBV 13 936.0 4 410.4 9 525.6
Tramos II y III 13 513.9 4 177.0 9 336.9
Tramo Atlas 422.1 233.4 188.7
Banamex 82 448.0 27 192.9 55 255.1
Tramo I 57 865.5 20 548.5 37 317.0
Tramo II 24 582.5 6 644.4 17 938.1
Bital (HSBC) 30 147.8 19 617.8 10 530.0
Tramo I 19 142.0 14 563.0 4 579.0
Tramo II 10 465.9 5 054.8 5 411.1
Tramo III 539.8 0.0 539.8
Banorte 12 680.5 5 425.8 7 254.7
Tramo I 4 493.5 1 765.3 2 728.2
Tramo II 6 752.5 3 660.5 3 092.0
Tramo III 1 434.5 0.0 1 434.5
En el cuadro 13, que se puede comparar con el cuadro 7, se calcula el
valor de los bonos iniciales que sustituyeron a los PCCC. Suponiendo que
lo recuperado corresponde a los créditos no observados por la ASF, dicho
valor se hubiera situado en 58 mil 602 millones de pesos, monto muy inferior
a los 160 mil 188 millones, realmente registrados. Aunque el supu esto
utilizado es extremo, no resulta inadecuado, ya que la mayor parte de los
créditos observados carecían de garantías y resultaban prácticamente
irrecuperables.
En el cuadro 14, que resulta comparable con el cuadro 8, se presenta una
estimación de lo que hubiera sucedido con esos bonos, entre marzo de 2004,
fecha de su emisión, y marzo de 2005, fecha de determinación de la participación
en pérdidas y, por tanto, del costo fiscal final.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
352
CUADRO 13
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / CÁLCULO APLICANDO
OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS)
Valor base Chequeras Nuevos bonos
Total 121 407.4 62 805.4 58 602.1
BBVA-Bancomer 48 367.5 21 720.1 26 647.4
Bancomer 38 842.0 18 997.4 19 844.5
Tramo I 20 874.0 13 799.0 7 075.0
Tramo II 17 967.9 5 198.4 12 769.5
BBV 9 525.5 2 722.7 6 802.9
Tramos II y III 9 336.9 2 607.7 6 729.2
Tramo Atlas 188.7 115.0 73.7
Banamex 55 255.2 31 494.9 23 760.3
Tramo I 37 317.0 24 513.0 12 804.1
Tramo II 17 938.1 6 981.9 10 956.2
Bital (HSBC) 10 530.0 6 100.8 4 429.3
Tramo I 4 579.1 3 181.9 1 397.2
Tramo II 5 411.1 2 379.1 3 032.1
Tramo III 539.8 539.8 0.0
Banorte 7 254.7 3 489.6 3 765.1
Tramo I 2 728.2 1 208.4 1 519.8
Tramo II 3 092.0 2 111.2 980.8
Tramo III 1 434.5 170.0 1 264.5
CUADRO 14
CAMBIO DE VALOR DE LOS NUEVOS BONOS / CÁLCULO APLICANDO OBSERVACIONES
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (MILLONES DE PESOS)
Marzo 2004 Marzo 2005
Total 58 602.1 62 860.4
BBVA-Bancomer 26 647.4 28 488.6
Bancomer 19 844.5 21 214.9
Tramo I 7 075.0 7 563.5
Tramo II 12 769.5 13 651.4
BBV 6 802.9 7 273.7
Tramos II y III 6 729.2 7 193.9
Tramo Atlas 73.7 79.8
Banamex 23 760.3 25 586.8
Tramo I 12 804.1 13 874.0
Tramo II 10 956.2 11 712.8
Bital (HSBC) 4 429.3 4 735.2
Tramo I 1 397.2 1 493.7
Tramo II 3 032.1 3 241.5
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 3 765.1 4 049.8
Tramo I 1 519.8 1 631.2
Tramo II 980.8 1 048.5
Tramo III 1 264.5 1 370.1
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
353
En el cuadro 15 se presentan los cálculos finales de la distribución de
pérdidas entre los bancos y el IPAB. Aplicando la misma distribución que hubo
en la realidad (véase cuadro 9), el costo fiscal final podría haberse situado en
sólo 47 mil 336 millones de pesos.
CUADRO 15
BONOS DESPUÉS DE REVISIONES GEL (COSTO FISCAL FINAL) / CÁLCULO APLICANDO
OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2005
Nuevos bonos Costo banco Costo IPAB
Total 62 860.6 15 524.4 47 336.2
BBVA-Bancomer 28 488.7 7 132.6 21 356.1
Bancomer 21 214.9 5 308.8 15 906.1
Tramo I 7 563.5 1 892.2 5 671.3
Tramo II 13 651.4 3 416.6 10 234.8
BBV 7 273.8 1 823.8 5 450.0
Tramos II y III 7 193.9 1 799.8 5 394.1
Tramo Atlas 79.9 24.0 55.9
Banamex 25 586.9 6 401.7 19 185.2
Tramo I 13 874.1 3 471.4 10 402.7
Tramo II 11 712.8 2 930.3 8 782.5
Bital (HSBC) 4 735.1 1 185.8 3 549.3
Tramo I 1 493.6 374.5 1 119.1
Tramo II 3 241.5 811.3 2 430.2
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 4 049.9 804.3 3 245.6
Tramo I 1 631.2 536.6 1 094.6
Tramo II 1 048.5 267.3 781.2
Tramo III 1 370.2 0.4 1 369.8
Con el fin de completar el análisis y efectuar una estimación del costo fiscal
en junio de 2006, se incluye el cuadro 16, el cual es comparable con el cuadro
11. Se calcula el cambio de valor que hubiera sucedido con los nuevos bonos
si no se hubiera adelantado su liquidación. Así, el costo fiscal actual se situaría
en 49 mil 389 millones de pesos.
Finalmente, en el cuadro 17 se compara el costo fiscal de los PCCC
realmente asumido por el IPAB, 134 mil 591 millones de pesos, a valor de
junio de 2006, con los 49 mil 389 millones que hubieran resultado si se
deducen los créditos irregulares detectados por la ASF. La diferencia son
los 85 mil 202 millones de pesos citados al inicio de esta sección.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
354
CUADRO 16. ESTIMACIÓN DEL VALOR (SIN AMORTIZAR) DE LOS BONOS FINALES
DEL PCCC / CÁLCULO APLICANDO OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (MILLONES DE PESOS)
Marzo 2005 Junio 2005
Total 47 336.2 49 389.3
BBVA-Bancomer 21 356.1 22 330.1
Bancomer 15 906.1 16 631.5
Tramo I 5 671.3 5 929.5
Tramo II 10 234.8 10 702.0
BBV 5 450.0 5 698.6
Tramos II y III 5 394.1 5 639.7
Tramo Atlas 55.9 58.9
Banamex 19 185.2 19 938.5
Tramo I 10 402.7 10 961.8
Tramo II 8 782.5 8 976.7
Bital (HSBC) 3 549.3 3 710.9
Tramo I 1 119.1 1 170.1
Tramo II 2 430.2 2 540.8
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 3 245.6 3 409.8
Tramo I 1 094.6 1 149.6
Tramo II 781.2 816.8
Tramo III 1 369.8 1 443.4
CUADRO 17. ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LOS BONOS FINALES
DEL PCCC / CÁLCULO APLICANDO OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA
SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS) VALOR A JUNIO DE 2006
Costo asumido Costo teórico Diferencia
Total 134 590.9 49 389.2 85 201.7
BBVA-Bancomer 63 680.4 22 330.0 41 350.4
Bancomer 54 294.7 16 631.5 37 663.2
Tramo I 38 049.1 5 929.5 32 119.6
Tramo II 16 245.6 10 702.0 5 543.6
BBV 9 385.8 5 698.5 3 687.2
Tramos II y III 9 140.4 5 639.7 3 500.7
Tramo Atlas 245.4 58.9 186.5
Banamex 42 974.4 19 938.5 23 035.9
Tramo I 28 553.8 10 961.8 17 592.0
Tramo II 14 420.6 8 976.7 5 443.9
Bital (HSBC) 20 142.6 3 710.9 16 431.7
Tramo I 13 366.0 1 170.1 12 195.9
Tramo II 6 776.6 2 540.8 4 235.8
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 793.5 3 409.8 4 383.7
Tramo I 2 484.8 1 149.6 1 335.2
Tramo II 3 865.3 816.8 3 048.5
Tramo III 1 443.4 1 443.4 0.0
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
355
Como se puede ver, la resolución de la SCJN que invalidó las auditorías
efectuadas por la ASF y que dio así la razón al Ejecutivo en su controversia
constitucional le costó al pueblo mexicano 85 mil 202 millones de pesos. Lo
más grave, como se dijo en secciones anteriores, fue que esa decisión estuvo
signada por un posible conflicto de intereses de la propia SCJN.
Existe un argumento adicional de la Secretaría de Hacienda en el
sentido de que si ese monto se hubiera cargado a los bancos, como correspondía
si se hubiera aplicado la ley de manera escrupulosa, podría haber
desestabilizado al sistema bancario. Este argumento es falso, ya que si
se acumulan las utilidades netas obtenidas por los cuatro bancos beneficiarios
entre 2003 y junio de 2006, y se actualizan a precios de hoy, se
encuentra que acumularon un monto ligeramente mayor a los citados 85
mil millones de pesos.
■ LAS TAREAS PENDIENTES
Es un hecho que la vía legal ha sido debilitada para tratar de reducir el
excesivo costo fiscal del rescate bancario como resultado de la resolución
de la SCJN que impide seguir revisando lo sucedido en años anteriores.
Sin embargo, quedan tareas pendientes en las cuales debería insistir la
nueva legislatura.
La primera se refiere a la necesidad de fincar responsabilidades a los
funcionarios que le impusieron al pueblo mexicano esta enorme deuda.
Como punto de partida se debe atender la solicitud de la ASF a la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para que investigue por qué se dejaron perder
las 62 acusaciones penales iniciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) sobre diversas conductas delictivas durante el rescate bancario,
“las cuales consistieron principalmente en que los acreditados de los
bancos obtuvieron créditos por medio de datos falsos sobre el monto de activos
y pasivos de una entidad o persona física o moral y con ello provocaron
un quebranto o perjuicio patrimonial para el banco; así mismo, los consejeros,
funcionarios y/o empleados de las instituciones de banca múltiple, a sabiendas
de que dichas operaciones traerían como consecuencia el quebranto o perjuicio
al patrimonio de la institución, autorizaron los créditos”.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
356
La Cámara de Diputados debe hacer suyo el requerimiento de la ASF
donde señala que:
Con motivo de las 31 prescripciones de la acción penal, los 8 sobreseimientos
y la abstención en la presentación de la querella; en términos de lo
dispuesto en el artículo 37, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública debe conocer e
investigar las conductas se los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades
administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en
los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes
ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que le
fuera requerida.
Y luego agrega:
Así también la actuación de los ministerios públicos, de la CNBV, de los
interventores gerenciales de los bancos, de los órganos internos de control
del Ejecutivo Federal, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la
Procuraduría General de la República y demás actores, deberán ser evaluados
para deslindar las responsabilidades, tanto en la fundamentación y
motivación de las diversas denuncias y querellas, como en la responsabilidad
de aquellos servidores públicos que dejaron prescribir las acciones
correspondientes.
La segunda tarea es la relativa a la investigación de las quitas y condonaciones
realizadas por el IPAB a grandes empresas deudoras y la revisión
de todo el proceso de administración y venta de activos en poder del Instituto.
Es necesario esclarecer el proceso de deterioro de los bienes y activos,
los contratos otorgados a empresas para la administración de créditos y de
bienes muebles e inmuebles, así como los principales beneficiarios en las
ventas realizadas por el IPAB.
La tercera tarea pendiente para la nueva legislatura se refiere a un verdadero
asunto de justicia: la creación de una Comisión de la Verdad con pleno poder
no sólo para que aclare todo lo sucedido durante la gestación de la crisis de 1995
y durante la aplicación del rescate bancario, sino también para que imponga una
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
357
sanción moral y en su caso determine las sanciones económicas y penales que
se requieran. El veredicto de la Comisión de la Verdad ayudará a prevenir a la
sociedad para que no se vuelva a endosar al pueblo mexicano una deuda tan
cuantiosa y, sobre todo, tan injusta, tan llena de impunidad.
■ REFERENCIAS
Auditoría Superior de la Federación (ASF): Informe de Resultados sobre la
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000, t. III, vol. 2.
______: Informe de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública,
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FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO
Capítulo 1
El Informe de Michael Mackey
El informe Mackey:
la auditoría que no fue 13
Informe Mackey:
el necesario debate 17
El Fobaproa y el PAN 21
Las operaciones reportables del Fobaproa 25
Las operaciones del Fobaproa 55
El Fobaproa y las mentiras de Vicente Fox 59
Las listas del Fobaproa 63
Las listas de Mackey y la impunidad 67
Capítulo 2
El rescate de Banca Serfín
El rescate de Serfín y el riesgo moral 75
8
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
El gran desfalco de Serfín 79
El rescate de Banca Serfín:
un gran desfalco a la nación 83
Rescate bancario y gasto público 107
El rescate de Serfín (I) 111
El rescate de Serfín (II) 115
Serfín: la quiebra oculta 119
Capítulo 3
Las consecuencias del rescate bancario
El disimulado desastre fiscal 125
Asignación de los ingresos petroleros excedentes
para el rescate bancario, y simulación
de superávit fiscal 129
Frustrado engaño a los legisladores 135
La deuda pública escondida 139
El Fobaproa y el PRD 143
El petróleo y el Fobaproa 145
La renuncia de Vicente Corta 149
Las secuelas del rescate bancario
y la necesaria reforma fiscal 153
ÍNDICE
9
Capítulo 4
La última batalla para reducir el costo del Fobaproa
El Fobaproa: origen,
evolución y situación actual 189
Nota 1: Los créditos reportados por el auditor Mackey
durante su revisión de los pagarés de capitalización
y compra de cartera del Fobaproa 221
Nota 2: Los créditos observados durante las revisiones
efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación
a los pagarés de capitalización y compra de cartera
del Fobaproa (pagaré por pagaré) 227
Nota 3: Los créditos observados durante las revisiones
efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación
a los pagarés de capitalización y compra de cartera
del Fobaproa (cuadros resumen) 241
Nota 4: La solventación de las observaciones
de la Auditoría Superior de la Federación
a los pagarés de capitalización y compra
de cartera del Fobaproa 249
Nota 5: La estimación de la reserva del IPAB
para asumir las pérdidas esperadas
por los pagarés de capitalización
y compra de cartera del Fobaproa 261
Nota 6: La estimación de la conversión de los pagarés
de capitalización y compra de cartera del Fobaproa
en nuevos títulos de deuda del IPAB 267
Nota 7: Estimación del costo actual del rescate bancario 273
10
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
El rescate bancario: la otra guerra sucia 279
El rescate bancario en México y los problemas
para la administración de los pasivos resultantes 303
Consideraciones del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática respecto
al Informe de la Comisión de Investigación
sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 323
CAPÍTULO 1
EL INFORME DE MICHAEL MACKEY
13
El informe sobre las operaciones del Fobaproa, entregado recientemente
por el consultor canadiense Michael Mackey, no es una auditoría.
En realidad se trata de una investigación encargada por la Cámara de
Diputados, con el fin de tener elementos para efectuar de manera más eficaz
sus labores de legislación. El objeto de la investigación fue cumplido razonablemente
bien, aunque su alcance se vio limitado por la información
parcial que le fue proporcionada por las autoridades.
El reporte de Mackey constituye una grave denuncia respecto a la manera
equivocada, onerosa e irresponsable con que ha sido conducido el
rescate del sistema bancario, y confirma, de manera sorprendente, el análisis
dado a conocer el 15 de julio de 1998 por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), mediante el documento “Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional. Alternativas para impedirlo”.
Las conclusiones básicas de Mackey son prácticamente las mismas a las
que llegó el PRD: la crisis de la banca fue resultado de una política equivocada
del gobierno de Salinas; la forma en que el gobierno de Zedillo enfrentó
la crisis ha sido y sigue siendo una de las más costosas para el pueblo
mexicano; el rescate de la banca se dio de una manera oculta y discrecional;
las operaciones realizadas mediante el Fobaproa no sólo no resolvieron los
grandes problemas de la banca, sino que incrementaron su fragilidad; la
persistencia de las mismas políticas sólo conducirá a más rescates y a mayores
costos para la población.
El actual alud de declaraciones, comentarios y desplegados, proveniente
de todo tipo de voceros, abiertos y embozados, del gobierno, pretende
EL INFORME MACKEY:
LA AUDITORÍA QUE NO FUE
21 DE JULIO DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
14
encubrir el fraude del siglo contra el pueblo mexicano, tratando de hacer
creer que el informe de Mackey es una auditoría en la que no se encontró
prácticamente nada. Mintiendo descaradamente, y aprovechando el escaso
conocimiento de la mayoría de la población respecto a los complicados
temas financieros, tratan de ocultar lo que resulta inocultable: que se ha
hipotecado el futuro de varias generaciones de mexicanos.
Este informe no es una auditoría, como en el mismo se señala con toda
claridad (p. 5), sino un estudio encargado por la Cámara de Diputados para
conocer una opinión autorizada respecto a la actuación de las autoridades
durante el famoso rescate bancario. Lamentablemente, dicho informe está
basado exclusivamente en la incompleta información que le proporcionaron
las autoridades. Los resultados del informe de Mackey son una opinión,
seria y profesional, respecto a lo sucedido, y no tienen ninguna implicación
penal, como podrían tenerla los resultados de una auténtica auditoría.
El objetivo del estudio encargado a Mackey a principios de septiembre
de 1998, era dar elementos a los diputados para entender mejor el pro blema
del Fobaproa, y que pudieran legislar con mayor cuidado y conocimiento.
Ese objetivo dejó de tener sentido a partir de la aprobación de la ley del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el 12 de diciembre, por
la mayoría de los diputados del PRI y del PAN. Con la expedición de esa ley,
prácticamente se legalizó este gran fraude contra el pueblo mexicano.
Como Mackey lo señala (p. 16), entre septiembre y diciembre las autoridades
bloquearon totalmente su trabajo, impidiéndole avanzar. Pero, a
partir de la aprobación de la ley del IPAB, empezaron a cooperar más, aunque
ocultando información clave en todo momento. Mackey siguió realizando el
trabajo para el que había sido contratado, sabiéndose que lo que encontrara
no tendría ningún efecto, ya que la legalización del fraude había sido
consumada.
Sin embargo, los voceros del gobierno decidieron que el informe de
Mackey podría tener otra utilidad: aparentar que se trataba de una auditoría,
cuyos resultados podrían ayudar a justificar lo realizado a espaldas del
pueblo. Como la investigación de Mackey sólo iba a conducir a un análisis
general, limitado por la información cuidadosamente escogida que las autoridades
decidieron entregarle, sus resultados no implicarían ninguna
acusación concreta, con posibles implicaciones legales.
EL INFORME MACKEY: LA AUDITORÍA QUE NO FUE
15
Mackey se sujetó a lo que la Cámara de Diputados le había enco mendado,
y concluyó su estudio de una manera muy profesional, analizando
cuidadosamente toda la información a que tuvo acceso, presentando las
con clusiones a que había llegado. Esas conclusiones, y el análisis que condujo
a ellas, son lo verdaderamente importante del trabajo de Mackey, no
el pretendido descubrimiento de los responsables del enorme descalabro,
ampliamente conocido y ocultado por las autoridades.
El informe de Mackey merece ser estudiado con todo cuidado. El análisis
presentado se debe profundizar, dando a conocer toda la evidencia que
vaya estando disponible. La completa identificación y castigo de los responsables
no puede esperarse de autoridades cómplices del atentado. La
justicia, que tarde o temprano llegará, debe empezar con el conocimiento
del crimen, con evitar que a la actual impunidad se agregue la ignorancia
respecto a lo sucedido.
17
Apartir de la reciente entrega del informe elaborado por el consultor
canadiense Michael Mackey, las autoridades hacendarias y financieras
pretenden hacer creer a la población que las esperadas auditorías
sobre las operaciones del Fobaproa –previstas en el artículo quinto transitorio
torio de la ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)– se
concluyeron con éxito, justificando además las acciones llevadas a cabo por
el gobierno para enfrentar el descalabro bancario.
Cualquier solicitud de más información respecto a este problema es
rechazada por las autoridades, aunque provenga del Poder Legislativo.
Cualquier opinión discrepante de la oficial, resulta inmediatamente descalificada.
El vocero de la Secretaría de Hacienda llega incluso a afirmar que
“no tienen remedio” los que se atreven a cuestionar la validez de la “auditoría
más profunda, más amplia y más costosa en la historia de México” (comunicado
del 1º de agosto).
Para los voceros del gobierno no tiene ninguna importancia que el propio
Mackey diga que el informe y las evaluaciones entregadas por él, “no constituyen
una auditoría financiera” (p. 5). Tampoco resultan de interés las múltiples
quejas del consultor canadiense respecto a las reiteradas negativas de
las autoridades a proporcionarle muchos de los datos que necesitaba, como
cuando afirma en su informe que “las restricciones al acceso a la información
fueron mucho más graves de lo que inicialmente creímos” (p. 17).
Esta presunta auditoría resulta no sólo la más cara de la historia de
México, sino la única donde el auditado decide qué información proporciona
al auditor. Basta consultar los artículos 41 al 45 del Código Fiscal de la
INFORME MACKEY:
EL NECESARIO DEBATE
3 DE AGOSTO DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
18
Federación, para saber lo que constituye una verdadera auditoría. Por ello,
no se puede entender cómo las reglas que utiliza Hacienda para efectuar
una auditoría a cualquier mortal, no pudieran aplicarse para examinar los
gigantescos pasivos generados por el Fobaproa.
Aunque el informe de Mackey es un estudio serio, interesante y profesional,
definitivamente no constituye la auditoría prevista en la ley del IPAB.
Muchas dudas persisten respecto a lo realizado mediante el Fobaproa. Por
ejemplo, después de que Mackey solicitó que los famosos 552.3 mil millones
de pesos de pasivos del Fobaproa fueran actualizados al 30 de junio de 1998,
la cifra resultante alcanzó 589.6 mil millones. Sin embargo, la revisión realizada
por el consultor lo llevó a concluir que la cifra real era, cuando menos,
70.2 mil millones superior a la estimada por las autoridades para esa misma
fecha (p. 203).
Otro ejemplo lo constituyen los 72.7 mil millones de pesos de las operaciones
“reportables” identificadas por Mackey, los cuales incluyen 40 mil
millones por créditos otorgados a los mismos banqueros o a personas directamente
relacionadas con ellos (p. 212). Según la ley del IPAB, si alguno
de esos créditos resulta “ilegal”, la Junta de Gobierno del IPAB “podrá optar”
por rechazarlo o devolverlo al banco que lo otorgó (artículo quinto transitorio).
Pero también pudiera “optar” por mantenerlo como deuda del pueblo
mexicano, sin que éste tenga siquiera el derecho a conocer el nombre del
beneficiario, debido al sagrado “secreto bancario”.
Este punto requiere particular atención, ya que, como el mismo vocero
de la Secretaría de Hacienda lo señala, “dentro de las operaciones reportables
se incluyen créditos de instituciones que fueron intervenidas por la CNBV o
cuyos accionistas perdieron el control de las mismas, en cuyo caso no procede
la devolución de la cartera a la institución bancaria” (comunicado del
25 de julio). Es decir que los créditos ilegales que hayan sido otorgados por
los bancos intervenidos –alguno de ellos oportunamente intervenido días
antes de que se entregara el informe de Mackey–, están condenados a convertirse
en deuda pública.
Un aumento de la deuda pública, es decir, de la deuda del pueblo mexicano,
por un monto que fácilmente puede alcanzar la cuarta parte del producto
interno bruto, no sólo merece discutirse, sino que exige la clarificación
de todos sus detalles y aspectos. La identificación de cuáles operaciones
INFORME MACKEY: EL NECESARIO DEBATE
19
fueron ilegales, y la decisión de “optar” por convertirlas o no en deuda pública,
no debe dejarse en las exclusivas manos de un pequeño grupo integrado,
o directamente relacionado, con algunos de los presuntos responsables
del descalabro bancario.
Si realmente se quiere avanzar hacia una sociedad más transparente y
democrática, las autoridades no sólo deben facilitar, sino alentar la discusión
sobre este asunto. El dinero que se está utilizando en la costosa campaña
publicitaria destinada a engañar al pueblo mexicano, podría utilizarse de
mejor manera, por ejemplo, revirtiendo el aumento del precio de la leche
de Liconsa, que se añade a los muchos costos impuestos al empobrecido
pueblo mexicano.
21
La información, recientemente dada a conocer, respecto a que varios
connotados miembros del Partido Acción Nacional (PAN), como Vicente
Fox y Carlos Medina Plascencia, son beneficiarios del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sirve para aclarar por qué
ese partido ha actuado como cómplice del gobierno en la tarea de consumar
un gran atentado contra la economía del pueblo de México. Mediante
tal complicidad, el PAN ha llegado al extremo de oponerse a que la población
conozca siquiera los nombres de los beneficiarios de ese gran fraude,
entre los que se encuentran, como ahora se sabe con certeza, algunos
destacados panistas.
Como se puede recordar, a partir de que el presidente Zedillo propuso
que 552.3 mil millones de pesos de pasivos del Fobaproa fueran convertidos
en deuda pública oficial, se inició un gran debate nacional sobre el tema. El
Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante un documento publicado
el 15 de julio de 1998, presentó un análisis sobre lo sucedido y propuso
que se hiciera una revisión y depuración a fondo de esos pasivos, antes
de pretender transformarlos en deuda de todos los mexicanos.
El PAN fijó su postura el 20 de agosto de 1999 afirmando “categóricamente
que los créditos otorgados de manera fraudulenta y vendidos posteriormente
a Fobaproa no deben ser pagados por el pueblo de México”. Sin
embargo, esta postura se fue modificando durante los siguientes meses,
mientras algunos dirigentes de ese partido “negociaban” con funcionarios
del gobierno federal. En diciembre de 1998, la posición del PAN se convirtió
en abierta complicidad con el gobierno, votando en la Cámara de Diputados
EL FOBAPROA Y EL PAN
18 DE OCTUBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
22
la ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que legalizaba
ese inmenso despojo.
La única esperanza de que el fraude no se consumara totalmente, quedó
entonces en las manos del consultor canadiense Michael Mackey, a quien
se encargó efectuar una auditoría a las operaciones del Fobaproa. Sin embargo,
esa auditoría no se pudo concluir de manera satisfactoria, debido a
la negativa de las autoridades a proporcionarle toda la información que requería.
Aun así, Mackey entregó un reporte en el mes de julio, sobre lo que
había podido revisar, incluyendo una serie de recomendaciones.
En el informe de Mackey hay un interesante apartado denominado “Transacciones
reportables”, donde se registraron créditos irregulares enviados
al Fobaproa por un monto de 72.7 mil millones de pesos. Esas operaciones
se dividieron en tres partes: 24.7 mil millones, de créditos que fueron aceptados
por el Fobaproa, modificando las reglas que se tenían originalmente;
42 mil millones, de autopréstamos de los banqueros o créditos a gente relacionada
con ellos; y 6 mil millones, de créditos ya sujetos a investigación
por las autoridades.
Aunque el reporte original de Mackey incluía una lista completa de los
créditos clasificados como “reportables”, la versión dada a la publicidad sólo
incluyó un cuadro resumen. Ante la insistencia de los legisladores del PRD y
de otros partidos para que se diera a conocer el detalle de lo encontrado, finalmente
se entregó en septiembre la lista de los 2 407 créditos señalados
como “reportables”, los cuales fueron identificados con un número, quedando
en secreto los nombres de los beneficiarios. Entonces, el PRD exigió la publicación
de los nombres, a lo que se ha negado de manera persistente el PAN.
La revisión de las operaciones “reportables” arroja algunos datos muy
interesantes. A primera vista, el monto de los 73.8 mil millones de pesos (los
72.7 mil millones del cuadro resumen fueron una cifra redondeada) dividido
entre los 2 407 prestatarios, da un promedio de 30.6 millones de pesos por
crédito. Sin embargo, si los datos se agrupan por montos, se encuentra que
52.9 mil millones (71.8 por ciento del total) están repartidos entre sólo 114
acreditados. Aun más, si se separan los 20 créditos más grandes, alcanzan un
monto de 33 mil millones de pesos, casi la mitad de los citados créditos.
Según Mackey, estos créditos pueden implicar un enorme costo para la
población, ya que su recuperación es dudosa, pues se otorgaron de manera
EL FOBAPROA Y EL PAN
23
complaciente, sin las garantías adecuadas. Un caso ejemplificador de lo que
puede pasar con esos créditos es lo sucedido con los préstamos otorgados
a la familia de Vicente Fox. Según Enrique Vilatela, director general de Bancomext
(Milenio, 11 de octubre), de 3.1 millones de dólares prestados a los
Fox, sólo se van a poder recuperar 440 mil, es decir, 14 por ciento. La parte
no pagada por la familia Fox, y que será cargada a la población, asciende a
casi 2.7 millones de dólares. Ese dinero, obtenido abusivamente por los Fox,
representa el salario mínimo de 2 266 trabajadores durante todo un año, o
el costo de un buen número de spots televisivos.
Entre los 20 mayores créditos presentados dentro de las operaciones
“reportables” descubiertas por Mackey, se incluye, por ejemplo, uno por
8 176.3 millones de pesos, otorgado por Banca Confía (identificado con el
número 3 295), el cual se clasifica como “relacionado”, es decir, autopréstamo
o concedido a una empresa vinculada directamente con los accionistas
del banco. Este préstamo no está incluido entre los que están
sujetos a investigación por las autoridades. ¿Quién es el beneficiario de
este crédito? La pregunta es legítima, ya que se le puede terminar dando
un tratamiento similar a los préstamos otorgados a la familia Fox.
Para que se conozcan los nombres de los beneficiarios del Fobaproa
identificados por Mackey, es suficiente que la mayoría de los diputados voten
a favor de ello, como lo ha propuesto el PRD. Los votos unificados de los
diputados del PRD y del PAN bastarían para ello. Sin embargo, lo más probable
es que esa lista se siga manteniendo en secreto, ocultando las identidades
de muchas personas, entre las cuales, probablemente se encuentran otros
famosos panistas.
25
En cualquier país civilizado, lo peor de un crimen es que permanezca
impune. Pero en México, el país de la impunidad, un crimen sin castigo
no es lo peor, lo es todavía más su desconocimiento, que ni siquiera
se sepa qué pasó ni se conozca a los responsables de lo sucedido.
El presente trabajo busca ayudar a desnudar la gran operación de encubrimiento
que pretenden las autoridades gubernamentales, con la complicidad
del Partido Acción plicidad Nacional (PAN), respecto a uno de los mayores
crímenes que se han cometido contra la mayoría de los mexicanos: el del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). El tema es el referente
a las operaciones reportables del informe de Michael Mackey, es decir,
los créditos irregulares descubiertos por este consultor que las autoridades
se han negado a investigar.
■ ANTECEDENTES
Como se recuerda, a partir de que el presidente Zedillo envió a la Cámara de
Diputados, en marzo de 1998, una iniciativa de ley para convertir en deuda
pública más de 550 mil millones de pesos de pasivos del Fobaproa, se inició
un gran debate nacional.
Partiendo del hecho de que la gran mayoría de la población desconoce
los temas financieros, el gobierno federal trató de justificar la forma como
había llevado a cabo el rescate bancario, con el argumento de que cualquier
alternativa diferente a la aplicada hubiera sido más costosa. Desde el enfoque
LAS OPERACIONES REPORTABLES
DEL FOBAPROA
MARZO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
26
del Ejecutivo Federal, la acumulación de esos enormes pasivos había evitado
un colapso de la economía, cuyas consecuencias sobre la población
hubieran sido mucho peores.
La gran mentira gubernamental quedó al descubierto en julio de ese año
cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer su
documento Fobaproa: el gran atentado contra la economía nacional (véase
Coyuntura, núm. 86, mayo-julio de 1998). En ese texto demostró que la crisis
del sistema bancario había sido propiciada por una política gubernamental
equivocada. Además, evidenció que la forma como se realizó el rescate
bancario estuvo plagada de ilegalidades y provocó un crecimiento injustificado
de la deuda pública.
La propuesta del PRD fue que, antes de pretender convertir esos pasivos
en deuda pública oficial, se investigara lo sucedido; se fincaran responsabilidades;
se castigara a los culpables del desfalco y se aplicaran todas las
medidas posibles para recuperar los recursos obtenidos, de manera abusiva
y fraudulenta, por una minoría de empresarios y banqueros.
Durante el mes de agosto de 1998, el PRD realizó una campaña nacional
para dar a conocer a la población el problema del Fobaproa. Esa campaña
concluyó con una consulta nacional en la que participaron más de tres millones
de personas, que se pronunciaron de manera mayoritaria en contra
de la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública oficial, como
lo propuso el presidente Zedillo.
Ante la presión popular, la Cámara de Diputados decidió, en septiembre
de ese año, encargar una auditoría a las operaciones del Fobaproa. Para
ello contrató al consultor canadiense Michael Mackey. Aunque existen en
México muchos despachos contables de gran prestigio, se optó por un
extranjero para limitar la posibilidad de que las autoridades pudieran presionarlo
y para evitar, además, un posible conflicto de intereses.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB
La propuesta de los legisladores del PRD fue rechazar la conversión de esos
pasivos en deuda pública; esperar los resultados de la auditoría encargada a
Mackey; depurar esos enormes pasivos y, sólo después de ello, decidir el
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
27
destino de los restantes. Sin embargo, en diciembre de 1998, los diputados
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN aprobaron la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, mediante la cual se legalizó el fraude del Fobaproa
y se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En el artículo quinto transitorio de dicha ley, se dispuso que “[e]l Ejecutivo
Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que
las auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada
en vigor de esta ley”. Además, se mandó que “[e]n caso de que la auditoría
reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades
a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad
legal y económica”.
En ese mismo artículo se agregó que, “[e]n caso de que durante las auditorías
se detecten créditos ilegales el Instituto, mediante resolución de la
Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las
instituciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto
equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del Instituto”. Es decir,
se dejó al IPAB la opción de decidir si los créditos, ya calificados como ilegales,
serían pagados por los bancos que los otorgaron, o por la sociedad,
mediante la deuda pública.
En el multicitado artículo de la Ley se incluyó además que “[c]uando la
ilegalidad sea atribuible a la administración de la institución de que se trate,
ésta deberá absorber el costo de dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá
el monto de la garantía o instrumento de pago”. Sin embargo, la calificación
respecto a si el banco que otorgó el crédito ilegal tiene responsabilidad o
no, se dejó también en manos del IPAB.
El artículo séptimo transitorio de esa ley mandata que en los casos de
operaciones cuyos recursos se hayan donado o aportado “a entidades de interés
público que reciban financiamiento público y que por tal motivo hayan
generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades
devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con
cargo a los financiamientos públicos que, conforme a las leyes que las rigen,
reciban ordinariamente”.
Esta disposición parece dedicada a la famosa “donación” del exbanquero
Carlos Cabal Peniche al PRI para financiar las campañas políticas de Ernesto
Zedillo a la Presidencia y de Roberto Madrazo a la gubernatura de
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
28
Tabasco en 1994 con créditos bancarios no pagados que terminaron en la
panza del Fobaproa. Si la auditoría de Mackey descubría esa operación, el
PRI estaría obligado a devolver esos recursos mediante una deducción equivalente
en sus asignaciones públicas.
■ EL INFORME DE MACKEY
En julio de 1999, Michael Mackey entregó a la Cámara de Diputados su Informe
sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Desafortunadamente, la auditoría encargada a ese consultor no pudo
ser llevada a cabo de manera completa y eficaz debido a la reiterada negativa
de las autoridades a proporcionarle toda la información que requería,
en especial, la referida a los fideicomisos como el utilizado por Cabal Peniche.
La excusa fue el famoso secreto bancario.
Aun así, Mackey elaboró su informe con base en los datos que de manera
limitada y seleccionada le fueron entregados. En su reporte presentó un
análisis de las operaciones del Fobaproa y una evaluación de la actu ación
de las autoridades durante la gestación de la crisis bancaria y la apli ca ción de
los programas de rescate y saneamiento financiero. El Informe de Mackey
terminó sólo como una asesoría para ayudar a los diputados en sus tareas
legislativas, sin alcanzar la categoría de auditoría, como se había ofrecido
en la ley que dio vida al IPAB.
Los voceros del gobierno federal y sus diputados cómplices del PRI y
del PAN han pretendido hacer pasar el Informe de Mackey como una auditoría
al Fobaproa sin que en realidad lo sea. Al presentar ese informe como
la anunciada auditoría se intenta hacer creer que se cumplió con la Ley, pero
no sólo se legaliza este enorme fraude contra el pueblo de México, sino que
se garantiza la impunidad de los responsables al aparentar que un auditor
independiente revisó todo y no encontró más que los 6 mil millones de pesos
en créditos ilegales, ya identificados previamente por las autoridades.
El propio Mackey lo dijo en su reporte:
Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una
auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
29
previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento
expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos
opinión alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de la CNBV,
del Fobaproa, de la SHCP, del Banco de México, de los bancos individuales o
de los controles internos de estos organismos e instituciones. Como se señala
en otra parte de este informe, los términos de referencia de esta revisión
fueron diferentes a los de una auditoría financiera y no debe considerarse que
proporcionan la misma información y nivel de seguridad que una auditoría
financiera.1
Además, Mackey describió con detalle cómo las autoridades le negaron
acceso a mucha información indispensable. Por ejemplo:
En los casos en que los bancos habían sido intervenidos estaba claro que
nuestro alcance se extendería a todo el banco ya que Fobaproa era responsable
de todos los pasivos en el banco intervenido. En este contexto surgieron
dos situaciones. Primero, en los casos en donde solamente se emprendió de
facto una intervención administrativa, los interventores tomaron la postura
de que no había ocurrido ninguna intervención y se negó el acceso a todos
los aspectos del banco excepto a aquellos relacionados con los programas del
Fobaproa. Segundo, en los casos en donde sí se había emprendido una intervención
gerencial, los interventores adoptaron la postura de que las cuentas
de los fideicomisos en los bancos intervenidos no eran parte de los bancos,
resultando esto, en que se negó acceso a la información relacionada con todas
las cuentas de los fideicomisos.2
Cuando algunos legisladores del PRD insistieron en que la auditoría al
Fobaproa, prometida en la ley del IPAB, aún estaba pendiente, el entonces
vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –ahora en la
Presidencia de la República–, Marco Provencio, afirmó que “no tienen remedio”
1 Informe sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro entregado a la Cámara
de Diputados por el consultor Michael Mackey el 19 de julio de 1999, p. 5.
2 Ibid., p. 17.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
30
los que se atreven a cuestionar la validez de la “auditoría más profunda, más
amplia y más costosa en la historia de México”.3
Sin embargo, el vocero gubernamental olvidó que esa presunta auditoría
no sólo era la más cara de la historia de México, sino la única donde el auditado
decidió la información que proporcionaba al auditor. Basta consultar
los artículos 41, 42, 43, 44 y 45 del Código Fiscal de la Federación para conocer
los elementos de una verdadera auditoría. Es inexplicable por qué las
reglas aplicadas por la SHCP a los ciudadanos, no fueron utilizadas para
examinar los gigantescos pasivos generados por el Fobaproa.
■ LAS OPERACIONES REPORTABLES
Además de la crítica a la forma como el gobierno privatizó los bancos, sin
una supervisión adecuada, y al cúmulo de fallas que incrementaron de manera
excesiva el costo del rescate bancario, Michael Mackey incluyó al final
de su informe el apartado VII denominado “Transacciones reportables”, en
el cual analiza los créditos que, según su propia evaluación, deberían ser
revisados por las autoridades por presentar todo tipo de irregularidades.
Las operaciones reportables ascendieron a 73 775 millones de pesos,
valuados a la fecha en que cada crédito fue adquirido por el Fobaproa, es
decir, al valor que tenía cada uno al momento de su compra por parte de ese
fondo. Contra esos créditos, el Fobaproa emitió pagarés por un valor original
similar a esos préstamos, que se ha ido incrementando al capitalizarse o al
incorporarse al valor del pagaré los intereses acumulados desde la fecha de
la emisión.
El valor actual de los 73 775 millones de pesos considerados en los créditos
reportables es desconocido ya que las autoridades, como de costumbre,
mantienen ocultos los datos necesarios para hacer ese cálculo. Sin
embargo, se puede estimar un rango en el que se puede encontrar el valor
actual. Si se supone que todos los créditos fueron comprados en diciembre
3 Algunas otras puntualizaciones. Informe del 26 al 30 de julio de 1999 del vocero de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Marco Provencio, 1º de agosto de 1999.
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
31
de 1997, el valor actual se situaría en 105.6 mil millones de pesos. Si la compra
se efectuó en diciembre de 1996, ese valor podría alcanzar 132.4 mil
millones de pesos, casi la quinta parte de los pasivos totales del IPAB (véase
el cuadro A-5).
Los créditos reportables fueron clasificados por Mackey en tres grandes
grupos:
A) “Transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales
establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el
Fobaproa”.
B) “Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a
partes con las que tenían alguna relación o afiliación”.
C) “Las transacciones que hayan sido revisadas o estén siendo revisadas
por la CNBV y/o ciertos bancos, mismas que se determinó que
eran ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las
leyes y reglamentos que gobiernan a las instituciones financieras
mexicanas”.
Los créditos clasificadas en el Grupo A se subdividieron, a su vez, en
dos partes:
• A(a) “Identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el
Fobaproa”.
• A(b) “Identificados por los despachos contratados que no fueron
acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa”.
Hasta 1995 la cartera que el Fobaproa compraba a los bancos debía reunir
como requisitos: existencia de garantías, no ser créditos relacionados, etcétera.
A partir de 1996, los responsables de administrar ese fondo flexibilizaron
tales reglas y aceptaron todo tipo de créditos. Este cambio, decidido a espaldas
de la nación, es uno de los factores que explica el aumento del costo
fiscal del rescate bancario de menos de 5 a más de 20 por ciento del producto
to interno bruto (PIB).
Las operaciones transferidas al Fobaproa, al amparo de ese cambio en
las reglas, son las que Mackey clasificó dentro del Grupo A. Los créditos del
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
32
Grupo B corresponden a autopréstamos de banqueros y créditos a gente
relacionada de manera directa con ellos. Como dice Mackey en su reporte,
esos créditos normalmente se otorgaron sin investigar la capacidad de pago
de los beneficiarios y sin exigir garantías suficientes. Los créditos del Grupo
C son los declarados ilegales por las propias autoridades y, supuestamente,
sujetos a investigación criminal.
Aquí es muy importante destacar que Mackey en ningún momento se
pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas. En
palabras del consultor “…no podemos emitir opinión alguna en cuanto a si
las transacciones reportables descritas en esta sección son ilegales”. Mackey
sólo llamó la atención sobre los créditos que presentaban irregularidades y
sugirió su investigación para determinar si eran o no ilegales.
En septiembre de 1999, Mackey entregó a los diputados dos anexos de
su reporte. El primero, de 76 páginas, denominado Lista consolidada de operaciones
reportables, incluyó una relación detallada, banco por banco, de los
2 407 créditos que recomendaba investigar. Cada crédito fue identificado
por un número, agregando las razones de su reporte como irregular.
El otro anexo entregado por Mackey a los diputados consistió en un
disco compacto con los nombres de los beneficiarios de esos créditos. Sin
embargo, ese archivo incluyó un código de acceso fragmentado en cinco
claves independientes que, a petición de los propios legisladores, el consultor
entregó a cada uno de los cinco partidos con representación en la Cámara.
De esa forma, para conocer la lista de los beneficiarios de los créditos
calificados por Mackey como irregulares es preciso un acuerdo entre el PRI,
el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
■ LA INVESTIGACIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES
En octubre de 1999, los diputados del PRD propusieron que se dieran a conocer
los nombres de los beneficiarios del quebranto bancario, pero priistas
y panistas aprobaron un punto de acuerdo para mantener en secreto esa
lista y únicamente exhortaron al IPAB a publicar, en marzo de 2000, los nombres
de los responsables de los créditos que hubiera considerado ilegales.
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
33
En el Informe de las transacciones reportables, enviado por el IPAB a la
Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2000, se comentó lo realizado hasta
ese momento respecto a los créditos irregulares detectados por Mackey, sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.
Respecto a las operaciones clasificadas en el Grupo A, el IPAB informó
que:
La Junta de Gobierno, no ha considerado conveniente en este momento iniciar
alguna revisión de carácter legal y contable, teniendo en cuenta que el informe
de M. Mackey establece que estas transacciones fueron acordadas por los bancos,
la CNBV y el Fobaproa. Asimismo, el propio auditor no manifestó que de
dichas transacciones se desprenda alguna ilegalidad.
Con esta excusa, el IPAB olvidó que Mackey no hizo ningún comentario
acerca de la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas, sino que
únicamente llamó la atención sobre las mismas para que las autoridades las
investigaran. Con esa posición, el IPAB garantiza, de hecho, la impunidad a
los beneficiarios con base en un argumento falaz.
Respecto a los 700 millones de operaciones clasificadas en el Grupo A(b),
el IPAB informó que los créditos otorgados por Atlántico y Promex se mantendrán
como deuda de ese instituto, ya que se trata de bancos intervenidos.
Respecto a los otros préstamos, el IPAB optó por canjearlos por otros sin
esos problemas y decidió, de nuevo, cargar a la población el costo de esos
créditos claramente ilegales.
Los autopréstamos de banqueros, o créditos otorgados sin garantías a
gente directamente relacionada con ellos, que Mackey clasificó como Grupo
B, el IPAB decidió revisarlos para identificar ilegalidades en su otorgamiento.
Sin embargo, en su comparecencia ante diputados, el 22 de marzo, el secretario
ejecutivo del IPAB, Vicente Corta, dijo que “el auditor contratado por
la Cámara de Diputados no indica que alguna de las transacciones sea ilegal”.
De nueva cuenta, para garantizar la impunidad de los beneficiarios con estas
operaciones, recurrió a la falacia aplicada al Grupo A.
El informe del IPAB y las declaraciones de Vicente Corta muestran cómo
en lugar de investigar las operaciones irregulares detectadas por Mackey,
el IPAB las encubre. Con algunas excepciones menores, la verdadera labor
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
34
de ese instituto ha sido la de garantizar la impunidad de este atentado contra
la economía de la mayoría de los mexicanos.
■ LAS OPERACIONES REPORTABLES
DE MACKEY BANCO POR BANCO
El panorama general se puede apreciar en el cuadro B-1. De los 2 407 créditos
reportables, más de 82 por ciento está localizado en el Grupo A, 15.7 en
el B, y sólo menos de 2 por ciento en el Grupo C, el cual ya es calificado por
las propias autoridades como ilegal o sujeto a investigación. Sin embargo,
si se observan los montos de dinero involucrados, el Grupo A sólo incluye
poco más de la tercera parte de los 73.8 mil millones de pesos; el C, 8.2 por
ciento; y el B, 57.2 por ciento (42.2 mil millones de pesos) referente a créditos
relacionados, aún no sujetos a investigación.
Por monto promedio de los 2 407 créditos, los menores a 50 millones de
pesos, aunque integran 90.9 por ciento del total, representan sólo 18.3 por
ciento del dinero involucrado. En contraste, los 219 créditos con un monto
mayor a 50 millones de pesos incluyen 60.3 mil millones de pesos, casi 82
por ciento de la cartera con problemas. Asimismo, los 219 créditos con
montos mayores a 50 millones de pesos están divididos de la siguiente manera:
88 en el Grupo A, 119 en el B, y sólo 12 en el C. Por monto involucrado,
16.7 mil millones están en la parte A, 37.9 en la B, y 5.6 en la C.
Así, los 12 créditos mayores que están sujetos a investigación por las
autoridades representan sólo poco más de 9 por ciento del dinero involucrado,
lo que deja a los restantes 207 créditos, por un monto total de 54.6
mil millones de pesos, fuera de toda investigación criminal. El consultor
Mackey quiso llamar la atención precisamente hacia estas operaciones, lo
cual debería ser reforzado por la acción de los legisladores.
A continuación, se presenta un primer análisis de la situación, banco por
banco, enfatizando la ubicación de los 219 créditos con montos mayores a
50 millones de pesos. Estos comentarios están basados en los cuadros incluidos
en el apéndice B.
1. Anáhuac. Incluye sólo ocho créditos reportables, con un monto
de 234.3 millones de pesos. De esos créditos, seis están ubicados
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
35
entre 10 y 50 millones de pesos, y los restantes dos con montos
mayores a 50 millones. Los ocho créditos están en la clasificación
B, es decir, Mackey los señaló como relacionados, sin que sean
sujetos a investigación.
2. Atlántico. Tiene 135 créditos reportables con un monto de 2 106.6
millones de pesos. De esos créditos, 25 oscilan entre 10 y 50 millones
de pesos, concentrando casi 26 por ciento del monto total involucrado.
Pero sólo ocho créditos resultan mayores a 50 millones de
pesos, representando 66.5 por ciento del valor total. Ninguno de estos
créditos está sujeto a investigación criminal.
3. Banamex. Aunque este banco registra 146 créditos reportables por
un monto total de 4 070.1 millones de pesos, sólo seis de ellos concentran
90 por ciento del valor total involucrado, es decir, 3 665.4
millones de pesos. Todos los créditos están ubicados en el Grupo A,
lo que significa que son operaciones enviadas al Fobaproa con el
acuerdo de los funcionarios, previa modificación de las reglas originales
de ese fondo.
4. Bancen. Tiene 36 créditos reportables por un monto de 1 849.6 millones
de pesos. De ellos, 16 operaciones son mayores a 50 millones
de pesos y concentran más de 80 por ciento del monto total. Todas
las operaciones se encuentran clasificadas en el Grupo B, es decir, se
trata de créditos relacionados, no sujetos aún a investigación por las
autoridades.
5. Bancomer. Registra 142 créditos reportables con un valor total de
2 145.4 millones de pesos. La distribución de estos créditos es más
pareja que en otros bancos. Así, 83 créditos muestran montos menores
a 10 millones de pesos, con 14.8 por ciento del valor total. Los
créditos de entre 10 y 50 millones son 50, con casi 53 por ciento del
monto total. Los créditos mayores a 50 millones son nueve, con 32.3
por ciento del dinero involucrado. Todos se ubican en el Grupo A, es
decir, enviados al Fobaproa con la anuencia de las autoridades.
6. Bancrecer. Tiene 282 créditos reportables, con un monto de 9 572.8
mill ones de pesos, es decir, con casi 13 por ciento de los 73.8 mil millones
de pesos reportados por Mackey. De esos créditos, 44 son
mayores a 50 millones y concentran 5 644.1 millones de pesos, casi
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
36
60 por ciento del monto total. Todos los créditos están clasificados
en el Grupo A y no se encuentran sujetos a investigación.
7. Banorte. Este es el banco con menos problemas. Incluye sólo dos
créditos reportables, menores a 50 millones de pesos e incluidos en
el Grupo A.
8. Banpaís. Registra 39 créditos reportables con un monto de 2 211.8
millones de pesos. De ellos, 26 están ubicados entre 10 y 50 millones
de pesos. Sólo nueve créditos son mayores a 50 millones, pero concentran
casi 62 por ciento del monto total. Aunque siete créditos, con
casi 43 por ciento del monto total, están sujetos a investiga ción criminal,
los restantes 32, que acumulan 1 261.3 millones de pesos, 57
por ciento del total, están reportados como relacionados, pero fuera
de investigación.
9. Banco Bilbao Vizcaya. Aunque este banco tiene sólo ocho créditos
reportables, por 490.2 millones de pesos, dos de ellos concentran
casi 75 por ciento del monto total. Los ocho créditos están clasificados
en el Grupo A.
10. Bital. Este banco concentra 171 créditos reportables, con un monto
total de 3 069.1 millones de pesos. De estos créditos, sólo siete concentran
2 497.9 millones de pesos, más de 81 por ciento del monto
total. Todos están clasificados dentro del Grupo A.
11. Capital. Este banco tiene 11 créditos reportables por un monto de
2 569 millones de pesos. Sólo cuatro créditos concentran 2 402.6
millones de pesos, más de 93 por ciento del dinero involucrado y un
promedio de 600 millones cada uno. Estos cuatro créditos se encuentran
ubicados en el Grupo B, es decir, son relacionados y no están
aún sujetos a investigación.
12. Confía. Registra 12 créditos, por un monto de 9 066.4 millones de
pesos, y ocho de ellos concentran 99 por ciento del monto involucrado.
De estos créditos mayores, siete representan un monto de 802.5
millones, es decir, de 114.6 millones cada uno en promedio y se encuentran
en el Grupo C, sujetos a investigación criminal. El otro
crédito, por 8 176.3 millones de pesos, está ubicado en el Grupo B,
es considerado relacionado y no está sujeto a investigación. Este
único crédito constituye 11 por ciento del monto total reportado por
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
37
Mackey para todos los bancos, y la identificación del beneficiario
parece un asunto de salud pública.
13. Cremi. Este banco tiene cinco créditos reportables por un monto de
189.5 millones de pesos. Un crédito está ubicado entre 10 y 50 millones
de pesos, y los restantes cuatro son mayores a 50 millones. Todos
se encuentran clasificados en el Grupo B, relacionados y no sujetos
aún a investigación.
14. Industrial. Registra ocho créditos reportables por 361.1 millones de
pesos. De ellos, cuatro son mayores a 50 millones y concentran 72
por ciento del monto total. Todos están ubicados en el Grupo B, relacionados
y no investigados por las autoridades.
15. Interestatal. Este banco tiene 111 créditos reportables por un monto
de 883.9 millones de pesos. De esos créditos, 16 están ubicados entre
10 y 50 millones de pesos, y concentran 40.7 por ciento del monto
total. Los créditos mayores a 50 millones son cuatro, con 32.5 por
ciento del valor total. Sólo 18 créditos, con 16.2 por ciento del monto
involucrado, están en el Grupo C, bajo investigación. Los restantes
93 créditos, con 83.8 por ciento del monto, se encuentran en el Grupo
B, relacionados y no investigados.
16. Inverlat. Este banco concentra 71 créditos reportables, por un
monto de 10 096.8 millones de pesos, 13.7 por ciento del total reportado
por Mackey para todos los bancos. Sólo 32 de estos créditos
concentran más de 92 por ciento del monto total, con 290
millones cada uno en promedio. Todos estos créditos están clasificados
en el Grupo B, es decir, son relacionados y no se encuentran
sujetos a investigación.
17. Obrero. Este banco tiene seis créditos reportables por 717 millones
de pesos. Los tres créditos mayores concentran casi 90 por
ciento del monto involucrado, con 214.5 millones cada uno en
promedio. Todos están ubicados en el Grupo B, relacionados y no
investigados.
18. Oriente. Incluye 33 créditos reportables, por 1 682.8 millones de
pesos. De ellos, siete concentran casi 68 por ciento del valor total,
con 162.7 millones cada uno en promedio. Sólo un crédito por 42.3
millones de pesos se encuentra en el Grupo C, siendo investigado.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
38
Los demás están incluidos en el Grupo B, relacionados y no sujetos
aún a investigación.
19. Promex. Aunque este banco tiene 166 créditos reportables por 1
145.5 millones de pesos, su concentración es exagerada, ya que
sólo dos créditos acumulan casi 85 por ciento del total, con 484
millones de pesos cada uno en promedio. Todos los créditos se
encuentran clasificados en el Grupo A, es decir que no cumplían
las reglas originales del Fobaproa que fueron modificadas por las
autoridades para poder aceptarlos como parte de la cartera
comprada.
20. Pronorte. Este banco incluye sólo tres créditos reportables por un
monto de 23.9 millones de pesos. Los tres están en el Grupo B, relacionados
y no investigados.
21. Serfín. Aunque este banco es el que incluye un mayor número de
créditos reportables, 938, por un monto de 3 401.7 millones de pesos,
su concentración es muy elevada. De ellos, 51 créditos concentran
2 695.6 millones de pesos, 79.2 por ciento del monto total. Todos
los créditos se encuentran clasificados en el Grupo A, reconocidos
por las autoridades, aunque no cumplieran con las reglas originales
del Fobaproa.
22. Sureste. Este banco registra sólo ocho créditos reportables, por 74.8
millones de pesos. Los ocho créditos son menores a 50 millones de
pesos. De ellos, dos están en el Grupo C, siendo investigados. Los
otros seis, con 59.2 por ciento del monto total, se encuentran en el
Grupo B, relacionados y no investigados.
23. Unión. Este banco registra 66 créditos reportables por 17 020.1 millones
de pesos, 23 por ciento del monto total reportado por Mackey.
De estos créditos, 37 representan 16 141.3 millones de pesos, con un
promedio de 436 millones de pesos cada uno, casi 95 por ciento del
monto total. Sólo dos créditos, por 3 956.8 millones de pesos, se encuentran
en el Grupo C, siendo investigados. Los restantes 64 créditos,
con 13 063.3 millones de pesos, se encuentran clasificados en el
Grupo B, es decir, son relacionados pero no se han incluido entre los
sujetos a investigación criminal.
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
39
APÉNDICE A
CUADRO A-1
FOBAPROA: RESUMEN DE TRANSACCIONES REPORTABLES
(MILES DE PESOS)
Banco Grupo A (a) Grupo A (b) Grupo B Grupo C Total
Anáhuac 0.0 0.0 234 284.0 0.0 234 284.0
Atlántico 1’201 940.7 362 593.2 542 084.7 0.0 2’106 618.7
Banamex 4’070 056.4 0.0 0.0 0.0 4’070 056.4
Bancen 0.0 0.0 1’849 592.4 0.0 1’849 592.4
Bancomer 1’807 156.7 338 200.2 0.0 0.0 2’145 356.9
Bancrecer 9’572 775.3 0.0 0.0 0.0 9’572 775.3
Banorte 35 363.0 0.0 0.0 0.0 35 363.0
Banpaís 0.0 0.0 1’261 302.6 950 500.0 2’211 802.6
BBV 483 406.3 6 783.6 0.0 0.0 490 189.9
Bital 3’064 333.4 4 799.6 0.0 0.0 3’069 133.0
Capital 0.0 0.0 2’544 207.0 24 748.0 2’568 955.0
Confía 0.0 0.0 8’176 290.0 890 109.9 9’066 399.9
Cremi 0.0 0.0 947 313.8 0.0 947 313.8
Industrial 0.0 0.0 361 130.3 0.0 361 130.3
Interestatal 0.0 0.0 740 459.3 143 450.8 883 910.0
Inverlat 0.0 0.0 10’096 787.7 0.0 10’096 787.7
Obrero 0.0 0.0 717 008.0 0.0 717 008.0
Oriente 0.0 0.0 1’640 474.1 42 314.5 1’682 788.6
Promex 1’141 497.9 3 983.6 0.0 0.0 1’145 481.5
Pronorte 0.0 0.0 23 899.1 0.0 23 899.1
Serfín 3’401 655.6 0.0 0.0 0.0 3’401 655.6
Sureste 0.0 0.0 44 272.3 30 540.3 74 812.7
Unión 0.0 0.0 13’063 329.1 3’956 785.7 17’020 114.8
Total-Base de datos 24’778 185.2 716 360.3 42’242 434.5 6’038 449.2 73’775 429.3
Redondeo (778 185.2) (16 360.3) (242 434.5) (38 449.2) (1’075 429.3)
Total-Reporte 24’000 000.0 700 000.0 42’000 000.0 6’000 000.0 72’700 000.0
Grupo A (a). Créditos que no satisfacen los criterios originalmente establecidos, pero que sí fueron acordados
entre los bancos, CNBV y Fobaproa.
Grupo A (b). Créditos que no satisfacen los criterios originalmente establecidos, pero que no fueron acordados
entre los bancos, CNBV y Fobaproa.
Grupo B. Autopréstamos de los banqueros o créditos otorgados a partes relacionadas.
Grupo C. Créditos ya clasificados por las autoridades como ilegales.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
40
CUADRO A-2. FOBAPROA: RESUMEN DE TRANSACCIONES REPORTABLES
(NÚMERO DE CRÉDITOS)
Banco Grupo A (a) Grupo A (b) Grupo B Grupo C Total
Anáhuac 0 0 8 0 8
Atlántico 130 2 3 0 135
Banamex 146 0 0 0 146
Bancen 0 0 36 0 36
Bancomer 128 14 0 0 142
Bancrecer 282 0 0 0 282
Banorte 2 0 0 0 2
Banpaís 0 0 32 7 39
BBV 5 3 0 0 8
Bital 170 1 0 0 171
Capital 0 0 10 1 11
Confía 0 0 1 11 12
Cremi 0 0 5 0 5
Industrial 0 0 8 0 8
Interestatal 0 0 93 18 111
Inverlat 0 0 71 0 71
Obrero 0 0 6 0 6
Oriente 0 0 32 1 33
Promex 165 1 0 0 166
Pronorte 0 0 3 0 3
Serfín 938 0 0 0 938
Sureste 0 0 6 2 8
Unión 0 0 64 2 66
Total-Base de datos 1 966 21 378 42 2 407
CUADRO A-3. FOBAPROA: RESUMEN DE TRANSACCIONES REPORTABLES
(MONTO PROMEDIO POR CRÉDITO EN MILES DE PESOS)
Banco Grupo A (a) Grupo A (b) Grupo B Grupo C Total
Anáhuac 0.0 0.0 29 285.5 0.0 29 285.5
Atlántico 9 245.7 181 296.6 180 694.9 0.0 15 604.6
Banamex 27 877.1 0.0 0.0 0.0 27 877.1
Bancen 0.0 0.0 51 377.6 0.0 51 377.6
Bancomer 14 118.4 24 157.2 0.0 0.0 15 108.1
Bancrecer 33 946.0 0.0 0.0 0.0 33 946.0
Banorte 17 681.5 0.0 0.0 0.0 17 681.5
Banpaís 0.0 0.0 39 415.7 135 785.7 56 712.9
BBV 96 681.3 2 261.2 0.0 0.0 61 273.7
Bital 18 025.5 4 799.6 0.0 0.0 17 948.1
Capital 0.0 0.0 254 420.7 24 748.0 233 541.4
Confía 0.0 0.0 8 176 290.0 80 919.1 755 533.3
Cremi 0.0 0.0 189 462.8 0.0 189 462.8
Industrial 0.0 0.0 45 141.3 0.0 45 141.3
Interestatal 0.0 0.0 7 961.9 7 969.5 7 963.2
Inverlat 0.0 0.0 142 208.3 0.0 142 208.3
Obrero 0.0 0.0 119 501.3 0.0 119 501.3
Oriente 0.0 0.0 51 264.8 42 314.5 50 993.6
Promex 6 918.2 3 983.6 0.0 0.0 6 900.5
Pronorte 0.0 0.0 7 966.4 0.0 7 966.4
Serfín 3 626.5 0.0 0.0 0.0 3 626.5
Sureste 0.0 0.0 7 378.7 15 270.2 9 351.6
Unión 0.0 0.0 204 114.5 1 978 392.9 257 880.5
Total-Base de datos 12 603.3 34 112.4 111 752.5 143 772.6 30 650.4
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
41
CUADRO A-4
FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES
(MILLONES DE PESOS)
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total (valor de compra) 2 407 100.00 73 775.4 100.00 30.650
Créditos menores a 1 millón 1 141 47.40 276.3 0.37 0.242
Créditos entre 1 y 10 millones 581 24.14 2 151.0 2.92 3.702
Créditos entre 10 y 50 millones 466 19.36 11 094.9 15.04 23.809
Créditos entre 50 y 100 millones 105 4.36 7 310.5 9.91 69.624
Créditos entre 100 y 500 millones 94 3.91 19 928.8 27.01 212.009
Créditos mayores a 500 millones 20 0.83 33 013.9 44.75 1’650.695
CUADRO A-5
FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES
(PESOS)
Número
de créditos
Monto
de los créditos
Monto
promedio
% Pasivos
del IPAB
Total (valor actual mínimo) 2 407 105 594 43.869 14.08
Créditos menores a 1 millón 1 141 395 0.347 0.05
Créditos entre 1 y 10 millones 581 3 079 5.299 0.41
Créditos entre 10 y 50 millones 466 15 880 34.077 2.12
Créditos entre 50 y 100 millones 105 10 463 99.652 1.40
Créditos entre 100 y 500 millones 94 28 524 303.446 3.80
Créditos mayores a 500 millones 20 47 252 2 362.619 6.30
Total (valor actual máximo) 2 407 132 378 54.997 17.65
Créditos menores a 1 millón 1 141 496 0.434 0.07
Créditos entre 1 y 10 millones 581 3 860 6.643 0.51
Créditos entre 10 y 50 millones 466 19 908 42.721 2.65
Créditos entre 50 y 100 millones 105 13 118 124.929 1.75
Créditos entre 100 y 500 millones 94 35 759 380.415 4.77
Créditos mayores a 500 millones 20 59 238 2 961.903 7.90
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
42
APÉNDICE B
CUADRO B-1. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / TOTAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 2 407 100.00 73 775’429 264 100.00 30’650 365
Menores a 1 millón de pesos 1 141 47.40 276’252 287 0.37 242 114
Entre 1 y 10 millones de pesos 581 24.14 2 150’978 019 2.92 3’702 200
Entre 10 y 50 millones de pesos 466 19.36 11 094’935 411 15.04 23’808 874
Mayores a 50 millones de pesos 219 9.10 60 253’263 547 81.67 275’129 057
Grupo A (a) 1 966 81.68 24 778’185 249 33.59 12’603 350
Menores a 1 millón de pesos 1 108 56.36 260’320 152 1.05 234 946
Entre 1 y 10 millones de pesos 479 24.36 1 725’834 430 6.97 3’602 995
Entre 10 y 50 millones de pesos 293 14.90 6 572’774 180 26.53 22’432 676
Mayores a 50 millones de pesos 86 4.37 16 219’256 487 65.46 188’596 006
Grupo A (b) 21 0.87 716’360 305 0.97 34’112 395
Menores a 1 millón de pesos 2 9.52 4’099 120 0.57 2’049 560
Entre 1 y 10 millones de pesos 7 33.33 41’145 481 5.74 5’877 926
Entre 10 y 50 millones de pesos 10 47.62 210’134 972 29.33 21’013 497
Mayores a 50 millones de pesos 2 9.52 460’980 732 64.35 230’490 366
Grupo B 378 15.70 42 242’434 500 57.26 111’752 472
Menores a 1 millón de pesos 28 7.41 10’880 882 0.03 388 603
Entre 1 y 10 millones de pesos 81 21.43 319’172 282 0.76 3’940 399
Entre 10 y 50 millones de pesos 150 39.68 3 986’755 442 9.44 26’578 370
Mayores a 50 millones de pesos 119 31.48 37 925’625 894 89.78 318’702 739
Grupo C 42 1.74 6 038’449 210 8.18 143’772 600
Menores a 1 millón de pesos 3 7.14 952 133 0.02 317 378
Entre 1 y 10 millones de pesos 14 33.33 64’825 826 1.07 4’630 416
Entre 10 y 50 millones de pesos 13 30.95 325’270 817 5.39 25’020 832
Mayores a 50 millones de pesos 12 28.57 5 647’400 434 93.52 470’616 703
CUADRO B-2. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / ANÁHUAC
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 234’283 962 100.00 29’285 495
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 6 75.00 86’519 366 36.93 14’419 894
Mayores a 50 millones de pesos 2 25.00 147’764 596 63.07 73’882 298
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 8 100.00 234’283 962 100.00 29’285 495
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 6 75.00 86’519 366 36.93 14’419 894
Mayores a 50 millones de pesos 2 25.00 147’764 596 63.07 73’882 298
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
43
CUADRO B-3. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / ATLÁNTICO
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 135 100.00 2 106’618 677 100.00 15’604 583
Menores a 1 millón de pesos 56 41.48 25’294 205 1.20 451 682
Entre 1 y 10 millones de pesos 46 34.07 134’406 518 6.38 2’921 881
Entre 10 y 50 millones de pesos 25 18.52 546’516 183 25.94 21’860 647
Mayores a 50 millones de pesos 8 5.93 1 400’401 771 66.48 175’050 221
Grupo A (a) 130 96.30 1 201’940 730 57.06 9’245 698
Menores a 1 millón de pesos 56 43.08 25’294 205 2.10 451 682
Entre 1 y 10 millones de pesos 46 35.38 134’406 518 11.18 2’921 881
Entre 10 y 50 millones de pesos 22 16.92 468’929 698 39.01 21’314 986
Mayores a 50 millones de pesos 6 4.62 573’310 309 47.70 95’551 718
Grupo A (b) 2 1.48 362’593 224 17.21 181’296 612
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 50.00 22’593 224 6.23 22’593 224
Mayores a 50 millones de pesos 1 50.00 340’000 000 93.77 340’000 000
Grupo B 3 2.22 542’084 723 25.73 180’694 908
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 66.67 54’993 261 10.14 27’496 631
Mayores a 50 millones de pesos 1 33.33 487’091 462 89.86 487’091 462
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-4. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANAMEX
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 146 100.00 4 070’056 376 100.00 27 877 098
Menores a 1 millón de pesos 84 57.53 25’736 875 0.63 306 391
Entre 1 y 10 millones de pesos 44 30.14 154’270 638 3.79 3’506 151
Entre 10 y 50 millones de pesos 12 8.22 224’680 278 5.52 18’723 357
Mayores a 50 millones de pesos 6 4.11 3 665’368 585 90.06 610’894 764
Grupo A (a) 146 100.00 4 070’056 376 100.00 27’877 098
Menores a 1 millón de pesos 84 57.53 25’736 875 0.63 306 391
Entre 1 y 10 millones de pesos 44 30.14 154’270 638 3.79 3’506 151
Entre 10 y 50 millones de pesos 12 8.22 224’680 278 5.52 18’723 357
Mayores a 50 millones de pesos 6 4.11 3 665’368 585 90.06 610’894 764
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
44
CUADRO B-5. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANCEN
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 36 100.00 1 849’592 391 100.00 51’377 566
Menores a 1 millón de pesos 2 5.56 576 362 0.03 288 181
Entre 1 y 10 millones de pesos 7 19.44 43’928 689 2.38 6’275 527
Entre 10 y 50 millones de pesos 11 30.56 309’749 713 16.75 28’159 065
Mayores a 50 millones de pesos 16 44.44 1 495’337 627 80.85 93’458 602
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 36 100.00 1 849’592 391 100.00 51’377 566
Menores a 1 millón de pesos 2 5.56 576 362 0.03 288 181
Entre 1 y 10 millones de pesos 7 19.44 43’928 689 2.38 6’275 527
Entre 10 y 50 millones de pesos 11 30.56 309’749 713 16.75 28’159 065
Mayores a 50 millones de pesos 16 44.44 1 495’337 627 80.85 93’458 602
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-6. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANCOMER
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 142 100.00 2 145’356 947 100.00 15’108 148
Menores a 1 millón de pesos 20 14.08 8 872’348 0.41 443 617
Entre 1 y 10 millones de pesos 63 44.37 308’577 336 14.38 4’898 053
Entre 10 y 50 millones de pesos 50 35.21 1 133’845 065 52.85 22’ 676 901
Mayores a 50 millones de pesos 9 6.34 694’062 198 32.35 77’118 022
Grupo A (a) 128 90.14 1 807’156 739 84.24 14’118 412
Menores a 1 millón de pesos 20 15.63 8’872 348 0.49 443 617
Entre 1 y 10 millones de pesos 59 46.09 278’899 608 15.43 4’727 112
Entre 10 y 50 millones de pesos 41 32.03 946’303 317 52.36 23’080 569
Mayores a 50 millones de pesos 8 6.25 573’081 466 31.71 71’635 183
Grupo A (b) 14 9.86 338’200 208 15.76 24’157 158
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 4 28.57 29’677 728 8.78 7’419 432
Entre 10 y 50 millones de pesos 9 64.29 187’541 748 55.45 20’837 972
Mayores a 50 millones de pesos 1 7.14 120’980 732 35.77 120’980 732
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
45
CUADRO B-7. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANCRECER
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 282 100.00 9 572’775 261 100.00 33’946 012
Menores a 1 millón de pesos 21 7.45 8’989 544 0.09 428 074
Entre 1 y 10 millones de pesos 68 24.11 304’281 053 3.18 4’474 721
Entre 10 y 50 millones de pesos 149 52.84 3 615’387 101 37.77 24’264 343
Mayores a 50 millones de pesos 44 15.60 5 644’117 563 58.96 128’275 399
Grupo A (a) 282 100.00 9 572’775 261 100.00 33’946 012
Menores a 1 millón de pesos 21 7.45 8’989 544 0.09 428 074
Entre 1 y 10 millones de pesos 68 24.11 304’281 053 3.18 4’474 721
Entre 10 y 50 millones de pesos 149 52.84 3 615’387 101 37.77 24’264 343
Mayores a 50 millones de pesos 44 15.60 5 644’117 563 58.96 128’275 399
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-8. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANORTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (a) 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 100.00 35’363 022 100.00 17’681 511
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
46
CUADRO B-9. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BANPAÍS
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 39 100.00 2 211’802 559 100.00 56’712 886
Menores a 1 millón de pesos 2 5.13 700 000 0.03 350 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 5.13 15’849 511 0.72 7’924 756
Entre 10 y 50 millones de pesos 26 66.67 825’190 442 37.31 31’738 094
Mayores a 50 millones de pesos 9 23.08 1 370’062 606 61.94 152’229 178
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 32 82.05 1 261’302 559 57.03 39’415 705
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 6.25 15’849 511 1.26 7’924 756
Entre 10 y 50 millones de pesos 24 75.00 763’490 442 60.53 31’812 102
Mayores a 50 millones de pesos 6 18.75 481’962 606 38.21 80’327 101
Grupo C 7 17.95 950’500 000 42.97 135’785 714
Menores a 1 millón de pesos 2 28.57 700 000 0.07 350 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 28.57 61’700 000 6.49 30’850 000
Mayores a 50 millones de pesos 3 42.86 888’100 000 93.44 296’033 333
CUADRO B-10. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BBV
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 490’189 917 100.00 61’273 740
Menores a 1 millón de pesos 1 12.50 115 486 0.02 115 486
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 25.00 6’668 151 1.36 3’334 076
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 117’531 085 23.98 39’177 028
Mayores a 50 millones de pesos 2 25.00 365’875 195 74.64 182’937 598
Grupo A (a) 5 62.50 483’406 280 98.62 96’681 256
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 60.00 117’531 085 24.31 39’177 028
Mayores a 50 millones de pesos 2 40.00 365’875 195 75.69 182’937 598
Grupo A (b) 3 37.50 6’783 637 1.38 2’261 212
Menores a 1 millón de pesos 1 33.33 115 486 1.70 115 486
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 66.67 6’668 151 98.30 3’334 076
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
47
CUADRO B-11. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / BITAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 171 100.00 3’069 132 959 100.00 17’948 146
Menores a 1 millón de pesos 94 54.97 24’095 044 0.79 256 330
Entre 1 y 10 millones de pesos 49 28.65 195’833 718 6.38 3’996 606
Entre 10 y 50 millones de pesos 21 12.28 351’353 144 11.45 16’731 102
Mayores a 50 millones de pesos 7 4.09 2 497’851 053 81.39 356’835 865
Grupo A (a) 170 99.42 3 064’333 357 99.84 18’025 490
Menores a 1 millón de pesos 94 55.29 24’095 044 0.79 256 330
Entre 1 y 10 millones de pesos 48 28.24 191’034 116 6.23 3’979 877
Entre 10 y 50 millones de pesos 21 12.35 351’353 144 11.47 16’731 102
Mayores a 50 millones de pesos 7 4.12 2 497’851 053 81.51 356’835 865
Grupo A (b) 1 0.58 4’799 602 0.16 4’799 602
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 100.00 4’799 602 100.00 4’799 602
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-12. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / CAPITAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 11 100.00 2 568’955 037 100.00 233’541 367
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 9.09 4’648 332 0.18 4’648 332
Entre 10 y 50 millones de pesos 6 54.55 161’753 280 6.30 26’958 880
Mayores a 50 millones de pesos 4 36.36 2 402’553 425 93.52 600’638 356
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 10 90.91 2 544’207 037 99.04 254’420 704
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 10.00 4’648 332 0.18 4’648 332
Entre 10 y 50 millones de pesos 5 50.00 137’005 280 5.38 27’401 056
Mayores a 50 millones de pesos 4 40.00 2 402’553 425 94.43 600’638 356
Grupo C 1 9.09 24’748 000 0.96 24’748 000
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 100.00 24’748 000 100.00 24’748 000
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
48
CUADRO B-13. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / CONFÍA
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 12 100.00 9 066’399 889 100.00 755’533 324
Menores a 1 millón de pesos 1 8.33 252 133 0.00 252 133
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 25.00 87’343 046 0.96 29’114 349
Mayores a 50 millones de pesos 8 66.67 8 978’804 710 99.03 1 122’350 589
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 1 8.33 8 176’290 000 90.18 8 176’290 000
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 1 100.00 8 176’290 000 100.00 8 176’290 000
Grupo C 11 91.67 890’109 889 9.82 80’919 081
Menores a 1 millón de pesos 1 9.09 252 133 0.03 252 133
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 27.27 87’343 046 9.81 29’114 349
Mayores a 50 millones de pesos 7 63.64 802’514 710 90.16 114’644 959
CUADRO B-14. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / CREMI
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 5 100.00 947’313 809 100.00 189’462 762
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 20.00 36’000 000 3.80 36’000 000
Mayores a 50 millones de pesos 4 80.00 911’313 809 96.20 227’828 452
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 5 100.00 947’313 809 100.00 189’462 762
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 20.00 36’000 000 3.80 36’000 000
Mayores a 50 millones de pesos 4 80.00 911’313 809 96.20 227’828 452
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
49
CUADRO B-15. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / INDUSTRIAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 361’130 300 100.00 45’141 288
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 12.50 2’380 758 0.66 2’380 758
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 98’085 993 27.16 32’695 331
Mayores a 50 millones de pesos 4 50.00 260’663 549 72.18 65’165 887
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 8 100.00 361’130 300 100.00 45’141 288
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 12.50 2’380 758 0.66 2’380 758
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 98’085 993 27.16 32’695 331
Mayores a 50 millones de pesos 4 50.00 260’663 549 72.18 65’165 887
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-16. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / INTERESTATAL
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 111 100.00 883’910 047 100.00 7’963 154
Menores a 1 millón de pesos 24 21.62 8’796 662 1.00 366 528
Entre 1 y 10 millones de pesos 67 60.36 227’764 810 25.77 3’399 475
Entre 10 y 50 millones de pesos 16 14.41 359’706 287 40.69 22’481 643
Mayores a 50 millones de pesos 4 3.60 287’642 288 32.54 71’910 572
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 93 83.78 740’459 290 83.77 7’961 928
Menores a 1 millón de pesos 24 25.81 8’796 662 1.19 366 528
Entre 1 y 10 millones de pesos 54 58.06 171’746 004 23.19 3’180 482
Entre 10 y 50 millones de pesos 11 11.83 272’274 336 36.77 24’752 212
Mayores a 50 millones de pesos 4 4.30 287’642 288 38.85 71’910 572
Grupo C 18 16.22 143’450 757 16.23 7’969 487
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 13 72.22 56’018 806 39.05 4’309 139
Entre 10 y 50 millones de pesos 5 27.78 87’431 951 60.95 17’486 390
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
50
CUADRO B-17. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / INVERL AT
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 71 100.00 10 096’787 731 100.00 142’208 278
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 10 14.08 58’635 389 0.58 5’863 539
Entre 10 y 50 millones de pesos 29 40.85 730’013 683 7.23 25’172 886
Mayores a 50 millones de pesos 32 45.07 9 308’138 659 92.19 290’879 333
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 71 100.00 10 096’787 731 100.00 142’208 278
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 10 14.08 58’635 389 0.58 5’863 539
Entre 10 y 50 millones de pesos 29 40.85 730’013 683 7.23 25’172 886
Mayores a 50 millones de pesos 32 45.07 9 308’138 659 92.19 290’879 333
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-18. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / OBRERO
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 6 100.00 717’008 000 100.00 119’501 333
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 50.00 73’487 000 10.25 24’495 667
Mayores a 50 millones de pesos 3 50.00 643’521 000 89.75 214’507 000
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 6 100.00 717’008 000 100.00 119’501 333
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 50.00 73’487 000 10.25 24’495 667
Mayores a 50 millones de pesos 3 50.00 643’521 000 89.75 214’507 000
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
51
CUADRO B-19. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / ORIENTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 33 100.00 1 682’788 619 100.00 50’993 595
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 26 78.79 543’923 170 32.32 20’920 122
Mayores a 50 millones de pesos 7 21.21 1 138’865 449 67.68 162’695 064
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 32 96.97 1 640’474 123 97.49 51’264 816
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 25 78.13 501’608 674 30.58 20’064 347
Mayores a 50 millones de pesos 7 21.88 1 138’865 449 69.42 162’695 064
Grupo C 1 3.03 42’314 496 2.51 42’314 496
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 100.00 42’314 496 100.00 42’314 496
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-20. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / PROMEX
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 166 100.00 1 145’481 549 100.00 6’900 491
Menores a 1 millón de pesos 121 72.89 21’927 951 1.91 181 223
Entre 1 y 10 millones de pesos 40 24.10 106’319 503 9.28 2’657 988
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 1.81 48’796 937 4.26 16’265 646
Mayores a 50 millones de pesos 2 1.20 968’437 158 84.54 484’218 579
Grupo A (a) 165 99.40 1 141’497 915 99.65 6’918 169
Menores a 1 millón de pesos 120 72.73 17’944 317 1.57 149 536
Entre 1 y 10 millones de pesos 40 24.24 106’319 503 9.31 2’657 988
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 1.82 48’796 937 4.27 16’265 646
Mayores a 50 millones de pesos 2 1.21 968’437 158 84.84 484’218 579
Grupo A (b) 1 0.60 3’983 634 0.35 3’983 634
Menores a 1 millón de pesos 1 100.00 3’983 634 100.00 3’983 634
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
52
CUADRO B-21. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / PRONORTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 3 100.00 23’899 115 100.00 7’966 372
Menores a 1 millón de pesos 1 33.33 800 000 3.35 800 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 33.33 2’796 500 11.70 2’796 500
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 33.33 20’302 615 84.95 20’302 615
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 3 100.00 23’899 115 100.00 7’966 372
Menores a 1 millón de pesos 1 33.33 800 000 3.35 800 000
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 33.33 2’796 500 11.70 2’796 500
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 33.33 20’302 615 84.95 20’302 615
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-22. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / SERFÍN
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 938 100.00 3 401’655 569 100.00 3’626 498
Menores a 1 millón de pesos 713 76.01 149’387 819 4.39 209 520
Entre 1 y 10 millones de pesos 174 18.55 556’622 994 16.36 3’198 983
Entre 10 y 50 millones de pesos 40 4.26 764’429 598 22.47 19’110 740
Mayores a 50 millones de pesos 11 1.17 1 931’215 158 56.77 175’565 014
Grupo A (a) 938 100.00 3 401’655 569 100.00 3’626 498
Menores a 1 millón de pesos 713 76.01 149’387 819 4.39 209 520
Entre 1 y 10 millones de pesos 174 18.55 556’622 994 16.36 3’198 983
Entre 10 y 50 millones de pesos 40 4.26 764’429 598 22.47 19’110 740
Mayores a 50 millones de pesos 11 1.17 1 931’215 158 56.77 175’565 014
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
LAS OPER ACIONES REPORTABLES DEL FOBAPROA
53
CUADRO B-23. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / SURESTE
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 8 100.00 74’812 689 100.00 9’351 586
Menores a 1 millón de pesos 1 12.50 707 858 0.95 707 858
Entre 1 y 10 millones de pesos 4 50.00 21’929 307 29.31 5’482 327
Entre 10 y 50 millones de pesos 3 37.50 52’175 524 69.74 17’391 841
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 6 75.00 44’272 345 59.18 7’378 724
Menores a 1 millón de pesos 1 16.67 707 858 1.60 707 858
Entre 1 y 10 millones de pesos 3 50.00 13’122 287 29.64 4’374 096
Entre 10 y 50 millones de pesos 2 33.33 30’442 200 68.76 15’221 100
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo C 2 25.00 30’540 344 40.82 15’270 172
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 1 50.00 8’807 020 28.84 8’807 020
Entre 10 y 50 millones de pesos 1 50.00 21’733 324 71.16 21’733 324
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
CUADRO B-24. FOBAPROA: OPERACIONES REPORTABLES / UNIÓN
Créditos
Número
de créditos %
Monto
de los créditos %
Monto
promedio
Total 66 100.00 17 020’114 839 100.00 257’880 528
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 3.03 6’064 812 0.04 3’032 406
Entre 10 y 50 millones de pesos 27 40.91 872’782 879 5.13 32’325 292
Mayores a 50 millones de pesos 37 56.06 16 141’267 148 94.84 436’250 463
Grupo A (a) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo A (b) 0 0.00 0 0.00 0
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Grupo B 64 96.97 13 063’329 115 76.75 204’114 517
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 2 3.13 6’064 812 0.05 3’032 406
Entre 10 y 50 millones de pesos 27 42.19 872’782 879 6.68 32’325 292
Mayores a 50 millones de pesos 35 54.69 12 184’481 424 93.27 348’128 041
Grupo C 2 3.03 3 956’785 724 23.25 1 978’392 862
Menores a 1 millón de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 1 y 10 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Entre 10 y 50 millones de pesos 0 0.00 0 0.00 0
Mayores a 50 millones de pesos 2 100.00 3 956’785 724 100.00 1 978’392 862
55
El pasado 15 de marzo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) envió a la Cámara de Diputados el Informe de las transacciones
reportables. A la siguiente semana, Vicente Corta, secretario
ejecutivo del IPAB, compareció ante los legisladores. Tanto el contenido del
Informe, como las aseveraciones del titular del IPAB, muestran que la labor
de ese instituto está orientada a encubrir, justificar y disimular las muchas
irregularidades cometidas mediante el gigantesco fraude conocido como
Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro).
A fines de 1998, la Cámara de Diputados contrató al consultor canadiense
Michael Mackey para que realizara una auditoría a las operaciones del Fobaproa.
En diciembre de ese año, antes de que concluyeran las auditorías, los
diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción
Nacional (PAN) votaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario, mediante la
cual se legalizó el fraude del Fobaproa y se creó el IPAB. En esa ley se dispuso
que las auditorías deberían concluirse en un plazo máximo de seis meses.
En julio de 1999, Mackey entregó a la Cámara de Diputados su informe
sobre las operaciones del Fobaproa. Desafortunadamente, la auditoría encargada
a ese consultor no pudo ser llevada a cabo de manera completa y
eficaz, debido a la reiterada negativa de las autoridades a proporcionarle
toda la información que necesitaba, en especial, la referida a los fideicomisos,
como el utilizado por Carlos Cabal Peniche para transferir recursos al PRI.
La excusa fue el famoso “secreto bancario”.
Mackey incluyó al final de su informe un apartado denominado “Transacciones
reportables”. En él analiza los créditos que, según la evaluación
LAS OPERACIONES
DEL FOBAPROA
29 DE MARZO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
56
de ese consultor, deberían ser revisados por las autoridades, ya que contenían
todo tipo de irregularidades. Los montos involucrados ascendieron a
73 775 millones de pesos, valuados a la fecha en que cada crédito fue adquirido
por el Fobaproa, es decir, al valor que tenía cada uno en el momento en
que ese fondo los compró.
En septiembre de 1999, Mackey entregó a los diputados dos anexos
de su reporte. El primero, de 76 páginas, denominado Lista consolidada de
operaciones reportables, incluyó una relación detallada, banco por banco,
de los 2 407 créditos que el consultor recomendaba que debían ser investigados.
Cada crédito fue identificado por un número, agregando las razones
que obligaban a reportarlo como irregular.
El otro anexo entregado por Mackey a los diputados consistió en un disco
compacto con la lista de nombres de los beneficiarios de esos créditos.
Sin embargo, ese archivo incluyó un código de acceso consistente en cinco
claves independientes, de las cuales, se pidió al consultor que diera una
a cada partido representado en esa cámara. Así, para poder conocer el
contenido de los nombres de los beneficiarios de los cré di tos calificados
por Mackey como irregulares, se precisa un acuerdo entre los cinco par -
ti dos políticos.
Lo primero que llama la atención en el reporte de Mackey, es la enorme
concentración de las operaciones reportables en muy pocos acreditados,
ya que los 219 créditos con montos mayores a 50 millones de pesos alcanzan
un saldo de 60 253 millones (a valor original), y comprenden casi 82 por
ciento del total reportado. A los restantes 2 188 créditos les corresponde el
otro 18 por ciento.
Sólo los 20 créditos más grandes concentran casi 45 por ciento del
total. Entre ellos destaca uno otorgado por Banca Confía, identificado por
Mackey con el número 3 295, por un insólito monto de 8 177 millones de
pesos, es decir, más de 800 millones de dólares. Este préstamo se incluye
en el grupo clasificado como B, es decir que es “relacionado”, autopréstamo
o crédito otorgado a alguien directamente vinculado con los banqueros,
pero que no está sujeto a investigación criminal.
En octubre de 1999, los diputados del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) propusieron que se dieran a conocer los nombres de los beneficiarios
del quebranto bancario, pero la mayoría priista y panista aprobó
LAS OPER ACIONES DEL FOBAPROA
57
un punto de acuerdo para mantener en secreto esa lista y solicitar que el
IPAB diera a conocer, en marzo de 2000, los nombres de los responsables de
los créditos que hubiera considerado ilegales.
Ahora, con el informe enviado por el IPAB, y con las declaraciones de
Vicente Corta, queda claro que el IPAB, en lugar de investigar las operaciones
irregulares detectadas por Mackey, lo que está haciendo es encubrirlas. Con
algunas excepciones menores, la verdadera labor del Instituto está siendo
la de ayudar a garantizar la impunidad de este atentado contra la economía
de la mayoría de los mexicanos.
59
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) volvió a salir
a relucir durante el debate entre los candidatos a la Presidencia de
la República. Cuando Francisco Labastida acusó a Vicente Fox de haberse
beneficiado de ese fraude, el panista respondió que eso no podía
probarlo, a menos que “sus cuates de Hacienda” le dieran la información.
Al día siguiente, Fox declaró que ya no es accionista de las empresas de
su familia y que no le consta que sus familiares estén en el Fobaproa (Milenio
Semanal, 1o de mayo de 2000, p. 37).
Con respuestas de este tipo, Fox trata de convencer de que no es beneficiario
de ese gigantesco atentado. Sin embargo, con la información ahora
disponible, no existe ninguna duda de que Vicente Fox miente, ya que él y
su familia se apropiaron de varios millones de dólares, los cuales deberemos
pagar los mexicanos, mediante el mecanismo del Fobaproa-IPAB (Instituto
de Protección al Ahorro Bancario).
Todo mundo sabe que los principales responsables del fraude del Fobaproa
son el gobierno priista y sus socios empresariales. Pero, lo que mucha
gente ignora aún es que un número de importantes miembros del Partido
Acción Nacional (PAN), incluyendo a Vicente Fox, actuaron en todo momento
como cómplices del régimen en el ocultamiento y “legalización” de este
atraco a la nación, debido a que también se beneficiaron del mismo.
Como puede recordarse, a fines de 1998 el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) intentó construir una alianza con el PAN, para impedir
la legalización del Fobaproa. Aunque esos intentos tuvieron oídos receptivos
en algunos panistas, al final el PAN votó con el Partido Revolucionario
EL FOBAPROA
Y LAS MENTIRAS
DE VICENTE FOX
2 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
60
Institucional (PRI) la Ley de Protección al Ahorro Bancario, contando con
la presencia del mismo Vicente Fox, quien presionó a los diputados panistas
que no terminaban por convencerse.
Desde ese momento, mucha gente se preguntó por qué los dirigentes
del PAN se obstinaban en ocultar ese fraude, actuando como cómplices del
gobierno federal en la legalización de ese crimen. Poco a poco se empezaron
a conocer las razones de ese comportamiento, al saberse que famosos panistas
eran beneficiarios del Fobaproa.
En octubre del año pasado, le llegó el turno a Fox. La revista Milenio
publicó que Enrique Vilatela, director del Banco Nacional de Comercio
Exterior, informó que la familia Fox tenía un adeudo por 3’121 600 dólares,
y que, al no cumplir con sus obligaciones, el banco aceptó que sólo pagaran
440 mil dólares, 14 por ciento de lo que recibieron, dejando los restantes
2’681 600 dólares como deuda del pueblo mexicano.
En la misma revista se informó que las deudas de la familia Fox, con seis
distintos bancos, ascendían a 12’398 000 dólares, de los cuales, 5’211 000
dólares se encontraban ya en el Fobaproa. Entonces, Cristóbal, hermano de
Vicente Fox, reconoció que lo anterior era cierto, agregando que “Vicente ha
tomado la decisión de retirarse de las empresas, donde tenía 20 por ciento
de las acciones” (Milenio Semanal, 4 de octubre de 1999, p. 30).
A partir de entonces, Fox empezó a declarar que ya no era accionista de
las empresas de su familia, y que si tenían algún crédito en el Fobaproa, no lo
sabía. Sin embargo, se le olvidó decir que aunque hubiera vendido su parte
en 1999, también se había beneficiado del hecho de contraer deudas por más
de 12 millones de dólares y sólo pagar una mínima parte cargándole el resto
al empobrecido pueblo mexicano.
Pero el asunto no concluye ahí. Para hacerse pasar como el adalid de la
honestidad y de la verdad, Fox incluyó en su página de internet (www.fox2000.
org.mx) una supuesta “declaración patrimonial”, que es en realidad un informe
de sus ingresos y gastos, y no un inventario de su patrimonio. Para
1999 declara ingresos por 1’284 700 pesos, cifra inferior a la registrada durante
los dos años anteriores. Sin embargo, supuestamente en ese año
vendió a sus hermanos las acciones que tenía en las empresas familiares.
Suponiendo que el capital de las empresas representa sólo la mitad de
las deudas reportadas más arriba, ese monto asciende a 6’200 000 dólares,
EL FOBAPROA Y LAS MENTIR AS DE VICENTE FOX
61
de los cuales, 20 por ciento, es decir, 1’240 000, pertenecían a Vicente Fox.
Ese monto, convertido a pesos, al tipo de cambio promedio registrado en
1999, nos da casi 12 millones de pesos, los cuales no se incluyen como ingreso
en su declaración patrimonial.
De aquí se infiere que Vicente Fox necesariamente está mintiendo. Si en
realidad vendió las acciones, no reporta ese ingreso; y si no las vendió, entonces
continúa siendo accionista de empresas con créditos en el Fobaproa. En
cualquiera de los dos casos, Fox queda como lo que es: un mentiroso.
Conocer estos hechos es muy triste, sobre todo cuando mucha gente
piensa que, por primera vez en décadas, parece posible derrotar al PRI, si
se vota por Fox. Podemos imaginar un México sin PRI, pero no necesariamente
ese paraíso de seguridad, bienestar y optimismo que ofrece Fox.
También podemos imaginar un México con Fox, con un presidente de ocurrencias,
ignorante, demagogo, autoritario y, como ahora sabemos, mentiroso.
63
Durante el último debate entre los candidatos a la Presidencia de la
República, en un acto espectacular, Vicente Fox dio a conocer las
claves de acceso a las listas del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa) que estaban en poder del Partido Acción Nacional (PAN)
y del Partido Verde Ecologista (PVE). Días después, Cuauhtémoc Cárdenas
hizo públicas las claves que tenían el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y el Partido del Trabajo (PT). Entonces, Fox empezó a declarar que
no tenía nada que esconder, y que si las famosas listas se conocían, sería
gracias a él.
Con acciones como la comentada, Fox trata de disimular que es uno de
los beneficiarios del Fobaproa y que su partido, el PAN, ha sido y continúa
siendo un aliado del gobierno en la consumación y el encubrimiento de ese
atentado contra la economía del pueblo mexicano. Esa postura se probó una
vez más el 21 de junio, durante la sesión de la Comisión Investigadora del IPAB
(Instituto de Protección al Ahorro Bancario) en la Cámara de Diputados,
cuando los legisladores panistas Fauzi Hamdan y Édgar Ramírez votaron del
lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para descartar la posible
contratación de especialistas que permitan abrir el archivo que contiene los
nombres de los beneficiarios del Fobaproa.
Veamos primero de dónde salen las famosas listas del Fobaproa. A principios
de 1995, el sistema bancario estuvo a punto de quebrar. Aunque la
intervención gubernamental fue correcta, la forma como se efectuó el rescate
bancario no lo fue. Como afirmé en mi artículo “El gran desfalco de
Serfín” (La Jornada, 24 de mayo de 2000), el gobierno debió haber removido
LAS LISTAS DEL FOBAPROA
21 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
64
a los funcionarios involucrados en la gestación del problema; dar a conocer
reglas generales para el uso de recursos públicos; y cuidar que dichas reglas
tuvieran los incentivos de mercado correctos, evitando que el rescate incluyera
el pernicioso riesgo moral.
El gobierno hizo todo lo contrario. Mientras que los deudores normales,
verdaderas víctimas de la crisis, fueron presionados por todos los medios
para que cumplieran con las leoninas condiciones impuestas por los bancos;
a los banqueros que se habían otorgado autopréstamos, y a los grandes
deudores asociados a los banqueros o relacionados con autoridades gubernamentales,
se les dio un trato preferente.
Para hacer lo anterior, el gobierno utilizó de manera ilegal al Fobaproa.
Ese rescate propició todo tipo de abusos y llevó a que el costo fiscal se incrementara
de manera alarmante. La denuncia del atraco al pueblo mexicano,
llevada a cabo por el PRD en julio de 1998, dio inicio al debate nacional
sobre el Fobaproa. Fue entonces cuando la Cámara de Diputados contrató
al consultor canadiense Michael Mackey, para realizar una auditoría al Fobaproa.
Esta no se pudo efectuar, debido a que el gobierno, con la complicidad
del PAN, legalizó el Fobaproa en diciembre de ese año, cuando Mackey
apenas empezaba su trabajo. Después, las autoridades se encargaron de
limitar la información que podía revisar ese consultor.
Cuando Mackey entregó su informe, en julio de 1999, declaró que no
se trataba de la esperada auditoría, sino sólo de un examen de la información
que le habían permitido revisar las autoridades. Como anexo, entregó
una lista de operaciones denominadas “reportables”, es decir, irregulares,
las cuales recomendó revisar. Por decisión de los partidos Revolucionario
Institucional y Acción Nacional, el archivo con esas operaciones fue encriptado,
utilizando cinco claves de acceso, una en poder de cada partido,
lo que impedía que los diputados pudieran conocer el resultado de la investigación,
a menos que hubiera un consenso absoluto.
El archivo entregado por Mackey incluye un listado de 2 407 créditos, por
un monto de 73 775 millones de pesos, a valor de la fecha en que el Fobaproa los
adquirió. Como señalé en mi artículo “Las operaciones del Fobaproa” (La Jorn ada,
4 de abril de 2000), de esos créditos, sólo 219 concentran 82 por ciento del valor
total, y existe un sólo crédito por un insólito monto de 8 177 millones de pesos,
otorgado por Banca Confía a alguien relacionado con los banqueros.
LAS LISTAS DEL FOBAPROA
65
Las famosas listas del Fobaproa, incluidas en el archivo entregado por
Mackey, no incluyen los nombres de todos los beneficiarios del desfalco
del Fobaproa, ya que la información a que tuvo acceso ese consultor fue
cuidadosamente seleccionada por las autoridades. Por ejemplo, las principales
operaciones que permitieron el saqueo de Serfín, no pudieron ser revisadas
por Mackey. A pesar de ello, es posible que la citada lista contenga
los nombres de algunos de los principales beneficiarios del Fobaproa.
El archivo se encuentra ahora en manos de la comisión encargada por
la Cámara de Diputados para investigar el funcionamiento del Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Bastaría con que el PRI diera a conocer
la clave faltante, para que los diputados conocieran la famosa lista. Pero,
ante la reiterada negativa de este partido, sólo quedaba como alternativa,
si realmente se quería conocer el contenido del archivo, el acudir a algunos
de los especialistas conocidos como hackers. Para ello, hubiera bastado con
el voto favorable de los diputados del PRD y del PAN en la Comisión.
Sin embargo, los citados diputados panistas, Hamdan y Ramírez, volvieron
a actuar exactamente como lo ha hecho su candidato Vicente Fox, diciendo
una cosa y haciendo otra. En la reunión de la citada comisión
efectuada el 21 de junio, los panistas se plegaron descaradamente a la propuesta
del PRI para descartar la posible contratación de especialistas, con
lo cual cerraron la posibilidad de que las famosas listas del Fobaproa finalmente
se conozcan.
67
La famosa lista del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario
(Fobaproa), dada a conocer recientemente por los diputados perredistas
Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar, no tuvo el impacto
sobre la opinión pública que muchos esperaban. Para algunos comentaristas,
la lista sólo incluyó nombres que ya se conocían, sin aportar nada nuevo.
Para otros, únicamente se trató de un frustrado intento del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) por revivir esa discusión, después de su
desastre electoral.
Este hecho resulta muy desafortunado, ya que precisamente ahora,
cuando se está preparando el nuevo gobierno, es vital discutir los grandes
problemas nacionales, entre los que destaca el Fobaproa. A diferencia de
algunas opiniones superficiales, o de otras claramente interesadas en echar
tierra sobre este asunto, la publicación de la famosa lista es muy importante,
ya que permite aclarar aún más lo que realmente sucedió.
Como se puede recordar, a partir del escándalo suscitado en 1998, cuando
el presidente Zedillo propuso convertir los pasivos del Fobaproa en
deuda pública, la Cámara de Diputados contrató al consultor canadiense
Michael Mackey, para que realizara una auditoría a fondo de las operaciones
del Fobaproa. La idea era aclarar primero lo que había sucedido, fincar las
responsabilidades correspondientes y, sólo después de ello, legislar.
Pero en diciembre de 1998, cuando Mackey apenas iniciaba su trabajo,
los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN) votaron de manera sorpresiva la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, legalizando con ello las operaciones del Fobaproa. A pesar
LAS LISTAS DE MACKEY
Y LA IMPUNIDAD
17 DE JULIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
68
de que en esa ley se prometió concluir las auditorías en seis meses, y castigar
a los que resultaran responsables del desfalco, el sólo hecho de haber legislado
sobre algo que no se había aclarado, limitó las posibilidades de que
realmente se conociera.
Lo que siguió fue una verdadera conspiración para encubrir lo sucedido,
garantizando impunidad a los beneficiarios de ese atentado contra la economía
del pueblo mexicano. Para decirlo con todas sus palabras, el Fobaproa
significó una gigantesca apropiación de riqueza por unos cuantos, en perjuicio
de la mayoría de la población. Ese inmenso despojo se realizó con la
complicidad de las autoridades gubernamentales. Aunque su impacto sobre
el bienestar de la población ya se ha reflejado en un preocupante aumento
de los niveles de pobreza, lo peor apenas viene, con mayores impuestos y
menor gasto social.
La auditoría encargada a Mackey y luego incluida en la Ley de Protección
al Ahorro Bancario, nunca se concluyó, debido a que las autoridades se
negaron a proporcionar toda la información que requería el auditor. El mismo
Mackey lo aclaró al entregar su informe en julio de 1999, afirmando que
no se trataba de una auditoría, sino sólo de un reporte sobre la información
que le habían permitido revisar. Sin embargo, tanto las autoridades como
los legisladores del PAN han intentado hacer creer que el informe de Mackey
es la prometida auditoría.
Además de su conocido reporte, Mackey entregó una lista de las operaciones
irregulares que había podido detectar, a las que calificó como “reportables”.
El diputado panista Fauzi Hamdan, entonces presidente del Comité
de Seguimiento de las Auditorías al Fobaproa, se negó a entregar copia de
la lista a los demás integrantes del Comité. Mediante un oscuro acuerdo con
los representantes del PRI, Hamdan decidió encargar a Mackey que encriptara
dicha lista en un archivo electrónico al que sólo se pudiera acceder si
había un acuerdo unánime de los cinco partidos representados en la Cá mara
de Diputados.
En septiembre de 1999, Mackey entregó el archivo encriptado a los diputados
y una copia adicional, con la clave de acceso, al Instituto de Protección
al Ahorro Bancario (IPAB). Así, se llegó a un absurdo muy mexicano: los resultados
de la supuesta auditoría no pudieron ser conocidos por quienes la
habían encargado y pagado, los diputados, pero sí fueron conocidos por los
LAS LISTAS DE MACKEY Y LA IMPUNIDAD
69
auditados. Para que no quedara duda de que México es un país realmente
kafkiano, se permitió además que el auditado, el Fobaproa, decidiera qué
información podía proporcionar al auditor Mackey.
El PRD continuó con la lucha solitaria, exigiendo que se diera a conocer
toda la información del fraude y dando a la publicidad la que pudo ir encontrando.
Varias listas de beneficiarios del Fobaproa fueron publicadas por
Andrés Manuel López Obrador y por Dolores Padierna. Esas listas fueron
desacreditadas por las autoridades y por todo tipo de comentaristas cómplices,
acusando al PRD de buscar sólo el escándalo. Ahora que el PRD pudo
finalmente abrir el famoso archivo de Mackey, se comprobó que las listas
dadas a conocer, y tantas veces descalificadas, eran correctas.
Pero el asunto no concluye ahí, ya que la multicitada lista no incluye a
todos los beneficiarios de este desfalco, sino sólo a los que pudo detectar
el consultor, con la escogida información que las autoridades le permitieron
revisar. Muchos de ellos no se encuentran en esa lista, ya que las mayores
operaciones fueron encubiertas por las propias autoridades. El sólo examen
del rescate de Banca Serfín permite conocer cómo fueron saqueados algunos
bancos por sus principales accionistas, y cómo las autoridades impidieron
que Mackey tuviera acceso a esa información. Por ello, como dice Andrés
Manuel López Obrador en el título de su reciente libro, el Fobaproa continúa
siendo un expediente abierto.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
70
ESTIMACIÓN ALTERNATIVA / ESCENARIO “A” (CONVERSIÓN DE DEUDA)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (mm, precios corrientes) 3 788 4 462 5 183 6 015 6 916 7 881 8 979 10 231 11 657 13 282 15 133
Tasa de interés Cete 28 días (%) 18.8 16.5 16.0 15.0 14.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0
Deuda interna por Fobaproa (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Intereses (mm) 0 99 96 90 84 78 78 78 72 72 72
Intereses (% PIB) 0.0 2.2 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Deuda interna por Fobaproa (promedio) 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Finanzas públicas (% PIB)
Ingreso público con recortes (% PIB) 20.6 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Gasto público con recortes (% PIB) 22.2 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Programable (% PIB) 15.9 14.7 15.1 15.5 15.8 16.1 16.2 16.2 16.4 16.5 16.5
No programable (% PIB) 6.2 7.9 7.6 7.2 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 6.2 6.1
Intereses total (% PIB) 2.4 4.6 4.3 3.9 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8
Intereses Fobaproa (% PIB) 0.0 2.2 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Otros intereses (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
Participaciones (% PIB) 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Adefas (% PIB) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Saneamiento financiero (% PIB) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Déficit público (% PIB) -1.6 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (mm) 271 327 392 467 553 652 764 892 1 038 1 204 1 393
Déficit público (mm) (60) (56) (65) (75) (86) (99) (112) (128) (146) (166) (189)
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (promedio) 299 359 429 510 602 708 828 965 1 121 1 298
% del PIB 6.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 8.6
Intereses deuda interna sin Fobaproa (mm) 42 49 57 64 71 78 92 108 116 134 156
Intereses deuda interna sin Fobaproa (% PIB) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Intereses deuda externa (% PIB) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Deuda interna total (mm) 871 927 992 1 067 1 153 1 252 1 364 1 492 1 638 1 804 1 993
Deuda interna total (promedio) 899 959 1 029 1 110 1 202 1 308 1 428 1 565 1 721 1 898
% del PIB 20.1 18.5 17.1 16.0 15.3 14.6 14.0 13.4 13.0 12.5
Intereses deuda interna total (mm) 42 148 153 154 155 156 170 186 188 206 228
Intereses deuda interna total (% PIB) 1.1 3.3 3.0 2.6 2.2 2.0 1.9 1.8 1.6 1.6 1.5
Intereses deuda interna + externa (% PIB) 2.4 4.6 4.3 3.9 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8
LAS LISTAS DE MACKEY Y LA IMPUNIDAD
71
ESTIMACIÓN ALTERNATIVA / ESCENARIO “B” (SIN CONVERSIÓN DE DEUDA)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (mm, precios corrientes) 3 788 4 462 5 183 6 015 6 916 7 881 8 979 10 231 11 657 13 282 15 133
Tasa de interés Cete 28 días (%) 18.8 16.5 16.0 15.0 14.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0
Deuda interna por Fobaproa (mm) 600 699 811 932 1 063 1 201 1 357 1 534 1 718 1 924 2 155
Intereses capitalizables (mm) 0 99 112 122 131 138 156 176 184 206 231
Intereses (% PIB) 0.0 2.2 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5
Deuda interna por Fobaproa (promedio) 0 650 755 872 998 1 132 1 279 1 446 1 626 1 821 2 039
Finanzas públicas (% PIB)
Ingreso público con recortes (% PIB) 20.6 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Gasto público con recortes (% PIB) 22.2 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Programable (% PIB) 15.9 16.9 16.9 17.0 17.0 17.1 17.0 17.0 17.1 17.0 17.0
No programable (% PIB) 6.2 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6
Intereses total (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
Intereses Fobaproa (% PIB) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros intereses (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
Participaciones (% PIB) 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Adefas (% PIB) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Saneamiento financiero (% PIB) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Déficit público (% PIB) -1.6 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (mm) 271 327 392 467 553 652 764 892 1 038 1 204 1 393
Déficit público (mm) (60) (56) (65) (75) (86) (99) (112) (128) (146) (166) (189)
Deuda pública interna, excluye Fobaproa (promedio) 299 359 429 510 602 708 828 965 1 121 1 298
% del PIB 6.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 8.6
Intereses deuda interna sin Fobaproa (mm) 42 49 57 64 71 78 92 108 116 134 156
Intereses deuda interna sin Fobaproa (% PIB) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Intereses deuda externa (% PIB) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Deuda interna total (mm) 871 1 026 1 202 1 399 1 616 1 853 2 121 2 426 2 755 3 128 3 548
Deuda interna total (promedio) 948 1 114 1 301 1 508 1 735 1 987 2 273 2 591 2 942 3 338
% del PIB 21.3 21.5 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 22.2 22.1 22.1
Intereses deuda interna total (mm) 42 49 57 64 71 78 92 108 116 134 156
Intereses deuda interna total (% PIB) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Intereses deuda interna + externa (% PIB) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
72
GASTO PROGRAMABLE PER CAPITA
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (mm, precios corrientes) 3 788 4 462 5 183 6 015 6 916 7 881 8 979 10 231 11 657 13 282 15 133
PIB (mm, precios de 1998) 3 788 3 996 4 216 4 448 4 693 4 951 5 223 5 510 5 813 6 133 6 470
Deflactor (1998=100) 100.0 111.7 122.9 135.2 147.4 159.2 171.9 185.7 200.5 216.6 233.9
Población (millones) 94.2 95.8 97.4 99.1 100.8 102.4 104.0 105.7 107.3 108.9 110.5
Escenario “A” (conversión de deuda)
Gasto programable (mm) 603 657 782 931 1 093 1 266 1 451 1 661 1 916 2 191 2 504
% del PIB 15.9 14.7 15.1 15.5 15.8 16.1 16.2 16.2 16.4 16.5 16.5
Gasto programable (mm de 1998) 603 589 636 689 742 795 844 895 956 1 012 1 071
Gasto real per capita 6.40 6.14 6.53 6.95 7.36 7.77 8.11 8.47 8.91 9.29 9.69
Tasa de crecimiento anual (%) -4.0 6.3 6.4 5.9 5.6 4.4 4.3 5.2 4.3 4.3
Escenario “B” (sin conversión de deuda)
Gasto programable (mm) 603 756 878 1 021 1 177 1 344 1 529 1 739 1 988 2 263 2 576
% del PIB 15.91 16.94 16.94 16.98 17.02 17.06 17.03 17.00 17.06 17.04 17.02
Gasto programable (mm de 1998) 603 677 714 755 799 844 889 937 992 1 045 1 101
Gasto real per capita 6.40 7.07 7.33 7.62 7.92 8.25 8.55 8.86 9.24 9.60 9.97
Tasa de crecimiento anual (%) 10.5 3.7 4.0 4.0 4.1 3.6 3.7 4.3 3.8 3.8
Escenario “B” / Escenario “A”
Gasto real per capita 100.0 115.1 112.3 109.7 107.7 106.2 105.4 104.7 103.8 103.3 102.9
CAPÍTULO 2
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN
75
La reciente decisión del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) de eliminar el acuerdo de participación en pérdidas que existía
con Serfín, es sólo una nueva señal inequívoca de que los demás bancos
podrán presionar para que se les dé el mismo tratamiento y así se les
facilite el ajuste respecto a las festinadas nuevas reglas de capitalización de
la banca, a costa de la empobrecida población mexicana.
Para continuar el saneamiento de Banca Serfín, se constituyeron reservas
y se ajustó el valor de algunos activos por 19.5 mil millones de pesos, de
manera adicional a los 13 mil millones inyectados el pasado 8 de julio. Las
características de estas operaciones introducen nuevos incentivos que
pueden incrementar considerablemente el ya elevado costo fiscal del rescate
bancario.
Los anunciados ajustes se efectuaron por dos vías: “Liberar reservas por
11,326 millones de pesos, resultado de la eliminación del acuerdo de participación
en pérdidas, y 8,188.4 millones de pesos que resultan de capitalizar
los recursos generados por el propio banco derivado de recuperación de
activos del Fobaproa” (boletín 09-01-99 del IPAB).
Aunque se afirma que esa decisión “no implicará un pasivo adicional
para el IPAB”, la eliminación del acuerdo de participación en pérdidas
puede tener graves consecuencias, ya que introduce un nuevo incentivo
para que los demás bancos, con pagarés del Fobaproa en sus activos, traten
de recibir un beneficio similar. Esta situación significa proseguir con
decisiones contaminadas del pernicioso riesgo moral (moral hazard) que
han sido constantes en el proceso de rescate bancario.
EL RESCATE DE SERFÍN
Y EL RIESGO MORAL
23 DE SEPTIEMBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
76
La medida adoptada se relaciona directamente con las modificaciones
a las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de los Bancos, anunciadas
por Hacienda. Con ello se pretende que la contabilidad de los bancos
se acerque paulatinamente a los estándares internacionales existentes, estableciendo
un periodo de transición que concluirá el año 2003.
Un cambio sustancial es el tratamiento que se dará a los impuestos diferidos,
los cuales representan en la actualidad una parte muy importante
del capital de los bancos. Con ello, se atiende una de las sugerencias del
consultor canadiense Michael Mackey, quien recomendó que ese concepto
no se considerara como parte del capital.
La pretensión es disminuir paulatinamente la parte de los impuestos
diferidos que se pueden contabilizar como capital, hasta llegar a un máximo
de 20 por ciento en el año 2003. Esto significa que los bancos tendrán que
obtener recursos para sustituir los impuestos diferidos, y mantener los niveles
de capitalización que exige la ley.
Aquí es donde aparece la importancia de la decisión adoptada por el
IPAB, al eliminar el acuerdo de participación en pérdidas de Serfín. Con esto,
se anuncia, de hecho, que la citada sustitución de los impuestos diferidos
podrá hacerse a costa del erario público, lo que aumentará aún más el cuantioso
costo fiscal del ya interminable rescate bancario.
Como se puede recordar, el Programa de Capitalización y “Compra” de
Cartera aplicado por el Fobaproa, consistió en sustituir cartera en problemas
por pagarés emitidos por ese organismo. Al “comprar” esa cartera, el Fobaproa
firmó un “acuerdo sobre participación en pérdidas” con cada banco. Con
estos acuerdos, la diferencia entre la cartera “comprada” y lo que finalmente
se recuperara, se constituiría en una pérdida, la cual sería compartida (loss
sharing) entre el Fobaproa (ahora IPAB) y los bancos. La participación de los
bancos en las pérdidas se situó en 25 por ciento en promedio.
La inclusión de los acuerdos de participación en pérdidas, cada vez que
el Fobaproa compró cartera en problemas, tuvo como objetivo introducir un
incentivo para que los bancos tuvieran interés en recuperar la mayor parte
posible de los créditos que habían otorgado sin garantías suficientes o de
manera irregular.
En caso de generalizarse la decisión de eliminar dichos acuerdos, el
costo fiscal se incrementaría, independientemente de lo que se recuperara,
EL RESCATE DE SERFÍN Y EL RIESGO MOR AL
77
ya que todas las pérdidas que finalmente se tuvieran serían asumidas por
el IPAB. Además, se eliminaría el incentivo para recuperar los créditos y
disminuir las pérdidas. La recuperación sería menor (si es que hubiera alguna),
y las pérdidas mayores.
Los bancos, al quedar liberados de la necesidad de constituir reservas
para enfrentar su participación en pérdidas, podrían utilizar esos fondos para
sustituir los impuestos diferidos que actualmente significan una parte muy
importante de su capital. Así, el costo de alcanzar una contabilidad más
acorde con los estándares internacionales, podrá también ser cargada a la
población.
La manera como se privatizó la banca y luego se rescató, y se sigue
rescatando, es un excelente ejemplo de cómo opera lo que se conoce como
“riesgo moral”, que aparece cuando hay un tercero (normalmente el gobierno)
que se compromete a pagar los costos de decisiones equivocadas, lo
cual impide que las decisiones se tomen con responsabilidad, calculando
adecuadamente los riesgos.
Cuando existe el riesgo moral, se crean incentivos perversos que inducen
un comportamiento irresponsable como el protagonizado de manera persistente
por muchos banqueros. Mediante ese mecanismo, se premia cualquier
abuso, ya que el gobierno termina socializando las pérdidas que se
ocasionan.
79
El pasado 8 de mayo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) anunció que el Grupo Financiero Santander había ganado la
licitación de Banca Serfín, al proponer un precio de compra de 12 650
millones de pesos. Como ese monto representa 1.59 veces el valor del capital
contable de ese banco, el IPAB consideró que se había logrado un buen
acuerdo.
Al día siguiente, el diario Reforma estimó que el costo del rescate de
Serfín había ascendido a 123 mil millones de pesos, cantidad muy superior
al monto pagado por Santander. Aunque los voceros del IPAB insistieron en
que se habían protegido los intereses de los ahorradores, mucha gente se
empezó a preguntar qué podría esconder una operación que había costado
tanto.
Después de una revisión exhaustiva de los documentos disponibles, se
puede concluir que el costo fiscal del rescate de Serfín en realidad alcanza
a la fecha poco más de 172 mil millones de pesos. La cifra difundida está
subestimada, ya que resulta de agregar los valores nominales de apoyos
efectuados durante los últimos cuatro años, sin incluir algunos de ellos y
sin considerar su valor actual.
La forma en que se realizó este rescate constituye un ejemplo clásico de
lo que no se debe hacer, y sobre cómo opera lo que se conoce como riesgo
moral (moral hazard). En el mejor de los casos, este ejemplo muestra una
enorme irresponsabilidad de las autoridades competentes. En el peor, se
puede estar escondiendo toda clase de complicidades, suficientes para
constituir una gran cantidad de delitos.
EL GRAN DESFALCO DE SERFÍN
22 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
80
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se
han adoptado al menos tres medidas: los funcionarios que ejercieron durante
la gestación del quebranto son removidos, aunque estén fuera de toda
sospecha; se dan a conocer reglas generales para el uso de los fondos públicos;
esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó los
problemas.
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario: los funcionarios
que estuvieron en la gestación de la crisis bancaria, fueron los encargados
de corregirla, y se mantienen en sus puestos a pesar del vendaval de
críticas. Las reglas para el uso de fondos públicos, en un principio pretendidamente
generales, pronto se olvidaron, pasando a un nivel de discrecionalidad
escandaloso. Esa práctica conformó una situación de riesgo moral,
el cual aparece cuando los usuarios de los recursos perciben que un tercero,
en este caso el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), les resolverá
todos sus problemas, presentes y futuros.
La aplicación de todo tipo de medidas, impregnadas del pernicioso riesgo
moral, es lo que explica que el costo fiscal del quebranto bancario, estimado
en 5 por ciento del PIB a fines de 1995, haya alcanzado la enorme magnitud
que ahora tiene: 20 por ciento del PIB. El de Serfín constituye un caso extremo,
ya que las operaciones aplicadas para su saneamiento parecen diseñadas para
incrementar lo más posible el costo fiscal, favoreciendo siempre a cualquier
inversionista extranjero que se acercara.
En Serfín se experimentaron todo tipo de argucias financieras. Parece
que un estudiante imaginativo hubiera estado ensayando todo lo aprendido
en la escuela, sin importar el despilfarro de recursos públicos. A pesar de
que el banco fue intervenido de facto, desde abril de 1996, se mantuvo hasta
julio de 1999 como si estuviera funcionando normalmente. Algunos de los
incrementos de capital, realizados por el “grupo de control”, es decir, por
los principales accionistas, en realidad se hicieron con fondos del Fobaproa,
de manera encubierta.
Cuando el consultor canadiense Michael Mackey intentó realizar la auditoría
encargada por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda
adoptó el criterio de que podría revisar toda la información de los bancos
EL GR AN DESFALCO DE SERFÍN
81
formalmente intervenidos, y sólo los créditos amparados por pagarés del
Fobaproa, para los que no lo estaban. Por ello, las autoridades mantuvieron
la ficción de que Serfín no estaba intervenido.
En el mes de julio de 1999, inmediatamente después de que Mackey
entregó su informe, el IPAB decidió intervenir a Serfín, quedando asu midas
por el gobierno todas las operaciones realizadas, la mayoría no revisadas
por el consultor canadiense. Las tasas de interés de los pagarés
asumi dos por el IPAB, de inmediato se incrementaron; la participación en
pérdidas (loss sharing) pactada, fue eliminada; y lo que se había podido
recuperar de los créditos amparados por los pagarés, se usó para compensar
las pérdidas del banco.
En abril de 2000, al no recibir respuestas satisfactorias a la propuesta de
venta de Serfín, el IPAB decidió aumentar en medio punto la ya elevada tasa
de los pagarés; reducir a la mitad el periodo de amortización de esos bonos;
y comprometerse a pagar mensualmente los intereses generados, en lugar
del acuerdo existente hasta entonces, de capitalizarlos y pagarlos hasta que
venciera el papel.
Quedan demasiadas preguntas respecto a lo que en realidad puede estar
encubriendo este enorme desfalco. Si bien los accionistas nacionales, encabezados
por Adrián Sada, presidente del poderoso Grupo Vitro, perdieron
todas sus acciones, ¿cuántos autopréstamos, por montos superiores al valor
de las acciones perdidas, se quedaron sin pagar? ¿Por qué Jaime Serra Puche
aparece de repente como accionista de Vitro, con tal importancia como para
merecer un asiento en su Consejo de Administración? ¿Por qué la firma
Goldman Sachs, agente financiero del IPAB para la venta de Serfín, contrató
como empleado a Martín Werner, exsubsecretario de Hacienda?
83
El pasado 8 de mayo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) anunció que el Grupo Financiero Santander había ganado la
licitación de Banca Serfín, al proponer un precio de compra de 12 650
millones de pesos. Como ese monto representa 1.59 veces el valor del capital
contable de Serfín, el IPAB consideró que se había logrado un buen
acuerdo.
Al día siguiente, el diario Reforma estimó que el costo del rescate de
Serfín había ascendido a 123 mil millones de pesos, cantidad muy superior
al monto pagado por Santander. Aunque los voceros del IPAB insistieron
en que se habían protegido los intereses de los ahorradores, mucha gente
se empezó a preguntar qué podría esconder una operación que había
costado tanto.
Después de una revisión exhaustiva de los documentos disponibles, se
puede concluir que el costo fiscal del rescate de Serfín en realidad alcanza
a la fecha poco más de 172 mil millones de pesos, por lo que la cifra difundida
por Reforma está subestimada, ya que resulta de agregar los valores
nominales de apoyos efectuados durante los últimos cuatro años, sin incluir
algunos de ellos y sin considerar su valor actual.
La forma en que se realizó este rescate constituye un ejemplo clásico de
lo que no se debe hacer, y sobre cómo opera lo que se conoce como riesgo
moral (moral hazard). En el mejor de los casos, este ejemplo muestra una
enorme irresponsabilidad de las autoridades competentes. En el peor, se
pueden estar escondiendo toda clase de complicidades, suficientes para
constituir una gran cantidad de delitos.
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN:
UN GRAN DESFALCO A LA NACIÓN
25 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
84
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se han
adoptado al menos tres medidas:
• Los funcionarios que ejercieron durante la gestación del quebranto
son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha
• Se dan a conocer reglas generales para el uso de los fondos públicos
• Esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó
los problemas
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario: los funcionarios
que estuvieron en la gestación de la crisis bancaria, fueron los encargados
de corregirla, y se mantienen en sus puestos a pesar del vendaval de
críticas. Las reglas para el uso de fondos públicos, en un principio pretendidamente
generales, pronto se olvidaron, pasando a un nivel de discrecionalidad
escandaloso.
Esa práctica conformó una situación de riesgo moral, el cual aparece
cuando los usuarios de los recursos perciben que un tercero –en este caso
el gobierno representado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa)–, les resolverá todos sus problemas, presentes y futuros. Esa
percepción propicia todo tipo de abusos, y se refuerza cuando los hechos
confirman, una y otra vez, esa percepción.
La aplicación de todo tipo de medidas, impregnadas del pernicioso riesgo
moral, es lo que explica que el costo fiscal del quebranto bancario, estimado
en 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a fines de 1995, haya
alcanzado la enorme magnitud que ahora tiene (más de 20 por ciento del
PIB). El caso de Serfín constituye un extremo, ya que las operaciones aplicadas
para su saneamiento parecen diseñadas para incrementar lo más
posible el costo fiscal, favoreciendo siempre a cualquier inversionista extranjero
que participara en el banco.
En Serfín se experimentaron todo tipo de argucias financieras. Pareciera
que un estudiante imaginativo hubiera estado ensayando todo lo aprendido
en la escuela, sin importar el despilfarro de recursos públicos. A pesar de que
el banco fue intervenido de facto, desde abril de 1996, se mantuvo hasta julio
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
85
de 1999 como si estuviera funcionando normalmente. Algunos de los incrementos
de capital, realizados por el “grupo de control”, es decir, por los
principales accionistas, en realidad se hicieron de manera encubierta con
fondos del Fobaproa.
Cuando el consultor canadiense Michael Mackey intentó realizar la auditoría
encargada por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda
adoptó el criterio de que podría revisar toda la información de los bancos
formalmente intervenidos, y sólo los créditos amparados por pagarés del
Fobaproa, para los que no lo estaban. Por ello, las autoridades mantuvieron
la ficción de que Serfín no estaba intervenido.
En el mes de julio de 1999, inmediatamente después de que Mackey
entregó su informe, el IPAB decidió intervenir a Serfín, con lo que el gobierno
asumió todas las operaciones realizadas, la mayoría de las cuales el
consultor canadiense no había revisado. Las tasas de interés de los pagarés
asumidos por el IPAB se incrementaron de inmediato; la participación en
pérdidas (loss sharing) pactada fue eliminada; y lo que se había podido recuperar
de los créditos amparados por los pagarés, se usó para compensar
las pérdidas del banco.
En abril del presente año, al no recibir respuestas satisfactorias a la
propuesta de venta de Serfín, el IPAB decidió aumentar en medio punto la ya
elevada tasa de los pagarés; reducir a la mitad el periodo de amortización
de esos bonos; y comprometerse a pagar mensualmente los intereses generados,
en lugar del acuerdo existente hasta entonces, de capitalizarlos y
pagarlos hasta que venciera el papel.
Con este acuerdo no sólo se incrementa aún más el costo del rescate de
Serfín, sino que se crea un precedente para la próxima venta de Bancrecer.
Además, se generan expectativas en los demás bancos poseedores de pagarés
emitidos por el Fobaproa, y ahora asumidos por el IPAB, para recibir un
tratamiento similar.
El presente trabajo está dividido en siete partes. En la primera se describe
la situación existente en 1995, cómo entró el banco en crisis y los
primeros intentos de rescatarlo. En la segunda parte se comenta la intervención
disfrazada del Fobaproa en Serfín a principios de 1996, que puso en
práctica todo tipo de arreglos para tratar de sacarlo a flote. El tercer apartado
se dedica a analizar cómo se frustraron todos los intentos de sanear
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
86
este banco en 1997. En la cuarta parte se describe el encubrimiento por
parte de las autoridades del enorme desfalco, evitando que se conociera, y
eludiendo la investigación de Mackey. La quinta parte se dedica a comentar
la intervención del IPAB. El sexto apartado describe la venta de Serfín a
Santander. Al final se comenta cómo se realizó la estimación del costo del
rescate de este banco, y como complemento, la información se detalla en
un cuadro.
■ EL PRIMER INTENTO DE RESCATE (1995)
En 1992, un grupo de inversionistas privados encabezados por Operadora
de Bolsa y el Grupo Vitro de Monterrey compraron Banca Serfín –el tercer
banco más importante del país– y constituyeron el Grupo Financiero Serfín
(GFS), el cual, además del banco, incluyó una casa de bolsa, una afianzadora,
una compañía de seguros, una almacenadora, una empresa de factoraje y
una casa de cambio.
El Grupo Vitro, cuyo Consejo de Administración es presidido por Adrián
Sada González, había tenido una fuerte participación en Banpaís hasta 1982,
año en que fue nacionalizada la banca. Diez años después, con la privatización
bancaria impulsada por el presidente Salinas, este grupo volvió a tener
oportunidad de poseer inversiones en un banco.
Al igual que los demás bancos, Serfín vivió plenamente la borrachera
salinista. El exceso de liquidez propiciado por la política económica del
gobierno permitió que la cartera de créditos se incrementara fuertemente.
La situación le era favorable en extremo, ya que muchas empresas y personas
solicitaban más y más préstamos, a pesar de que los márgenes de intermediación
aplicados por los bancos aumentaban una y otra vez.
A diferencia de otros países, donde las autoridades se preocupan mucho
por tener una estrecha vigilancia sobre las operaciones bancarias, en México
se mantenía un sorprendente rezago en materia de supervisión. Esa situación
se veía agravada por la garantía que ofrecía el gobierno al total de los
depósitos bancarios. Así, un banquero podía hacer cualquier préstamo, sabiendo
que si tenía dificultades para recuperarlo, el gobierno lo terminaría pagando.
Como resulta obvio, una situación así era favorable a todo tipo de abusos.
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
87
Como es bien conocido, la optimista situación se modificó de manera
brusca a fines de 1994, con la sorpresiva devaluación del peso, registrada
cuando apenas empezaba el gobierno del presidente Zedillo. A principios
de 1995, las tasas de interés se incrementaron fuertemente, provocando que
muchos deudores no pudieran mantenerse al corriente en sus pagos. En
febrero de ese año, Banca Cremi y Banco Unión fueron intervenidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); y les siguieron Banpaís en
mayo, e Inverlat en diciembre.
Como sucedió con los demás bancos, Serfín se enfrentó a una situación
en la que tenía que pagar mayores intereses a los depositantes, pero era
incapaz no sólo de recuperar los créditos que había otorgado, sino de cobrar
los intereses sobre esos préstamos. Ese fenómeno se reflejó rápidamente
en una aparición de pérdidas crecientes, que empezaron a comerse al capital
del banco. El panorama era claro, mientras se arreglaba la situación
general del país, a Serfín le quedaban dos alternativas: aumentar el capital
del banco o declarar su quiebra.
Serfín se plegó desde el principio a los programas de apoyo diseñados
por el gobierno para enfrentar el riesgo de una quiebra bancaria generalizada.
Mediante el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), el
Banco de México le tomó obligaciones por 3 200 millones de pesos (mp).
Esa operación estuvo condicionada a que se aumentara el capital en cuando
menos la mitad del valor del apoyo recibido.
Mediante la venta de la almacenadora y la arrendadora del GFS, así como
la aportación de los accionistas, el capital se incrementó en 1 850 mp, cancelándose
la deuda con Procapte en el segundo trimestre se 1995. Una de
las aportaciones más importantes provino del Grupo Vitro, que aumentó su
participación en el capital a 20 por ciento. A partir de ese momento, GFS
pasó a considerarse subsidiaria de Vitro.
Además del aumento de capital, Serfín empezó a restructurar su cartera
de créditos, aprovechando los diferentes programas ofrecidos por el gobierno
para aliviar la situación de los deudores. Así, muchos créditos se cambiaron
de pesos a unidades de inversión (udis), mejorando el perfil de
vencimientos en términos reales. Asimismo, se otorgaron descuentos a otros
préstamos, según las reglas del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca
(Ade). A mediados de 1995, el Fobaproa entró en acción, comprando a Serfín
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
88
créditos por 4 340 mp, y entregando a cambio un pagaré a diez años, avalado
por el gobierno.
La lógica de esta operación, que después se repetiría en éste y otros
bancos, es la siguiente: al no poder recuperar el dinero prestado, el banco
en cuestión ponía en riesgo el dinero de los ahorradores, que habían depositado
esos fondos para que fueran prestados. Entonces aparecía el Fobaproa,
a fin de proteger a los ahorradores, haciéndose cargo de los créditos que no
se podían recuperar, y emitiendo a cambio un pagaré, para que sustituyera
a los créditos comprados, con el compromiso de pagar el monto de dinero
depositado, a futuro. En la contabilidad del banco, los créditos eran intercambiados
por el pagaré, quedando registrada la operación como si el
banco hubiera prestado ese dinero al Fobaproa, y no a los deudores que no
fueron capaces de pagar.
La ley exige que los bancos califiquen en todo momento los créditos, en
función de la percepción que tengan respecto a su recuperación. Por ejemplo,
si un deudor tiene suficientes garantías y está al corriente en sus pagos,
se le califica como “A”, es decir, solvente. Si el crédito tiene algunos problemas,
la calificación pasa a ser “B”, y el banco debe constituir una reserva
para enfrentar la posibilidad de que el crédito no se recupere completamente.
Así, la calificación va pasando a “C” y “D”, hasta llegar a “E”, en el caso
de los créditos considerados irrecuperables, para los que se deben constituir
reservas de la misma magnitud que la cantidad adeudada.
En la mecánica de “compra de cartera” por parte del Fobaproa, primero
se examinaba la existencia de las reservas exigidas por la ley, las cuales
se restaban al valor de compra de los créditos, quedando una cartera neta,
respecto a la cual se emitía el pagaré, es decir, desde el principio se debía
deducir la parte ya provisionada por el banco, quedando el resto bajo la
responsabilidad del Fobaproa.
Otro elemento importante que se consideraba al emitir el pagaré, era la
“participación en pérdidas”, o “loss sharing”. Al comprar los créditos el Fobaproa,
el pagaré emitido ya garantizaba los depósitos de los ahorradores. A
partir de ese momento, el banco mantenía la responsabilidad de tratar de
recuperar lo que se pudiera de los créditos comprados. El acuerdo de participación
en pérdidas consistía en lo siguiente: la diferencia entre el valor de los
créditos comprados y lo que se recuperara de ellos a la fecha de vencimiento
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
89
del pagaré, se convertiría en una pérdida, la cual sería asumida, por ejemplo,
25 por ciento por el banco, y el restante 75 por ciento por el Fobaproa. Para
ello, desde el momento de la compra de cartera, el banco debería ir constituyendo
una reserva para enfrentar a futuro ese 25 por ciento de lo que no se
recuperara finalmente.
Al iniciarse las operaciones de “compra de cartera” por el Fobaproa, se
pensaba también en el procedimiento siguiente. Si el banco no había constituido
de manera suficiente las reservas que le exigía la ley, es decir, si no
había calificado correctamente sus créditos, entonces se le aumentaba la
participación en pérdidas, ya que la compra neta quedaría muy abultada, al
restarle pocas reservas. Al contrario, si las reservas eran elevadas, y por
tanto el valor neto, más reducido, entonces se disminuía la participación en
pérdidas convenida a futuro.
Otro aspecto básico era la tasa de interés pactada para los pagarés del
Fobaproa. Así como los depósitos de los ahorradores, al no ser retirados
del banco, aumentan su valor al capitalizarse los intereses que se van devengando,
los intereses pactados para los pagarés también se capitalizarían,
con lo que aumentaría paulatinamente el valor nominal del bono, pagándose
al momento de su vencimiento, junto con el capital inicial.
En un principio se pensaba en una tasa de interés similar a la pagada a los
ahorradores, a quienes se buscaba proteger. Así, una tasa como el costo porcentual
centual promedio (CPP) de la captación bancaria, parecía la adecuada, ya que
cualquier tasa superior significaría una utilidad para el banco, a quien no se
debería premiar su incapacidad para recuperar lo que había prestado.
Un último elemento por considerar era la naturaleza de los beneficiarios
de los créditos, y la forma como éstos se habían otorgado. Para un
deudor de crédito hipotecario (por la compra de una casa), o un empresario
normal, el brusco cambio en las condiciones de la economía, con el
abrupto aumento en los intereses que debía pagar, lo convertía automáticamente
en una víctima de la crisis, y posible sujeto a ser apoyado por
la sociedad. Pero los préstamos otorgados a los mismos banqueros, o a
gente directamente relacionada con ellos, sin garantías suficientes y por
montos elevados, constituían un verdadero abuso.
La idea original era sólo comprar créditos incluidos en el primer grupo,
ya que proteger a los segundos constituiría una verdadera inmoralidad.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
90
Además, proteger con los pagarés del Fobaproa todo tipo de autopréstamos
crearía incentivos para que no fueran recuperados y se cargaran a la deuda
pública. En muchos casos, los autopréstamos tenían un valor muy superior
al de las acciones bancarias que poseían los beneficiarios, prefiriendo éstos
perder sus acciones, a pagar sus adeudos.
Si las reglas antes comentadas se hubieran hecho públicas desde el
principio, y se hubieran aplicado de esa manera a todos los bancos, como
sucede en cualquier país democrático, las “compras de cartera” del Fobaproa
hubieran incluido incentivos para inducir a los bancos a recuperar lo más
que se pudiera, y el costo fiscal de su rescate no se hubiera incrementado
en la manera escandalosa en que lo hizo.
Sin embargo, como veremos en el caso de Serfín, esas reglas se flexibilizaron
desde el principio, dejando su aplicación a la discrecionalidad de los
funcionarios encargados del rescate. Además, la falta de transparencia de
las operaciones del Fobaproa permitió que a un error, o complicidad, siguiera
otro y otro, hasta abultar el rescate de este banco a la fantástica cifra de
172 mil millones de pesos.
■ LA INTERVENCIÓN DISFRAZADA (1996)
A principios de 1996, Serfín se deslizaba aceleradamente hacia una situación
de quiebra, ya que un número creciente de préstamos caían en cartera vencida,
es decir, no estaban al corriente de sus pagos. El 30 de abril de ese año,
las autoridades financieras tomaron una decisión que sería crucial y determinaría
el enorme costo fiscal en que se incurrió: no permitir que Serfín, el
tercer banco en importancia del país, quebrara.
En esa fecha, el Fobaproa intervino a Serfín, removiendo a Abelardo Morales
Purón de la Dirección General del banco y poniendo en su lugar a Adolfo
Lagos Espinosa, personaje que se mantiene en esa posición hasta ahora.
Pero esa intervención no se hizo de manera clara, como en otros bancos, ya
que las autoridades buscaron aparentar que el banco seguía funcionando
normalmente, por lo que se operó una intervención disfrazada, de facto.
Además de remover a los directivos, el “grupo de control”, es decir, el
principal grupo de accionistas, encabezado por Adrián Sada, presentó una
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
91
“carta de intención”, donde proponía una serie de medidas para negociar
con el Fobaproa el saneamiento de Serfín. Esas medidas, agrupadas en un
“Plan de acción para el fortalecimiento financiero de Banca Serfín”, incluían
como meta aumentar el capital del banco en 9 984 millones de pesos. Para
ello proponían una revisión de las condiciones en que el Fobaproa había
adquirido cartera en 1995. Además, planteaban una segunda compra de
cartera, por un monto mayor y en mejores condiciones para el banco. También
planteaban la búsqueda de un socio financiero “temporal”, que ayudara
a alcanzar los niveles de capitalización requeridos. El plan se completaba
con una propuesta de que el Fobaproa se hiciera cargo de un buen número
de operaciones no rentables del banco. El Fobaproa aceptó el plan del “grupo
de control”.
Lo primero que se hizo fue firmar un “Convenio Modificatorio” de las
condiciones en que se había comprado cartera en 1995. El monto se aumentó
a 4 940 millones de pesos, descontando reservas por 29 por ciento del
va lor bruto de los créditos, y acordando una participación en pérdidas de
30 por ciento para el banco. La tasa de interés aplicable, cetes hasta esa
fecha, se cambió a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), más
elevada, para los siguientes tres años (hasta julio de 1999), pactando una
tasa de cetes menos 1.35 puntos para los seis años restantes hasta el vencimiento.
Al pagaré emitido se le empezó a conocer como Fobaproa I o
tramo I.
El 13 de mayo, el Fobaproa acordó realizar una segunda compra de cartera
a Serfín, por 19 968 mp, monto cuatro veces superior a la realizada en 1995.
Sin embargo, las reglas aplicadas a esta compra se modificaron bruscamente,
eliminando los incentivos que pretendía incluir la primera, con lo que se inició
la etapa de discrecionalidad que aumentó tanto el costo del rescate.
Para la compra de esta cartera, el Fobaproa aceptó unas reservas de sólo
1 por ciento, frente al 29 por ciento que había descontado en la operación
anterior. Según la regla inicial, este bajo nivel de provisiones debió ser compensado
con una participación mayor del banco en las pérdidas en que incurriera.
Pero no, el Fobaproa aceptó un nivel de participación de sólo 25
por ciento, inferior al 30 por ciento del tramo I. El pagaré emitido tuvo también
un plazo de 10 años, con intereses similares al anterior. A esta operación
se le denominó Fobaproa II o tramo II.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
92
Entre junio y julio de ese año, el Fobaproa realizó dos complejas operaciones
financieras, involucrando a sendas instituciones extranjeras: ING
Bank y J.P. Morgan. Mediante los mecanismos que se describen a continuación,
el Fobaproa adquirió la mayor parte de las acciones y obligaciones que
se necesitaban para capitalizar a Serfín, como si se tratara de un banco con
operación normal y no de uno ya intervenido por las autoridades.
Pero, como el propósito escondido era disfrazar esa intervención, las
dos operaciones se hicieron aparecer como si la capitalización proviniera
de las instituciones extranjeras mencionadas. Esa labor de encubrimiento
terminó incrementando el costo del rescate de Serfín, como
veremos más adelante, además de que pudo involucrar importantes actos
de corrupción.
La primera operación se efectuó el 20 de junio de 1996, y consistió en
lo siguiente. Serfín registró una inversión en acciones por 360 millones
de dó lares (2 700 mp a esa fecha), como parte de la capitalización pro grama
da. Como tenedor de ese paquete accionario apareció el llamado
“grupo de control”, encabezado por Adrián Sada. Esa compra se realizó
utili zando los fondos disponibles en tres fideicomisos constituidos en
ING Bank (México), y las acciones adquiridas quedaron como respaldo
del financiamiento recibido.
Los 360 millones de dólares (md) depositados en los fideicomisos provinieron
de un crédito otorgado por ING Bank (Dublin Branch), aparentando
que ese banco extranjero era quien estaba fondeando la operación. Sin
embargo, el banco de Dublín obtuvo, a su vez, los recursos de otro fideicomiso
creado en ING Bank (Jersey), denominado Eagle Trust. Pero el asunto
no terminó ahí, ya que el Eagle Trust recibió los mismos 360 md, a su vez,
de un crédito otorgado por Banco Obrero, el cual estaba intervenido por el
Fobaproa desde noviembre de 1994. Es decir, quien otorgó finalmente los
recursos para la compra de las acciones de Serfín fue el propio Fobaproa,
utilizando las operaciones cruzadas descritas para simular que los accionistas
privados de Serfín eran quienes lo estaban capitalizando, mediante
fondos obtenidos en el exterior.
La idea, incluida en la “carta de intención” entregada por el “grupo de
control” al Fobaproa, dos meses antes, era que los accionistas encabezados
por Adrián Sada fueran comprando bonos Brady, de deuda soberana del
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
93
gobierno mexicano, para ir adquiriendo realmente las acciones y liquidando
paulatinamente el crédito.
Como los bonos Brady se cotizaban con descuentos de alrededor de 60
por ciento (dependiendo de la percepción de los mercados internacionales
respecto a la futura capacidad de pago del gobierno mexicano), el gobierno
se comprometía a comprárselos a su valor nominal. Así, por cada 60 dólares
que invirtieran, el gobierno les daría 100, los cuales se utilizarían para ir
pagando el financiamiento otorgado por el Fobaproa.
Toda la operación fue pactada a una tasa de interés similar a la pagada
por los cetes, aplicada sobre el equivalente en pesos de los 360 md, es decir,
sobre los 2 700 mp utilizados para adquirir las acciones de Serfín. La simulación
se mantuvo durante un año y medio, hasta que en diciembre de 1997,
el Fobaproa finalmente asumió de manera directa esa deuda, cuando ya
ascendía a 3 904.5 mp, como veremos más adelante.
La segunda operación fue registrada el 26 de julio de 1996, y consistió
en lo siguiente. Se anunció que una emisión de obligaciones de Serfín por
290 md había sido adquirida por J.P. Morgan, institución que buscaría colocar
esos papeles en el mercado internacional. Como esas obligaciones
eran convertibles en acciones a futuro, se consideraban parte del programa
de capitalización de Serfín, supuestamente impulsado por inversionistas
privados.
El Fobaproa ofreció pagar a J.P. Morgan la elevada tasa de interés de
LIBOR más 2.25 puntos, mientras tuviera las obligaciones en su poder. Además,
le ofreció una “comisión de éxito” en caso de que lograra vender algunas
en el mercado internacional. J.P. Morgan, como resulta obvio, no
colocó nada de esa emisión de un banco totalmente quebrado, y sólo se
prestó a simular que lo estaba financiando, es decir, sirvió en realidad como
prestanombre, manteniendo esa inversión, lucrativa y sin riesgo, durante
14 meses.
En octubre de 1997, finalmente el Fobaproa recompró las obligaciones a
J.P. Morgan, en un precio que se había incrementado de los 290 md originales
a 319, debido a los intereses acumulados. La simulación había costado
29 millones de dólares. En el mejor de los casos, esta operación significó un
irresponsable despilfarro de recursos públicos. Pero en el peor, la pregunta
obligada es: ¿Qué porcentaje recibieron los funcionarios involucrados, al
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
94
permitir que esa firma extranjera obtuviera 29 md, sin arriesgar nada, excepto
su buen nombre, en caso de que se supiera?
Como parte de la intervención disfrazada, el Fobaproa efectuó otras
cuatro operaciones de compra de activos improductivos a Serfín, durante
la segunda mitad de 1996: una compra de créditos hipotecarios “meseta”; la
adquisición del préstamo otorgado para construir la termoeléctrica de Topolobampo;
una compra de instrumentos de deuda externa; y la asunción
de una cartera de valores de renta fija.
El primero de julio, el Fobaproa emitió otro pagaré por 2 665.6 mp, correspondiente
a la “compra” de créditos hipotecarios denominados “meseta”,
es decir, aquellos que al cumplir su plazo, el saldo insoluto que resulta es
condonado. Pero, a diferencia de los tramos I y II, este pagaré se pactó para
ser liquidado en efectivo en el mismo mes de julio de ese año, lo cual se hizo,
asumiendo el Fobaproa el costo.
El 8 de noviembre, el Fobaproa asumió el crédito de Serfín al “Fideicomiso
de Administración para la Construcción y Arrendamiento de la Central
Termoeléctrica de Topolobampo”. Ese crédito había sido otorgado en 1991,
por la agencia de Serfín en Nassau, Bahamas, como parte de los proyectos
para financiar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
recurriendo a fondos privados (el antecedente de las actuales pidiregas).
Como ese tipo de contratos supuestamente se iban a pagar (como renta
a cargo de CFE) con los mismos ingresos que generara la planta, el banco
calificó el crédito con grado de riesgo “A”, es decir, totalmente solvente, y
no creó ninguna reserva para cubrirlo. Pero, si era tan buen crédito, ¿para
qué venderlo al Fobaproa? La respuesta es sencilla, para hacerlo líquido y
utilizarlo para compensar las crecientes pérdidas del banco por otras operaciones,
traspasando los compromisos y riesgos al Fobaproa.
Así, el Fobaproa aceptó comprar el crédito a la termoeléctrica de Topolobampo,
a un precio de 161.7 md (1 281.1 mp), los cuales incluían el
principal y los intereses acumulados hasta esa fecha, sin hacer nin guna deducción,
ya que, como se dijo, el banco no había constituido nin guna
provisión. El Fobaproa se comprometió a pagar esta obligación, en efectivo,
mediante 24 mensualidades, empezando en diciembre de 1996 y terminando
en el mismo mes de 1998. Como se acordó además pagar una tasa
de interés de costo de captación a plazo de pasivos en dólares (CCP-dls.)
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
95
sobre el saldo insoluto, el costo nominal final pagado ascendió a 1 360.6
millones de pesos.
El 23 de diciembre, el Fobaproa adquirió 274.9 md (2 158.2 mp) de instrumentos
de deuda soberana del gobierno de México (bonos Brady), que
Serfín había adquirido con descuento en el mercado internacional. El compromiso
fue pagarlos en efectivo, a su valor nominal, mediante 24 mensualidades,
empezando en febrero de 1997 y devengando una tasa de interés de
CCP-dls. sobre el saldo insoluto. Aunque el pago nominal efectuado por el
Fobaproa alcanzó 2 410.1 mp, hasta el momento en que se liquidó la última
mensualidad en febrero de 1999, el costo efectivo fue de sólo 1 115.2 mp, al
deducirse el valor original descontado de los bonos Brady (164.9 md).
Finalmente, el 23 de diciembre el Fobaproa adquirió de Serfín una problemática
cartera de valores de renta fija valuada en 923.8 mp, la cual incluía
725 de principal y los restantes 198.8 de intereses acumulados y no pagados
a esa fecha. A cambio de ese activo improductivo, el Fobaproa pagó esa
suma en efectivo, durante los siguientes tres días.
Como complemento de todo lo anterior, en el mismo mes de diciembre,
el Grupo Financiero Serfín vendió la Afianzadora Insurgentes Serfín en 65
md, los cuales también se utilizaron para capitalizar a Banca Serfín.
■ EL FRUSTRADO SANEAMIENTO (1997)
Al empezar 1997, la apuesta del Fobaproa era concluir ese año el saneamiento
financiero de Serfín, hasta dejarlo en condiciones de seguir operando, con
un nuevo socio extranjero, sin verse obligado a formalizar la intervención que,
de facto, estaba en vigencia desde el mes de abril de 1996.
El 19 de marzo, Serfín anunció que había llegado a un acuerdo con la
cadena de tiendas de aparatos electrodomésticos Elektra, propiedad de
Ricardo Salinas Pliego, también principal accionista de Televisión Azteca.
Mediante un convenio (joint-venture), Serfín podría utilizar las tiendas para
ofrecer todo tipo de servicios bancarios.
En esa misma fecha, Serfín presentó al Fobaproa otra “carta de intención”,
denominada “Esquema para coadyuvar en la capitalización del Grupo Financiero
Serfín”. En ella se anunciaba un acuerdo, en principio, con el banco
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
96
inglés Hong Kong Shangai Bank (HSBC), quien ofrecía adquirir 19.9 por ciento
del capital de Serfín, recibiendo a cambio las obligaciones que se en contraban
en poder de J.P. Morgan, siempre que se concluyera antes el
saneamiento del banco. Para ello, proponían que el Fobaproa realizara una
tercera compra de cartera y una asunción de sus créditos carreteros.
El 20 de marzo, el Fobaproa compró a Serfín cartera hipotecaria por 10
300 mp, a valor nominal con fecha 1º de enero de 1997, es decir, sin deducir
nada por reservas que hubiera creado el banco. El monto adquirido se dividió
en dos partes: 5 200 mp quedarían amparados por un nuevo pagaré, y
los restantes 5 100 mp se pagarían en efectivo. A este paquete se le llamó
Fobaproa III o tramo III.
El pagaré emitido para la primera parte devengaría intereses capitalizables
a cetes más 2 puntos hasta enero de 2000, y cetes menos 1.35 puntos
hasta su vencimiento en enero de 2007. La segunda parte, por 5 100 mp, fue
pagada por el Fobaproa en efectivo en julio de ese año. Serfín realizó un
ajuste en el precio de esa cartera, incluyendo los intereses devengados
desde el 1º de enero de 1997, regresando al Fobaproa 2 100.4 mp, los cuales
fueron a su vez invertidos por éste en acciones de Serfín.
Como no se descontó ningún monto de reservas que hubieran sido constituidas
por Serfín, y tampoco se pactó una tasa de participación en pérdidas,
como contraprestación por el apoyo recibido, Serfín asumió una obli ga ción
deno minada “contingente”, por un monto de 466.5 millones de dólares. A
esa de uda con el Fobaproa se le aplicaría una tasa de interés de 11 por ciento
anual, capitalizable cada 1º de enero, a partir de 1998. El pago de ese compromiso
se acordó efectuarlo contra 5 por ciento de las utilidades que fuera teniendo
Serfín, quien se comprometió además a no pagar dividendos sobre sus
acciones, hasta que se liquidara esa obligación.
El 23 de mayo, el Fobaproa asumió créditos carreteros por 6 943 mp, a
valor nominal de fecha 31 de marzo de 1997, es decir, sin deducir ninguna
provisión que hubiera hecho el banco. El valor de esos préstamos fue pagado
en efectivo durante ese mismo mes. Esta cartera correspondía a los créditos
otorgados para construir las siguientes carreteras: Cuernavaca-Acapulco,
Monterrey-Nuevo Laredo, Libramiento Tampico y Córdoba-Veracruz.
El 23 de septiembre, la firma Lincoln National Corporation aceptó comprar
49 por ciento de las acciones de Seguros Serfín, que se mantenían en
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
97
poder del Grupo Financiero Serfín. El pago realizado ascendió a 85 millones
de dólares, mismos que GFS utilizó para capitalizar a Banca Serfín.
El 9 de octubre, el Fobaproa recompró a J.P. Morgan las obligaciones que
le había transferido en julio de 1996. El monto pagado, como se dijo en párrafos
anteriores, fue de 319 millones de dólares. El Fobaproa canjeó esos papeles
a Serfín por un paquete que incluía acciones por 154 md y obligaciones
por 20 md, que representaban 19.9 por ciento del capital social de ese banco.
Es decir, en ese canje, el Fobaproa aceptó una pérdida de 145 md, los
cuales se añadieron a los 29 md antes comentados, que costó la simulación
de que J.P. Morgan había financiado a Serfín.
HSBC aceptó comprar al Fobaproa ese paquete pagando con bonos Brady
con un valor nominal de 174 md. Así, invirtiendo sólo 104.4 md (60 por ciento
del valor descontado de bonos Brady por 174 md), HSBC se quedó con 19.9
por ciento del capital de Serfín, después de que el Fobaproa había pagado
319 md a J.P. Morgan, por ese mismo paquete. El Foba proa acumuló una
pérdida total de 214.6 md con esa operación. Esta pérdida podría haberse
evitado si desde un principio se hubiera registrado la operación como lo que
fue, una compra de acciones con recursos públicos. Pero ello hubiera obligado
a reconocer que Serfín estaba intervenido.
La inversión del HSBC, muy ventajosa para una situación normal, resultaba
de mucho riesgo tratándose de un banco totalmente quebrado, como
Serfín. Por ello, para adquirir el paquete antes descrito, HSBC impuso al
Fobaproa las siguientes condiciones:
• Que los créditos otorgados por el ING Bank de Dublín a los fideicomisos
constituidos en ING Bank de México, fueran asumidos directamente
por el Banco Obrero, es decir, por el Fobaproa, y restructurados a
15 años
• Que se revisaran, a favor de Serfín, las condiciones pactadas para las
compras de cartera incluidas en los tramos I y II
• Que el Fobaproa garantizara un valor mínimo del capital contable de
Serfín por 10 mil millones de pesos, para el 31 de diciembre de 2000,
aportando el capital que fuera necesario para ello
• Introducir un derecho antidilutorio a favor de HSBC, es decir que
después de cada aumento de capital, el Fobaproa se comprometiera
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
98
a transferirle, sin costo, un número de acciones suficiente para mantener
19.9 por ciento del capital del banco
• Otorgar una “protección al valor de mercado” de la inversión realizada
por HSBC, en la que el Fobaproa se comprometiera a pagar, en diciembre
de 2003, la diferencia que hubiera entre el valor de mercado de las
acciones en poder de HSBC y un “valor de referencia” de 156 md
El Fobaproa aceptó todas estas leoninas condiciones, y el 24 de octubre
firmó con Serfín un “convenio modificatorio” de las condiciones acordadas
para la compra de cartera correspondiente a los tramos I y II. Los cambios
consistieron en aumentar las tasas de interés, con efectos retroactivos al 1º
de abril de 1996. Así, las tasas de interés aplicables pasaron de TIIE simple,
a TIIE más dos puntos, con un añadido, serían capitalizables mensualmente
(no trimestralmente, como estaba pactado), entre el 1º de abril de 1996 y el
30 de septiembre de 1997. La tasa de cetes menos 1.35 puntos seguiría vigente
a partir del 1º de abril de 1999, para el tramo I, y del 1º de junio de ese
mismo año, para el tramo II.
Para entender el impacto de este acuerdo, resulta conveniente realizar
algunos cálculos. Si los depósitos de los ahorradores, que supuestamente
fueron protegidos por los pagarés del Fobaproa I y II, se hubieran mantenido
en el banco desde que se compró la cartera, ganando una tasa de interés
similar al CPP (que es la que reciben en promedio los ahorradores), y los
intereses se hubieran capitalizado cada mes, el saldo al 31 de diciembre de
1997 se hubiera situado en 42 564.8 millones de pesos.
Aplicando las tasas de interés pactadas originalmente para los dos
pagarés, el valor de los mismos, a fines de diciembre de ese año, hubiera
alcanzado 44 448.2 mp. Es decir que las tasas de interés originales permitían
a Serfín pagar los intereses de los ahorradores protegidos por el Fobaproa
y, además, obtener un beneficio de 4.4 por ciento. Con el acuerdo impuesto
por el HSBC, el valor teórico de los pagarés, a la fecha señalada, se aumentó
a 46 127.1 mp. Así, el beneficio obtenido por el banco después de pagar
sus intereses a los depositantes, alcanzó 8.4 por ciento.
El 17 de diciembre, el Banco Obrero asumió directamente el crédito
concedido a los tres fideicomisos constituidos en ING Bank de México, y
que se encontraban registrados como si los hubiera otorgado ING Bank
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
99
(Dublin Branch). La deuda asumida a esa fecha se valuó en 3 904.9 mp. Ese
mismo día, el Fobaproa adquirió acciones y obligaciones del Grupo Financiero
Serfín por 1 627.5 millones de pesos.
Como el Banco Obrero estaba intervenido por el Fobaproa, fue éste,
en realidad, quien asumió el crédito otorgado a los citados fideicomisos.
Como respaldo, el Fobaproa emitió el 18 de diciembre cuatro pagarés,
llamados de capitalización, con vencimientos en los meses de septiembre
y diciembre de 1999, y de marzo y junio de 2000. La tasa de interés acordada
fue cetes más dos puntos, capitalizable trimestralmente.
■ EL ENCUBRIMIENTO DEL DESFALCO (1998)
Desde que se inició el rescate bancario, la política del gobierno fue disimular,
en lo posible, los apoyos que estaba dando y esperar a que los grandes
problemas de la banca se fueran corrigiendo poco a poco. Para impulsar esa
política, las autoridades dispusieron de fuertes cantidades de dinero, sobre
todo provenientes del petróleo. La subida en el precio del crudo, entre 1995
y 1997, se aprovechó aumentando la plataforma de exportación. Así, la casi
totalidad de los ingresos petroleros excedentes fueron canalizados al rescate
bancario, por medio del Fobaproa.
Esta situación se modificó drásticamente a principios de 1998, cuando
los precios del petróleo se derrumbaron. Además, el riesgo moral involucrado
en muchas de las medidas adoptadas para apoyar a la banca, había hecho
que su rescate creciera a un nivel que impedía seguirlo manejando de manera
encubierta. Por ello, a fines de marzo el presidente Zedillo envió al
Congreso una iniciativa de ley, donde proponía la conversión en deuda pública
oficial de los pasivos del Fobaproa, estimados entonces en 552 mil
millones de pesos.
A partir de ese momento, se inició el debate nacional sobre el Fobaproa.
En Serfín, la simulación de que todo iba bien se llevó al extremo. En el mes
de abril, al presentarse el reporte anual correspondiente a 1997, se informó
que el programa de fortalecimiento financiero, iniciado en 1996, había concluido
exitosamente al lograrse un aumento en el capital de 11 742 mp a
partir de 1996, incluyendo una próxima inversión de 68 md por parte de J.P.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
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Morgan, la cual se festinaba, sin considerar que esa firma sabía muy bien
que el banco continuaba quebrado.
Como era lógico, la esperada inversión por parte de J.P. Morgan nunca
se produjo, y el Fobaproa terminó, como de costumbre, adquiriendo esas
acciones. Este apoyo se produjo el 29 de julio, y ascendió a 579.5 mp (64.9
md). Aunque Serfín continuó con su proceso de deterioro, la decisión de las
autoridades de mantener una intervención disimulada, prosiguió.
Esa decisión se fortaleció cuando la Cámara de Diputados contrató al consultor
canadiense Michael Mackey, para que realizara una auditoría completa
a todas las operaciones del Fobaproa. Al final de ese año, los
diputados del PRI y del PAN votaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
legalizando los pasivos adquiridos por el Fobaproa, antes de que concluyeran
las auditorías que estaba efectuando Mackey.
Aunque Serfín reportó utilidades, por primera vez desde 1995, el banco
seguía quebrado, como lo reflejó la suspensión de la cotización de sus acciones
en Wall Street. El Grupo Vitro anunció que su participación accionaria
en Serfín había resultado diluida durante 1998, al decidir no participar
más en la capitalización de ese banco. Sin embargo, la sorpresiva aparición
de Adolfo Lagos Espinosa y de Jaime Serra Puche como importantes accionistas
de Vitro, al grado de merecer un asiento en el Consejo de Administración
de ese grupo industrial, despertó todo tipo de sospechas.
■ LA INTERVENCIÓN DEL IPAB (1999)
La ficción de que Serfín no estaba intervenido, se mantuvo hasta que el auditor
canadiense Michael Mackey concluyó su investigación. Como la Secretaría de
Hacienda impuso las reglas de que Mackey sólo podía revisar la información
completa de los bancos formalmente intervenidos, para casos como el de Serfín
sólo pudo consultar los créditos amparados por los pagarés emitidos por el
Fobaproa. Aun así, recomendó revisar 938 créditos por un monto de 3 401.7 mp,
a los cuales incluyó dentro de las “operaciones reportables”.
Al respecto, es muy importante enfatizar que la gran mayoría de los
créditos que provocaron el enorme quebranto de Serfín, estuvieron fuera
del examen del consultor Mackey, debido a la argucia de simular que ese
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
101
banco no estaba intervenido. Ese sólo hecho exige una investigación, para
poner en claro todas las posibles complicidades que estuvieron en el fondo
de este desfalco.
En el mes de abril, cuando Mackey aún estaba realizando su estudio,
Serfín dio a conocer los resultados obtenidos durante el primer trimestre,
a los cuales Adolfo Lagos calificó de “satisfactorios”, ya que se habían registrado
utilidades por 96 mp. Además, informó que Serfín “se había declarado
culpable” respecto a las acusaciones de lavado de dinero impulsadas por
las autoridades estadounidenses, dentro de la llamada “Operación Casablanca”.
Derivado de ello, Serfín pagó una multa de medio millón de dólares,
aceptó la pérdida de 4.2 md retenidos por las autoridades de ese país, y
pudo recuperar 5.4 md. A esa acción, los directivos de Serfín la calificaron
como “una decisión adecuada de negocios”.
Al estar por concluir la auditoría de Mackey, el mantenimiento de la
intervención disfrazada en Serfín empezó a dejar de tener sentido. Además,
la ficción contable había llegado demasiado lejos, estando constituida la
mayor parte del capital de Serfín por partidas ficticias. Por ejemplo, las
autoridades permitieron a Serfín aumentar la partida de “impuestos diferidos”,
de 2 477.7 mp en marzo de 1997, a 7 722.1 mp en el mismo mes de
1999. Este concepto, en buena medida ficticio, pasó de representar 34.8 del
capital contable de Serfín, en la primera fecha, a un insólito 80.6 por ciento,
a principios de 1999.
El 31 de mayo se inició el proceso de hacer formal la intervención, cuando
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó a Serfín que debía
realizar ajustes contables por alrededor de 12 900 mp, pasando de la ficción
contable a la realidad de un banco quebrado. Como esos ajustes representaban
un monto superior al valor del capital contable del banco (9 582 mp
a marzo de 1999), sólo sería posible mantenerlo funcionando si se llevaba a
cabo otra cuantiosa inyección de recursos.
Para cumplir con las formalidades de la nueva ley, Serfín contrató a J.P.
Morgan, quien realizó un “estudio técnico”, donde se “concluyó la conveniencia
de reestructurar y recapitalizar a Serfín, en lugar de proceder a su
liquidación”, tomando en cuenta “las implicaciones negativas para el sistema
financiero que tendría la liquidación de ese banco”. Este “estudio” fue entregado
el 8 de junio, y resultó avalado por la CNBV el día 15.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
102
Así, una vez más la firma J.P. Morgan, que se había prestado a simular,
entre 1996 y 1997, una inversión inexistente, ahora también colaboró con
las autoridades financieras para validar una decisión que se había tomado
desde 1996: no dejar que Serfín, el tercer banco del país, se declarara en
quiebra, costara al erario público lo que costara.
El 16 de junio, la Junta de Gobierno del IPAB decidió iniciar la intervención
formal, al anunciar que ese organismo había acordado otorgar “los
apoyos financieros tendientes a proveer el saneamiento de Serfín, con objeto
de proteger los intereses de los ahorradores y obtener el máximo valor
de recuperación posible”.
La primera acción fue informar al Banco Obrero y al ING Bank el vencimiento
anticipado de los contratos de fideicomiso iniciados en junio de 1996
y modificados en diciembre de 1997, como se comentó en párrafos anteriores.
El 2 de julio, las acciones de Serfín en poder de esos fideicomisos (50.12
por ciento del capital total) fueron transferidas al IPAB, quien pasó a poseer
alrededor de 64 por ciento de las acciones del Grupo Financiero Serfín.
El siguiente paso fue revisar los convenios firmados con HSBC, a fines de
1997. Mediante el nuevo acuerdo, dado a conocer el 8 de julio, ese banco
extranjero aceptaba la eliminación de los contratos de protección existentes
hasta esa fecha, a cambio de que el IPAB se comprometiera a transmitirle un
número de acciones suficiente para mantener 19.9 por ciento del capital,
después de que se aplicaran los apoyos a Serfín. El IPAB se obligó además,
“a pagar incondicionalmente” 137 md a HSBC, en el caso de que ese banco
no ganara la licitación de Serfín.
El mismo 8 de julio, el IPAB emitió un pagaré por 13 mil mp, el cual se
utilizó para efectuar los ajustes contables exigidos por la CNBV, compensando
las pérdidas hasta entonces identificadas. Ese pagaré, el primero emitido
por el nuevo IPAB, se pactó con vencimiento a un año, devengando una tasa
de interés de TIIE, capitalizable mensualmente. A esta operación se le denominó
el “primer apoyo financiero” a Serfín.
El 2 de septiembre se llevó a cabo el “segundo apoyo financiero” a Serfín,
como preparación para su venta. Los tres pagarés emitidos por el Fobaproa
(tramos I, II y III) fueron asumidos el 31 de julio como obligación del IPAB.
Según las condiciones acordadas, esos pagarés pasarían a tener una tasa de
interés de sólo cetes menos 1.35 puntos a partir de abril (tramo I), julio
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
103
(tramo II), y enero del 2000 (tramo III). La decisión adoptada por el IPAB fue
modificar esas condiciones, elevando la tasa de interés aplicable a los tres
pagarés a TIIE, a partir del primero de agosto de 1999.
Para tener una idea del impacto que tuvo esta modificación en la tasa
de interés de los pagarés, se puede decir que, estimando los intereses que
se generaron desde su fecha de emisión hasta el mes de marzo de 2000, los
mismos resultaron suficientes para cubrir a los ahorradores una tasa de CPP,
capitalizable mensualmente, y además, tener una utilidad para el banco de
alrededor de 20 por ciento.
Con el traspaso de los pagarés del Fobaproa al IPAB, también le fueron
entregadas unas “cuentas de cheques” por 8 188.4 mp, correspondientes a
lo que se había podido recuperar de los créditos amparados por dichos pagarés.
Además, se encontraron registradas en Serfín, reservas por 11 326 mp
como provisiones para enfrentar a futuro la participación en pérdidas “loss
sharing” pactada en los mismos pagarés.
Para cubrir las crecientes pérdidas del banco, ahora estimadas en casi
20 mil mp, y no tener que recurrir a un mayor endeudamiento, el IPAB tomó
las siguientes decisiones:
• Capitalizar los 8 188.4 mp de las cuentas de cheques, en lugar de
utilizarlos para disminuir el valor de los pagarés, como estaba contemplado
originalmente
• Eliminar la participación en pérdidas pactada, para utilizar las reservas
por 11 326 mp, en la capitalización del banco
• Dar por terminada la obligación “contingente” asociada al tramo III,
la cual ya ascendía a 5 681.1 mp
Si bien estas tres medidas permitieron que el IPAB no se viera obligado
a emitir más deuda, el costo fiscal del rescate de Serfín resultó incremen tado
de manera sustancial, ya que se aceptó una importante reducción en la
recuperación futura de los créditos amparados por los citados pagarés.
Como complemento, el IPAB asumió en diciembre el paquete de acciones
de Cintra (controladora de Aeroméxico, de Mexicana de Aviación y de otras
aerolíneas “privatizadas”), en poder de Serfín. Ese paquete correspondía a
13.89 por ciento del capital de Cintra, y se valuó en 515.7 mp. Como anécdota,
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
104
se puede recordar que la mayor parte de las acciones de Cintra estaban en
poder de Banco Santander (el comprador de Serfín), habiendo sido también
asumidas por el Fobaproa.
■ LA VENTA DE BANCA SERFÍN (2000)
El proceso de venta del Grupo Financiero Serfín se inició el 18 de noviembre
de 1999, cuando el IPAB contrató a la firma Goldman Sachs como agente financiero
para efectuar esa operación. Como fase final del saneamiento de
Serfín, el 7 de enero se acordó crear reservas adicionales por 4 950 mp,
usando para ello recursos presupuestales. También se decidió que el IPAB
asumiera un último paquete de activos de Serfín, con bajo valor comercial,
por 5 618 mp, a los que se denominó “activos grises”.
El 30 de enero, el IPAB dio a conocer las bases para la licitación de
Serfín. El 22 de febrero, Citibank pagó 179 md por 51 por ciento de las
acciones de Afore Garante, hasta esa fecha en poder de Serfín. El 28 de
febrero, Banor te pagó al IPAB 2 741 mp, y empezó a administrar 23 230.4
mp de la cartera de créditos de Serfín, liberando al comprador de este
banco, de la obligación de recuperar tales adeudos. El 31 de marzo, Serfín
compró a Seguros Lincoln el 49 por ciento de acciones de Seguros
Serfín que aún poseía
El 15 de marzo se anunció que Banamex, Citicorp, HSBC y Santander
habían aceptado participar en la licitación de Serfín. Hasta ese momento
parecía que todo iba bien. Pero, el 6 de abril, el IPAB dio a conocer una
ampliación del plazo para entrega de las propuestas de compra de Serfín,
sin que se conocieran las razones de ello.
El 13 de abril se anunció una restructuración de los pagarés de Serfín,
consistente en aumentar la tasa de interés, reducir prácticamente a la mitad
los plazos de vencimiento, y pagar en efectivo los intereses en lugar de capitalizarlos.
Los 100 084 mp de pagarés estimados al 6 de abril, se dividieron
en tres partes:
• 69 084 mp, con nueva fecha de vencimiento en marzo de 2003
• 15 000 mp, con nueva fecha de vencimiento en marzo de 2004
EL RESCATE DE BANCA SERFÍN: UN GR AN DESFALCO A LA NACIÓN
105
• 16 000 mp, con un nuevo acuerdo de amortización: seis pagos semestrales
consecutivos, de 2 666.7 mp cada uno, a partir de septiembre de 2000
La tasa de interés aplicable a todos los pagarés se aumentó de TIIE, capitalizable,
a TIIE más un punto, pagable en efectivo cada mes. El sólo aumento
de la tasa de interés implicó un aumento del costo a pagar por el IPAB,
de 1 176.3 millones de pesos.
Después de esa restructuración de los pagarés, seguramente exigida por
el comprador, el 8 de mayo se anunció que el Grupo Financiero Santander
había ganado la licitación de Serfín, aceptando pagar 12 650 mp. Como es
evidente, el sólo aumento de medio punto en la tasa de interés de los pagarés,
representa 8 por ciento del pago realizado por Santander.
Finalmente, de acuerdo con lo pactado, el IPAB anunció el 22 de mayo
que había pagado 137 md a HSBC. Así terminó la triste, larga y tortuosa historia
del rescate de Serfín.
■ EL COSTO FISCAL DEL RESCATE
El costo fiscal del rescate de Banca Serfín se estima en 172 387.3 mp, valuados a
la fecha en que se realizó la venta de ese banco. El cálculo se efectuó agregando
al valor actual de los pagarés, el costo de todas las operaciones comentadas en
este trabajo, deduciendo los ingresos que por ellas tuvieron el Fobaproa y el
IPAB, y actualizando su precio. El cálculo se presenta en el siguiente cuadro.
Como conclusión, se puede decir que quedan demasiadas preguntas
respecto a lo que en realidad puede estar encubriendo este enorme desfalco.
Si bien los accionistas nacionales, encabezados por Adrián Sada González,
presidente del poderoso Grupo Vitro, perdieron todas sus acciones:
• ¿Cuántos autopréstamos, o créditos a gente directamente relacionada
con los banqueros, por montos superiores al valor de las acciones
perdidas, se quedaron sin pagar?
• ¿Por qué Jaime Serra Puche aparece de repente como accionista de
Vitro, con tal importancia como para merecer un asiento en su Consejo
de Administración?
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
106
• ¿Por qué la firma Goldman Sachs, agente financiero del IPAB para la
venta de Serfín, contrató como empleado a Martín Werner, exsubsecretario
de Hacienda?
• ¿Por qué el Partido Acción Nacional encomendó precisamente al
diputado Rogelio Sada, pariente cercano de Adrián Sada, la tarea de
investigar el quebranto bancario?
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE DE SERFÍN
(MILLONES DE PESOS)
Fecha Operación
Monto
original
Valor
presente
(Abr. 2000)
Pagarés
30/06/95 Fobaproa I 4 940.0 17 995.8
02/01/96 Fobaproa II 19 968.0 57 542.8
01/01/97 Fobaproa III 5 200.0 11 373.2
08/07/99 Crédito IPAB 13 000.0 15 032.9
-Ajustes 1 860.7
Suma 43 108.0 100 084.0
Apoyos efectuados
01/07/96 Créditos Meseta 2 646.4 4 671.8
20/06/96 Fideicomisos ING Bank 2 700.0 6 815.7
08/11/96 Topolobambo 1 281.1 1 892.2
23/12/96 Valores 923.8 1 472.5
23/12/96 Deuda soberana 2 158.2 1 620.3
31/03/97 Créditos carreteros 6 943.0 10 656.9
23/05/97 Créditos hipotecarios 5 100.0 7 547.2
09/10/97 Compra J.P. Morgan-Venta HSBC 1 632.0 2 304.9
17/12/97 Acciones y obligaciones 1 627.5 2 241.7
29/07/98 Acciones 579.5 730.2
06/09/99 Cuentas de cheques 8 188.4 8 765.7
06/09/99 Exen. de participaciones en pérdidas 11 326.0 12 124.4
31/12/99 Acciones de CINTRA 515.7 533.2
07/01/00 Reservas 4 950.0 5 118.0
07/01/00 Activos “grises” 5 618.0 5 808.6
Suma 56 189.6 72 303.3
Costo total 99 297.6 172 387.3
Ingreso por venta 14 650.0
107
Con la reciente venta de Banca Serfín y la próxima licitación de Bancrecer,
el gobierno actual está heredando un fuerte compromiso de gasto.
Los nuevos pagarés emitidos por el Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB) ascienden a 21 750 millones de dólares, de los cuales,
93.5 por ciento deberán pagarse entre 2003 y 2004. Esta herencia significará
una fuerte restricción para los programas que pretenda llevar a cabo el nuevo
gobierno, lo cual debería preocupar a algunos de los actuales candidatos a la
Presidencia de la República.
Como puede recordarse, durante la segunda mitad de 1999, el IPAB inyectó
cuantiosos recursos a Serfín, para ponerlo en condiciones de venta
en 2000. El 30 de enero pasado se anunciaron las bases para la venta de ese
banco, señalando como límite el 13 de abril para la presentación de posturas.
La oferta de venta incluía un banco ya saneado, con pagarés por 100 mil
millones de pesos (10 650 millones de dólares), los cuales se pagarían entre
2005 y 2007, junto con los intereses que se acumularan hasta la fecha de
vencimiento.
Hasta el 15 de marzo, todo parecía ir bien, ya que cuatro importantes
grupos financieros habían mostrado interés por participar en la licitación
de Serfín. Sin embargo, al hacer pública, el 6 de abril, la ampliación de la
fecha límite para presentar posturas, pareció que algo importante había
pasado. Lo sucedido se supo el 13 de abril, cuando el IPAB dio a conocer que
había restructurado los pagarés en poder de Banca Serfín.
Todo indica que las condiciones originales de venta de Serfín no parecieron
lo suficientemente atractivas a los presuntos compradores, lo que
RESCATE BANCARIO Y GASTO PÚBLICO
30 DE MAYO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
108
habría obligado al IPAB a modificar drásticamente las características de los
pagarés. Los cambios fueron: el aumento de medio punto en las tasas de
interés; la disminución a la mitad en el periodo de amortización; y el pago
mensual en efectivo de los intereses, en lugar del esquema de capitalización
hasta el vencimiento del papel.
El IPAB anunció el 8 de mayo que el Grupo Financiero Santander había ganado
la licitación de Serfín, pero no comentó las consecuencias que tendría la
decisión de restructurar los pagarés, la cual había sido aparentemente impuesta
por el comprador de ese banco. Los 100 mil millones de pesos de los pagarés,
que estaban, como se dijo, pactados para vencer entre 2005 y 2007, se dividieron
en tres partes: 69 mil millones a pagarse en marzo de 2003, 15 mil millones
con vencimiento en marzo de 2004, y los restantes 16 mil millones para liquidarse
mediante seis pagos semestrales entre 2000 y 2003.
Los intereses sobre los pagarés, ahora elevados a la tasa interbancaria de
equilibrio (TIIE) más medio punto, se empezarán a pagar mensualm ent e, desde
mayo de 2000 hasta que se liquiden. Suponiendo un nivel de tasas de interés
similar al observado durante los primeros cuatro meses de 2000, a los 100 mil
millones de pesos de los pagarés se deberá agregar un monto de 49 mil millones
de pesos distribuidos durante los próximos cuatro años.
Estos nuevos compromisos de gasto significan una importante restricción
al presupuesto de egresos para los siguientes años. Para estimar ese
impacto, se partió del supuesto de que el gasto público crecerá en 15.5 por
ciento anual hasta 2004. Ese 15.5 por ciento resulta de estimar un crecimiento
del producto interno bruto (PIB) real de 5 por ciento y una inflación anual
de 10 por ciento. Con estos supuestos, el gasto comprometido por la forma
en que se vendió Serfín, pasa de 1.2 por ciento del presupuesto federal en
el presente año, a poco más de 4 por ciento en 2003.
Además, como preparación para la próxima venta de Bancrecer, el IPAB
emitió en noviembre de 1999 un nuevo pagaré por 102 200 millones de pesos
(11 100 millones de dólares), con actualización en su valor al mismo ritmo
que la inflación, y con vencimiento en 2004. Con los supuestos antes señalados,
el monto del gasto para liquidar este pagaré podría alcanzar 8 por
ciento del presupuesto federal de 2004.
En conclusión, las recientes decisiones tomadas por el IPAB, para poder
vender Serfín y Bancrecer, significan un compromiso de gasto que se está
RESCATE BANCARIO Y GASTO PÚBLICO
109
heredando al próximo gobierno, por alrededor de 4 por ciento del presupuesto
en 2003, y de 8 por ciento en 2004. Si a estos pagos se agregan los 10
mil millones de pesos anuales por amortización de los proyectos de inversión
con registro diferido en el gasto (pidiregas), ya comprometidos a partir de
2001, las restricciones presupuestarias se anticipan como muy difíciles.
Algunos candidatos a la Presidencia están ofreciendo una reforma fiscal
que permita aumentar los ingresos y financiar con ello un mayor gasto, para
atender las enormes necesidades del pueblo mexicano. Sin embargo, los
compromisos que sigilosamente está heredando el actual gobierno, pueden
obligar a que la anunciada reforma sólo resulte suficiente para enfrentar
dichos compromisos, y no para llevar adelante los muchos ofrecimientos
de campaña.
Por todo lo anterior, la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, de revisar a
fondo todas las operaciones llevadas a cabo durante el interminable rescate
bancario, resulta vital, si realmente se quieren atacar los muchos males que
aquejan a las mayorías. Si no consideran la terrible herencia del Fondo Bancario
de Protección al Ahorro (Fobaproa), las propuestas de Francisco Labastida
se tornan huecas, y las de Vicente Fox quedan como lo que siempre
han sido: ocurrencias sin ningún sustento.
111
El costo del rescate de Banca Serfín alcanzó en abril de 2000 la insólita
cifra de 172 mil millones de pesos. Ese monto contrasta con los 123
mil millones de pesos que la prensa había manejado. Muchos comentaristas
se empezaron a preguntar de dónde salieron esas cifras. En el presente
artículo me propongo aclarar cómo se estimó el costo del mayor
rescate bancario en la historia de México.
Como señalé en mi artículo “El gran desfalco de Serfín” (La Jornada, 24 de
mayo de 2000), la estimación de 172 mil millones de pesos se obtuvo de “una
revisión exhaustiva de los documentos disponibles”, considerando subestimada
la otra cifra difundida, ya que “resulta de agregar los valores nominales
de apoyos efectuados durante los últimos cuatro años, sin incluir algunos de
ellos y sin considerar su valor actual”.
El costo total del rescate de Serfín, a la fecha de su venta (abril de 2000),
resulta de sumar el valor actualizado de los cuatro pagarés en poder de ese
banco, y los apoyos otorgados desde 1996, a precios actuales. El valor actual
de los pagarés, emitidos en junio de 1995, enero de 1996, enero de 1997 y
julio de 1999, fue estimado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) en 100 084 millones de pesos. Los diversos apoyos efectuados, tanto
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) como por el IPAB,
ascienden a 72 303 millones de pesos.
El pagaré emitido en junio de 1995, conocido como tramo I, tuvo un
valor original de 4 940 millones de pesos, correspondiente a créditos que
Serfín no pudo recuperar y que fueron comprados por el Fobaproa. Al emitir
ese pagaré, Serfín tuvo que registrar reservas por 29 por ciento del valor de
EL RESCATE DE SERFÍN (I)
4 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
112
los créditos, y comprometerse a una participación en pérdidas (loss sharing)
de 30 por ciento. Acumulando los intereses, el valor de ese pagaré a diciembre
de 1999 alcanzó 17 242 millones de pesos (véase el sitio del IPAB en internet,
www.ipab.org.mx).
El segundo pagaré, tramo II, de enero de 1996, ampara créditos no recuperados
por un valor original de 19 968 millones de pesos. A diferencia
del primer pagaré, las condiciones impuestas por el Fobaproa se flexibilizaron
de manera alarmante, al aceptar una reserva de sólo 1 por ciento y
reducir la participación en pérdidas a sólo 25 por ciento. El valor de este
pagaré a diciembre de 1999, capitalizando los intereses devengados, ascendió
a 55 122 millones de pesos.
El tercer pagaré, tramo III, registrado en enero de 1997, resultó de una
compra de créditos hipotecarios por 10 300 millones de pesos, de los cuales,
5 100 se pagaron en efectivo, y los restantes 5 200 millones correspondieron
al citado pagaré. El Fobaproa no exigió reservas y se pactó una “obligación
contingente” por 466.5 millones de dólares, que se pagaría a futuro con 5
por ciento de las utilidades que fuera generando Serfín. El valor del pagaré
a diciembre de 1999 llegó a 10 897 millones de pesos.
El cuarto pagaré fue emitido por el IPAB en julio de 1999, al momento de
intervenir formalmente a Serfín. Aquél, con un valor original de 13 mil millones
de pesos, se utilizó para compensar las partidas ficticias, permitidas
hasta entonces por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y
que habían ayudado a disimular la quiebra de Serfín hasta que Michael
Mackey terminara de realizar su examen. Un ejemplo de esas partidas ficticias
es el rubro de “impuestos diferidos”, que alcanzó a representar más de
80 por ciento del capital contable del banco. El valor de este pagaré se situó
en 14 394 millones de pesos a fines de 1999.
A la fecha en que se inició el proceso de venta de Serfín (30 de enero de
2000), los cuatro pagarés tenían como fechas de vencimiento las siguientes:
el tramo I, junio de 2005; el tramo II, enero de 2006; el tramo III, enero de
2007; y el pagaré emitido por el IPAB, registrado como crédito simple, julio
de 2000. Estos pagarés mantenían el compromiso de capitalizar los intereses,
es decir, pagarlos hasta el vencimiento de cada papel. Lo anterior se puede
confirmar consultando el listado de pagarés a diciembre de 1999, incluido
en la citada página de internet del IPAB.
EL RESCATE DE SERFÍN ( I )
113
Hasta el 31 de marzo, las anteriores características de los pagarés no se
habían modificado, como se puede comprobar en el documento “Alcance al
Informe sobre los apoyos financieros otorgados a Grupo Financiero Serfín
con base en el Programa de Saneamiento”, entregado por el IPAB a la Cámara
de Diputados a principios del mes de abril.
Estos pagarés se restructuraron el 13 de abril, después de que el IPAB
anunció una ampliación del plazo para presentar posturas en la licitación de
Serfín. El cambio en las características de los pagarés, que se hizo para facilitar
la venta de ese banco y probablemente a propuesta de los mismos
compradores, consistió en: aumentar en medio punto la tasa de interés; reducir
a la mitad la fecha de vencimiento; y pagar mensualmente los intereses,
en lugar de la capitalización pactada.
Esos cambios, como señalé en mi artículo “Rescate bancario y gasto
público” (La Jornada, 2 de junio de 2000), junto con la emisión de un pagaré
por 11 100 millones de dólares a favor de Bancrecer y con vencimiento en
2004, impusieron una preocupante restricción presupuestaria al gobierno
que resulte de las elecciones del próximo 2 de julio.
115
Además de los 100 084 millones de pesos en que se valuaron los cuatro Apagarés en poder de Serfín a principios del mes de abril, el valor ac- tualizado de los diferentes apoyos que recibió ese banco desde 1996, Ade parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y del Instituto
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se calcula en 72 303 millones
de pesos. Sumados los dos conceptos, se calculó el costo total del rescate de
Serfín en 172 387 millones de pesos.
Los apoyos en efectivo, del Fobaproa a Serfín, se iniciaron a mediados de
1996, cuando ese banco fue intervenido de facto, simulando hasta julio de 1999
que seguía funcionando sin grandes problemas. Pero el hecho más grave,
y que explica en buena medida el enorme costo fiscal en que finalmente se
incurrió, fue que además se simuló que el banco estaba siendo capitalizado
por el “grupo de control”, encabezado por Adrián Sada, también principal
accionista del Grupo Vitro.
En junio de 1996 se anunció que el citado “grupo de control” había realizado
una inversión en acciones por 360 millones de dólares (2 700 millones
de pesos), usando los recursos existentes en tres fideicomisos de ING Bank
(México), y proporcionados por la sucursal de ese banco extranjero en Dublín,
Irlanda. Así, se aparentó que los principales accionistas estaban capitalizando
el banco, fondeándose en el extranjero.
Pero, el ING Bank de Dublín había obtenido los recursos de un fondo
denominado Eagle Trust, constituido en la sucursal Jersey de ese banco. El
citado fondo fue creado con recursos proporcionados por el Banco Obrero,
que estaba intervenido por las autoridades desde noviembre de 1994. Es
EL RESCATE DE SERFÍN (II)
5 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
116
decir, quien había capitalizado a Serfín era el Fobaproa, con fondos públicos,
pero aparentando una inversión privada con fondos provenientes del exterior.
El cruce de operaciones sólo incrementó el costo del rescate.
En julio de 1996 se anunció que una emisión de obligaciones de Serfín,
por 290 millones de dólares, había sido adquirida por J.P. Morgan. La realidad
fue que el Fobaproa ofreció a esa firma extranjera una elevada tasa de interés,
de LIBOR más 2.25 puntos, además de una “comisión de éxito”, si lograba
vender algún título a inversionistas extranjeros. J.P. Morgan mantuvo esas
obligaciones hasta octubre de 1997, cuando las volvió a vender al Fobaproa
en 319 millones de dólares, obteniendo una utilidad de 29 millones de dólares,
sin haber logrado colocar nada.
El Fobaproa sustituyó esos títulos por acciones equivalentes a 19.9 por
ciento del capital de Serfín, y las vendió al Hong Kong Shangai Bank (HSBC),
a cambio de títulos de deuda externa del gobierno mexicano por un valor
nominal de 174 millones de dólares. Como esos papeles (bonos Brady) se
operaban con descuentos de alrededor de 60 por ciento, HSBC en realidad
sólo pagó 104.4 millones de dólares por unos papeles que el Fobaproa había
comprado a J.P. Morgan en 319 millones de dólares, cargando al erario la
pérdida resultante.
Además, el HSBC exigió una serie de condiciones leoninas al Fobaproa,
para quedarse con 19.9 por ciento de las acciones de Serfín. Entre esas condiciones
estuvo una “protección” al valor de su inversión, consistente en
que bajo cualquier circunstancia, todos los accionistas podían perder su
inversión, menos los extranjeros, ya que el Fobaproa los compensaría.
Durante 1996, el Fobaproa adquirió de Serfín una serie de “activos” improductivos,
como créditos hipotecarios denominados “meseta”; un crédito
otorgado al fideicomiso que construyó la central termoeléctrica de Topolobampo;
una cartera de valores; y títulos de deuda soberana. Esas operaciones,
junto con la inversión simulada mediante el ING Bank, alcanzan un valor,
a abril de 2000, de 16 472 millones de pesos.
En 1997, los apoyos consistieron en la compra de créditos carreteros; el
pago en efectivo de parte de la cartera de créditos hipotecarios incluida en
el llamado tramo III; la operación citada con J.P. Morgan y HSBC; y la adquisición
de acciones y obligaciones. Las operaciones descritas tuvieron un costo,
a valor actual, estimado en 22 751 millones de pesos. En 1998, el Fobaproa
EL RESCATE DE SERFÍN ( II )
117
adquirió un paquete de acciones que se había ofrecido a J.P. Morgan y que finalmente
no tomó. Ese gasto ascendió a 580 millones de pesos, 730 de ahora.
En 1999, el IPAB decidió utilizar los “activos” disponibles, para capitalizar
a Serfín. Así, tomó 8 188 millones de pesos de las “chequeras” correspondientes
a lo que se había podido recuperar de los créditos amparados por los
pagarés emitidos por el Fobaproa. También decidió utilizar 11 326 millones
de pesos de las reservas que había constituido Serfín para enfrentar la participación
en pérdidas pactada. Además, el IPAB compró a Serfín acciones de
Cintra por 516 millones de pesos. El costo actual de esas operaciones asciende
a 21 423 millones de pesos.
Para concluir el saneamiento de Serfín y ponerlo en condiciones de venta,
el IPAB decidió constituir reservas por 4 950 millones de pesos, y adquirir
activos “grises”, es decir, con valor comercial de cero, por 5 618 millones de
pesos. Las dos operaciones se realizaron con recursos presupuestarios,
en enero de 2000, y representan un costo de 10 927 millones de pesos a la
fecha en que se vendió Serfín.
En conclusión, la estimación de que el costo del rescate de Serfín asciende
a 172 mil millones de pesos, aunque no es exacta ni perfecta, parece
bastante sólida, ya que está calculada tomando como base la documentación
disponible. Lo que originó ese enorme costo, así como sus verdaderos beneficiarios,
es un asunto que deberían aclarar e investigar las autoridades,
para evitar que algo así vuelva a repetirse.
119
Apesar de que ahora se sabe que el rescate de Banca Serfín alcanzó
más de 172 mil millones de pesos, dicha cifra continúa siendo una
abstracción para muchas personas. Por ello, quisiera terminar esta
serie de artículos hablando de los verdaderos beneficiarios de la quiebra de
este banco, entre los que se encuentran no sólo empresarios vinculados al
poder, como Adrián Sada, sino también miembros prominentes del Partido
Acción Nacional (PAN), incluyendo al mismo Vicente Fox.
El uso de cuantiosos recursos públicos ha sido justificado por el gobierno,
como algo necesario para “salvar a los ahorradores”. Esa excusa, legítima
en parte, permite esconder a los que verdaderamente se beneficiaron
mediante rescates como el registrado en Serfín. Como es sabido, el dinero
que presta un banco proviene de los depósitos hechos por los ahorradores.
Por ello, la labor de los bancos no consiste sólo en servir como intermediarios
entre ahorradores y deudores, sino en calcular y tomar riesgos. Es decir,
los bancos, antes de prestar un dinero que no es suyo, deben asegurarse de
que quien reciba el crédito esté realmente en capacidad de pagarlo.
Al estallar la crisis a principios de 1995, muchos deudores de buena fe, que
habían adquirido préstamos tomando como base las tasas de inte rés que existían
hasta fines de 1994, se encontraron en situación de insolvencia, incapacitados
para cumplir con sus obligaciones. Estos de udores fueron
verdaderas víctimas de la crisis y requirieron ayuda de la so ciedad. Los
apoyos a esta clase de deudores, sin duda implicaron un costo fiscal, pero
se justificaron, al evitar la quiebra de los bancos y, con ella, la posible pérdida
de los ahorros.
SERFÍN: LA QUIEBRA OCULTA
13 DE JUNIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
120
Pero existe otro tipo de deudores de los bancos. Se trata de los propios
banqueros o de gente directamente relacionada con ellos, a quienes se les
hicieron préstamos cuantiosos, muchas veces sin garantía alguna. Estos deudores
no pueden ser considerados víctimas de la crisis. Sus muchos abusos,
así como la complicidad de las autoridades financieras, es lo que explica que
el rescate bancario haya alcanzado un costo tan grande.
Lo que realmente esconde el rescate de Serfín, apenas empieza a ser
conocido. En un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), dado a conocer por La Jornada el 2 de junio, se describen una serie
de operaciones que significaron cuantiosas pérdidas para ese banco, y que
las autoridades se negaron a investigar. Son muchos los abusos documentados,
que fueron encabezados por Adrián Sada González, accionista de
Serfín y del Grupo Vitro.
Considerando algunas de las operaciones registradas por la CNBV, se
puede estimar que la familia Sada obtuvo directamente beneficios por 563
millones de pesos, valuados al mes de abril de 2000. Si además se consideran
otras operaciones, incluidas en el mismo documento de la CNBV, llevadas a
cabo por los Sada, por medio de prestanombres (empleados de Vitro), se
agregan otros 626 millones de pesos. Sólo estos 1 189 millones de pesos
explican 0.7 por ciento del quebranto total de Serfín.
En el citado documento de la CNBV también se comenta que durante 1997,
se decidió dar quitas de más de 50 por ciento a 247 deudores privilegiados,
que generaron un quebranto de 2 375 millones de pesos. Además, señala que
a créditos escogidos, entre ellos algunos del Grupo Vitro, se les aplicó durante
1998 una tasa de interés de cero, y las pérdidas se cargaron a los resultados
del banco. Este trato preferente también benefició a la familia Fox, con un
adeudo de 1.7 millones de dólares en ese banco.
Todos esos abusos fueron finalmente compensados por el Fondo Bancario
de Protección al Ahorro (Fobaproa) o por el Instituto de Protección al
Ahorro Bancario (IPAB), para garantizar que los ahorradores no perdieran
su dinero, cargando la enorme cuenta al empobrecido pueblo mexicano
mediante la deuda pública. Aunque lo legal y honesto hubiera sido (y sigue
siendo) utilizar todos los recursos en poder del Estado para tratar de recuperar
los fondos producto del saqueo, las autoridades no sólo se negaron a
investigar, sino que se prestaron a encubrir el enorme desfalco.
SERFÍN: LA QUIEBR A OCULTA
121
En esta labor de encubrimiento, las autoridades contaron con la ayuda
de prominentes miembros del PAN. Uno de los diputados panistas encargados
de “investigar” el Fobaproa, fue precisamente Rogelio Sada, pariente
cercano de Adrián Sada. Ese sólo hecho dice mucho más que miles de palabras.
Además, el propio Vicente Fox se hizo presente en diciembre de 1998,
para presionar a los diputados panistas que se oponían a legalizar ese fraude,
logrando convencer a la mayoría para que aprobaran la ley del IPAB,
junto a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (véase
La Jornada, 12 de diciembre de 1998).
La negativa de las autoridades a proporcionar toda la información del
rescate bancario, se presta a muchas especulaciones, y pueden resultar
afectadas personas inocentes. Sin embargo, despiertan muchas sospechas
hechos como el que Jaime Serra Puche haya pasado a formar parte del
Consejo de Administración de Vitro, precisamente en 1998, cuando se documentaron
las muchas operaciones irregulares de Adrián Sada, principal
saqueador de Serfín y, por cierto, también presidente del Consejo de Administración
de ese grupo industrial.
CAPÍTULO 3
LAS CONSECUENCIAS
DEL RESCATE BANCARIO
125
Los resultados dados a conocer recientemente respecto al comportamiento
de las finanzas públicas durante la primera mitad del año, disimulan
la verdadera situación fiscal, la cual puede ser calificada como
cercana a un auténtico desastre. Como muestra de ello, se pueden comentar
tres hechos: el festinado superávit fiscal es en realidad un déficit; el disminuido
gasto público está descuidando áreas prioritarias como la educación;
la próxima conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda oficial amenaza
con restringir aún más el gasto social.
Según el diagnóstico oficial, durante el primer semestre del año se mantuvieron
finanzas públicas sanas. Los ingresos presupuestales aumentaron
3.6 por ciento en términos reales, y el gasto programable mostró una disminución
real de 3 por ciento, permitiendo que se registrara un superávit fiscal
por 7 866 millones de pesos. Como la meta anual es alcanzar un déficit de
1.25 por ciento del producto interno bruto, la situación para la segunda
mitad del año parece holgada.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los ingresos no crecieron el
3.6 por ciento real anunciado, sino a una tasa menor (0.7 por ciento). Ese
estancamiento de la recaudación se compensó registrando como ingreso los
12 553 millones de pesos del remanente de operación obtenido por el Banco
de México durante 1998. Sin esa operación, el festinado superávit se habría
convertido en un déficit por 4 687 millones de pesos.
Como es sabido, el remanente de operación del Banco de México se
entera a la Tesorería de la Federación a más tardar en el mes de abril de cada
año, después de haber concluido el ejercicio anual (artículo 55 de la Ley del
EL DISIMULADO
DESASTRE FISCAL
19 DE AGOSTO DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
126
Banco de México), para luego ser registrado como ingreso del gobierno federal,
dentro del rubro aprovechamientos, e incluido en la cuenta de la hacienda
pública que se envía al Congreso en junio.
En el balance del Banco de México al 31 de diciembre de 1998 (última
página del informe anual para 1998), puede apreciarse que los 12 553 millones
de pesos del citado remanente obtenido durante ese año, no se enteraron
a la Tesorería. Por ello, el rubro de aprovechamientos en la cuenta
pública para 1998 (p. 329 de los Resultados Generales) fue muy inferior al
estimado originalmente en la Ley de Ingresos.
Lo anterior se explica por la nueva ley del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB), en cuyo artículo octavo transitorio se señala que
dicho remanente se deberá utilizar para amortizar el crédito otorgado por
el Banco de México al Fobaproa (55 800 millones de pesos a diciembre de
1998), el cual no se incluirá dentro de los pasivos del Fobaproa que empezarán
próximamente a ser convertidos en deuda pública oficial.
Sin embargo, la escasa recaudación fiscal observada durante la primera
mitad del año, obligó al gobierno a registrar el citado remanente correspondiente
a 1998 como si se hubiera obtenido durante el presente año.
Con ese pequeño truco, un déficit de 4 687 millones de pesos se convirtió
en un superávit de 7 866 millones, el cual luce muy bien y da confianza a
los inversionistas.
Otro punto que llama la atención es la fuerte caída en el gasto para la
educación. Si se agregan los recursos destinados a la UNAM, los del Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB del ramo 33),
las Aportaciones para el Distrito Federal, y el gasto realizado por la Dirección
General de Educación Superior (para universidades de provincia),
se alcanza casi 80 por ciento del gasto público destinado a educación.
Este gasto registra una caída real de 12.2 por ciento durante el primer
semestre de 1999.
Pero no todo el gasto para educación ha disminuido. El destinado a la
UNAM, por ejemplo, registra un incremento real de 13.2 por ciento, debido
a que se le permitió ejercer durante los primeros seis meses del año más de
la mitad de su presupuesto anual. Esta abundante disponibilidad de recursos
se dio, a pesar de que esa institución ha estado la mayor parte del semestre
en huelga. En contraste, el gasto destinado a las universidades de provincia
EL DISIMULADO DESASTRE FISCAL
127
disminuyó 13.4 por ciento en términos reales, y los recursos destinados a
la educación en el Distrito Federal también cayeron 20.1 por ciento real.
Otro aspecto preocupante es el comportamiento de las obligaciones
garantizadas por el gobierno, en especial los pasivos del Fobaproa, las cuales
aumentaron su valor en 54 906 millones de pesos durante la primera
mitad de 1999. Aunque estos pasivos no se consideran aún para la contabilidad
del déficit o superávit fiscal, su pronta conversión en deuda pública
oficial explica la restricción de gasto a otros sectores y amenaza con presionar
aún más la vulnerable situación financiera del sector público.
Por lo pronto, el gobierno ha colocado a lo largo del año un enorme
monto de deuda por medio de valores, que le han permitido acumular 46
mil millones de pesos. Estos recursos han sido acumulados, no para gastar
en áreas prioritarias como educación, sino para tenerlos disponibles cuando
se realice la anunciada conversión de los pagarés del Fobaproa en bonos
negociables.
129
En fechas recientes, la Secretaría de Hacienda dio a conocer algunos
cálculos sobre pérdida de ingresos esperados para el presente año,
los cuales se compensarán parcialmente con los ingresos excedentes
derivados de la subida del precio del petróleo. Según estos cálculos, después
de aplicar todo el citado excedente, todavía queda un remanente para
ser compensado, si se quiere mantener la meta de déficit fiscal señalada
por el gobierno.
CÁLCULOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
(MILLONES DE PESOS)
Mayores ingresos esperados 20 500
Por mayor precio del petróleo 11 200
Por menores intereses en pesos 9 300
Menores ingresos esperados 30 944
Por privatizaciones 8 000
Por menor remanente de operación del Banco de México 22 944
Faltante (10 444)
Remanente de operacion de Banxico
Estimado en Ley de Ingresos para 1999 35 493
Esperado para 1999 0
Aplicación del remanente de Banxico obtenido en 1998 12 549
Pérdida de ingresos por remanente de operación de Banxico 22 944
Fuente: Comunicado del vocero de la Secretaría de Hacienda, del 12 de septiembre de 1999.
Como se puede ver en el cuadro anterior, las autoridades de Hacienda
calculan que se obtendrán 20.5 mil millones de pesos adicionales a lo estimado
en la Ley de Ingresos de 1999. De ese monto, 11.2 mil millones corresponden
a mayores ingresos petroleros, debido a que el precio del crudo,
ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
PETROLEROS EXCEDENTES
PARA EL RESCATE BANCARIO,
Y SIMULACIÓN DE SUPERÁVIT FISCAL
22 DE SEPTIEMBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
130
calculado originalmente en 9.25 dólares por barril, podrá alcanzar alrededor
de 14 dólares como promedio en 1999. Los restantes 9.3 mil millones se refieren
a menores pagos en pesos por los intereses de la deuda externa, como
resultado de la revaluación observada en nuestra moneda.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda también espera una pérdida de
ingresos de 30.9 mil millones de pesos respecto a lo estimado en la misma
Ley de Ingresos de 1999. En esa pérdida se incluyen 8 mil millones, debido
al retraso en la desincorporación de algunos aeropuertos (la estimación
original respecto a privatizaciones era de 16.1 mil millones). Pero la pérdida
mayor se refiere al remanente de operación del Banco de México, lo cual
alcanza 22.9 mil millones y es el tema de esta nota.
Según los cálculos de las autoridades hacendarias, al restar a los mayores
ingresos por 20.5 mil millones, las pérdidas esperadas por 30.9 mil
millones, quedará todavía un faltante por 10.4 mil millones de pesos, el cual
no dicen cómo lo compensarán. En todo caso, el énfasis está dirigido a
convencer a la opinión pública de que a pesar de observarse el conocido
repunte en el precio del petróleo, el gobierno no sólo no cuenta con ingresos
excedentes, sino que tiene un faltante que debe compensar de alguna
manera.
Pero, como ya es usual en nuestro país, la realidad es diferente. Lo que en
verdad pretende la Secretaría de Hacienda al dar a conocer esos cálculos, es
tratar de encubrir la decisión de utilizar el total de los ingresos petroleros
excedentes para el rescate bancario, al mismo tiempo que intenta engañar a
la opinión pública, tratando de hacer aparecer el déficit fiscal registrado durante
la primera mitad del año, como si fuera un superávit.
Como se puede recordar, entre los 552.3 mil millones de pesos de pa si vos
del Fobaproa estimados para febrero de 1998, se encontraba un prés tamo del
Banco de México al Fobaproa por 46.5 millones, en su mayor parte desti na do
a sanear Inverlat. La ley del Instituto para la Protección al Ahorro Ban ca -
rio (IPAB), elaborada por la Secretaría de Hacienda y luego impuesta al Congre
so el 12 de diciembre de 1998 (con la complicidad de los legisladores del
PAN), incluyó un artículo transitorio, el octavo, en el que se ordenó que ese
crédito fuera quebrantado por la institución que lo otorgó, para evitar que
constituyera parte del paquete que se convertiría en deuda pública oficial,
una vez concluidas las auditorías a las operaciones del Fobaproa.
ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS EXCEDENTES PAR A EL RESCATE BANCARIO...
131
Con esta inclusión en la ley del IPAB se buscaban dos objetivos: por un
lado garantizar el cumplimiento de los leoninos compromisos acordados
por el Fobaproa con el Scotiabank de Canadá, el cual acordó comprar Inverlat
en marzo del año 2000, siempre y cuando el gobierno ya lo hubiera
saneado totalmente, y no mediante los famosos pagarés, sino con dinero
contante y sonante. El otro objetivo fue sacar esos pasivos de la contabilidad
de la deuda pública, ya que el Banco de México no es, formalmente,
parte del sector público.
Pero ese tratamiento del crédito otorgado por el Banco de México al
Fobaproa, implica necesariamente una reducción de los ingresos del gobierno
federal, los derivados del remanente de operación del Banco de México,
los cuales, normalmente se incluyen en la Ley de Ingresos, dentro del rubro
“Aprovechamientos”.
El remanente de operación del Banco de México es el resultado de las
múltiples operaciones que realiza, entre las que destaca el llamado “señoreaje”,
es decir, la facultad exclusiva para emitir papel moneda. Las utilidades
generadas por esta facultad (como también sucede en el caso de la renta
petrolera) pertenecen al pueblo mexicano. Por ello, la Ley del Banco de
México señala en su artículo 55 la obligación de esa institución de enterar
tal remanente a la Tesorería de la Federación a más tardar en el mes de abril,
una vez concluido el ejercicio del año anterior.
Así, en la Ley de Ingresos de 1998, se estimó una recaudación de 12 500
millones de pesos por ese concepto. Para la Ley de Ingresos de 1999, la estimación
ascendió a 35 493 millones de pesos (concepto 23.A del artículo 1º).
Durante los dos años, los citados recursos fueron parte de los ingresos totales
calculados para elaborar el Presupuesto de Egresos y estimar el déficit
fiscal esperado.
La interpretación de la nueva ley del IPAB implica una renuncia del gobierno
federal a esos ingresos, para aplicarlos hasta que se extinga el citado
crédito otorgado por el Banco de México para sanear Inverlat. Ese crédito se
estimaba en 46.5 mil millones de pesos en febrero de 1998 y en 55.8 mil millones
en diciembre de ese año. Para junio de 1999, la estimación dada a conocer
recientemente por el IPAB alcanzó 61 mil millones de pesos.
Acatando lo establecido en la ley del IPAB, el Banco de México dio a conocer
su balance para 1998 (última página del Informe Anual de 1998), el pasado
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
132
mes de abril. En ese balance se consigna que los 12 549 millones de pesos del
remanente de operación generado, no se enteraron a la Tesorería, por lo que
se infiere que quedaron disponibles para lo dispuesto en esa ley. Tal pérdida
de ingresos quedó consignada en la cuenta pública para 1998, la cual registró
una menor recaudación por concepto de aprovechamientos, respecto a lo
estimado originalmente en la Ley de Ingresos para ese año (página 329 de los
Resultados Generales). Hasta ahí, todo quedó aparentemente finiquitado.
Pero, para 1999, quedó un hueco de 35 493 millones de pesos en las finanzas
públicas, ya que la Ley de Ingresos incluyó ese monto como parte de
los ingresos del gobierno federal, pero la ley del IPAB señaló que no se deberían
enterar a la Tesorería, siendo utilizados para financiar el crédito otorgado
al Fobaproa. Esta contradicción jurídica no fue percibida por los
legisladores del PRI y del PAN, quienes se concretaron a aprobar las dos iniciativas
elaboradas apresuradamente en la Secretaría de Hacienda.
Durante el presente año, el Ejecutivo tomó dos decisiones a espaldas
del Congreso: registrar los 12 549 millones de pesos del remanente generado
en 1998, como si se hubieran obtenido en 1999, con el fin de hacer aparecer
el déficit fiscal de 4 687 millones registrado en la primera mitad del año,
como un superávit por 7 866 millones; y utilizar el total de ingresos petroleros
excedentes para compensar la pérdida de los 35 493 millones del remanente
de operación del Banco de México incluidos en la Ley de Ingresos de
1999 y que, como se dijo, están ahora destinados al rescate bancario, por
mandato de la ley del IPAB.
La excusa para la primera decisión no es válida, puesto que la pretensión
de que los 12 549 millones generados en 1998 ya estaban incluidos en el
cálculo original de los 35 493 millones consignados en la Ley de Ingresos
para 1999 no tiene sentido, pues la propia ley señala que los ingresos estimados
se refieren al propio año de 1999.
La utilización discrecional de los recursos petroleros excedentes sí es
legal, y está permitida por la forma como actualmente opera el régimen fiscal
de Pemex. Como se puede recordar, dicho régimen se basa en una serie de
pagos provisionales por concepto de los tres derechos sobre extracción
de hidrocarburos. Esos derechos, junto con el impuesto especial sobre producción
ducción y servicios (IEPS) aplicado a la gasolina y el diesel conforman la
llamada “red fiscal” de Pemex, y los tributos pagados finalmente se ajustan
ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS EXCEDENTES PAR A EL RESCATE BANCARIO...
133
hasta integrar el derecho sobre hidrocarburos, que significa 60.8 por ciento de
los ingresos de Pemex.
Sin embargo, los ingresos excedentes, es decir, los ingresos obtenidos
por encima del precio del petróleo supuesto en la Ley de Ingresos, se afectan
fiscalmente de la siguiente manera: primero se les aplica 60.8 por
ciento del derecho sobre hidrocarburos. El 39.2 por ciento restante también
es captado por el fisco mediante la aplicación del aprovechamiento. Así,
cien por ciento de los recursos excedentes van a parar a la Tesorería de la
Federación.
La aplicación de esos recursos excedentes queda a la discreción de la
Secretaría de Hacienda, ya que los “candados” incluidos en el Presupuesto
de Egresos sólo son aplicables a los ingresos tributarios, y los derechos y
aprovechamientos no lo son. La única restricción incluida en el decreto de
Presupuesto para 1999 es que se deben utilizar para amortizar deuda pública,
y la decisión de emplearlos para compensar la citada pérdida en ingresos
resulta adecuada, ya que la alternativa sería contratar más deuda.
135
El pasado mes de septiembre varios funcionarios de la Secretaría de
Hacienda, encabezados por el secretario Gurría, intentaron engañar
a los legisladores, tratando de ocultar una decisión que habían tomado:
utilizar para el rescate bancario los mayores ingresos derivados del
alza del precio del petróleo. Este engaño fue puesto al descubierto por
varios legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los
cuales mostraron que ya no es posible continuar con el tipo de trampas y
simulaciones que acostumbran algunas autoridades.
Esta historia comienza con un préstamo otorgado por el Banco de México
(Banxico) al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que
fue destinado en su mayor parte para “sanear” a Inverlat, el cuarto banco
de México. Este crédito ascendía a 46.5 mil millones de pesos en febrero de
1998, siendo parte de los famosos 552.3 mil millones de pasivos del Fobaproa
que el presidente Zedillo propuso convertir en deuda pública. El valor de
este préstamo siguió aumentando hasta alcanzar 60 mil millones de pesos
en junio del presente año.
Con el fin de disimular, en lo posible, los enormes pasivos del Fobaproa
que se decidió transferir al nuevo Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB), las autoridades optaron por distribuir parte de ellos entre
varias instituciones. Así, un crédito otorgado por Nafinsa, se decidió que
fuera asumido por ese banco; los créditos carreteros se concentraron en un
fideicomiso de Banobras, para resolver su situación dentro de esa institución;
y el señalado préstamo de Banxico recibió un tratamiento parecido, como
veremos a continuación.
FRUSTRADO ENGAÑO A LOS LEGISLADORES
6 DE OCTUBRE DE 1999
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
136
En la ley del IPAB, elaborada en la Secretaría de Hacienda, negociada con
algunos dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), y luego votada por la
mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
del PAN en diciembre pasado, se incluyó, en el artículo octavo transitorio,
la disposición de que dicho préstamo fuera pagado por Banxico, utilizando
para ello el remanente de operación de esa institución.
El banco central tiene varias facultades monopólicas, entre las que destaca
la emisión de papel moneda. Estas facultades le permiten generar utilidades
que se traducen en su llamado remanente de operación. Como este
remanente es propiedad del pueblo mexicano, la Ley del Banco de México
señala, en su artículo 55, que deberá ser entregado a la Tesorería de la Federación
al cierre de cada ejercicio anual, a más tardar en el mes de abril.
Por ello, el remanente se registra cada año como ingreso del gobierno
federal en la Ley de Ingresos, dentro del rubro de aprovechamientos. En la
Ley de Ingresos para 1998 se incluyó una estimación de 12.5 mil millones de
pesos por ese concepto, los cuales no se enteraron a la Tesorería al cerrar
el ejercicio de ese año, quedando aparentemente disponibles para lo indicado
por la ley del IPAB (véase la última página del Informe Anual de Banxico
para 1998).
En la Ley de Ingresos para 1999 se incluyó una estimación del multicitado
remanente por 35.5 mil millones de pesos, los cuales formaron parte de
los cálculos del paquete económico para 2000. Sin embargo, esa inclusión
cayó en una posible contradicción con lo dispuesto en la ley del IPAB, expedida
días antes, la cual indicaba que el gobierno federal renunciaba a esos
ingresos, mientras se amortizaba el préstamo otorgado al Fobaproa.
Así, las finanzas públicas para 1999, partieron con un hueco de 35.5 mil
millones de pesos, los cuales, como se indica en la ley del IPAB, quedaron
disponibles para el rescate bancario. Como los resultados fiscales a mitad
del año presentaban un déficit, las autoridades decidieron tomar los 12.5
mil millones del remanente generado en 1998, registrarlos como si se hubieran
obtenido en 1999, y simular un superávit fiscal en las vísperas del informe
presidencial.
Pero quedaba pendiente una pérdida en los ingresos fiscales programados,
por casi 23 mil millones (los 35.5 incluidos en la Ley de Ingresos de 1999,
menos los 12.5 generados en 1998). La decisión fue utilizar los ingresos
FRUSTR ADO ENGAÑO A LOS LEGISLADORES
137
petroleros excedentes (derivados de la notable subida del precio del petróleo)
para compensar ese faltante, o lo que es lo mismo, para destinarlos al
rescate bancario. Esa decisión se explica por la urgencia de concluir el “saneamiento”
de Inverlat, ya que existe un compromiso con el Scotiabank de
Canadá, para terminar ese proceso en marzo de 2000, con dinero contante
y sonante, y no con promesas como los famosos pagarés emitidos por el
Fobaproa.
El engaño de las autoridades, que luego resultó frustrado por los legisladores
del PRD, consistió en tratar de hacer creer que los excedentes petroleros
se utilizarían para compensar una pérdida de casi 23 mil millones
de pesos del remanente programado para Banxico, como resultado de la no
anticipada revaluación del peso. Aunque este efecto es verdadero, resulta
irrelevante para el cálculo normal de los resultados fiscales, ya que el gobierno
federal, como se dijo antes, había renunciado de antemano a esos
ingresos, al decidir destinarlos al rescate bancario.
Sin embargo, la maniobra de las autoridades hacendarias, descubierta
por el PRD, no puede ser revertida, ya que actualmente se carece de recursos
legales para ello. Al igual que ha sucedido con muchos capítulos del
ya interminable rescate bancario, las autoridades han promovido adecuaciones
jurídicas que les permiten adoptar medidas discrecionales que
afectan los ingresos y el patrimonio de la mayoría de los mexicanos, sin
violentar ninguna disposición legal.
139
En el Informe sobre las Finanzas Públicas correspondiente al cuarto
trimestre de 1999, se reportó que el déficit fiscal fue de sólo 1.15 por
ciento del producto interno bruto (PIB), nivel inferior al 1.25 por ciento
programado. Este resultado, según las autoridades hacendarias, fue
producto de una mayor recaudación y de un control del gasto, lo que permitió
disminuir la proporción de la deuda pública respecto al PIB, de 27.9
por ciento en 1998 a sólo 25.3 en 1999.
Con esto, los voceros del gobierno federal pretenden hacer creer que la
política económica aplicada ha dado buenos resultados, propiciando un
crecimiento económico “de calidad”, sustentado sobre bases sanas, que
permitirá una transición ordenada en este año electoral. Desafortunadamente,
detrás de las maquilladas cifras de Hacienda, se oculta una situación de
verdadero desastre fiscal, con ingresos estancados y una creciente deuda
pública escondida.
Hacienda señala que los ingresos crecieron en 4.6 por ciento en términos
reales, es decir que aumentaron a una tasa superior al 3.6 por ciento que registró
el PIB. Sin embargo, los ingresos de 1999 incluyen 12.5 mil millones de
pesos del remanente de operación del Banco de México generado en 1998
(véase mi colaboración en La Jornada del 20 de agosto de 1999).
Aunque esos fondos fueron enterados en 1999, en realidad se generaron
en 1998, por lo que no deberían ser contabilizados para festinar una supuesta
recuperación de la recaudación. Si se descuenta este concepto, los ingresos
sólo crecen 3.2 por ciento, tasa inferior a la del PIB, y el déficit sube a
1.42 por ciento del PIB, nivel superior al programado.
LA DEUDA PÚBLICA ESCONDIDA
24 DE FEBRERO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
140
Pero lo más importante, las autoridades tratan de disimular a toda costa,
el espectacular crecimiento de la deuda pública durante los últimos años.
Esa deuda escondida incluye no sólo los conocidos pasivos del Fobaproa-
IPAB, sino la deuda implícita asociada a la reforma de la seguridad social;
los compromisos adquiridos mediante el mecanismo conocido como “pidiregas”;
así como las deudas ocultas en la banca de desarrollo y los fideicomisos
de fomento.
La deuda derivada del rescate bancario incluye los 725 mil millones de
pesos de pasivos transferidos al IPAB; los 91 mil millones del rescate carretero,
ahora en un fideicomiso de Banobras denominado Fideicomiso de
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); el crédito por
más de 60 mil millones otorgado por el Banco de México al Fobaproa; y los
préstamos distribuidos entre Nafinsa y Bancomext. Todos estos pasivos
alcanzan 21 por ciento del PIB, y son deuda pública, aunque no se registren
como tal.
La reforma de la seguridad social ha implicado una erogación presupuestaria
de alrededor de uno por ciento del PIB a partir de 1997. Ese compromiso
del gobierno significa una virtual asunción de deuda. El monto de la
misma es desconocido, pero suponiendo una tasa de interés real de 4 por
ciento (la observada en promedio en México durante los últimos 40 años),
se puede estimar en casi 28 por ciento del PIB.
Para enfrentar los costos del rescate bancario, el gobierno dejó sin fondos
para invertir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En compensación,
se diseñó un nuevo mecanismo para efectuar la inversión indispensable:
los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto, o pidiregas. Su
aplicación ha significado una acumulación de deuda escondida que a la fecha
asciende a 358 mil millones de pesos, casi 8 por ciento del PIB.
Se ha mantenido oculta la verdadera situación financiera de la banca de
desarrollo y de los fideicomisos de fomento, como: Fideicomisos Instituidos
en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo para la Vivienda (Fovi), Fondo
para el Desarrollo Comercial (Fidec) y Fideicomiso Liquidador (Fideliq).
Aunque las denuncias de fraude han sido frecuentes, no se conoce con certeza
la magnitud de la deuda pública ahí escondida. Tomando como base
los datos del último reporte de deuda pública, esos pasivos son de, cuando
menos, 177 mil millones de pesos, 3.9 por ciento del PIB.
LA DEUDA PÚBLICA ESCONDIDA
141
En suma, se estima que la deuda pública escondida asciende a cerca
de 60 por ciento del PIB. Si se agrega la deuda oficialmente reconocida, de
25 por ciento del PIB, se puede concluir que el actual gobierno está heredando
al siguiente una deuda por alrededor de 85 por ciento del PIB. Aunque
esa carga es mucho mayor que la recibida del anterior gobierno, la
única virtud del actual es haberla hecha más manejable, distribuyendo los
compromisos de pagos durante muchos años.
Como es evidente, la situación fiscal es muy preocupante, y no da motivo
para el festejo, menos aún para el autoelogio de las autoridades. Sería
interesante saber si los candidatos que actualmente se disputan la Presidencia
de la República, tienen real conciencia de la misma.
143
El tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) volvió a
aparecer durante el reciente debate televisivo entre Andrés Manuel López
Obrador y Diego Fernández de Cevallos. Al verse acorralado, el panista
acusó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de haber sido inconsecuente
al aprobar recursos presupuestarios para el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB). Una acusación similar fue hecha por Porfirio Muñoz
Ledo, agregando que el PRD es “colaboracionista con el gobierno”, y que por
ello prefirió salirse de ese partido (Reforma, 9 de marzo de 2000).
Estas acusaciones son falsas y se inscriben dentro de la actual campaña
para denigrar a los candidatos del PRD, y así, restarles votos. Para saber si
estas acusaciones tienen algún fundamento, basta consultar la versión estenográfica
de la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 28 de diciembre,
en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
año 2000 (www.camaradediputados.gob.mx).
Respecto al IPAB, se realizaron cuatro votaciones. La primera correspondió
a la propuesta incluida en el dictamen, donde se asignaban 32.1 miles
de millones de pesos a ese instituto. La votación mayoritaria fue a favor, con
el voto del PRD en contra.
La segunda votación se refirió a una propuesta del PRD y del Partido del
Trabajo (PT), consistente en reducir a cero los recursos presupuestarios
para el IPAB. Ese punto fue rechazado, al lograr sólo 140 votos a favor, 243
en contra y 106 abstenciones.
La tercera votación correspondió a una propuesta del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que buscaba asignar 34.6 miles de millones de
EL FOBAPROA
Y EL PRD
9 DE MARZO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
144
pesos al IPAB, 2 500 millones más que lo incluido en el dictamen. Esta propuesta
fue aprobada por 246 votos a favor y 245 en contra. En este caso, el
PRD votó junto al Partido Acción Nacional (PAN), pero de nueva cuenta, en
contra de que se proporcionaran recursos presupuestarios al IPAB.
La cuarta y última votación se refirió a una propuesta del PAN, que condicionaba
la entrega de 14.1 miles de millones de pesos de los recursos
asignados al IPAB, a que ese instituto informara sobre los créditos irregulares
encontrados en los pasivos heredados del Fobaproa, y que los bancos
intervenidos pasaran a ser administrados por el IPAB. Esta fue la única de
las cuatro votaciones donde el PRD votó a favor.
El dilema era claro. La mayoría de los diputados ya habían aprobado
recursos para el IPAB, con el voto en contra del PRD. Se trataba de votar si
esos recursos, ya aprobados, se condicionaban o no, a que el IPAB cumpliera
con las disposiciones legales vigentes.
La decisión del PRD fue votar a favor de ese condicionamiento. Aun así,
esta votación se perdió al tener 245 votos a favor y 246 en contra. En los
dos últimos puntos, los votos del PRD y del PAN estuvieron unificados. En
ambos, las propuestas de la oposición perdieron por un solo voto. Fue
precisamente durante estas dos votaciones, cuando el diputado panista
Francisco José Paoli Bolio se ausentó de la sesión y permitió que el PRI y
sus aliados ganaran.
Como se puede ver, las acusaciones de personas como Diego Fernández
de Cevallos y Porfirio Muñoz Ledo, respecto a que el PRD resultó incon secuente
o “colaboracionista con el gobierno”, al votar a favor de que el IPAB contara
con recursos presupuestarios, supuestamente a cambio de que se apro bara
el endeudamiento del gobierno del Distrito Federal, son por completo falsas.
En contraste, fue precisamente el PAN quien ayudó a la legalización del Fobaproa,
al votar con el PRI la ley del IPAB en diciembre de 1998. Además, ese
partido ha actuado en todo momento como cómplice del gobierno en la consumación
y disimulación de ese gran atentado contra la economía del pueblo
mexicano. Ahora se sabe que esa afinidad del PAN con el gobierno no ha sido
solamente por razones ideológicas. Existen otras razones, más prácticas, que
explican esa complicidad. El que muchos connotados panistas, incluido el
mismo Vicente Fox, sean beneficiarios del Fobaproa, por ejemplo (véase mi
colaboración en La Jornada del 25 de octubre de 1999).
145
La reciente decisión de aumentar la exportación de petróleo, en coordinación
con los países de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), ha estado sujeta a todo tipo de cuestionamientos.
Ahora que nuestro país está actuando como si fuera miembro de esa organización,
se pugna por una política diferente a la decidida por los principales
productores petroleros. Lo sorprendente de esas críticas, no es sólo que
provengan de personas que habían propuesto la integración de México a la
OPEP, sino la fragilidad de los argumentos.
Estas críticas, carentes de sustento, eluden la discusión de cosas verdaderamente
importantes en la materia. Por ejemplo, la disimulada vinculación
entre los ingresos petroleros y el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa), y la carencia de una auténtica política petrolera. Las
acciones tomadas por el gobierno han estado orientadas a exprimir fiscalmente
a Pemex para compensar la caída en la recaudación tributaria y
obtener recursos adicionales para enfrentar los crecientes costos del rescate
bancario.
En la primera mitad del sexenio se incrementó la producción de crudo
para aumentar las exportaciones. Además, el gobierno subestimó de manera
sistemática el supuesto de precio del petróleo que se incluyó en las leyes
de Ingresos de cada año, para maximizar la recaudación fiscal y tener la
posibilidad de asignar los ingresos excedentes, de manera discrecional,
priorizando el rescate bancario.
El régimen fiscal aplicable a Pemex implica que la tributación de esa
paraestatal debe alcanzar 60.8 por ciento de sus ingresos, quedando el
EL PETRÓLEO
Y EL FOBAPROA
6 DE ABRIL DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
146
restante 39.2 por ciento como ingreso propio. Pero, entre 1995 y 1999, esa
distribución sólo funcionaba si el precio del petróleo supuesto en la Ley de
Ingresos coincidía con el observado a lo largo del ejercicio. Si el precio era
subestimado, los ingresos generados por encima de ese supuesto se canalizaban
íntegramente al gobierno federal, mediante el aprovechamiento
considerado en esa ley.
Así, entre 1995 y 1997, se aumentó la exportación de petróleo y se subestimó
el precio calculado en la Ley de Ingresos. Con los ingresos de las
mayores exportaciones, se creó una partida presupuestal destinada al rescate
bancario. Mediante el aprovechamiento, el fisco pudo captar el total
de los ingresos excedentes y asignarlos a esa partida, por encima de lo
presupuestado.
El mecanismo para financiar de manera subrepticia el creciente costo
del Fobaproa, exprimiendo fiscalmente a Pemex, se sostuvo mientras los
petroprecios se mantuvieron elevados. Cuando el precio del petróleo se
derrumbó, a principios de 1998, el escondido mecanismo diseñado para
canalizar recursos hacia el rescate bancario dejó de operar. Esa fue una de
las razones que condujeron al presidente Zedillo a explicitar el problema
del Fobaproa en marzo de 1998.
La fuerte caída en los precios del petróleo tuvo como efecto adicional,
obligar al gobierno federal a modificar su política respecto a la OPEP, empezando
a operar en coordinación con dicha organización. Esa política tuvo
éxito y los precios del petróleo aumentaron de manera sorprendente a lo
largo de 1999.
Sin embargo, esos crecientes ingresos no significaron mayores recursos
para Pemex, ya que el perverso régimen fiscal aplicable a esa empresa no
se modificó, y permitió al gobierno federal seguir exprimiendo al máximo a
Pemex, hasta llegar al absurdo de que esa empresa registrara pérdidas en
1999 (Memoria de Labores, p. 121).
Como resultado de esa política fiscal depredadora sobre Pemex, la inversión
de esa empresa se fue rezagando. Así, para compensar la exacción
de recursos, a partir de 1997 se introdujo un nuevo mecanismo denominado
pidiregas (proyectos de inversión con registro diferido en el gasto), mediante
el cual, Pemex ha podido ofrecer proyectos de inversión a privados,
quienes consiguen el financiamiento para los mismos.
EL PETRÓLEO Y EL FOBAPROA
147
Una de las ventajas de los pidiregas es que la inversión se puede efectuar
sin recurrir a los recursos extraídos para el rescate bancario. Pero la mayor
ventaja para el gobierno federal es que esas operaciones, y los compromisos
financieros asumidos con ellas, no se tienen que registrar dentro de la contabilidad
normal de las finanzas públicas, disimulando su impacto sobre las
mismas y manteniendo la imagen de finanzas sanas.
La inversión mediante los pidiregas ha resultado más costosa que si se
hubiera efectuado con recursos propios, debido a los riesgos asumidos por
los inversionistas y a la posible corrupción involucrada. Este esquema de
inversión también se ha aplicado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la fecha, el gobierno federal ha acumulado una deuda escondida, por ese
concepto, que ya casi alcanza ocho puntos del PIB.
El perfil de amortizaciones de esta deuda escondida es muy elevado
para los próximos ocho años, significa una fuerte restricción presupuestaria
para el siguiente gobierno, y un elemento de presión para que Pemex
y la CFE, o parte de esas empresas, sean privatizadas. La discusión de
estos problemas es más importante que cuestionar la vinculación con la
OPEP, quizá la única acción correcta en materia petrolera, efectuada por
el presente gobierno.
149
La reciente renuncia de Vicente Corta, secretario ejecutivo del Instituto
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), esconde más cosas de las
que parecen a primera vista. Aunque la tarea encomendada a ese
funcionario era concluir la gran operación de despojo a la población conocida
como Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), sus intentos
para hacerla más manejable y reducir, en lo posible, el enorme costo fiscal,
lo llevaron a tratar de afectar algunos intereses de poderosos banqueros.
Ese sólo intento le costó el puesto.
En mi opinión, como asesor de los diputados perredistas integrantes de
la Comisión de Investigación del IPAB en la Cámara de Diputados, la coincidencia
entre la renuncia de Corta y la entrega que hizo Michael Mackey de
una segunda copia del archivo con las operaciones reportables, no explica
esa decisión. Las razones son otras, y reflejan una preocupante situación,
donde parece que no sólo se garantizará total impunidad a los grandes beneficiarios
de este desfalco, sino que puede incrementarse aún más el enorme
costo del rescate bancario.
Es necesario no perder de vista que la famosa lista de Mackey fue utilizada
como una cortina de humo para ayudar a encubrir muchos de los
abusos originados en el Fobaproa y desviar la atención respecto a los principales
beneficiarios del despojo. Como se ha insistido, una y otra vez, esa
lista sólo incluye los nombres de los beneficiarios detectados por ese consultor,
con base en la escogida información que le permitieron revisar las
autoridades. Por ello, no puede ser considerada como el resultado de la
prometida auditoría que, en verdad, nunca se concluyó. Los nombres de los
LA RENUNCIA DE VICENTE CORTA
25 DE JULIO DE 2000
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
150
principales beneficiarios se mantienen aún a la sombra, gozando de la protección
de las autoridades.
La tarea encomendada a Corta no era fácil ni cómoda. Encubrir esas
operaciones y hacerlas manejables, requería mucho más que las normales
habilidades demandadas para un puesto de esa naturaleza. Además de estómago
para resistir tanta porquería, se requería un poco de imaginación y
audacia, así como cierta capacidad para limitar algunos de los abusos más
extremos. Esos requisitos fueron cubiertos ampliamente por Corta, convirtiéndolo
en la persona idónea para esa responsabilidad. Sin embargo, fue
precisamente esa capacidad y empeño lo que le costó el puesto.
Dos ejemplos pueden servir para ilustrar lo anterior. El primer caso se
refiere a Banamex. Como es sabido, Roberto Hernández es el principal accionista
de ese banco, gran amigo del presidente Zedillo y ahora, al parecer,
también íntimo de Vicente Fox. Banamex tiene en su poder pagarés emitidos
por el Fobaproa por más de 54 mil millones de pesos, con intereses inferiores
a los percibidos por otros bancos, los cuales se capitalizan, es decir, el
banco no recibe nada en efectivo hasta el vencimiento de los papeles.
A partir del anuncio del IPAB respecto a la posible conversión de los
pagarés del Fobaproa en nuevos bonos negociables, con pago de intereses
en efectivo, bancos como Banamex empezaron a solicitar ese intercambio.
Dicha gestión se reforzó con la decisión adoptada por el IPAB, de convertir
los pagarés en poder de Serfín en nuevos bonos con mayores rendimientos
y plazos menores.
La posición de Corta fue solicitar a Banamex un plan que permitiera
aumentar la participación de ese banco en las pérdidas que se generaran al
vencimiento de los pagarés, lo cual serviría como incentivo para que Banamex
hiciera todo lo posible por recuperar el dinero que había prestado de
manera inadecuada. Para ello, puso como condición para intercambiar los
pagarés por nuevos bonos, que Banamex se comprometiera a no pagar dividendos
hasta concluir ese esfuerzo de recuperación. Esa postura, como
resulta obvio, no agradó a Roberto Hernández.
El segundo ejemplo se refiere a Citibank. Como se puede recordar, a mediados
de 1998, cuando estaba en su apogeo el escándalo del Fobaproa, el
gobierno vendió Banca Confía a ese banco extranjero. Por esa circunstancia,
Citibank impuso condiciones extremadamente leoninas para quedarse con el
LA RENUNCIA DE VICENTE CORTA
151
banco. El Fobaproa, en un entreguismo total, emitió un pagaré por 28 mil millones
de pesos, con vencimiento a ocho años, y se comprometió a pagar intereses
muy superiores a los que ese banco debía pagar a los ahorradores.
Vicente Corta decidió anticipar el pago de la deuda con Citibank, intentando
así reducir el enorme costo impuesto a la población. No obstante, el
banco extranjero protestó y demandó el cumplimiento de lo pactado, incluyendo
el mantenimiento de esos elevados intereses hasta 2006. Los documentos
firmados por las autoridades y el Citibank se mantuvieron en
secreto hasta que ese banco los dio a conocer. A pesar de que en el contrato
original del pagaré se incluyó la posibilidad de pagarlo anticipadamente,
otros documentos también firmados por el Fobaproa permiten una interpretación
un tanto ambigua.
Decisiones como las comentadas, hicieron de Vicente Corta un personaje
incómodo para muchos banqueros, nacionales y extranjeros, los cuales
sólo buscan sacar el mayor provecho de la debilidad de las instituciones
nacionales y de la complicidad de muchas autoridades. Además, la actual
luna de miel que se percibe entre dichos banqueros y Vicente Fox, no resultaba
propicia para que continuara con un empeño que al final podría
resultar infructuoso.
153
El propósito de este texto es presentar una suerte de apuntes que sirvan
de guía para una investigación de mayor alcance. La hipótesis
básica que se plantea aquí, es que existe una vinculación directa entre
los mecanismos que se utilizaron para llevar a cabo el rescate bancario, y
la aparición de los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto
(pidiregas). Los dos tipos de mecanismos han tenido como base el despilfarro
de los recursos petroleros, y han generado además una enorme deuda
pública, que se ha pretendido disimular, y que representa una severa restricción
para las finanzas públicas.
Después de la crisis de 1982, la orientación general de la política económica
se modificó de manera radical, buscando una nueva inserción en la
economía mundial e impulsando mecanismos de mercado que mejoraran
la eficiencia y la competitividad. Aunque esa orientación ha sido en general
correcta, ha adolecido de un grave defecto: efectuarse en un ambiente
institucional no democrático, con un Estado de derecho débil, transparencia
escasa, y verdadera rendición de cuentas inexistente.
Esa grave ausencia permitió que la política de liberalización financiera,
también correcta en lo general, condujera a una situación cercana a la quiebra
del sistema bancario, a principios de 1995. La política aplicada para
rescatar a los bancos, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa), mostró fallas similares, pues propició todo tipo de abusos que
incrementaron desproporcionadamente el costo fiscal.
Ese creciente costo se financió, al principio de manera subrepticia,
recurriendo a los ingresos petroleros excedentes. La exportación de crudo
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO
Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
6 DE JUNIO DE 2004
154
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
se incrementó y el régimen fiscal aplicable a Petróleos Mexicanos (Pemex)
fue modificado, con el fin de exprimir al máximo a esa paraestatal. La excesiva
expoliación fiscal dejó a Pemex sin recursos para mantener sus
niveles de inversión. Como alternativa, se crearon los pidiregas, basados
en fuentes de financiamiento privadas, lo cual generó una deuda pública
creciente que, al igual que con los pasivos del Fobaproa, se ha pretendido
mantener escondida.
El irresponsable manejo de la política de rescate bancario, junto con la
caída del precio del petróleo a principios de 1998, obligó al gobierno a explicitar
el problema del Fobaproa, y se generó el famoso debate sobre ese
asunto. Muchos detalles de esa discusión no han sido dados a conocer
suficientemente. Al autor le tocó la responsabilidad de elaborar el análisis
y la propuesta que presentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
la cual finalmente no fue aprobada, pero sirvió como base para el famoso
debate efectuado ese año.
La discusión sobre el Fobaproa llevada a cabo en la Cámara de Diputados
durante 1998, resultó oscurecida debido a las deficiencias institucionales
antes señaladas. En lugar de buscar transparentar lo sucedido y reducir en
lo posible el costo fiscal, la mayoría de los legisladores aceptaron la aplicación
de una verdadera operación de encubrimiento que legalizó ese desfalco
y le impuso un costo excesivo al pueblo mexicano.
Con la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario
(IPAB), a principios de 1999, el gobierno asumió, de hecho, la enorme deuda
generada por el rescate bancario. A partir de entonces, el IPAB ha administrado
esos pasivos, buscando cómo refinanciarlos y distribuir su pago en el
tiempo. A la fecha, el costo fiscal en que se incurrió está muy delimitado, y
sólo queda pendiente de definir el costo que tendrá un segmento de esos
pasivos.
El financiamiento de la inversión de Pemex, y también de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), mediante los pidiregas, ha continuado creciendo.
La aplicación de ese mecanismo ha permitido continuar exprimiendo
fiscalmente a Pemex, lo que descapitaliza de manera alarmante a esa paraestatal.
La inversión basada en recursos presupuestarios casi ha desaparecido,
pues se utiliza una proporción creciente de la misma para las amortizaciones
de los pidiregas.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
155
Desde 1995, el gobierno ha engañado a la población presentando unas
finanzas públicas supuestamente sanas, con niveles de déficit reducidos y
montos de deuda pública, como proporción del producto interno bruto (PIB),
decrecientes. Esas cifras oficiales han sido posibles debido a que no se han
registrado correctamente los pasivos del Fobaproa-IPAB, ni los relativos a
los pidiregas. Si esa deuda se registrara, la percepción de la situación de las
finanzas públicas durante los últimos años se modificaría fuertemente.
Con la llegada del nuevo gobierno del presidente Fox, se introdujo un
nuevo concepto denominado Requerimientos Financieros del Sector Público
(RFSP), con el cual se busca empezar a hacer explícito este problema. Sin
embargo, ese concepto se mantiene por fuera de la contabilidad oficial,
tratando de aparentar una salud inexistente en las finanzas públicas.
Pero el problema de fondo no es cómo se registra esa deuda. El hecho
es que esos pasivos existen y están ejerciendo una enorme presión sobre
las finanzas públicas. Esa presión tiende a incrementarse en los siguientes
años. De ese hecho deriva la urgencia de una reforma fiscal profunda, que
garantice la viabilidad financiera del gobierno.
Esa reforma fiscal debe ir acompañada de una política previa cuyo
propósito sea transparentar todo lo que ha sucedido, a fin de concientizar
a la población de la magnitud de los problemas heredados de los gobiernos
anteriores, así como de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales
de manera permanente. Además, el régimen fiscal aplicable a Pemex deber
ser modificado de manera radical, para impedir el absurdo de que la empresa
más rentable del país termine quebrando.
Por ello, el objetivo de las presentes notas es ayudar a aclarar algunos de
los grandes problemas que ahogan actualmente a las finanzas públicas, entendiendo
que el primer paso para resolverlos es plantearlos de manera correcta.
■ LA PRIVATIZACIÓN DE LA BANCA Y SU CRISIS (1991-1994)1
En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos. La idea era combinar
ese proceso con la política de desregulación en materia financiera que
1 El análisis de esta parte está basado en Moreno Pérez, 1998; y en PRD, 1998.
156
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
ya se estaba aplicando. Con ello se buscaba alcanzar de manera simultánea
tres objetivos: aumento de los niveles de ahorro de la economía, mejor
asignación de ese ahorro, y abaratamiento del costo del crédito, derivado
de la competencia esperada entre los nuevos bancos privados. Así, la economía
se beneficiaría al contar con un sistema bancario más moderno y
eficiente, capaz de canalizar el ahorro hacia las actividades más productivas
y de manera menos onerosa.
En un ambiente de apertura de la economía, definitivamente se debía
aplicar una política con esos rasgos. Pero el problema era la debilidad institucional
y la falta de transparencia y de mecanismos modernos de rendición
de cuentas. Con el ambiente de autoritarismo y escasa transparencia existentes,
una política que podría haber sido muy positiva, se transformó en
una bomba de tiempo, que estalló a principios de 1995.
El primer gran error fue vender los bancos prácticamente al mejor postor,
olvidando que el servicio de banca y crédito es de una naturaleza muy diferente
a las restantes actividades económicas. Por ello, se debió garantizar
que los bancos quedaran en las manos de gentes capaces de administrarlos
con toda la prudencia y responsabilidad que esa actividad requiere.
Otra falla fue que, debido a la ausencia de transparencia en el proceso
de privatización, no se respetaron las reglas anunciadas. Una de ellas fue
que el capital debería provenir de fuera del sistema bancario. Una gran
cantidad de compradores financiaron la adquisición de los bancos recurriendo
a préstamos de otros bancos. Así, la capitalización de los nuevos bancos
privados resultó en gran medida ficticia y comprometió de inicio la viabilidad
de los mismos.
Resulta difícil creer que las autoridades encargadas de la venta de los
bancos ignoraran estos hechos. Ello ha generado la sospecha de que asuntos
de corrupción pudieron estar involucrados. La ausencia de mecanismos
claros de rendición de cuentas impidió que se aclarara todo ese proceso,
por lo cual quedó señalado por el signo de la sospecha.
Pero quizás el mayor defecto de la privatización de la banca fue que no
se acompañó de un reforzamiento de los organismos de supervisión ni de
una modificación de las reglas de garantía de los depósitos bancarios.
En cualquier país que liberaliza su sistema bancario, las instituciones y
las reglas de supervisión se refuerzan. En México eso no sucedió. La Comisión
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
157
Nacional Bancaria (CNB) continuó operando prácticamente de la misma
manera. Uno de los pocos cambios legales efectuados, ahora también bajo
la sombra de la sospecha, fue la conversión de los delitos llamados “de
cuello blanco”, de graves a no graves, con prescripción a los cinco años.
Respecto a las garantías, durante décadas el gobierno había respaldado,
de hecho, al total de los depósitos bancarios. Por ello, era famoso el
hecho de que en nuestro país nunca quebraba un banco. Esa política era
factible debido al estricto control que ejercía el Banco de México sobre
casi todas las operaciones de la banca. Pero, en el nuevo ambiente de
desregulación casi total, el mantenimiento de esa garantía implícita se
convirtió en un incentivo perverso para los nuevos banqueros, quienes
podían asumir riesgos excesivos sin preocuparse por las consecuencias.
Los resultados son bien conocidos. Los niveles de intermediación bancaria
se incrementaron fuertemente. Pero ese crecimiento no fue resultado
del aumento del ahorro, como se esperaba, sino de la liberación de recursos
como resultado de la amortización de la mayor parte de la deuda del gobierno
con los bancos, y de la canalización de montos crecientes de recursos
provenientes del exterior.
La asignación de los recursos intermediados tampoco resultó lo eficiente
que se esperaba. En buena medida, los bancos fueron utilizados
preferentemente para financiar a los grupos pertenecientes a sus principales
accionistas, con tasas de interés preferenciales. En muchos casos se
registraron abusivos autopréstamos, sin exigir siquiera garantías.
El esperado abaratamiento del crédito, como resultado de la competencia
bancaria, tampoco de produjo. En contraste, se observó exactamente lo
contrario: los márgenes de intermediación se elevaron, alcanzando niveles
sin precedentes en México. Mientras las personas relacionadas con los bancos
gozaron de un tratamiento preferencial, el costo de los préstamos a los
no relacionados se incrementó fuertemente.
El comportamiento de los banqueros puede considerarse “racional”,
debido a las reglas del juego existentes. Las instituciones encargadas de
supervisarlos les permitieron hacer prácticamente de todo. El haber recurrido
a préstamos, muchos de ellos, para comprar los bancos, presionaba
la búsqueda de negocios muy rentables, que les permitieran amortizar esos
créditos. Además, el gobierno mantenía la garantía del total de los depósitos,
158
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
lo que constituye un caso típico de riesgo moral, el cual aparece cuando se
percibe que un tercero les resolverá sus problemas presentes y futuros.
Ese comportamiento resultó reforzado por la política económica, la cual
indujo un sobrendeudamiento de la economía. Luego de estabilizar a la
economía y anunciar la próxima firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el gobierno creó un ambiente muy favorable,
que atrajo enormes flujos de capital del exterior.
Mediante el mantenimiento de un tipo de cambio estable, se buscó dar
certidumbre a los rendimientos esperados por los inversionistas extranjeros.
Como la inflación doméstica seguía siendo superior a la exterior, el peso se
fue sobrevaluando, generando un déficit cada vez mayor con el exterior, el
cual fue compensado con entradas de capital, también crecientes.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos, que provocó aumentos en los bienes y servicios no comerciables,
superiores a los registrados en los comerciables con el exterior. Ese conocido
fenómeno propició señales equivocadas a los mercados. Los precios de los inmuebles
y de otros bienes no comerciables aumentaron mucho, y generaron la
ilusión de que se era más rico y, por tanto, se podía gastar y endeudarse más.
Durante el año electoral de 1994, el gobierno llevó esa política al extremo.
Manteniendo supuestamente un déficit fiscal cercano a cero, efectuó crecientes
colocaciones de valores en el exterior, como los famosos Tesobonos.
Esos recursos permitieron amortizar mucha deuda interna y liberaron fondos
que terminaron siendo canalizados por los bancos a la economía, lo cual
creó una situación prácticamente insostenible.
En diciembre de 1994, comenzando el gobierno del presidente Zedillo, la
realidad se impuso y el peso se devaluó. Para muchos, la devaluación significó
pasar de manera abrupta de la ficción a la realidad. Muchas deudas contraídas
considerando precios inflados de activos, de pronto se enfrentaron a tasas de
interés muy elevadas y precios de sus activos devaluados en mayor proporción
que la moneda. A ello siguió un fuerte contracción de la economía que puso a
muchos deudores en situación de insolvencia. Los bancos dejaron de recuperar
los créditos otorgados y se presentó un riesgo de quiebra bancaria en cadena.
Los expresidentes Salinas y Zedillo se han culpado mutuamente por esa
crisis, hablando del famoso “error de diciembre”. La verdad es que los dos
resultan responsables de lo sucedido. El primero, por impulsar la política
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
159
insostenible antes comentada. El segundo, por su incapacidad de manejar
adecuadamente la coyuntura, lo que convirtió una situación, sin duda difícil,
en una crisis de grandes proporciones.
La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas, como
ya se ha comentado, volvió a jugar un papel perverso en esa coyuntura.
Existen muchas versiones de que funcionarios del gobierno informaron
previamente a algunos empresarios de que se iba a llevar a cabo la devaluación,
lo cual permitió que se cubrieran, y derrumbaran el mercado cambiario,
lo que a su vez hizo más costosa e inmanejable la situación. Esta versión,
como tantas otras, quedó sin ser investigada y aclarada.
■ EL RESCATE BANCARIO: EL USO DE LOS EXCEDENTES
PETROLEROS Y EL RIESGO MORAL (1995-1997)
Antes de comentar las características del rescate bancario, resulta importante
señalar algunas cosas que no se han dicho. Uno de los grandes problemas
al inicio del gobierno del presidente Zedillo fue el desmantelamiento, realizado
durante los últimos años del gobierno anterior, de los equipos técnicos
del gobierno que monitoreaban lo que sucedía en la economía.
Hasta 1991 existían tres equipos básicos, uno en la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), otro en la Secretaría de Programación y Presupuesto
(SPP) y el tercero en el Banco de México (Banxico). Cuando se reunía
el gabinete económico para discutir y decidir qué hacer, respecto a algún
asunto importante concerniente a la economía nacional, previamente se
reunían los tres equipos y discutían su diagnóstico de lo que estaba pasando,
contrastando los modelos y elementos técnicos que utilizaban. Sólo
después de esa discusión, que a veces alcanzaba niveles de sofisticación
sorprendentes, se elaboraba un análisis unificado, que se presentaba como
base en la reunión de ese gabinete.2
A principios de 1992, como resultado de la desaparición de la SPP, el
equipo de la misma fue desintegrado. La regla de discutir todo con Banxico
2 El autor formó parte del equipo de la SPP desde 1978 hasta su desaparición a principios
de 1991.
160
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
fue olvidada, dejando a la SHCP la responsabilidad exclusiva de dar seguimiento
a lo que sucedía con la economía nacional. Si al menos el eficiente
equipo que existía en esta entidad hubiera sido conservado, el asunto no
hubiera sido tan grave. Pero ese equipo también resultó desmantelado,
siendo sustituido por jóvenes con buena preparación, sobre todo en el exterior,
pero sin un conocimiento profundo de cómo funciona realmente
nuestra economía.
Durante los últimos años del gobierno del presidente Salinas, lo único
que se pregonó fue que los fundamentos de la economía estaban bien y que
no había de qué preocuparse. Para ello, se maquillaron cifras básicas, como
el déficit fiscal, sacando de esa medición el concepto de intermediación financiera.
Ese concepto mide los recursos netos intermediados por la banca
de desarrollo y los fideicomisos de fomento, cuyo usuario final es el sector
privado, pero tienen como origen un aumento en la deuda pública. El déficit
por ese concepto alcanzó más de 3 por ciento del PIB en 1994, pero, como
no se incluyó en la medición del déficit fiscal, se pudo presumir que ese
déficit era cercano a cero.3
Así, cuando se inició el gobierno del presidente Zedillo, no existía un
verdadero diagnóstico de lo que sucedía, y menos, de lo que se venía. La
programación para 1995 se hizo sin contar con los usuales elementos técnicos
de análisis. Cuando se produjo la devaluación, no se tenía claridad
respecto a la real naturaleza de la crisis que se estaba presentando ni de lo
que debía hacerse.
La falsa idea de que los fundamentos de la economía estaban bien, llevó
a que se pensara que la devaluación sólo reflejaba una crisis de confianza
de corto plazo. Algunos, incluso, creyeron que el problema se superaría
resolviendo la situación de Chiapas. Luego de la operación militar de febrero
de 1995, la situación económica no se compuso, sino que se deterioró
aceleradamente, habiéndose perdido un tiempo precioso.
La versión de que se había dado un tratamiento preferencial a grandes
inversionistas nacionales, sobre los extranjeros, provocó la destitución del
3 El autor formó parte del equipo que estudió este asunto y se opuso a que ese concepto se
excluyera de la medición del déficit.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
161
nuevo secretario de Hacienda, y al inicio de un ajuste mal diseñado desde
su inicio, el cual condujo luego al grave problema del Fobaproa.
El primer error fue garantizar el valor en dólares y los plazos de vencimiento
de los tesobonos, en su mayoría en las manos de inversionistas extranjeros,
desechando cualquier posibilidad de negociar las condiciones de
amortización de esos bonos, lo que habría permitido un ajuste más ordenado
y suave. Esos títulos se liquidaron rápidamente, utilizando para ello un
crédito de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos, que tuvo como
respaldo los ingresos de las exportaciones petroleras.
La garantía gubernamental sobre el 100 por ciento de los depósitos
bancarios eliminó cualquier flexibilidad en el ajuste, utilizando mecanismos
de mercado. Aquí es importante hacer una acotación. De los depositantes
en la banca, 99.75 por ciento poseían sólo 44 por ciento del valor de
los depósitos. El restante 56 por ciento de los ahorros bancarios pertenecía
a un exiguo 0.25 por ciento de los depositantes, muchos de ellos, a su
vez, grandes deudores de la banca.
Desde un principio se buscó proteger a los grandes deudores, normalmente
asociados a los banqueros, y se presionó a los pequeños deudores
para que pagaran sus créditos, con las infladas tasas de interés, o serían
despojados de sus propiedades. La falta de equidad fue la regla desde el
inicio de la crisis.
Ningún gobierno responsable podía permitir que quebrara la banca y se
interrumpiera el sistema de pagos de la economía. Por ello, la necesidad de
que el gobierno interviniera, lo cual significaba necesariamente incurrir en
un costo fiscal, está fuera de toda discusión. El problema es evaluar cómo
se realizó esa inevitable intervención.
En cualquier país democrático, cuando se presenta un riesgo de quiebra
bancaria en cadena, normalmente se adoptan al menos tres tipos de medidas:
en primer lugar, los funcionarios involucrados en la gestación de la crisis son
removidos, aunque estén libres de cualquier sospecha; segundo, los programas
de apoyo a los bancos se basan en reglas generales, ya que se trata de
recursos públicos; y tercero, esas reglas incluyen incentivos de mercado para
propiciar que los bancos beneficiarios ayuden a corregir la situación.
En México, por el débil ambiente institucional antes mencionado, se hizo
exactamente lo contrario. Los funcionarios señalados como responsables
162
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
de la crisis fueron también los encargados de aplicar los programas de rescate.
Aunque en un principio se pretendió mantener algún tipo de reglas
generales, pronto se pasó a niveles de discrecionalidad verdaderamente
irresponsables. Esa ausencia de reglas claras propició todo tipo de abusos
que propiciaron un incremento exagerado del costo fiscal.
El mecanismo que se utilizó para canalizar los apoyos a la banca fue el
Fobaproa, que de un fideicomiso privado, se convirtió en el organismo público
responsable de asumir una deuda pública gigantesca. En un principio
sólo se otorgaron apoyos temporales a los bancos, para garantizar que
mantuvieran niveles de capitalización suficientes.
Varios bancos a punto de quebrar fueron intervenidos por la CNB, y el
gobierno asumió, por medio del Fobaproa, la responsabilidad de sanearlos.
En algunos bancos, como Serfín, se mantuvo la ficción de que no estaban
intervenidos, cuando realmente lo estaban, para todos los efectos prácticos.
Pronto, las pérdidas de los bancos intervenidos se acumularon y la terquedad
de impedir que ningún banco se declarara en quiebra, llevó a que el
costo del rescate se incrementara más y más.
Para los bancos que se consideraban viables, se diseñó un programa
especial, denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC),
el cual es, hasta la actualidad, un dolor de cabeza para el gobierno y los legisladores.
Mediante ese programa, los bancos elegirían una cartera de crédito
con problemas, la cual se situaría en un fideicomiso administrado por
el propio banco. A cambio del derecho sobre los flujos que generara esa
cartera, el Fobaproa emitiría un pagaré a 10 años, no negociable, con intereses
capitalizables, y avalado por el gobierno.4
En un principio, el Fobaproa emitió unas reglas generales para los PCCC, que
establecían el tipo de créditos que se podían admitir. También se fijó la obligación
de que los créditos estuvieran provisionados con las reservas que marca la Ley.
Además, se determinó una regla de participación de los bancos y el gobierno en
las pérdidas que finalmente se registraran, cuando los pagarés vencieran.
Como todo en México, las reglas pretendidamente generales se empezaron
a flexibilizar, primero con un banco, y luego con otro. Si se analizan las
4 Las características están descritas en CMH, 1998.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
163
carteras incluidas en los tramos acordados durante 1995, se observa que
las reglas se cumplieron, más o menos. Pero en los pagarés emitidos en 1996
o después, se permitió que los banqueros metieran toda la basura irrecuperable
que tuvieran, sin exigirles siquiera que mantuvieran unas reservas
mínimas.
El proceso de rescate bancario se llevó a cabo en la oscuridad, sin informar
siquiera a los legisladores. La gran discrecionalidad involucrada propició
todo tipo de abusos, los cuales fueron incrementando de manera
alarmante el costo fiscal. Aunque la mayor parte de los compromisos se
constituyeron con promesas de pago a largo plazo, el saneamiento de tantos
bancos y la entrada en operación de algunos programas de apoyo a deudores,
exigieron erogaciones presupuestarias crecientes.
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DEL RESCATE BANCARIO
(MILES DE ILES MILLONES DE PESOS)
1995 1996 1997
Total 83.9 210.3 379.8
% PIB 5.1 8.5 11.9
Fobaproa 39.4 109.5 264.7
% PIB 2.4 4.4 8.3
Apoyo a deudores
30.4 74.7 96.3
% PIB 1.8 3.1 3.0
Carreteras 14.1 26.1 18.8
% PIB 0.9 1.0 0.6
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 1996-98.
En el cuadro 1 se presentan las estimaciones del costo fiscal del rescate
bancario, incluidas en los Criterios Generales de Política Económica para 1996,
1997 y 1998. Cuando se dio a conocer la primera estimación, a fines de 1995, se
pensaba que el costo alcanzaría sólo 5.1 por ciento del PIB, del cual, correspondía
2.4 por ciento a los programas llevados a cabo por el Fobaproa. Para fines
de 1996, el costo total estimado se incrementó a 8.5 por ciento del PIB, con 4.4
por ciento para el Fobaproa. Y a fines de 1997, pocos meses antes de que se
iniciara el famoso debate sobre este asunto, el costo se calculó en 11.9 por
ciento del PIB, con 8.3 por ciento estimado para el Fobaproa.
164
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
Desde un principio apareció el problema de cómo financiar el rescate bancario,
en un ambiente de crisis, con ingresos fiscales deteriorados y grandes
dificultades para contratar nueva deuda. La salida fue incrementar las exportaciones
de petróleo, aprovechando que los precios iban coyunturalmente al alza.
Pero, como el solo aumento del volumen de petróleo a exportar no bastaba, se
decidió utilizar el perverso régimen fiscal aplicado a Pemex para exprimir a esa
paraestatal al máximo.5
El mecanismo utilizado es el siguiente. A Pemex se le aplican tres derechos
sobre extracción de petróleo, con montos a enterar definidos ex-ante. Adicionalmente,
existe el impuesto especial sobre producción nalmente, y servicios (IEPS)
aplicable a la gasolina y el diesel. El precio al consumidor es fijado por Hacienda,
y el ingreso que se deja a Pemex se determina tomando como referencia el
precio existente en Texas; el monto del IEPS resulta por diferencia. Cuando
concluye el ejercicio, de manera ex-post, se agrega lo recaudado mediante los
tres derechos y el IEPS, integrándose un solo tributo denominado derecho sobre
hidrocarburos (DSH), el cual es ajustado hasta alcanzar 60.8 por ciento de las
ventas reportadas por Pemex.
En la Ley de Ingresos de cada año se describe ese régimen fiscal, incluyendo
un precio del crudo de exportación, el cual se toma como referencia
para el cálculo de los tributos que Pemex pagará. Pero, si el precio que realmente
se observa resulta superior al utilizado como referencia, a los ingresos
que resultan excedentes se les aplica otro tributo: el aprovechamiento sobre
rendimientos excedentes (ARE), con una tasa de 39.2 por ciento. Como los
ingresos excedentes son parte de las ventas de Pemex, también son sujetos
de la tasa de 60.8 por ciento del DSH. Así, el fisco se asegura apropiarse de
100 por ciento de los ingresos que excedan al precio de referencia.
El truco utilizado entre 1995 y 1997 para exprimir fiscalmente a Pemex
y financiar de manera subrepticia el creciente costo del rescate bancario,
fue muy sencillo. Bastaba con subestimar el precio de referencia para garantizar
una tasa de tributación a Pemex superior al mínimo de 60.8 por
ciento señalada para el DSH. Además, ese mecanismo tenía otra ventaja para
el gobierno: como los recursos excedentes no habían sido presupuestados,
5 El autor presentó por primera vez esta hipótesis en La Jornada, 12 de abril de 2000.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
165
podían ser asignados de manera discrecional, siempre que estuvieran destinados
a programas prioritarios, y el rescate bancario podía considerarse
como parte de ellos.
En 1995 el volumen de exportación de crudo no se incrementó, pero el
precio sí lo hizo, pasando de 13.88 a 15.70 dólares por barril. Como el precio de
referencia se situó en 13.60 dólares, el ingreso excedente derivado de los 2.10
dólares de diferencia fue captado en su totalidad por el fisco. Para 1996, el volumen
exportado se aumentó en 18.6 por ciento. El precio alcanzó 18.94 dólares,
con 20.7 por ciento de incremento. Como el precio utilizado como referencia se
subestimó en 13.25 dólares, los ingresos excedentes fueron abundantes, y aumentó
la tasa de tributación de Pemex. En 1997, el volumen vendido al exterior
aumentó en 11.2 por ciento. Aunque el precio se redujo a 16.46 dólares, se situó
muy por encima de los 14.50 dólares usados como referencia, y se repitió el
mecanismo de exacción fiscal.
Al igual que pasó con la devaluación del peso, cuando algunos funcionarios
del gobierno pensaban que era una crisis de confianza de corto plazo, que se
podía revertir en el momento que se restaurara la confianza, todo indica que
con el rescate bancario sucedió algo parecido. Creyeron que manteniendo la
ficción de que ningún banco quebraba, y canalizando recursos de apoyo de
manera subrepticia, la situación se iría recomponiendo. Pero olvidaron que los
incentivos perversos involucrados en los esquemas de rescate llevaban necesariamente
a un crecimiento sin control de las erogaciones y de los pasivos que
tendría que asumir finalmente el gobierno.
■ LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y LA EXPLICITACIÓN
DEL PROBLEMA DEL FOBAPROA (1998)
La situación se modificó de manera abrupta al iniciar 1998. El precio del
petróleo se derrumbó, y con ello, el mecanismo para financiar el rescate
bancario. Ese fenómeno obligó al presidente Zedillo a explicitar el problema
del Fobaproa, por lo que envió a fines de marzo varias iniciativas de Ley al
Congreso en las que proponía que se asumiera formalmente una deuda estimada
para febrero de ese año en 552.3 miles de millones de pesos, más los
“accesorios” que se acumularan hasta diciembre.
166
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
Entonces fue cuando se inició el debate nacional sobre el Fobaproa. En un
principio, los legisladores pidieron que se explicara de dónde habían salido
esos pasivos, y que se auditaran, antes de aprobar su conversión formal en
deuda pública. Aunque existieron las usuales presiones para que se legislara
al vapor y se aprobaran las iniciativas en el periodo ordinario de sesiones del
Congreso, que concluía en abril, la aprobación no se consiguió, y se dejó esa
posibilidad para el siguiente periodo ordinario, por iniciarse en septiembre.
Fue precisamente durante el receso legislativo, entre mayo y agosto,
cuando la discusión respecto al Fobaproa se convirtió en un debate nacional.
El gobierno inició una fuerte campaña de propaganda, afirmando que si esos
pasivos no eran reconocidos como deuda pública, se podría producir una
verdadera catástrofe económica.
Al autor le tocó participar en ese debate, en su carácter de asesor de los
legisladores del PRD. A fines de mayo, el entonces presidente del PRD, dio a
conocer un Manifiesto a la Nación, donde proponía aceptar la conversión de
los pasivos del Fobaproa en deuda pública, a razón de 100 mil millones de pesos
trimestrales, luego de ser auditados, y siempre que el gobierno se comprometiera
a impulsar, de manera compensatoria, una política social financiada con
los ingresos petroleros excedentes.
El autor realizó una fuerte crítica a esa propuesta y se generó una intensa
discusión dentro del PRD, hasta lograr convencer al presidente de ese instituto
político para que modificara su propuesta inicial. Como resultado de ese
debate, el 15 de julio se dio a conocer el documento Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional / Alternativas para impedirlo.6
La propuesta del PRD partía del análisis que se ha comentado en párrafos
anteriores, respecto a cómo se había gestado la crisis bancaria. El planteamiento
básico era el rechazo a la conversión propuesta de los pasivos del
Fobaproa en deuda pública. Con ello se evitaba que se endosara un enorme
costo a la población, encubriendo las muchas ilegalidades e irresponsabilidades
que se habían registrado.
Se proponía revisar a fondo el rescate bancario, identificando las operaciones
producto del abuso de los banqueros y de sus asociados, las
6 Este documento fue elaborado por el autor en cuando menos 80 por ciento.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
167
cuales no deberían recibir ningún apoyo fiscal. Además, se planteaba establecer
reglas generales y transparentes para el rescate de las empresas y
familias que resultaban verdaderas víctimas de la crisis.
La revisión detallada de lo sucedido representaba además una gran
oportunidad histórica para transformar lo que podría ser un fraude de enormes
proporciones contra la mayoría de la población, en un proceso que
combatiera a fondo las raíces de la corrupción e impunidad que han hundido
a nuestro país. Ese proceso ayudaría a fortalecer el Estado de derecho,
fomentaría la transparencia y fortalecería los mecanismos de rendición de
cuentas, los grandes ausentes en el proceso de modernización de la economía
mexicana.
La respuesta del gobierno fue la descalificación; resultó incapaz de refutar
el análisis presentado y eludió cualquier tipo de discusión seria. Se
prefirió continuar con una campaña propagandística, tratando de convencer
a la población de que la política de rescate bancario aplicada no sólo
había sido la más adecuada, sino la única posible.7
En septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al consultor
canadiense Michael Mackey, para que efectuara una auditoría a todas las
operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa. Además, decidió que no
aprobaría ninguna modificación legal a ese respecto, hasta que concluyera
la citada revisión y todo quedara clarificado.
Sin embargo, esos acuerdos no se cumplieron, ya que muchos legisladores
permitieron que se llevara a cabo una auténtica operación de encubrimiento.
Durante los primeros meses, el gobierno se negó a entregar la información
que requería el auditor Mackey, impidiendo que avanzara la revisión encomendada.
Luego, se olvidó el acuerdo de no legislar hasta que se concluyera
la auditoría. Así, en diciembre de 1998 se aprobó la Ley de Protección del
Ahorro Bancario (LPAB), que dio origen a la creación del IPAB. Sólo los legisladores
del PRD votaron en contra.
Con la aprobación de la LPAB se legalizaron los enormes pasivos generados
por el rescate bancario, los cuales fueron transferidos al IPAB. Se señaló
que las auditorías en curso deberían concluirse. Sólo quedó pendiente
7 SHCP, 1998.
168
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
lo referente a los pagarés de los bancos aún vivos, los correspondientes al
PCCC. Para ese segmento de los pasivos se acordó que deberían ser canjeados
por nuevos instrumentos de deuda del IPAB, después de que se concluyeran
las auditorías y la cartera de créditos que los amparaba hubiera sido
depurada.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB Y EL MANEJO
DE LA DEUDA BANCARIA (1999-2003)
A principios de 1999, el IPAB comenzó a administrar los enormes pasivos
heredados del Fobaproa. Además, concluyó las operaciones de saneamiento
financiero que habían quedado pendientes. También inició la venta de
algunos de los bancos intervenidos y la liquidación de los otros. Para el
manejo de los pasivos diseñó una estrategia consistente en evitar que continuaran
creciendo en términos reales, de manera que, como proporción del
PIB, se fueran reduciendo.
En julio de ese año, el auditor Mackey entregó a la Cámara de Diputados
su Informe sobre las Operaciones del Fobaproa.8 Lo primero que se destacó
en ese informe fue que no se trataba de la auditoría encomendada por los
diputados y señalada en la LPAB. Como lo dijo Mackey de manera explícita:
“Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen
una auditoría financiera”.9
Las razones de que no pudiera realizar la auditoría encargada se debieron
a las limitaciones de la información que le fue proporcionada. Sin embargo,
el análisis presentado respecto al origen de la crisis bancaria, a la
evaluación de los programas aplicados y al desempeño de las instituciones
encargadas de supervisar a los bancos, resultó de una gran profundidad.
Algo notable en el Informe de Mackey fue la coincidencia, en muchos rasgos,
con el diagnóstico presentado, un año antes, en el comentado documento
del PRD.
8 Mackey, Informe, 1999.
9 Ibid., p. 5.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
169
Los voceros del gobierno, así como sus legisladores cómplices, pretendieron
hacer pasar el informe de Mackey como la anunciada auditoría a las
operaciones efectuadas por el Fobaproa. Así, se aparentó que se había cumplido
con lo señalado por la Ley, buscando encubrir todo lo sucedido y garantizar
impunidad a los responsables del gran desfalco.
Como anexo de su informe, el auditor Mackey entregó un listado de
operaciones consideradas como reportables, por un monto de casi 74 mil
millones de pesos, a valor original, proponiendo que se revisaran cuidadosamente.
El anexo también incluía un listado con los nombres de los beneficiarios.
10 A petición de las fracciones mayoritarias de la Cámara de
Diputados, Mackey encriptó el archivo electrónico con ese listado. El código
de acceso se dividió en cinco partes, proporcionando una de ellas a cada
partido representado en esa Cámara. Con ello, se garantizó que la única
manera de que pudieran conocerse los nombres incluidos en esa lista sería
mediante un consenso de los cinco partidos.
En octubre de 1999, el PRD propuso que se diera a conocer el listado de
las operaciones reportables. La mayoría de los diputados se opusieron, votando
un punto de acuerdo que mantenía esa lista en secreto y encargando
al IPAB que la revisara y sólo entonces diera a conocer los nombres de los
responsables de los créditos que se hubieran identificado como ilegales.
En marzo de 2000, el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su Informe
de las Transacciones Reportables, dando a conocer las acciones que había
realizado respecto a los créditos irregulares detectados, pero sin proporcionar
ningún nombre de los beneficiarios.11
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear una Comisión
Investigadora del IPAB, con el fin de evaluar cómo estaba cumpliendo ese
nuevo organismo con las obligaciones señaladas en la LPAB. El PRD volvió a
proponer que se diera a conocer la lista de operaciones reportables de
Mackey, y se repitió la negativa de los partidos mayoritarios.
En medio de la campaña electoral de ese año, todos los partidos, con la
excepción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron a conocer
10 Mackey, Lista, 1999.
11 IPAB, 2000.
170
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
su respectiva clave de acceso. Cuando el PRD tuvo la presidencia de la citada
Comisión, también accedió a la custodia del famoso archivo encriptado.
Fue entonces cuando se corrió la versión de que un grupo de hackers estaban
intentando abrirlo.
Días después de la elección presidencial, el PRD dio a conocer finalmente
la lista de operaciones reportables, señalando que sus técnicos habían
podido descifrar la clave de acceso faltante y abrir el archivo. Es tiempo de
que se conozca la verdad. El grupo técnico, encabezado por el autor, intentó
sin éxito esa encomienda, a pesar de disponer de los mejores crackers.
Días después del triunfo del presidente Fox, “alguien” del PRI, quizá sintiéndose
traicionado por el presidente Zedillo, entregó de manera subrepticia
la clave faltante al PRD. Esa es la verdad, aunque mucha gente haya creído
que los técnicos del PRD eran unos genios que habían conseguido romper
la complicada clave de acceso entregada por Mackey.
A partir de 2000, se incluyó en la Ley de Ingresos la autorización para que
el IPAB pudiera realizar operaciones de refinanciamiento de sus pasivos. Lo
primero que hizo fue contratar nuevos créditos con los bancos, y con esos
recursos sustituyó las deudas más caras. En ese proceso, el IPAB no siempre
tuvo éxito. Un caso ejemplar fue lo sucedido con el pagaré de Banca Confía,
adquirido por el Citibank. Ese pagaré era el que tenía la tasa de interés más
elevada. Cuando el IPAB trató de sustituirlo, el Citibank lo de man dó, y propició,
entre otras cosas, la renuncia del primer secre ta rio ejecutivo de ese
instituto. El último día del gobierno del presidente Zedillo, ese pagaré fue
finalmente sustituido, reduciendo la tasa de interés, pero ampliando el plazo
en varios años, de manera que se garantizara el ingreso esperado por ese
banco extranjero.
El siguiente paso del IPAB para refinanciar sus pasivos, fue la emisión de
los bonos para la protección del ahorro (BPA). En un principio, los BPA se
colocaron con una sobretasa considerable, respecto a los valores gubernamentales,
como los certificados de la Tesorería (cetes). Pero paulatinamente
esa sobretasa se fue disminuyendo, al descontar los mercados que en
realidad se trataba de deuda equivalente del gobierno.
Los recursos presupuestarios entregados al IPAB se dirigieron a financiar
el costo de los programas de apoyo a los deudores, y a pagar el componente
real del pago de intereses de sus pasivos, siguiendo la estrategia de evitar que
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
171
la deuda creciera en términos reales. Los recursos provenientes de los préstamos
bancarios y de las emisiones de bonos se usaron para concluir las
operaciones de saneamiento pendientes. A la fecha, las nuevas emisiones de
bonos se están utilizando para sustituir los créditos bancarios contratados.
CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(MILES DE ILES MILLONES DE PESOS)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 39.4 7.4 32.0 0.0 0.0
1996 109.5 39.0 70.5 0.0 0.0
1997 264.7 77.4 187.3 0.0 0.0
1998 557.2 197.2 360.0 0.0 0.0
1999 692.0 163.9 528.1 0.0 0.0
2000 719.4 174.8 357.0 113.8 73.8
2001 778.3 195.2 282.8 148.4 151.9
2002 799.2 208.4 170.9 188.4 231.5
2003 818.6 219.1 127.1 163.0 309.4
Fuente: Cuadro 1; información del Fobaproa en internet; informes anuales 1999-2002 y estados financieros
del IPAB para 2003.
En el cuadro 2 se puede apreciar la evolución de los pasivos del Fobaproa
y del IPAB. Para los primeros tres años se tomaron las estimaciones oficiales
incluidas en el cuadro 1. El dato de 1998 es una estimación oficial del Fobaproa.
Para los siguientes años, la información proviene de los Informes
Anuales del IPAB, con excepción de 2003, la cual es una estimación propia,
tomando como base los estados financieros del IPAB para ese año.
En el cuadro 3 se presentan los pasivos directos del Fobaproa-IPAB
como proporción del PIB. Como puede observarse, el valor máximo fue
alcanzado en 1999, empezando a disminuir a partir del siguiente año, como
resultado de la estrategia que se adoptó. A partir de 2000 se puede apreciar
cómo las obligaciones derivadas de los programas de saneamiento
se han ido amortizando, siendo sustituidas por contratación de créditos
bancarios y emisión de BPA. El único segmento de los pasivos que continúa
creciendo, mediante el mecanismo de capitalizar los intereses que se van
generando, es el del PCCC.12
12 ASP, 2000.
172
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(PORCENTAJE DEL PIB)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 2.1 0.4 1.7 0.0 0.0
1996 4.3 1.5 2.8 0.0 0.0
1997 8.3 2.4 5.9 0.0 0.0
1998 14.5 5.1 9.4 0.0 0.0
1999 15.1 3.6 11.5 0.0 0.0
2000 13.1 3.2 6.5 2.1 1.3
2001 13.5 3.4 4.9 2.6 2.6
2002 12.7 3.3 2.7 3.0 3.7
2003 12.1 3.2 1.9 2.4 4.6
Fuente: Cuadro 2.
Los pagarés del PCCC no han sido aún asumidos formalmente por el IPAB.
Aunque las reglas para su conversión en títulos avalados por el IPAB fueron
publicadas desde 1999, la sustitución no se ha efectuado. La razón es que
existen diferencias en la interpretación de lo que deben ser las auditorías
señaladas en la LPAB.
Desde la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) empezó a auditar todas las operaciones del rescate
bancario, de acuerdo con lo mandatado por la LPAB. Entre las primeras recomendaciones
efectuadas, la ASF pidió que se llevaran a cabo las auditorías
señaladas en la LPAB, antes de realizar el canje de los pagarés del PCCC.
En las siguientes revisiones, para las cuentas públicas de 2001 y 2002, la
ASF encontró que en las carteras que amparan a esos pagarés, se incluyeron
muchos créditos que no correspondían a las reglas de ese programa, los
cuales deberán ser sustituidos, antes de que se realice el canje. Un resultado
interesante de esas revisiones fue que los bancos participantes en ese
programa nunca debieron ser apoyados con recursos fiscales, ya que en
todo momento registraron niveles de capitalización superiores a los exigidos
por la Ley.13
Los bancos con pagarés del PCCC se ampararon, aduciendo que las auditorías
ordenadas por la Ley ya habían sido realizadas durante las revisiones
13 ASF, 2001 y 2002.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
173
del auditor Mackey. El asunto continúa en los tribunales. El valor actual de
dichos pagarés asciende a alrededor de 220 mil millones de pesos. Si se
canjearan tal como están, con las reglas originales, el costo fiscal final
ascendería aproximadamente a la mitad de ese valor, al descontar las reservas
y la participación en pérdidas pactada. Pero, si se realizan los auditorías
pendientes, dicho costo fiscal podría reducirse fácilmente a una
quinta parte de su valor nominal, al deducir los créditos irregulares que
se incluyeron.
■ LOS PIDIREGAS: SUBPRODUCTO DEL RESCATE BANCARIO
(1997-2003)
La política de exprimir fiscalmente a Pemex, con el fin de financiar el rescate
bancario, como se comentó antes, fue mantenida durante los años siguientes
a 1998. El régimen fiscal aplicado a Pemex dejó a esa paraestatal sin
recursos para invertir. Para ello, se crearon los proyectos de inversión con
registro diferido en el gasto, los cuales fueron denominados después proyectos
de infraestructura productiva de largo plazo, o simplemente proyectos
de inversión financiada.14
Mediante ese mecanismo, la mayor parte de la inversión de Pemex, y
también de la CFE, se ha efectuado recurriendo a fuentes de financiamiento
privadas, registrando la deuda pública contratada de manera “diferida”, es
decir, maquillando la contabilidad de esas paraestatales, y con ello, la verdadera
situación de las finanzas públicas. La regla contable aplicada consiste
en registrar como deuda sólo la amortización programada para ese año
y el siguiente, dejando el resto de los pasivos como deuda contingente, en
cuentas de orden, debajo de la línea.
Los pidiregas se dividen en dos partes: los de inversión directa y los de
inversión condicionada. La inversión directa consiste en un contrato con un
privado, quien se compromete a realizar la inversión requerida, buscando
14 La información más completa sobre este asunto se encuentra en el tomo IV de los proyectos
de Presupuesto de Egresos de la Federación, de 1997 a 2004.
174
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
su propio financiamiento. Pemex, o en su caso la CFE, se comprometen a
adquirir los activos, con un calendario de pago determinado. Asimismo, se
comprometen a pagar los intereses de la deuda contratada.
La inversión condicionada, por su parte, consiste en que las paraestatales
se comprometen a garantizar los insumos necesarios y a adquirir los
productos o servicios que proporcionen los activos derivados de esa inversión,
los cuales se mantienen como propiedad de los privados. En caso de
que algo imprevisto suceda, existe también el compromiso de adquirir finalmente
los activos en cuestión.
En términos estrictos, los proyectos de inversión directa son en realidad
inversión pública, y los pasivos adquiridos son deuda pública directa. El
contratista privado consigue financiamiento poniendo como garantía a
Pemex o la CFE. En muchos casos, el privado ni siquiera consigue los recursos.
Para ello, Pemex creó un fondo llamado Master Trust, encargado de
completar el financiamiento necesario y garantizar el pago de todas las
obligaciones adquiridas.
Todos los riesgos son asumidos por Pemex, ya que cualquier variación
en los parámetros considerados en los proyectos, puede ser ajustada a
favor del privado. En realidad, el costo de estos proyectos resulta, en general,
más elevado que si se hubiera hecho directamente con recursos
presupuestarios. Eso sucede aunque su manejo sea totalmente honesto y
transparente.
Pero quizás lo más atractivo de los pidiregas, desde el enfoque del gobierno,
es precisamente su condición de poderse registrar de manera diferida.
Así, el gobierno puede aumentar los niveles de inversión, y también
de deuda, sin que eso signifique, en el nivel contable, un mayor gasto y, por
tanto, un déficit fiscal más elevado.
En el cuadro 4 se muestra el comportamiento de la inversión realizada
por Pemex, desde la aparición de los pidiregas en 1997. En ese primer año,
la inversión impulsada por ese nuevo mecanismo contribuyó con casi 15 por
ciento del total. Los siguientes años, la parte representada por los pi diregas
se incrementó hasta alcanzar 70.6 por ciento en 2003. La inversión con recursos
presupuestarios, que ha bajado notoriamente en términos relativos, ha
disminuido aún más por incluir los pagos por amortización de la deuda contraída
mediante los pidiregas, y tiende prácticamente a desaparecer.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
175
CUADRO 4
INVERSIÓN REALIZADA POR PEMEX
(ESTRUCTURA STRUCTURA PORCENTUAL)
Total Suma Presupuestal directa Pago de pidiregas Pidiregas
1997 100.0 85.3 85.3 0.0 14.7
1998 100.0 59.2 59.1 0.1 40.8
1999 100.0 47.3 47.2 0.2 52.7
2000 100.0 43.7 41.1 2.6 56.3
2001 100.0 41.3 36.2 5.0 58.7
2002 100.0 38.7 28.5 10.2 61.3
2003 100.0 29.4 17.3 12.0 70.6
Fuente: Pemex, Memoria de Labores.
Los proyectos de inversión condicionada, por su parte, sí deben ser
considerados como deuda contingente, ya que su conversión a pasivos directos
depende de que suceda, en efecto, alguna contingencia que obligue
al gobierno a adquirir esos activos. En el caso de Pemex, la casi totalidad de
los pidiregas está constituida por inversión directa. Como parte de la inversión
condicionada, sólo se ha registrado un caso, el de una planta de nitrógeno,
para inyectar ese gas en el yacimiento de Cantarell, con el fin de
mantener su presión y facilitar la extracción del crudo.
En el caso de la CFE, casi la mitad de la inversión efectuada mediante
los pidiregas corresponde a proyectos de inversión condicionada. Tal es el
caso de las inversiones realizadas por los productores independientes de
energía (PIE), los cuales generan en la actualidad una tercera parte de la
electricidad que se produce en el país. En la última revisión realizada por
la ASF, este organismo observó que las autorizaciones de los PIE eran ilegales.
El gobierno del presidente Fox recurrió a una controversia constitucional,
ya que en caso de que se determinara finalmente que son ilegales, se
activaría la contingencia comentada, y el gobierno tendría que hacer una
erogación de cerca de 70 mil millones de pesos, para adquirir esos activos.
En el cuadro 5 se presenta una estimación de los flujos de inversión y
amortización, así como del monto de la deuda de los pidiregas actualmente
existentes, tanto en Pemex como en la CFE. Sólo se incluyeron los proyectos
de inversión directa que, como se dijo, son los que deberían
registrarse como deuda pública. La información disponible no es transparente.
En el tomo IV de los proyectos de Presupuesto de Egresos de cada
176
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
año se incluye una información bastante detallada de los pidiregas, pero sólo
a precios de cada año. Sin embargo, la referencia no es respecto a un deflactor,
sino a un tipo de cambio utilizado. Para pasarlos a pesos corri entes y poderlos
comparar con las cifras de finanzas públicas, los datos disponibles para
cada año se pasaron primero a dólares, y después se convirtieron a pesos
corrientes. Para esto último, se usó el tipo de cambio promedio para los flujos,
y el situado a fin de periodo, para los saldos.
CUADRO 5
PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA (PIDIREGAS)
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
Inversión directa Amortización Deuda
1996 569.2 0.0 588.0
1997 8 365.9 0.0 9 145.5
1998 34 455.0 316.6 48 025.0
1999 42 859.4 431.0 88 541.0
2000 43 422.2 2 899.1 130 102.8
2001 49 544.3 5 859.4 167 008.7
2002 60 324.3 11 546.5 240 479.9
2003 108 449.9 16 438.5 357 838.6
Fuente: Estimación con base en información incluida en los decretos
de presupuestos de Egresos de la Federación 1997-2004.
CUADRO 6
PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA (PIDIREGAS)
(PORCENTAJE DEL PIB)
Inversión directa Amortización Deuda
1996 0.0 0.0 0.0
1997 0.3 0.0 0.3
1998 0.9 0.0 1.2
1999 0.9 0.0 1.9
2000 0.8 0.1 2.4
2001 0.9 0.1 2.9
2002 1.0 0.2 3.8
2003 1.6 0.2 5.3
Fuente: Cuadro 5.
En el cuadro 6 se incluyen los datos del cuadro anterior, como proporción
del PIB. Se puede ver que la inversión anual pasó de 0.3 a 1.6 por
ciento, entre 1997 y 2003. Los flujos de amortización, que sí se registran
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
177
en el gasto público, también se han ido incrementando. El saldo de la
deuda pública no registrada oficialmente alcanza ya 5.3 por ciento del
PIB en 2003.
■ LA GRAN RESTRICCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Y LAS OPCIONES PARA EL FUTURO
Como secuela de la forma como se llevó a cabo el rescate bancario, en
la actualidad se tienen pasivos por 12.1 por ciento del PIB, en el IPAB, y
de 5.3 por ciento del PIB como resultado de los pidiregas, lo que alcanza
un total de 17.4 por ciento del PIB. Esa deuda, al igual que otros pasivos
que no se comentan en este trabajo, no se encuentra registrada oficialmente
en la contabilidad de las finanzas públicas, pero representa la gran
restricción para la sustentabilidad fiscal del Estado.15
A mediados de 2001, cuando apenas se iniciaba el gobierno del presidente
Fox, se empezó a reconocer esta grave situación, sin transparentarla,
ni asumirla totalmente, como es debido. En el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, se comentó en un párrafo perdido que entre los
objetivos del mismo se encontraba el “asegurar la sustentabilidad fiscal
de largo plazo con el pleno reconocimiento de los pasivos contingentes
y probables que confronta el gobierno”.16 Además, se envió al Congreso
una propuesta de reforma fiscal, consistente básicamente en aplicar el
impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos y medicinas, hasta la
fecha exentos. Esa propuesta fue rechazada por los legisladores.
A fines de ese año, por primera vez en la historia, se dieron a conocer
públicamente los documentos, correspondientes a México, relacionados con
la revisión anual que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI), de
acuerdo con el artículo IV de su estatuto. Las reglas del FMI señalan que
dichos documentos sólo se pueden dar a conocer si se cuenta con la autorización
expresa del gobierno sujeto a esa revisión.17
15 El autor planteó por primera vez este asunto en La Jornada, 28 de febrero de 2000.
16 PND, p. 103.
17 IMF, México, 2001.
178
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
En un anexo denominado “Mexico: Selected Issues”, se incluyó un análisis
respecto a la verdadera magnitud del déficit fiscal y de la deuda, así
como a la sustentabilidad de las finanzas públicas. Ahí se señaló que el déficit
tradicional debía ajustarse en cuatro aspectos: los ingresos no recurrentes,
provenientes de privatizaciones y canje de deuda externa; el
componente inflacionario de pasivos, como los del IPAB; el registro correcto
de los pidiregas; y otras operaciones quasi-fiscales, como los programas de
apoyo a deudores, el rescate carretero y los requerimientos financieros
netos de los bancos de desarrollo.18
Además, se presentaron algunas proyecciones de los diferentes componentes
señalados, así como de los posibles ingresos que podría generar
la propuesta de reforma fiscal enviada ese año por el presidente Fox al
Congreso. La conclusión, verdaderamente alarmante, por cierta, fue que
los mayores ingresos que se consiguieran sólo alcanzarían para hacer frente
a los compromisos ya existentes, sin dejar ningún margen para aumentar
el gasto público en otros conceptos. Con eso, las promesas del presidente
Fox, en el sentido de que el aumento propuesto en los impuestos permitiría
incrementar el gasto en educación y en salud, se mostró como lo que es,
un mito.19
A mediados de 2002, se publicó el Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo (Pronafide), incluyendo el nuevo concepto de requerimientos
financieros del sector público (RFSP). Ese concepto resulta de añadir
al balance público tradicional, “las necesidades de financiamiento correspondientes
a actividades excluidas del balance por ordenamientos jurídicos,
por cobertura institucional y por adecuaciones a los registros
presupuestarios”.20
Aunque la introducción de los RFSP constituyó un avance, al estimar el
impacto fiscal de los pasivos del IPAB; del rescate carretero; de los pidiregas;
y del concepto de intermediación financiera, que se había incluido en la
contabilidad oficial del déficit hasta 1991, como se comentó en párrafos
18 IMF, “Mexico: Selected Issues”, 2001.
19 El autor dio a conocer esta opinión en la revista Proceso, Vargas, 2001.
20 SHCP, 2002.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
179
anteriores, no se realizó un verdadero esfuerzo por transparentar la situación
real de las finanzas públicas.
A fines de 2002, se volvieron a publicar los documentos relacionados
con la revisión del FMI. Por desgracia, a partir de 2003, se registró de nuevo
un retroceso en materia de transparencia, al no autorizar el gobierno que
los documentos relacionados con la revisión efectuada en octubre de ese
año, fueran dados a conocer.
CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
(PORCENTAJE DEL PIB)
Ingresos totales Gasto pagado Déficit (-)
1994 23.1 22.7 0.4
1995 22.8 23.1 -0.3
1996 23.0 23.0 0.0
1997 23.2 23.5 -0.3
1998 20.3 21.4 -1.1
1999 20.8 22.0 -1.2
2000 21.5 22.5 -1.0
2001 21.9 22.6 -0.7
2002 22.2 23.3 -1.1
2003 23.7 24.3 -0.6
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-2002; y SHCP,
Informe de las Finanzas Públicas, Cuarto Trimestre de 2003.
En el cuadro 7 se presenta un resumen de la versión oficial del comportamiento
de las finanzas públicas durante los últimos años. Puede observarse
que los ingresos se redujeron en 1998, como resultado de la comentada
caída en los precios del petróleo, y alcanzaron a recuperarse de nuevo hasta
2003. El gasto también se ajustó en 1998, pero en menor proporción que
los ingresos, elevando el déficit ligeramente por encima de uno por ciento
del PIB. Esta es la imagen de finanzas sanas que ha pregonado el gobierno
durante los últimos años.
En el cuadro 8 se desglosan los ingresos públicos entre su componente
petrolero y no petrolero. Se puede apreciar una reducción de los ingresos
no petroleros, como resultado de la contracción económica de 1995. Aunque
esos ingresos se han ido recuperando, no han podido alcanzar el nivel que
tenían antes de esa crisis. Los ingresos petroleros, por su parte, aunque han
sufrido altibajos, en todos los años se han situado por encima del nivel que
180
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
tenían en 1994, reflejando la política antes comentada, consistente en exprimir
fiscalmente a Pemex.
CUADRO 8
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTAL
(PORCENTAJE DEL PIB)
Total Petroleros No petroleros
1994 23.1 6.0 17.1
1995 22.8 7.6 15.2
1996 23.0 8.2 14.8
1997 23.2 7.8 15.4
1998 20.3 6.0 14.3
1999 20.8 6.2 14.6
2000 21.5 7.0 14.5
2001 21.8 6.6 15.2
2002 22.1 6.5 15.6
2003 23.7 7.9 15.8
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-2002; y SHCP,
Informe de las Finanzas Públicas, Cuarto Trimestre de 2003.
En el cuadro 9 se muestra cómo se han distribuido los ingresos petroleros,
entre el gobierno federal y Pemex. En 1994, la tasa de tributación de esa paraestatal
se situaba en 62 por ciento de los ingresos generados. En los siguientes
tres años, dicha tasa se incrementó, como se comentó antes, para
CUADRO 9
INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTAL
(ESTRUCTURA STRUCTURA PORCENTUAL)
Total Gobierno federal Pemex
1994 100.0 62.0 38.0
1995 100.0 64.5 35.5
1996 100.0 64.5 35.5
1997 100.0 65.8 34.2
1998 100.0 64.7 35.3
1999 100.0 64.7 35.3
2000 100.0 73.9 26.1
2001 100.0 73.2 26.8
2002 100.0 63.4 36.6
2003 100.0 67.0 33.0
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-2002; y SHCP,
Informe de las Finanzas Públicas, Cuarto Trimestre de 2003.
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
181
bajar en 1998, como efecto de la disminución en el precio del petróleo. Después
volvió a crecer, manteniéndose en niveles muy elevados.
En el cuadro 10 se presentan las cifras básicas de la exportación de
petróleo, que han sido comentadas a lo largo de este trabajo. Se puede observar
la tendencia creciente del volumen exportado, así como el comportamiento
de los precios del crudo. Los notables altibajos de los ingresos en
dólares no se reflejan de una manera equivalente en los montos de ingresos
CUADRO 10
EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
(MILES DE BARRILES)
Anual Promedio Precio1 Valor2
1994 477 201 1 307 13.88 6 624
1995 476 544 1 306 15.70 7 481
1996 565 030 1 544 18.94 10 702
1997 628 091 1 721 16.46 10 338
1998 635 752 1 741 10.17 6 466
1999 567 145 1 554 15.62 8 859
2000 604 667 1 652 24.62 14 887
2001 624 157 1 710 18.57 11 591
2002 626 053 1 715 21.61 13 529
2003 679 104 1 860 24.79 16 835
1 Dólares por barril.
2 Millones de dólares.
Fuente: Pemex, Anuario Estadístico y Memoria de Labores.
CUADRO 11
ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL
(PORCENTAJE DEL PIB)
Déficit oficial IPAB y pidiregas Déficit estimado
1994 -0.4 0.0 -0.4
1995 0.4 2.1 2.5
1996 0.0 2.8 2.8
1997 0.3 5.2 5.5
1998 1.1 8.6 9.7
1999 1.2 3.8 5.0
2000 1.1 1.3 2.4
2001 0.7 1.6 2.3
2002 1.2 1.5 2.7
2003 0.7 2.0 2.7
Fuente: Cuadros 3, 6 y 7.
182
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
petroleros, debido al efecto compensatorio de los ingresos obtenidos por
ese concepto en el mercado interno, los cuales no se reducen cuando el
precio del crudo disminuye. Cuando eso sucede, el IEPS aplicado a la gasolina
y al diesel es compensado al alza.
Por último, en el cuadro 11 se presenta el resultado oficial de las finanzas
públicas, como proporción del PIB. Luego, se incluye la estimación de la
variación en la deuda del IPAB y de los pidiregas, la cual se agrega al déficit
oficial, para tener una idea de la magnitud que efectivamente alcanzó el
déficit fiscal en los últimos años, incluyendo esos dos efectos. El panorama
resulta muy diferente al mostrado por las cifras oficiales maquilladas.
Como conclusión de estas reflexiones, se puede decir que una reforma
fiscal que permita incrementar de manera permanente los ingresos parece ser
la única salida para hacer sostenibles las finanzas públicas. Esa reforma debe
ser capaz de modificar varios aspectos que no resultan muy populares. Algunos
de los rasgos que debería incluir esa reforma se comentan a continuación.
Debería eliminarse la actual exención al IVA para los alimentos y medicinas.
Esa medida es muy impopular y ha sido rechazada, de manera reiterada,
durante los últimos años. Sin embargo, parece ser la única fuente
verdaderamente viable para incrementar de manera permanente los ingresos
tributarios. El argumento que siempre se esgrime, para oponerse a esta
medida, es el efecto sobre los segmentos más pobres de la población. Pero,
a cambio de no afectar a este importante sector, se mantiene una estructura
sumamente inequitativa que exenta a las clases medias y, sobre todo a
los más ricos, quienes realizan, con mucho, el mayor porcentaje del gasto
que se efectúa en estos bienes.
Como salida, debería explorarse la eliminación de la exención, pasando
esos bienes al régimen de tasa cero. Además, podría definirse un calendario
que contemplara varios años, para ir elevando la tasa por aplicarse, hasta
alcanzar la tasa general. Esa política tendría que combinarse, necesariamente,
con un paquete creíble, transparente y completo, que compensara, por la vía
del gasto, a los sectores pobres de la población que resultarían afectados.
Al conseguir incrementar esa fuente permanente de ingresos tributarios,
se podría modificar sustancialmente el régimen fiscal aplicable a Pemex,
liberándole recursos, de manera que pudiera hacer frente a los muchos
compromisos contraídos. Los pidiregas deberían registrarse de manera
LAS SECUELAS DEL RESCATE BANCARIO Y LA NECESARIA REFORMA FISCAL
183
correcta y transparente. Además, se le debería garantizar una auténtica
autonomía de gestión, buscando que recupere de manera paulatina su
capacidad para volver a realizar los gastos de inversión necesarios, con
base en sus ingresos propios.
Respecto a la CFE, se debería hacer algo similar, eliminando el actual
absurdo contable de aplicar un aprovechamiento, que siempre se compensa
con un supuesto subsidio. Los pidiregas correspondientes a inversión
directa deberían también registrarse de manera transparente. Aunque la
observación de la ASF, en el sentido de que las inversiones realizadas bajo
el esquema de los pidiregas condicionados son ilegales, parece ser correcta,
el efecto sobre las finanzas públicas debe ser considerado. No parece
que la mejor alternativa sea incluir en el siguiente Presupuesto de Egresos
una partida de 70 mil millones de pesos para adquirir esos activos, o contratar
una deuda más, por ese monto.
La salida parece ser buscar cómo adecuar la legislación, para legalizar esas
inversiones, permitiendo la generación privada de electricidad, acotándola, y
manteniendo el control estatal sobre esa estratégica industria. Esa adecuación
legal no debería eximir a los responsables de haber incurrido en ilegalidades,
comprometiendo de esa manera al fisco.
Por el lado del gasto, también se debe hacer una reforma a fondo. En
una situación de ingresos insuficientes, resultan fuera de toda proporción
los incrementos registrados en el gasto corriente durante los primeros tres
años del gobierno del presidente Fox. Parte de ese aumento se explica por
la creación de nuevas plazas de altos funcionarios, así como por la ampliación
de las prebendas de que disfrutan. Por ello, se necesita aplicar un auténtico
programa de austeridad, con una transparencia total.
Otro rasgo muy importante de la reforma fiscal, tiene que ver con el federalismo.
En la actualidad, los gobernadores, de todos los colores políticos,
presionan para llevarse una parte mayor de los ingresos federales que se
distribuyen, sin asumir funciones de gasto permanentes, de manera adicional.
La mejor solución parece ser que se consiga que los gobiernos estatales
y municipales participen en el esfuerzo recaudatorio. Eso sólo será posible
si se transparenta el manejo de sus finanzas y se avanza en mecanismos
efectivos de rendición de cuentas. Sin ello, cualquier esfuerzo en este sentido
parece destinado al fracaso.
184
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
Por último, se debe hacer un esfuerzo final para reducir en lo posible el
costo fiscal derivado de los pasivos del IPAB, auditando los PCCC, antes de
autorizar su conversión en deuda oficial. Lo ideal sería el cumplimiento
de una de las promesas de campaña del presidente Fox, consistente en crear
una Comisión de la Verdad, que aclare lo sucedido con los desfalcos del
pasado, finque las responsabilidades que resulten, y busque disminuir, en
lo posible, los enormes costos heredados al erario público.
■ REFERENCIAS
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CAPÍTULO 4
LA ÚLTIMA BATALLA PARA REDUCIR
EL COSTO DEL FOBAPROA
189
Durante los últimos años se ha escuchado hablar mucho del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Cualquier persona
medianamente informada sabe que mediante ese fondo, el gobierno
impuso al pueblo mexicano una deuda gigantesca, la cual se tendrá que pagar
durante varias generaciones. También, cualquier gente sabe que ese gran
fraude benefició a un reducido número de personas, entre las que se encuentran
algunas de las más ricas del país.
Pero lo que mucha gente no entiende bien, es cómo se generó el problema
del Fobaproa, de dónde salió esa inmensa deuda pública, y cómo
la tendrá que pagar el pueblo mexicano. Para la mayoría, una cifra de
miles de millones de pesos no deja de ser una abstracción, ajena a la vida
cotidiana, algo que se sabe está ahí, pero que se ignora cómo le está
afectando.
Las principales características de este gran fraude contra el pueblo mexicano
se conocieron en 1998, gracias a la denuncia realizada por el Partido de
la Revolución Democrática (PRD). A fines de ese año, la mayoría del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) votó
la ley que creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), buscando
“legalizar” las operaciones del Fobaproa, e iniciando una etapa de
encubrimiento de ese saqueo.
Aunque desde 1998, el PRD ha denunciado el problema del Fobaproa, la
discusión legislativa de este asunto se ha llevado paulatinamente hacia las
posibles salidas “legales”, buscando que se olvide la esencia del problema.
En la medida en que el Fobaproa primero, y el IPAB después, ha vendido los
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN
Y SITUACIÓN ACTUAL
1o DE MARZO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
190
bancos a inversionistas, sobre todo extranjeros, diferentes a los accionistas
originales, se ha dicho que respecto a los pasivos generados en esos bancos
nada puede hacerse, pues ya no existen.
La discusión ha sido enfocada por el gobierno, con bastante éxito, hacia
los pagarés en poder de los únicos cuatro bancos que quedan “vivos”, es
decir, los que nunca fueron intervenidos y donde aún quedan algunos de los
accionistas originales. La última etapa de legalización y encubrimiento de
esta gran desfalco está por concluirse, mediante el canje de esos pagarés
por nuevos títulos emitidos por el IPAB.
Pero lo esencial parece estarse olvidando. La propuesta efectuada por
el PRD en 1998 sigue vigente, ya que los responsables del saqueo no han
sido sancionados, ni el costo impuesto al pueblo mexicano ha sido reducido.
El mayor fraude de la historia de México no puede concluir de
esta manera. La gran tarea del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la presente legislatura (2003-2006) es buscar la
instalación de una nueva comisión investigadora del Instituto de Protección
al Ahorro Bancario, y exigir al presidente Fox el cumplimiento de una
de sus pro mesas de campaña: la creación de una comisión de la verdad,
que aclare los saqueos que sufrió la economía nacional, sobre todo durante
los tres anteriores sexenios.
En este trabajo se trata de recordar cómo surgió el problema del
Fobaproa, cómo se discutió y cómo se ha ido legalizando y encubriendo,
para servir de base a las tareas legislativas futuras. El trabajo está dividido
en cinco partes. En la primera se comenta el origen de la crisis
bancaria que desembocó en el problema del Fobaproa. En la segunda
parte se analizan las principales características del rescate bancario
llevado a cabo entre 1995 y 1997. En la tercera parte se comenta el debate
sobre el Fobaproa registrado en 1998, enfatizando la importancia de
la propuesta del PRD. En la cuarta parte se analizan los principales rasgos
del Informe del auditor Mackey, y se comenta la gran operación de encubrimiento
realizada. En la última parte, “La gran tarea pendiente”, se
propone continuar con la política de principios delineada en 1998 y exigir
la creación de una comisión nacional de transparencia, que investigue
todo lo sucedido y ponga las cosas en su sitio, para evitar que un fraude
de esta magnitud se vuelva a repetir.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
191
■ EL ORIGEN DE LA CRISIS BANCARIA
Entre 1940 y 1982, es decir, durante más de cuatro décadas, el sistema financiero
mexicano vivió un proceso de continua expansión, convirtiéndose
en un factor clave que ayudó al crecimiento económico, el cual alcanzó
entonces 6 por ciento anual en promedio. La banca privada estaba controlada
estrechamente por el Banco de México, quien determinaba el destino
de buena parte del crédito, así como el nivel de las tasas de interés. Además,
la banca de desarrollo, propiedad del gobierno, recibió un gran impulso
durante ese periodo, pudiendo canalizar enormes cantidades de
recursos financieros hacia las actividades económicas consideradas como
prioritarias.
Ese modelo de sistema financiero altamente controlado entró en crisis
en 1982. La nacionalización de la banca privada se llevó a cabo por una situación
de emergencia. Dicha medida significó, entre otras cosas, la socialización
de la abultada deuda externa que habían acumulado los bancos, la
cual pasó a ser responsabilidad del gobierno. Esa fue una de las razones por
las que los acreedores externos no opusieran mucha resistencia a una medida
que atentaba contra sus principios, pero que les garantizaba el pago
de las obligaciones adquiridas por los anteriores banqueros privados.
El proyecto de Miguel de la Madrid, en materia financiera, fue iniciar la
reprivatización de la banca, pero de manera paulatina, hasta que el gobierno
pudiera amortizar la deuda externa de los bancos nacionalizados. Al mismo
tiempo, en ese gobierno se avanzó en el saneamiento de las finanzas públicas,
la apertura de la economía nacional hacia el exterior y la desregulación de
muchas actividades económicas, para la creación de un entorno macroeconómico
favorable a una reprivatización total.
El proyecto de Carlos Salinas de Gortari fue continuar por la senda
trazada por Miguel de la Madrid, llevándola hasta el extremo, de manera
autoritaria. La política financiera aplicada por el equipo tecnocrático en
el gobierno, partía de una idea muy simple. Si se privatizaba la banca y, al
mismo tiempo, se liberalizaba el mercado financiero, se podrían conseguir
tres objetivos de manera simultánea: aumentar el ahorro interno de la
economía, asignarlo de manera más eficiente, y abaratarlo consiguiendo
menores tasas de interés.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
192
El primer objetivo, aumentar el ahorro de la economía, se conseguiría
dejando operar libremente al mercado bancario, el cual definiría el nivel de
tasas de interés necesario para generar niveles de ahorro interno crecientes.
El segundo objetivo también se conseguiría dejando operar libremente a las
fuerzas del mercado, las cuales señalarían cuáles proyectos eran más rentables,
a los que se les asignarían los recursos prestables disponibles. Finalmente,
el tercer objetivo se alcanzaría mediante la libre competencia de los
bancos privados, la que se reflejaría en menores márgenes de intermediación,
con la disminución de las tasas de interés aplicables a los créditos.
Ese tipo de política hubiera tenido muy buenos resultados en un país
como Suiza, por ejemplo. Pero, para que este tipo de política realmente
funcionara en un país como México, se requerían otros elementos que entonces
no se consideraron. Uno de ellos fue contar con una eficaz y adecuada
supervisión bancaria, que evitara cualquier tipo de complicidad entre
autoridades y banqueros deshonestos, y garantizara al mercado una total
transparencia de las operaciones bancarias.
Otro elemento también ausente, fue disponer de reglas explícitas que limitaran
las garantías gubernamentales a los depósitos bancarios, induciendo
un comportamiento prudente y responsable entre los banqueros. En una
palabra, lo que se necesitaba y se sigue necesitando, si se piensa en una economía
verdaderamente moderna, es un auténtico Estado de derecho, el cual
sólo es posible con una verdadera democracia.
En 1991, los bancos fueron privatizados. Esta importante operación se
realizó de manera poco transparente. Aunque se anunció que los bancos
habían sido vendidos a personas responsables y conocedoras de la banca, la
realidad fue que muchos bancos fueron asignados a gente de dudosa reputación
y escasa experiencia en la materia. Además, aunque se anunció que los
bancos habían sido vendidos al “mejor postor”, se ocultó el hecho de que
muchos fueron adquiridos mediante préstamos otorgados por los mismos
bancos, es decir, por gente que no contaba con suficiente capital para pagarlos,
pero tenía suficientes conexiones en el gobierno.
No obstante, el hecho más grave, que constituyó una de las principales
causas de la crisis que estalló en 1995, fue el mantenimiento de las garantías
del gobierno sobre 100 por ciento de los depósitos bancarios, al tiempo que
se sostenía un tipo de supervisión complaciente, proclive a todo tipo de
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
193
complicidades con banqueros deshonestos, en especial los comprometidos
políticamente con el grupo en el poder.
Las reglas de hecho, para los nuevos banqueros, les permitían realizar
todo tipo de operaciones riesgosas, sin preocuparse de una supervisión
seria, y sin tener que informar al mercado de una manera totalmente transparente.
Si los banqueros ganaban en esas condiciones, demostrarían que
el mercado bancario era un buen negocio; pero si perdían, el gobierno se
comprometía a rescatarlos, socializando las pérdidas, es decir, convirtiendo
esas pérdidas en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos.
Este es el verdadero origen del problema del Fobaproa. Las reglas
adoptadas constituyen un típico caso de riesgo moral (moral hazard), el
cual aparece cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno
por medio del Fobaproa, les resolverá todos sus problemas, presentes y
futuros. Con ese entorno institucional distorsionado y permisivo, el gobierno
indujo todo tipo de incentivos perversos en el comportamiento de
los banqueros. Así, una política que podría haber sido correcta en otras
circunstancias, se convirtió en un gigantesco riesgo para la estabilidad
general de la economía.
A ese marco institucional deficiente, se agregó una política económica que
impulsó el sobrendeudamiento de la economía. Después de estabilizar la
economía, reduciendo los niveles de inflación y disminuyendo el déficit de las
finanzas públicas (logrando incluso superávit en algunos años como resultado
de los ingresos derivados de las privatizaciones), el gobierno consiguió un
ambiente muy favorable a la inversión extranjera, que propició enormes entradas
de capital del exterior.
Un elemento básico de esa política económica fue el mantenimiento de
un tipo de cambio estable respecto al dólar, que sirviera como ancla para
seguir disminuyendo la inflación, y diera al exterior una imagen de estabilidad
que ofreciera “certidumbre” a los rendimientos esperados por los inversionistas
extranjeros. Como la inflación mexicana continuó siendo superior a la
del exterior (en especial la de los Estados Unidos), el tipo de cambio se fue
sobrevaluando, es decir, no se ajustó en la misma proporción que la diferencia
entre nuestra inflación y la extranjera, sino en un nivel menor.
La sobrevaluación del peso respecto al dólar propició que las exportaciones
se encarecieran, a la vez que las importaciones se abarataban. Esa
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
194
situación produjo un déficit creciente en el comercio con el exterior (que
las importaciones crecieran más rápido que las exportaciones), el cual se
pudo financiar con entradas, también crecientes, de capital, atraído por la
ilusión de estabilidad de la economía, cuyos “fundamentos” supuestamente
estaban bien, con el déficit fiscal cercano a cero, la inflación a la baja, y la
aplicación de políticas “favorables al mercado”.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos. Como los precios en pesos de los productos de exportación (los
comer ciables en el exterior) subieron más lentamente que los demás pre -
cios (los de los bienes y servicios no comerciables en el exterior), se produjo
una distorsión entre esos dos tipos de precios, que generó señales equivocadas
y engañosas a los mercados. Así, los precios de los bienes inmuebles
subieron de manera desproporcionada, lo cual provocó la ilusión a mucha
gente de que era más rica, y por tanto, podía gastar más y endeudarse más.
El mismo fenómeno ocurrió con muchos empresarios ubicados en toda clase
de bienes y servicios no comerciables. Esa equivocada percepción, inducida
por la política cambiaria, fue fortalecida por la política financiera del gobierno,
la cual indujo a los bancos a prestar más y más dinero, en condiciones cada
vez más fáciles, sin ningún control.
Así, los tres objetivos que esperaban los tecnócratas con la privatización
bancaria y la liberalización de los mercados financieros, no se consiguieron.
El ahorro interno de la economía no sólo no se incrementó, sino que se redujo
de manera alarmante, como resultado de la comentada política que in dujo
un mayor gasto y endeudamiento. Lo que sí aumentó fue el monto de ahorro
intermediado por los bancos. Gran parte de éste no se generó internamente,
sino que provino del exterior.
La asignación del ahorro disponible tampoco se produjo de la manera más
eficiente, como lo esperaban los tecnócratas, sino que se orientó hacia las actividades
de bienes y servicios no comerciables, las que iban aumentando sus
precios en mayor proporción que los de las actividades exportadoras, como
resultado de la sobrevaluación cambiaria. Esas actividades eran aparentemente
las más rentables, por efecto de la señalada distorsión inducida por la política
económica. Los créditos bancarios al consumo también aumentaron de manera
acelerada. Todo el mundo recuerda cuando en las calles, los empleados de los
bancos se peleaban para ofrecer tarjetas de crédito de manera indiscriminada.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
195
El tercer objetivo esperado por los tecnócratas tampoco se logró. Entre
1993 y 1994, el margen de intermediación de los bancos alcanzó casi 50 por
ciento (frente a un promedio de alrededor de 10 por ciento entre 1983 y
1987). La finalidad de los nuevos banqueros fue recuperar de manera acelerada
las inversiones efectuadas para adquirir los bancos, ya que en buena
parte se realizó mediante préstamos, otorgados por otros banqueros. Ese
elevado margen se reflejó en el encarecimiento del crédito, cuyas tasas de
interés alcanzaron un nivel que hacía previsible el incumplimiento de los
deudores, ante cualquier cambio importante en el entorno económico.
No hay que olvidar que la fuerte expansión del crédito bancario y el
consecuente sobrendeudamiento de la economía, fueron inducidos por la
política económica del gobierno. Como el ahorro interno de la economía
se fue reduciendo, los recursos a disposición de los bancos se incrementaron,
para mantener el crecimiento de los préstamos, mediante dos mecanismos:
primero, con la amortización de deuda pública, resultado de la
disminución del déficit fiscal; y segundo, con la colocación de deuda pública
en el exterior.
El primer mecanismo operó de la siguiente manera. En principio, la sola
disminución del déficit del gobierno liberó recursos para ser prestados al
sector privado. Luego, los ingresos fiscales producto de las privatizaciones
permitieron reducir la deuda del gobierno con el Banco de México, quien
canalizó esos recursos liberados, directamente o por medio de la banca de
desarrollo o los fideicomisos del gobierno, hacia la banca comercial, la que
finalmente los prestó al sector privado.
Entre 1993 y 1994, el gasto excesivo de la economía se reflejó en un saldo
negativo creciente en las transacciones con el exterior. Los tecnócratas
del gabinete económico mantuvieron a toda costa el dogma de que, en ausencia
de un déficit fiscal elevado, el creciente déficit con el exterior supuestamente
no significaba ningún problema, ya que tenía como contrapartida
inversión privada, y no el exceso de gasto público.
La comentada política de sobrevaluación cambiaria, junto con la expansión
crediticia, se llevó al absurdo durante 1994. El gobierno, con un balance
fiscal reportado como cercano a cero, es decir, sin tener necesidad de
financiar ningún déficit, aumentó su colocación de deuda por medio de valores.
Primero aumentó la emisión de papeles en pesos, como los cetes y
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
196
bondes. Pero después, los sustituyó aceleradamente por valores denominados
en dólares, en particular los famosos tesobonos, los cuales fueron
adquiridos por muchos inversionistas extranjeros.
La pregunta que se hizo mucha gente fue: ¿Para qué necesitaba el gobierno
colocar cada vez mayores montos de deuda si no tenía ningún déficit
que financiar, ya que su balance fiscal era cero? La respuesta a esta pregunta
es que esa deuda se emitió para mantener un tipo de cambio cada vez
más sobrevaluado, para sostener la ficción de una economía sana y en expansión
en el año electoral de 1994, y seguir impulsando el crecimiento del
crédito de la banca comercial al sector privado, situación que se convirtió
también en un factor para ganar las elecciones.
El mecanismo para transformar los recursos obtenidos mediante los tesobonos
en financiamiento a las familias y empresas, operaba de la siguiente
forma. La colocación de tesobonos entre inversionistas extranjeros permitía
al gobierno usar esos recursos para reducir su deuda con el Banco de México,
que (ya siendo autónomo en 1994) transfería los recursos liberados a la
banca comercial, y ésta los prestaba finalmente al sector privado. Otro mecanismo
más directo era utilizar parte de los recursos obtenidos mediante
los tesobonos para disminuir directamente la deuda del gobierno con la
banca comercial, que terminaba prestando esos fondos al sector privado.
La política económica del gobierno no sólo inducía una expansión crediticia
cada vez mayor, sino que la reforzaba relajando la supervisión en el
otorgamiento bancario de créditos, y lo peor, garantizando 100 por ciento de
los depósitos que la banca iba prestando de manera cada vez más irresponsable.
Por ello, muchos banqueros otorgaron préstamos sin garantías adecuadas
a empresas relacionadas con ellos, y otros de plano se otorgaron
créditos a sí mismos, o a sus familiares, sin las garantías correspondientes.
Estas prácticas ilegales, fraudulentas y deshonestas de muchos banqueros,
tuvieron que ser conocidas por las autoridades, quienes las permitieron,
si no es que las autorizaron y alentaron. Si bien, aún no se conoce el verdadero
alcance que tuvieron estas prácticas, sobre todo en 1994, existen fuertes
sospechas de que muchas se utilizaron para financiar la campaña elec toral
de ese año, lo cual les dio una garantía de impunidad, asumien do el gobierno
el compromiso de convertir a futuro en deuda pública los saldos que
resultaran de las mismas.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
197
A fines de 1994, cuando se inició el sexenio de Zedillo, la realidad –o las
fuerzas del mercado, como dirían algunos– se impuso. El tipo de cambio se
hizo insostenible y la devaluación del peso se produjo. Para muchos, la devaluación
significó pasar abruptamente de la ficción a la realidad. Muchas
deudas que se habían contratado considerando precios inflados de activos
(en especial muchas acciones y bienes inmuebles), de pronto se enfrentaron
a activos devaluados, ya que sus precios no se ajustaron en la misma proporción
que el tipo de cambio, lo que aunado a la contracción económica que
siguió, los condujo a una situación de insolvencia.
Mucho se ha hablado del famoso “error de diciembre”, que condujo a
la fuerte devaluación del peso. Los expresidentes Salinas y Zedillo se han
echado mutuamente la culpa de la crisis. La verdad es que los dos son
corres ponsables de la crisis que condujo al problema del Fobaproa. Salinas,
por impulsar la irresponsable política económica antes descrita; y Zedillo, por
su manejo incompetente de la situación de diciembre de 1994. Un punto
que los legisladores no deben olvidar es la acusación de que Zedillo informó
a los principales empresarios del país de que iba a devaluar, lo que
hizo que éstos se cubrieran y derrumbaran el mercado cambiario, haciendo
más costosa e inmanejable la situación.
■ LAS CARACTERÍSTICAS DEL RESCATE BANCARIO
Al iniciarse 1995, la fuerte devaluación del peso, y la política aplicada para
tratar de contener la huida de capitales hacia el exterior, provocaron que
las tasas de interés subieran de manera exagerada. Eso condujo a una gran
cantidad de deudores a una situación de insolvencia, quienes dejaron de
pagar sus deudas con los bancos. Ante la inminente quiebra de muchos
bancos, el gobierno empezó una política de apoyos, por medio del Fobaproa,
abriendo líneas de crédito para compensar la falta de recuperación de los
créditos otorgados. Entonces fue cuando se inició el uso del Fobaproa de
manera ilegal, ya que ese fondo pasó de ser un organismo privado (de los
bancos), a transformarse en un instrumento del gobierno, sin existencia
como tal en ninguna ley, pero mediante el cual el gobierno adquirió todo
tipo de compromisos que terminaron en una deuda creciente.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
198
Hasta ese momento, el gobierno mantenía un diagnóstico equivocado de
la crisis que ya se venía encima. Para el gobierno se trataba sólo de una crisis
de confianza de corto plazo, la cual se podría revertir con una política de
ajuste que mantuviera los equilibrios macroeconómicos básicos. Mediante la
aplicación de una política de esa naturaleza, la confianza supuestamente se
vería restaurada, los capitales que se estaban fugando hacia el exterior empezarían
a regresar, y todo se arreglaría, permitiendo estabilizar el mercado
cambiario y disminuir de nuevo las tasas de interés.
El gobierno apostó de tal manera a su hipótesis de crisis de confianza
de corto plazo, que pensó que arreglando el problema de Chiapas, la confianza
se restauraría. Así, a principios del mes de febrero, Zedillo decidió
iniciar una operación militar en Chiapas, sin éxito, ya que el problema financiero
de la economía no se encontraba allí. Para fines del mes de febrero, la
situación financiera se deterioró aceleradamente, mostrando que la crisis
tenía mucha mayor profundidad que lo que se había pensado.
La primera preocupación del gobierno fue garantizar, al costo que fuera,
los intereses de los inversionistas y acreedores extranjeros. Aquí vale una
breve reflexión. Los inversionistas extranjeros, por ejemplo los fondos de
pensiones de los Estados Unidos, importantes tenedores de tesobonos a
fines de 1994, tenían dos grandes opciones: invertir sus fondos en los Estados
Unidos, con poco riesgo pero con una tasa de interés baja; o invertirlos
en países como México, que ofrecían tasas de rendimiento en dólares sustancialmente
más elevadas, pero con el riesgo de que la estabilidad cambiaria
no se mantuviera. En toda operación financiera, si se busca un mayor
rendimiento, y se asume un mayor riesgo, no se vale exigir a toda costa que
ese riesgo sea cero. Lo que hizo el gobierno, con ayuda del Tesoro de los
Estados Unidos, fue garantizar que ese riesgo fuera cero, y un pésimo negocio
para México.
La auténtica solución de mercado, en las circunstancias de principios
de 1995, hubiera sido que a la depreciación de los activos hubiera co rres pondi
do también una depreciación de los pasivos, es decir, de los instru mentos
de ahorro financiero, empezando por los tesobonos, que eran el principio
de la larga cadena. Sin embargo, la garantía gubernamental sobre 100 por
ciento de los depósitos bancarios obligaba a una intervención del gobierno
para evitar cualquier pérdida de los ahorradores que mantenían depósitos en
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
199
los bancos. Pero en el caso de los inversionistas extranjeros, lo recomendable
era hacer lo que siempre se ha hecho en circunstancias similares: renegociar
y recalendarizar el pago de esas obligaciones. Esa renegociación hubiera dado
mejor margen de maniobra al gobierno para enfrentar con mayor eficacia los
problemas de los deudores que no podían pagar los créditos que les habían
otorgado los bancos, sobre todo al inicio de la crisis, cuando era más fácil y
barato solucionar el gigantesco problema que se estaba gestando.
El argumento manejado por el gobierno, de que si no se hubieran llevado
a cabo las acciones de política económica que decidió, se hubiera
produ cido una crisis mucho mayor a la observada en 1995, es muy cuestionable.
La experiencia de otras crisis vividas por nuestro país muestra
que siempre existen varias alternativas para enfrentarlas. Por ejemplo,
du rante la crisis estallada en 1982, el gobierno decidió pagar en pesos los
de pósitos que se habían contratado en dólares, y tomó además la decisión de
nacionalizar la banca privada. La respuesta de los acreedores externos fue
aceptar la renegociación de los adeudos, y ni siquiera se perdió el apoyo
del Fondo Monetario Internacional. Existen otros ejemplos, como el de
1938, cuando el presidente Cárdenas decidió expropiar a las empresas
petroleras. Algunos recomendaban entonces no afectar esos intereses,
porque las consecuencias para el país podrían ser funestas. Sin embargo,
después de esa medida se inició un periodo de crecimiento económico que
se sostuvo por varias décadas.
El gobierno, en realidad, se comportó como un administrador de los intereses
de los grandes inversionistas, en especial de los extranjeros, y no como
un auténtico representante de los intereses de la mayoría del pueblo mexicano.
Con ese enfoque, por supuesto que resulta razonable lo hecho por el gobierno,
y justificable la frase del presidente Zedillo de que “no tenía opción”. Pero la
alternativa hubiera sido convocar a toda la sociedad para enfrentar eficazmente
la crisis, priorizando la protección de los depósitos de 99.75 por ciento de
los ahorradores, que representan sólo 44 por ciento del ahorro financiero. Sin
embargo, sabemos que esto no fue así: el gobierno decidió que los tenedores
extranjeros de tesobonos no tuvieran ninguna pérdida, por lo que acudió a
financiamientos extraordinarios en el exterior para conseguirlo, lo cual fue muy
festinado por el gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el inicio de la cadena
que impidió un ajuste diferente. Así, el gobierno, que profesaba un dogmatismo
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
200
a favor del mercado, impidió que el mercado funcionara, imponiendo una situación
que ha sido ficticia desde el principio hasta la fecha.
Tomada la decisión de privilegiar los intereses de los inversionistas extranjeros,
de los banqueros y de los grandes ahorradores (muchos de ellos también
grandes deudores), lo demás fue ir poniendo parches a una situación que se
deterioraba aceleradamente. En un principio se buscó obligar a los deudores,
sobre todo a los medianos y pequeños, a cumplir con los compromisos “adquiridos”.
Lo dramático fue que una gran cantidad de proyectos que eran
rentables, dejaron de serlo de manera abrupta. Así, muchos deudores, que
adquirieron sus pasivos tomando en cuenta la estructura de precios relativos,
el nivel de las tasas de interés, y las señales del gobierno de que se mantendría
la estabilidad, de pronto, sin tener realmente responsabilidad en lo que estaba
pasando, se encontraron que sus activos se habían devaluado y sus ingresos
habían disminuido como resultado de la contracción económica inducida por
el gobierno, y las tasas de interés se habían elevado fuertemente, conduciéndolos
a una situación de insolvencia por completo inesperada. La política del
gobierno, que antes los indujo a endeudarse, después consistió en obligarlos
a pagar en esas circunstancias, o perder sus patrimonios.
La actitud del gobierno respecto a los millones de pequeños y medianos
deudores, mostró un fuerte contraste, al compararla con el tratamiento ofrecido
a los grandes deudores. Mientras los pequeños y medianos deudores
fueron presionados por todos los medios posibles para que pagaran sus deudas
en las onerosas e injustas nuevas condiciones, las autoridades protegían
a los grandes deudores de la banca, muchos de ellos banqueros con fuertes
ligas con el grupo en el poder. Los programas de apoyo a la banca se aplicaron
sin que hubiera reglas claras y generales, de manera totalmente discrecional,
lo que favoreció de manera arbitraria a unos banqueros sobre otros.
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se
han adoptado al menos tres medidas:
• Los funcionarios que estuvieron involucrados durante la gestación
de la crisis son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha
• Se dan a conocer reglas generales para el uso de los recursos públicos
durante el rescate bancario
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
201
• Esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó
los problemas
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario. Los mismos
funcionarios que estuvieron durante la gestación de la crisis, como Guillermo
Ortiz y Eduardo Fernández, fueron los encargados de corregirla. Las
reglas para el uso de recursos públicos, en un principio pretendidamente
generales, pronto se olvidaron, pasando a un nivel de discrecionalidad verdaderamente
escandaloso. Los incentivos para que los banqueros ayudaran
a rescatar a los bancos desaparecieron, transformándose en señales para
que los abusos aumentaran.
Los programas para ayudar a resolver la deteriorada situación financiera
de los bancos, se fueron modificando casi a capricho de los banqueros,
y propiciaron que el problema no sólo no se resolviera, sino que se profundizara.
Cuando un banco conseguía un tratamiento más ventajoso por parte
del Fobaproa, los demás trataban de imitarlo.
Así, los banqueros metieron en la panza del Fobaproa toda la basura que
pudieron, incrementándose de manera dramática los pasivos avalados por
el gobierno. El que se produjeran todo tipo de abusos fue posible, no sólo
por el manejo discrecional de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda,
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Fobaproa, sino
porque todas esas operaciones se mantenían en la oscuridad, sin que la
sociedad, y ni siquiera los legisladores, se enteraran.
La apuesta del gobierno era que la situación se iba a ir corrigiendo de
manera paulatina; pero sucedió lo contrario, ya que conforme pasaba el
tiempo, el costo del rescate bancario se incrementaba cada vez más. A pesar
de que se contaba con un ramo presupuestal para atender ese asunto (el
ramo 29), los recursos no alcanzaban, y el gobierno buscó una fuente para
financiar, de manera subrepticia, ese faltante.
Esa fuente la encontró en los ingresos petroleros excedentes. Entre 1995
y 1997, los precios del petróleo se incrementaron, y con ellos, la renta petrolera.
El gobierno de Zedillo decidió alejarse de las políticas de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aumentó la producción
y la exportación de crudo, a fin de allegarse los recursos necesarios para
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
202
financiar el rescate bancario. Como eso no bastaba para cubrir la enorme
magnitud del desfalco, se decidió exprimir a Pemex al máximo. Para ello, se
utilizó un mecanismo incluido en el régimen fiscal de Pemex: el aprovechamiento
sobre ingresos excedentes.
El mecanismo operaba de la siguiente manera. Si el precio del petróleo
de exportación estimado en el presupuesto del siguiente año resultaba
correc to, los tributos pagados por Pemex alcanzaban 60.8 por ciento de sus
ingresos. Pero si ese precio resultaba más elevado, los ingresos excedentes
se debían enterar al fisco, en 100 por ciento, aumentando automáticamente
los recursos que debía entregar Pemex.
Con ello, el truco utilizado entre 1995 y 1997 fue muy sencillo: bastaba
con subestimar el precio esperado (en la Ley de Ingresos) para aumentar
los recursos extraídos a Pemex. Ese medio tenía un agravante, el que los
ingresos excedentes no estaban incluidos en el presupuesto, es decir, que
los diputados no habían decidido cómo utilizarlos. Por ello, el Ejecutivo
podía decidir discrecionalmente cómo usarlos. La decisión de Zedillo fue
obvia, los destinó al rescate bancario.
Ese mecanismo para financiar de manera subrepticia el creciente costo
del rescate bancario, exprimiendo fiscalmente a Pemex, se derrumbó a
principios de 1998, cuando cayeron los precios internacionales del petróleo.
Ese fue el hecho clave que obligó al presidente Zedillo a hacer público el
problema del Fobaproa y solicitar al Congreso que aprobara la conversión
de los enormes y escondidos pasivos del Fobaproa en deuda pública.
■ EL GRAN DEBATE DEL FOBAPROA EN 1998
En marzo de 1998, el presidente Zedillo envió al Congreso varias iniciativas
de ley, entre las que se distinguieron dos: la que creaba la Ley Federal del
Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) y la que creaba la Ley de la Comisión
para la Recuperación de Bienes (Corebi).
Con la primera iniciativa, el Ejecutivo Federal proponía crear el Fogade,
organismo que sustituiría al Fobaproa, permitiendo la legalización de todas
las operaciones realizadas. Con la segunda iniciativa, proponía la creación
de la Corebi, la cual se encargaría de vender los activos en poder del Fobaproa
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
203
y, en un perdido artículo transitorio, se contemplaba la conversión en deuda
pública de los enormes pasivos generados. Así, la propuesta incluía la
creación de dos organismos, uno permanente (el Fogade), y el otro transitorio
(la Corebi).
El famoso debate nacional respecto al Fobaproa se inició con la discusión
de estos dos proyectos de ley. En particular, se cuestionó el artículo cuarto
transitorio de la Iniciativa de Ley de la Corebi, el cual, textualmente decía:
Las obligaciones contraídas por el Fondo Bancario de Protección del Ahorro y
el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, que cuenten con el aval o la responsabilidad
solidaria del Gobierno Federal, así como los compromisos adquiridos
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y las obligaciones de las instituciones
de banca múltiple intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y apoyadas por el propio Fondo, pasarán a formar parte de la deuda
pública directa del Gobierno Federal. La consolidación de estos pasivos será por
un monto de 552,300’000,000.00 de pesos (quinientos cincuenta y dos mil trescientos
millones de pesos), fecha valor 28 de febrero de 1998, y deberá formalizarse,
junto con sus accesorios, a más tardar el 31 de diciembre de 1998.
Lo que escandalizó a los legisladores, y a la sociedad en general, fue la
pretensión de convertir en deuda pública los pasivos acumulados ilegalmente
por el Fobaproa, que al 28 de febrero de ese año se estimaban en 552 300
millones de pesos. Esa cifra era aún incierta, y la tramposa redacción de ese
artículo transitorio lo señalaba, al decir que debería considerar los “accesorios”
a diciembre de 1998.
Lo primero que solicitaron los legisladores fue que el gobierno proporcionara
toda la información respecto a cómo se había generado esa enorme
deuda. Además, exigieron que primero se auditaran todas las operaciones del
Fobaproa, para determinar si habían sido legales, y sólo después pensar en
reconocer esos pasivos como deuda pública.
El gobierno empezó una fuerte campaña de prensa, diciendo que si esos
pasivos no se reconocían como deuda, llevarían al país a la catástrofe. La información
se fue entregando de manera resumida y con cuentagotas, a la vez
que se presionaba a los legisladores para que aprobaran las iniciativas enviadas
por el Ejecutivo, sin más discusión. Para fortuna del país, el PRI y el PAN
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
204
no llegaron a un acuerdo en ese momento, lo que permitió que el verdadero
debate respecto al Fobaproa se iniciara.
Es importante recordar lo sucedido dentro del PRD, entre mayo y junio de
ese año. El asunto no era fácil y la confusión fue mayúscula. Los asuntos financieros
no son de fácil comprensión para alguien no familiarizado con ellos. Si
además se contaba con una labor de encubrimiento por parte del gobierno
federal, la posibilidad de incurrir en errores graves era muy grande.
El 28 de mayo de 1998, el entonces presidente del PRD publicó un “Manifiesto
a la Nación”, donde exigía que se auditaran y transparentaran las operaciones
del Fobaproa, fincando las responsabilidades correspondientes. Pero también
proponía aceptar la conversión de esos pasivos en deuda pública, a razón de
100 mil millones de pesos cada trimestre, luego de ser auditados, siempre que
el gobierno se comprometiera a impulsar, de manera compensatoria, una política
social de Estado, financiada con los ingresos petroleros excedentes.
Durante el mes de junio, se dio una discusión dentro del PRD, con el fin de
entender los factores que habían llevado a la crisis bancaria; las características
del rescate llevado a cabo por el gobierno; y la legalidad de todo el proceso. De
esa discusión se concluyó que el PRD no podía aceptar la conversión de los
pasivos del Fobaproa en deuda pública, debido a su origen totalmente ilegal.
El 15 de julio, el PRD dio a conocer su documento “Fobaproa: el gran
atentado contra la economía nacional. Alternativas para impedirlo”, donde
propuso una solución muy diferente a la planteada por el Ejecutivo. Después
de presentar un análisis de las causas que provocaron el gigantesco quebranto
bancario, y de probar las múltiples ilegalidades que cometieron las
autoridades, que violaron incluso la Constitución, se propuso una solución
integral al problema del Fobaproa, mediante cuatro objetivos:
Objetivo I. Brindar una salida real, definitiva, justa y amplia a los deudores de
la crisis
1. Se rechaza la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública
oficial, exigiendo una revisión detallada de todas las operaciones
que los generaron.
2. Se exceptúan de cualquier protección las operaciones ilícitas, irregulares
o de mala fe.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
205
3. Se exceptúan de cualquier trato preferente los pasivos de los 500
grupos económicos de mayor solvencia, con adeudos de 50 millones
de pesos o más.
4. Se diseñará un programa para pequeños y medianos deudores, que
considere los créditos otorgados hasta diciembre de 1994, incluyendo
los que están vencidos, con depuración de saldos, subsidio a las
tasas de interés y sistema de pago en función del ingreso del usuario
del crédito.
5. Se mantendrá por lo pronto el conjunto patrimonial del Fobaproa, el
Congreso decidirá qué uso darle, priorizando la defensa de la planta
productiva y de los auténticos empresarios y familias víctimas de la
crisis. Adicionalmente, deberá formarse un nuevo organismo que
garantice los depósitos de los ahorradores hasta 250 mil udis.
Objetivo II. Asegurar que todos los causantes del descalabro bancario paguen la
responsabilidad penal, civil, administrativa y política que les corresponda
Se exige fincar responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas a
todos los responsables de la crisis bancaria. Esto incluye a funcionarios y exfuncionarios
públicos, funcionarios bancarios, empresarios y miembros de los
consejos de administración de los bancos, que hayan participado en las operaciones
ilegales, fraudulentas e irregulares que están en el origen del problema.
Para lograr lo anterior, se exige la entrega completa de la relación de
operaciones realizadas, del inventario de los pasivos y activos del Fobaproa
y la realización de las auditorías necesarias. Para garantizar la condición de
imparcialidad, se exigen las renuncias inmediatas del gobernador del Banco
de México, el presidente de la CNBV y el director del Fobaproa.
Objetivo III. Saneamiento y reforma del sistema financiero
Para lograr que la banca vuelva a ser una pieza clave en el desarrollo, se
propone reformar el sistema bancario y financiero con las siguientes
medidas:
• Reforzamiento de la vigilancia y supervisión bancaria
• Conversión de la CNBV en un organismo autónomo, tanto respecto a
la Secretaría de Hacienda, como respecto al Banco de México
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
206
• Garantías de que la banca sirva al desarrollo nacional, con tasas de
interés y márgenes de intermediación accesibles e inversión hacia
las actividades productivas
• Fortalecimiento de la banca de desarrollo
• Mantenimiento de las restricciones a la inversión extranjera en la
banca
• Construcción de una afore nacional, que sustituya a las actuales privadas,
en beneficio del desarrollo del país y de los pensionados
Objetivo IV. Reducir el costo fiscal del rescate bancario
En vista de la incertidumbre sobre la dimensión del quebranto y los efectos
del Fobaproa, se requiere revisar su volumen banco por banco, expediente
por expediente, y programar las soluciones durante un periodo largo para
profundizar en las auditorías, depurar pasivos, realizar los activos que constituyen
las garantías otorgadas, eliminar los créditos ilegales y fraudulentos,
renegociar los pagarés e instrumentar el programa de rescate a deudores.
Por tanto, sólo se autorizará para el ejercicio presupuestario de 1999 la
parte relativa a este último programa (pp. 25-28).
Es importante recordar que detrás de los ríos de tinta que han corrido
respecto al problema del Fobaproa, se puede percibir claramente el propósito
de esconder la esencia de toda la discusión: la intención del gobierno
de convertir los pasivos del Fobaproa (deuda especial contraída de manera
ilegal) en deuda pública oficial (legal). La médula del asunto quedó precisada
con toda claridad en el documento del 15 de julio, cuando se dijo que “la
clave de toda la discusión está en lo que se hará con los pagarés emitidos
ilegalmente por el Fobaproa. Esos pagarés representan todo el adeudo [...]
en que el gobierno ha incurrido para compensar las pérdidas de los bancos,
y que les ha permitido mantenerse a flote”.
A continuación, se describieron en el documento las características de
los pagarés del Fobaproa, avalados ilegalmente por el gobierno, al afirmar
que “la esencia del asunto es que esos pagarés son papeles con vencimiento
a 10 años con intereses capitalizables, es decir, los intereses no se pagan
hasta el vencimiento pero incrementan paulatinamente el valor nominal de
los pagarés. Estos pagarés no pueden ser vendidos y, por lo tanto, los bancos
no pueden transformarlos en liquidez”.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
207
Más adelante, se señaló en el documento que:
Con la conversión de esos pagarés en deuda pública oficial, el Ejecutivo Federal
busca transformarlos en títulos negociables, como los cetes, para proporcionar
liquidez a los bancos. Esto significaría una enorme transferencia de riqueza a los
bancos, pagada por toda la sociedad a partir de la fecha en que se hiciera la
conversión. Con ese canje, los bancos, por fin, se liberarían de los enormes costos
acumulados por su ineficiencia, fraudes y corruptelas de todo tipo, los cuales
serían endosados a toda la sociedad.
Por ello, el primer punto de la propuesta del PRD, incluida en ese documento
fue: “Se rechaza la conversión de los pasivos de Fobaproa en
deuda pública por no cumplir con los requisitos marcados por la Constitución
y la Ley de Deuda Pública”. El PRD propuso que se restableciera la
legalidad y que se buscara una salida justa. Esto requería analizar detalladamente
la situación de los grandes deudores, precisar el valor de la cartera,
establecer reglas generales para el rescate de las genuinas empresas
productivas y familias afectadas en su patrimonio con objeto de diseñar
una política de quitas y subsidios a las tasas de interés que les permita
pagar su deuda y recuperar su calidad de sujetos de crédito.
La propuesta del PRD permitía restablecer la legalidad en torno a las operaciones
del Fobaproa ofreciendo una verdadera salida para rescatar a los
deudores que habían sido las víctimas de la equivocada política aplicada por
el gobierno y del irresponsable comportamiento de los banqueros; evitaba la
quiebra de la banca y protegía el ahorro y el sistema de pagos de la economía;
proponía reformar el sistema financiero sobre nuevas bases verdaderamente
sanas, previniendo la aparición de un Fobaproa II; y, sobre todo, ofrecía aprovechar
esta gran oportunidad histórica, convirtiendo lo que podría ser un
fraude gigantesco contra la mayoría de la población, en un proceso que ataque
a fondo las raíces de la corrupción e impunidad que han hundido a México,
ayudando a poner las bases de una sociedad en verdad democrática.
Identificada la naturaleza del problema, la primera demanda irrenunciable
fue oponerse a la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública,
ya que sería el medio para echar tierra al asunto, encubrir el cúmulo de ilegalidades,
garantizar la impunidad, y perpetuar los mecanismos injustos y
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
208
corruptos que generaron el quebranto. El siguiente paso fue exigir toda la
información necesaria para llegar al fondo del asunto, aclararlo en todos sus
detalles y solucionarlo de manera transparente, respetando la legalidad y
garantizando la justicia.
La respuesta inmediata del gobierno fue la descalificación, la acusación
de que el documento del PRD contenía muchas “falsedades” y no proponía
ninguna solución. Sin embargo, el gobierno fue incapaz de refutar el diagnóstico
presentado en el documento, y de realizar un debate serio para
encontrar una solución menos lesiva para los intereses de la inmensa mayoría
de la población, tal como lo propuso el PRD. En lugar de ello, el gobierno
optó por iniciar una histérica campaña publicitaria, usando una
gran cantidad de recursos públicos, con el fin de convencer a la población
de que la política aplicada por el gobierno no sólo fue la mejor, sino la
única posible.
A pesar de esa cerrazón del gobierno, el PRD continuó con la política
definida, y convocó a la población para que participara en una consulta nacional
sobre el Fobaproa. Esa consulta se realizó el 31 de agosto, con mucho
mayor éxito que el esperado inicialmente, logrando la participación de más
de tres y medio millones de personas, de las cuales, la inmensa mayoría se
manifestó contra la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda de
todos los mexicanos. Además, el PRD hizo públicos los nombres de algunos
de los posibles beneficiarios del Fobaproa, probando que la sospecha de que
parte de los recursos “perdidos” en realidad se utilizaron para financiar la
campaña del PRI en 1994, es un hecho.
En el mes de septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al
auditor canadiense Michael Mackey, para que realizara una auditoría a todas
las operaciones efectuadas por el Fobaproa. Además, se decidió que no se
legislaría sobre ese asunto hasta que concluyeran esas auditorías y todo
quedara clarificado.
En ese mismo mes de septiembre, el gobierno propuso la creación de una
mesa denominada “de Alto Nivel”, de donde legisladores de cada partido político
podrían “negociar” directamente con el gobierno los principales asuntos
incluidos en la agenda nacional, el Fobaproa en primerísimo lugar. Como interlocutores
por parte del gobierno, se encontrarían los secretarios de Gobernación
y de Hacienda. En un afán constructivo, el PRD decidió participar en esa
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
209
mesa, buscando plantear una solución de acuerdo con los principios señalados
en el documento del 15 de julio.
Desde la primera reunión, quedó claro que no había ninguna voluntad
negociadora por parte del gobierno, sino sólo la intención de imponer a toda
costa la propuesta original del presidente Zedillo, aunque encubierta con
otros ropajes. Además, el gobierno mantuvo de manera obstinada su posición
de negarse a proporcionar la información completa y detallada que se le
solicitó, la cual era indispensable para evaluar todos los aspectos del problema
y encontrar las mejores soluciones. Así, la supuesta negociación se
convirtió en un auténtico “diálogo de sordos”.
A fines de septiembre, se llegó el extremo, cuando el subsecretario de
Hacienda dio a conocer un documento donde se presentaban los supuestos
“puntos de convergencia entre los partidos políticos y el Ejecutivo”, que en
realidad contenía sólo la propuesta gubernamental, la cual se pretendía
imponer como si fuera resultado de un acuerdo. Mediante un engaño realmente
grotesco, el gobierno pretendía hacer pasar su exclusiva propuesta
como si hubiera sido resultado de una negociación con los partidos, presionándolos
para que fueran parte de esa mascarada.
El supuesto consenso consistía en dividir los 552 mil millones de pesos
de los pasivos del Fobaproa (al 28 de febrero) en tres grandes partes: 361
mil millones, de pasivos con los bancos “intervenidos”; 160 mil millones,
con los bancos denominados “vivos”; y los restantes 31 mil millones, clasificados
como “otros pasivos”. Según el gobierno, la única parte que se podría
modificar sería la correspondiente a los bancos “vivos” (menos de la tercera
parte de los pasivos del Fobaproa), en los cuales “es factible que si durante
las auditorías, se determinara la existencia de cartera de origen ilícito,
ésta sea devuelta al banco originador, quien tendrá la obligación de sustituirla
por un monto igual de cartera legal”. Pero este criterio no se podría
aplicar a los bancos “intervenidos” (65 por ciento de los pasivos del Fobaproa),
porque “sería imposible regresar algún activo a esas instituciones, ya
que [...] son propiedad de Fobaproa o de nuevos inversionistas que nada
tienen que ver con el origen de los créditos”.
En otras palabras, lo que pretendía el gobierno con ese documento, era
que los partidos aceptaran, como si hubiera sido un acuerdo, revisar sólo la
situación de los pagarés en poder de los bancos “vivos”, es decir, sólo 160
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
210
de los 552 mil millones de pesos de los pasivos del Fobaproa (menos de una
tercera parte), reconociendo que para los restantes 392 mil millones de pesos,
sólo había la opción de “procurar obtener la máxima recuperación” de los
activos que quedaran, y aceptando al resto, de hecho, como deuda pública
oficial, legalizada. Lo más grave era que se pretendía que esos 392 mil millones
ni siquiera fueran investigados por medio de las auditorías, ya que aun
en el caso de que se probara que una parte hubiera sido fraudulenta, “sería
imposible regresar algún activo a esas instituciones”, puesto que los bancos
que originaron esa cartera dejaron de existir y ya no hay a quién reclamar.
En el mismo documento se propuso “crear un organismo público descentralizado”,
que sustituya al Fobaproa, y se planteaba, como si hubiera
sido un acuerdo con los partidos, que: “Por lo que se refiere a los pasivos
del Fobaproa, éstos serían asumidos por el nuevo organismo. Para cubrir
las necesidades de recursos del organismo, en la ley que lo cree se establecería
un compromiso presupuestal de aportar anualmente un monto no inferior
a 35,000 millones de pesos. De esta forma se permitirá el pago
oportuno de sus compromisos financieros”. Esta era en realidad la propuesta
original del gobierno: convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública
oficial. Además, incorporaba lo ofrecido por el secretario de Hacienda,
de convertir esa deuda en udibonos (bonos indexados a la inflación), lo cual
“minimizaría” el impacto presupuestario del pago anual de intereses, que
sería de alrededor de los 35 mil millones de pesos propuestos.
Por último, en el mismo documento se incluía un programa de apoyo
a los deudores, pretendiendo hacer pasar las propuestas originales de los
banqueros, como si hubieran sido resultado de un acuerdo con los partidos.
Ese programa ofrecía descuentos sólo a los deudores “que estén al
corriente de sus pagos o que los regularicen antes del 31 de diciembre de
1998”. En pocas palabras, se ignoraba totalmente la propuesta del PRD,
plan tea da en el documento del 15 de julio, la cual consistía en diseñar un
programa para pequeños y medianos deudores, que considerara los créditos
otorgados hasta diciembre de 1994, incluyendo los que estaban
vencidos, con depuración de saldos, subsidio a las tasas de interés y sistema
de pago en función del ingreso del usuario.
En resumen, con el documento presentado por el subsecretario de Hacienda,
el cual supuestamente buscaba “sintetizar las posturas expresadas por el
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
211
PAN, el PRD, el PRI, el PT y el PVEM”, el gobierno pretendía que los partidos
representados en esa mesa “de Alto Nivel”, reconocieran como propios una
serie de planteamientos que les eran ajenos (al menos al PRD), y que significaban
en realidad la misma propuesta del Ejecutivo, con algunos ajustes cosméticos.
Por ello, en una actitud de total congruencia, algunos de los legisladores
del PRD presentes en esa reunión se retiraron de la misma, para no convalidar
con su presencia esa auténtica farsa. A partir de ese momento, el PRD decidió
retirarse de las negociaciones hasta que el gobierno mostrara una auténtica
voluntad de discutir las propuestas que se le habían presentado, y no sólo
aparentar que estaba negociando, al tiempo que buscaba imponer su propuesta
original, haciéndola aparecer como si hubiera sido resultado de un acuerdo
con los diferentes partidos.
El 30 de septiembre, el gobierno y los demás partidos políticos (con
excepción del PRD) dieron a conocer 13 puntos “de acuerdo” para solucionar
el problema del Fobaproa. Además de repetir los planteamientos del gobierno
y los banqueros, se observaron dos novedades: primera, la propuesta de
“devolver a la banca los créditos mayores a 5 millones de pesos, adquiridos
mediante el programa de compras de cartera y sustituirlos por créditos de
pequeños deudores”, y segunda, la decisión de que “[l]os pasivos a cargo
del Fobaproa no se consolidarán como deuda pública directa. En consecuencia,
quedarán a cargo del organismo que desempeñe las funciones de recuperación
de activos”, es decir, del nuevo organismo público que sustituirá
al Fobaproa.
Respecto a la primera novedad, con la sustitución de los créditos mayores
a 5 millones de pesos, por créditos a pequeños deudores, los bancos
quedan en la misma situación, y los pasivos por convertirse en deuda pública
se mantienen en el mismo monto. La única diferencia es que los créditos
a los grandes deudores (muchos de ellos presuntamente fraudulentos),
quedan fuera del escrutinio de las auditorías, ya que dejarían de ser parte
de los pasivos del Fobaproa. En otras palabras, lo acordado en este punto
significa un auténtico lavado de dinero.
En cuanto a la segunda novedad, la aceptación de no convertir los pasivos
del Fobaproa en deuda pública “directa”, estaba destinada a engañar a la
opinión pública, al aparentar que el gobierno, por fin, aceptó no realizar la tan
impuganda conversión. Pero en realidad, lo único que aceptó es no registrar
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
212
esa conversión como deuda “directa”, es decir, del gobierno federal, sino como
deuda pública oficial a nombre del nuevo organismo “público” que sustituiría
al Fobaproa.
A principios de octubre, el gobierno y los demás partidos políticos (con
la excepción del PRD) anunciaron otros 10 puntos de “acuerdo”. La única
novedad aquí, fue el punto donde se aceptó que “[e]l organismo encargado
de la recuperación de activos emitirá bonos negociables que sean atractivos
para las instituciones de crédito tenedoras de los pagarés emitidos por el
Fobaproa, quienes podrán devolver esos pagarés y recibir los bonos que
emita el nuevo organismo”. Con esto se aceptó la conversión de todos los
pagarés emitidos por el Fobaproa (los de los bancos “vivos” y los de los “intervenidos”)
en deuda pública oficial, en bonos “negociables” y “atractivos”
para los bancos. Esa conversión se aceptó sin que antes se practicaran las
auditorías, antes de que se conociera cómo se generaron realmente esos
pasivos, y antes de castigar a ninguno de los responsables de ese inmenso
quebranto.
El 17 de octubre, el Consejo Nacional del PRD emitió una resolución, en
el sentido de mantener la política de principios definida respecto al Fobaproa,
e instruir a todos los legisladores del PRD para que se abstuvieran de
firmar acuerdos con el PAN, hasta que ese partido se deslindara claramente
de la posición del gobierno. El gobierno acentuó su campaña de propaganda,
acusando al PRD de intransigente y de carecer de propuesta. La
“negociación” entre el gobierno y los demás partidos continuó durante
octubre y noviembre, hasta desembocar en el Proyecto de Ley del Seguro
del Ahorro Bancario, el cual se votó el 12 de diciembre y creó el Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario.
■ EL INFORME DE MICHAEL MACKEY
En julio de 1999, Michael Mackey entregó a la Cámara de Diputados su “Informe
sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)”.
Desafortunadamente, la auditoría encargada a ese consultor no pudo
llevarse a cabo de manera completa y eficaz, debido a la reiterada negativa
de las autoridades a proporcionarle toda la información que necesitaba el
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
213
auditor, en especial la referida a los fideicomisos, como el utilizado por Cabal
Peniche. La excusa fue el famoso “secreto bancario”.
Aun así, Mackey elaboró su informe tomando como base la limitada y
escogida información que le fue entregada. En su reporte presentó un análisis
de las operaciones del Fobaproa, así como una evaluación de la actuación
de las autoridades durante la gestación de la crisis bancaria y durante
la aplicación de los programas de rescate y saneamiento financiero. El Informe
de Mackey terminó siendo una asesoría para ayudar a los diputados en
sus tareas de legislación, sin alcanzar la categoría de auditoría, como se
había ofrecido en la ley que creó al IPAB.
Los voceros del gobierno federal y sus diputados cómplices del PRI y
del PAN pretendieron hacer pasar el informe de Mackey como lo que no era,
una auditoría practicada al Fobaproa. Al aparentar que ese informe era la
anunciada auditoría, se pretendió haber cumplido con lo que señala la ley.
Con ello, no sólo se legalizó este enorme fraude contra el pueblo de México,
sino que se garantizó la impunidad de los responsables, al aparentar que un
auditor independiente había revisado todo, sin encontrar más que los 6 mil
millones de pesos en créditos ilegales, ya previamente identificados por las
autoridades.
El propio Mackey lo dijo en su reporte:
Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una
auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas
previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento
expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos opinión
alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de la CNBV, del
Fobaproa, de la SHCP, del Banco de México, de los bancos individuales o de los
controles internos de estos organismos e instituciones. Como se señala en otra
parte de este informe, los términos de referencia de esta revisión fueron diferentes
a los de una auditoría financiera y no debe considerarse que proporcionan la
misma información y nivel de seguridad que una auditoría financiera. [p. 5]
Además, el consultor Mackey describió con todo detalle la manera como
las autoridades le negaron acceso a mucha información que consideraba
indispensable. Por ejemplo:
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
214
En los casos en que los bancos habían sido intervenidos estaba claro que nuestro
alcance se extendería a todo el banco ya que Fobaproa era responsable de
todos los pasivos en el banco intervenido. En este contexto surgieron dos situaciones.
Primero, en los casos en donde solamente se emprendió de facto una
intervención administrativa, los interventores tomaron la postura de que no
había ocurrido ninguna intervención y se negó el acceso a todos los aspectos
del banco excepto a aquellos relacionados con los programas del Fobaproa.
Segundo, en los casos en donde sí se había emprendido una intervención gerencial,
los interventores adoptaron la postura de que las cuentas de los fideicomisos
en los bancos intervenidos no eran parte de los bancos, resultando esto, en
que se negó acceso a la información relacionada con todas las cuentas de los
fideicomisos. [p. 17]
Además de la crítica al gobierno por la forma como realizó la privatización
de los bancos, a una supervisión inadecuada y al cúmulo de fallas que
propiciaron y permitieron un crecimiento excesivo en el costo del rescate
bancario, Mackey incluyó al final de su informe un apartado (el número VII)
denominado “Transacciones reportables”. En él se analizaron los créditos
que, según la evaluación de ese consultor, deberían ser revisados por las
autoridades, ya que contenían todo tipo de irregularidades.
Las operaciones consideradas como reportables ascendieron a 73 775
millones de pesos, valuados a la fecha en que cada crédito fue adquirido por
el Fobaproa, es decir, al valor que tenía cada uno en el momento en que ese
fondo los compró. Contra esos créditos, el Fobaproa emitió pagarés por un
valor original similar a esos préstamos, el cual se ha ido incrementando al
capitalizarse, es decir, al incorporarse al valor del pagaré los intereses que
se han acumulado desde la fecha de la emisión.
Los créditos reportables fueron clasificados por Mackey en tres grandes
grupos:
A) “Transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales
establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el
Fobaproa.”
B) “Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a
partes con las que tenían alguna relación o afiliación.”
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
215
C) “Las transacciones que hayan sido revisadas o estén siendo revisadas
por la CNBV y/o ciertos bancos, mismas que se determinó que eran
ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos
que gobiernan a las instituciones financieras mexicanas.”
Los créditos clasificadas en la parte “A”, a su vez, se subdividieron en
dos partes:
A(a) “Identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa.”
A(b) “Identificados por los despachos contratados que no fueron acordados
entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa.”
Hasta 1995, la cartera que compraba el Fobaproa a los bancos tenía que
reunir una serie de características, como existencia de garantías, que no
fueran créditos relacionados, etcétera. A partir de 1996, los responsables de
administrar ese fondo decidieron flexibilizar las reglas, aceptando todo tipo
de créditos. Este cambio, realizado a espaldas de la nación, es uno de los
factores que explican que el costo fiscal del rescate bancario haya crecido
de menos de 5 a más de 20 por ciento del producto interno bruto.
Las operaciones que fueron transferidas al Fobaproa, al amparo de ese
cambio en las reglas, son las que Mackey clasificó dentro del grupo A. Los
créditos del grupo B corresponden a autopréstamos de banqueros y créditos
otorgados a personas directamente relacionadas con ellos. Como dice Mackey
en su reporte, esos créditos normalmente se otorgaron sin investigar la
capacidad de pago de los beneficiarios, y sin exigir garantías suficientes. Los
créditos del grupo C son los declarados ilegales por las propias autoridades
y, supuestamente, sujetos a investigación criminal.
Aquí es muy importante enfatizar que en ningún momento Mackey se pronunció
sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas. En palabras
del consultor “[…] no podemos emitir opinión alguna en cuanto a si las transacciones
reportables descritas en esta sección son ilegales”. Lo único que hizo
Mackey fue llamar la atención sobre los créditos que presentaban irregularidades,
y sugerir que se investigaran para determinar si eran o no ilegales.
En septiembre de 1999, Mackey entregó a los diputados dos anexos
de su reporte. El primero, de 76 páginas, denominado “Lista consolidada
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
216
de operaciones reportables”, incluyó una relación detallada, banco por
banco, de los 2 407 créditos que el consultor recomendaba investigar.
Cada crédito fue identificado por un número, y se estipularon las razones
que obligaban a reportarlo como irregular.
El otro anexo entregado por Mackey consistió en un disco compacto con
la lista de nombres de los beneficiarios de esos créditos. Sin embargo, ese
archivo incluyó un código de acceso consistente en cinco claves independientes,
de las cuales, se pidió al consultor que diera una a cada partido
representado en la Cámara. Es decir, para conocer el contenido de los nombres
de los beneficiarios de los créditos calificados por Mackey como irregulares,
se precisa un acuerdo entre los cinco partidos políticos.
En octubre de 1999, los diputados del PRD propusieron que se dieran a
conocer los nombres de los beneficiarios del quebranto bancario. Pero la
mayoría priista y panista aprobó un punto de acuerdo para mantener en
secreto esa lista y solicitar que el IPAB publicara, en marzo de 2000, los nombres
de los responsables de los créditos que hubiera considerado ilegales.
En el Informe de las Transacciones Reportables, enviado por el IPAB a la
Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2000, se comentó lo realizado hasta
ese momento respecto a los créditos irregulares detectados por Mackey, sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.
Respecto a las operaciones clasificadas en el grupo A, se informó que:
“La Junta de Gobierno, no ha considerado conveniente en este momento
iniciar alguna revisión de carácter legal y contable, teniendo en cuenta que
el informe de M. Mackey establece que estas transacciones fueron acordadas
por los bancos, la CNBV y el Fobaproa. Asimismo, el propio auditor no manifestó
que de dichas transacciones se desprenda alguna ilegalidad”.
Con esa excusa, el IPAB olvidó que Mackey no hizo ningún comentario
respecto a la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas, como se
dijo antes. Sólo llamó la atención sobre las mismas, para que las autoridades
las investigaran. Con esa posición, el IPAB está, de hecho, garantizando la
impunidad para los beneficiarios de estos créditos, basado en un argumento
totalmente falaz.
Respecto a los 700 millones de operaciones clasificadas en el grupo A(b),
el IPAB informó que los créditos otorgados por Atlántico y Promex se mantendrán
como deuda de ese instituto, ya que se trata de bancos intervenidos.
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
217
Respecto a los otros préstamos, el IPAB optó por canjearlos por otros que
no tengan esos problemas. De nuevo, el IPAB decidió cargar a la población
el costo de esos créditos claramente ilegales.
A los autopréstamos de los banqueros, o créditos otorgados sin garantías
a gente directamente relacionada con ellos, que Mackey clasificó como
grupo B, el IPAB decidió revisarlos para identificar si hubo alguna ilegalidad
en su otorgamiento, pero agregando el entonces titular de ese organismo,
Vicente Corta, durante su comparecencia ante los diputados, que “el auditor
contratado por la Cámara de Diputados no indica que alguna de las
transacciones sea ilegal”. Así, de nuevo se recurre al mismo argumento
falaz aplicado al grupo A, para garantizar la impunidad de los beneficiarios
de estas operaciones.
Así, con el informe enviado por el IPAB, y con las declaraciones de su
titular, quedó claro que el Instituto, en lugar de investigar las operaciones
irregulares detectadas por Mackey, lo que hizo fue encubrirlas. Con algunas
excepciones menores, la verdadera labor de ese instituto ha sido ayudar
a garantizar la impunidad de este atentado contra la economía de la mayoría
de los mexicanos.
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear la Comisión
Investigadora del IPAB, con el fin de revisar cómo estaba cumpliendo las
obligaciones de ley. La participación de los legisladores del PRD se enfrentó
con las actitudes de encubrimiento por parte de los diputados del PRI y del
PAN. Un punto elemental como era el conocimiento de los nombre de los
beneficiarios incluidos en la lista de operaciones reportables de Mackey,
nunca se pudo acordar.
Cuando el archivo electrónico de las operaciones reportables estuvo
a disposición del PRD, durante el periodo en que se tuvo la presidencia
de la Comisión Investigadora del IPAB, se intentó abrirlo, usando las claves
de acceso de todos los partidos, con excepción de la del PRI, partido
que la seguía manteniendo oculta, esperando volver a ganar las elecciones
presidenciales ese año. La verdad es que el equipo técnico encargado de
la tarea de abrir ese archivo no pudo hacerlo. Finalmente, días después
de la victoria de Fox, se pudo conocer la clave que faltaba, abrir el famoso
archivo, y dar a conocer el listado de nombres de beneficiarios del
desfalco, identificados por Mackey.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
218
■ LA GRAN TAREA PENDIENTE
Durante los últimos tres años, el IPAB se ha concentrado en concluir las
operaciones de saneamiento bancario que estaban pendientes, vendiendo
luego los bancos a nuevos inversionistas, en especial extranjeros. Paralelamente,
ha ido emitiendo bonos de deuda, cancelando las pasivos existentes,
sin dejar ningún vestigio de lo sucedido.
El único expediente pendiente ha sido el canje de los pagarés de capitalización
y compra de cartera (PCCC) por nuevos títulos del IPAB, según lo
señalado en el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario. Para desgracia de los mexicanos, el debate respecto al Fobaproa
se ha convertido en una discusión respecto al correcto cumplimiento de ese
artículo quinto transitorio, dejando todo lo demás como si ya hubiera sido
aclarado.
La Cámara de Diputados ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) que revise el cumplimiento de dicho ordenamiento. Así, la
ASF ha auditado las operaciones del Fobaproa y del IPAB, durante sus revisiones
a las cuentas públicas de 1999, 2000 y 2001. Los resultados de estas
interesantes auditorías sólo confirman lo dicho tanto por el auditor Mackey,
como por el análisis realizado por el PRD en 1998. Sin embargo, la ASF ha
ido declarando solventadas la mayoría de las observaciones que ha realizado,
sin transparentar cómo han podido justificar todo lo sucedido las
autoridades involucradas en el desfalco.
La última acción formal del Congreso de la Unión respecto al Fobaproa fue
el punto de acuerdo dado a conocer el 13 de agosto de 2003, donde se insta al
IPAB a que cumpla con lo estipulado en el citado artículo quinto transitorio,
como si todo lo demás ya estuviera concluido. Lo preocupante es que esa posición
fue avalada por todos los grupos parlamentarios, incluido el del PRD.
La actual legislatura debe retomar ese asunto. La posición del PRD debe
partir de una interpretación general sobre lo sucedido, enfatizando la necesidad
de realizar una investigación a fondo, como se planteó en 1998. No es
posible convalidar lo sucedido, ignorando los resultados del Informe de
Mackey, confirmados por las auditorías practicadas por la ASF.
El planteamiento básico debe ser el siguiente. La forma como se llevó a cabo
el rescate del sistema bancario durante el sexenio de Zedillo, constituye el mayor
EL FOBAPROA: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
219
fraude contra la mayoría de la población, registrado en la histo ria de México. La
esencia del asunto ha sido la apropiación de una gran can ti dad de rique za, por
parte de unos cuantos, despojando a la mayoría de la población, la cual tendrá
que pagar ese auténtico robo, durante muchos años.
La gran operación de despojo fue llevada a cabo por unas autoridades
ineptas y posiblemente corruptas, que instrumentaron, encubrieron y justificaron
esos actos, y ahora tratan de borrar todas las evidencias que haya.
Mediante la creación del IPAB, se ha tratado de “legalizar” el inmenso fraude.
Luego, trataron de que la investigación realizada por el consultor Michael
Mackey pasara como la auditoría prometida en la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, sin tomar en cuenta las recomendaciones de ese auditor
y echando tierra a lo demás.
El conocimiento de los nombres incluidos en la famosa lista de operaciones
reportables de Mackey ha permitido evidenciar el grado de
complicidad entre las autoridades, los banqueros y los grandes deudores
beneficiarios del desfalco. La impunidad ha sido la regla, quedando los
casos sujetos a verdadera investigación como una excepción.
A pesar de que la lista de Mackey incluye a muchos de los grandes beneficiarios,
el conocimiento de lo sucedido en bancos como Serfín o Inverlat
permite afirmar que las principales operaciones realizadas al amparo del
Fobaproa, no fueron siquiera conocidas por ese consultor, ya que las autoridades
seleccionaron la información que podía revisar.
Los mayores saqueadores se encuentran entre los propios banqueros y
muchos de los principales empresarios del país, los cuales han quedado
encubiertos, con la complicidad de las autoridades. Las auditorías encargadas
por la Cámara de Diputados no se concluyeron. Ese examen es todavía
una asignatura pendiente.
La principal tarea es exigir la constitución de una Comisión Nacional de
Transparencia, que investigue a fondo lo sucedido, no sólo con el Fobaproa,
sino también con la banca de desarrollo, las cajas de ahorro y la forma como
se financió el rescate bancario, incluyendo el uso de los ingresos petroleros
hasta el grado de dejar a Pemex sin fondos para invertir, generando otra
deuda pública escondida a través de los pidiregas.
La labor fundamental de la Comisión propuesta deberá ser la evaluación
de lo realmente sucedido, la identificación de los principales responsables
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
220
del desfalco y la ubicación de los verdaderos beneficiarios. A partir de los
resultados que se obtengan, las autoridades judiciales deberán sancionar
a los responsables, y el Congreso de la Unión deberá expedir una legislación
de excepción para tratar de recuperar lo que se pueda, evitando la impunidad
para los que abusaron de la debilidad de las instituciones y contaron
con la complicidad de las autoridades corruptas.
Además de aclarar lo sucedido y castigar a los responsables, la tarea
será hacer un gran esfuerzo de recuperación de lo robado, para disminuir
en lo posible el costo que tendrá que pagar la población. La siguiente tarea
deberá ser concluir la revisión de la legislación, a la luz de lo sucedido,
con el fin de poner, de una vez por todas, las bases de un auténtico sistema
financiero moderno.
221
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta primera nota, se muestran los resultados respecto a las operaciones
reportadas por el auditor Michael Mackey, durante la revisión realizada,
entre 1998 y 1999, a los créditos incluidos en el Programa de
Capitalización y Compra de Cartera.
Como se puede recordar, las transacciones reportadas por Mackey se
clasificaron en cuatro grupos:
• Grupo A(a): créditos que no satisfacen los criterios originalmente
establecidos, pero que sí fueron acordados entre los bancos, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Fobaproa
• Grupo A(b): créditos que no satisfacen los criterios originalmente
establecidos, pero que no fueron acordados entre los bancos, la CNBV
y el Fobaproa
• Grupo B: autopréstamos de los banqueros o créditos otorgados a
partes relacionadas
• Grupo C: créditos ya clasificados por las autoridades como ilegales
NOTA 1: LOS CRÉDITOS REPORTADOS
POR EL AUDITOR MACKEY DURANTE
SU REVISIÓN DE LOS PAGARÉS
DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA
DE CARTERA DEL FOBAPROA
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
222
Aunque Mackey reportó créditos por 73 775 millones de pesos, a valor
histórico, la parte referida a los actuales pagarés del PCCC sólo representa
9 810 millones. Además, los créditos reportados para el PCCC, sólo pertenecen
a los dos primeros grupos, correspondiendo 9 460 millones de pesos al
grupo A(a), y los restantes 350 millones al grupo A(b).
En el cuadro 1 se presenta un resumen de las transacciones reportadas
para los pagarés del PCCC, desglosadas por las características que hicieron
a Mackey llamar la atención sobre ellas. Todos los créditos incluidos en el
grupo A(a) son de difícil recuperación, pero fueron aceptados por el Comité
Técnico del Fobaproa. Esos créditos no pueden ser descontados del
PCCC, pero sí ameritan un fincamiento de responsabilidades a los funcionarios
públicos que los aceptaron, imponiendo de antemano un costo
fiscal totalmente injustificable. Los pocos créditos incluidos en el grupo
A(b) sí deben sustituirse o descontarse del PCCC, ya que no cumplían las
reglas establecidas y no fueron aceptados por el Comité Técnico del Fobaproa,
cuando flexibilizó sus propias reglas.
El valor actual de las operaciones reportables (marzo de 2004) se realizó
suponiendo una distribución uniforme entre los distintos PCCC de cada
banco, ya que Mackey no presenta un desglose en ese nivel. La estimación
es aproximada, y representa 35 999 millones de pesos para los créditos
ubicados en el grupo A(a), y 1 245 millones para las operaciones identificadas
en el grupo A(b).
En los siguientes cuadros se presenta la información, banco por banco.
Se puede apreciar que el banco con más créditos reportados es Banamex,
quedando Banorte con una cantidad muy pequeña.
Durante las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), se ha dado seguimiento a lo sucedido con estos créditos, indagando
cuánto se ha recuperado de los incluidos en el grupo A(a), y si se han
sustituido o descontado los existentes en el grupo A(b). Antes de que se
termine la conversión de los pagarés del PCCC en nuevos títulos del IPAB,
este asunto debe estar concluido.
NOTA 1: LOS CRÉDITOS REPORTADOS POR EL AUDITOR MACKEY DUR ANTE SU REVISIÓN...
223
CUADRO 1
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / TOTAL
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 61 976.2 223 025.0
Créditos reportables 9 810.1 36 244.7
Grupo A (a) 9 460.3 34 999.3
Descontados 4 463.5 16 777.3
En suspensión de pagos 1 810.4 6 548.5
En udis 462.9 1 814.3
Grado E (irrecuperables) 147.6 524.2
Menores 73.0 286.3
Relacionados 717.9 2 552.4
Otros 1 785.1 6 496.3
Grupo A (b) 349.8 1 245.4
En udis 4.8 18.8
Relacionados 24.6 87.2
Sin garantías 225.4 800.2
Otros 95.1 339.2
CUADRO 2
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BBVA-BANCOMER
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 27 264.0 97 729.9
Créditos reportables 2 635.5 9 481.8
Grupo A (a) 2 290.6 8 255.2
Descontados 265.9 1 011.4
En suspensión de pagos 1 457.4 5 182.7
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 147.1 522.2
Menores 0.0 0.0
Relacionados 235.2 835.2
Otros 185.0 703.7
Grupo A (b) 345.0 1 226.6
En udis 0.0 0.0
Relacionados 24.6 87.2
Sin garantías 225.4 800.2
Otros 95.1 339.2
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
224
CUADRO 3
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BANCOMER
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 23 600.0 83 792.1
Créditos reportables 2 145.4 7 617.1
Grupo A (a) 1 807.2 6 416.3
Descontados 0.0 0.0
En suspensión de pagos 1 424.8 5 058.9
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 147.1 522.2
Menores 0.0 0.0
Relacionados 235.2 835.2
Otros 0.0 0.0
Grupo A (b) 338.2 1 200.8
En udis 0.0 0.0
Relacionados 24.6 87.2
Sin garantías 225.4 800.2
Otros 88.3 313.4
CUADRO 4
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BBVA
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 3 664.0 13 937.8
Créditos reportables 490.2 1 864.7
Grupo A (a) 483.4 1 838.9
Descontados 265.9 1 011.4
En suspensión de pagos 32.5 123.7
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 0.0 0.0
Menores 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Otros 185.0 703.7
Grupo A (b) 6.8 25.8
En udis 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 6.8 25.8
NOTA 1: LOS CRÉDITOS REPORTADOS POR EL AUDITOR MACKEY DUR ANTE SU REVISIÓN...
225
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BANAMEX
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 22 952.9 82 461.1
Créditos reportables 4 070.1 14 622.2
Grupo A (a) 4 070.1 14 622.2
Descontados 2 103.3 7 556.4
En suspensión de pagos 54.5 195.7
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 0.0 0.0
Menores 0.0 0.0
Relacionados 447.3 1 607.0
Otros 1 465.0 5 263.1
Grupo A (b) 0.0 0.0
En udis 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BITAL
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 7 692.1 30 151.7
Créditos reportables 3 069.1 12 030.5
Grupo A (a) 3 064.3 12 011.7
Descontados 2 094.3 8 209.5
En suspensión de pagos 298.5 1 170.1
En udis 462.9 1 814.3
Grado E (irrecuperables) 0.5 2.0
Menores 73.0 286.3
Relacionados 0.0 0.0
Otros 135.1 529.5
Grupo A (b) 4.8 18.8
En udis 4.8 18.8
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
226
CUADRO 7
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TRANSACCIONES REPORTABLES DE MACKEY / BANORTE
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor de pagarés 4 067.1 12 682.2
Créditos reportables 35.4 110.3
Grupo A (a) 35.4 110.3
Descontados 0.0 0.0
En suspensión de pagos 0.0 0.0
En udis 0.0 0.0
Grado E (irrecuperables) 0.0 0.0
Menores 0.0 0.0
Relacionados 35.4 110.3
Otros 0.0 0.0
Grupo A (b) 0.0 0.0
En udis 0.0 0.0
Relacionados 0.0 0.0
Sin garantías 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0
227
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta segunda nota, se expone la información más detallada (pagaré
por pagaré) de las observaciones realizadas a los pagarés del Programa de
Capitalización y Compra de Cartera durante las revisiones que efectuó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de 2000,
2001 y 2002.
La base legal de estas revisiones se encuentra en el artículo décimo
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el cual señala lo siguiente:
“La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados
[ahora Auditoría Superior de la Federación] y la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo [ahora Secretaría de la Función Pública] ejercerán
directamente, respecto de las actividades a que se refieren los artículos
anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto a la fiscalización
y control correspondiente”.
Durante las revisiones a las cuentas públicas de 1998 y 1999, la Auditoría
efectuó varias observaciones a los pagarés del PCCC, pero en general. En la
revisión a la Cuenta Pública de 2000, por primera vez, la ASF revisó los créditos
incluidos en las carteras que amparan los dos pagarés en poder de Banamex.
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS
DURANTE LAS REVISIONES
EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA
DEL FOBAPROA (PAGARÉ POR PAGARÉ)
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
228
Para 2001, las revisiones incluyeron los pagarés en poder de Bancomer, dos de
Bital (ahora HSBC) y dos de Banorte, y de nuevo el primer pagaré de Banamex.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2002, la última efectuada, se incluyeron
los pagarés de BBV, y por tercera vez, el primer pagaré de Banamex.
A la fecha, la Auditoría Superior ha auditado la información en poder del
IPAB, respecto a las carteras que amparan casi todos los pagarés del PCCC.
Sólo faltan de auditar dos pagarés: el tramo III de Bital y el tramo III de Banorte.
Es importante enfatizar que las revisiones de la Auditoría se han basado
exclusivamente en la documentación que tiene el IPAB, ya que no le han
permitido revisar la situación de los fideicomisos que administran las carteras,
pues los bancos se han amparado para impedirlo. Por lo tanto, estas
auditorías pueden considerarse limitadas e incompletas.
Los créditos observados por la ASF alcanzan un valor histórico de 32 038
millones de pesos, con un valor actualizado a marzo de 2004, de 115 552 millones
de pesos. Este monto representa 52.9 por ciento del valor total de los
pagarés del PCCC.
Las observaciones se clasifican en cinco grupos de créditos: en litigio;
menores a 200 mil pesos; grado de riesgo E; relacionados; e intereses moratorios.
Todos estos tipos de crédito no reunían los requisitos existentes en
las bases originalmente acordadas para el PCCC. Por tanto, deberán sustituirse
o deducirse de los pagarés actuales, antes de realizar la conversión
en títulos del IPAB. La deducción es obligatoria si se considera que el banco
es responsable de la irregularidad.
Los créditos en litigio son los que tienen una demanda en curso, la cual, si
es perdida por el banco, significa una recuperación nula. Estos créditos estaban
excluidos del PCCC, ya que si se pierde la demanda, el valor total del crédito se
transformaría en costo fiscal. La Auditoría Superior de la Federación identificó
57 913 créditos en esta situación, con un valor histórico de 20 350 millones de
pesos, y un valor al mes de marzo de 2004, de 75 017 millones de pesos.
Los créditos menores a 200 mil pesos también fueron excluidos del
PCCC, debido a la dificultad para recuperarlos, ya que no es rentable in currir
en costos que luego resultan más elevados que el minúsculo valor de los
créditos. La Auditoría detectó 80 254 de estos créditos, con un valor original
de 2 587 millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 9 376
millones de pesos.
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
229
Los créditos con grado de riesgo E son los considerados irrecuperables,
por carecer de documentación suficiente, garantías o por cualquier otra
razón. Este tipo de préstamos no se podían incluir en el PCCC, porque la
recuperación esperada es nula. Durante sus revisiones, la Auditoría identificó
5 859 de estos créditos, con un valor histórico de 1 211 millones de
pesos, y un valor a marzo de 2004, de 3 804 millones de pesos.
Los créditos relacionados representan autopréstamos de los propios
banqueros o créditos otorgados a gente relacionada con ellos. Estas operaciones
se realizan frecuentemente sin solicitar garantías y, por tanto,
son difíciles de recuperar, además de que involucran un asunto ético. La
Auditoría Superior encontró 534 créditos de este tipo, con un valor original
de 4 157 millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 15 563
millones de pesos.
Los intereses moratorios son ilegales. Por ello, cuando un banco los
aplica para sancionar a prestatarios morosos, no los puede registrar en su
balance. Lo único que podía incluirse en el PCCC eran los intereses ordinarios
en mora, pero no estos intereses penales. La Auditoría Superior identificó un
monto, a valor original, de 3 732 millones de pesos, con un valor a marzo de
2004, de 14 285 millones de pesos.
En el cuadro 1 se presenta un resumen de las observaciones realizadas
durante las tres revisiones señaladas. En los siguientes 21 cuadros se presentan
los datos, banco por banco, y pagaré por pagaré, señalando el año
en que la ASF lo auditó. Para el primer pagaré de Banamex, se presentan tres
cuadros, uno para cada auditoría realizada.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
230
CUADRO 1
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE LOS BANCOS
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 61 976.2 223 025.0
Créditos no observados 29 938.1 104 980.2
% 48.3 47.1
Créditos observados 144 560 32 038.1 118 044.8
% 51.7 52.9
En litigio 57 913 20 350.4 75 016.8
Menores a 200 mil pesos 80 254 2 587.3 9 375.7
Grado de riesgo E 5 859 1 211.5 3 804.3
Créditos relacionados 534 4 156.7 15 563.4
Intereses moratorios 3 732.2 14 284.6
CUADRO 2
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BBVA-BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 27 264.0 97 729.9
Créditos no observados 11 613.1 39 864.4
% 42.6 40.8
Créditos observados 39 051 15 650.9 57 865.5
% 57.4 59.2
En litigio 19 709 11 825.9 43 348.9
Menores a 200 mil pesos 19 056 740.3 2 809.3
Grado de riesgo E 89 111.2 422.0
Créditos relacionados 197 1 191.9 4 523.6
Intereses moratorios 1 781.6 6 761.7
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
231
CUADRO 3
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 23 600.0 83 792.1
Créditos no observados 9 106.0 30 337.6
% 38.6 36.2
Créditos observados 31 659 14 494.0 53 454.5
% 61.4 63.8
En litigio 16 612 10 837.2 39 575.9
Menores a 200 mil pesos 14 761 572.1 2 171.3
Grado de riesgo E 89 111.2 422.0
Créditos relacionados 197 1 191.9 4 523.6
Intereses moratorios 1 781.6 6 761.7
CUADRO 4
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANCOMER-I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 15 600.0 59 206.3
Créditos no observados 3 258.6 12 367.3
% 20.9 20.9
Créditos observados 24 932 12 341.4 46 839.0
% 79.1 79.1
En litigio 9 885 8 684.6 32 960.5
Menores a 200 mil pesos 14 761 572.1 2 171.3
Grado de riesgo E 89 111.2 422.0
Créditos relacionados 197 1 191.9 4 523.6
Intereses moratorios 1 781.6 6 761.7
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
232
CUADRO 5
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANCOMER-II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 8 000.0 24 585.7
Créditos no observados 5 847.4 17 970.3
% 73.1 73.1
Créditos observados 6 727 2 152.6 6 615.4
% 26.9 26.9
En litigio 6 727 2 152.6 6 615.4
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 6
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BBV
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 3 664.0 13 937.8
Créditos no observados 2 507.1 9 526.8
% 68.4 68.4
Créditos observados 7 392 1 156.9 4 411.0
% 31.6 31.6
En litigio 3 097 988.7 3 773.0
Menores a 200 mil pesos 4 295 168.2 638.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
233
CUADRO 7
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BBV II Y III
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 3 564.0 13 515.7
Créditos no observados 2 462.4 9 338.1
% 69.1 69.1
Créditos observados 7 221 1 101.6 4 177.6
% 30.9 30.9
En litigio 2 944 933.7 3 540.8
Menores a 200 mil pesos 4 277 167.9 636.7
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 8
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BBV ATL AS
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 100.0 422.2
Créditos no observados 44.7 188.7
% 44.7 44.7
Créditos observados 171 55.3 233.5
% 55.3 55.3
En litigio 153 55.0 232.2
Menores a 200 mil pesos 18 0.3 1.3
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
234
CUADRO 9
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANAMEX
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 22 952.9 82 461.1
Créditos no observados 14 006.5 50 080.4
% 61.0 60.7
Créditos observados 29 569 8 946.4 32 380.7
% 39.0 39.3
En litigio 13 532 3 184.6 10 954.9
Menores a 200 mil pesos 10 199 476.2 1 843.1
Grado de riesgo E 5 750 1 097.8 3 373.8
Créditos relacionados 88 2 307.6 8 931.6
Intereses moratorios 1 880.2 7 277.3
CUADRO 10
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2000, 2001 Y 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 8 824.0 34 153.4
% 59.0 59.0
Créditos observados 13 593 6 128.9 23 721.9
% 41.0 41.0
En litigio 3 306 1 464.9 5 669.9
Menores a 200 mil pesos 10 199 476.2 1 843.1
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 88 2 307.6 8 931.6
Intereses moratorios 1 880.2 7 277.3
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
235
CUADRO 11
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2000
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 11 231.4 43 471.3
% 75.1 75.1
Créditos observados 3 372 3 721.5 14 404.1
% 24.9 24.9
En litigio 3 306 1 464.9 5 669.9
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 66 376.4 1 456.9
Intereses moratorios 1 880.2 7 277.3
CUADRO 12
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 13 021.7 50 400.6
% 87.1 87.1
Créditos observados 22 1 931.2 7 474.7
% 12.9 12.9
En litigio 0 0.0 0.0
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 22 1 931.2 7 474.7
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
236
CUADRO 13
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2002
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 14 952.9 57 875.4
Créditos no observados 14 476.7 56 032.2
% 96.8 96.8
Créditos observados 10 199 476.2 1 843.1
% 3.2 3.2
En litigio 0 0.0 0.0
Menores a 200 mil pesos 10 199 476.2 1 843.1
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
Nota: En los datos del IPAB no se consideran 267.8 millones observados a valor histórico
(1 036.5 a valor mar./04).
CUADRO 14
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANAMEX II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2000
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 8 000.0 24 585.7
Créditos no observados 5 182.5 15 927.0
% 64.8 64.8
Créditos observados 15 976 2 817.5 8 658.8
% 35.2 35.2
En litigio 10 226 1 719.7 5 285.0
Menores a 200 mil pesos 0 0.0 0.0
Grado de riesgo E 5 750 1 097.8 3 373.8
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 0.0 0.0
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
237
CUADRO 15
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BITAL
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 7 692.1 30 151.7
Créditos no observados 2 568.4 9 630.9
% 33.4 31.9
Créditos observados 17 391 5 123.7 20 520.8
% 66.6 68.1
En litigio 7 893 4 382.9 17 709.0
Menores a 200 mil pesos 9 360 579.5 2 180.9
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 138 90.9 385.3
Intereses moratorios 70.4 245.6
CUADRO 16
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BITAL I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 4 516.5 19 144.5
Créditos no observados 990.1 4 196.8
% 21.9 21.9
Créditos observados 7 173 3 526.4 14 947.7
% 78.1 78.1
En litigio 3 988 3 223.4 13 663.3
Menores a 200 mil pesos 3 047 212.1 899.0
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 138 90.9 385.3
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
238
CUADRO 17
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BITAL II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 3 000.0 10 467.3
Créditos no observados 1 402.7 4 894.2
% 46.8 46.8
Créditos observados 10 218 1 597.3 5 573.1
% 53.2 53.2
En litigio 3 905 1 159.5 4 045.6
Menores a 200 mil pesos 6 313 367.4 1 281.9
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 0 0.0 0.0
Intereses moratorios 70.4 245.6
CUADRO 18
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BITAL III
(MILLONES DE PESOS)
NO AUDITADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 175.6 539.9
Créditos no observados 175.6 539.9
% 100.0 100.0
Créditos observados 0 0.0 0.0
% 0.0 0.0
En litigio 0.0
Menores a 200 mil pesos 0.0
Grado de riesgo E 0.0
Créditos relacionados 0.0
Intereses moratorios 0.0
NOTA 2: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
239
CUADRO 19
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LAS CARTERAS DE BANORTE
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 4 067.1 12 682.2
Créditos no observados 1 750.0 5 404.5
% 43.0 42.6
Créditos observados 58 549 2 317.1 7 277.7
% 57.0 57.4
En litigio 16 779 957.0 3 004.1
Menores a 200 mil pesos 41 639 791.3 2 542.3
Grado de riesgo E 20 2.5 8.4
Créditos relacionados 111 566.3 1 722.9
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 20
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANORTE I
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 1 600.1 4 494.1
Créditos no observados 638.2 1 792.4
% 39.9 39.9
Créditos observados 18 136 961.9 2 701.7
% 60.1 60.1
En litigio 7 597 400.4 1 124.6
Menores a 200 mil pesos 10 516 228.2 640.9
Grado de riesgo E 0 0.0 0.0
Créditos relacionados 23 333.3 936.1
Intereses moratorios 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
240
CUADRO 21
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANORTE II
(MILLONES DE PESOS)
AUDITORÍA 2001
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 2 000.0 6 753.4
Créditos no observados 644.8 2 177.3
% 32.2 32.2
Créditos observados 40 413 1 355.2 4 576.1
% 67.8 67.8
En litigio 9 182 556.6 1 879.5
Menores a 200 mil pesos 31 123 563.1 1 901.4
Grado de riesgo E 20 2.5 8.4
Créditos relacionados 88 233.0 786.8
Intereses moratorios 0.0 0.0
CUADRO 22
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
A LA CARTERA DE BANORTE III
(MILLONES DE PESOS)
NO AUDITADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN (NUEVO LEÓN)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Valor pagaré 467.1 1 434.8
Créditos no observados 467.1 1 434.8
% 100.0 100.0
Créditos observados 0 0.0 0.0
% 0.0 0.0
En litigio 0.0
Menores a 200 mil pesos 0.0
Grado de riesgo E 0.0
Créditos relacionados 0.0
Intereses moratorios 0.0
241
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
Esta tercera nota contiene la información resumen de las observaciones
realizadas a los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
durante las revisiones que efectuó la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) a las cuentas públicas de 2000, 2001 y 2002.
La base legal de estas revisiones se encuentra en el artículo décimo
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el cual señala lo siguiente:
“La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados
[ahora Auditoría Superior de la Federación] y la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo [ahora Secretaría de la Función Pública] ejercerán
directamente, respecto de las actividades a que se refieren los artículos
anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto a la fiscalización
y control correspondiente”.
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS
DURANTE LAS REVISIONES
EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA
DEL FOBAPROA (CUADROS RESUMEN)
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
242
Durante las revisiones a las cuentas públicas de 1998 y 1999, la Auditoría
Superior efectuó varias observaciones a los pagarés del PCCC, pero en general.
En la revisión a la Cuenta Pública de 2000, por primera vez, la Auditoría
revisó los créditos incluidos en las carteras que amparan los dos pagarés
en poder de Banamex. Para 2001, las revisiones incluyeron los pagarés en
poder de Bancomer, dos de Bital (ahora HSBC) y dos de Banorte, y de nuevo
el primer pagaré de Banamex. En la revisión de la Cuenta Pública de 2002,
la última efectuada, se incluyeron los pagarés de BBV, y por tercera vez, el
primer pagaré de Banamex.
A la fecha, la Auditoría Superior ha auditado la información en poder
del IPAB, respecto a las carteras que amparan casi todos los pagarés del
PCCC. Sólo faltan de auditar dos pagarés: el tramo III de Bital y el tramo III
de Banorte. Es importante enfatizar que las revisiones de la Auditoría se
han basado exclusivamente en la documentación que tiene el IPAB, ya que
no le han permitido revisar la situación de los fideicomisos que administran
las carteras, pues los bancos se han amparado para impedirlo. Por lo tanto,
estas auditorías pueden considerarse limitadas e incompletas.
Los créditos observados por la ASF alcanzan un valor histórico de 32 038
millo nes de pesos, con un valor actualizado a marzo de 2004, de 118 045 millones
de pesos. Este monto representa 52.9 por ciento del valor total de los
pagarés del PCCC.
Las observaciones se clasifican en cinco grupos de créditos: en litigio;
menores a 200 mil pesos; grado de riesgo E; relacionados; e intereses moratorios.
Todos estos tipos de crédito no reunían los requisitos existentes en
las bases originalmente acordadas para el PCCC. Por tanto, deberán sustituirse
o deducirse de los pagarés actuales, antes de realizar la conversión
en títulos del IPAB. La deducción es obligatoria si se considera que el banco
es responsable de la irregularidad.
Los créditos en litigio son los que tienen una demanda en curso, la cual,
si es perdida por el banco, significa una recuperación nula. Estos créditos
estaban excluidos del PCCC, ya que si se pierde la demanda, el valor total del
crédito se transformaría en costo fiscal. La Auditoría Superior de la Federación
identificó 57 913 créditos en esta situación, con un valor histórico de
20 350 millones de pesos, y un valor al mes de marzo de 2004, de 75 017
millones de pesos.
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
243
Los créditos menores a 200 mil pesos también fueron excluidos del PCCC,
debido a la dificultad para recuperarlos, ya que no es rentable incurrir en
costos que luego resultan más elevados que el minúsculo valor de los créditos.
La Auditoría detectó 80 254 de estos créditos, con un valor original de 2 587
millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 9 376 millones de pesos.
Los créditos con grado de riesgo E son los considerados irrecuperables,
por carecer de documentación suficiente, garantías o por cualquier otra razón.
Este tipo de préstamos no se podían incluir en el PCCC, porque la re cu pera ción
es perada es nula. Durante sus revisiones, la Auditoría identificó 5 859 de estos
créditos, con un valor histórico de 1 211 millones de pesos, y un valor a marzo
de 2004, de 3 804 millones de pesos.
Los créditos relacionados representan autopréstamos de los propios
banqueros o créditos otorgados a gente relacionada con ellos. Estas operaciones
se realizan frecuentemente sin solicitar garantías y, por tanto,
son difíciles de recuperar, además de que involucran un asunto ético. La
Auditoría Superior encontró 534 créditos de este tipo, con un valor original
de 4 157 millones de pesos, y un valor a marzo de 2004, de 15 563
millones de pesos.
Los intereses moratorios son ilegales. Por ello, cuando un banco los
aplica para sancionar a prestatarios morosos, no los puede registrar en su
balance. Lo único que podía incluirse en el PCCC eran los intereses ordinarios
en mora, pero no estos intereses penales. La ASF identificó un monto, a valor
original, de 3 732 millones de pesos, con un valor a marzo de 2004, de 14 285
millones de pesos.
En el cuadro 1 se presenta un resumen de los pagarés del PCCC, identificando
para cada pagaré su valor histórico y su valor a marzo de 2004. En el
cuadro 2 se incluye la información de los créditos no observados por la ASF.
En el cuadro 3 se muestra un resumen de las observaciones realizadas durante
las tres revisiones señaladas. En el cuadro 4 se aprecia la importancia
relativa de las observaciones realizadas, respecto al valor de cada pagaré.
Los siguientes cuadros tienen la información detallada de las observaciones
para los cinco tipos de créditos antes señalados.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
244
CUADRO 1
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 61 976.2 223 025.0
BBVA-Bancomer 27 264.0 97 729.9
Bancomer 23 600.0 83 792.1
Tramo I 15 600.0 59 206.3
Tramo II 8 000.0 24 585.7
BBV 3 664.0 13 937.8
Tramos II y III 3 564.0 13 515.7
Tramo Atlas 100.0 422.2
Banamex 22 952.9 82 461.1
Tramo I 14 952.9 57 875.4
Tramo II 8 000.0 24 585.7
Bital (HSBC) 7 692.1 30 151.7
Tramo I 4 516.5 19 144.5
Tramo II 3 000.0 10 467.3
Tramo III 175.6 539.9
Banorte 4 067.1 12 682.2
Tramo I 1 600.1 4 494.1
Tramo II 2 000.0 6 753.4
Tramo III 467.1 1 434.8
CUADRO 2
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS NO OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (TOTAL)
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 29 938.1 104 980.2
BBVA-Bancomer 11 613.1 39 864.4
Bancomer 9 106.0 30 337.6
Tramo I 3 258.6 12 367.3
Tramo II 5 847.4 17 970.3
BBV 2 507.1 9 526.8
Tramos II y III 2 462.4 9 338.1
Tramo Atlas 44.7 188.7
Banamex 14 006.5 50 080.4
Tramo I 8 824.0 34 153.4
Tramo II 5 182.5 15 927.0
Bital (HSBC) 2 568.4 9 630.9
Tramo I 990.1 4 196.8
Tramo II 1 402.7 4 894.2
Tramo III 175.6 539.9
Banorte 1 750.0 5 404.5
Tramo I 638.2 1 792.4
Tramo II 644.8 2 177.3
Tramo III 467.1 1 434.8
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
245
CUADRO 3
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (TOTAL)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 144 560 32 038.1 118 044.8
BBVA-Bancomer 39 051 15 650.9 57 865.5
Bancomer 31 659 14 494.0 53 454.5
Tramo I 24 932 12 341.4 46 839.0
Tramo II 6 727 2 152.6 6 615.4
BBV 7 392 1 156.9 4 411.0
Tramos II y III 7 221 1 101.6 4 177.6
Tramo Atlas 171 55.3 233.5
Banamex 29 569 8 946.4 32 380.7
Tramo I 13 593 6 128.9 23 721.9
Tramo II 15 976 2 817.5 8 658.8
Bital (HSBC) 17 391 5 123.7 20 520.8
Tramo I 7 173 3 526.4 14 947.7
Tramo II 10 218 1 597.3 5 573.1
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 58 549 2 317.1 7 277.7
Tramo I 18 136 961.9 2 701.7
Tramo II 40 413 1 355.2 4 576.1
Tramo III 0 0.0 0.0
CUADRO 4
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
TOTAL
Valor
Marzo 2004 Observados %
Total 223 025.0 118 044.8 52.9
BBVA-Bancomer 97 729.9 57 865.5 59.2
Bancomer 83 792.1 53 454.5 63.8
Tramo I 59 206.3 46 839.0 79.1
Tramo II 24 585.7 6 615.4 26.9
BBV 13 937.8 4 411.0 31.6
Tramos II y III 13 515.7 4 177.6 30.9
Tramo Atlas 422.2 233.5 55.3
Banamex 82 461.1 32 380.7 39.3
Tramo I 57 875.4 23 721.9 41.0
Tramo II 24 585.7 8 658.8 35.2
Bital (HSBC) 30 151.7 20 520.8 68.1
Tramo I 19 144.5 14 947.7 78.1
Tramo II 10 467.3 5 573.1 53.2
Tramo III 539.9 0.0 0.0
Banorte 12 682.2 7 277.7 57.4
Tramo I 4 494.1 2 701.7 60.1
Tramo II 6 753.4 4 576.1 67.8
Tramo III 1 434.8 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
246
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (EN LITIGIO)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 57 913 20 350.4 75 016.8
BBVA-Bancomer 19 709 11 825.9 43 348.9
Bancomer 16 612 10 837.2 39 575.9
Tramo I 9 885 8 684.6 32 960.5
Tramo II 6 727 2 152.6 6 615.4
BBV 3 097 988.7 3 773.0
Tramos II y III 2 944 933.7 3 540.8
Tramo Atlas 153 55.0 232.2
Banamex 13 532 3 184.6 10 954.9
Tramo I 3 306 1 464.9 5 669.9
Tramo II 10 226 1 719.7 5 285.0
Bital (HSBC) 7 893 4 382.9 17 709.0
Tramo I 3 988 3 223.4 13 663.3
Tramo II 3 905 1 159.5 4 045.6
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 16 779 957.0 3 004.1
Tramo I 7 597 400.4 1 124.6
Tramo II 9 182 556.6 1 879.5
Tramo III 0 0.0 0.0
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (MENORES A 200 MIL PESOS)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 80 254 2 587.3 9 375.7
BBVA-Bancomer 19 056 740.3 2 809.3
Bancomer 14 761 572.1 2 171.3
Tramo I 14 761 572.1 2 171.3
Tramo II 0 0.0 0.0
BBV 4 295 168.2 638.0
Tramos II y III 4 277 167.9 636.7
Tramo Atlas 18 0.3 1.3
Banamex 10 199 476.2 1 843.1
Tramo I 10 199 476.2 1 843.1
Tramo II 0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 9 360 579.5 2 180.9
Tramo I 3 047 212.1 899.0
Tramo II 6 313 367.4 1 281.9
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 41 639 791.3 2 542.3
Tramo I 10 516 228.2 640.9
Tramo II 31 123 563.1 1 901.4
Tramo III 0 0.0 0.0
NOTA 3: LOS CRÉDITOS OBSERVADOS DUR ANTE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA...
247
CUADRO 7
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (GRADO DE RIESGO E)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 5 859 1 211.5 3 804.3
BBVA-Bancomer 89 111.2 422.0
Bancomer 89 111.2 422.0
Tramo I 89 111.2 422.0
Tramo II 0 0.0 0.0
BBV 0 0.0 0.0
Tramos II y III 0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0 0.0 0.0
Banamex 5 750 1 097.8 3 373.8
Tramo I 0 0.0 0.0
Tramo II 5 750 1 097.8 3 373.8
Bital (HSBC) 0 0.0 0.0
Tramo I 0 0.0 0.0
Tramo II 0 0.0 0.0
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 20 2.5 8.4
Tramo I 0 0.0 0.0
Tramo II 20 2.5 8.4
Tramo III 0 0.0 0.0
CUADRO 8
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (RELACIONADOS)
Casos Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 534 4 156.7 15 563.4
BBVA-Bancomer 197 1 191.9 4 523.6
Bancomer 197 1 191.9 4 523.6
Tramo I 197 1 191.9 4 523.6
Tramo II 0 0.0 0.0
BBV 0 0.0 0.0
Tramos II y III 0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0 0.0 0.0
Banamex 88 2 307.6 8 931.6
Tramo I 88 2 307.6 8 931.6
Tramo II 0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 138 90.9 385.3
Tramo I 138 90.9 385.3
Tramo II 0 0.0 0.0
Tramo III 0 0.0 0.0
Banorte 111 566.3 1 722.9
Tramo I 23 333.3 936.1
Tramo II 88 233.0 786.8
Tramo III 0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
248
CUADRO 9
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(INTERESES MORATORIOS)
Valor
histórico
Valor
Marzo 2004
Total 3 732.2 14 284.6
BBVA-Bancomer 1 781.6 6 761.7
Bancomer 1 781.6 6 761.7
Tramo I 1 781.6 6 761.7
Tramo II 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0
Banamex 1 880.2 7 277.3
Tramo I 1 880.2 7 277.3
Tramo II 0.0 0.0
Bital (HSBC) 70.4 245.6
Tramo I 0.0 0.0
Tramo II 70.4 245.6
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0
249
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
Esta cuarta nota se refiere a la solventación llevada a cabo hasta la fecha,
de las observaciones efectuadas a los pagarés del Programa de Capitalización
y Compra de Cartera durante las revisiones de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) a las cuentas públicas de 2000, 2001 y 2002.
Como se puede recordar, cuando la ASF realiza una auditoría, al encontrar
posibles irregularidades, efectúa observaciones sobre las mismas. La ley
señala un tiempo, durante el cual, el auditado puede responder y justificar
las observaciones recibidas. A ese proceso se le denomina solventación, ya
que puede presentar al auditor documentos que prueben que no se incurrió
en ninguna ilegalidad. Si la respuesta es suficiente, el auditor declara solventada
la observación, retirándola. En caso de que una observación no sea
solventada, el procedimiento siguiente es la sanción por la falta incurrida.
Es importante no olvidar que la Auditoria efectúa sus observaciones con
base en la legislación vigente, independientemente de que esa legislación sea
o no correcta. Es posible que el auditor declare solventadas observaciones
sobre hechos realmente inmorales, siempre que sean “legales”. El caso más
generalizado respecto a las operaciones del Fobaproa es la discrecionalidad
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA
DE CARTERA DEL FOBAPROA
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
250
que tenían los funcionarios encargados del rescate bancario, según la legislación
entonces vigente, la cual les permitió autorizar muchas operaciones
realmente inmorales, sin incurrir formalmente en ninguna ilegalidad.
La Auditoría Superior de la Federación observó los créditos incluidos
en las carteras amparadas por los pagarés del PCCC, que no reunían las
características señaladas en las bases originales. Sin embargo, el Comité
Técnico del Fobaproa “flexibilizó” esas bases, haciendo “legal” la inclusión
de muchos de esos créditos. El proceso de solventación de las observaciones
exige que se muestre la documentación que pruebe que esas opera
ciones fueron autorizadas.
Uno de los casos más escandalosos es el referido a los créditos relacionados.
Para decirlo de manera coloquial, los banqueros se autoprestaron
millones de pesos, que luego no se pagaron, y los incluyeron en los pagarés
del PCCC, para que el pueblo mexicano sea quien los pague. La Auditoría
observó un monto de 15 563 millones de pesos por créditos de este tipo
(cuadro 11). Como el IPAB entregó documentos que probaban que el Comité
Técnico del Fobaproa había autorizado la inclusión de 6 086 millones de ese
monto, esa parte quedó solventada. Los restantes 9 477 millones, correspondientes
a los autopréstamos que no reunieron esa formalidad, y por
tanto no fueron solventados, han tenido que deducirse del valor de los pagarés,
para poder convertirse en nuevos títulos del IPAB.
Los montos observados por la Auditoría ascienden a 32 038 millones
de pesos, a valor original, y 118 044 millones, a valor de marzo de 2004. A
la fecha, se ha solventado un monto, a valor histórico, de 4 559 millones
de pesos, y de 16 447 millones a valor de marzo de 2004. Quedan sin solventar
27 479 millones de pesos, a valor original, y 101 600 millones a valor
de marzo de 2004.
Los cuadros están agrupados en tres partes. En la primera (cuadros 1
a 6) se presentan, con todo detalle, los montos observados, a valor histórico,
incluyendo el detalle por cada uno de los cinco tipos de créditos
presuntamente irregulares. En la segunda parte (cuadros 7 al 12) se muestra
la misma información, pero a valor del mes de marzo de 2004. En la
tercera parte (cuadros 13 al 16) se calculan, para ambos valores, los descuentos
realizados para iniciar el proceso de conversión de los pagarés
del PCCC en títulos del IPAB. Los últimos dos cuadros muestran el valor
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
251
límite que podrían alcanzar los pagarés si se hiciera el descuento de las
observaciones no solventadas.
Los datos agregados por banco son exactos. La distribución de algunos
conceptos es estimada, debido a que no se dispone de la información desglosada.
En todo caso, se considera que el posible margen de error, que no
afecta a los totales, es reducido.
Los últimos dos cuadros sintetizan toda la problemática. En el cuadro
15 se aprecian los descuentos realizados para iniciar el proceso de conversión
de los pagarés. Así, de los 223 025 millones de pesos, quedan 213 548
millones, después de descontar los tan publicitados 9 477 millones de pesos
de créditos relacionados que no pudieron ser solventados. Deduciendo a
esos 213 548 millones la recuperación efectuada, la participación en pérdidas
de los bancos, y la reposición de reservas faltantes, se llega a la hoy
famosa cifra de 107 206 millones de pesos de costo fiscal.
En el cuadro 16 se presenta lo que sucedería, de manera límite, si las
autoridades que están realizando la conversión de los pagarés buscaran
reducir el costo fiscal al máximo. Deduciendo de los pagarés el valor de las
observaciones no solventadas por la Auditoría Superior de la Federación,
se llegaría a un valor base para iniciar la conversión, de sólo 121 425 millones
de pesos. Con ese monto, el costo fiscal final se reduciría de los 107 206
millones tan festinados, a sólo 46 011 millones de pesos, como se explica
en la nota 6.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
252
CUADRO 1
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (TOTAL)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 32 038.1 4 559.3 27 478.8
BBVA-Bancomer 15 650.9 2 242.1 13 408.8
Bancomer 14 494.0 2 242.1 12 251.9
Tramo I 12 341.4 2 242.1 10 099.3
Tramo II 2 152.6 0.0 2 152.6
BBV 1 156.9 0.0 1 156.9
Tramos II y III 1 101.6 0.0 1 101.6
Tramo Atlas 55.3 0.0 55.3
Banamex 8 946.4 1 474.2 7 472.2
Tramo I 6 128.9 819.0 5 309.9
Tramo II 2 817.5 655.2 2 162.3
Bital (HSBC) 5 123.7 238.7 4 885.0
Tramo I 3 526.4 90.3 3 436.1
Tramo II 1 597.3 148.4 1 448.9
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 2 317.1 604.3 1 712.8
Tramo I 961.9 333.3 628.6
Tramo II 1 355.2 271.0 1 084.2
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 2
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (EN LITIGIO)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 20 350.4 0.0 20 350.4
BBVA-Bancomer 11 825.9 0.0 11 825.9
Bancomer 10 837.2 0.0 10 837.2
Tramo I 8 684.6 0.0 8 684.6
Tramo II 2 152.6 0.0 2 152.6
BBV 988.7 0.0 988.7
Tramos II y III 933.7 0.0 933.7
Tramo Atlas 55.0 0.0 55.0
Banamex 3 184.6 0.0 3 184.6
Tramo I 1 464.9 0.0 1 464.9
Tramo II 1 719.7 0.0 1 719.7
Bital (HSBC) 4 382.9 0.0 4 382.9
Tramo I 3 223.4 0.0 3 223.4
Tramo II 1 159.5 0.0 1 159.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 957.0 0.0 957.0
Tramo I 400.4 0.0 400.4
Tramo II 556.6 0.0 556.6
Tramo III 0.0 0.0 0.0
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
253
CUADRO 3
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (MENORES A 200 MIL PESOS)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 2 587.3 358.1 2 229.2
BBVA-Bancomer 740.3 128.5 611.8
Bancomer 572.1 128.5 443.6
Tramo I 572.1 128.5 443.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 168.2 0.0 168.2
Tramos II y III 167.9 0.0 167.9
Tramo Atlas 0.3 0.0 0.3
Banamex 476.2 116.2 360.0
Tramo I 476.2 116.2 360.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 579.5 78.0 501.5
Tramo I 212.1 0.0 212.1
Tramo II 367.4 78.0 289.4
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 791.3 35.5 755.8
Tramo I 228.2 0.0 228.2
Tramo II 563.1 35.5 527.6
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 4
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (GRADO DE RIESGO E)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 1 211.5 657.7 553.8
BBVA-Bancomer 111.2 0.0 111.2
Bancomer 111.2 0.0 111.2
Tramo I 111.2 0.0 111.2
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 1 097.8 655.2 442.6
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 1 097.8 655.2 442.6
Bital (HSBC) 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 2.5 2.5 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 2.5 2.5 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
254
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (RELACIONADOS)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 4 156.7 1 691.5 2 465.2
BBVA-Bancomer 1 191.9 332.0 859.9
Bancomer 1 191.9 332.0 859.9
Tramo I 1 191.9 332.0 859.9
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 2 307.6 702.8 1 604.8
Tramo I 2 307.6 702.8 1 604.8
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 90.9 90.3 0.6
Tramo I 90.9 90.3 0.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 566.3 566.3 0.0
Tramo I 333.3 333.3 0.0
Tramo II 233.0 233.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (INTERESES MORATORIOS)
VALOR HISTÓRICO
Total Solventado No solventado
Total 3 732.2 1 852.0 1 880.2
BBVA-Bancomer 1 781.6 1 781.6 0.0
Bancomer 1 781.6 1 781.6 0.0
Tramo I 1 781.6 1 781.6 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 1 880.2 0.0 1 880.2
Tramo I 1 880.2 0.0 1 880.2
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 70.4 70.4 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 70.4 70.4 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
255
CUADRO 7
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (TOTAL)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 118 044.8 16 444.6 101 600.2
BBVA-Bancomer 57 865.5 8 509.4 49 356.1
Bancomer 53 454.5 8 509.4 44 945.1
Tramo I 46 839.0 8 509.4 38 329.6
Tramo II 6 615.4 0.0 6 615.4
BBV 4 411.0 0.0 4 411.0
Tramos II y III 4 177.6 0.0 4 177.6
Tramo Atlas 233.5 0.0 233.5
Banamex 32 380.7 5 183.5 27 197.2
Tramo I 23 721.9 3 170.0 20 551.9
Tramo II 8 658.8 2 013.6 6 645.2
Bital (HSBC) 20 520.8 900.5 19 620.3
Tramo I 14 947.7 382.8 14 564.9
Tramo II 5 573.1 517.7 5 055.4
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 277.7 1 851.2 5 426.5
Tramo I 2 701.7 936.1 1 765.6
Tramo II 4 576.1 915.1 3 661.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 8
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (EN LITIGIO)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 75 016.8 0.0 75 016.8
BBVA-Bancomer 43 348.9 0.0 43 348.9
Bancomer 39 575.9 0.0 39 575.9
Tramo I 32 960.5 0.0 32 960.5
Tramo II 6 615.4 0.0 6 615.4
BBV 3 773.0 0.0 3 773.0
Tramos II y III 3 540.8 0.0 3 540.8
Tramo Atlas 232.2 0.0 232.2
Banamex 10 954.9 0.0 10 954.9
Tramo I 5 669.9 0.0 5 669.9
Tramo II 5 285.0 0.0 5 285.0
Bital (HSBC) 17 709.0 0.0 17 709.0
Tramo I 13 663.3 0.0 13 663.3
Tramo II 4 045.6 0.0 4 045.6
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 3 004.1 0.0 3 004.1
Tramo I 1 124.6 0.0 1 124.6
Tramo II 1 879.5 0.0 1 879.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
256
CUADRO 9
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (MENORES A 200 MIL PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 9 375.7 1 329.2 8 046.5
BBVA-Bancomer 2 809.3 487.7 2 321.6
Bancomer 2 171.3 487.7 1 683.6
Tramo I 2 171.3 487.7 1 683.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 638.0 0.0 638.0
Tramos II y III 636.7 0.0 636.7
Tramo Atlas 1.3 0.0 1.3
Banamex 1 843.1 449.6 1 393.5
Tramo I 1 843.1 449.6 1 393.5
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 2 180.9 272.1 1 908.8
Tramo I 899.0 0.0 899.0
Tramo II 1 281.9 272.1 1 009.8
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 2 542.3 119.9 2 422.5
Tramo I 640.9 0.0 640.9
Tramo II 1 901.4 119.9 1 781.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 10
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (GRADO DE RIESGO E)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 3 804.3 2 022.0 1 782.3
BBVA-Bancomer 422.0 0.0 422.0
Bancomer 422.0 0.0 422.0
Tramo I 422.0 0.0 422.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 3 373.8 2 013.6 1 360.2
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 3 373.8 2 013.6 1 360.2
Bital (HSBC) 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 8.4 8.4 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 8.4 8.4 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
257
CUADRO 11
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (RELACIONADOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 15 563.4 6 086.1 9 477.3
BBVA-Bancomer 4 523.6 1 260.0 3 263.6
Bancomer 4 523.6 1 260.0 3 263.6
Tramo I 4 523.6 1 260.0 3 263.6
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 8 931.6 2 720.4 6 211.2
Tramo I 8 931.6 2 720.4 6 211.2
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 385.3 382.8 2.5
Tramo I 385.3 382.8 2.5
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 1 722.9 1 722.9 0.0
Tramo I 936.1 936.1 0.0
Tramo II 786.8 786.8 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
CUADRO 12
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
CRÉDITOS OBSERVADOS POR LA ASF (INTERESES MORATORIOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 14 284.6 7 007.3 7 277.3
BBVA-Bancomer 6 761.7 6 761.7 0.0
Bancomer 6 761.7 6 761.7 0.0
Tramo I 6 761.7 6 761.7 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
BBV 0.0 0.0 0.0
Tramos II y III 0.0 0.0 0.0
Tramo Atlas 0.0 0.0 0.0
Banamex 7 277.3 0.0 7 277.3
Tramo I 7 277.3 0.0 7 277.3
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Bital (HSBC) 245.6 245.6 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 245.6 245.6 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 0.0 0.0 0.0
Tramo I 0.0 0.0 0.0
Tramo II 0.0 0.0 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
258
CUADRO 13
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR HISTÓRICO
Valor
total
Descuentos
relacionados
Valor
convenio
Total 61 976.2 2 465.2 59 511.0
BBVA-Bancomer 27 264.0 859.9 26 404.1
Bancomer 23 600.0 859.9 22 740.1
Tramo I 15 600.0 859.9 14 740.1
Tramo II 8 000.0 0.0 8 000.0
BBV 3 664.0 0.0 3 664.0
Tramos II y III 3 564.0 0.0 3 564.0
Tramo Atlas 100.0 0.0 100.0
Banamex 22 952.9 1 604.8 21 348.1
Tramo I 14 952.9 1 604.8 13 348.1
Tramo II 8 000.0 0.0 8 000.0
Bital (HSBC) 7 692.1 0.6 7 691.5
Tramo I 4 516.5 0.6 4 515.9
Tramo II 3 000.0 0.0 3 000.0
Tramo III 175.6 0.0 175.6
Banorte 4 067.1 0.0 4 067.1
Tramo I 1 600.1 0.0 1 600.1
Tramo II 2 000.0 0.0 2 000.0
Tramo III 467.1 0.0 467.1
CUADRO 14
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR HISTÓRICO
Valor convenio No solventadas Valor límite
Total 59 511.0 25 013.6 34 497.4
BBVA-Bancomer 26 404.1 12 548.9 13 855.2
Bancomer 22 740.1 11 392.0 11 348.1
Tramo I 14 740.1 9 239.4 5 500.7
Tramo II 8 000.0 2 152.6 5 847.4
BBV 3 664.0 1 156.9 2 507.1
Tramos II y III 3 564.0 1 101.6 2 462.4
Tramo Atlas 100.0 55.3 44.7
Banamex 21 348.1 5 867.4 15 480.7
Tramo I 13 348.1 3 705.1 9 643.0
Tramo II 8 000.0 2 162.3 5 837.7
Bital (HSBC) 7 691.5 4 884.4 2 807.1
Tramo I 4 515.9 3 435.5 1 080.4
Tramo II 3 000.0 1 448.9 1 551.1
Tramo III 175.6 0.0 175.6
Banorte 4 067.1 1 712.8 2 354.3
Tramo I 1 600.1 628.6 971.5
Tramo II 2 000.0 1 084.2 915.8
Tramo III 467.1 0.0 467.1
NOTA 4: LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDER ACIÓN...
259
CUADRO 15
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Valor
total
Descuentos
relacionados
Valor
convenio
Total 223 025.0 9 477.3 213 547.7
BBVA-Bancomer 97 729.9 3 263.6 94 466.3
Bancomer 83 792.1 3 263.6 80 528.5
Tramo I 59 206.3 3 263.6 55 942.7
Tramo II 24 585.7 0.0 24 585.7
BBV 13 937.8 0.0 13 937.8
Tramos II y III 13 515.7 0.0 13 515.7
Tramo Atlas 422.2 0.0 422.2
Banamex 82 461.1 6 211.2 76 249.9
Tramo I 57 875.4 6 211.2 51 664.2
Tramo II 24 585.7 0.0 24 585.7
Bital (HSBC) 30 151.7 2.5 30 149.2
Tramo I 19 144.5 2.5 19 142.0
Tramo II 10 467.3 0.0 10 467.3
Tramo III 539.9 0.0 539.9
Banorte 12 682.2 0.0 12 682.2
Tramo I 4 494.1 0.0 4 494.1
Tramo II 6 753.4 0.0 6 753.4
Tramo III 1 434.8 0.0 1 434.8
CUADRO 16
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Valor convenio No solventadas Valor límite
Total 213 547.7 92 122.9 121 424.8
BBVA-Bancomer 94 466.3 46 092.5 48 373.8
Bancomer 80 528.5 41 681.5 38 847.0
Tramo I 55 942.7 35 066.1 20 876.6
Tramo II 24 585.7 6 615.4 17 970.3
BBV 13 937.8 4 411.0 9 526.8
Tramos II y III 13 515.7 4 177.6 9 338.1
Tramo Atlas 422.2 233.5 188.7
Banamex 76 249.9 20 986.0 55 263.9
Tramo I 51 664.2 14 340.8 37 323.4
Tramo II 24 585.7 6 645.2 17 940.5
Bital (HSBC) 30 149.2 19 617.9 10 531.3
Tramo I 19 142.0 14 562.4 4 579.6
Tramo II 10 467.3 5 055.5 5 411.8
Tramo III 539.9 0.0 539.9
Banorte 12 682.2 5 426.5 7 255.7
Tramo I 4 494.1 1 765.5 2 728.6
Tramo II 6 753.4 3 661.0 3 092.4
Tramo III 1 434.8 0.0 1 434.8
261
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta quinta nota se describe la manera como el IPAB calcula la reserva,
que incluye en sus estados financieros, para hacer frente a las pérdidas
esperadas cuando se conviertan los pagarés del Programa de Capitalización
y Compra de Cartera en títulos de deuda del IPAB.
En el cuadro 1 se presentan los valores estimados de los pagarés del PCCC,
incluidos en los estados financieros del IPAB, desde su creación en 1999. Ese
valor se ha incrementado de 163 925 millones de pesos a fines de 1999,
hasta los actuales 223 025 millones de pesos, en marzo de 2004. El cuadro
también contiene las estimaciones de las recuperaciones realizadas, de los
créditos amparados por esos pagarés. Por diferencia, se aprecia la cartera
no recuperada, es decir, la pérdida esperada.
En el cuadro 2 se describe cómo se distribuye la pérdida estimada en el
cuadro 1. A los bancos les corresponde una participación en las pérdidas (losssharing)
de alrededor de 25 por ciento, quedando el restante 75 por ciento para
ser enfrentado por el IPAB. Así, para marzo de 2004, la pérdida estimada en
167 467 millones de pesos, se distribuye entre 41 699 millones que deben absorber
los bancos, y los restantes 125 768 millones de pesos, para el IPAB.
NOTA 5: LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DEL IPAB
PARA ASUMIR LAS PÉRDIDAS ESPERADAS
POR LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA DEL FOBAPROA
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
262
En el cuadro 3 se muestra cómo se calcula el costo fiscal final en que se
incurrirá. En los convenios originales de los pagarés del PCCC se señalaba
que los créditos que se incluyeran deberían estar provisionados, es decir,
tenían que contar con las reservas que marca la ley. Como muchos créditos
no estuvieron provisionados, los bancos deben restituir esos montos, antes
de realizar la conversión de los pagarés. Con el fin de facilitar esa reposición
a los bancos, las autoridades crearon un mecanismo de incentivos consistente
en condonar parte de ese faltante, si la recuperación superaba 20 por
ciento. El monto que se incluye en el cuadro, es el cálculo neto del resultado
final de ese esquema.
Así, de los 125 768 millones de pesos de pérdidas que deberá asumir el
IPAB, a marzo de 2004, se deben deducir 14 271 millones de reposición de las
reservas faltantes, quedando el costo fiscal final en 111 497 millones de pesos.
Este es el valor que deben tener los nuevos títulos del IPAB, si no se hace
nada adi cional. Como puede verse, desde un principio, el IPAB sólo in clu yó
este cálculo al estimar sus pasivos.
En el cuadro 4 se presenta un resumen de los tres cuadros anteriores. En
los siguientes cuadros se incluyen los mismos cálculos, banco por banco.
NOTA 5: LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DEL IPAB PAR A ASUMIR LAS PÉRDIDAS ESPER ADAS POR LOS PAGARÉS...
263
CUADRO 1
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
RECUPERACIÓN DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 163 925 182 523 206 355 216 696 220 427 223 025
BBVA-Bancomer 72 867 80 863 91 054 95 345 96 687 97 730
Banamex 59 084 66 231 75 372 79 562 81 374 82 461
Bital 22 557 24 976 28 150 29 437 29 825 30 152
Banorte 9 417 10 453 11 779 12 352 12 541 12 682
Cartera recuperada 38 676 43 866 50 735 50 276 54 103 55 558
BBVA-Bancomer 14 804 16 600 19 331 18 538 19 857 20 423
Banamex 15 975 19 297 22 417 23 078 24 795 25 437
Bital 5 120 5 332 6 124 5 549 5 976 6 141
Banorte 2 777 2 637 2 863 3 111 3 475 3 557
Cartera no recuperada 125 249 138 657 155 620 166 420 166 324 167 467
BBVA-Bancomer 58 063 64 263 71 723 76 807 76 830 77 307
Banamex 43 109 46 934 52 955 56 484 56 579 57 024
Bital 17 437 19 644 22 026 23 888 23 849 24 011
Banorte 6 640 7 816 8 916 9 241 9 066 9 125
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 2
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
CARTERA NO RECUPERADA
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Cartera no recuperada 125 249 138 657 155 620 166 420 166 324 167 467
BBVA-Bancomer 58 063 64 263 71 723 76 807 76 830 77 307
Banamex 43 109 46 934 52 955 56 484 56 579 57 024
Bital 17 437 19 644 22 026 23 888 23 849 24 011
Banorte 6 640 7 816 8 916 9 241 9 066 9 125
Participación en las pérdidas
de los bancos (loss-sharing) 31 202 34 545 38 764 41 451 41 418 41 699
BBVA-Bancomer 14 527 16 078 17 945 19 217 19 222 19 342
Banamex 10 777 11 733 13 239 14 121 14 145 14 256
Bital 4 359 4 911 5 506 5 972 5 962 6 003
Banorte 1 539 1 823 2 074 2 141 2 089 2 098
Participación en las pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 94 047 104 112 116 856 124 969 124 906 125 768
BBVA-Bancomer 43 536 48 185 53 778 57 590 57 608 57 965
Banamex 32 332 35 201 39 716 42 363 42 434 42 768
Bital 13 078 14 733 16 520 17 916 17 887 18 008
Banorte 5 101 5 993 6 842 7 100 6 977 7 027
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
264
CUADRO 3
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / COSTO DEL IPAB)
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Participación en pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 94 047 104 112 116 856 124 969 124 906 125 768
BBVA-Bancomer 43 536 48 185 53 778 57 590 57 608 57 965
Banamex 32 332 35 201 39 716 42 363 42 434 42 768
Bital 13 078 14 733 16 520 17 916 17 887 18 008
Banorte 5 101 5 993 6 842 7 100 6 977 7 027
Reposición de reservas faltantes
(incentivos) 0 11 739 13 203 13 964 14 105 14 271
BBVA-Bancomer 0 7 691 8 654 9 073 9 194 9 294
Banamex 0 2 937 3 357 3 619 3 655 3 707
Bital 0 784 853 917 913 923
Banorte 0 327 339 355 343 347
Reserva para asumir el costo
pendiente (nuevos bonos IPAB) 94 047 92 373 103 653 111 005 110 801 111 497
BBVA-Bancomer 43 536 40 494 45 124 48 517 48 414 48 671
Banamex 32 332 32 264 36 359 38 744 38 779 39 061
Bital 13 078 13 949 15 667 16 999 16 974 17 085
Banorte 5 101 5 666 6 503 6 745 6 634 6 680
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 4
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / RESUMEN
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 163 925 182 523 206 355 216 696 220 427 223 025
Cartera recuperada 38 676 43 866 50 735 50 276 54 103 55 558
Cartera no recuperada 125 249 138 657 155 620 166 420 166 324 167 467
% 76.4 76.0 75.4 76.8 75.5 75.1
Participación de los bancos 31 202 34 545 38 764 41 451 41 418 41 699
% 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
Participación del IPAB 94 047 104 112 116 856 124 969 124 906 125 768
% 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1
Esquema de incentivos 0 11 739 13 203 13 964 14 105 14 271
% 0.0 11.3 11.3 11.2 11.3 11.3
Costo del IPAB (nuevos bonos) 94 047 92 373 103 653 111 005 110 801 111 497
% 57.4 50.6 50.2 51.2 50.3 50.0
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
NOTA 5: LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DEL IPAB PAR A ASUMIR LAS PÉRDIDAS ESPER ADAS POR LOS PAGARÉS...
265
CUADRO 5
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BBVA-BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 72 867 80 863 91 054 95 345 96 687 97 730
Cartera recuperada 14 804 16 600 19 331 18 538 19 857 20 423
Cartera no recuperada 58 063 64 263 71 723 76 807 76 830 77 307
% 79.7 79.5 78.8 80.6 79.5 79.1
Participación de los bancos 14 527 16 078 17 945 19 217 19 222 19 342
% 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Participación del IPAB 43 536 48 185 53 778 57 590 57 608 57 965
% 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Esquema de incentivos 0 7 691 8 654 9 073 9 194 9 294
% 0.0 16.0 16.1 15.8 16.0 16.0
Costo del IPAB (nuevos bonos) 43 536 40 494 45 124 48 517 48 414 48 671
% 59.7 50.1 49.6 50.9 50.1 49.8
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 6
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANAMEX
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 59 084 66 231 75 372 79 562 81 374 82 461
Cartera recuperada 15 975 19 297 22 417 23 078 24 795 25 437
Cartera no recuperada 43 109 46 934 52 955 56 484 56 579 57 024
% 73.0 70.9 70.3 71.0 69.5 69.2
Participación de los bancos 10 777 11 733 13 239 14 121 14 145 14 256
% 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Participación del IPAB 32 332 35 201 39 716 42 363 42 434 42 768
% 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Esquema de incentivos 0 2 937 3 357 3 619 3 655 3 707
% 0.0 8.3 8.5 8.5 8.6 8.7
Costo del IPAB (nuevos bonos) 32 332 32 264 36 359 38 744 38 779 39 061
% 54.7 48.7 48.2 48.7 47.7 47.4
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
266
CUADRO 7
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BITAL
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 22 557 24 976 28 150 29 437 29 825 30 152
Cartera recuperada 5 120 5 332 6 124 5 549 5 976 6 141
Cartera no recuperada 17 437 19 644 22 026 23 888 23 849 24 011
% 77.3 78.7 78.2 81.1 80.0 79.6
Participación de los bancos 4 359 4 911 5 506 5 972 5 962 6 003
% 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Participación del IPAB 13 078 14 733 16 520 17 916 17 887 18 008
% 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Esquema de incentivos 0 784 853 917 913 923
% 0.0 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1
Costo del IPAB (nuevos bonos) 13 078 13 949 15 667 16 999 16 974 17 085
% 58.0 55.8 55.7 57.7 56.9 56.7
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 8
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANORTE
(MILLONES DE PESOS)
1999 2000 2001 2002 2003 Marzo 2004
Valor de los pagarés 9 417 10 453 11 779 12 352 12 541 12 682
Cartera recuperada 2 777 2 637 2 863 3 111 3 475 3 557
Cartera no recuperada 6 640 7 816 8 916 9 241 9 066 9 125
% 70.5 74.8 75.7 74.8 72.3 72.0
Participación de los bancos 1 539 1 823 2 074 2 141 2 089 2 098
% 23.2 23.3 23.3 23.2 23.0 23.0
Participación del IPAB 5 101 5 993 6 842 7 100 6 977 7 027
% 76.8 76.7 76.7 76.8 77.0 77.0
Esquema de incentivos 0 327 339 355 343 347
% 0.0 5.5 5.0 5.0 4.9 4.9
Costo del IPAB (nuevos bonos) 5 101 5 666 6 503 6 745 6 634 6 680
% 54.2 54.2 55.2 54.6 52.9 52.7
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
267
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta sexta nota, se describe la manera como el IPAB calculó el valor de
conversión de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
en títulos de deuda del IPAB. Además, se incluye una estimación de cuánto
se podría reducir el costo fiscal de esta operación, si hubiera voluntad para
conseguirlo. El punto de partida de estos cálculos es el presentado en la nota
5, con los datos correspondientes a marzo de 2004.
En el cuadro 1 se presentan los valores estimados de los pagarés del
PCCC, luego de deducir los 9 477 millones de pesos de créditos relacionados
no solventados. Así, los 223 025 millones de pesos se convierten en 213 548
millones, que son tomados como punto de partida para los actuales cálculos
del IPAB. Se presenta una tercera estimación, deduciendo los montos de las
observaciones no solventadas restantes, con lo que el valor de partida de
los pagarés del PCCC podría reducirse, en un caso límite, a sólo 121 425 millones
de pesos.
Los datos de la recuperación de cartera de la primera columna corresponden
al cálculo del IPAB, incluido en sus estados financieros. La cifra de la segunda
columna se obtuvo por diferencia, para ajustarse al dato de 160 183
NOTA 6: LA ESTIMACIÓN DE LA CONVERSIÓN
DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA
DE CARTERA DEL FOBAPROA
EN NUEVOS TÍTULOS DE DEUDA DEL IPAB
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
268
millones de la obligación de pago asumida por el IPAB, según información dada
a conocer el 15 de julio. La estimación de la tercera columna se realizó suponiendo
que 90 por ciento de la recuperación efectuada corresponde a los
créditos libres de observaciones, por parte de la Auditoría Superior de la
Federación. Este es el supuesto más crítico de todo el ejercicio, pero parece
razonable, puesto que los créditos observados difícilmente podrán recuperarse,
ya que están en litigio, son menores, son de grado E (irrecuperables),
o se trata de intereses moratorios.
En el cuadro 2 se describe cómo se distribuye la pérdida estimada en
el cuadro 1. A los bancos les corresponde una participación en las pérdidas
(loss-sharing) de alrededor de 25 por ciento, quedando el restante 75 por
ciento para ser enfrentado por el IPAB. En la segunda columna se presentan
los datos del convenio recientemente firmado, llegándose a una pérdida
que deberá asumir el IPAB, de 120 305 millones de pesos. En la tercera columna
se puede ver la estimación límite, que podría reducir esa pérdida a
sólo 53 215 millones de pesos.
En el cuadro 3 se muestra la estimación del costo fiscal final en que se
incurrirá. En la segunda columna se aprecia cómo de la pérdida de 120 305
millones de pesos se llega a la festinada cifra de 107 206 millones de pesos,
que es el valor que deben tener los nuevos títulos del IPAB, si no se hace nada
adicional. En la tercera columna se incluye el cálculo de hasta dónde se podría
llegar, si hubiera real voluntad de reducir el costo fiscal. Esa cifra se sitúa en
sólo 46 011 millones de pesos.
La diferencia entre la estimación del IPAB, los famosos 107 206 millones
de pesos, y la cifra límite estimada, 46 011 millones, es de 61 195
millones de pesos. Este monto es la esencia de todo el asunto. La campaña
de encubrimiento que realizan las autoridades de la Secretaría de
Hacienda y del IPAB, así como los recursos interpuestos por los bancos,
están destinados a evitar que este monto irregular sea descontado durante
la conversión de los pagarés del PCCC. Si no se hace nada, ese
monto será cargado a la deuda pública, como ha sucedido con los otros
pasivos generados por el Fobaproa.
En el cuadro 4 se presenta un resumen de los tres cuadros anteriores. En
los siguientes cuadros se incluyen los mismos cálculos, banco por banco.
NOTA 6: LA ESTIMACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPR A DE CARTER A...
269
CUADRO 1
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
RECUPERACIÓN DE CARTERA / (MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 223 025 213 547 (9 478) 121 425 (92 122)
BBVA-Bancomer 97 730 94 466 (3 264) 48 374 (46 092)
Banamex 82 461 76 250 (6 211) 55 264 (20 986)
Bital 30 152 30 149 (3) 10 531 (19 618)
Banorte 12 682 12 682 0 7 256 (5 426)
Cartera recuperada 55 558 53 365 (2 193) 50 563 (2 802)
BBVA-Bancomer 20 423 19 668 (755) 18 697 (971)
Banamex 25 437 24 000 (1 437) 23 202 (798)
Bital 6 141 6 140 (1) 5 143 (997)
Banorte 3 557 3 557 0 3 521 (36)
Cartera no recuperada 167 467 160 183 (7 284) 70 861 (89 322)
BBVA-Bancomer 77 307 74 799 (2 508) 29 677 (45 122)
Banamex 57 024 52 250 (4 774) 32 061 (20 189)
Bital 24 011 24 009 (2) 5 388 (18 621)
Banorte 9 125 9 125 0 3 735 (5 390)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 2
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA /
CARTERA NO RECUPERADA / (MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Cartera no recuperada 167 467 160 183 (7 284) 70 861 (89 322)
BBVA-Bancomer 77 307 74 799 (2 508) 29 677 (45 122)
Banamex 57 024 52 250 (4 774) 32 061 (20 189)
Bital 24 011 24 009 (2) 5 388 (18 621)
Banorte 9 125 9 125 0 3 735 (5 390)
Participación en pérdidas
de los bancos (loss-sharing) 41 699 39 878 (1 821) 17 646 (22 232)
BBVA-Bancomer 19 342 18 714 (628) 7 425 (11 288)
Banamex 14 256 13 063 (1 193) 8 015 (5 048)
Bital 6 003 6 003 0 1 347 (4 656)
Banorte 2 098 2 098 0 859 (1 239)
Participación en pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 125 768 120 305 (5 463) 53 215 (67 090)
BBVA-Bancomer 57 965 56 084 (1 881) 22 252 (33 832)
Banamex 42 768 39 188 (3 580) 24 046 (15 142)
Bital 18 008 18 006 (2) 4 041 (13 965)
Banorte 7 027 7 027 0 2 876 (4 151)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
270
CUADRO 3
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / COSTO DEL IPAB
(MILLONES ILLONES DE PESOS) / VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Participación en pérdidas
del IPAB (loss-sharing) 125 768 120 305 (5 463) 53 215 (67 090)
BBVA-Bancomer 57 965 56 084 (1 881) 22 252 (33 832)
Banamex 42 768 39 188 (3 580) 24 046 (15 142)
Bital 18 008 18 006 (2) 4 041 (13 965)
Banorte 7 027 7 027 0 2 876 (4 151)
Reposición de reservas faltantes
(incentivos) 14 271 13 100 (1 171) 7 204 (5 895)
BBVA-Bancomer 9 294 8 891 (403) 4 553 (4 338)
Banamex 3 707 2 939 (768) 2 130 (809)
Bital 923 923 0 322 (601)
Banorte 347 347 0 199 (148)
Reserva para asumir el costo
pendiente (nuevos bonos IPAB) 111 497 107 207 (4 290) 46 011 (61 195)
BBVA-Bancomer 48 671 47 194 (1 477) 17 699 (29 495)
Banamex 39 061 36 249 (2 812) 21 916 (14 333)
Bital 17 085 17 084 (1) 3 719 (13 365)
Banorte 6 680 6 680 0 2 677 (4 003)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 4
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / RESUMEN
(MILLONES DE PESOS) / VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 223 025 213 548 (9 477) 121 425 (92 123)
Cartera recuperada 55 558 53 365 (2 193) 50 564 (2 801)
Cartera no recuperada 167 467 160 183 (7 284) 70 861 (89 322)
% 75.1 75.0 (0.1) 58.4 (16.6)
Participación de los bancos 41 699 39 878 (1 821) 17 646 (22 232)
% 24.9 24.9 0.0 24.9 0.0
Participación del IPAB 125 768 120 305 (5 463) 53 215 (67 090)
% 75.1 75.1 0.0 75.1 0.0
Esquema de incentivos 14 271 13 099 (1 172) 7 204 (5 895)
% 11.3 10.9 (0.4) 13.5 2.6
Costo del IPAB (nuevos bonos) 111 497 107 206 (4 291) 46 011 (61 195)
% 50.0 50.2 0.2 37.9 (12.3)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
NOTA 6: LA ESTIMACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPR A DE CARTER A...
271
CUADRO 5
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BBVA-BANCOMER
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 97 730 94 466 (3 264) 48 374 (46 093)
Cartera recuperada 20 423 19 668 (755) 18 697 (971)
Cartera no recuperada 77 307 74 798 (2 509) 29 677 (45 122)
% 79.1 79.2 0.1 61.3 (17.9)
Participación de los bancos 19 342 18 714 (628) 7 425 (11 289)
% 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0
Participación del IPAB 57 965 56 084 (1 881) 22 252 (33 832)
% 75.0 75.0 0.0 75.0 0.0
Esquema de incentivos 9 294 8 891 (403) 4 553 (4 338)
% 16.0 15.9 (0.1) 20.5 13.3
Costo del IPAB (nuevos bonos) 48 671 47 194 (1 477) 17 699 (29 494)
% 49.8 50.0 0.2 36.6 (13.4)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 6
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANAMEX
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 82 461 76 250 (6 211) 55 264 (20 986)
Cartera recuperada 25 437 24 000 (1 437) 23 202 (797)
Cartera no recuperada 57 024 52 250 (4 774) 32 062 (20 189)
% 69.2 68.5 (0.7) 58.0 (10.5)
Participación de los bancos 14 256 13 063 (1 193) 8 015 (5 047)
% 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0
Participación del IPAB 42 768 39 188 (3 580) 24 046 (15 142)
% 75.0 75.0 0.0 75.0 0.0
Esquema de incentivos 3 707 2 939 (768) 2 130 (809)
% 8.7 7.5 (1.2) 8.9 1.4
Costo del IPAB (nuevos bonos) 39 061 36 249 (2 813) 21 916 (14 333)
% 47.4 47.5 0.1 39.7 (7.8)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
272
CUADRO 7
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BITAL
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 30 152 30 149 (3) 10 531 (19 618)
Cartera recuperada 6 141 6 140 (1) 5 143 (997)
Cartera no recuperada 24 011 24 009 (2) 5 388 (18 621)
% 79.6 79.6 0.0 51.2 (28.4)
Participación de los bancos 6 003 6 003 0.0 1 347 (4 655)
% 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0
Participación del IPAB 18 008 18 006 (1) 4 041 (13 965)
% 75.0 75.0 0.0 75.0 0.0
Esquema de incentivos 923 923 0.0 322 (600)
% 5.1 5.1 0.0 8.0 2.9
Costo del IPAB (nuevos bonos) 17 085 17 084 (1) 3 719 (13 365)
% 56.7 56.7 0.0 35.3 (21.4)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
CUADRO 8
PROGRAMAS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / BANORTE
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Estimación
inicial
(1)
Estimación
convenio
(2)
Cambio
(2-1)
Estimación
límite
(3)
Cambio
(3-2)
Valor de los pagarés 12 682 12 682 0 7 256 (5 426)
Cartera recuperada 3 557 3 557 0 3 521 (36)
Cartera no recuperada 9 125 9 125 0 3 735 (5 390)
% 72.0 72.0 0.0 51.5 (20.5)
Participación de los bancos 2 098 2 098 0 859 (1 239)
% 23.0 23.0 0.0 23.0 0.0
Participación del IPAB 7 027 7 027 0 2 876 (4 151)
% 77.0 77.0 0.0 77.0 0.0
Esquema de incentivos 347 347 0 199 (148)
% 4.9 4.9 0.0 6.9 2.0
Costo del IPAB (nuevos bonos) 6 680 6 680 0 2 677 (4 003)
% 52.7 52.7 0.0 36.9 (15.8)
Fuente: Estados Financieros del IPAB (estimación inicial).
273
El pasado 15 de julio se inició formalmente el proceso de conversión
de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
en nuevos títulos de deuda del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB). Con el fin de ayudar a la comprensión de esta problemática,
se elaboraron siete notas informativas donde se presentan los cálculos realizados
respecto a varios aspectos de este asunto.
En esta séptima nota, se presenta una estimación del costo que ha alcanzado
el rescate bancario iniciado en 1995, es decir, el costo del Fobaproa, con
el fin de poner en su justa dimensión los alcances del actual proceso de
conver sión de los pagarés del PCCC.
En el cuadro 1 se incluye una estimación del costo del rescate bancario,
para el mes de marzo de 2004, fecha tomada como base para la conversión
de los pagarés. El costo se estima en un billón (un millón de
millones) 251 967 millones de pesos. Este monto representa 18.5 por ciento
del producto interno bruto (PIB) de 2003.
El costo señalado se divide en dos grandes partes: la ya pagada, y la pendiente
de pagar, es decir, los pasivos. El monto pagado asciende a 483 785
millones de pesos, a precios de marzo de 2004, como se explica más adelante, y
corresponde a lo erogado desde 1995 mediante los ramos presupuestales 29
y 34. Además incluye el monto amortizado por el Banco de México (Banxico),
por el crédito otorgado al Fobaproa, que también se comenta más adelante.
Los pasivos actuales, es decir, la deuda pendiente de pagar, alcanza 768 182
millones de pesos, 11.4 por ciento del PIB. La mayor parte co rresponde a los
NOTA 7: ESTIMACIÓN DEL COSTO ACTUAL
DEL RESCATE BANCARIO
23 DE JULIO DE 2004
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
274
pasivos netos del IPAB, quedando el resto en el Banco de México. Los pasivos
del IPAB se pueden dividir en originales y refinanciados. Los originales son
los que quedan de las operaciones de saneamiento de los bancos liquidados
o vendidos, así como el costo que tendrán los pagarés del PCCC, según lo
calculado por el IPAB. Los pasivos refinanciados corresponden a las emisiones
realizadas de bonos y la contratación de créditos con los bancos, entre
los cuales se incluyen los préstamos de Nafinsa, que están fondeados con
deuda externa.
Como soporte del cuadro 1, se presentan otros cuadros. En el 2 se incluyen
los datos de los recursos presupuestales erogados mediante los
ramos 29 y 34, entre 1995 y 2003. En el cuadro 3 se presentan esos datos,
pero a precios de marzo de 2004, es decir, con el poder adquisitivo actual.
Las cifras fueron deflactadas usando el índice nacional de precios al consumidor
(INPC).
En el cuadro 4 se muestran los datos del crédito del Banco de México al
Fobaproa, utilizado en su mayor parte para sanear a Inverlat. En la Ley de
Protección al Ahorro Bancario se ordenó que este crédito fuera quebrantado
por el propio Banco de México. Por ello, no se registra dentro de los pasivos
del IPAB. El convenio firmado con éste señala que será amortizado en 30
anualidades. Sin embargo, en el Informe del IPAB para 2003 se indica que en
ese año se amortizaron dos anualidades. La única manera de que el Banco
de México absorba esta pérdida es utilizando su remanente de operación. Se
incluye como parte del costo fiscal debido a que el gobierno federal está
renunciando a estos ingresos a fin de usarlos para amortizar esa deuda. En
el cuadro 5 se presentan los datos, deflactados con el INPC.
En los últimos cuatro cuadros se reproducen los datos de los pasivos
del IPAB, tanto originales como refinanciados, según se han registrado en
sus estados financieros.
NOTA 7: ESTIMACIÓN DEL COSTO ACTUAL DEL RESCATE BANCARIO...
275
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A PRECIOS DE MARZO DE 2004
Monto % PIB
Total 1’251 967 18.5
Costo pagado hasta 2003 483 785 7.2
Ramo 29 225 026 3.3
Ramo 34 245 922 3.6
Remanente Banxico 12 836 0.2
Pasivos actuales 768 182 11.4
IPAB 709 015 10.5
Originales 220 013 3.3
Saneamiento Financiero 112 807 1.7
PCCC (Convenio) 107 206 1.6
Refinanciados 489 002 7.2
Emisión de BPA 333 330 4.9
Préstamos Bancarios 155 672 2.3
Nafinsa (Deuda Externa) 43 373 0.6
Bancos Privados 112 299 1.7
Banco de México (Banxico) 59 167 0.9
CUADRO 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (RESCATE BANCARIO)
(MILLONES DE PESOS)
Total Ramo 29 Ramo 34
1995 15 000.0 15 000.0 0.0
1996 20 500.0 20 500.0 0.0
1997 39 786.1 39 786.1 0.0
1998 10 106.8 10 106.8 0.0
1999 23 792.1 1 597.0 22 195.1
2000 60 517.6 0.0 60 517.6
2001 39 850.2 0.0 39 850.2
2002 43 982.5 0.0 43 982.5
2003 30 411.1 0.0 30 411.1
2004 38 030.1 0.0 38 030.1
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
276
CUADRO 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (RESCATE BANCARIO)
(MILLONES DE PESOS ILLONES DE MARZO DE 2004)
Total Ramo 29 Ramo 34
Suma 470 948.9 225 026.5 245 922.4
1995 58 840.7 58 840.7 0.0
1996 59 567.4 59 567.4 0.0
1997 86 031.4 86 031.4 0.0
1998 18 117.6 18 117.6 0.0
1999 36 789.9 2 469.5 34 320.5
2000 80 266.2 0.0 80 266.2
2001 48 272.6 0.0 48 272.6
2002 50 088.8 0.0 50 088.8
2003 32 974.3 0.0 32 974.3
CUADRO 4
CRÉDITO DE BANXICO A FOBAPROA
(MILLONES DE PESOS)
Saldo Amortización
1999 69 905.5
2000 67 575.3 2 330.2
2001 65 245.1 2 330.2
2002 62 915.0 2 330.2
2003 58 254.6 4 660.4
CUADRO 5
CRÉDITO DE BANXICO A FOBAPROA
(MILLONES DE PESOS DE MARZO DE 2004)
Saldo Amortización
Suma 12 836.4
1999 88 767.3
2000 78 752.7 2 822.7
2001 72 830.0 2 653.7
2002 66 441.5 2 526.6
2003 59 167.1 4 833.4
NOTA 7: ESTIMACIÓN DEL COSTO ACTUAL DEL RESCATE BANCARIO...
277
CUADRO 7
PASIVOS ORIGINALES NETOS DEL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total
Saneamiento
financiero %
Reserva
PCCC %
1999 621 973 527 926 0.0 94 047 0.0
2000 458 765 366 392 79.9 92 373 20.1
2001 410 509 306 856 74.8 103 653 25.2
2002 301 820 190 815 63.2 111 005 36.8
2003 231 981 121 180 52.2 110 801 47.8
2004-Marzo 224 304 112 807 50.3 111 497 49.7
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 8
PASIVOS REFINANCIADOS NETOS DEL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total BPA % Bancos %
1999 0 0 0.0 0 0.0
2000 187 672 73 845 39.3 113 827 60.7
2001 300 333 151 885 50.6 148 448 49.4
2002 419 994 231 546 55.1 188 448 44.9
2003 472 328 309 357 65.5 162 971 34.5
2004-Marzo 489 002 333 330 68.2 155 672 31.8
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
CUADRO 6
PASIVOS NETOS DEL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total Original % Refinanciado %
1999 621 973 621 973 0.0 0 0.0
2000 646 437 458 765 71.0 187 672 29.0
2001 710 842 410 509 57.7 300 333 42.3
2002 721 814 301 820 41.8 419 994 58.2
2003 704 309 231 981 32.9 472 328 67.1
2004-Marzo 713 306 224 304 31.4 489 002 68.6
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
278
CUADRO 9
PASIVOS REFINANCIADOS POR LA BANCA AL IPAB
(MILLONES DE PESOS)
Total
Nafinsa
(Deuda Externa) %
Bancos
privados %
1999 0 0 0.0 0 0.0
2000 113 827 6 323 5.6 107 504 94.4
2001 148 448 42 099 28.4 106 349 71.6
2002 188 448 44 597 23.7 143 851 76.3
2003 162 971 48 421 29.7 114 550 70.3
2004-Marzo 155 672 43 373 27.9 112 299 72.1
Fuente: Estados Financieros del IPAB.
279
Por alguna razón desconocida, el pasado mes de julio fue ocasión propicia
para que dos expedientes sobre crímenes del pasado se debatieran
y se exhibiera de nuevo la vocación de impunidad que profesa
la clase política en el poder. En efecto, de la misma manera que el juez César
Flores negaba las órdenes de aprehensión para el expresidente Luis
Echeverría Álvarez y otros exfuncionarios consignados por su responsabilidad
en la matanza del 10 de junio de 1971, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
anunciaban el acuerdo con los bancos para canjear los últimos pagarés
bancarios por bonos del IPAB. Si en el primer caso la decisión del juez es un
obstáculo a la impartición de justicia sobre los crímenes de Estado en contra
de los opositores al viejo régimen priista de las décadas de los se sen ta
y los setenta, en el segundo se trata del último episodio con el cual se pretende
echar tierra al fraudulento rescate bancario iniciado en 1995 y cuyo
costo significa más de 18 por ciento del producto interno bruto (PIB). En
ambos expedientes se hace patente la intención del Estado de otorgar una
especie de amnistía a los responsables de crímenes políticos y atentados
económicos, que de lograrse significaría un ominoso mensaje para el fu tu ro
de la democracia en el país y la condena a continuar pagando una onerosa
de uda de origen privado.
EL RESCATE BANCARIO:
LA OTRA GUERRA SUCIA■
5 DE AGOSTO DE 2004
■ Texto escrito en coautoría con Rosa Albina Garavito Elías, profesora investigadora del
Departamen to de Economía de la Universidad Autónomo Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
280
Documentar cómo llegó a legalizarse ese atraco a las finanzas públicas,
cuáles son sus consecuencias, cuáles sus vías de solución, y cuál el significado
del canje de los pagarés anunciado por la SHCP y el IPAB el pasado
13 de julio, son algunos de los objetivos de este artículo. Su elaboración
está animada por la conciencia de que mientras en México no se abra paso
a la transparencia, a la verdad y a la rendición de cuentas por parte de los
gobernantes en todos los órdenes de la vida pública, el camino hacia un
sistema plenamente democrático seguirá lleno de obstáculos y de riesgos
de involución política. Quienes reclaman olvido sobre los crímenes del
pasado, en realidad están demandando impunidad para los que se cometan
en el futuro.
■ UN POCO DE HISTORIA
El canje de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC) aplicado durante los años 1995 y 1996 con un costo, según la SHCP,
de 107 mil millones de pesos, forma parte del rescate bancario operado por
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), convertido en 1999
en Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Hagamos un poco de historia
para recordar cómo fue que una deuda privada se asumió como de uda
pública o, dicho de otra forma, cómo es que los banqueros lograron socializar
sus pérdidas y mantener sus ganancias en el intocable reino de lo privado;
y cómo es que todavía, cinco años después, autoridades y banqueros
continúan reclamando impunidad sobre las irregularidades e ilegalidades
en que se incurrió para salvar a los bancos.
Para lograr la prodigiosa alquimia de socializar las pérdidas bancarias
a costa del erario público se utilizaron varios ingredientes: en el tramo final
de ese proceso estuvieron puntuales a la cita con la impunidad, los legisladores
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción
Nacional (PAN), quienes el 12 de diciembre de 1998 legalizaron la conversión
de deuda privada en deuda pública. Antes de ese desenlace fueron otros los
elementos que se pusieron en juego: la política de desregulación financiera
inaugurada en 1983 y la privatización bancaria realizada en el gobierno de
Carlos Salinas, todo ello en el contexto de una nueva política económica que
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
281
tras los objetivos de estabilidad y crecimiento, en realidad sentaba las bases
para la recuperación de la tasa de ganancia venida a menos en las postrimerías
del desarrollo estabilizador; por lo demás, una estrategia mundial con
el capital financiero como hegemónico y la globalización como entorno.
Finalmente pero no menos importante, otro ingrediente fundamental para
lograr esa alquimia fue por supuesto la magia del Fobaproa.
Aunque el fraudulento rescate bancario se venía operando desde años
atrás, el debate nacional sobre el tema se inició en 1998, cuando el entonces
presidente de la república Ernesto Zedillo, envió a la Cámara de Diputados
un paquete de iniciativas financieras que incluía la conversión del Fobaproa
en Fogade (Fondo de Garantía de Depósitos) así como la creación de la Corebi
(Comisión de Recuperación de Bienes). En el artículo cuarto transitorio
de la iniciativa de la Ley de la Corebi se establecía:
Las obligaciones contraídas por el Fondo Bancario de Protección del Ahorro
y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, que cuenten con el aval o la responsabilidad
solidaria del Gobierno Federal, así como los compromisos adquiridos
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y las obligaciones
de las instituciones de banca múltiple intervenidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y apoyadas por el propio Fondo, pasarán a formar
parte de la deuda pública directa del Gobierno Federal. La consolidación de
estos pasivos será por un monto de 552,300’000,000.00 de pesos (quinientos
cincuenta y dos mil trescientos millones de pesos), fecha valor 28 de febrero
de 1998, y deberá formalizarse, junto con sus accesorios, a más tardar el 31 de
diciembre de 1998.
El eufemismo con el que intentó cubrirse el desfalco no impidió que incluidos
los “accesorios” señalados por este artículo, la consolidación de esos
pasivos a diciembre de 1998 llegara a más de 800 mil millones de pesos.
La noticia cayó como relámpago en cielo sereno, sobre todo porque
apenas tres meses antes, en el documento de Criterios de Política Económica
enviado al Congreso, Ernesto Zedillo aseguraba a los legisladores que el
saneamiento financiero, incluidos los programas de apoyo a pequeños deudores,
tenía un costo totalmente “manejable” para las finanzas públicas, de
147 mil millones de pesos. Para explicar cómo esos 147 mil millones de pesos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
282
en tres meses se habían convertido en 552 mil millones de pesos, y a finales
del año en 800 mil millones de pesos, bastaba reconstruir la historia de la
política económica inaugurada en diciembre de 1982 por Miguel de la Madrid,
para darse cuenta de que las medidas de liberalización del sector financiero
continuadas por Carlos Salinas y la privatización bancaria de 1990 no eran
sino los prolegómenos del desastre financiero cuyos costos se endosaban a
la nación.
La política financiera aplicada por el equipo tecnocrático en el gobierno,
partía de una idea muy simple. Si se privatizaba la banca y, al mismo tiempo,
se liberalizaba el mercado financiero, se podrían conseguir tres objetivos
de manera simultánea: aumentar el ahorro interno de la economía,
asignarlo de manera más eficiente, y abaratarlo mediante menores tasas de
interés. Ninguna de esas metas se logró. Por el contrario, esa política, junto
con la ausencia de la supervisión necesaria sobre la conducta de los flamantes
dueños de los bancos y el mantenimiento de la garantía para cien
por ciento de los depósitos bancarios, crearon las condiciones para que la
rentabilidad bancaria en México fuese la más alta del mundo y, por si fuera
poco, se relajaran las condiciones sobre uno de los negocios más delicados
en cualquier economía: el manejo del ahorro de terceros.
Entre 1993 y 1994, el margen de intermediación bancaria (diferencia
entre la tasa de interés a la que prestan los bancos –activa– y la tasa que
pagan a los ahorradores –pasiva–) alcanzó casi 50 por ciento, frente a un
promedio de alrededor de 10 por ciento entre 1983 y 1987. Detrás del hecho
de que la rentabilidad bancaria en México fuese la más alta del mundo –sí,
leyó usted bien, del mundo–, se encontraba la voracidad de los nuevos
banqueros para recuperar de manera acelerada las inversiones efectuadas
para adquirir los bancos, ya que en buena parte esas inversiones se realizaron
mediante préstamos otorgados por otros banqueros. Ese elevado margen
se reflejó en un encarecimiento del crédito, cuyas tasas de interés alcanzaron
un nivel que hacía previsible el incumplimiento de los deudores, ante cualquier
cambio importante en el entorno económico.
La liberalización del sector financiero y la reprivatización bancaria hubieran
tenido muy buenos resultados en un país como Suiza, por ejemplo.
Sin embargo, para que ese tipo de política beneficiara al desarrollo en un
país como México, se requerían otros elementos. Uno de ellos era contar
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
283
con una eficaz y adecuada supervisión bancaria que evitara cualquier tipo
de complicidad entre autoridades y banqueros deshonestos, y que garantizara
la transparencia de las operaciones bancarias. Limitar las garantías
gubernamentales a los depósitos bancarios para inducir un comportamiento
prudente y responsable entre los banqueros, tendría que haber sido otro
de los elementos de la nueva política. En una palabra, lo que se necesitaba
y se sigue necesitando para desarrollar una economía verdaderamente moderna
y próspera es un auténtico Estado de derecho, el cual sólo es posible
con una verdadera democracia.
Como el resto de las privatizaciones, la bancaria fue una operación poco
transparente. Aunque se anunció que los bancos habían sido vendidos a
personas responsables y conocedoras de la banca, la realidad fue que gran
parte de los bancos fueron asignados a gente de dudosa reputación y escasa
experiencia en la materia. Además, se ocultó el hecho de que muchos bancos
fueron adquiridos mediante préstamos otorgados por los mismos bancos, es
decir, por gente que no contaba con suficiente capital para pagarlos, pero
tenía suficientes conexiones en el gobierno. De manera que la privatización
que fue pregonada como el gran negocio del gobierno por haber vendido a
tres veces el valor contable de los bancos, muy pronto se desnudó como un
negocio redondo para la nueva clase empresarial salinista, una especie de
patente de corso para asaltar, no en alta mar como los piratas, pero sí en
cada transacción bancaria.
Así, una de las principales causas de la crisis que estalló en 1995 fue
que los nuevos banqueros encontraran en las reglas establecidas la facilidad
de realizar todo tipo de operaciones riesgosas, sin preocuparse de informar de
manera transparente y sin el requisito de cumplir con una supervisión seria.
Si los banqueros ganaban en esas condiciones, estarían demostrando que
el mercado bancario era un buen negocio; y si perdían, el gobierno se comprometía
a rescatarlos, socializando las pérdidas, es decir, convirtiendo
esas pérdidas en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. ¿Cuáles
leyes del mercado? Sólo favoritismo para un sector privilegiado.
Este es el verdadero origen del problema del Fobaproa que inició en 1993
con el aumento de la cartera vencida de los bancos, y que se desarrolló
vertiginosamente durante 1995 y 1996. Las reglas que el Fondo adoptó constituyeron
un típico caso de riesgo moral (moral hazard), el cual aparece
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
284
cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno mediante el
Fobaproa, les resolverá todos sus problemas, presentes y futuros. Con ese
entorno institucional distorsionado y permisivo, el gobierno indujo todo
tipo de incentivos perversos en el comportamiento de los banqueros. Así,
una política que podría haber sido correcta en otras circunstancias, se convirtió
en un gigantesco riesgo para la estabilidad general de la economía.
A ese marco institucional deficiente, se agregó una política económica
que impulsó el sobrendeudamiento de la economía. Después de la crisis de
la deuda externa que estalló en 1982, el gobierno decidió que los nuevos
motores del crecimiento serían las exportaciones y la inversión extranjera.
Para conseguirlo inició la apertura económica, así como las desregulaciones
de todos los precios –menos el de la fuerza de trabajo para el que se han
aplicado los estrictos topes salariales–, y las privatizaciones, esto es, las
llamadas reformas estructurales que junto con una política de estabilización
basada en la austeridad de las finanzas públicas, la restricción monetaria y
el tipo de cambio como ancla nominal de la inflación, logró efectivamente
reducir la inflación y disminuir el déficit de las finanzas públicas, a costa de
grandes sacrificios sociales. Con ello el gobierno estaba consiguiendo crear
un ambiente favorable a la entrada de inversión extranjera.
En el sexenio de Carlos Salinas esa inversión alcanzó niveles incluso por
encima de los esperados. Mientras al inicio de su gobierno, Salinas calculaba
en 5 mil millones de dólares anuales las necesidades de capital externo
para financiar su modelo económico, a lo largo del sexenio se acumuló inversión
extranjera por 82 mil millones de dólares, esto es, más del triple de
la esperada. A pesar de la magnitud de estos recursos, ellos fueron insuficientes
para evitar la brusca devaluación del peso y la crisis de diciembre
de 1994 que fue la detonante de la quiebra y el rescate bancarios cuyos
costos seguimos padeciendo.
La explicación de ese fracaso económico es muy sencilla: para atraer
esos capitales se creó una economía ficción, y en esa ficción el mantenimiento
del tipo de cambio fue una variable clave. Por un lado la estabilidad
cambiaria generaba certidumbre entre los inversionistas extranjeros
que inundaban la economía con sus capitales, y por el otro distorsionaba
los precios entre los sectores que enfrentaban la apertura externa y
aquellos que quedaban a buen resguardo de ella como los de bienes inmuebles
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
285
y los servicios financieros entonces protegidos de la competencia externa.
Esta distorsión produjo varios resultados todos perniciosos para la
economía: el desmantelamiento de la estructura productiva por el abaratamiento
de las importaciones; la sensación de mayor riqueza por
parte del sector de propietarios con el consecuente incentivo a un mayor
endeudamiento; abundancia de crédito; abaratamiento de las importaciones
y encarecimiento de las exportaciones que produjo un gran déficit
en la balanza comercial, y que a su vez alimentó la necesidad de mayor
cantidad de capitales externos para financiarlo. En otras palabras, una
economía adicta al financiamiento externo, mientras el ahorro interno se
dilapidaba en inversión especulativa.
El buen olfato de los inversionistas extranjeros los llevó a que sólo 40
por ciento de sus capitales se tradujeran en inversiones directas, mientras
que el 60 por ciento restante bailaba en las esferas del capital especulativo.
El año de 1994 fue una prueba de fuego para una economía de ficción que
necesitaba de manera enfermiza la confianza de los capitales extranjeros.
La confianza empezó a esfumarse el 1° de enero de ese año con el levantamiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a raíz del cual salieron
del país 3 mil millones de dólares; después vendría el asesinato del
candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que motivó otra
masiva salida de capitales; y meses después, en septiembre, el asesinato
de Francisco Ruiz Massieu, nombrado coordinador del Grupo Parlamentario
del PRI en la Cámara de Diputados. Para finales de año las arcas del
Banco de México se habían vaciado, a pesar de la emisión de 28 mil mi llones
de dólares en tesobonos que el gobierno hizo pasar como deuda interna
no obstante su denominación en dólares. La brusca devaluación era cuestión
de días, y así sucedió. La devaluación de diciembre de 1994 alcanzó
100 por ciento en marzo del siguiente año, y para abril las tasas de interés
habían aumentado 400 por ciento.
A pesar de este profundo descalabro económico, el régimen priista estaba
satisfecho pues había conseguido su objetivo: volver a ganar las elecciones
presidenciales de agosto de 1994 después de 65 años en el poder. Una
vez más la economía se ponía al servicio de la política en el autoritario sistema
político mexicano. Una devaluación gradual y oportuna habría tenido
el costo de desprestigiar a un gobierno que no tenía otra cosa para vender
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
286
en el exterior que la imagen de un país con rumbo acelerado hacia el primer
mundo. Como testimonio que avalaba esa imagen ahí estaba la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Para muchos, la devaluación de diciembre de 1994 significó pasar abruptamente
de la ficción a la realidad. Muchos deudores que habían contratado
créditos considerando precios inflados de activos (en especial muchas acciones
y bienes inmuebles), de pronto se enfrentaron a activos devaluados,
ya que sus precios no se ajustaron en la misma proporción que el tipo de
cambio, lo que, aunado a la contracción económica que siguió, los condujo
a una situación de insolvencia. En esa situación se encontraron también los
pequeños deudores, quienes utilizaron tarjetas de crédito para financiar
consumo, o bien, hipotecaron sus tierras, instrumentos de producción, casas,
y de la noche a la mañana se encontraron en el desempleo y con salarios
deteriorados bruscamente. La imagen del país que el gobierno les había
vendido se vino abajo.
La actitud del gobierno respecto a los millones de pequeños y medianos
deudores mostró un fuerte contraste con el tratamiento ofrecido a
los grandes deudores de la banca. Mientras los pequeños y medianos deudores
fueron presionados por todos los medios posibles para que pagaran
sus deudas en las onerosas e injustas nuevas condiciones, las autoridades
protegían a los grandes deudores, muchos de ellos banqueros con fuertes
ligas con el grupo en el poder. Los programas de apoyo a la banca se aplicaron
sin que hubiera reglas claras y generales, de manera totalmente discrecional,
lo que favoreció de manera arbitraria a unos banqueros sobre otros.
El gobierno, en realidad, se comportó como un administrador de los intereses
de los grandes inversionistas, en especial de los extranjeros, y no
como un auténtico representante de los intereses de la mayoría del pueblo
mexicano. Para cumplir con su responsabilidad constitucional, el camino era
convocar a toda la sociedad para enfrentar eficazmente la crisis, priorizando
la protección de los depósitos de 99.75 por ciento de los ahorradores, que
representa sólo 44 por ciento del ahorro financiero. Pero no fue así, el gobierno
decidió que los tenedores extranjeros de tesobonos no tuvieran ninguna
pérdida, pues acudió al rescate financiero más grande de la historia que
William Clinton, el entonces presidente de los Estados Unidos, consiguió
para su vecino del sur: 52 mil millones de dólares a disposición del gobierno
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
287
mexicano. Como garantía, la factura petrolera se depositó en el Banco de la
Reserva Federal. Ése fue el inicio de la cadena que impidió un ajuste diferente.
Así, el gobierno, que profesaba un dogmatismo a favor del mercado, impidió
que el mercado funcionara, imponiendo una situación que ha sido
ficticia desde el principio hasta la fecha.
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto
bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se
han adoptado al menos tres medidas:
• Los funcionarios que estuvieron involucrados durante la gestación
de la crisis son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha
• Se dan a conocer reglas generales para el uso de los recursos públicos
durante el rescate bancario
• Esas reglas incluyen los incentivos de mercado correctos, para evitar
el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó
los problemas
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario. Los mismos
funcionarios que estuvieron durante la gestación de la crisis, como Guillermo
Ortiz y Eduardo Fernández, fueron los encargados de corregirla. Las reglas
supuestamente generales para el uso de recursos públicos, pronto se pasaron
por alto llegando a niveles de discrecionalidad escandalosos. Los incentivos
para que los banqueros colaboraran en el rescate a los bancos desaparecieron,
transformándose en señales para que los abusos aumentaran.
Los programas para ayudar a resolver la deteriorada situación financiera
de los bancos, se fueron modificando casi a capricho de los banqueros,
lo que propició que el problema no sólo no se resolviera, sino que se profundizara.
Cuando un banco conseguía un tratamiento más ventajoso por
parte del Fobaproa, los demás trataban de imitarlo.
Así, los banqueros metieron en la panza del Fobaproa toda la basura que
pudieron, y con ello se incrementaron de manera dramática los pasivos
avalados por el gobierno. El que se produjeran todo tipo de abusos fue posible,
no sólo por el manejo discrecional de los funcionarios de la SHCP, de
la CNBV y del Fobaproa, sino porque todas esas operaciones se mantenían
en la oscuridad, sin que la sociedad y los legisladores se enteraran.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
288
Para seguir adelante con ese rescate bancario, el gobierno apostó a que
la situación se iría corrigiendo de manera paulatina; pero sucedió lo contrario,
ya que conforme pasaba el tiempo, el costo del rescate bancario se incrementaba
cada vez más. A pesar de ello y de que contaba con el ramo 29
del Presupuesto de Egresos de la Federación para atender ese asunto, los
recursos no alcanzaban, y el gobierno buscó una fuente para financiar ese
faltante de manera subrepticia. Esa fuente la encontró en los ingresos petroleros
excedentes generados por los aumentos del precio del crudo por encima
de lo presupuestado. Pero cuando a finales de noviembre ese precio
inició un ciclo de descenso, al gobierno no le quedó más remedio que solicitar
autorización al Congreso de la Unión para convertir en deuda pública
los abultados pasivos del Fobaproa. Con el apoyo del PRI y del PAN logró su
cometido.
■ EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
¿A cuánto asciende el costo de las decisiones discrecionales de las autoridades
para rescatar a los bancos? En comparecencia del pasado 27 de julio
del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y del secretario ejecutivo del
IPAB, Mario Beauregard, a pregunta expresa de los legisladores de la Comisión
Investigadora del IPAB, Beauregard respondió que ese costo asciende a 18
por ciento del PIB. En efecto, el dato coincide con nuestros cálculos que se
ilustran en el cuadro 1.
En el cuadro 1 se incluye una estimación del costo del rescate bancario
al mes de marzo de 2004, fecha tomada como base para la conversión de los
pagarés del PCCC, programa que analizaremos más adelante. El costo se
estima en un billón (un millón de millones) 262 126 millones de pesos. Este
monto representa 18.7 por ciento del PIB de 2003.
Ese costo se divide en dos grandes partes: la ya pagada, y la pendiente
de pagar, es decir, los pasivos. El monto pagado asciende a 483 785 millo nes de
pesos, a precios de marzo de 2004 y corresponde a lo erogado desde 1995
mediante los ramos presupuestales 29 y 34. Además incluye el monto amortizado
por el Banco de México, por el crédito otorgado al Fobaproa. Los pasivos
actuales, es decir, la deuda pendiente de pagar, alcanza 778 341 millones
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
289
de pesos, 11.5 por ciento del PIB. La mayor parte corresponde a los pasivos
netos del IPAB, y el resto al Banco de México. Estos pasivos del IPAB se pueden
dividir en originales y refinanciados. Los originales son los que quedan de
las operaciones de saneamiento de los bancos liquidados o vendidos (los
llamados “bancos muertos”), así como el costo que tendrán los pagarés del
PCCC, según el cálculo del IPAB. Los pasivos refinanciados corresponden a
las emisiones de bonos y a la contratación de créditos con los bancos, entre
los cuales se incluyen los préstamos de Nafinsa, que están fondeados con
deuda externa.
Ese costo equivale al 76.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación
aprobado para 2004; mientras que el costo total pagado es 13.3 veces
mayor al presupuesto dedicado al sector primario; 21.3 veces más grande que
el destinado a Comunicaciones y Transportes; 4.3 veces más que a Educación;
23 veces mayor al del Sector Salud; 23 veces más que el presupuesto para
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
VALOR A PRECIOS DE MARZO DE 2004
(MILLONES DE PESOS)
Monto % PIB
Total 1’262 126 18.7
Costo pagado hasta 2003 483 785 7.2
Ramo 29 225 026 3.3
Ramo 34 245 922 3.6
Remanente Banxico 12 836 0.2
Pasivos actuales 778 341 11.5
IPAB 709 015 10.5
Originales 220 013 3.3
Saneamiento Financiero 112 807 1.7
PCCC (Convenio) 107 206 1.6
Refinanciados 489 002 7.2
Emisión de BPA 333 330 4.9
Préstamos bancarios 155 672 2.3
Nafinsa (deuda externa) 43 373 0.6
Bancos privados 112 299 1.7
Banco de México (Banxico) 59 167 0.9
Nafinsa (Crédito a Fobaproa) 10 159 0.2
Fuentes: Estimación propia con base en: Cuenta Pública de la
Hacienda Pública Federal de 1995-2003 a precios de marzo de
2004 usando el INPC; informes anuales del IPAB de 1999 al 2003
y Estados Financieros del IPAB de marzo de 2004.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
290
desarrollo social; y 1.9 veces más que las aportaciones federales a los
estados y municipios (cuadro 2). Así que vale preguntarse: con esos
recursos: ¿cuánto se habría fortalecido el desmantelado sector agropecuario?,
¿cuánto habría mejorado el sistema de comunicaciones?, ¿cuántas
vidas se habrían salvado?, ¿cuánto habría aumentado la calidad del
sistema educativo?, ¿a cuántas familias se habría recuperado de la pobreza
extrema?, ¿cuánto se habría fortalecido el federalismo? Pero no han sido ésas
las prioridades del Poder Ejecutivo, tampoco del Poder Legislativo, donde el
PRI y el PAN hacen mayoría. El cuadro 2 es elocuente al respecto.
CUADRO 2
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO (COMPARACIONES)
VALOR A PRECIOS DE MARZO DE 2004
(MILLONES DE PESOS)
Costo total 1’262 126
PEF aprobado 2004 1’650 505
% 76.5
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 8. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 36 373
Veces 13.3
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 9. Comunicaciones y Transportes 22 746
Veces 21.3
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 11. Educación Pública 113 414
Veces 4.3
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 12. Salud 20 973
Veces 23.1
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 20. Desarrollo Social 21 099
Veces 22.9
Costo pagado hasta 2003 483 785
Ramo 33. Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios 251 201
Veces 1.9
Fuentes: Cuadro 1 y Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2004.
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
291
■ DE CÓMO EL PAN TRATÓ DE LAVARSE LA CARA
FRENTE A LA SOCIEDAD
Durante la discusión abierta en 1998 a raíz de la petición del entonces presidente
Zedillo de avalar los pasivos del Fobaproa, después de supuestos titubeos,
el PAN hizo pública su decisión, en septiembre de ese año, de apoyar la
iniciativa presidencial. Para tratar de lavarse la cara frente a la sociedad,
anunció que exigiría la realización de una auditoría sobre el rescate bancario
a fin de depurar los pasivos de irregularidades e ilegalidades. En ese mismo
mes, la Cámara de Diputados contrató los servicios del despacho de Michael
Mackey, auditor canadiense; sin embargo, la aprobación a ciegas de la deuda
del Fobaproa como deuda pública se dio el 12 de diciembre de ese año, siete
meses antes de que Mackey entregara a la Cámara de Diputados su informe.
En la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que sustituyó al Fobaproa
por el IPAB, todavía con la intención de lavarse la cara, el PRI y el PAN aprobaron
un artículo quinto transitorio en el que se establece que:
El Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de
Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto [es
decir, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa] permanecerá en
operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa
conocido como de capitalización y compra de cartera y de dar cumplimiento
a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de este decreto, a fin de que
se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes
para que las auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a
partir de la entrada en vigor de esta ley.
En la medida que las operaciones del Fondo [es decir, del Fobaproa] sean
auditadas, se procederá conforme a lo siguiente:
I. En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente
a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y
los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica.
II. Una vez concluidas las auditorías, las instituciones correspondientes
[es decir, los bancos] podrán optar por dar por terminados los conFOBAPROA:
EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
292
tratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fondo [Fobaproa],
para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito
que éste hubiere emitido a su favor y a cambio, el Fondo les deberá
devolver los dere chos de cobro de la cartera objeto del Programa de
Capitalización y Compra de Cartera.
Simultáneamente con lo anterior, el Instituto [es decir, el IPAB]
otorgará a las citadas personas una garantía o instrumento de pago
que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones
que se indiquen en las Reglas Generales que para su efecto
emita la Junta de Gobierno del Instituto. A esta garantía o instrumento,
le será aplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta ley
[es decir, serán objeto de aplicación de recursos presupuestales aprobados
por la Cámara de Diputados].
El Instituto deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados,
las referidas Reglas Generales, a más tardar treinta días naturales
después de que haya iniciado sus operaciones.
En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales
el Instituto, mediante resolución de la Junta de Gobierno, podrá
optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones, mismas
que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de
los créditos devueltos a satisfacción del Instituto. En caso contrario,
éste reducirá el monto respectivo de la garantía o instrumento de
pago respectivo.
Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración
de la institución de que se trate, ésta deberá absorber el costo de
dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá el monto de la garantía
o instrumento de pago.
Las Reglas Generales deberán sujetarse estrictamente a lo siguiente:
A) Se establecerá el mecanismo para que los interesados puedan
afectar en fideicomiso los derechos de cobro que les devuelva
el Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones
de Crédito [Fobaproa] vigente hasta antes de la entrada
en vigor del presente decreto, y de esta manera estén en
posibilidad de emitir títulos de crédito a través del Fideicomiso,
con el objeto de realizar colocaciones y obtener liquidez;
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
293
B) El Instituto y las instituciones participantes en el nuevo programa,
convendrán una fórmula que obligue a las instituciones
a la obtención de los mejores resultados en los procesos de
administración y cobranza de los créditos designados dentro
del referido programa. El convenio respectivo preverá sanciones
aplicables a las instituciones, que no acrediten haber
adoptado las medidas y providencias para efectuar una diligente
administración y cobranza de tales créditos;
C) El Instituto y las instituciones, acordarán un mecanismo propicio
para que el costo derivado de los créditos a que se refiere
el párra fo anterior, que no fueran cubiertos totalmente,
se absorba preferentemente con cargo a las instituciones y
por el sistema financiero;
D) Se establecerán incentivos para que los deudores realicen un
pronto pago, así como los mecanismos que induzcan, preferentemente,
el pago de los grandes deudores que cuenten con
activos para hacer frente a sus compromisos derivados de los
derechos de cobro que han sido garantizados por el Instituto
Para participar en el nuevo programa, la institución de que se trate, deberá
cumplir con los niveles de capitalización establecidos por las disposiciones
aplicables. El Instituto cuidará que durante la vigencia de las garantías o de
los instrumentos de pago, las instituciones cuenten con un nivel de capitalización
adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país.
Como la Ley de Protección al Ahorro Bancario entró en vigor el 20 de
enero de 1999, las auditorías debieron concluir el 20 de julio de ese año.
El gobierno y los banqueros han repetido hasta el cansancio que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en ese artículo a pesar de que en su Informe
sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
Mackey afirme con claridad que no se trata de una auditoría. En efecto, la auditoría
encargada a ese consultor no pudo ser llevada a cabo de manera completa
y eficaz, debido a la reiterada negativa de las autoridades a proporcionarle
toda la información que necesitaba, en especial, la referida a los fideicomisos,
como el utilizado por Cabal Peniche. La excusa fue el famoso secreto bancario.
La advertencia de Mackey a los diputados es la siguiente:
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
294
Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo no constituyen una
auditoría financiera, sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas
previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento
expreso. Por lo tanto, no deberá considerarse una auditoría, no expresamos opinión
alguna sobre ninguno de los estados financieros o registros de la CNBV, del Fobaproa,
de la SHCP, del Banco de México, de los bancos individuales o de los controles
internos de estos organismos e instituciones. Como se señala en otra parte de
este informe, los términos de referencia de esta revisión fueron diferentes a los
de una auditoría financiera y no debe considerarse que proporcionan la misma
información y nivel de seguridad que una auditoría financiera. [p. 5, las negritas
son nuestras]
A pesar de las limitaciones, Mackey pudo detectar lo que denominó
“transacciones reportables”. En esa parte se analizaron los créditos que,
según la evaluación de ese consultor, deberían ser revisados por las autoridades,
ya que contenían todo tipo de irregularidades. Dichas operaciones
ascendieron a 73 775 millones de pesos, valuados a la fecha en que cada
crédito fue adquirido por el Fobaproa, es decir, al valor que tenía cada uno
en el momento en que ese fondo los compró, valor que actualizado a la fecha
es aproximadamente de 135 mil millones de pesos.
Los créditos reportables fueron clasificados por Mackey en tres grandes
grupos:
A) “Transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales
establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el
Fobaproa”.
B) “Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a
partes con las que tenían alguna relación o afiliación”.
C) “Las transacciones que hayan sido revisadas o estén siendo revisadas
por la CNBV y/o ciertos bancos, mismas que se determinó que eran
ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos
que gobiernan a las instituciones financieras mexicanas”.
Los créditos clasificadas en la parte “A”, a su vez, se subdividieron en
dos partes:
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
295
A(a) “Identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa”.
A(b) “Identificados por los despachos contratados que no fueron
acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa”.
Es muy importante enfatizar que Mackey, en ningún momento se pronunció
sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones reportadas. En palabras
del consultor “no podemos emitir opinión alguna en cuanto a si las transacciones
reportables descritas en esta sección son ilegales”. Lo único que hizo
Mackey fue llamar la atención sobre los créditos que presentaban irregularidades,
sugiriendo su investigación para determinar si eran o no ilegales.
En cambio, respecto a las operaciones clasificadas en el grupo A, el IPAB
informó en marzo de 2000 a la Cámara de Diputados que: “La Junta de Gobierno,
no ha considerado conveniente en este momento iniciar alguna revisión
de carácter legal y contable, teniendo en cuenta que el informe de M.
Mackey establece que estas transacciones fueron acordadas por los bancos,
la CNBV y el Fobaproa. Asimismo, el propio auditor no manifestó que de dichas
transacciones se desprenda alguna ilegalidad”. Con esa posición, el IPAB está,
de hecho, garantizando la impunidad para los beneficiarios de estos créditos,
basado en un argumento totalmente falaz.
En cuanto a los autopréstamos de los banqueros, o créditos otorgados
sin garantías a gente directamente relacionada con ellos, que Mackey clasificó
como grupo B, el IPAB decidió revisarlos para identificar si hubo alguna
ilegalidad en su otorgamiento, pero el entonces titular de ese organismo,
Vicente Corta, señaló durante su comparecencia ante los diputados, que “el
auditor contratado por la Cámara de Diputados no indica que alguna de las
transacciones sea ilegal”. Así, de nuevo se recurre al mismo argumento falaz
aplicado al grupo A, para garantizar la impunidad de los beneficiarios de
estas operaciones.
■ LA PRETENSIÓN DE UN NUEVO ATRACO
A LAS FINANZAS PÚBLICAS
El año pasado, a partir de las revisiones de la Cuenta Pública de los años
2000, 2001 y 2002, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
296
SHCP no destinar recursos para el pago de intereses a créditos observados
por un valor histórico de 32 038 millones de pesos –que a valor actualizado
a marzo de 2004 significan 118 044 millones de pesos– correspondientes a
Banamex, Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte, hasta en tanto no se auditaran
conforme a la ley. Las observaciones de la ASF se dividen en cinco
partes: los créditos en litigio, los menores a 200 mil pesos, los de grado de
riesgo E (irrecuperables), los relacionados y los intereses moratorios.
A pesar de que las auditorías a los bancos son una asignatura pendiente,
la reacción inmediata del presidente Vicente Fox fue asumir la defensa de
los banqueros. Con el argumento de que esas auditorías ya habían sido
realizadas por Mackey, el titular del Poder Ejecutivo presentó una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra
la Auditoría Superior de la Federación por invasión de competencias. Por
mandato de ley, la Auditoría continuó con la revisión de la Cuenta Pública
y en ese proceso enfrentó el obstáculo de los juicios que los banqueros
establecieron en contra de los despachos contables contratados por Mackey,
para impedir que éstos entregaran los “papeles de trabajo” a la Auditoría,
todavía con el argumento de violación al secreto bancario.
A lo largo de este anecdotario, en realidad hemos sido testigos de la
discusión sobre las condiciones para realizar el canje de pagarés del PCCC
que el Fobaproa entregó a esos cuatro bancos en 1995 y 1996 con vencimiento
a diez años. Dicha discusión pretende encontrar un punto de definición,
con el envío de un oficio, el 13 de julio pasado, de la SHCP y el IPAB a la Auditoría
Superior en donde le comunican del acuerdo –contrato de canje– con
los bancos para la conversión de esos pagarés en bonos del IPAB.
Durante una reunión de la Junta de Gobierno del IPAB con los diputados
integrantes de la Comisión Investigadora del IPAB, el pasado 15 de junio, Mario
Beauregard, secretario ejecutivo de ese instituto, informó que la base para el
canje de esos pagarés sería la revisión realizada por Mackey, ya que consideraba
que representaba las auditorías mandatadas en la Ley de Protección al
Ahorro Bancario. El oficio mencionado parte de esa posición e informa que se
inició la firma de los contratos de canje, los cuales incluyen tres aspectos:
1. Los bancos aceptan que se lleven a cabo las revisiones de Gestoría,
de Identidad de Objeto y de Existencia, de Legitimidad, y de Legalidad,
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
297
es decir, las revisiones denominadas GEL, en el punto de acuerdo de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 13 de agosto
de 2003.
2. Los bancos se comprometen a sobreseer los juicios de amparo que
iniciaron, así como a retirar las demandas interpuestas contra los
despachos contratados por Mackey, para que puedan proporcionar
los papeles de trabajo a los auditores que realicen las revisiones
antes señaladas.
3. Los bancos aceptan atender voluntariamente las observaciones efectuadas
por la ASF, y realizar las sustituciones o descuentos que se
requieran.
Según el multicitado oficio recibido por la ASF, en el punto 3 de los contratos
de canje que están firmando los bancos se señala el tratamiento que se
dará a las observaciones de la Auditoría. Los créditos relacionados serán
pagados por los bancos; los créditos menores serán afectados a un fideicomiso
de administración y ejecución, para salvaguardar los posibles daños a la
hacienda pública; los créditos en litigio serán sustituidos en caso de que sufran
evicción, es decir, si los bancos pierden el pleito, lo cual se preverá en una
cláusula del contrato de canje; los intereses moratorios se incluirán en el
canje, debido a que la Secretaría de la Función Pública lo considera legal. Sin
embargo, se trata de revisiones con resultados previamente pactados con los
bancos, de ahí la expresión de “revisiones denominadas GEL”, y de ninguna
manera las auditorías establecidas como requisito en el artículo quinto transitorio
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Este episodio que sería la última etapa de la conversión de deuda privada
en deuda pública, exhibe de nuevo la complicidad entre banqueros y
autoridades que de ser aprobada por los legisladores llevaría a aumentar
ilegalmente el costo del rescate bancario. Esto es debido a que en la estimación
de los pasivos que asumirá el IPAB aún no se descuentan los créditos
observados por la Auditoría Superior de la Federación que, como señalamos
párrafos arriba, suman 118 mil millones de pesos a valor actualizado a marzo
de 2004, de los cuales sólo han sido solventadas observaciones por 16
444 millones de pesos. Los 102 mil millones pendientes de aclarar y que sin
embargo están incluidos en la estimación del IPAB acordada con los bancos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
298
se componen (en cifras cerradas) de: 75 mil millones de pesos de créditos en
litigio; 8 mil millones de pesos de créditos menores a 200 mil pesos que los
bancos estiman muy fatigoso cobrar por lo que irán a parar a un fideicomiso
con cargo al erario público; créditos de riesgo E, esto es, no recuperables,
por 1 780 millones de pesos; además de 7 300 millones de pesos por concepto
de intereses moratorios, es decir, ilegales. En cuanto a los créditos relacionados,
es decir, los autopréstamos de los banqueros, el cinismo no tiene
límite ya que por ley se dan por solven ta dos 6 086 millones de pesos, con
el argumento de que el Fobaproa estuvo informado de los mismos y por lo
tanto se consideran ¡legales!, de manera que por este concepto se incluyen
en los pasivos del IPAB créditos supuestamente legales pero sin duda inmorales,
créditos que beneficiaron a banqueros que aún son accionistas de las
instituciones de crédito.
A pesar de la indebida inclusión de esos créditos, junto con el anuncio del
contrato de canje, la SHCP y el IPAB han festinado una supuesta reducción de
los pasivos que absorberá el IPAB que irían de 223 025 millones de pesos a
107 206 millones de pesos, esto es, una disminución de 52 por ciento, cuando
en realidad, de aplicarse los requisitos de ley, esos pasivos no deberían ser
CUADRO 3
PROGRAMA DE CAPITALIZACION Y COMPRA DE CARTERA (RESUMEN)
VALOR A MARZO DE 2004
(MILLONES DE PESOS)
Estimación
inicial
Estimación
convenio
Estimación
límite
Pagarés del Fobaproa 223 025 213 548 121 425
Cartera recuperada 55 558 53 365 50 564
Cartera no recuperada 167 467 160 183 70 861
Participación en pérdidas
De los bancos 41 699 39 878 17 646
Del IPAB 125 768 120 305 53 215
Reposición de reservas 14 271 13 099 7 204
Nuevos bonos IPAB 111 497 107 206 46 011
Fuentes: Para la primera columna se utilizaron los Estados Financieros del IPAB
de marzo de 2004; la segunda columna son elaboraciones propias con base en
la información fragmentaria del Convenio del IPAB con los bancos dado a conocer
el 15 de julio de 2004; y la tercera columna son elaboraciones propias deduciendo
las observaciones no solventadas de la ASF cuya fuente son los informes
sobre las revisiones de la Cuenta Pública de 2000, 2001 y 2002.
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
299
mayores a 46 011 millones de pesos, lo que significaría una disminución de
casi 80 por ciento. En el cuadro 3 tratamos de ilustrar las diferencias entre las
estimaciones según ambos criterios.
En la primera columna aparece la estimación inicial del IPAB, en la segunda
la estimación hecha por el convenio anunciado el 13 de julio pasado.
La diferencia entre ambas es la deducción de 9 477 millones de pesos de
créditos relacionados no solventados. En la tercera columna se encuentra
la estimación límite una vez que se descuentan los créditos observados
por la ASF que llegaría a 121 425 millones de pesos, la cual sería la estimación
legal del punto de partida para el cálculo de los nuevos pasivos que
asumiría el IPAB. La diferencia entre el valor de los nuevos bonos del IPAB
de la segunda y tercera columna sería el aumento en el costo fiscal que se
encuentra en juego de no realizarse las auditorías de ley, esto es, 61 195
millones de pesos, el equivalente a casi tres programas anuales para el
combate a la pobreza.
Los datos de la recuperación de cartera de la primera columna corresponden
al cálculo del IPAB, incluido en sus estados financieros. La cifra de
la segunda columna se obtuvo por diferencia, para ajustarse al dato de 160
183 millones de la obligación de pago asumida por el IPAB, según información
dada a conocer el 15 de julio. La estimación de la tercera columna se
realizó suponiendo que 90 por ciento de la recuperación realizada corresponde
a los créditos libres de observaciones, por parte de la ASF. Este es
el supuesto más crítico de todo el ejercicio, pero parece razonable, ya que
los créditos observados difícilmente podrán recuperarse, pues como vimos
párrafos arriba, están en litigio, son menores a 200 mil pesos, son de grado
E (irrecuperables), o se trata de intereses moratorios.
■ ¿QUÉ SIGUE?
Ante la pretensión de este nuevo atraco a las finanzas públicas, la primera
batalla se dará en el Congreso de la Unión cuando, muy probablemente,
junto con el paquete económico para 2005, el Ejecutivo incluya la pe ti ción
de recursos para el servicio de esta nueva deuda. De aceptar esa pe ti ción, el
Congreso estaría dando un cheque en blanco al Ejecutivo, ya que aún no se
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
300
tendrían los resultados de las “revisiones denominadas GEL” anunciadas en
el mencionado boletín de la SHCP y el IPAB del 13 de julio pasado, y mucho
menos de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo,
de aceptar esa probable petición, el Congreso estaría repitiendo la
historia del 12 de diciembre de 1998, cuando, sin la información en torno a
las condiciones en que se realizó el rescate bancario, y sin la posibilidad
de abatir el costo fiscal del mismo mediante la eliminación de las transacciones
ilegales e irregulares, aun así, legalizó una deuda cuyo costo ha
comprometido el futuro de la economía nacional. Las probabilidades de
que esa historia se repita son muchas; al respecto baste recordar que el PRI
y el PAN hacen mayoría y que cuando se trata de defender el interés de los
banqueros se convierten en los mejores aliados.
Para evaluar el futuro de la nueva amenaza de atraco financiero, también
es necesario tomar en cuenta la cautelosa y adecuada respuesta que la ASF
dio al boletín que le enviaron la SHCP y el IPAB. En ella condiciona la ausencia
de daño a la Hacienda Pública Federal al hecho de que “se tomen las
acciones necesarias para que no se paguen y entreguen recursos públicos,
a las cuatro instituciones de banca múltiple, hasta que no se resuelvan en
definitiva y en su totalidad las consecuencias de las observaciones de la ASF,
que están pendientes de ser solventadas, así como el resultado de las auditorías
que deberán ser practicadas a las cuatro instituciones bancarias”. En
otro párrafo advierte que el programa de canje deberá observar los principios
de legalidad constitucional; de fiscalización superior del ejercicio de
los recursos federales; de autonomía técnica en materia de fiscalización
superior; de transparencia y claridad en la rendición de cuentas y el principio
de competencia.
Tomando en cuenta que los primeros pagarés vencen en septiembre de
2005, existe el tiempo necesario para que antes de su conversión en bonos
del IPAB se realicen las auditorías de ley. La moneda está en el aire.
■ A MANERA DE CONCLUSIÓN
De haberse hecho justicia de manera oportuna en el caso de los crímenes
cometidos por el Estado contra los opositores al régimen priista autoritario
EL RESCATE BANCARIO: LA OTR A GUERR A SUCIA
301
de las décadas de los sesenta y setenta, ¿las autoridades y los banqueros
se habrían atrevido a realizar el fraudulento rescate bancario mediante el
Fobaproa? Lo más probable es que no. La impunidad de los responsables
de aquella guerra sucia ha llevado a que en el rescate bancario, otros repitan
la historia de recurrir a la impunidad como recurso para hacer prevalecer
sus intereses particulares. En el primer caso no fue la seguridad
nacional ni la seguridad del Estado la que se intentó salvaguardar por quienes
hoy se autodenominan “salvadores de la patria”, sino su permanencia
en el poder; en el segundo caso se trata de mantener los privilegios de un
capital financiero cuyas ganancias han sido a costa del desarrollo del país
y del bienestar del pueblo. Impedir que las historias de impunidad se repitan,
requiere en todos los casos investigar esos hechos, reconstruir la
verdad como condición necesaria para hacer justicia. Es delito de lesa
humanidad el genocidio, la destrucción total o parcial de un grupo nacional,
y también tendría que serlo la destrucción de las condiciones económicas
para garantizar los derechos sociales de un pueblo. Son esas condiciones
las que se comprometieron con la guerra sucia contra la población que se
ha llevado a cabo con el rescate bancario. La creación de una comisión
nacional de transparencia que investigue esos hechos constituye una tarea
pendiente para la democracia mexicana.
303
Un sistema eficaz para la protección del ahorro bancario representa
una institución clave en toda economía moderna. Sin un sistema de
este tipo, difícilmente se puede esperar que funcione eficientemente
el mercado financiero. A partir de la creación del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB), en 1999, se inició en México la construcción de
un sistema moderno de seguro de los depósitos bancarios.
El propósito de este trabajo es comentar algunos de los problemas que
ha tenido que enfrentar el IPAB durante sus primeros años de existencia. Se
repasan las circunstancias que condujeron a la crisis bancaria de 1995, las
características del rescate efectuado y la generación de los enormes pasivos
que le ha tocado administrar al IPAB.
A partir de 1983, la orientación general de la política económica se modificó
hacia la búsqueda de una nueva inserción en la economía mundial, impulsando
mecanismos de mercado que mejoraran la eficiencia y la competitividad
de la economía. Esa orientación adoleció de un grave defecto: se llevó a cabo
en un ambiente institucional no democrático, con un Estado de derecho débil,
una transparencia escasa y una verdadera rendición de cuentas inexistente.
Esto permitió que la política de liberalización financiera condujera al
riesgo de quiebra del sistema bancario, a principios de 1995. La política
aplicada para rescatar a los bancos, mediante el Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (Fobaproa), mostró fallas similares, que propiciaron todo tipo
de abusos e incrementaron de modo desproporcionado el costo fiscal.
Ese creciente costo se financió, al principio de manera subrepticia, recurriendo
a los ingresos petroleros excedentes. El inadecuado manejo de la
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO
Y LOS PROBLEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS PASIVOS RESULTANTES
8 DE MARZO DE 2005
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
304
política de rescate bancario, que aumentó excesivamente el costo fiscal,
junto con la caída del precio del petróleo a principios de 1998, obligaron al
gobierno a explicitar el problema del Fobaproa, y generaron el famoso debate
sobre ese asunto.
La discusión sobre el Fobaproa llevada a cabo en la Cámara de Diputados
durante 1998, resultó oscurecida debido a las deficiencias institucionales
antes señaladas. En lugar de transparentar lo sucedido y reducir en lo posible
el costo fiscal, la mayoría de los legisladores aceptaron la aplicación de
una verdadera operación de encubrimiento que legalizó ese desfalco y le
impuso un costo excesivo al pueblo mexicano.
Con la creación del IPAB, a principios de 1999, el gobierno asumió, de
hecho, la enorme deuda generada por el rescate bancario. A partir de entonces,
ese instituto ha administrado los pasivos resultantes del oneroso
rescate, buscando cómo refinanciarlos y distribuir su pago en el tiempo.
Sin embargo, lo realmente sucedido no ha sido aclarado del todo. El
pueblo mexicano tiene derecho a saber qué pasó, cómo sucedió, por qué
tiene que cargar con esa enorme deuda. Además, el conocimiento de los
hechos permitirá que se entienda la importancia de la nueva legislación y
de las nuevas instituciones, como el IPAB, para prevenir que algo así vuelva
a repetirse. Para ello, resulta necesaria la creación de una comisión de
la verdad.
■ LA PRIVATIZACIÓN DE LA BANCA Y SU CRISIS (1991-1994)1
En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos. La idea era combinar
ese proceso con una política de desregulación en materia financiera
1 El análisis está basado en Juan Moreno Pérez, “El problema del Fobaproa: elementos para
entenderlo y posibles alternativas para su solución”, en El Cotidiano, núm. 92 (UAM), noviembre-
diciembre de 1998; y del mismo autor, “Las secuelas del rescate bancario y la necesaria
reforma fiscal”, en Pascual García Alba, Lucino Gutiérrez y Gabriela Torres Ramírez
(comps.), El nuevo milenio mexicano, t. 3, México, Ediciones y Gráficos Eón / UAM, 2004 (pp.
181-214); así como en el Partido de la Revolución Democrática, Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional / Alternativas para impedirlo, México, 15 de julio de 1998.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
305
que ya se estaba aplicando. Con ello, se buscaba alcanzar de manera simultánea
tres objetivos: aumento de los niveles de ahorro de la economía;
mejor asignación de ese ahorro; y abaratamiento del costo del crédito, derivado
de la competencia esperada entre los nuevos bancos privados. Así,
la economía se beneficiaría al contar con un sistema bancario más moderno
y eficiente, capaz de canalizar el ahorro hacia las actividades más productivas
y de manera menos onerosa.
En un ambiente de apertura de la economía, definitivamente se debía
aplicar una política con esos rasgos. Pero el problema era la debilidad institucional
y la falta de transparencia y de mecanismos modernos de rendición
de cuentas. En el ambiente de autoritarismo y escasa transparencia que
existía, una política que podría haber sido muy positiva, se transformó en
una bomba de tiempo, que estalló a principios de 1995.
El primer gran error fue vender los bancos prácticamente al “mejor postor”,
olvidando que el servicio de banca y crédito es de una naturaleza muy diferente
a las restantes actividades económicas. Por ello, se debió garantizar
que los bancos quedaran en las manos de gente con capacidad para admi nistrarlos
con toda la prudencia y responsabilidad que esa actividad requiere.
Otra falla, también relacionada con la ausencia de transparencia en el
proceso de privatización, fue que no se respetaron las reglas anunciadas. Una
de ellas consiste en que el capital debería provenir de fuera del sistema bancario.
Gran cantidad de compradores financiaron la adquisición de los bancos
recurriendo a préstamos de otros bancos. Así, la capitalización de los nuevos
bancos privados resultó en gran medida ficticia, y comprometió de inicio la
viabilidad de aquéllos.
Resulta difícil creer que las autoridades encargadas de la venta de los
bancos ignoraran estos hechos. Ello ha generado la sospecha de que asuntos
de corrupción pudieron estar involucrados. La ausencia de mecanismos
claros de rendición de cuentas impidió que se aclarara todo ese proceso,
quedando señalado por el signo de la sospecha.
Pero quizás la mayor debilidad del proceso de privatización de la banca
fue que no se acompañó de un reforzamiento de los organismos de supervisión
ni de una modificación de las reglas de garantía para los depósitos
bancarios. Un mercado financiero liberalizado no podía regirse con las mismas
instituciones y reglas de un mercado totalmente controlado.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
306
En cualquier país que liberaliza su sistema bancario, las instituciones y
las reglas de supervisión se refuerzan. En México eso no sucedió. La Comisión
Nacional Bancaria (CNB) continuó operando prácticamente de la misma
manera, con una actitud francamente permisiva.
Respecto a las garantías, durante décadas el gobierno había respaldado,
de hecho, al total de los depósitos bancarios. Por ello, era sabido que en
México nunca quebraba un banco. Esa política era factible debido al estricto
control que ejercía el Banco de México sobre casi todas las operaciones de
la banca. Pero en el nuevo ambiente de desregulación casi total, el mantenimiento
de esa garantía implícita se convirtió en un incentivo perverso para
los nuevos banqueros, quienes podían asumir riesgos excesivos sin preocuparse
por las consecuencias.
Los resultados son bien conocidos. Los niveles de intermediación bancaria
se incrementaron fuertemente, aunque no como resultado del aumento
del ahorro, como se esperaba, sino de la liberación de recursos derivados
de la amortización de la mayor parte de la deuda que tenía el gobierno con
los bancos, y de la canalización de montos crecientes de recursos provenientes
del exterior.
La asignación de los recursos intermediados tampoco resultó lo eficiente
que se esperaba. En buena medida, los bancos fueron utilizados sobre
todo para financiar a los grupos pertenecientes a sus principales accionistas,
con tasas de interés preferenciales. En muchos casos se registraron abusivos
autopréstamos, sin exigir garantías mínimas.
El esperado abaratamiento del crédito, como resultado de la competencia
bancaria, tampoco se produjo. En contraste, se observó exactamente lo
contrario, los márgenes de intermediación se elevaron, hasta alcanzar niveles
sin precedentes en México. Mientras las personas relacionadas con los bancos
gozaron un tratamiento preferente, el costo de los préstamos a las no
relacionadas tuvo un fuerte incremento.
El comportamiento de los banqueros puede considerarse racional, debido
a las reglas del juego entonces existentes. Las instituciones encargadas
de supervisarlos les permitieron hacer prácticamente de todo. El haber
recurrido a préstamos, muchos de ellos, para comprar los bancos, presionaba
la búsqueda de negocios muy rentables, que les permitieran amortizar
rápidamente esos créditos. Además, el gobierno mantenía la garantía del
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
307
total de los depósitos, lo cual constituye un caso típico de riesgo moral, que
aparece cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno, les resolverá
sus problemas presentes y futuros.
Ese comportamiento resultó reforzado por una política económica que
indujo el sobrendeudamiento de la economía. Luego de estabilizar a la economía
y anunciar la próxima firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), el gobierno creó un ambiente muy favorable, que
atrajo enormes flujos de capital del exterior.
Mediante el mantenimiento de un tipo de cambio estable, se buscó dar
certidumbre a los rendimientos esperados por los inversionistas extranjeros.
Como la inflación doméstica seguía siendo superior a la exterior, el peso se
fue sobrevaluando y generó un déficit cada vez mayor con el exterior, el cual
se compensó con entradas de capital, también crecientes.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos, que provocó aumentos en los bienes y servicios no comerciables,
superiores a los registrados en los comerciables con el exterior. Ese conocido
fenómeno propició señales equivocadas a los mercados. Los precios
de los inmuebles y de otros bienes no comerciables aumentaron mucho,
y generaron la ilusión de que se era más rico y, por tanto, se podía gastar y
endeudarse más.
Durante el año electoral de 1994, el gobierno llevó esa política al extremo.
Con un déficit fiscal supuestamente cercano a cero, efectuó crecientes colocaciones
de valores en el exterior, como los famosos tesobonos. Esos recursos
permitieron amortizar mucha deuda interna y liberaron fondos que
los bancos terminaron canalizando a la economía, lo que creó una situación
prácticamente insostenible.
En diciembre de 1994, comenzando el gobierno del presidente Zedillo,
la realidad se impuso y el peso se devaluó. Para muchos, la devaluación
significó pasar de manera abrupta de la ficción a la realidad. Gan cantidad
de personas que contrataron deudas considerando precios inflados de activos,
de pronto se enfrentaron a tasas de interés muy elevadas y a precios
de sus activos devaluados en mayor proporción que la moneda. A ello siguió
una fuerte contracción de la economía que puso a muchos deudores en situación
de insolvencia. Los bancos dejaron de recuperar los créditos otorgados
y se presentó un riesgo de quiebra bancaria en cadena.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
308
Los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se han culpado mutuamente
por esa crisis, hablando del famoso “error de diciembre”. La verdad
es que los dos resultan responsables de lo sucedido. El primero, por impulsar
la política insostenible antes comentada. El segundo, por su incapacidad
de manejar adecuadamente la coyuntura, convirtiendo una situación, sin
duda difícil, en una crisis de grandes proporciones.
La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas, como
ya se ha comentado, volvió a jugar un papel perverso en esa coyuntura.
Existen muchas versiones de que funcionarios del gobierno informaron
previamente a algunos empresarios de que se iba a llevar a cabo la devaluación,
lo cual permitió que se cubrieran y derrumbaran el mercado cambiario,
haciendo más costosa e inmanejable la situación. Esta versión, como tantas
otras, quedó sin investigarse ni aclararse.
■ EL RESCATE BANCARIO:
EL USO DE LOS EXCEDENTES PETROLEROS
Y EL RIESGO MORAL (1995-1997)
Durante los últimos años del gobierno del presidente Salinas, lo único que
se pregonó fue que los fundamentos de la economía estaban bien y que no
había de qué preocuparse. Para ello, se maquillaron cifras básicas, como
el déficit fiscal, sacando de esa medición la intermediación financiera. Ese
concepto mide los recursos netos intermediados por la banca de desarrollo
y los fideicomisos de fomento, cuyo usuario final es el sector privado, pero
que tienen como origen un aumento en la deuda pública. El déficit por ese
concepto alcanzó más de 3 por ciento del PIB en 1994, pero, como no se
incluyó en la medición oficial del déficit fiscal, se pudo presumir que el
déficit era cercano a cero.
Así, cuando se inició el gobierno del presidente Zedillo, no se tenía un
verdadero diagnóstico de lo que sucedía, y menos, de lo que se venía. La
programación para 1995 se hizo sin contar con los usuales elementos técnicos
de análisis. Cuando se produjo la devaluación, las autoridades hacendarias
no tenían claridad respecto a la real naturaleza de la crisis que se
estaba presentando y de lo que debía hacerse.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
309
La falsa idea de que los fundamentos de la economía estaban bien, llevó
a que se pensara que la devaluación sólo reflejaba una crisis de confianza de
corto plazo. Algunos, incluso, creyeron que el problema se superaría resolviendo
la situación de Chiapas. Luego de la operación militar de febrero de
1995, la situación económica no sólo no se compuso, sino que se deterioró
aceleradamente, habiéndose perdido un tiempo precioso.
La versión de que se había dado un tratamiento preferente a grandes
inversionistas nacionales, sobre los extranjeros, condujo a la destitución del
nuevo secretario de Hacienda, y al inicio de un ajuste mal diseñado desde
su inicio, el cual llevó luego al grave problema del Fobaproa.
El primer error fue garantizar el valor en dólares y los plazos de vencimiento
de los tesobonos, en su mayoría en manos de inversionistas extranjeros,
desechando cualquier posibilidad de negociar las condiciones de
amortización de esos bonos, lo que habría permitido un ajuste más ordenado
y suave. Esos títulos se liquidaron rápidamente, utilizando para ello un
crédito de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos, con los ingresos
de las exportaciones petroleras como respaldo.
La garantía gubernamental sobre cien por ciento de los depósitos bancarios
eliminó cualquier flexibilidad en el ajuste mediante mecanismos de
mercado. Pero lo más grave fue que, desde un principio, se buscó proteger
a los grandes deudores, normalmente asociados a los banqueros, presionando
a los pequeños deudores para que pagaran sus créditos, con las infladas
tasas de interés, o serían despojados de sus propiedades. La falta de equidad
fue la regla desde el inicio de la crisis.
Ningún gobierno responsable podía permitir que quebrara la banca y se
interrumpiera el sistema de pagos de la economía. Por ello, la necesidad de
que el gobierno interviniera, lo cual significaba necesariamente incurrir en
un costo fiscal, está fuera de toda discusión. El problema es evaluar cómo
se realizó esa inevitable intervención.
En cualquier país democrático, cuando se presenta un riesgo de quiebra
bancaria en cadena, normalmente se adoptan al menos tres tipos de
medidas: en primer lugar, los funcionarios involucrados en la gestación
de la crisis son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha; segundo,
los programas de apoyo a los bancos se basan en reglas generales, ya que
se trata de recursos públicos; y tercero, esas reglas incluyen incentivos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
310
de mercado para propiciar que los bancos beneficiarios ayuden a corregir
la situación.
En México, debido al débil ambiente institucional antes mencionado, se
hizo exactamente lo contrario. Los funcionarios señalados como responsables
de la crisis fueron también los encargados de aplicar los programas de
rescate. Aunque en un principio se pretendió mantener algún tipo de reglas
generales, pronto se pasó a niveles de discrecionalidad verdaderamente
irresponsables. Esa ausencia de reglas claras condujo a todo tipo de abusos
que propiciaron un incremento exagerado del costo fiscal.
El mecanismo que se utilizó para canalizar los apoyos a la banca fue el
Fobaproa, que pasó de ser un fideicomiso privado, a convertirse en el organismo
público responsable de asumir una deuda pública gigantesca. En un
principio sólo se otorgaron apoyos temporales a los bancos, para garantizar
que mantuvieran niveles de capitalización suficientes.
Varios bancos a punto de quebrar fueron intervenidos por la Comisión
Nacional Bancaria, asumiendo el gobierno, por medio del Fobaproa, la responsabilidad
de sanearlos. En algunos bancos, como Serfin, se mantuvo la
ficción de que no estaban intervenidos, cuando realmente lo estaban, para
todos los efectos prácticos. Pronto, las pérdidas de los bancos intervenidos
se acumularon y la terquedad de impedir que ningún banco se declarara en
quiebra, llevó a que el costo del rescate se incrementara más y más.
Para los bancos que se consideraban viables, se diseñó un programa
especial, denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC), el cual es, hasta la actualidad, un dolor de cabeza para el gobierno
y para los legisladores. Mediante ese programa, los bancos elegirían una
cartera de crédito con problemas, la cual se situaría en un fideicomiso administrado
por el propio banco. A cambio del derecho sobre los flujos que
generara esa cartera, el Fobaproa emitiría un pagaré a 10 años, no negociable,
con intereses capitalizables, y avalado por el gobierno.2
En un principio, el Fobaproa emitió unas reglas generales para los PCCC,
señalando el tipo de créditos que se podían admitir. También se fijó la obligación
2 Las características están descritas en Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), Revisiones
del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, México, septiembre de 1998.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
311
de que los créditos estuvieran provisionados con las reservas que marca la Ley.
Además, se determinó una regla de participación de los bancos y el gobierno
en las pérdidas que finalmente se registraran, cuando los pagarés vencieran.
Como todo en México, las reglas pretendidamente generales se empezaron
a flexibilizar, primero con un banco, y luego con otro. Si se analizan las carteras
incluidas en los tramos acordados durante 1995, se observa que las
reglas se cumplieron, más o menos. Pero en los pagarés emitidos en 1996 o
después, se permitió que los banqueros metieran toda la basura irrecuperable
que tuvieran, sin exigirles siquiera que mantuvieran unas reservas mínimas.
El proceso de rescate bancario se llevó a cabo en la oscuridad, sin informar
siquiera a los legisladores. La gran discrecionalidad involucrada propició
todo tipo de abusos, los cuales fueron incrementando de manera
alarmante el costo fiscal. Aunque la mayor parte de los compromisos se
constituyeron con promesas de pago a largo plazo, el saneamiento de tantos
bancos y la entrada en operación de algunos programas de apoyo a deudores
exigieron erogaciones presupuestarias crecientes.
A fines de 1995 se dio a conocer la primera estimación de lo que sería el
costo fiscal del rescate bancario. En los Criterios Generales de Política Económica
para 1996, se señalaba que dicho costo alcanzaría sólo 5.1 por ciento
del PIB, del cual, 2.4 puntos porcentuales correspondían a los programas
llevados a cabo por el Fobaproa. Para fines de 1996, el costo total estimado
se incrementó a 8.5 por ciento del PIB, con 4.4 puntos porcentuales para el
Fobaproa. Y a fines de 1997, pocos meses antes de que se iniciara el famoso
debate sobre este asunto, el costo se calculó en 11.9 por ciento del PIB, con
8.3 puntos porcentuales estimados para el Fobaproa.
Desde un principio apareció el problema de cómo financiar el rescate
bancario, en un ambiente de crisis, con ingresos fiscales deteriorados y
grandes dificultades para contratar nueva deuda. La salida fue incrementar
las exportaciones de petróleo, aprovechando que los precios iban coyunturalmente
al alza. Pero, como el sólo aumento del volumen de petróleo por
exportar no bastaba, se decidió utilizar el perverso régimen fiscal aplicado
a Pemex para incrementar la tributación de esa paraestatal.3
3 El autor presentó por primera vez esta hipótesis en “El petróleo y el Fobaproa”, La Jornada,
México, 12 de abril de 2000.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
312
El mecanismo utilizado entre 1995 y 1997 para exprimir fiscalmente a
Pemex y financiar de manera subrepticia el creciente costo del rescate bancario,
consistió en subestimar el precio de referencia del petróleo, para
garantizar una tasa de tributación a Pemex superior a 60.8 por ciento sobre
sus ingresos, aplicada mediante el derecho sobre hidrocarburos. A los ingresos
por encima de ese subestimado precio se les aplica el aprovechamiento
sobre ingre sos ex cedentes, con una tasa de 39.2 por ciento,
quedando todos esos re cur sos en manos del fisco. Además, como los ingresos
excedentes no se habían presupuestado, se podían asignar de manera
discrecional, siempre que se destinaran a programas prioritarios, y el rescate
bancario podía considerarse como parte de ellos.
Al igual que pasó con la devaluación del peso, cuando algunos funcionarios
del gobierno pensaban que era una crisis de confianza de corto plazo,
que se podía revertir en el momento que se restaurara la confianza, todo
indica que con el rescate bancario sucedió algo parecido. Creyeron que
manteniendo la ficción de que ningún banco quebraba, y canalizando recursos
de apoyo de manera subrepticia, la situación se iría recomponiendo.
Pero olvidaron que los incentivos perversos involucrados en los esquemas
de rescate llevaban necesariamente a un crecimiento sin control de las erogaciones
y de los pasivos que tendría que asumir finalmente el gobierno.
■ LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
Y LA EXPLICITACIÓN DEL PROBLEMA DEL FOBAPROA (1998)
La situación se modificó de manera abrupta al iniciar 1998. El precio del
petróleo se derrumbó, y con ello, el mecanismo para financiar el rescate
bancario. Ese fenómeno obligó al presidente Zedillo a explicitar el problema
del Fobaproa, enviando a fines de marzo varias iniciativas de Ley al Congreso,
en las que proponía que se asumiera formalmente una deuda estimada
para febrero de ese año en 552.3 miles de millones de pesos, más los “accesorios”
que se acumularan hasta diciembre.
Entonces fue cuando se inició el debate nacional sobre el Fobaproa. En un
principio, los legisladores pidieron que se explicara de dónde habían salido
esos pasivos, y que se auditaran, antes de aprobar su conversión formal en
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
313
deuda pública. Aunque existieron las usuales presiones para que se legislara
al vapor y se aprobaran esas iniciativas en el periodo ordinario de sesiones del
Congreso, que concluía en abril, la aprobación no se consiguió, dejándose esa
posibilidad para el siguiente periodo ordinario, por iniciarse en septiembre.
Fue precisamente durante el receso legislativo, entre mayo y agosto,
cuando la discusión respecto al Fobaproa se convirtió en un debate nacional.
El gobierno inició una fuerte campaña de propaganda, sosteniendo que si
esos pasivos no eran reconocidos como deuda pública, se podría producir
una verdadera catástrofe económica.
Al autor le tocó participar en ese debate, en su carácter de asesor de los
legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Como resultado
del intenso debate llevado a cabo dentro de ese partido, el 15 de julio se
dio a conocer el documento Fobaproa: el gran atentado contra la economía
nacional / Alternativas para impedirlo.4
La propuesta del PRD partía del análisis que se ha comentado en párrafos
anteriores, respecto a cómo se había gestado la crisis bancaria. El planteamiento
básico era el rechazo a la conversión propuesta de los pasivos del
Fobaproa en deuda pública. Con ello se evitaba que se endosara un enorme
costo a la población y que se encubrieran las muchas ilegalidades e irresponsabilidades
registradas.
Se proponía revisar a fondo el rescate bancario, identificando las operaciones
producto del abuso de los banqueros y de sus asociados, las cuales
no deberían recibir ningún apoyo fiscal. Además, se planteaba establecer
reglas generales y transparentes para el rescate de las empresas y familias
que resultaban verdaderas víctimas de la crisis.
La revisión detallada de lo sucedido representaba además una gran
oportunidad histórica para transformar lo que sería un fraude de enormes
proporciones contra la mayoría de la población, en un proceso que combatiera
a fondo las raíces de la corrupción y de la impunidad. Ese proceso
ayudaría a fortalecer el Estado de derecho, fomentaría la transparencia y
fortalecería los mecanismos de rendición de cuentas, los grandes ausentes
en el proceso de modernización de la economía mexicana.
4 Este documento fue elaborado por el autor en su mayor parte.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
314
La respuesta del gobierno fue la descalificación, mas resultó incapaz de
refutar el análisis presentado y eludió cualquier tipo de discusión seria.
Prefirió continuar su campaña propagandística, tratando de convencer a la
población de que la política de rescate bancario aplicada no sólo había sido
la más adecuada, sino la única posible.5
En septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al consultor
canadiense Michael Mackey, para que efectuara una auditoría a todas las
operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa. Además, se decidió no aprobar
ninguna modificación legal a ese respecto, hasta que concluyera la citada
revisión y todo se clarificara.
Sin embargo, esos acuerdos no se cumplieron, ya que muchos legisladores
permitieron que se llevara a cabo una auténtica operación de encubrimiento.
Durante los primeros meses, el gobierno se negó a entregar
la in for mación que requería el auditor Mackey, impidiendo que avanzara la
revisión encomendada. Luego, se olvidó el acuerdo de no legislar hasta que
se concluyera la auditoría. Así, en diciembre de 1998 se aprobó la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, que dio origen a la creación del IPAB. Sólo los
legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaron en contra.
Con la aprobación del citado ordenamiento, se legalizaron los enormes
pasivos generados por el rescate bancario, los cuales se transfirieron al IPAB,
y se estipuló que las auditorías en curso deberían concluirse. Sólo quedó
pendiente lo referente a los pagarés en poder de los bancos aún vivos, los
correspondientes al PCCC. Se acordó que esos pagarés deberían canjearse
por nuevos instrumentos de deuda del IPAB, después de que se concluyeran
las auditorías y se depurara la cartera de créditos que los amparaba.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB Y EL MANEJO
DE LA DEUDA BANCARIA (1999-2004)
A principios de 1999, el IPAB comenzó a administrar los enormes pasivos
heredados del Fobaproa. Además, concluyó las operaciones de saneamiento
5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fobaproa: la verdadera historia, México, julio
de 1998.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
315
financiero que habían quedado pendientes. También inició la venta de algunos
de los bancos intervenidos y la liquidación de los otros. Para el manejo de
los pasivos diseñó una estrategia consistente en evitar que continuaran creciendo
en términos reales, de manera que, como proporción del PIB, se fueran
reduciendo.
En julio de ese año, el auditor Mackey entregó a la Cámara de Diputados
su Informe sobre las operaciones del Fobaproa.6 Lo primero que se destacó
en ese informe fue que no se trataba de la auditoría encomendada por los
diputados y estipulada en la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Como
lo dijo Mackey de manera explícita: “Este informe y las evaluaciones que se
han llevado a cabo no constituyen una auditoría financiera”.7
Las razones de que no pudiera realizar la auditoría encargada se debieron
a las limitaciones de la información que le fue proporcionada. Sin
embargo, el análisis presentado respecto al origen de la crisis bancaria, a
la evaluación de los programas aplicados, y al desempeño de las instituciones
encargadas de supervisar a los bancos, resultó de una gran profundidad.
Algo notable en el Informe de Mackey fue la coincidencia, en muchos
rasgos, con el diagnóstico presentado, un año antes, en el comentado
documento del PRD.
Los voceros del gobierno, así como la mayoría de los legisladores, pretendieron
hacer pasar el informe de Mackey como la anunciada auditoría a las
operaciones efectuadas por el Fobaproa. Así, se aparentó que se había cumplido
con lo establecido en la Ley, con el propósito de encubrir todo lo su cedido
y garantizar impunidad a los responsables del gran desfalco.
Como anexo de su informe, el auditor Mackey entregó un listado de operaciones
consideradas como reportables, por un monto de casi 74 mil millones
de pesos, a valor original, y propuso que se revisaran cuidadosamente. El anexo
también incluía un listado con los nombres de los beneficiarios.8 A petición de
6 Michael W. Mackey, Informe sobre la evaluación integral de las operaciones y funciones del
Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la calidad de la supervisión de los programas
del Fobaproa de 1995 a 1998, México, julio de 1999.
7 Ibid., p. 5.
8 Michael W. Mackey, Fobaproa / Lista consolidada de transacciones reportables, México, julio
de 1999.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
316
las fracciones mayoritarias de la Cámara de Diputados, Mackey encriptó el
archivo electrónico con ese listado. El código de acceso se dividió en cinco
partes y se proporcionó una de ellas a cada partido representado en la Cámara.
Con ello, se garantizó que la única manera de que pudieran conocerse
los nombres incluidos en esa lista fuera mediante el consenso de los
cinco partidos.
En octubre de 1999, el PRD propuso que se diera a conocer el listado de
las operaciones reportables. La mayoría de los diputados se opusieron
mediante la aprobación de un punto de acuerdo que mantenía esa lista en
secreto y encargaba al IPAB que la revisara y sólo entonces diera a conocer
los nombres de los responsables de los créditos que se hubieran identificado
como ilegales.
En marzo de 2000, el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su Informe
de las Transacciones Reportables, en el que dio a conocer las acciones que
había realizado respecto a los créditos irregulares detectados, pero sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.9
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear la Comisión
Investigadora del IPAB, con el fin de evaluar cómo estaba cumpliendo ese
nuevo organismo con las obligaciones señaladas en la Ley. En medio de la
campaña electoral de ese año, todos los partidos, con la excepción de uno,
dieron a conocer su respectiva clave de acceso. Cuando el PRD tuvo la presidencia
de la citada comisión, también accedió a la custodia del famoso
archivo encriptado, cuyo contenido fue dado a conocer tiempo después.
A partir de 2000, se incluyó en la Ley de Ingresos la autorización para que
el IPAB pudiera realizar operaciones de refinanciamiento de sus pasivos. Lo
primero que hizo fue contratar nuevos créditos con los bancos, sustituyendo
con esos recursos las deudas más caras. En ese proceso, el IPAB no siempre
tuvo éxito. Un caso ejemplar fue lo sucedido con el pagaré de Banca Confía,
adquirido por el Citibank. Ese pagaré era el que tenía la tasa de interés más
elevada. Cuando el IPAB trató de sustituirlo, el Citibank lo deman dó, propiciando,
entre otras cosas, la renuncia del primer secretario ejecutivo de ese instituto.
El último día del gobierno del presidente Zedillo, ese pagaré fue finalmente
9 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Informe de las Transacciones Reportables,
México, marzo de 2000.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
317
sustituido, reduciendo la tasa de interés, pero ampliando el plazo en varios años,
de manera que se garantizara el ingreso esperado por ese banco extranjero.
El siguiente paso del IPAB para refinanciar sus pasivos, fue la emisión
de los “bonos para la protección del ahorro” (BPA). En un principio, los BPA
se colocaron con una sobretasa considerable respecto a valores gubernamentales
como los cetes. Pero paulatinamente esa sobretasa se fue disminuyendo,
al descontar los mercados que en realidad se trataba de deuda
equivalente del gobierno.
Los recursos presupuestarios entregados al IPAB se dirigieron a financiar
el costo de los programas de apoyo a los deudores, y a sufragar el
componente real del pago de intereses de sus pasivos, siguiendo la estrategia
de evitar que la deuda creciera en términos reales. Los recursos
provenientes de los préstamos bancarios y de las emisiones de bonos se
usaron para concluir las operaciones de saneamiento pendientes. A la fecha,
las nuevas emisiones de bonos se están utilizando para sustituir los créditos
bancarios contratados.
Para fines de 2003, los pasivos administrados por el IPAB ascendieron a
816 mil millones de pesos. Su valor máximo, como proporción del PIB, fue alcanzado
en 1999, y empezó a disminuir a partir del siguiente año, como resultado
de la estrategia que se adoptó. A partir de 2000, las obligaciones derivadas
de los programas de saneamiento se fueron amortizando, siendo sustituidas
por contratación de créditos bancarios y emisión de BPA. El único segmento
de los pasivos que continuó creciendo hasta 2003, mediante el mecanismo de
capitalizar los intereses que se van generando, fue el de los PCCC.
En julio de 2004, se inició el proceso de conversión de los pagarés del
PCCC en deuda directa del IPAB. Aunque las reglas para dicha conversión
fueron publicadas desde 1999, la sustitución se pospuso durante cinco años.
La razón fue la existencia de diferencias en la interpretación de lo que debían
ser las auditorías señaladas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Desde la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) empezó a auditar todas las operaciones del rescate bancario,
de acuerdo con lo señalado en la Ley. Entre las primeras recomendaciones
efectuadas, la ASF pidió que se llevaran a cabo las auditorías a las carteras
amparados por los PCCC, como lo indica el artículo quinto transitorio de la Ley,
antes de realizar su canje por nuevos títulos de deuda del IPAB.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
318
En las siguientes revisiones, para las cuentas públicas de 2001 y 2002, la
Auditoría Superior encontró que en las carteras que amparan a esos pagarés,
se incluyeron muchos créditos que no correspondían a las reglas de ese
programa, los cuales deberían ser sustituidos antes de que se realizara el
canje. Un resultado interesante de esas revisiones fue que los bancos participantes
en ese programa nunca debieron ser apoyados con recursos fiscales,
ya que en todo momento registraron niveles de capitalización superiores
a los exigidos por la Ley.10
Este es un resultado muy ilustrativo de lo que sucede cuando no existen
reglas de transparencia adecuadas. La observación de la ASF es atinada respecto
a que los bancos señalados mostraban niveles de capitalización superiores
al mínimo exigido por la ley. Pero ello no era cierto, ya que la CNB
permitía registrar como capital algunas partidas que en realidad no lo eran,
lo que posibilitaba el mantenimiento de una apariencia de solidez que en
realidad no existía. Como las autoridades tenían conocimiento de lo que de
verdad sucedía, permitieron que esos bancos participaran en el PCCC.
Como resultado de sus revisiones, la Auditoría Superior de la Federación
solicitó a la Secretaría de Hacienda no destinar recursos para el pago
de intereses a los créditos observados, y agregó que debían deducirse del
valor de los pagarés. El Ejecutivo respondió con una controversia constitucional,
aduciendo que esa solicitud estaba fuera de la competencia de
la Auditoría Superior.
Los bancos con pagarés del PCCC se ampararon, argumentando que las
auditorías ordenadas por la Ley ya habían sido realizadas durante las revisiones
del auditor Mackey. Además, iniciaron juicios contra los despachos
contables contratados por el auditor Mackey, para evitar que entregaran a
la ASF los papeles de trabajo utilizados durante su revisión, escudándose en
el secreto bancario.
Finalmente, en julio de 2004, el IPAB llegó a un acuerdo con los bancos,
y se efectuó la firma de los contratos de canje de dichos pagarés del PCCC.
10 Auditoría Superior de la Federación, Informe de la Revisión y Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública, 2001, t. III, vol. 3.; e Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de
la Cuenta Pública, 2002, t. III, vol. 2.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
319
Esos contratos incluyeron tres aspectos. En el primero, los bancos aceptaron
que despachos contratados por el IPAB efectuaran unas revisiones de Gestoría,
de Identidad de Objeto y de Existencia, de Legitimidad y de Legalidad,
es decir, las denominadas “revisiones GEL”.
En segundo lugar, los bancos se comprometieron a sobreseer los juicios
de amparo que iniciaron, así como a retirar las demandas interpuestas contra
los despachos contratados por Mackey, para que pudieran proporcionar
los papeles de trabajo a los auditores encargados de las revisiones GEL.
Por último, los bancos aceptaron atender voluntariamente las observaciones
efectuadas por la ASF, y realizar las sustituciones o descuentos
que procedieran. Sin embargo, el tratamiento se pactó de antemano con
el IPAB: los créditos relacionados serían pagados por los bancos; los créditos
menores serían afectados a un fideicomiso; los créditos en litigio
serían sustituidos en caso de sufrir evicción; y los intereses moratorios se
incluirían en el canje, ya que la Secretaría de la Función Pública los consideró
legales, en contra del criterio manifestado por la Auditoría Superior
de la Federación.
Las revisiones GEL aún no concluyen. El valor de dichos pagarés, a fines
de 2003, ascendía a alrededor de 220 mil millones de pesos. Si se hubieran
canjeado con base en las reglas originales, y suponiendo que todos los créditos
incluidos cumplieran las citadas reglas, el costo fiscal final hubiera sido
de aproximadamente la mitad de ese valor, al descontar las reservas y la participación
en pérdidas pactada, tal como parece que finalmente sucederá.
Pero, si se hubiera tenido la voluntad de llevar a cabo las auditorías
pendientes, tal como lo ordena el artículo quinto transitorio de la Ley de
Protección al Ahorro Bancario, y se hubieran atendido de manera escrupulosa
las recomendaciones de la Auditoría Superior, dicho costo fiscal podría
haberse reducido posiblemente a una quinta parte de su valor nominal, al
deducirse los créditos irregulares que se incluyeron.
■ REFLEXIÓN FINAL
Como conclusión de estas reflexiones, se puede decir que el IPAB y el nuevo
seguro para los depósitos bancarios son una parte muy importante de
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
320
las nuevas instituciones destinadas a fortalecer una sociedad realmente
democrática. Por ello, deben consolidarse, y su importancia debe ser difundida,
contrastándola con las experiencias vividas antes de que dichas
instituciones existieran.
Por último, se debe hacer un esfuerzo final para reducir en lo posible el
costo fiscal derivado de los pasivos del IPAB, antes de emitir los nuevos títulos
de deuda que sustituirán a los pagarés del PCCC. Además, como un verdadero
asunto de salud pública, resulta indispensable la creación de una comisión
de la verdad que aclare lo sucedido con el rescate bancario y prevenga a la
sociedad para que no se vuelva a endosar al pueblo mexicano una deuda tan
cuantiosa y, sobre todo, tan injusta.
■ REFERENCIAS
Auditoría Superior de la Federación (ASF): Informe de Resultados sobre la
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000, t. III, vol. 2.
______: Informe de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública,
2001, t. III, vol. 3.
______: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública, 2002, t. III, vol. 2.
Contaduría Mayor de Hacienda (CMH): Revisiones del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, México, septiembre de 1998.
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa): Estimación de los Pasivos
del Fobaproa en Diciembre de 1998 (esta información estuvo disponible
en una página de internet, ahora desaparecida).
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB): Informe de las Transacciones
Reportables, México, marzo de 2000.
______: Informe Anual de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.
MACKEY, Michael W.: Informe sobre la evaluación integral de las operaciones
y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la calidad de la
supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998, México, julio
de 1999.
______: Fobaproa / Lista consolidada de transacciones reportables, México,
julio de 1999.
EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO Y LOS PROBLEMAS PAR A LA ADMINISTR ACIÓN DE LOS PASIVOS RESULTANTES
321
MORENO PÉREZ, Juan: “El problema del Fobaproa: elementos para entenderlo
y posibles alternativas para su solución”, en El Cotidiano, , núm. 92 (UAM),
noviembre-diciembre de 1998.
______: “El petróleo y el Fobaproa”, en La Jornada, México, 12 de abril de
2000.
______: “Las secuelas del rescate bancario y la necesaria reforma fiscal”, en
Pascual García Alba, Lucino Gutiérrez y Gabriela Torres Ramírez (comps.),
El nuevo milenio mexicano, t. 3, México, Ediciones y Gráficos Eón / UAM,
2004 (pp. 181-214).
______: y Rosa Albina Garavito Elías: “El rescate bancario: la otra guerra
sucia”, en Memoria, núm. 187, México, septiembre de 2004.
Partido de la Revolución Democrática (PRD): Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional / Alternativas para impedirlo, México, 15 de
julio de 1998.
Poder Ejecutivo Federal: Criterios Generales de Política Económica para
1996, 1997 y 1998.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Fobaproa: la verdadera historia,
México, julio de 1998.
323
Las tareas encomendadas a la Comisión de Investigación sobre el
IPAB sólo se cumplieron de manera muy parcial. Además de las
escasas y espaciadas reuniones, hubo una negativa explícita para
el desarrollo de tareas de investigación por parte de la mayoría de los
integrantes y no existió un real interés por efectuar una revisión profunda
del funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) y evaluar hasta qué punto ese instituto se había ceñido a las disposiciones
jurídicas que lo regulan. Lo que prevaleció fue un enfoque
netamente oficialista que buscó en todo momento justificar las acciones
realizadas por las autoridades durante el rescate bancario. Por esas razones,
y ante la imposibilidad de rehacer el texto del Informe de la Comisión,
decidimos anexar al mismo este escrito con las siguientes
consideraciones.
■ INTRODUCCIÓN
La crisis bancaria que estalló a principios de 1995 llevó al gobierno a
realizar una serie de acciones que luego se denominaron ‘rescate bancario’.
Esa política ha significado un enorme sacrificio financiero para el
país y un gran costo social para el pueblo mexicano. Hasta junio de 2006,
el costo fiscal del rescate bancario puede estimarse en un billón 358 mil
millones de pesos, lo que representa 15.4 por ciento del producto interno
bruto (PIB). Pero esa enorme carga no resultó de una catástrofe natural
CONSIDERACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
RESPECTO AL INFORME DE LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL INSTITUTO
PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
AGOSTO DE 2006
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
324
o algo por el estilo. En realidad fue resultado de políticas equivocadas e
irresponsabilidades de todo tipo y de acciones premeditadas ejercidas
por funcionarios públicos claramente identificados.
A partir de 1983 la orientación general de la política económica se
modificó. Bajo el pretexto de buscar una nueva inserción en la economía
mundial que impulsara mecanismos de mercado que mejoraran la eficiencia
y la competitividad de la economía nacional, se debilitaron muchas de
las responsabilidades sociales y productivas del Estado mexicano. Esa
orientación conllevó un grave defecto: se efectuó en un ambiente institucional
no democrático, con un Estado de derecho débil, transparencia
escasa, sin verdadera rendición de cuentas y con la existencia de una
enorme red de complicidades y corrupción.
Esa grave ausencia permitió que la política de liberalización financiera
abrupta condujera al riesgo de quiebra del sistema bancario a principios de
1995. La política aplicada para rescatar a los bancos mediante el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) mostró fallas similares, que
propiciaron todo tipo de abusos e ineficiencias que incrementaron desproporcionadamente
el costo fiscal.
Ese creciente costo se financió al principio de manera subrepticia, recurriendo
a los ingresos petroleros excedentes. El inadecuado manejo de la
política de rescate bancario, que incrementó excesivamente el costo fiscal,
junto con la caída del precio del petróleo a principios de 1998, y la exigencia
social y legislativa, obligaron al gobierno a explicitar el problema del Fobaproa.
La información, incompleta aún en la actualidad, sólo fue posible
mediante la denuncia y la exigencia nacional.
La discusión sobre el Fobaproa llevada a cabo en la Cámara de Diputados
durante 1998, resultó oscurecida debido a las deficiencias
institucionales antes señaladas. En lugar de buscar transparentar lo
sucedido y reducir en lo posible el costo fiscal, la mayoría de los legisladores
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN) aceptaron la aplicación de una verdadera operación
de encubrimiento que legalizó ese desfalco y le impuso un costo
excesivo al pueblo mexicano.
Con la creación del IPAB a principios de 1999, el gobierno asumió, de hecho,
la enorme deuda generada por el rescate bancario. A partir de entonces,
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
325
ese instituto ha administrado los pasivos resultantes del oneroso rescate
buscando cómo refinanciarlos y distribuir su pago en el tiempo. Utilizando
recursos presupuestarios sólo se ha evitado que esa deuda crezca
en términos reales y vaya disminuyendo paulatinamente como proporción
del PIB.
La administración y venta de los activos en poder del IPAB se ha
convertido en otra fuente de sospecha y de inconformidad social. El
deterioro de los bienes, los bajos precios de venta, los contratos de alto
beneficio a las administradoras de los activos, la creación de un mercado
secundario totalmente distorsionado en donde los beneficiarios
son pocas empresas, y la existencia de tráfico de influencias para asignar,
mediante subasta o licitación, determinada cartera de créditos o
bienes muebles e inmuebles, ha sido la constante del funcionamiento y
la operación del IPAB.
El intento de hacer del IPAB un organismo con independencia del
Poder Ejecutivo para garantizar la operación transparente de sus operaciones
se nulificó en los hechos y el Instituto se convirtió en una
simple prolongación de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), quienes mantienen el control y la subordinación
absoluta.
La última etapa del rescate bancario se concluyó en 2005 con la conversión
de los pagarés de capitalización y compra de cartera (PCCC) en
nuevos bonos emitidos por el IPAB. Con el fin de reducir en lo posible el
costo fiscal, durante años se luchó por depurar esos pagarés eliminando
los créditos ilegales que se habían incluido. Sin embargo, ese empeño se
vio frustrado ante la intervención del presidente de la República y con
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
invalidó las auditorías practicadas.
A más de diez años, lo realmente sucedido desde el inicio del rescate
bancario en 1995 no ha sido aclarado del todo y ningún funcionario ha
sido investigado o sancionado. La impunidad se estableció como la constante
de la quiebra y el rescate bancario. El pueblo mexicano tiene derecho
a saber qué pasó, cómo sucedió, por qué tiene que cargar con esa
enorme deuda. Para ello, resulta necesaria la creación de una Comisión
de la Verdad.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
326
■ EL COSTO FISCAL DEL RESCATE BANCARIO
Para el mes de junio de 2006, el costo del rescate bancario se estimó en
un billón 358 mil millones de pesos, monto que representa 15.4 por ciento
del PIB.
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A PRECIOS DE JUNIO DE 2006
Monto % PIB
Total 1’358 020 15.4
Costo pagado hasta junio de 2006 549 291 6.3
Ramo 29 190 803 2.2
Ramo 34 339 767 3.9
Remanente Banxico 18 721 0.2
Pasivos actuales (junio de 2006) 808 730 9.2
IPAB 745 093 8.5
Originales 67 760 0.8
Saneamiento financiero 67 760 0.8
PCCC (Convenio) 0 0.0
Refinanciados 673 230 7.6
Otros 4 103 0.0
Banco de México (Banxico) 53 594 0.6
Nafinsa (Crédito a Fobaproa) 10 043 0.1
Como se puede ver en el cuadro 1, el costo señalado se divide en dos
grandes partes: la ya pagada y la pendiente de pagar; es decir, los pasivos
o deuda que tendrán que ser erogados año con año. El monto pagado asciende
a la fecha a 549 mil 291 millones de pesos, 6.3 por ciento del PIB, y
quedan aún como deuda pública los restantes 808 mil 730 millones de
pesos, 9.2 por ciento del PIB.
El monto pagado ha sido erogado a partir de 1995 por la vía del Presupuesto
de Egresos, a través de los ramos 29 (ya desaparecido) y 34. Además, se
incluye la parte amortizada del crédito otorgado por el Banco de México al
Fobaproa utilizando el remanente de operación de ese instituto, lo que significa
que el gobierno federal ha renunciado a tales ingresos para usarlos con ese
fin. Las cifras están convertidas a precios de junio de 2006, utilizando el índice
nacional de precios al consumidor.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
327
Los pasivos actuales, es decir, la deuda pendiente de pagar, alcanza
808 mil 730 millones de pesos, 9.2 por ciento del PIB. La mayor parte corresponde
a los pasivos del IPAB, el resto queda en el Banco de México. Los
pasivos del IPAB se pueden dividir en originales y refinanciados. Los originales
son los que quedan de las operaciones de saneamiento de los ban cos
liquidados o vendidos. En esta parte también se incluía el costo de los pagarés
de capitalización y compra de cartera, los cuales han sido ya liquidados
en su totalidad a Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte. Los pasivos
refinanciados corresponden a las emisiones de bonos realizadas por el
IPAB, así como a la contratación de créditos con los bancos, incluyendo
algunos de Nacional Financiara (Nafinsa), fondeados con deuda externa.
Entre los pasivos también se incluye la parte pendiente de amortizar del
crédito otorgado por el Banco de México al Fobaproa, el cual fue utilizado
en su mayor parte para sanear a Inverlat. Como en la Ley de Protección al
Ahorro Bancario se ordenó que este crédito fuera quebrantado por el propio
Banco de México, no se registra dentro de los pasivos del IPAB. Para absorber
la pérdida se está utilizando el remanente de operación del banco central.
Se incluye como parte del costo fiscal debido a que el gobierno federal está
renunciando a tales ingresos para utilizarlos en el pago de esa deuda. Un
tratamiento similar se está dando al crédito original que otorgó Nafinsa al
Fobaproa.
■ PRIVATIZACIÓN Y CRISIS DE LA BANCA (1991-1994)
En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos. La idea era
combinar ese proceso con una política de desregulación en materia financiera
que ya se estaba aplicando. Con ello, según dijeron los del gobierno,
se buscaba alcanzar de manera simultánea tres objetivos: un aumento de
los niveles de ahorro de la economía; una mejor asignación de ese ahorro;
y un abaratamiento del costo del crédito derivado de la competencia esperada
entre los nuevos bancos privados. Así, la economía se beneficiaría al
contar con un sistema bancario más moderno y eficiente capaz de canalizar
el ahorro hacia las actividades más productivas y de manera menos onerosa.
Ninguno de esos objetivos pudo ser logrado.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
328
La privatización enfrentó otro problema, el de la debilidad institucional
y la falta de transparencia y de mecanismos modernos de rendición de
cuentas. Con el ambiente de autoritarismo y escasa transparencia que
existía y un sistema de corrupción altamente sofisticado, la venta y operación
de los bancos se transformó en una bomba de tiempo que estalló a
principios de 1995.
El primer gran error fue vender los bancos prácticamente al “mejor
postor”, a los amigos del régimen, olvidando que el servicio de banca y
crédito es de una naturaleza altamente sensible, muy diferente a las restantes
actividades económicas. Por ello, se debió garantizar que los bancos
quedaran en manos de gente con capacidad para administrarlos con toda
la prudencia y responsabilidad que esa actividad requiere y no dejarlos como
propiedad de empresarios o de grupos económicos cuyo único mérito era
su vinculación con el poder político.
Otra falla, también relacionada con la ausencia de transparencia en el
proceso de privatización, fue que no se respetaron las reglas anunciadas.
Una de ellas fue que el capital debería provenir de fuera del sistema bancario.
Una gran cantidad de compradores financiaron la adquisición de los
bancos recurriendo a préstamos de otros bancos. Así, la capitalización de
los nuevos bancos privados resultó en gran medida ficticia, comprometiendo
desde el inicio la viabilidad de estas instituciones y la fortaleza del sistema
bancario mexicano.
Resulta difícil creer que las autoridades encargadas de la venta de los
bancos ignoraran estos hechos. Ellos supieron a quién vendían las instituciones.
Por ello, existe la certeza de que asuntos de corrupción estuvieron
involucrados y marcaron la operación. La ausencia de mecanismos
claros de rendición de cuentas impidió que se aclarara todo ese proceso,
quedando señalado por el signo de la sospecha, el enriquecimiento de
pocos y el desastre financiero.
Pero quizá, la mayor debilidad del proceso de privatización de la
banca fue que no se acompañó de un reforzamiento de los organismos
de supervisión y vigilancia por parte de las autoridades de la SHCP y de
una modificación de las reglas de garantía excesiva para los depósitos
bancarios. Un mercado financiero liberalizado no podía regirse con las
mismas instituciones y reglas de un mercado totalmente controlado. El
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
329
seguro de depósito universal se convirtió en un elemento de perversidad
bancaria.
En cualquier país que liberaliza su sistema bancario, las instituciones
y las reglas de supervisión se refuerzan. En México eso no sucedió. La
Comisión Nacional Bancaria (CNB) continuó operando prácticamente de
la misma manera, con una actitud francamente permisiva, tolerante y
marcada, muchas veces, por la complicidad.
Durante décadas el gobierno había respaldado, de hecho, al total de los
depósitos bancarios. Por ello, era fama que en México nunca quebraba un
banco. Esa política era factible debido al estricto control que ejercía el Banco
de México sobre casi todas las operaciones de la banca. Pero, en el nuevo
ambiente de desregulación casi total, el mantenimiento de esa garantía implícita
se convirtió en un incentivo perverso para los nuevos banqueros, quienes
podían asumir riesgos excesivos sin preocuparse por las consecuencias.
Los resultados son bien conocidos. Los niveles de intermediación
bancaria se incrementaron fuertemente. Pero ese crecimiento no fue resultado
del aumento del ahorro, como se esperaba, sino de la liberación de
recursos derivados de la amortización de la mayor parte de la deuda que
tenía el gobierno con los bancos y de la canalización de montos crecientes
de recursos provenientes del exterior.
La asignación de los recursos intermediados tampoco resultó lo eficiente
que se esperaba. En buena medida, los bancos fueron utilizados preferentemente
para financiar a los grupos económicos pertenecientes a sus
principales accionistas con tasas de interés preferenciales. En muchos
casos se registraron abusivos autopréstamos y, sin exigir las garantías mínimas,
se financiaron empresas inexistentes y se dieron apoyos crediticios
para proyectos económicos totalmente inviables.
El esperado abaratamiento del crédito como resultado de la competencia
bancaria, tampoco se produjo. De hecho, se observó exactamente lo
contrario, los márgenes de intermediación se elevaron hasta alcanzar niveles
sin precedentes en México. Mientras que muchas personas relacionadas
con los bancos gozaron de un tratamiento preferente, el costo de los préstamos
a los que no tenían esas relaciones se incrementó fuertemente.
El comportamiento de los banqueros fue de abuso y exprimieron al extremo
las reglas del juego entonces existentes. Las instituciones encargadas
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
330
de supervisarlos les permitieron hacer prácticamente de todo. El haber
recurrido a préstamos, muchos de ellos para comprar los bancos, presionaba
la búsqueda de negocios muy rentables que les permitieran amortizar
rápidamente esos créditos. Además, el gobierno mantenía la garantía del
total de los depósitos, constituyendo un caso típico de riesgo moral, el cual
aparece cuando se percibe que un tercero, en este caso el gobierno, les resolverá
sus problemas presentes y futuros.
Ese comportamiento resultó reforzado por una política económica que
indujo un sobrendeudamiento de la economía. Luego de estabilizar a la
economía y anunciar la próxima firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el gobierno creó un ambiente que atrajo enormes
flujos de capital del exterior.
Mediante el mantenimiento de un tipo de cambio estable, se buscó dar
certidumbre a los rendimientos esperados por los inversionistas extranjeros.
Como la inflación doméstica seguía siendo superior a la exterior, el peso se
fue sobrevaluando, y generó un déficit cada vez mayor con el exterior, el
cual fue compensado con entradas de capital también crecientes.
Otro efecto de la sobrevaluación cambiaria fue la distorsión de los precios
relativos, que generó aumentos en los bienes y servicios no comerciables
superiores a los registrados en los comerciables con el exterior. Ese conocido
fenómeno propició señales equivocadas a los mercados. Los precios
de los inmuebles y de otros bienes no comerciables aumentaron mucho,
generando la ilusión de que se era más rico y, por tanto, de que se podía
gastar y endeudarse más.
Durante el año electoral de 1994 el gobierno llevó esa política al extremo.
Manteniendo supuestamente un déficit fiscal cercano a cero, efectuó crecientes
colocaciones de valores en el exterior, como los famosos tesobonos.
Esos recursos permitieron amortizar mucha deuda interna y liberaron fondos
que terminaron siendo canalizados por los bancos a la economía, lo cual
creó una situación prácticamente insostenible.
En diciembre de 1994, comenzando el gobierno del presidente Zedillo,
la realidad se impuso y el peso se devaluó. Para muchos, la devaluación
significó pasar de manera abrupta de la ficción a la realidad. Muchas deudas
contraídas considerando precios inflados de activos, de pronto se enfrentaron
a tasas de interés muy elevadas y precios de sus activos devaluados en
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
331
mayor proporción que la moneda. A ello siguió una fuerte contracción de la
economía que puso a muchos deudores en situación de insolvencia. Los
bancos dejaron de recuperar los créditos otorgados, por lo que se presentó
un riesgo de quiebra bancaria en cadena.
Los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se han culpado mutuamente
por esa crisis, conocida como “error de diciembre”. La verdad es
que los dos tienen responsabilidad en lo sucedido. El primero, por impulsar
la política insostenible antes comentada. El segundo, por su incapacidad de
manejar adecuadamente la coyuntura convirtiendo una situación, sin duda
difícil, en una crisis de grandes proporciones.
La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas volvió
a jugar un papel perverso en esa coyuntura. Existen muchas versiones
de que funcionarios del gobierno informaron previamente a algunos empresarios
de que se llevaría a cabo la devaluación, lo cual permitió que éstos
se cubrieran y derrumbaran el mercado cambiario, e hizo más costosa e
inmanejable la situación. Esta versión, como tantas otras, quedó sin ser
investigada y aclarada. La impunidad volvió a imponerse.
■ EL RESCATE BANCARIO: EL USO DE LOS EXCEDENTES
PETROLEROS Y EL RIESGO MORAL (1995-1997)
Durante los últimos años del gobierno del presidente Salinas, lo único que
se pregonó fue que los fundamentos de la economía estaban bien y que no
había de qué preocuparse. Para ello, se maquillaron cifras básicas, como el
déficit fiscal, sacando de esa medición la intermediación financiera. Ese
concepto mide los recursos netos intermediados por la banca de desarrollo
y los fideicomisos de fomento, cuyo usuario final es el sector privado, pero
tienen como origen un aumento en la deuda pública. El déficit por ese concepto
alcanzó más de 3 por ciento del PIB en 1994; pero, como no se incluyó
en la medición oficial del déficit fiscal, se pudo presumir que el déficit era
cercano a cero. El verdadero déficit fue escondido.
Así, cuando se inició el gobierno del presidente Zedillo, no se tenía un
verdadero diagnóstico de lo que sucedía, y menos aún de lo que se venía.
La programación para 1995 se hizo sin contar con los usuales elementos
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
332
técnicos de análisis. Cuando se produjo la devaluación, las autoridades
hacendarias no tenían claridad respecto a la real naturaleza de la crisis que
se estaba presentando ni de lo que debía hacerse.
La falsa idea de que los fundamentos de la economía estaban bien llevó
a que se pensara que la devaluación sólo reflejaba una crisis de confianza de
corto plazo. Algunos, incluso, creyeron que el problema se superaría resolviendo
la situación de Chiapas. Luego de la operación militar de febrero de
1995, la situación económica no sólo no se compuso, sino que se deterioró
aceleradamente con la consecuente pérdida de un tiempo precioso.
El primer error fue garantizar el valor en dólares y los plazos de vencimiento
de los tesobonos, en su mayoría en manos de inversionistas extranjeros,
y desechar cualquier posibilidad de negociar las condiciones de
amortización de esos bonos, lo que habría permitido un ajuste más ordenado
y suave. Esos títulos se liquidaron rápidamente, utilizando para ello un
crédito de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos y poniendo como
respaldo los ingresos de las exportaciones petroleras.
La garantía gubernamental sobre 100 por ciento de los depósitos bancarios
eliminó cualquier flexibilidad en el ajuste utilizando mecanismos de
mercado. Pero lo más grave fue que, desde un principio, se buscó proteger
a los grandes deudores normalmente asociados a los banqueros, presionando
a los pequeños deudores para que pagaran sus créditos con las infladas
tasas de interés y bajo la amenaza de ser despojados de sus propiedades.
La falta de equidad fue la regla desde el inicio de la crisis.
Ningún gobierno responsable podía permitir que quebrara la banca y se
interrumpiera el sistema de pagos de la economía. Por ello, la necesidad de
que el gobierno interviniera, lo cual significaba necesariamente incurrir en
un costo fiscal, está fuera de toda discusión. El problema es evaluar cómo
se realizó esa inevitable intervención.
En cualquier país democrático cuando se presenta un riesgo de quiebra
bancaria en cadena se adoptan al menos tres tipos de medidas: en primer
lugar, los funcionarios involucrados en la gestación de la crisis son removidos
aunque estén fuera de toda sospecha; segundo, los programas de apoyo
a los bancos se basan en reglas generales, pues se trata de recursos públicos;
y tercero, esas reglas incluyen incentivos de mercado para propiciar que los
bancos beneficiarios ayuden a corregir la situación.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
333
En México, debido al débil ambiente institucional antes mencionado, se
hizo exactamente lo contrario. Los funcionarios señalados como responsables
de la crisis y el quebranto bancario fueron también los encargados de
aplicar los programas de rescate. Aunque en un principio se pretendió mantener
algún tipo de reglas generales, pronto se pasó a niveles de discrecionalidad
verdaderamente irresponsables. Esa ausencia de reglas claras
condujo a todo tipo de abusos que propiciaron un incremento exagerado
del costo fiscal.
El mecanismo que se utilizó para canalizar los apoyos a la banca fue el
Fobaproa, que, de un fideicomiso privado, se convirtió en el organismo
público responsable de asumir una deuda pública gigantesca. En un principio
sólo se otorgaron apoyos temporales a los bancos para garantizar que
mantuvieran niveles de capitalización suficientes.
Varios bancos a punto de quebrar fueron intervenidos por la CNB, asumiendo
el gobierno, por medio del Fobaproa, la responsabilidad de sanearlos.
En algunos bancos, como Serfín, se mantuvo la ficción de que no estaban
intervenidos, cuando realmente lo estaban para todos los efectos prácticos.
Hechos como éste dispararon aún más el costo fiscal. Pronto, las pérdidas
de los bancos intervenidos se acumularon y la terquedad de impedir que
ningún banco se declarara en quiebra llevó a que el costo del rescate se
incrementara cada vez más.
Para los bancos que se consideraban viables, se diseñó un programa
especial, denominado Programa de Capitalización y Compra de Cartera
(PCCC), el cual se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno y los legisladores.
Mediante ese programa, los bancos elegirían una cartera de
crédito con problemas, la cual se situaría en un fideicomiso administrado
por el propio banco. A cambio del derecho sobre los flujos que generara esa
cartera, el Fobaproa emitiría un pagaré a 10 años, no negociable, con intereses
capitalizables y avalado por el gobierno, pero sin el respaldo del
Congreso de la Unión.
En un principio, el Fobaproa emitió unas reglas generales para los PCCC,
señalando el tipo de créditos que se podían admitir. También se fijó la obligación
de que los créditos estuvieran provisionados con las reservas que marca la Ley.
Además, se determinó una regla de participación de los bancos y el gobierno
en las pérdidas que finalmente se registraran cuando los pagarés vencieran.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
334
Sin embargo, las reglas pretendidamente generales se empezaron a flexibilizar,
primero con un banco y luego con otro. Si se analizan las carteras incluidas
en los tramos acordados durante 1995, se observa que las reglas se cumplieron
más o menos sólo al principio del proceso. Pero en los pagarés emitidos en 1996
o después, se permitió que los banqueros metieran toda la basura irrecuperable
que tuvieran sin exigirles siquiera que mantuvieran unas reservas mínimas.
El proceso de rescate bancario se llevó a cabo en la oscuridad, sin informar
siquiera a los legisladores. La gran discrecionalidad involucrada propició todo
tipo de abusos, los cuales fueron incrementando de manera alarmante el costo
fiscal. Aunque la mayor parte de los compromisos se constituyeron con promesas
de pago a largo plazo, el saneamiento de tantos bancos y la entrada en
operación de algunos programas de apoyo a deudores exigieron erogaciones
presupuestarias crecientes.
A fines de 1995 se dio a conocer la primera estimación de lo que sería
el costo fiscal del rescate bancario. En los Criterios Generales de Política
Económica para 1996 se señalaba que dicho costo alcanzaría sólo 5.1 por
ciento del PIB, del cual, correspondía 2.4 por ciento a los programas llevados
a cabo por el Fobaproa. Para fines de 1996, el costo total estimado se
incrementó a 8.5 por ciento del PIB, y 4.4 por ciento correspondía al Fobaproa.
Finalmente, en los últimos meses de 1997, poco antes de que se iniciara
el famoso debate sobre este asunto, el costo se calculó en 11.9 por
ciento del PIB, con 8.3 por ciento estimado para el Fobaproa.
Desde un principio apareció el problema de cómo financiar el rescate
bancario en un ambiente de crisis, con ingresos fiscales deteriorados y
grandes dificultades para contratar nueva deuda. La salida fue incrementar
las exportaciones de petróleo, aprovechando que los precios iban coyunturalmente
al alza. Pero, como el sólo aumento del volumen de petróleo por
exportar no bastaba, se decidió utilizar el perverso régimen fiscal aplicado
a Pemex para incrementar la tributación de esa paraestatal.
El mecanismo utilizado entre 1995 y 1997 para exprimir fiscalmente a
Pemex y financiar de manera subrepticia el creciente costo del rescate bancario,
consistió en subestimar el precio de referencia del petróleo, para garantizar
una tasa de tributación a Pemex superior al 60.8 por ciento sobre sus
ingresos aplicado a través del derecho sobre hidrocarburos. A los ingresos
por encima de ese subestimado precio se les aplica el aprovechamiento sobre
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
335
ingresos excedentes con una tasa de 39.2 por ciento, y todos esos recursos
quedan en manos del fisco. Además, como los ingresos excedentes no habían
sido presupuestados podían ser asignados de manera discrecional.
Al igual que pasó con la devaluación del peso, cuando algunos funcionarios
del gobierno pensaban que era una crisis de confianza de corto plazo
que se podía revertir en el momento que se restaurara la confianza, todo
indica que con el rescate bancario sucedió algo parecido. Creyeron que manteniendo
la ficción de que ningún banco quebraba, y canalizando recursos
de apoyo de manera subrepticia, la situación se iría recomponiendo. Pero
olvidaron que los incentivos perversos involucrados en los esquemas de
rescate llevaban necesariamente a un crecimiento sin control de las erogaciones
y de los pasivos que tendría que asumir finalmente el gobierno.
■ LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
Y EL DEBATE SOBRE EL FOBAPROA (1998)
La situación económica y financiera del país se modificó de manera abrupta
al iniciar 1998. El precio del petróleo se derrumbó, y con ello, el mecanismo
para financiar el rescate bancario. Ese fenómeno fue uno de los
factores que obligó al presidente Zedillo a explicitar el problema del Fobaproa,
enviando a fines de marzo varias iniciativas de Ley al Congreso, en
las que propuso que se asumiera formalmente una deuda estimada para
febrero de ese año en 552.3 miles de millones de pesos más los “accesorios”
que se acumularan hasta diciembre.
Entonces fue cuando se inició el debate nacional sobre el Fobaproa. En
un principio, los legisladores pidieron que se explicara de dónde habían
salido esos pasivos y que se auditaran antes de aprobar su conversión formal
en deuda pública. Aunque existieron las usuales presiones para que se legislara
al vapor y se aprobaran esas iniciativas en el periodo ordinario de
sesiones del Congreso que concluía en abril, la aprobación no se consiguió,
y se dejó esa posibilidad para el siguiente periodo ordinario por iniciarse
en septiembre.
Fue precisamente durante el receso legislativo entre mayo y agosto,
cuando la discusión respecto al Fobaproa se convirtió en un debate nacional.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
336
El gobierno inició una fuerte campaña de propaganda, señalando que si esos
pasivos no eran reconocidos como deuda pública se podría producir una
verdadera catástrofe económica. En el PRD se llevó a cabo una intensa discusión
y movilización política que condujo a la publicación, el 15 de julio de
ese año, de un documento denominado Fobaproa: el gran atentado contra la
economía nacional / Alternativas para impedirlo.
La propuesta del PRD partía del análisis que se ha comentado en párra fos
anteriores respecto a cómo se había gestado la crisis bancaria. El planteamiento
básico era el rechazo a la conversión propuesta de los pasivos
del Fobaproa en deuda pública. Con ello se evitaba que se endosara un
enorme costo a la población y se rechazaba el encubrimiento de las muchas
ilegalidades e irresponsabilidades que se habían registrado.
Se proponía revisar a fondo el rescate bancario, identificando las
operaciones producto del abuso de los banqueros y de sus asociados,
las cuales no deberían recibir ningún apoyo fiscal. Además, se planteaba
establecer reglas generales y transparentes para el rescate de las empresas
y familias que resultaban verdaderas víctimas de la crisis.
La revisión detallada de lo sucedido representaba además una gran
oportunidad histórica para transformar lo que sería un fraude de enormes
proporciones contra la mayoría de la población en un proceso que
combatiera a fondo las raíces de la corrupción y de la impunidad. Ese
proceso ayudaría a fortalecer el Estado de derecho, fomentaría la transparencia
y fortalecería los mecanismos de rendición de cuentas, los
grandes ausentes en el proceso de supuesta modernización de la economía
mexicana.
La respuesta del gobierno fue la descalificación. Resultó incapaz de
refutar el análisis presentado y eludió cualquier tipo de discusión seria.
Prefirió continuar con una campaña propagandística tratando de convencer
a la población de que la política de rescate bancario aplicada no sólo
había sido la más adecuada sino la única posible.
En septiembre, la Cámara de Diputados decidió contratar al consultor
canadiense Michael Mackey para que efectuara una auditoría a todas las
operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa. Además, se decidió que no
se iba a aprobar ninguna modificación legal a ese respecto hasta que
concluyera la citada revisión y todo quedara clarificado.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
337
Sin embargo, esos acuerdos no se cumplieron, ya que muchos legisladores
del PRI y del PAN permitieron que se llevara a cabo una auténtica
operación de encubrimiento. Durante los primeros meses el gobierno se
negó a entregar la información que requería el auditor Mackey, con lo
cual impidió que avanzara la revisión encomendada. Luego, se olvidó el
acuerdo de no legislar hasta que se concluyera la auditoría. Así, en diciembre
de 1998 se aprobó la Ley de Protección del Ahorro Bancario
(LPAB) que dio origen a la creación del IPAB. Los legisladores del PRD
votaron en contra.
Entre los diputados que llevaron a cabo la operación de encubrimiento
y legalización de ese enorme fraude contra el pueblo mexicano destacaron
Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, y Arturo Núñez
Jiménez, entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y principal operador del gobierno en la Cámara de
Diputados.
Con la aprobación del citado ordenamiento se legalizaron los enormes
pasivos generados por el rescate bancario, los cuales fueron transferidos al
IPAB, y se señaló que las auditorías en curso deberían concluirse. Sólo quedó
pendiente lo referente a los pagarés en poder de los bancos aún vivos,
los correspondientes al PCCC. Se acordó que esos pagarés deberían ser
canjeados por nuevos instrumentos de deuda del IPAB después de que se
concluyeran las auditorías y la cartera de créditos que amparaba hubiera
sido depurada.
■ LA CREACIÓN DEL IPAB Y EL REFINANCIAMIENTO
DE SUS PASIVOS (1999-2006)
A principios de 1999 el IPAB comenzó a administrar los enormes pasivos
heredados del Fobaproa. Además, concluyó las operaciones de saneamiento
financiero que habían quedado pendientes. También inició la venta de
algunos de los bancos intervenidos y la liquidación de los otros. Para el
manejo de los pasivos diseñó una estrategia consistente en evitar que continuaran
creciendo en términos reales, de manera que, como proporción del
PIB, se fueran reduciendo.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
338
En julio de ese año el auditor Mackey entregó a la Cámara de Diputados
su Informe sobre la Evaluación Integral de las Operaciones del Fobaproa. Lo
primero que se destacó en ese informe fue que no se trataba de la auditoría
encomendada por los diputados y señalada en la LPAB. Como lo dijo Mackey
de manera explícita: “Este informe y las evaluaciones que se han llevado a
cabo no constituyen una auditoría financiera”.
Las razones de que no pudiera realizar la auditoría encargada se debieron
a las limitaciones de la información que le fue proporcionada. Sin embargo,
el análisis presentado respecto al origen de la crisis bancaria, a la
evaluación de los programas aplicados, y al desempeño de las instituciones
encargadas de supervisar a los bancos, resultó de una gran profundidad.
Algo notable en el Informe de Mackey fue la coincidencia, en muchos rasgos,
con el diagnóstico presentado un año antes en el comentado documento del
Partido de la Revolución Democrática.
Los voceros del gobierno, así como la mayoría de los legisladores del
PRI y del PAN, pretendieron hacer pasar el Informe de Mackey como la anunciada
auditoría a las operaciones efectuadas por el Fobaproa. Así, se aparentó
que se había cumplido con lo señalado por la Ley buscando encubrir
todo lo sucedido y garantizando impunidad a los responsables del gran
desfalco.
Como anexo del Informe, el auditor Mackey entregó un listado de operaciones
consideradas como reportables por un monto de casi 74 mil millones
de pesos a valor original, en el cual propuso que se revisaran cuidadosamente.
El anexo también incluía un listado con los nombres de los beneficiarios.
A petición de las fracciones mayoritarias de la Cámara de Diputados, Mackey
en criptó el archivo electrónico con ese listado. El código de acceso se dividió
en cinco partes y se proporcionó una de ellas a cada partido representado
en esa cámara. Con ello, se garantizó que la única manera de que pudieran
conocerse los nombres incluidos en esa lista sería mediante el consenso de
los cinco partidos.
En octubre de 1999, el PRD propuso que se diera a conocer el listado de las
operaciones reportables. La mayoría de los diputados del PRI y del PAN se opusieron,
votando un punto de acuerdo que mantenía esa lista en secreto y encargando
al IPAB que la revisara y sólo entonces diera a conocer los nombres de
los responsables de los créditos que se hubieran identificado como ilegales.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
339
En marzo de 2000, el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su Informe
de las Transacciones Reportables en el que daban a conocer las acciones
que había realizado respecto a los créditos irregulares detectados, pero sin
proporcionar ningún nombre de los beneficiarios.
A mediados de 2000, la Cámara de Diputados decidió crear una comisión
investigadora del IPAB con el fin de evaluar cómo estaba cumpliendo ese
nuevo organismo con las obligaciones señaladas en la LPAB. En medio de
la campaña electoral de ese año, todos los partidos, con la excepción de uno,
el PRI, dieron a conocer su respectiva clave de acceso. Cuando el PRD tuvo
la presidencia de la citada comisión, también accedió a la custodia del famoso
archivo encriptado, cuyo contenido fue dado a conocer tiempo después
por dicha fracción parlamentaria.
A partir de 2000 se incluyó en la Ley de Ingresos la autorización para
que el IPAB pudiera realizar operaciones de refinanciamiento de sus pasivos.
Lo primero que hizo fue contratar nuevos créditos con los bancos y sustituir
con esos recursos las deudas más caras. En ese proceso, el IPAB no siempre
tuvo éxito. Un caso ejemplar fue lo sucedido con el pagaré de Banca Confía
adquirido por Citibank. Ese pagaré era el que tenía la tasa de interés más
elevada. Cuando el IPAB trató de sustituirlo, Citibank lo demandó, lo cual
propició, entre otras cosas, la renuncia del primer secretario ejecutivo de
ese instituto. El último día del gobierno del presidente Zedillo ese pagaré
fue finalmente sustituido, reduciendo la tasa de interés pero ampliando el
plazo en varios años, de manera que se garantizara el ingreso esperado por
ese banco extranjero.
El siguiente paso del IPAB para refinanciar sus pasivos fue la emisión de
los bonos para la protección del ahorro (BPA). En un principio, los BPA se
colocaron con una sobretasa considerable respecto a los valores gubernamentales,
como los cetes. Pero paulatinamente esa sobretasa se fue disminuyendo,
al descontar los mercados que en realidad se trataba de deuda
equivalente del gobierno.
Los recursos presupuestarios entregados al IPAB se dirigieron a financiar
el costo de los programas de apoyo a los deudores y a pagar el componente
real del pago de intereses de sus pasivos, siguiendo la estrategia
de evitar que la deuda creciera en términos reales. Los recursos provenientes
de los préstamos bancarios y de las emisiones de bonos se usaron
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
340
para concluir las operaciones de saneamiento pendientes. A la fecha, las
nuevas emisiones de bonos se están utilizando para sustituir los créditos
bancarios contratados.
En el cuadro 2 se puede apreciar el comportamiento de los pasivos del
Fobaproa que luego fueron heredados por el IPAB. Como se puede ver, la
deuda asumida por los dos principales programas destinados a rescatar a
los bancos en problemas creció aceleradamente entre 1995 y 1999, cuando
se aplicó una política discrecional y ausente de toda transparencia y rendición
de cuentas. A partir de 2000, cuando se inició la operación del IPAB, los
pasivos se empezaron a refinanciar con créditos bancarios y con emisiones
crecientes de bonos.
CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(MILES DE ILES MILLONES DE PESOS)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 39.4 7.4 32.0 0.0 0.0
1996 109.5 39.0 70.5 0.0 0.0
1997 264.7 77.4 187.3 0.0 0.0
1998 557.2 197.2 360.0 0.0 0.0
1999 691.9 163.9 528.0 0.0 0.0
2000 719.4 174.8 357.0 113.8 73.8
2001 778.3 195.2 282.8 148.4 151.9
2002 799.2 208.4 170.9 188.4 231.5
2003 821.4 220.4 128.6 163.0 309.4
2004 800.8 168.3 114.8 133.3 384.4
2005 743.0 3.7 87.6 154.8 496.9
2006-Junio 745.1 0.0 71.9 132.6 540.6
En el cuadro 3 se observa cómo se ha realizado el proceso de refinanciamiento
de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Los pasivos originales han disminuido hasta desaparecer los del PCCC,
dado que éstos han sido ya pagados a los cuatro bancos sujetos a dicho
programa, quedando pendiente sólo una fracción de los correspondientes
a los programas de saneamiento financiero. La contratación de créditos
con los bancos alcanzó la proporción más alta en 2002, tendiendo a disminuir.
En contraste, la colocación de bonos ha crecido de manera sistemática
desde 1999, y tiende a alcanzar la totalidad de los pasivos en un
futuro próximo.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
341
CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(ESTRUCTURA STRUCTURA PORCENTUAL)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 100.0 18.8 81.2 0.0 0.0
1996 100.0 35.6 64.4 0.0 0.0
1997 100.0 29.2 70.8 0.0 0.0
1998 100.0 35.4 64.6 0.0 0.0
1999 100.0 23.7 76.3 0.0 0.0
2000 100.0 24.3 49.6 15.8 10.3
2001 100.0 25.1 36.3 19.1 19.5
2002 100.0 26.1 21.4 23.6 29.0
2003 100.0 26.8 15.7 19.8 37.7
2004 100.0 21.0 14.3 16.6 48.0
2005 100.0 0.5 11.8 20.8 66.9
2006-Junio 100.0 0.0 9.6 17.8 72.6
En el cuadro 4 se puede ver que el valor máximo de los pasivos del IPAB
como proporción del PIB, fue alcanzado en 1999, y empezó a disminuir a
partir del siguiente año. A partir de 2000, las obligaciones derivadas de los
programas de saneamiento se fueron amortizando, siendo sustituidas por
contratación de créditos bancarios y emisión de BPA. El único segmento de
los pasivos originales que continuó creciendo hasta 2003 mediante el mecanismo
de capitalizar los intereses que se fueron generando, fue el de los PCCC.
Sin embargo, a partir de 2004, también este segmento disminuyó hasta
quedar totalmente liquidado en junio de 2006.
CUADRO 4
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DIRECTOS DEL FOBAPROA-IPAB
(PORCENTAJE DEL PIB)
Total Capitalización Saneamiento Créditos bancarios Emisión de BPA
1995 2.1 0.4 1.7 0.0 0.0
1996 4.3 1.5 2.8 0.0 0.0
1997 8.3 2.4 5.9 0.0 0.0
1998 14.5 5.1 9.4 0.0 0.0
1999 15.1 3.6 11.5 0.0 0.0
2000 13.1 3.2 6.5 2.1 1.3
2001 13.5 3.4 4.9 2.6 2.6
2002 12.7 3.3 2.7 3.0 3.7
2003 12.2 3.3 1.9 2.4 4.6
2004 10.9 2.3 1.6 1.8 5.2
2005 9.4 0.0 1.1 2.0 6.3
2006-Junio 8.6 0.0 0.8 1.5 6.1
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
342
■ LA CONVERSIÓN DE LOS PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN
Y COMPRA DE CARTERA (PCCC)
En julio de 2004 se inició el proceso de conversión de los pagarés del PCCC
en deuda directa del IPAB. Aunque las reglas para dicha conversión fueron
publicadas desde 1999, la sustitución se pospuso durante cinco años. La
razón fue la existencia de diferencias e inconformidades en la interpretación
de lo que debían ser las auditorías señaladas en la LPAB.
Desde la revisión de la Cuenta Pública de 2000, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) empezó a auditar todas las operaciones del rescate
bancario, de acuerdo con lo señalado en la LPAB. Entre las primeras recomendaciones
efectuadas, la ASF pidió que se llevaran a cabo las auditorías
a las carteras de créditos amparadas por los PCCC, como lo indica el artículo
quinto transitorio de la LPAB, antes de realizar su canje por nuevos títulos
de deuda del IPAB.
En las siguientes revisiones, para las cuentas públicas de 2001 y 2002, la
ASF encontró que en las carteras incluidas en esos pagarés, existían muchos
créditos que no correspondían a las reglas de ese programa, los cuales deberían
ser sustituidos antes de que se realizara el canje. Un resultado interesante
de esas revisiones fue que los bancos participantes en ese programa nunca
debieron ser apoyados con recursos fiscales, ya que en todo momento registraron
niveles de capitalización superiores a los exigidos por la Ley. Es decir
que el Programa de Capitalización y Compra de Cartera fue ilegal.
Este es un resultado muy ilustrativo de lo que sucede cuando no existen
reglas adecuadas de transparencia. La observación de la ASF es atinada respecto
a que los bancos señalados mostraban niveles de capitalización superiores
al mínimo exigido por la ley. Pero eso no era realmente cierto, ya que la
CNB permitía registrar como capital algunas partidas que en realidad no lo
eran, con lo que se mantenía una apariencia de solidez que en realidad no
existía. Como las autoridades sabían lo que de verdad sucedía, permitieron
que esos bancos participaran en el PCCC, lo cual, sin embargo, no invalida la
observación efectuada por la ASF.
Como resultado de sus revisiones, la ASF solicitó a la Secretaría de Hacienda
no destinar recursos para el pago de intereses a los créditos observados,
ya que los mismos debían deducirse del valor de los pagarés. El Ejecutivo
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
343
respondió con una controversia constitucional, aduciendo que esa solicitud
estaba fuera de la competencia de la ASF. El presidente Vicente Fox desarrolló
un papel fundamental para cubrir las irregularidades y evitar la reducción del
costo fiscal. Ese fue el verdadero objetivo de la controversia presentada por
el Ejecutivo contra la Auditoría Superior de la Federación.
Los bancos con pagarés del PCCC se ampararon, aduciendo que las auditorías
ordenadas por la Ley ya habían sido realizadas durante las revisiones
del auditor Mackey. El Poder Judicial siempre avaló la visión de los
banqueros. Además, iniciaron juicios contra los despachos contables contratados
por el auditor Mackey para evitar que entregaran a la ASF los Papeles
de Trabajo utilizados durante su revisión, aludiendo al secreto
bancario.
Finalmente, en julio de 2004 el IPAB llegó a un acuerdo con los bancos y
se llevó a cabo la firma de los contratos de canje de dichos pagarés del PCCC.
Esos contratos incluyeron tres aspectos. En el primero, los bancos aceptaron
que despachos contratados por el IPAB efectuaran unas revisiones de Gestoría,
de Identidad de Objeto y de Existencia, de Legitimidad y de Legalidad,
es decir, las denominadas “revisiones GEL”.
En segundo lugar, los bancos se comprometieron a sobreseer los juicios
de amparo que iniciaron, así como a retirar las demandas interpuestas contra
los despachos contratados por Mackey, para que pudieran proporcionar
los Papeles de Trabajo a los auditores encargados de las revisiones GEL.
Por último, los bancos aceptaron atender voluntariamente las observaciones
efectuadas por la ASF, y realizar las sustituciones o descuentos que
procedieran. Sin embargo, el tratamiento se pactó de antemano con el IPAB:
los créditos relacionados que no habían sido aprobados por el Comité Técnico
del Fobaproa serían pagados por los bancos; los créditos menores serían
afectados a un fideicomiso; los créditos en litigio serían sustituidos en caso
de sufrir evicción; y los intereses moratorios se incluirían en el canje, ya que
la Secretaría de la Función Pública los consideró legales en contra del criterio
manifestado por la Auditoría Superior de la Federación.
Más aún, los efectos de las observaciones efectuadas por la ASF seguían
vigentes y el IPAB legalmente no podía efectuar la señalada conversión de los
PCCC en nuevos bonos sin una depuración previa de los muchos créditos ilegales
detectados, lo cual se situaba mucho más allá de los alcances pactados
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
344
de antemano, de las citadas revisiones GEL. En el cuadro 5 se puede ver la situación
de los PCCC en marzo de 2004, fecha tomada como base para su conversión
en nuevos bonos. De los 222 mil 993 millones de pesos a que ascendía
el valor nominal de los créditos incluidos, 118 mil 28 millones, es decir, 52.9
por ciento, estaba observado por la ASF, y debería sustituirse o deducirse
antes de la conversión.
CUADRO 5
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA
(MILLONES DE PESOS)
Valor a marzo de 2004 Observados %
Total 222 993.2 118 028.3 52.9
BBVA-Bancomer 97 717.0 57 857.9 59.2
Bancomer 83 781.1 53 447.4 63.8
Tramo I 59 198.6 46 832.9 79.1
Tramo II 24 582.5 6 614.5 26.9
BBV 13 936.0 4 410.4 31.6
Tramos II y III 13 513.9 4 177.0 30.9
Tramo Atlas 422.1 233.4 55.3
Banamex 82 448.0 32 375.5 39.3
Tramo I 57 865.5 23 717.9 41.0
Tramo II 24 582.5 8 657.6 35.2
Bital (HSBC) 30 147.7 20 518.1 68.1
Tramo I 19 142.0 14 945.7 78.1
Tramo II 10 465.9 5 572.4 53.2
Tramo III 539.8 0.0 0.0
Banorte 12 680.5 7 276.8 57.4
Tramo I 4 493.5 2 701.3 60.1
Tramo II 6 752.5 4 575.5 67.8
Tramo III 1 434.5 0.0 0.0
Esa situación se resolvió con la resolución de la SCJN a la demanda
de controversia constitucional que había promovido el Ejecutivo contra
la solicitud de la ASF en el sentido de que se depuraran los créditos ilegales
incluidos en los PCCC. La SCJN señaló que los oficios donde la ASF
hacía esas solicitudes invadían la esfera de competencia del Ejecutivo al
interpretarse como “órdenes”. Hasta ahí la resolución sólo habría invalidado
los oficios, pero la SCJN decidió ir más lejos y determinó dejar sin
efecto, además, las auditorías llevadas a cabo por la ASF. Para justificar
esa decisión, la SCJN adujo el “principio de anualidad” en las revisiones,
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
345
señalando que la ASF no estaba facultada para auditar lo sucedido en años
anteriores.
Esta determinación de la SCJN, si bien legalmente inapelable ya que
se trata de la última instancia, no deja de estar señalada por la sospecha
y podría reflejar un conflicto de intereses. Se puede recordar que durante
la revisión que llevó a cabo la ASF a la Cuenta Pública de 2003, descubrió
que la SCJN había violado la ley al utilizar remanentes presupuestarios
por 162 millones de pesos para financiar un fideicomiso destinado a proveer
pensiones complementarias a los funcionarios superiores del Poder
Judicial.
Para solventar esa observación de la ASF, la SCJN tuvo que retirar los
162 millones de pesos del fideicomiso, y reintegrarlos a la Tesorería de
la Federación a finales de 2004. Además, tuvo que regresar también los
14.2 millones de pesos correspondientes a los intereses generados durante
el tiempo que esos recursos estuvieron depositados, de manera
irregular, en el citado fideicomiso.
Pero la situación no concluyó ahí, ya que la ASF decidió auditar el origen
de los recursos depositados en los 11 fideicomisos administrados por el
Poder Judicial, de los cuales, siete son administrados directamente por
la SCJN. El monto de los recursos en esos fondos ascendía a fines de 2003
a 3 mil 273 millones de pesos. Cuando la ASF descubrió en uno de esos
fondos otro remanente, ilegalmente desviado en el año 2000, y solicitó su
reintegro a la Tesorería con todos los intereses que hubiera generado
desde esa fecha, el ente auditado adujo el “principio de anualidad”, para
evitar que la ASF siguiera revisando lo sucedido con todos los fideicomisos
en años anteriores.
Este antecedente permite imaginar que la excesiva postura adoptada
por la SCJN, al aducir el “principio de anualidad” para anular los resultados
de las auditorías efectuadas por la ASF a los diferentes programas
aplicados durante el rescate bancario, no fue resultado exclusivamente
de un criterio jurídico, sino de un posible conflicto de intereses.
Como resultado de la citada resolución de la SCJN, los bancos sólo
simularon haber atendido las observaciones de la ASF, aceptando la deducción
de los PCCC, de sólo una pequeña fracción de lo observado, antes
de iniciar las revisiones GEL, cuyos resultados, como ya se señaló, habían
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
346
sido pactados de antemano con el IPAB. Entre los créditos deducidos
destacaron los autopréstamos de los banqueros, que no habían sido
autorizados por el Comité Técnico del Fobaproa. En el cuadro 6 se puede
apreciar que de los 118 mil 28 millones de pesos observados por la ASF
(a valor de marzo de 2004), sólo 16 mil 442 millones fueron solventados,
es decir, deducidos del valor de los PCCC, mediante el procedimiento
antes descrito.
CUADRO 6
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / CRÉDITOS OBSERVADOS
POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (TOTAL)
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2004
Total Solventado No solventado
Total 118 028.2 16 442.4 101 585.8
BBVA-Bancomer 57 857.8 8 508.3 49 349.5
Bancomer 53 447.4 8 508.3 44 939.1
Tramo I 46 832.9 8 508.3 38 324.6
Tramo II 6 614.5 0.0 6 614.5
BBV 4 410.4 0.0 4 410.4
Tramos II y III 4 177.0 0.0 4 177.0
Tramo Atlas 233.4 0.0 233.4
Banamex 32 375.5 5 182.7 27 192.8
Tramo I 23 717.9 3 169.4 20 548.5
Tramo II 8 657.6 2 013.3 6 644.3
Bital (HSBC) 20 518.1 900.4 19 617.7
Tramo I 14 945.7 382.8 14 562.9
Tramo II 5 572.4 517.6 5 054.8
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 276.8 1 851.0 5 425.8
Tramo I 2 701.3 936.0 1 765.3
Tramo II 4 575.5 915.0 3 660.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
En el cuadro 7 se puede ver que el valor de los PCCC en marzo de 2004,
fecha que se tomó como base para el acuerdo entre el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario y los bancos, ascendía a 222 mil 993 millones de
pesos. A ese monto se le restaron 62 mil 805 millones de pesos, correspondientes
a lo recuperado de los créditos (chequeras), quedando el valor de
los nuevos bonos en 160 mil 188 millones de pesos, antes de iniciarse las
revisiones GEL.
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
347
CUADRO 7
NUEVOS BONOS ANTES DE REVISIONES GEL
(MILLONES DE PESOS) VALOR A MARZO DE 2004
Valor PCCC Chequeras Nuevos bonos
Total 222 993.3 62 805.4 160 187.9
BBVA-Bancomer 97 717.1 21 720.1 75 997.0
Bancomer 83 781.1 18 997.4 64 783.7
Tramo I 59 198.6 13 799.0 45 399.6
Tramo II 24 582.5 5 198.4 19 384.1
BBV 13 936.0 2 722.7 11 213.3
Tramos II y III 13 513.9 2 607.7 10 906.2
Tramo Atlas 422.1 115.0 307.1
Banamex 82 448.0 31 494.9 50 953.1
Tramo I 57 865.5 24 513.0 33 352.5
Tramo II 24 582.5 6 981.9 17 600.6
Bital (HSBC) 30 147.7 6 100.8 24 046.9
Tramo I 19 142.0 3 181.9 15 960.1
Tramo II 10 465.9 2 379.1 8 086.8
Tramo III 539.8 539.8 0.0
Banorte 12 680.5 3 489.6 9 190.9
Tramo I 4 493.5 1 208.4 3 285.1
Tramo II 6 752.5 2 111.2 4 641.3
Tramo III 1 434.5 170.0 1 264.5
CUADRO 8
CAMBIO DE VALOR DE LOS NUEVOS BONOS ANTES DE REVISIONES GEL (MILLONES DE PESOS)
Marzo 2004 Marzo 2005
Total 160 187.9 171 770.5
BBVA-Bancomer 75 996.9 81 249.6
Bancomer 64 783.6 69 257.5
Tramo I 45 399.6 48 534.8
Tramo II 19 384.0 20 722.7
BBV 11 213.3 11 992.1
Tramos II y III 10 906.2 11 659.4
Tramo Atlas 307.1 332.7
Banamex 50 953.1 54 955.6
Tramo I 33 352.5 36 139.6
Tramo II 17 600.6 18 816.0
Bital (HSBC) 24 047.0 25 707.6
Tramo I 15 960.1 17 062.3
Tramo II 8 086.9 8 645.3
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 9 190.9 9 857.7
Tramo I 3 285.1 3 525.8
Tramo II 4 641.3 4 961.8
Tramo III 1 264.5 1 370.1
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
348
En el cuadro 8 se observa cómo se incrementó el valor de los nuevos
bonos, como resultado de la capitalización de intereses, de los señalados
160 mil 188 millones en marzo de 2004, a 171 mil 771 millones en marzo
de 2005, fecha que se tomó como nueva base para hacer la sustitución
final, luego de deducir algunos montos menores señalados por las revisiones
GEL.
En el cuadro 9 se pueden ver los montos que se determinaron como participación
de los bancos en las pérdidas (loss-sharing), luego de deducirse los
montos menores resultado de las revisiones GEL. Así, los bancos absorbieron
42 mil 962 millones de pesos, a valor de marzo de 2005, de lo no recuperado, y
quedaron los restantes 128 mil 808 millones de pesos como el costo fiscal final
del programa PCCC.
CUADRO 9
BONOS DESPUÉS DE REVISIONES GEL (COSTO FISCAL FINAL)
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2005
Nuevos bonos Costo banco Costo IPAB
Total 171 770.7 42 962.3 128 808.4
BBVA-Bancomer 81 249.6 20 345.5 60 904.1
Bancomer 69 257.5 17 328.7 51 928.8
Tramo I 48 534.8 12 142.3 36 392.5
Tramo II 20 722.7 5 186.4 15 536.3
BBV 11 992.1 3 016.8 8 975.3
Tramos II y III 11 659.3 2 916.9 8 742.4
Tramo Atlas 332.8 99.9 232.9
Banamex 54 955.7 13 749.7 41 206.0
Tramo I 36 139.6 9 042.3 27 097.3
Tramo II 18 816.1 4 707.4 14 108.7
Bital (HSBC) 25 707.6 6 442.1 19 265.5
Tramo I 17 062.3 4 278.3 12 784.0
Tramo II 8 645.3 2 163.8 6 481.5
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 9 857.8 2 425.0 7 432.8
Tramo I 3 525.8 1 159.8 2 366.0
Tramo II 4 961.8 1 264.8 3 697.0
Tramo III 1 370.2 0.4 1 369.8
A partir del segundo semestre de 2005, el IPAB decidió adelantar la
amortización de los bonos finales, sin esperar al vencimiento pactado, que
en algunos de ellos llegaba hasta diciembre de 2006. Mediante emisiones
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
349
de BPA pudo financiar esos pagos anticipados, y cerrar el año de 2005
con un remanente pendiente de pago de sólo 3 mil 705 millones de pesos.
Este último monto se liquidó durante los primeros seis meses de 2006,
como se puede apreciar en el cuadro 10, quedando finiquitado el endeudamiento
correspondiente a los pagarés de capitalización y compra de
cartera.
CUADRO 10
AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS FINALES DEL PCCC
(MILLONES DE PESOS)
Marzo 2005 Diciembre 2005 Junio 2006
Total 128 808.4 3 705.4 0.0
BBVA-Bancomer 60 904.1 1 204.4 0.0
Bancomer 51 928.8 0.0 0.0
Tramo I 36 392.5 0.0 0.0
Tramo II 15 536.3 0.0 0.0
BBV 8 975.3 1 204.4 0.0
Tramos II y III 8 742.4 1 198.4 0.0
Tramo Atlas 232.9 6.0 0.0
Banamex 41 206.0 0.0 0.0
Tramo I 27 097.3 0.0 0.0
Tramo II 14 108.7 0.0 0.0
Bital (HSBC) 19 265.5 1 967.5 0.0
Tramo I 12 784.0 0.0 0.0
Tramo II 6 481.5 1 967.5 0.0
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 432.8 533.5 0.0
Tramo I 2 366.0 0.0 0.0
Tramo II 3 697.0 520.0 0.0
Tramo III 1 369.8 13.5 0.0
Con el fin de estimar la parte de los BPA en circulación que representan
los recursos obtenidos para amortizar anticipadamente los nuevos bonos
que sustituyeron a los pagarés de capitalización y compra de cartera, se
realizaron los cálculos que se incluyen en el cuadro 11. Tomando como
base el valor de los nuevos bonos al momento de su emisión (marzo de
2005), se le aplicaron las tasas de interés correspondientes, como si no
se hubiera liquidado nada. Así, a junio de 2006, el monto de BPA que corresponde
a la liquidación de los PCCC se puede estimar en 134 mil 591 millones
de pesos.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
350
CUADRO 11
ESTIMACIÓN DEL VALOR (SIN AMORTIZAR) DE LOS BONOS FINALES DEL PCCC
(MILLONES DE PESOS)
Marzo 2005 Junio 2005
Total 128 808.4 134 591.0
BBVA-Bancomer 60 904.1 63 680.5
Bancomer 51 928.8 54 294.7
Tramo I 36 392.5 38 049.1
Tramo II 15 536.3 16 245.6
BBV 8 975.3 9 385.8
Tramos II y III 8 742.4 9 140.4
Tramo Atlas 232.9 245.4
Banamex 41 206.0 42 974.4
Tramo I 27 097.3 28 553.8
Tramo II 14 108.7 14 420.6
Bital (HSBC) 19 265.5 20 142.6
Tramo I 12 784.0 13 366.0
Tramo II 6 481.5 6 776.6
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 7 432.8 7 793.5
Tramo I 2 366.0 2 484.8
Tramo II 3 697.0 3 865.3
Tramo III 1 369.8 1 443.4
■ EL COSTO FISCAL DE LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN
QUE INVALIDÓ LAS AUDITORÍAS DE LA ASF
Si la SCJN no hubiera invalidado las auditorías practicadas por la ASF y se
hubieran atendido de manera escrupulosa las observaciones efectuadas, el
costo fiscal podría haberse reducido de manera notable, luego de ser deducidos
los créditos irregulares que se incluyeron en los PCCC. En el caso límite
de que todos los créditos observados que no pudieron ser solventados
por el IPAB hubieran sido deducidos del valor de los PCCC antes de su conversión,
el costo fiscal, a valor de junio de 2006, se situaría en 85 mil 202
millones de pesos menos que el registrado.
Para llegar a la cifra citada se realizaron los cálculos que se presentan
a continuación, siguiendo el mismo procedimiento adoptado por el IPAB
descrito en la sección anterior pero deduciendo los créditos irregulares
observados por la ASF. En el cuadro 12 se presenta el valor base en marzo
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
351
de 2004, deduciendo todos los créditos observados por la ASF y no solventados.
CUADRO 12
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / CÁLCULO APLICANDO
OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS)
Valor a marzo de 2004 No solventado Valor base
Total 222 993.4 101 586.0 121 407.4
BBVA-Bancomer 97 717.1 49 349.5 48 367.6
Bancomer 83 781.1 44 939.1 38 842.0
Tramo I 59 198.6 38 324.6 20 874.0
Tramo II 24 582.5 6 614.5 17 968.0
BBV 13 936.0 4 410.4 9 525.6
Tramos II y III 13 513.9 4 177.0 9 336.9
Tramo Atlas 422.1 233.4 188.7
Banamex 82 448.0 27 192.9 55 255.1
Tramo I 57 865.5 20 548.5 37 317.0
Tramo II 24 582.5 6 644.4 17 938.1
Bital (HSBC) 30 147.8 19 617.8 10 530.0
Tramo I 19 142.0 14 563.0 4 579.0
Tramo II 10 465.9 5 054.8 5 411.1
Tramo III 539.8 0.0 539.8
Banorte 12 680.5 5 425.8 7 254.7
Tramo I 4 493.5 1 765.3 2 728.2
Tramo II 6 752.5 3 660.5 3 092.0
Tramo III 1 434.5 0.0 1 434.5
En el cuadro 13, que se puede comparar con el cuadro 7, se calcula el
valor de los bonos iniciales que sustituyeron a los PCCC. Suponiendo que
lo recuperado corresponde a los créditos no observados por la ASF, dicho
valor se hubiera situado en 58 mil 602 millones de pesos, monto muy inferior
a los 160 mil 188 millones, realmente registrados. Aunque el supu esto
utilizado es extremo, no resulta inadecuado, ya que la mayor parte de los
créditos observados carecían de garantías y resultaban prácticamente
irrecuperables.
En el cuadro 14, que resulta comparable con el cuadro 8, se presenta una
estimación de lo que hubiera sucedido con esos bonos, entre marzo de 2004,
fecha de su emisión, y marzo de 2005, fecha de determinación de la participación
en pérdidas y, por tanto, del costo fiscal final.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
352
CUADRO 13
PAGARÉS DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA / CÁLCULO APLICANDO
OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS)
Valor base Chequeras Nuevos bonos
Total 121 407.4 62 805.4 58 602.1
BBVA-Bancomer 48 367.5 21 720.1 26 647.4
Bancomer 38 842.0 18 997.4 19 844.5
Tramo I 20 874.0 13 799.0 7 075.0
Tramo II 17 967.9 5 198.4 12 769.5
BBV 9 525.5 2 722.7 6 802.9
Tramos II y III 9 336.9 2 607.7 6 729.2
Tramo Atlas 188.7 115.0 73.7
Banamex 55 255.2 31 494.9 23 760.3
Tramo I 37 317.0 24 513.0 12 804.1
Tramo II 17 938.1 6 981.9 10 956.2
Bital (HSBC) 10 530.0 6 100.8 4 429.3
Tramo I 4 579.1 3 181.9 1 397.2
Tramo II 5 411.1 2 379.1 3 032.1
Tramo III 539.8 539.8 0.0
Banorte 7 254.7 3 489.6 3 765.1
Tramo I 2 728.2 1 208.4 1 519.8
Tramo II 3 092.0 2 111.2 980.8
Tramo III 1 434.5 170.0 1 264.5
CUADRO 14
CAMBIO DE VALOR DE LOS NUEVOS BONOS / CÁLCULO APLICANDO OBSERVACIONES
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (MILLONES DE PESOS)
Marzo 2004 Marzo 2005
Total 58 602.1 62 860.4
BBVA-Bancomer 26 647.4 28 488.6
Bancomer 19 844.5 21 214.9
Tramo I 7 075.0 7 563.5
Tramo II 12 769.5 13 651.4
BBV 6 802.9 7 273.7
Tramos II y III 6 729.2 7 193.9
Tramo Atlas 73.7 79.8
Banamex 23 760.3 25 586.8
Tramo I 12 804.1 13 874.0
Tramo II 10 956.2 11 712.8
Bital (HSBC) 4 429.3 4 735.2
Tramo I 1 397.2 1 493.7
Tramo II 3 032.1 3 241.5
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 3 765.1 4 049.8
Tramo I 1 519.8 1 631.2
Tramo II 980.8 1 048.5
Tramo III 1 264.5 1 370.1
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
353
En el cuadro 15 se presentan los cálculos finales de la distribución de
pérdidas entre los bancos y el IPAB. Aplicando la misma distribución que hubo
en la realidad (véase cuadro 9), el costo fiscal final podría haberse situado en
sólo 47 mil 336 millones de pesos.
CUADRO 15
BONOS DESPUÉS DE REVISIONES GEL (COSTO FISCAL FINAL) / CÁLCULO APLICANDO
OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS)
VALOR A MARZO DE 2005
Nuevos bonos Costo banco Costo IPAB
Total 62 860.6 15 524.4 47 336.2
BBVA-Bancomer 28 488.7 7 132.6 21 356.1
Bancomer 21 214.9 5 308.8 15 906.1
Tramo I 7 563.5 1 892.2 5 671.3
Tramo II 13 651.4 3 416.6 10 234.8
BBV 7 273.8 1 823.8 5 450.0
Tramos II y III 7 193.9 1 799.8 5 394.1
Tramo Atlas 79.9 24.0 55.9
Banamex 25 586.9 6 401.7 19 185.2
Tramo I 13 874.1 3 471.4 10 402.7
Tramo II 11 712.8 2 930.3 8 782.5
Bital (HSBC) 4 735.1 1 185.8 3 549.3
Tramo I 1 493.6 374.5 1 119.1
Tramo II 3 241.5 811.3 2 430.2
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 4 049.9 804.3 3 245.6
Tramo I 1 631.2 536.6 1 094.6
Tramo II 1 048.5 267.3 781.2
Tramo III 1 370.2 0.4 1 369.8
Con el fin de completar el análisis y efectuar una estimación del costo fiscal
en junio de 2006, se incluye el cuadro 16, el cual es comparable con el cuadro
11. Se calcula el cambio de valor que hubiera sucedido con los nuevos bonos
si no se hubiera adelantado su liquidación. Así, el costo fiscal actual se situaría
en 49 mil 389 millones de pesos.
Finalmente, en el cuadro 17 se compara el costo fiscal de los PCCC
realmente asumido por el IPAB, 134 mil 591 millones de pesos, a valor de
junio de 2006, con los 49 mil 389 millones que hubieran resultado si se
deducen los créditos irregulares detectados por la ASF. La diferencia son
los 85 mil 202 millones de pesos citados al inicio de esta sección.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
354
CUADRO 16. ESTIMACIÓN DEL VALOR (SIN AMORTIZAR) DE LOS BONOS FINALES
DEL PCCC / CÁLCULO APLICANDO OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (MILLONES DE PESOS)
Marzo 2005 Junio 2005
Total 47 336.2 49 389.3
BBVA-Bancomer 21 356.1 22 330.1
Bancomer 15 906.1 16 631.5
Tramo I 5 671.3 5 929.5
Tramo II 10 234.8 10 702.0
BBV 5 450.0 5 698.6
Tramos II y III 5 394.1 5 639.7
Tramo Atlas 55.9 58.9
Banamex 19 185.2 19 938.5
Tramo I 10 402.7 10 961.8
Tramo II 8 782.5 8 976.7
Bital (HSBC) 3 549.3 3 710.9
Tramo I 1 119.1 1 170.1
Tramo II 2 430.2 2 540.8
Tramo III 0.0 0.0
Banorte 3 245.6 3 409.8
Tramo I 1 094.6 1 149.6
Tramo II 781.2 816.8
Tramo III 1 369.8 1 443.4
CUADRO 17. ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LOS BONOS FINALES
DEL PCCC / CÁLCULO APLICANDO OBSERVACIONES DE L A AUDITORÍA
SUPERIOR DE L A FEDER ACIÓN
(MILLONES DE PESOS) VALOR A JUNIO DE 2006
Costo asumido Costo teórico Diferencia
Total 134 590.9 49 389.2 85 201.7
BBVA-Bancomer 63 680.4 22 330.0 41 350.4
Bancomer 54 294.7 16 631.5 37 663.2
Tramo I 38 049.1 5 929.5 32 119.6
Tramo II 16 245.6 10 702.0 5 543.6
BBV 9 385.8 5 698.5 3 687.2
Tramos II y III 9 140.4 5 639.7 3 500.7
Tramo Atlas 245.4 58.9 186.5
Banamex 42 974.4 19 938.5 23 035.9
Tramo I 28 553.8 10 961.8 17 592.0
Tramo II 14 420.6 8 976.7 5 443.9
Bital (HSBC) 20 142.6 3 710.9 16 431.7
Tramo I 13 366.0 1 170.1 12 195.9
Tramo II 6 776.6 2 540.8 4 235.8
Tramo III 0.0 0.0 0.0
Banorte 7 793.5 3 409.8 4 383.7
Tramo I 2 484.8 1 149.6 1 335.2
Tramo II 3 865.3 816.8 3 048.5
Tramo III 1 443.4 1 443.4 0.0
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
355
Como se puede ver, la resolución de la SCJN que invalidó las auditorías
efectuadas por la ASF y que dio así la razón al Ejecutivo en su controversia
constitucional le costó al pueblo mexicano 85 mil 202 millones de pesos. Lo
más grave, como se dijo en secciones anteriores, fue que esa decisión estuvo
signada por un posible conflicto de intereses de la propia SCJN.
Existe un argumento adicional de la Secretaría de Hacienda en el
sentido de que si ese monto se hubiera cargado a los bancos, como correspondía
si se hubiera aplicado la ley de manera escrupulosa, podría haber
desestabilizado al sistema bancario. Este argumento es falso, ya que si
se acumulan las utilidades netas obtenidas por los cuatro bancos beneficiarios
entre 2003 y junio de 2006, y se actualizan a precios de hoy, se
encuentra que acumularon un monto ligeramente mayor a los citados 85
mil millones de pesos.
■ LAS TAREAS PENDIENTES
Es un hecho que la vía legal ha sido debilitada para tratar de reducir el
excesivo costo fiscal del rescate bancario como resultado de la resolución
de la SCJN que impide seguir revisando lo sucedido en años anteriores.
Sin embargo, quedan tareas pendientes en las cuales debería insistir la
nueva legislatura.
La primera se refiere a la necesidad de fincar responsabilidades a los
funcionarios que le impusieron al pueblo mexicano esta enorme deuda.
Como punto de partida se debe atender la solicitud de la ASF a la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para que investigue por qué se dejaron perder
las 62 acusaciones penales iniciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) sobre diversas conductas delictivas durante el rescate bancario,
“las cuales consistieron principalmente en que los acreditados de los
bancos obtuvieron créditos por medio de datos falsos sobre el monto de activos
y pasivos de una entidad o persona física o moral y con ello provocaron
un quebranto o perjuicio patrimonial para el banco; así mismo, los consejeros,
funcionarios y/o empleados de las instituciones de banca múltiple, a sabiendas
de que dichas operaciones traerían como consecuencia el quebranto o perjuicio
al patrimonio de la institución, autorizaron los créditos”.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
356
La Cámara de Diputados debe hacer suyo el requerimiento de la ASF
donde señala que:
Con motivo de las 31 prescripciones de la acción penal, los 8 sobreseimientos
y la abstención en la presentación de la querella; en términos de lo
dispuesto en el artículo 37, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública debe conocer e
investigar las conductas se los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades
administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en
los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes
ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que le
fuera requerida.
Y luego agrega:
Así también la actuación de los ministerios públicos, de la CNBV, de los
interventores gerenciales de los bancos, de los órganos internos de control
del Ejecutivo Federal, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la
Procuraduría General de la República y demás actores, deberán ser evaluados
para deslindar las responsabilidades, tanto en la fundamentación y
motivación de las diversas denuncias y querellas, como en la responsabilidad
de aquellos servidores públicos que dejaron prescribir las acciones
correspondientes.
La segunda tarea es la relativa a la investigación de las quitas y condonaciones
realizadas por el IPAB a grandes empresas deudoras y la revisión
de todo el proceso de administración y venta de activos en poder del Instituto.
Es necesario esclarecer el proceso de deterioro de los bienes y activos,
los contratos otorgados a empresas para la administración de créditos y de
bienes muebles e inmuebles, así como los principales beneficiarios en las
ventas realizadas por el IPAB.
La tercera tarea pendiente para la nueva legislatura se refiere a un verdadero
asunto de justicia: la creación de una Comisión de la Verdad con pleno poder
no sólo para que aclare todo lo sucedido durante la gestación de la crisis de 1995
y durante la aplicación del rescate bancario, sino también para que imponga una
CONSIDER ACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA RESPECTO...
357
sanción moral y en su caso determine las sanciones económicas y penales que
se requieran. El veredicto de la Comisión de la Verdad ayudará a prevenir a la
sociedad para que no se vuelva a endosar al pueblo mexicano una deuda tan
cuantiosa y, sobre todo, tan injusta, tan llena de impunidad.
■ REFERENCIAS
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Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000, t. III, vol. 2.
______: Informe de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública,
2001, t. III, vol. 3.
______: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública, 2002, t. III, vol. 2.
Contaduría Mayor de Hacienda (CMH): Revisiones del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, México, septiembre de 1998.
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa): Estimación de los
Pasivos del Fobaproa en Diciembre de 1998. (Esta información estuvo
disponible en una página de internet, ahora desaparecida.)
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB): Informe de las Transacciones
Reportables, México, marzo de 2000.
______: Informes anuales de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.
MACKEY, Michael W.: Informe sobre la evaluación integral de las operaciones
y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la calidad de la
supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998, México, julio
de 1999.
______: Fobaproa, Lista consolidada de transacciones reportables, México,
julio de 1999.
MORENO PÉREZ, Juan: “El problema del Fobaproa: Elementos para entenderlo
y posibles alternativas para su solución”, en El Cotidiano, núm. 92
(UAM), México, noviembre-diciembre de 1998.
______: “El petróleo y el Fobaproa”, en La Jornada, México, 12 de abril de 2000.
______: “Las secuelas del rescate bancario y la necesaria reforma fiscal”, en
Pascual García Alba et al. (comps), El nuevo milenio mexicano, t. 3, México,
Ediciones y Gráficos Eón / UAM, 2004, pp. 181-214.
FOBAPROA: EL COSTO DEL RESCATE BANCARIO
358
MORENO PÉREZ, Juan y Rosa Albina Garavito Elías: “El rescate bancario: la
otra guerra sucia”, en Revista Memoria, núm. 187, México, septiembre
de 2004.
Partido de la Revolución Democrática (PRD): Fobaproa: el gran atentado
contra la economía nacional / Alternativas para impedirlo, México, 15 de
julio de 1998.
Poder Ejecutivo Federal: Criterios Generales de Política Económica para
1996, 1997 y 1998.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Fobaproa: La Verdadera Historia,
México, julio de 1998.
http://www.profmex.org/mexicoandtheworld/volume14/3summer09/FobaproaVolII.pdf
FOBAPROA-IPAB UN GRAN SAQUEO A MEXICO
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